Por el momento, el mulá y mawlawi Hibatullah Akhundzada, tercer Amir al-Mu'minin (Comandante de los Fieles) del movimiento talibán, sigue siendo un líder supremo rigurosamente al margen de los focos, aunque desde la toma de Kabul y la reimplantación del Emirato como sistema de gobierno ya ha dirigido al público algunos mensajes personales. Continuando la tradición del grupo, se abstendrá de ejercer el gobierno directo o de desempeñar cargos institucionales, pero será en todo momento la suprema autoridad, tanto espiritual como política. Nacido en 1961 en la provincia de Kandahar e hijo un imán pashtún de la tribu Durrani Nurzai, Akhundzada se formó en madrasas pakistaníes y en 1994 secundó el movimiento fundamentalista puesto en marcha por el mulá Mohammad Omar Akhund. Antes y después de la conquista militar de 1996, el futuro emir descolló como policía de la virtud y la prevención del vicio (un ministerio ideológico ahora restablecido), magistrado judicial e instructor de madrasa. A raíz de la derrota de 2001, Akhundzada, miembro del Consejo o Shura del Liderazgo, acrecentó su respetabilidad en el ámbito jurídico-religioso como jefe de los tribunales islámicos que aplicaban la Sharía y emisor de fatwas en las zonas rurales bajo control talibán. El mulá Omar le hacía consultas en materia coránica y esta asesoría continuó con el sucesor de Omar, el mulá Akhtar Mohammad Mansoor. Tras su conflictiva proclamación en 2015, Mansoor revistió a Akhundzada de la condición de vicelíder segundo, siendo el cabecilla de la Red Haqqani, Sirajuddin Haqqani, el vicelíder primero. El 25 de mayo de 2016 los talibanes confirmaron el "martirio" de Mansoor, producido cuatro días atrás en un ataque de drones de Estados, y anunciaron que el nuevo emir, tercero de la serie histórica, era Hibatullah Akhundzada.

 
Se trató de una sucesión hasta cierto punto inesperada, pues algunos observadores veían mejor situados para heredar el liderazgo a Haqqani y al hijo del mulá Omar, el mawlawi Mohammad Yaqoob; ahora, ambos fueron hechos sus adjuntos por Akhundzada, cuya personalidad ayudó a reparar las graves fracturas internas provocadas por la elección de su predecesor. Desde su ascenso al emirato, la vida del mulá Hibatullah ha estado rodeada de sigilo y enigma. Durante muchos años se le ha ubicado en Quetta, Pakistán, y circulan informes sobre intentos de asesinato y la desaparición violenta de varios familiares directos, como un hijo, inmolado en un ataque suicida contra una base militar afgana en 2017, y un hermano imán, muerto en 2019 en el estallido de una bomba contra la mezquita de Kuchlak, en las afueras de Quetta, donde la víctima dirigía las preces antes conducidas por Hibatullah. Supuestamente desde Kandahar, el emir aleccionó la ofensiva final contra la República afgana y tras la conquista de Kabul empezó a transmitir comunicados para guiar la acción del nuevo Gobierno, caracterizada por el sectarismo, la intolerancia y la misoginia propios del movimiento. El 7 de septiembre, el mawlawi Hibatullah, en un primer mensaje "a todos los compatriotas", celebró la "liberación del dominio extranjero" y aseguró que se iba a "trabajar duro para preservar las reglas islámicas y la Sharía en el país". "Queremos tener un Afganistán pacífico, próspero y autosuficiente, por lo que nos esforzaremos en eliminar todas las causas de guerra y luchas, para que nuestros compatriotas vivan con total seguridad y comodidad", añadía el emir.

Contrariamente a lo esperado, el mando institucional del nuevo régimen talibán no ha correspondido al mediático Abdul Ghani Baradar, personificación del aparato político del grupo. El primer ministro del Gobierno interino y jefe de Estado de facto del Emirato, anunciado el 7 de septiembre, es Mohammad Hassan Akhund, un mulá poco conocido que solo ahora emerge de las sombras. Se trata, empero, de una figura bastante prominente en la dirigencia del grupo, donde viene ejerciendo una autoridad religiosa y patriarcal. Fue prosélito con acceso privilegiado al mulá Omar y pese a su edad, por cierto que bastante dudosa (se ignora si es sexagenario, septuagenario u octogenario), no tomó parte en la yihad anticomunista. Durante el primer lustro en el poder, entre 1996 y 2001, Akhund fungió de número dos del Consejo Supremo, suerte de Gobierno que encabezó hasta su muerte, meses antes de reconquistar Kabul la Alianza del Norte, el mulá Mohammad Rabbani. Además, de 1998 a 1999, llevó el Ministerio de Exteriores y se declaró en contra de entregar a Osama bin Laden a Estados Unidos. A lo largo de estas dos décadas de insurgencia, fue una de las columnas de la Shura de Quetta o Rehbari Shura (Consejo del Liderazgo), máxima instancia política del grupo, que en la actualidad preside. Hassan Akhund actúa bajo el dictado del líder supremo, el emir Hibatullah Akhundzada, quien sin duda le ha premiado por su fidelidad y dedicación a la causa, y tiene como adjuntos en el Gabinete al mulá Baradar y al mawlawi Hanafi.

 
Suprimir los focos de resistencia armada y silenciar las protestas cívicas -frente a lo que a todos los efectos es una dictadura teocrática-, restablecer la seguridad que violenta el ISIS-K, levantar una economía en ruinas y ganar reconocimiento internacional son, se supone, las tareas apremiantes del nuevo Gobierno del mulá Akhund. Al día siguiente de ser nombrado, Akhund dijo a la cadena Al Jazeera que, tras haber "sufrido enormes pérdidas de vidas y de dinero por este momento histórico", el Emirato invitaba a todos los que habían trabajado para el Gobierno depuesto y Estados Unidos a quedarse en el país o regresar, ya que la amnistía anunciada era "garantía de su seguridad". Expresiones de moderación y conciliación que son refutadas por la composición de su Gobierno (la vieja guardia talibán y los jefes de la línea más dura, sin personas asociadas a la anterior República, sin mujeres y sin apenas concesiones a los no pashtunes) y la acumulación de brutalidades represivas (detenciones, palizas, latigazos, asesinatos extrajudiciales), ya denunciadas por la ONU. El 12 de septiembre Akhund, uno de los líderes talibanes objeto de sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU por dar refugio a terroristas, recibió en Kabul al ministro de Exteriores de Qatar, con quien habló de "relaciones bilaterales, asistencia humanitaria, desarrollo económico e interacción con el mundo".

El 14 de septiembre de 2021, una semana después de formarse el Gobierno talibán, la BBC, citando fuentes no oficiales, dio cuenta de un acalorado enfrentamiento verbal en el Palacio Presidencial de Kabul entre el mulá Abdul Ghani Baradar, recién nombrado viceprimer ministro primero, y el ministro para los Refugiados, Khalil Haqqani, figura prominente de la Red Haqqani. Según el reporte, precedido por rumores y especulaciones sobre disensiones serias en las últimas semanas, la disputa entre Baradar y los Haqqani tenía que ver con el reparto del poder y la estructura del Ejecutivo, aunque sobre todo se referiría a la cuestión de quién podía reclamar más mérito por la victoria sobre Estados Unidos, si el primero, con su activismo diplomático, o los segundos, con su comandancia de la lucha armada. El supuesto episodio, rápidamente desmentido por sus protagonistas pero recordatorio de que los talibanes no son una organización monolítica y tienen un historial de luchas fácticas y graves pendencias, arroja dudas adicionales sobre la posición en que queda la cara más visible de los fundamentalistas y el considerado hasta ahora su principal jefe político, que tras la toma de Kabul sonó para primer ministro o presidente. El gran público empezó a oír hablar del pashtún Baradar a principios de 2010, cuando el mulá, entonces en torno a los 42 años, fue detenido en Karachi por agentes pakistaníes. Miembro fundador de los talibanes, ex gobernador provincial, integrante principal de la Shura de Quetta y lugarteniente señero del emir Omar (fue él quien le dio, en los días de la lucha muyahidín contra la URSS, el nom de guerre de Baradar, que significa Hermano), ya entonces era visto como el virtual número dos del grupo, con mucha experiencia en el aparato militar, pero también dispuesto a sondear la vía negociada con el Gobierno de Hamid Karzai.
 

De hecho, según The New York Times, la inteligencia pakistaní, señalada por brindar protección a los líderes talibanes afganos, habría neutralizado a Baradar tras enterarse que estaba conversando con Kabul sin contar con Islamabad. Sea como fuere, Baradar permaneció apartado del juego durante ocho años, período en el que los talibanes tuvieron tres emires. En octubre de 2018 Pakistán liberó a Baradar a petición de Estados Unidos, el cual, a la vez que tenía fichados por terrorismo a varios de sus colegas, consideraba al mulá un mando imprescindible para mover a los insurgentes a una mesa de paz que diera cobertura al plan de la Administración Trump para poner fin a la presencia militar norteamericana. Ungido vicelíder para el área política por el emir Hibatullah Akhundzada, Baradar se instaló en 2019 en la Oficina Política de Qatar, cuyo responsable nominal era Sher Mohammad Abbas Stanikzai, y desde allí definió la estrategia y orquestó las negociaciones directas con Estados Unidos. Estas desembocaron en febrero de 2020 en la Declaración Conjunta entre la República Islámica de Afganistán y los Estados Unidos de América para Traer la Paz a Afganistán, un nombre chocante por cuanto el signatario afgano del documento era un cabecilla rebelde que solo acataba al Emirato Islámico. En 2020 Baradar, quien llegó a hablar por teléfono con Trump, y sus compañeros del equipo negociador se reunieron, firmaron y posaron para los medios bajo una lluvia de flashes con el representante especial de Washington, Zalmay Khalilzad, y el secretario Estado Mike Pompeo, obteniendo un reconocimiento, antes impensable, como actores legítimos y representantes del pueblo afgano.

El documento de Doha vinculaba la retirada escalonada de Estados Unidos al compromiso por los talibanes de no permitir a Al Qaeda y el ISIS valerse de suelo afgano para cometer atentados contra Occidente, y de abrir negociaciones oficiales con el Gobierno del presidente Ashraf Ghani, a fin de alcanzar "un acuerdo político y un alto el fuego permanente e integral". Luego, los talibanes, violando el espíritu de Doha, no acompañaron las negociaciones intraafganas de una disminución de la violencia y el 1 de mayo de 2021, coincidiendo con el inicio de la fase final de la retirada estadounidense, pasaron al ataque general. Su voluntad de paz pugnaba ahora con la exigencia de la marcha incondicional de Ghani antes de empezar a hablar de un Gobierno compartido. El 16 de agosto Baradar, desde Doha, proclamó la victoria "inesperada" de su grupo y el final de la guerra. Un día más tarde aterrizó en Kandahar, listo para estrenarse como estadista, dando continuidad a su papel como interlocutor privilegiado de Washington y diplomático habilidoso. Un cometido de gobierno que suscita interrogantes.

La Red Haqqani, integrada en el movimiento talibán desde 1996, remonta sus actividades guerrilleras a los años de la yihad antisoviética, cuando compartió bando con Al Qaeda y otros grupos muyahidines financiados por Pakistán, Arabia Saudí y la CIA. Siguiendo los pasos de Al Qaeda con una década de retraso, la organización, liderada por Jalaluddin Haqqani, dirigió sus armas contra Occidente de resultas de los atentados del 11-S y la invasión de Afganistán, pero en vez de abrazar la Yihad global adoptó la ideología nacional-integrista de los talibanes y su sectarismo pashtún, la etnia del clan familiar, aspecto este último que llevó a la red a atentar en las áreas tribales fronterizas de Pakistán. Jalaluddin Haqqani, que fuera ministro y gobernador provincial durante el primer Emirato talibán, murió en 2018 y el mando de la red recayó en uno de sus hijos, Sirajuddin, quien ya llevaría una década al menos planificando y ejecutando salvajes atentados, a veces suicidas, contra las fuerzas de la coalición internacional, el Ejército afgano y objetivos civiles. Desde 2015 era, además, vicelíder de los talibanes, al alimón con el mawlawi Mohammad Yaqoob. El mulá Sirajuddin Haqqani admitió su autoría de un intento de magnicidio del presidente Karzai en 2008, año en que el FBI le incluyó en su lista de terroristas buscados, tras lo cual ofreció una recompensa de 10 millones de dólares a quien facilitara su captura. Haqqani se puso en el punto de mira de los drones estadounidenses, que mataron a dos de sus hermanos comandantes, Mohammad en 2010 y Badruddin en 2012, cazados ambos en el distrito pakistaní de Waziristán del Norte; otros dos hermanos, Omar y Nasiruddin, murieron también en circunstancias violentas, el primero en un intercambio de disparos con la ISAF en la provincia afgana de Paktia y el segundo asesinado por desconocidos cerca de Islamabad. En 2012 el Departamento de Estado incluyó a la Red Haqqani en su relación de organizaciones terroristas.

En 2021 el mulá Haqqani figuraba en el vértice talibán como uno de los tres vicelíderes supeditados al emir Hibatullah Akhundzada, siendo los otros dos el mulá Baradar y el mawlawi Yaqoob, así como el responsable de las operaciones bélicas en las provincias del sur, conducidas desde su refugio en Waziristán del Norte. A partir del 19 de agosto ostentó el mando de las operaciones de seguridad en Kabul y el 7 de septiembre se comunicó su nombramiento como ministro del Interior del Gobierno "interino" del Emirato Islámico de Afganistán. Los portavoces talibán siempre han desmentido que la Red Haqqani sea una entidad autónoma afiliada al movimiento e insisten en que sus miembros son talibanes sin la menor diferencia. Además, desde 2010 presentan a Sirajuddin, un ultrarrigorista muy violento reacio a contemporizar y el eslabón de contacto con Al Qaeda, como uno de los capitostes del Consejo del Liderazgo o Shura de Quetta. Khalil y Anas Haqqani, tío y hermano menor respectivamente de Sirajuddin, se encuentran también en Kabul para servir en la estructura estatal del Emirato. Khalil Haqqani, otro terrorista fichado por Estados Unidos y la ONU, es ahora el ministro para los Refugiados.

El negociador de Doha Abdul Salam Hanafi consta en la nómina de miembros del Gobierno anunciado por los talibanes el 7 de septiembre de 2021 como viceprimer ministro segundo. El mawlawi Hanafi, que no es pashtún sino uzbeko, fue viceministro de Educación en el primer Ejecutivo del Emirato. En febrero de 2001 se le incluyó en la lista de sanciones personales del Consejo de Seguridad de la ONU, que le relacionaba con el tráfico de drogas, y en 2015 recibió el cometido de vicejefe de la Oficina Política de Doha. Entonces, pasó a ser el adjunto de Sher Mohammad Abbas Stanikzai, y a partir de 2020 lo fue de Abdul Hakim Haqqani. Justo en la víspera de su nombramiento como número tres del Gobierno interino, Hanafi se entrevistó en Kabul con el embajador chino Wang Yu. Las sucintas semblanzas de prensa le presentan como un militante talibán desde la fundación del movimiento por el mulá Omar en 1994.

Para la condición de ministro de Exteriores los talibanes han recurrido al mawlawi Amir Khan Muttaqi, miembro de la Shura de Quetta, la Oficina Política de Doha y el equipo que en 2020 negoció con Estados Unidos. En el régimen de gobierno de 1996-2001 fue el ministro de Información y Cultura. Muttaqi asume la misión de conseguir el reconocimiento diplomático internacional, empresa espinosa que, siempre que se cumplan ciertos requisitos de seguridad, podría empezar a cosechar sus primeros frutos con Pakistán, a todas luces un Gobierno amigo, y luego tal vez con China. A diferencia del primer Emirato, cuando la comunidad internacional siguió reconociendo la legitimidad del Gobierno derrocado de Burhanuddin Rabbani, presidente del Estado Islámico de Afganistán y en rebeldía guerrillera contra los fundamentalistas, el de los talibanes es hoy el único Ejecutivo real de Afganistán. En este sentido, las reclamaciones del Frente de Resistencia Nacional de Panjshir y del autoproclamado presidente en funciones de la República Islámica de Afganistán, Amrullah Saleh (posiblemente refugiado ya en Tayikistán), no tienen una concreción tangible. El primer régimen talibán fracasó en su intento de obtener el reconocimiento de Estados Unidos, Europa, Rusia, China y la ONU; entonces, únicamente Pakistán, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos dieron ese paso.

El portavoz oficial del Emirato Islámico y el movimiento talibán realiza su cometido desde 2007, aunque hasta la multitudinaria conferencia de prensa del 18 de agosto de 2021 no reveló su rostro. El 7 de septiembre Zabihullah Mujahid fue el encargado de dar lectura a la lista de ministros del Gobierno interino, donde él mismo obtenía el cargo de viceministro de Cultura e Información, adjunto a Khairullah Said Wali Khairkhwa. Mujahid ha repartido las labores de portavocía con Mohammad Suhail Shaheen y Mohammad Naeem, ambos de la Oficina Política de Doha, y, en menor medida, con otros representantes del grupo. A diferencia de Shaheen, especializado en la difusión para Occidente, Mujahid redacta sus tuits casi siempre en los idiomas pashtún (preferentemente) y persa. Tres días después de la conquista de Kabul y la proclamación de la victoria, Mujahid respondió a las preguntas de los periodistas con una mezcla de firmeza y moderación, dirigida a tranquilizar. Entre otras cosas, el portavoz anunció la implantación de un sistema de Gobierno "islámico y fuerte" en "buenas relaciones con todo el mundo", así como una amnistía general ("hemos perdonado a todos en beneficio de la estabilidad y la paz"). Aseguró que ningún "combatiente extranjero" podría usar el territorio afgano contra otros países ("no queremos tener enemigos, ni internos ni externos"). Y subrayó el compromiso con el respeto

de los derechos de la mujer conforme a la ley islámica ("nuestras mujeres son musulmanas, estarán felices de vivir en el marco de la Sharía"). Al igual que la "libertad" e "independencia" de los medios de comunicación, que podían continuar con sus actividades y "criticar nuestro trabajo para que podamos mejorar", pero sin perder la "imparcialidad" y, de nuevo, teniendo en cuenta "los valores islámicos". Preguntado sobre si los talibanes habían cambiado desde la primera vez que gobernaron, Mujahid respondió: "Nuestra nación es una nación musulmana, tanto hace 20 años como ahora. Pero cuando se trata de experiencia, madurez y visión, por supuesto, hay una enorme diferencia entre nosotros en comparación con hace 20 años".

El mawlawi (título religioso equivalente a alim, es decir, ulema) Abdul Hakim Haqqani, llamado alternativamente Abdul Hakim Ishakzai, pertenece al círculo original de de los talibanes, surgidos como movimiento religioso-militar en 1994. Cuando el primer Emirato (1996-2001) ejerció en los tribunales islámicos y a raíz de la proclamación en 2016 de Hibatullah Akhundzada como dirigente supremo se colocó al frente del aparato judicial. En septiembre de 2020 fue nombrado jefe de la Oficina Política de Doha, reemplazando a Sher Mohammad Abbas Stanikzai, y como tal flanqueó al verdadero director de las negociaciones con Washington, el mulá Baradar, dejándose ver en los encuentros de la delegación con los responsables diplomáticos de Estados Unidos. Figura discreta pero eminente en la estructura del poder talibán, Haqqani es básicamente un factótum y asesor de la entera confianza del emir Hibatullah, varias de cuyas fatwas ha respaldado, por lo que se le tiene como un talibán de la línea más dura. Desde el 7 de septiembre es el ministro de Justicia.

El mulá Abdul Qayyum Zakir, cuyo verdadero nombre es Abdullah Ghulam Rasoul, estudió en una madrasa de Quetta, Pakistán, y se unió a los talibanes en 1997, al año de la ofensiva relámpago que expulsó de Kabul a los partidos muyahidines enfrentados entre sí y del establecimiento del primer Emirato Islámico. En la subsiguiente fase de la guerra civil fue el jefe de las operaciones contra la Alianza del Norte, así como ministro de Defensa por breve tiempo. Tras la invasión de 2001 se rindió en Mazar-i-Sharif a las tropas estadounidenses, que le internaron en la prisión de Guantánamo. De ahí fue transferido en 2007 a una cárcel afgana bajo autoridad afgana. En 2008, pese a su reputación de radical en extremo, quedó liberado sin cargos y se instaló en la retaguardia segura de Quetta. Poco después, el Reino Unido le identificó como el cerebro de los ataques terroristas y las emboscadas guerrilleras contra las tropas británicas de la ISAF en las provincias sureñas de Helmand y Nimroz. En 2010 se convirtió en el comandante militar en jefe de los talibanes y cuatro años después, en medio de disputas internas, hubo de dejar el puesto al mulá Ibrahim Sadr. Sin embargo, siguió siendo uno de los hombres fuertes de la Rehbari Shura, el consejo del liderazgo talibán, desde 2001. Su nombre volvió a los titulares en 2015 por su atribuido rechazo a la proclamación del mulá Akhtar Mansoor como líder supremo del movimiento en sucesión del fallecido mulá Omar. Entonces, se dijo que Zakir y otros comandantes preferían al hijo de Omar, el mawlawi Mohammad Yaqoob, y que se negaban a prometer lealtad a Mansoor, al que veían políticamente blando y sin talla espiritual. En mayo de 2020 Zakir se puso a las órdenes directas de Yaqoob al asumir este último el mando militar supremo.

El 24 de agosto de 2021, nueve días después de la reconquista del poder en Kabul, Zakir fue designado ministro de Defensa en funciones. El 7 de septiembre se informó que la titularidad del ministerio recaía en el mawlawi Yaqoob. Dentro de la jerarquía talibán, Zakir se señaló por su oposición a cualquier negociación de paz con Estados Unidos o con el Gobierno del presidente Ghani.

El 24 de agosto de 2021 los talibanes comunicaron que el ministro del Interior en funciones era el mulá Ibrahim Sadr, uno de los más experimentados comandantes del movimiento, familiarizado con las armas desde que combatiera a la URSS y al régimen comunista afgano en la década de los ochenta. Encarna bien el perfil dual del combatiente talibán, mitad soldado, mitad estudiante coránico. De etnia pashtún como la mayoría de los cabecillas talibanes, enseñó en una madrasa pakistaní, mantuvo estrechos contactos con Al Qaeda y durante el primer Emirato estuvo adscrito al departamento de Defensa. Al parecer gozó de acceso privilegiado al mulá Omar y en particular a su sucesor como emir, el mulá Akhtar Mansoor, amigo personal suyo. Sadr fue ascendido a comandante militar en jefe en 2014, nombramiento que no fue hecho público hasta después de suceder el mulá Hibatullah al mulá Mansoor, perecido en un ataque de drones de Estados Unidos, en mayo de 2016. Su destreza para el tráfico de drogas y otros contrabandos ilegales contribuyó en buena medida a la robustez financiera de los insurgentes, pero su mayor cercanía a Irán que a Pakistán, así como su tendencia a operar por su cuenta, le crearon problemas internos. Así, en 2020 fue obligado a ceder el mando de las fuerzas militares al hijo del mulá Omar, Mohammad Yaqoob, del que Sadr pasó a ser adjunto. El 7 de septiembre el Ministerio del Interior quedó en manos del mulá Sirajuddin Haqqani.

Otro de los nombramientos ministeriales provisionales notificados el 24 de agosto fue el de Gul Agha Ishakzai como ministro de Finanzas en funciones. Amigo de la infancia y estrecho colaborador del mulá Omar, Ishakzai viene siendo una especie de cerebro económico del movimiento, ya en el poder, ya en la insurgencia. Desde 2013 encabeza su Comisión Financiera, y como tal orquestó una potente estructura de captación de fondos que permitió a la guerrilla sobreponerse de sus bajas de combate y fortalecer sus capacidades militares hasta niveles insospechados, los necesarios para desencadenar la ofensiva general y asestar el golpe de gracia al Gobierno de la República Islámica en agosto de 2021. En íntima asociación con la Red Haqqani, la Comisión de Ishakzai ha financiado el reclutamiento masivo de infantería de refresco, la adquisición de armas ligeras, la administración paralela en los distritos rurales y manutención de los santuarios en Pakistán. Los talibanes han obtenido enormes sumas de dinero (entre 300 y 1.600 millones de dólares anuales, según el Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU, que tiene a Ishakzai en su lista) por cuatro vías: las donaciones desde el extranjero, el tráfico de opio, la recaudación de impuestos en las áreas bajo su control y la explotación de minerales. Ahora, el restablecido régimen talibán encara una crítica situación económica por el caos posbélico y la congelación de los fondos y ayudas del FMI y el Banco Mundial. Además, las reservas monetarias afganas en el extranjero están retenidas. El 7 de septiembre Hedayatullah Badri, un mulá cuasi desconocido, fue nombrado nuevo ministro de Finanzas.

El ministro de Educación Superior del nuevo régimen talibán, nombrado en funciones el 29 de agosto y confirmado el 7 de septiembre, es Abdul Baqi Haqqani, un veterano del movimiento que durante el primer Emirato fue gobernador de las provincias de Khost y Paktika, así como viceministro de Educación y Cultura, supeditado a Amir Khan Muttaqi. En su primer pronunciamiento, Haqqani aseguró que las niñas y mujeres, a diferencia de la proscripción de 1996-2001, sí podrían asistir a clase y estudiar, pero en aulas separadas de los hombres. También, anunció la pronta reapertura de las universidades y el desbloqueo de los salarios de los profesores y funcionarios del Ministerio. La prohibición de las clases mixtas y la "revisión" de las materias impartidas en el currículum obedecen, explica el ministro invocando la Sharía, a un "razonable programa educativo que concuerde con nuestros valores islámicos, nacionales e históricos y, por otro lado, sea capaz de competir con otros países". El 12 de septiembre Haqqani confirmó la segregación de los géneros en las aulas, desde la primaria hasta la universidad, y la imposición a las alumnas de un estricto código de vestimenta.

El ministro de Información y Cultura del Gobierno talibán interino dado a conocer en septiembre de 2021, mulá Khairullah Khairkhwa, fue ministro del Interior y gobernador de Herat durante el primer régimen de los fundamentalistas. Al igual que Abdul Qayyum Zakir, es un ex recluso de Guantánamo, donde permaneció 12 años hasta 2014, cuando recobró la libertad en el marco de un intercambio de presos y bajo petición del presidente Karzai, que le consideraba un elemento útil de cara a un eventual proceso de paz. Según la inteligencia militar de Estados Unidos, Khairkhwa mantuvo relación directa con Osama bin Laden. Ha formado parte de la Oficina Política de Doha y de su equipo negociador.

Hasta la toma militar del poder en Kabul en agosto de 2021, uno de los escasos rostros de responsables talibanes reproducidos por los medios fue el de su portavoz de la Oficina Política de Doha, Suhail Shaheen. Con cuenta en Twitter desde 2019 y publicando más mensajes en inglés que en pashtún o en persa, Shaheen ha sido un prolífico propagandista político, informando de las últimas novedades en el terreno diplomático, invocando una y otra vez la "solución pacífica" del conflicto afgano, dirigiéndose a sus compatriotas" con tono alentador, desmintiendo acusaciones "sin base" y transmitiendo las supuestas buenas intenciones de su movimiento, no correspondidas con una larga lista de hechos. Con soltura llamativa, el vocero, que estudió en universidades en Afganistán y Pakistán, ha concedido entrevistas exclusivas y ha admitido preguntas televisadas en directo. BBC, Al Jazeera, CBS, Associated Press o la televisión estatal china CGTV son algunos de los medios que le han dado palestra. Su hacer periodístico no es improvisado, ya que durante el primer Emirato (1996-2001) fue el editor jefe del periódico estatal anglófono Kabul Times. Luego, fue embajador adjunto en Pakistán, el primer país que reconoció al régimen talibán anterior al 11-S. Su conocimiento de lo discutido y acordado con Estados Unidos en Qatar es de primera mano, pues fue miembro del comité negociador y trató con el representante especial de Washington, Zalmay Khalilzad, y con el secretario de Estado de Trump, Mike Pompeo.

Entre finales de agosto y principios de septiembre, el portavoz, entre otros pronunciamientos, advirtió que "no había tiempo para elecciones" porque antes tocaba "formar un Gobierno inclusivo" y "preparar una nueva Constitución"; conminó a los países occidentales a terminar sus evacuaciones para el 31 de agosto so pena de afrontar "consecuencias"; condenó el brutal atentado del ISIS-K del día 26; y zanjó que el trabajo, la educación y los restantes derechos de las mujeres no suponían "ningún problema". Asimismo, dijo que "China, nuestro gran país vecino, puede desempeñar un papel constructivo y positivo en la reconstrucción de Afganistán". Y el 5 de septiembre, tras reunirse en Kabul con el secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios, anunció que la ONU seguía comprometida con la asistencia al pueblo afgano.

Su soltura con el inglés le permitió a Sher Mohammad Abbas Stanikzai, antiguo muyahidín en la guerra de los ochenta, prestar altos servicios en el rudimentario equipo diplomático de los talibanes cuando su primer régimen de gobierno. Fue viceministro de Exteriores y adquirió experiencia en la interlocución con Occidente, difícil y escasa, y en las relaciones con la prensa, no menos problemáticas. Una de sus misiones, baldía, fue intentar convencer a la Administración Clinton de que retirara el reconocimiento al derrocado presidente Burhanuddin Rabbani (entre 1996 y 2001 el Gobierno en rebeldía del Estado Islámico republicano siguió controlando la representación de Afganistán en la ONU) y se lo diera al Emirato. En 2012 se instaló en Qatar y ayudó decisivamente a que esta monarquía del Golfo permitiera a los talibanes abrir una Oficina Política para centralizar sus relaciones internacionales; eso, aun tratándose los huéspedes de una organización insurgente, en lucha armada contra el Gobierno de Kabul, y con múltiples imputaciones de terrorismo y complicidad con Al Qaeda. En 2015 Stanikzai ascendió a jefe de la Oficina Política de Doha, desde la que practicó una diplomacia viajera, siendo recibido en China, Uzbekistán, Indonesia y otros países. En 2019-2020 encabezó de manera formal el equipo negociador con Estados Unidos, si bien no llevó la batuta estratégica de las conversaciones, asumida por el mulá Abdul Ghani Baradar. En septiembre de 2020, inesperadamente, fue sustituido por el mawlawi Abdul Hakim Haqqani, del que pasó a ser segundo en la Oficina Política, y siguió formando parte del equipo negociador, ahora embarcado en un diálogo oficial, aunque en la práctica espurio, con el Gobierno afgano del presidente Ashraf Ghani.

Su alocución del 30 de agosto de 2021 por radio y televisión sobre que el triunfante régimen talibán deseaba unas relaciones amistosas con Estados Unidos e India, y que no permitiría a Pakistán injerirse en el territorio afgano para sacar partido en su conflicto con los indios, fue vista como una carta de presentación como próximo ministro de Exteriores del Emirato. No obstante, en el anuncio gubernamental del 7 de septiembre la importante cartera fue para el mawlawi Amir Khan Muttaqi. Como le había pasado en la Oficina de Doha, Stanikzai quedó relegado a la posición de adjunto, ahora en calidad de viceministro de Exteriores.

Desde su contestada reelección en 2019, el presidente Ashraf Ghani, acosado por una situación que se deterioraba a ojos vista, multiplicó sus críticas y reproches a diestro y siniestro: a su adversario en las urnas, Abdullah Abdullah, por no reconocer su derrota y arrastrar al país a una debilitante crisis política; a su aliado y protector, Estados Unidos, por acordar su retirada militar con los talibanes "a puerta cerrada" y de espaldas al Estado afgano; al Gobierno de Pakistán, por permitir que miles de sus ciudadanos cruzaran la frontera para unirse a los rebeldes y por no convencer a estos de que hablaran con él "en serio"; y, por supuesto, a los talibanes, dedicados a atacar y atentar con violencia redoblada a pesar del arranque en Qatar de las primeras negociaciones directas, ausencia de un alto el fuego que los fundamentalistas justificaban porque Kabul no estaba liberando presos con el ritmo estipulado. A su vez, Ghani, un economista y antropólogo experto en estados fallidos, veía recrudecerse las críticas a su gestión y su liderazgo, tildados de incompetentes, inhábiles para el consenso e inútiles contra la corrupción, un mal omnipresente.

En los meses y semanas previos al desmoronamiento, que muchos creían posible a medio plazo sin el sostén occidental aunque no inminente, el mandatario reiteró su oferta de un "Gobierno compartido" a los talibanes, quienes le respondieron con la exigencia de su renuncia, y fue avisado por Joe Biden (reunión en la Casa Blanca el 25 de junio) de que los afganos debían "decidir su futuro" ahora que las tropas internacionales se marchaban. Frente a la ofensiva general de los insurgentes y las señales de que el Ejército no podía contenerlos, Ghani cambió a los altos mandos militares. A principios de

Cuando Ashraf Ghani asumió la Presidencia afgana en 2014, le acompañó como vicepresidente segundo Mohammad Sarwar Danesh, un hazara que había tomado parte en los trabajos constituyentes de la Loya Jirga de 2002-2003, y luego llevado los ministerios de Justicia y de Educación Superior en los gobiernos de Hamid Karzai. De perfil intelectual y especialista en jurisprudencia islámica, Danesh ofreció en los siete años que siguieron un perfil político más bien bajo. Al día siguiente de la caída de Kabul el 15 de agosto de 2021, el vicepresidente segundo, el ministro de Exteriores Mohammad Haneef Atmar, el director Nacional de Seguridad Ahmad Zia Sraj y otros altos oficiales se pusieron a salvo de eventuales represalias talibanes montándose en un avión camino de Turquía. Mohammad Sarwar Danesh es miembro del Hezb-e Wahdat (Partido de la Unidad) de Karim Khalili.

El último ministro de Exteriores de la República Islámica asumió oficialmente el cargo en febrero de 2021, tras casi un año de desempeño en funciones. Miembro del multiétnico Partido Verdad y Justicia (Hezb-e Haq-wa Adalat), siendo él pashtún, y perito en gestión política de la ayuda humanitaria, Mohammad Haneef Atmar, a diferencia de la mayoría de los cuadros dirigentes de la República Islámica, luchó del lado del régimen comunista y contra los muyahidines en la guerra de 1978-1992. Desde 2002 sirvió a los presidentes Hamid Karzai y Ashraf Ghani como ministro de Rehabilitación Rural y Desarrollo, ministro de Educación, ministro del Interior y consejero de Seguridad Nacional, puesto este último que en 2018 cedió a Hamdullah Mohib, como él exponente de las élites afganas con un potente bagaje occidental. El 30 de septiembre de 2014, horas después de ser nombrado consejero por el debutante Ghani, Atmar firmó en nombre de Afganistán el Acuerdo Bilateral de Seguridad (BSA) con Estados Unidos, por el que la potencia norteamericana mantendría una presencia militar de cerca de 10.000 soldados que sería progresivamente reducida hasta finales de 2016, así como el Acuerdo sobre el Estatus de las Fuerzas (SOFA) de la OTAN, que mantendría, dentro de la nueva Operación Resolute Support, 12.500 soldados en misión no de combate después de expirar en diciembre del año en curso el mandato de la ISAF. Su dedicación a la causa de la reconstrucción nacional era indisociable, recalcaba Atmar, de un acuerdo de paz con los talibanes.

El 16 de agosto de 2021 el responsable diplomático fue evacuado a Estambul a bordo de un avión fletado por el Gobierno turco y a continuación expresó su escepticismo con la viabilidad de la resistencia antitalibán de Panjshir. El 24 de agosto algunos medios le mencionaron como probable integrante de un consejo de gobierno de 12 miembros controlado por los talibanes pero con puestos para figuras no pertenecientes al grupo. Tal escenario no se sustanció.

Nombrado el 19 de junio de 2021 ministro del Interior en funciones, el 15 de agosto Abdul Sattar Mirzakwal difundió un mensaje en video donde anunciaba que las autoridades estaban negociando la rendición de Kabul y una transición pacífica. Aseguró que no habría un "asalto" a la capital, pero en esos mismos momentos las columnas talibanes ya estaban penetrando en Kabul sin hallar resistencia. Antes de servir fugazmente en el Gabinete afgano, Mirzakwal fue gobernador de varias provincias.

En agosto de 2018 el presidente Ghani nombró al embajador en Estados Unidos, Hamdullah Mohib, un especialista en ingeniería de sistemas formado en el Reino Unido –país donde adquirió la ciudadanía-, su consejero de Seguridad Nacional. El treintañero ya pertenecía al círculo de colaboradores de Ghani desde 2009, cuando le asistió en su primera e infructuosa candidatura presidencial. En los dos años siguientes, Mohib transmitió a Estados Unidos la frustración y el enfado de su Gobierno por la decisión de la Administración Trump de entrar en conversaciones directas con los talibanes ninguneando de manera flagrante a las autoridades de la República Islámica, las únicas legítimas para la comunidad internacional. En 2019, sus recriminaciones al representante especial de Estados Unidos para la Reconciliación en Afganistán, el diplomático Zalmay Khalilzad, le convirtieron en persona non grata en Washington. Pese al boicot de los estadounidenses, Ghani le mantuvo como consejero, instruyéndole para que comunicara a los talibanes que las negociaciones intraafganas estaban condicionadas al establecimiento de un alto el fuego. Este punto, sin embargo, no constaba en la Declaración Conjunta firmada en febrero de 2020 en Doha por Khalilzad y el mulá Baradar, jefe político de los talibanes. El 15 de agosto de 2021, el día de la caída de Kabul, Mohib huyó de Afganistán como parte del séquito de Ghani. En su caso, aterrizó en Arabia Saudí.

En el decreto presidencial del 11 de agosto de 2021 sobre el cambio de mandos en la cúpula del Ejército Nacional Afgano (ENA) una mudanza a la desesperada y inútil para impedir el hundimiento total, Ashraf Ghani nombró al teniente general Hibatullah Alizai jefe del Estado Mayor. Alizai, con fama de oficial aguerrido, tomaba el relevo a su colega de escalafón Wali Mohammad Ahmadzai, que solo llevaba en el puesto desde junio. Alizai venía dirigiendo el Cuerpo de Comandos (Fuerzas Especiales), ahora encomendado al general Sami Sadat. Aquel mismo día, los talibanes capturaron la novena capital de provincia en solo cinco días, Fayzabad (Badakhshán), y el estratégico aeropuerto de Kunduz, donde cientos de soldados gubernamentales depusieron las armas y se rindieron. Cuatro jornadas más tardes, las últimas líneas de defensa del ENA se vinieron abajo.

El joven general Sami Sadat, comandante del 215° Cuerpo Maiwand, recibió la orden de ponerse al frente del Cuerpo de Comandos, las tropas de élite del Ejército Nacional Afgano (ENA), el 11 de agosto. Era en un momento crítico para las fuerzas gubernamentales, arrolladas en todas partes por la blitz talibán e incapaces de impedir que las provincias y sus capitales cayeran en manos del enemigo como fichas de dominó. Apenas ocho días antes, Sadat había sido taxativo sobre la imposibilidad de que la guerra fuera ganada por los talibanes, al tratarse de un "régimen totalitario" que iba "contra la naturaleza" y luchaba "contra la libertad". El 15 de agosto todo terminó y Sadat desapareció de escena. El 25 de agosto el diario The New York Times publicó un artículo firmado por el militar; en el texto, un "exhausto, frustrado y furioso" Sadat arremetía contra los presidentes Biden y Ghani, causantes de "una enorme sensación de traición". A su entender, el conflicto antitalibán no era meramente una "guerra afgana", sino una "guerra internacional", y si el ENA ciertamente "perdió su voluntad de luchar", eso se debió al "creciente sentimiento de abandono por nuestros socios americanos" y a la "corrupción endémica" del Gobierno, que "destruyó la moral de mis tropas". "Muchos de nosotros luchamos valiente y honorablemente, solo para ser defraudados por los líderes estadounidenses y afganos", vindicaba el autor del artículo.

El 10 de agosto, coincidiendo con la pérdida de las provincias de Farah y Baghlán, Khalid Payenda, ministro de Finanzas en funciones desde el mes de enero, dimitió de su puesto y acto seguido abandonó Kabul. En su mensaje de despedida por Twitter, el ministro decía que en su breve ejercicio había "echado a docenas de funcionarios de aduanas corruptos", pero que despedir a unos pocos "en un ecosistema totalmente corrupto no servía de mucho". El 1 de septiembre Payenda reapareció en la Walsh School of Foreign Service de la Universidad Georgetown, para ser entrevistado por el decano de la institución y hacer un análisis de los "trágicos acontecimientos" de los últimos días.

Como presidente de la Wolesi Jirga o Cámara del Pueblo, la cámara baja de la Asamblea Nacional afgana, el empresario Mir Rahman Rahmani desempeñó desde junio de 2019 una labor política discreta. Moderado y dialogante, a lo largo de la crisis terminal de la República Islámica insistió mucho en la importancia de la institución legislativa para alcanzar las metas de buena gobernanza y pacificación. El 15 de agosto, escasas horas antes de la entrada triunfal de los talibanes en Kabul, el diputado superó el asedio de la capital para realizar un viaje "programado" a Pakistán, con el fin de realizar "consultas" sobre la situación en curso. Dos días después, la delegación encabezada por Rahmani, que dejaba atrás un Parlamento desbandado, se entrevistó en Islamabad con el primer ministro del país vecino, Imran Khan.

Tres semanas aguantó, al menos con un control territorial tangible, la resistencia armada movilizada por el joven (31 años) Ahmad Massoud y sus seguidores en Panjshir, la única de las 34 provincias afganas no conquistadas por los talibanes en su fulminante blitz de diez días en agosto de 2021. Al día siguiente de la caída de Kabul, el hijo de Ahmad Shah Massoud, comandante y político de resonancias míticas en Afganistán, quiso emular a su famoso padre proclamando su fidelidad a la derrocada Republica Islámica y llamando a empuñar las armas contra los talibanes, dueños de todo el país salvo de la provincia montañosa del Hindu Kush. Su vehículo militar era el Frente de Resistencia Nacional de Afganistán (FRNA), que contaba con unos pocos miles de combatientes previamente pertrechados (con armamento pesado inclusive) y al que ahora se unieron cierto número de soldados, comandos y oficiales del desarticulado Ejército Nacional, y su cabeza institucional el vicepresidente primero Amrullah Saleh, quien el 17 de septiembre se proclamó presidente de la República en funciones. La resistencia panjshirí, arengas animosas al margen, partía con una carencia fatal para sus pretensiones: a diferencia del período 1996-2001, cuando la Alianza del Norte pudo resistir las acometidas talibanes y mantener viva la resistencia porque nunca perdió el control de la vital frontera de Tayikistán (desde donde recibía armas y víveres), Massoud y sus hombres estaban completamente rodeados. La provincia norteña de Badakhshán, bastión tradicional del partido Jamiat y los tayikos, había sido de hecho una de las primeras en sucumbir a la ofensiva talibán, ya el 11 de agosto.

Durante unos días, el FRNA reportó una cadena de escaramuzas y emboscadas ampliamente favorables a sus tropas. Incluso se reportó la reconquista temporal de distritos de provincias limítrofes, reveses que los talibanes no pudieron ocultar. Aun y todo, Massoud, menos intransigente que Saleh, sondeó una solución negociada, llegando a ofrecer a los talibanes el final de las hostilidades a cambio de autonomía provincial y un Gobierno multiétnico. Las discusiones no tardaron en naufragar, el auxilio solicitado a las potencias occidentales no llegó y el 31 de agosto los talibanes, luego de cortar las telecomunicaciones e Internet, procedieron al asalto final, con el resultado predecible: la ocupación de los siete distritos de la provincia, incluida su capital, Bazarak. Varios comandantes pro-Massoud perecieron en los combates. El 6 de septiembre los talibanes anunciaron la "victoria total", pero Massoud, en paradero desconocido, insistió en que la resistencia continuaba; el FRNA solo había hecho una "retirada táctica", indicaron sus portavoces. Presumiblemente, los rebeldes habían abandonado los núcleos urbanos y ahora estaban atrincherados, en precarias condiciones y acompañados de muchos lugareños, en las montañas y los collados que flanqueaban el valle principal, inexpugnable primero por los soviéticos y luego por los talibanes de los años noventa. La llamada de Massoud al "levantamiento nacional" contra el Emirato fue secundada por algunos kabulíes que salieron a manifestarse, sufriendo por ello represión.

Ahmad Massoud estuvo un año en la Academia Militar de Sandhurst y luego estudió en el King's College y la Universidad de Londres, donde obtuvo sendas titulaciones en Estudios de Guerra y Política Internacional. En 2016 regresó del Reino Unido y se puso al frente de la Fundación creada en 2002 para honrar la memoria de su padre, asesinado por Al Qaeda días antes del 11-S. Su promoción de un modelo de descentralización territorial inspirado en los cantones suizos y sus críticas al cariz que estaba tomando el proceso de paz prepararon su carrera política, cuyo pistoletazo de salida lo dio el 5 de septiembre de 2019 un acto solemne en el Mausoleo de Ahmad Shah Massoud en el valle de Panjshir (justo dos años después, los talibanes iban a destrozar parcialmente la tumba del que fuera su archienemigo). Fue también entonces cuando Massoud anunció la creación del FRNA como un movimiento político y paramilitar de carácter preventivo, con la mirada puesta en el refuerzo del Ejército Nacional Afgano y la confrontación con los talibanes cuando llegara la salida de las tropas occidentales.

La voz más radicalmente contraria a los talibanes y su embestida bélica ha sido la del vicepresidente primero de la República Islámica. El tayiko Amrullah Saleh luchó bajo la bandera muyahidín de Ahmad Shah Massoud, al que siguió fiel en los días de la Alianza del Norte y la primera resistencia antitalibán. En 2004 Hamid Karzai le puso al frente de la Dirección de Seguridad Nacional y en 2010 presentó la dimisión al perder la confianza del presidente. Capacitado y enérgico, para entonces Saleh ya tenía ganadas unas nítidas credenciales antipakistaníes, la estima de los oficiales de Estados Unidos y la animadversión de los talibanes. Estos intentaron liquidarlo repetidamente y salió ileso de varios atentados, esquivando la suerte corrida por su mentor. Saleh, quien aseguró que sus agentes, ya en 2004, habían situado el escondrijo de Osama bin Laden en Khyber Pakhtunkhwa pero que el Gobierno de Islamabad se había negado hacer nada al respecto, abrió su propio espacio partidario con el Movimiento Nacional (Basej-e Milli), también llamado Tendencia Verde, aunque no se presentó a las presidenciales de 2014. En 2017 Ghani le trajo de vuelta a las instituciones del Estado como ministro para la Reforma de la Seguridad y en diciembre de 2018 le nombró ministro del Interior, cargo que pocas semanas después abandonó para asistir al presidente en su segundo envite en las urnas.

 
En febrero de 2020 Saleh asumió la Vicepresidencia y a partir de ahí se hizo notar por su escepticismo con las conversaciones de Doha y la supuesta voluntad de paz de los talibanes, cuya hipotética presencia en un Gobierno de unidad (reclamado por Washington) sin antes dejar las armas y desmovilizarse le parecía una insensatez. Coincidiendo con la huida de Ghani fuera del país y la entrada de los integristas en Kabul, Saleh publicó este encendido tuit: "Nunca, nunca y bajo ninguna circunstancia me inclinaré ante los terroristas talibanes. Nunca traicionaré el alma y el legado de mi héroe Ahmad Shah Massoud (…) No voy a decepcionar a millones que me escucharon". Dos jornadas más tarde, desde Panjshir, su terruño convertido en baluarte por Ahmad Massoud, el hijo del "comandante, leyenda y guía", Saleh, invocando la Constitución, se proclamó legal presidente en funciones. Los mensajes de desafío y aliento, más la acusación a Pakistán de no ser meramente un "santuario" de los talibanes sino su "base de apoyo", prosiguieron hasta el 3 de septiembre, fecha de un último tuit que decía: "Resistencia es el nom de guerre de todo el mundo aquí. RESISTENCIA". Completamente rodeadas, las escasas fuerzas del Frente de Resistencia Nacional fueron cediendo y el 6 de septiembre los talibanes anunciaron la conquista de todos los distritos de la provincia rebelde. Massoud, en paradero desconocido, siguió haciéndose oír, pero no así Saleh, del que se dijo que había conseguido llegar a Tayikistán, aunque fuentes propias aseguraron que continuaba en el valle. El 9 septiembre los talibanes mataron a tiros a su hermano, Rohullah Azizi.

El general tayiko Bismillah Khan Mohammadi empezó a curtirse en la acción bélica luchando contra los soviéticos con los muyahidines del Jamiat, a los que desertó desde el partido comunista entonces gobernante. Sirvió como viceministro de Defensa del Estado Islámico del presidente Burhanuddin Rabbani (1992-1996) y tras la primera conquista talibán se destacó como uno de los principales comandantes de la Alianza del Norte, siempre a las órdenes de Ahmad Shah Massoud. En 2002, una vez establecida la Administración Transitoria de Hamid Karzai, Mohammadi recibió el mando del Estado Mayor, con la misión de organizar el nuevo Ejército Nacional Afgano (ENA) bajo la supervisión de la OTAN y Estados Unidos. En 2010 Karzai le confió el Ministerio del Interior y en 2012 regresó a las Fuerzas Armadas como ministro de Defensa, puesto que mantuvo hasta su cese en 2015 por el presidente Ghani. Era descrito como un oficial preocupado por erradicar el faccionalismo étnico en los cuerpos armados e inculcar el espíritu de servicio exclusivamente nacional, pero su principal desafío era capacitar al ENA para combatir a los talibanes en paralelo a la disminución progresiva de las tropas occidentales. El 19 de junio de 2021, ante el deterioro de la seguridad por el avance talibán en numerosos distritos, Ghani repuso a Mohammadi en el Ministerio de Defensa, sustituyendo en funciones a Asadullah Khalid.

Ni el llamamiento a la movilización de los civiles ni el cambio apresurado de mandos uniformados sirvieron para frenar la vertiginosa acometida talibán e impedir el colapso del ENA en la segunda semana de agosto. Al producirse la desintegración de las fuerzas gubernamentales, Mohammadi consiguió escapar a su terruño natal de Panjshir, donde se puso a disposición del joven Ahmad Massoud y su Frente de Resistencia. Insistiendo en que seguía siendo el legítimo ministro de Defensa, el general reclamó el "arresto y castigo" del huido presidente Ghani, culpable según él de "vender a su patria".

El líder del Afganistán post-talibán surgido de la invasión de 2001 y primer presidente (2004-2014) de la República intentó hacer valer su capital político, sus habilidades para el cabildeo y su condición de jefe tribal pashtún para facilitar la formación de un Gobierno talibán que no fuera sectario o excluyente. El público recordaba todas las veces que Karzai, en su segundo mandato y con tono apaciguador, había llamado sus "hermanos" a los talibanes, los mismos que habían intentado asesinarle. Tras la caída de Kabul, donde prefirió quedarse no sin pedir a los talibanes "protección para el pueblo", Karzai formó con Abdullah Abdullah, su antiguo ministro de Exteriores, y Gulbuddin Hekmatyar, anterior enemigo islamista, un "Consejo de Coordinación" tripartito que se arrogó las tareas de "evitar el caos", "reducir el sufrimiento de la gente" y "gestionar los asuntos relacionados con la paz y el traspaso pacífico del poder". Los talibanes toleraron la iniciativa y entraron en consultas con sus promotores, pero sin verdadero interés. El 25 de agosto saltó la noticia de que próximamente se presentaría un Consejo de Gobierno de una docena de miembros que incluiría a los tres coordinadores de la "transición" y, al menos, a tres líderes talibanes, Abdul Ghani Baradar, Mohammad Yaqoob y Khalil Haqqani. También a Mohammad Haneef Atmar, ministro de Exteriores hasta el 15 de agosto y hombre de confianza del fugado presidente Ghani. A partir de ahí, nada más se supo del supuesto acuerdo y el 7 de septiembre los talibanes constituyeron su Gobierno interino sin la menor concesión a las personalidades de la extinta República Islámica (Para más información,véase la biografía CIDOB de Hamid Karzai).

Los pataleos poselectorales, alegando fraude, del ex ministro de Exteriores Abdullah Abdullah contribuyeron a enturbiar el ya de por sí precario curso político afgano, lastrado por la debilidad de las instituciones democráticas, la insurgencia talibán, el caudillismo y la corrupción. En 2009 este médico oftalmólogo de profesión se retiró de la segunda vuelta de las presidenciales, que no llegó a celebrarse, y puso en bandeja la reelección de Hamid Karzai; en 2014 accedió a reconocer la victoria de Ashraf Ghani solo a cambio del puesto, creado ex profeso para él y equivalente a un primer ministro, de "jefe del Ejecutivo"; y en 2019-2020 volvió a rebelarse contra unos resultados electorales adversos y se proclamó presidente legítimo en paralelo a Ghani, generando un conflicto que no se resolvió hasta que en mayo de 2020 Ghani le aplacó con el cargo, de nuevo creado para la ocasión, de presidente del Alto Consejo para la Reconciliación Nacional, órgano con atribuciones en las conversaciones de paz con los talibanes. Abdullah se mantuvo en el candelero como conductor del proceso de "reconciliación" intraafgana de Doha y jefe del partido Etelaf-e Milli, o Coalición Nacional de Afganistán. Tras la conquista manu militari por los talibanes el 15 de agosto de 2021, el doctor sondeó la voluntad de los fundamentalistas de incluir en su Gobierno a rostros eminentes de la liquidada República Islámica, él entre ellos. La iniciativa, canalizada junto con Karzai en el llamado "Consejo de Coordinación" para facilitar la transición, no prosperó.

El 14 de agosto de 2021, ante la pérdida irremediable de su base tradicional, Mazar-i-Sharif, a manos de los talibanes, Abdul Rashid Dostum, jefe del partido uzbeko Junbish-e Milli, puso los pies en polvorosa cruzando la frontera de Uzbekistán. Fue un punto y aparte en la trayectoria de uno de los personajes más conspicuos y polémicos de los últimos 40 años de historia afgana, involucrado en múltiples episodios bélicos, intrigas políticas y presuntos crímenes de guerra, amén de superviviente nato. A lo largo de este período, Dostum fue sucesivamente general comunista, señor de la guerra aliado o enemistado con el partido muyahidín de turno, caudillo autónomo regional, exiliado en Turquía, jefe del Estado Mayor Conjunto, vicepresidente primero de la República y mariscal del Ejército Nacional Afgano.

Anteriormente embajador en Turquía (2011-2012), presidente del Alto Consejo de Paz Afgano (2012-2015) y ministro de Asuntos Exteriores (2015-2019), Salahuddin Rabbani lidera uno de los más importantes y antiguos partidos del país centroasiático, el Jamiat-e Islami (Sociedad Islámica), de base militante fundamentalmente tayika y al que pertenecieron y pertenecen varios caudillos guerreros del Afganistán contemporáneo, empezando por el célebre Ahmad Shah Massoud. Las riendas oficiales de la formación las heredó Salahuddin de su padre, el ex presidente Burhanuddin Rabbani, asesinado en 2011 a instancias probablemente de los talibanes. El 17 de agosto de 2021, dos días después de caer Kabul, Rabbani fue vuelto a ver en Islamabad, en el seno de una comitiva afgana recibida por el primer ministro del país vecino. Como otros responsables del Gobierno, Rabbani acabó entrando en conflicto con el presidente Ashraf Ghani. El 16 de agosto, en apariencia desde Kabul, el ex ministro tuiteó: "La humillante y vergonzosa fuga de Ghani es sorprendentemente similar a la de Estados Unidos de Afganistán. Escabullirse en la oscuridad de la noche mientras se traiciona a una nación es algo que presenciamos en Bagram hace solo unas semanas. Habría sido mucho menos costoso que os lo hubierais llevado a él también".

El hermano menor del difunto Ahmad Shah Massoud y tío de Ahmad Massoud fue vicepresidente primero de la República Islámica con Hamid Karzai entre 2004 y 2009. Miembro del partido Jamiat, en 2011 figuró entre los organizadores del antitalibán Frente Nacional de Afganistán (Jabh-e Melli), una reformulación político-militar del anterior Frente Nacional Islámico Unido para la Salvación de Afganistán (FNIUSA), más conocido como Alianza del Norte. Objetivo ileso de dos atentados con bomba, Ahmad Zia Massoud rompió con Karzai y luego aceptó un cargo menor de representante en la oficina presidencial de Ashraf Ghani. En los cables de WikiLeaks se le menciona como el protagonista de un incidente presuntamente delictivo en octubre de 2009, cuando supuestamente intentó entrar en Dubái portando una enorme suma de dinero en efectivo y sin justificar. Aunque pertenece al más prestigioso clan tayiko de Panjshir, Ahmad Zia prefirió no atrincherarse junto con su sobrino en el valle y la provincia de la familia, la única no capturada aún por los fundamentalistas. En vez de invocar la resistencia armada, prefería, al parecer, explorar la vía política. Así, el 17 de agosto se vio en Islamabad con el primer ministro pakistaní Imran Khan, dentro de una comitiva de notables afganos que incluía también a su hermano, Ahmad Wali Massoud.

Mohammad Karim Khalili es el líder del Hezb-e Wahdat, tercer grupo étnico-religioso de Afganistán tras los pashtunes y los tayikos. Son una comunidad persáfona que profesa el Shiísmo en un país predominantemente sunní, por lo que son susceptibles de sufrir la intolerancia y la persecución de los grupos musulmanes extremistas. En 1998 los talibanes les infligieron una brutal secuencia de derrotas militares y masacres sectarias, catástrofe que forzó a Khalili a exiliarse en Irán y del que el Hezb-e Wahdat nunca se recuperó. Posteriormente, Khalili sirvió una década como vicepresidente segundo de la República con Hamid Karzai y entre 2017 y 2019 presidió el Alto Consejo de Paz Afgano, órgano creado con vistas a la negociación con los talibanes. Apeado del primer plano de la política en los últimos tiempos, Khalili permaneció al parecer en Kabul durante la ofensiva talibán. El 17 de agosto fue visto en Islamabad, integrando la delegación afgana que habló con el primer ministro Imran Khan sobre el futuro de Afganistán. Los hazaras, que no olvidan los asesinatos, las torturas y las ejecuciones en masa de hace más de dos décadas, son los que más tienen que temer por el restablecimiento del Emirato. Ciertamente, no han tardado en llegar noticias luctuosas confirmando que esta comunidad vuelve a estar en el punto de mira criminal de los talibanes. Algunos milicianos hazaras consiguieron unirse al foco de resistencia en Panjshir y muchos civiles, dejando sus hogares en la región central montañosa de Hazarajat, están intentando ponerse a salvo en Pakistán. A principios de septiembre circularon noticias sobre enfrentamientos armados en las provincias de Wardak y Daykundi entre milicianos hazaras pro y anti talibán, y entre los segundos y los talibanes.

El tayiko Ismail Khan es un veterano ex señor de la guerra muyahidín y caudillo autónomo del partido Jamiat con feudo político en Herat, donde fue gobernador en 2001-2004 antes de servir en el Gobierno del presidente Karzai como ministro de Agua y Energía. Esta provincia occidental, lindera con Irán y Turkmenistán, y su capital homónima, la tercera ciudad más grande de Afganistán, cayeron en poder de los talibanes, viejos enemigos personales, el 12 de agosto. Se habló de la movilización por el dirigente de cientos de sus leales en apoyo del descalabrado Ejército Nacional Afgano, pero en vano. Al día siguiente, Khan fue capturado por los atacantes, los cuales le exhibieron ante las cámaras en actitud relajada e informaron de su defección. Al poco, los talibanes le pusieron en libertad y el 16 de agosto Khan voló a Irán, iniciando un exilio en la ciudad de Mashhad.

El anterior gobernador provincial de Balkh y preboste tayiko del partido Jamiat, Atta Mohammad Nur, desempolvó los ímpetus bélicos de sus tiempos de comandante de la Alianza del Norte y señor de la guerra de Mazar-i-Sharif cuando los talibanes emprendieron su ofensiva relámpago el 6 de agosto de 2021. Uniendo fuerzas con su inveterado rival en esta parte del norte de Afganistán, el uzbeko Abdul Rashid Dostum, Nur llamó a sus milicianos a que se unieran al Ejército para la defensa de Balkh. El 14 de agosto los rebeldes entraron triunfantes en Mazar-i-Sharif y Nur escapó a Uzbekistán.

Gulbuddin Hekmatyar, jefe histórico del partido islamista ultraconservador Hezb-e Islami y dos veces primer ministro de Afganistán, quiso reverdecer sus laureles políticos y su ascendiente entre los pashtunes poniéndose a hablar con otras personalidades de la República Islámica y con los talibanes, una vez producidos la retirada estadounidense y el colapso del Estado. Su ambición era sentarse en un consejo de gobierno de base amplia, tal como prometían los talibanes. El que fuera uno de los más belicosos señores de la guerra en las distintas fases del largo conflicto afgano, aliado de Al Qaeda y "terrorista global" para Estados Unidos firmó en 2016 su propio acuerdo de paz con el Gobierno Ghani, quien le indultó y puso el arreglo con el Hezb-e Islami, hasta entonces insurgente, como ejemplo de cara a un pacto de cese de hostilidades con los talibanes. Un lustro después, el activismo de Hekmatyar, en su momento la principal apuesta afgana de los servicios secretos pakistaníes hasta que estos se decantaron por los talibanes, en el llamado "Consejo de Coordinación" resultó tan fugaz como inane.

El octogenario Ali Jalali, un reputado historiador y analista que fungiera de embajador en Alemania durante el Ejecutivo de Ghani y anteriormente de ministro del Interior con el presidente Karzai, fue mencionado por los medios como posible jefe de un Gobierno interino bajo control talibán. La designación de Jalali, una personalidad laica, académica y cosmopolita con la doble ciudadanía afgana y estadounidense, daría, supuestamente, una pátina de orden y civilidad a la transición al nuevo régimen islámico. La noticia, difundida en plena vorágine de la caída de Kabul el 15 de agosto, fue rotundamente desmentida al día siguiente por Jalali, quien desde su despacho universitario de Washington aseguró que ni había sido "considerado" ni "contactado" por los talibanes, y que él tampoco estaba "interesado" en ser un gobernante provisional.

En su programa electoral de 2020, Joe Biden y el Partido Demócrata prometían salir de forma "responsable" de las "guerras eternas" y "pasar página a dos décadas de despliegues militares a gran escala y guerras abiertas", en Asia en general y en Afganistán en particular. Renunciar a la "ocupación de países" y al "derrocamiento de regímenes" no significaba, empero, que Estados Unidos debiera "abandonar la región"; al contrario, una Administración demócrata estaría plenamente comprometida con la solución pacífica del conflicto armado afgano. Cuando en enero de 2021 llegó al Despacho Oval, Biden se encontró sobre la mesa el plan de retirada de tropas diseñado por Trump con arreglo a la Declaración Conjunta de Paz suscrita con los talibanes en Doha en febrero del año anterior y que contemplaba la fecha límite del 1 de mayo. El nuevo presidente mantuvo la decisión de traer de vuelta a los últimos 3.500 soldados de la Operación Freedom's Sentinel y se limitó, en abril, a demorar la conclusión del proceso hasta la fecha simbólica del 11 de septiembre. El primero de mayo arrancó la repatriación del contingente, el 2 de julio el Ejército estadounidense abandonó, de manera súbita y sin avisar a los militares afganos, la base aérea de Bagram y el día 8 Biden adelantó el final de la presencia militar al 31 de agosto.

El presidente se aferró a todo este esquema declarativo y operativo para defenderse de la tempestad de críticas que descargó sobre la Casa Blanca y el Departamento de Estado a raíz de los trágicos sucesos de mediados de agosto, los cuales, por las formas y por el fondo, dibujaban una de las mayores debacles de política exterior en la historia de Estados Unidos. El 14 de agosto, en la víspera de la caída de Kabul, el presidente, en su declaración de anuncio de las medidas de emergencia que se estaban adoptando para enfrentar la situación, empezó a eximirse de cualquier señalamiento por el fiasco alegando que él había "heredado" un "acuerdo cerrado" por su predecesor, y que "un año más, o cinco años más, de presencia militar estadounidense no habría supuesto ninguna diferencia si el Ejército afgano no puede o no quiere sostener su propio país". Al día siguiente, en mitad de la vorágine, su secretario de Estado defendió en similares términos la retirada en curso. Anthony Blinken argüía que los objetivos de la invasión de 2001, cuales eran "llevar a bin Laden ante la justicia" y "disminuir en gran medida la capacidad de Al Qaeda", ya se habían cumplido, y puntualizaba que, aunque el colapso del Ejército afgano había sucedido "más rápido de lo que preveíamos, "esto evidentemente no es Saigón". En su comparecencia a la nación del 16 de agosto, Biden, a la defensiva pero muy enfático, reiteró que no estaba dispuesto a "repetir el error que cometimos en el pasado, el error de permanecer indefinidamente en un conflicto que no es del interés nacional de Estados Unidos", y que "nuestra misión en Afganistán nunca fue supuestamente construir una nación, crear una democracia. "Nuestro único interés vital en Afganistán", continuaba explicando el mandatario, "sigue siendo hoy el que siempre ha sido: prevenir un ataque terrorista contra la patria estadounidense". Puesto que se había logrado "degradar la amenaza terrorista de Al Qaeda y matar a Osama bin Laden", cabía hablar de "éxito".

Lo que vino después fue la precipitación, en medio del caos y acuciada por las amenazas de los talibanes, de la operación (Allies Refuge) para la evacuación de decenas de miles de personas entre funcionarios, otros ciudadanos estadounidenses y muchos nacionales afganos con derecho a visado especial, ya iniciada de manera ordenada en julio pero que ahora exigió el envío urgente de unos miles de soldados; seguida del terrible atentado del ISIS-K, que costó la vida a 13 uniformados estadounidenses, y de los confusos bombardeos de represalia contra objetivos de los terroristas en Kabul y Nangarhar. Al filo de la medianoche del 30 de agosto partió de la capital afgana el último avión de Estados Unidos, trayendo a casa al embajador Ross Wilson y al general Chris Donahue. Biden valoró el histórico puente aéreo, que los países aliados habrían preferido fuera más prolongado para poner a salvo a más afganos, como un "éxito extraordinario". Ahora, el Departamento de Estado, cuya vigilancia prioritaria apunta a China, notifica que "no tiene prisa" por reconocer un Gobierno de los talibanes pero que podría "trabajar" con ellos, siempre que "defiendan los derechos humanos básicos y no den refugio a terroristas". El FBI y el Departamento de Justicia mantienen en sus listas de terroristas buscados a varios cabecillas talibanes (el más notable, Sirajuddin Haqqani, el nuevo ministro del Interior, junto con toda la Red Haqqani), pero Estados Unidos nunca ha clasificado como tal a la organización en su conjunto; los talibanes pakistaníes, en cambio, sí son descritos colectivamente como terroristas por el Departamento de Estado desde 2010.

Con Estados Unidos desvanecido de Afganistán, las miradas se concentran ahora en China, que se apresura a tomar posiciones en esta casilla estratégica del tablero asiático y podría aspirar a llenar un vacío donde confluyen oportunidades y peligros. Los analistas destacan el interés de la superpotencia en las considerables reservas de tierras raras y otros ricos depósitos de minerales que la guerra incesante y la falta de infraestructuras han impedido aprovechar. China, también, aprecia el potencial de Afganistán como centro de tránsito dentro de su Nueva Ruta de la Seda (oficialmente, Belt and Road Initiative, BRI), vasto proyecto transcontinental segmentado en una serie de corredores de transportes y situado en la mirilla de varios grupos terroristas activos en la región. Según estos análisis, Beijing, que tiene abierto el conflicto de los uyghures de la región autónoma de Xinjiang y está invirtiendo masivamente en Pakistán, podría aceptar convertirse en el gran benefactor de Afganistán, algo a lo que los talibanes se muestran bien dispuestos. Pero antes de canalizar inversiones económicas, los chinos querrán asegurarse de que el nuevo régimen ha puesto final efectivo al estado de guerra interno y es capaz de mantener la seguridad e impedir la desestabilización de los países vecinos.

Ya el 16 de agosto, al día siguiente de la caída de Kabul, donde la Embajada china seguía funcionando "con normalidad", el Ministerio de Exteriores declaró su "respeto a la voluntad y la elección del pueblo afgano", y expresó su esperanza de que las nuevas autoridades trajeran orden y seguridad, y construyeran una "estructura política inclusiva y de amplia base". China deseaba "seguir desarrollando la buena vecindad y la cooperación amistosa con Afganistán", así como "desempeñar un papel constructivo en la paz y la reconstrucción", del país con el que tiene una contigüidad territorial de 76 km (con el paso de montaña de Wakhjir, cerrado en la actualidad, como única comunicación directa). Se daba el hecho de que en fecha reciente, el 28 de julio, el principal responsable político de los talibanes, el mulá Baradar, había sido recibido en Tianjin por el ministro Wang Yi, quién le habría transmitido la necesidad de que los talibanes rompieran toda relación con las organizaciones terroristas presentes en suelo afgano y las combatieran eficazmente, a fin de "crear las condiciones propicias para la seguridad, la estabilidad y el desarrollo". A finales de agosto, el portavoz talibán Suhail Shaheen invitó abiertamente a China y otras naciones a "explorar nuestros recursos naturales", y afirmó que "nuestro gran país vecino" en particular podía "desempeñar un papel constructivo y positivo en la reconstrucción de Afganistán". El 6 de septiembre el embajador chino, Wang Yu, se entrevistó con el mawlawi Hanafi, convertido horas después en el viceprimer ministro segundo del Gobierno interino. Simultáneamente, el Ministerio chino de Exteriores y el portavoz talibán Zabihullah Mujahid reiteraron los mensajes de mutuo acercamiento.

Lo que algunos medios empiezan a llamar la "luna de miel" chino-talibán adquirió más relieve el 8 de septiembre con el anuncio por el ministro Wang Yi de la entrega inmediata de un paquete de ayuda humanitaria por 200 millones de yuanes (31 millones de dólares). Los envíos consistirán en cereales, vacunas COVID-19, otros medicamentos y víveres de cara al invierno. Se trata del primer compromiso concreto por parte de Beijing, que no ha mencionado en ningún momento los derechos humanos.

Sin el concurso de Pakistán, los talibanes no existirían tal como hoy se muestran al mundo. Fue en las madrasas o seminarios islámicos del país vecino donde el mulá Omar y gran parte de sus prosélitos adquirieron su ideología fundamentalista sunní, el deobandismo, combinada con la identidad sociocultural transfronteriza pashtún (pashtunwali), y su espectacular irrupción como actor militar en la guerra civil de los años noventa tuvo detrás los generosos suministros, estatales y privados, llegados de allí. Pakistán fue también el primer país en reconocer al primer régimen talibán, iniciativa que en todo el mundo solo secundaron Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. Los sucesos de 2021 espolean el viejo debate de hasta qué punto los omnipresentes servicios de inteligencia de Islamabad, el ISI, tuvieron que ver en la génesis de los talibanes, rol que resulta bastante más claro en los posteriores desarrollo y éxitos guerreros del movimiento. El Ejército pakistaní ha combatido enérgicamente la subversión armada y el terrorismo de los talibanes domésticos –diferenciados de sus homónimos del otro lado, que suelen menospreciarlos, si bien el 18 de agosto la organización TTP proclamó su acatamiento al Emirato Islámico- en las áreas tribales de Khyber Pakhtunkhwa, pero ha tendido a contemporizar con los talibanes afganos, a los que considera muy útiles para extender su influencia regional y ganar fortaleza estratégica frente al eterno antagonista, India. En los últimos veinte años, las insurgencias múltiples, los bombardeos antiterroristas de Estados Unidos, los movimientos de refugiados, las solidaridades tribales y la profusión de trasiegos ilegales en ambas direcciones han difuminado los bordes nacionales, contribuyendo a la percepción de un único y complejo escenario de conflicto o teatro de operaciones que el léxico geopolítico denomina Af-Pak.

El primer ministro Imran Khan, difusor de un nacionalismo musulmán rico en populismo, fue conminado por la Administración Trump a que empujara a los talibanes a negociar la paz. Tal era el convencimiento del fuerte ascendiente de Pakistán sobre el grupo. Desde su elección en 2018, el Gobierno Khan ha refutado una y otra vez las acusaciones, dirigidas no solo desde Afganistán y Estados Unidos, de dar soporte a los talibanes, brindándoles logística y santuarios, y permitiendo el reclutamiento de voluntarios pakistaníes. La residencia clandestina, intermitente o permanente, en Quetta (Baluchistán) y sus alrededores de varios miembros de la cúpula talibán es un hecho ampliamente aceptado. Ahora, empero, Khan no ha ocultado su satisfacción por la victoria militar de los rebeldes y su toma del poder en Kabul. Al tiempo que cierra las puertas al flujo masivo de refugiados y toma posiciones como interlocutor imprescindible en cualquier discusión internacional de la situación afgana, el primer ministro ha valorado la desordenada partida de las fuerzas occidentales y la derrota del presidente Ghani como una "conclusión lógica". "Los afganos han roto los grilletes de la esclavitud" y "ningún Gobierno títere en Afganistán tiene el apoyo del pueblo", arguye. Asimismo, cree que el mundo ha de dar a los talibanes "tiempo" para cumplir sus promesas sobre el Gobierno inclusivo y los derechos humanos, pero hasta entonces la comunidad internacional puede contribuir a prevenir el "caos", "incentivando" y "presionando" a los talibanes para que vayan en la "dirección correcta".

El Ejército pakistaní, por su parte, manifiesta su deseo de tener "relaciones cordiales" con el nuevo régimen. El 4 de septiembre el director del ISI, general Faiz Hameed, llegó a Kabul con un séquito de altos funcionarios para despachar con el embajador, pero posiblemente también para entrevistarse con los líderes talibanes. Por otro lado, los resistentes del valle de Panjshir denunciaron que la ofensiva lanzada por los talibanes para neutralizarles contó con apoyo aéreo pakistaní. Se cree que Islamabad podría demorar el reconocimiento diplomático hasta que los talibanes le certifiquen que el TTP y los insurgentes baluchis ya no pueden usar Afganistán como base de retaguardia para sus acciones antipakistaníes.

El seísmo político de Afganistán, con lo que supone de fracaso histórico de las potencias occidentales, ha suscitado en el Kremlin expresiones de ambigüedad. Teniendo muy presente la traumática intervención soviética de 1979-1989, el poder ruso recibe con prevención cualquier disturbio regional que pueda estimular la subversión islamista en las repúblicas de Asia Central, tres de las cuales, Kazajstán, Kirguistán y Tayikistán, son socios de la Organización del Tratado de la Seguridad Colectiva (OTSC); la última, además, hace frontera con Afganistán. Desde 1996, Moscú respaldó a la Alianza del Norte y las fuerzas antitalibán, si bien tras la derrota del primer Emirato en 2001 no hizo nada que favoreciera la posición de Estados Unidos en el país centroasiático. Además, abrió su propio canal de comunicación con los rebeldes, no obstante figurar en su lista de organizaciones terroristas desde 2003, y últimamente denigró al Gobierno Ghani.

Nada más producirse el cambio de poder en Kabul, el Ministerio de Exteriores sugirió que podría estar dispuesto a reconocer al régimen talibán, siempre que entablara unas negociaciones intraafganas de la más amplia base y cumpliera su promesa de restaurar el orden. La Embajada permaneció abierta y el embajador se reunió con un representante talibán. El 25 de agosto, sin embargo, ante el agravamiento de la situación en el aeropuerto de Kabul, Rusia empezó a evacuar a cientos de sus nacionales. El presidente Putin ha dicho que la conquista talibán es una "realidad a partir de la cual hay que actuar para no permitir la desintegración del Estado afgano", y que lo sucedido demuestra la necesidad de "poner fin a la política irresponsable de imponer valores ajenos desde afuera, a las ambiciones de construir democracia en otros países según moldes ajenos". También, se ha posicionado en contra de la idea de que los países de Asia Central acojan refugiados con incentivos europeos. Rusia se abstuvo en la votación de la resolución 2593 (2021) del Consejo de Seguridad de la ONU y quiere que Pakistán, Irán y otros estados vecinos participen en cualquier diálogo internacional sobre Afganistán. Los observadores apuntan que Rusia ve una buena oportunidad para intensificar su papel como potencia en su propio patio trasero practicando la diplomacia con los talibanes, pero sin poner en riesgo la estabilidad de las fronteras. Moscú insiste en que es vital prevenir la propagación desde Afganistán de la franquicia centroasiática del Estado Islámico, el ISIS-Khorasán, enemigo declarado de los talibanes, y para ello ya está suministrando abundante equipamiento militar a sus socios y aliados de la CEI.

Naciones Unidas está presente en Afganistán a través de una veintena de agencias, fondos y programas enfocados en la ayuda humanitaria, siempre vital, y el desarrollo, además de con su Misión de Asistencia específica, la UNAMA, establecida en 2002. Pero su participación en el proceso político ha sido limitado y su contribución a las tareas de seguridad, más allá del respaldo legal a las misiones de la OTAN y el régimen de sanciones contra algunos dirigentes talibanes (estos, como organización, no son considerados expresamente terroristas por la ONU, que sí tiene por tales a varios de sus miembros) más bien nula. A pesar de arrastrar 43 años de guerras civiles en cadena, Afganistán no ha conocido una operación de paz de Naciones Unidas.

Inmediatamente después de caer Kabul y ante el intento desesperado de miles de afganos de ser evacuados en avión, el secretario general, António Guterres, emplazó a la comunidad internacional a "no dejar abandonado al pueblo de Afganistán" y a "permanecer unida" para enfrentar la emergencia humanitaria. Aquel mismo día, el 16 de agosto, el Consejo de Seguridad adoptó una declaración en la que llamaba al cese de hostilidades y a la formación de un Gobierno afgano "unido, inclusivo, representativo y con la participación de mujeres". Luego, el 30 de agosto, el Consejo, convocado de urgencia por Guterres, aprobó la resolución 2.593, que reclamaba a los talibanes la reapertura "rápida y segura" del aeropuerto de Kabul y el "acceso pleno, seguro y sin obstáculos" de las agencias de la ONU; también, que se abstuvieran de albergar o entrenar a terroristas. El documento no incluyó, como quería Francia, la creación en Kabul de una zona protegida bajo mandato de la ONU, y fue aprobado con las abstenciones de Rusia y China. El 4 de septiembre Guterres anunció la convocatoria en breve de una conferencia internacional de ayuda a Afganistán, escenario según él de una "catástrofe humana inminente". Por su parte, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, afirmó que el trato dispensando a mujeres y niñas sería una "línea roja fundamental" y un "indicador esencial" en materia de Derechos Humanos. La ACNUDH añadió que su Oficina disponía de "informes creíbles" sobre ejecuciones sumarias y otras graves violaciones que los talibanes ya estarían cometiendo. El 10 de septiembre la portavoz de la OACDH, tomando nota de la represión violenta de las protestas civiles, llamó al "cese inmediato del uso de la fuerza y la detención arbitraria" de manifestantes, señaladamente mujeres, así como periodistas.

El 13 de septiembre la conferencia de donantes auspiciada por la ONU y reunida en Ginebra recaudó aproximadamente 1.000 millones de dólares, 400 millones más de la cantidad considerada mínima para sufragar los programas de asistencia a corto plazo. Al día siguiente, la ONU reanudó los vuelos a Kabul con trabajadores humanitarios, alimentos y artículos de primera necesidad tras un mes de interrupción. El 16 de septiembre Guterres salió al paso de posibles expectativas desmedidas, pese a esos movimientos alentadores: sugerir que Naciones Unidas, "sin fuerzas ni dinero", pudiera "arreglar los problemas" de Afganistán era una "fantasía", aseveró

Los puentes aéreos desde Kabul, llevados a cabo por los estados miembros cada uno por su cuenta, han puesto de manifiesto la falta de competencias y capacidades de la PESC de la UE en materia de protección consular, ámbito de actuación que es soberanía de los gobiernos, aunque estos sí tienen en sus manos coordinarse en las labores de repatriación de nacionales, yendo más allá de su asistencia ordinaria, o de rescate de población local. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, están intentando articular una posición común sobre la acogida de refugiados afganos. Para los responsables institucionales, que ya encaran el desdén o el rechazo frontal de Austria, Hungría, Polonia, Dinamarca, Eslovenia, Croacia y Chequia, cualquier esquema de reasentamiento de refugiados en territorio de la UE será "voluntario", pero recuerdan que los gobiernos tienen "obligaciones" en cuanto a la recepción de ciudadanos de terceros países por simples razones humanitarias. Michel asegura de paso que la UE debe "mantener los flujos migratorios bajo control y sus fronteras protegidas", lo cual pasaría por "trabajar conjuntamente" con Irán, Pakistán y los países de Asia Central, que podrían brindar "protección internacional" a los afganos perseguidos y vulnerables al tiempo que la UE "contribuye" a ese esfuerzo. El 21 de agosto Von der Leyen reconoció "contactos operativos" con los talibanes con el fin de " salvar vidas", pero garantizó que "ni un euro de desarrollo" iría a un régimen que "niega" derechos elementales. Por el momento, no había ningún "diálogo político", puntualizó la jefa de la Comisión Europea.

Por otra parte, la crisis afgana y la actuación unilateral de Estados Unidos han reabierto un viejo debate en la UE: la necesidad de crear una fuerza de reacción rápida como concreción de una Política Común de Seguridad y Defensa proactiva y no supeditada a la OTAN. La idea ha sido puesta sobre la mesa por el Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, y ya cuenta con el respaldo de Michel, para quien "la caótica retirada de Afganistán nos obliga a acelerar una sincera reflexión sobre la defensa europea". Al igual que von der Leyen, Borrell está convencido de que la UE debe "tratar" con los talibanes, de entrada para evitar un desastre humanitario, y, aunque las nefastas credenciales del grupo integrista obligan a los 27 a ser "extremadamente prudentes", los europeos tampoco pueden "dejar que chinos y rusos tomen el control de la situación y sean los patrocinadores de Kabul", indica el Alto Representante. En esa línea, el 3 de septiembre el Consejo informal de Ministros de Exteriores acordó abrir en Kabul una "presencia conjunta de la UE" para la interlocución con los talibanes.

La Misión no de combate Resolute Support de la OTAN, arrancada el 1 de enero de 2015 como sucesora de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (ISAF) y de la que la Operación Freedom's Sentinel de Estados Unidos era un componente separado para la lucha antiterrorista, fue menguando rápidamente entre mayo y junio de 2021 por la partida de los diversos contingentes nacionales. El 12 de julio, cuando ya solo quedaban unos cientos de soldados de Estados Unidos, Turquía y Azerbayán (más los 800 miembros del personal civil que permanecían en Kabul), la Alianza Atlántica dio carpetazo oficial a la misión, dejando en el aire una serie de dudas sobre el balance efectivo de 20 años de esfuerzos y sacrificios. Excluyendo a Estados Unidos, la OTAN y los países asociados tenían que lamentar un millar largo de soldados muertos, entre caídos en combate y víctimas de accidentes, de una treintena de nacionalidades. El secretario general de la organización, Jens Stoltenberg, describe los acontecimientos de agosto como una "dolorosa tragedia", si bien cree que la misión sí logró sus objetivos iniciales, que eran "degradar la fuerza de Al Qaeda" tras los atentados del 11-S y "prevenir que los terroristas usaran Afganistán para más ataques contra nosotros". En su opinión, si la República Islámica sucumbió al embate de los talibanes fue porque "sus líderes políticos fracasaron". Stoltenberg defiende la continuidad de un "fuerte vínculo transatlántico" entre Europa y Estados Unidos ante las "acciones agresivas de Rusia" y el "ascenso de China", pero también cree que hay "muchas lecciones que aprender" de la experiencia afgana y que toca hacer una "investigación honesta y clara" sobre "los errores cometidos", aunque "también sobre lo que hemos logrado". En cualquier caso, avisa al nuevo régimen talibán, la OTAN sigue "vigilante".

Los talibanes profesan una forma de integrismo sunní, el deobandismo (fuertemente influenciado por el wahhabismo saudí), que les convierte en antagonistas naturales de los ayatolás de Irán. La hostilidad mutua fue palmaria en los cinco años (1996-2001) del primer Emirato Islámico, cuando Teherán armó profusamente a la Alianza del Norte, articulada principalmente por los tayikos, y estuvo a punto de desencadenar una represalia militar (1998) por el asalto a su consulado en Mazar-i-Sharif, el asesinato de una decena de diplomáticos y la masacre de cientos de civiles hazaras de confesión shií. Más allá del elemento religioso, Irán siempre ha considerado a su turbulento vecino del este, con quien comparte casi 1.000 km de frontera, un crisol multiétnico de la cultura persáfona. Irán empezó teniendo unas relaciones cordiales con el Estado Islámico republicano surgido del derrocamiento de los talibanes en 2001, pero la prolongación de la presencia militar estadounidense y una acumulación de fricciones en diversos terrenos llevaron los tratos bilaterales a un estado de deterioro y suspicacias bajo la presidencia de Ghani. Aunque contribuyente a la reconstrucción de Afganistán, Irán inició -aseguran políticos locales, expertos regionales y oficiales de la OTAN- una especie de doble juego al apoyar a facciones opositoras y fomentar la inseguridad, lo que incluyó el arranque de un entendimiento insospechadamente fecundo con los talibanes. Es más, Irán, desde hace años, dispensaría a algunos mandos talibanes un soporte clandestino nada desdeñable.

Ahora, Irán, que no ha cerrado su Embajada en Kabul, se ha congratulado por el "humillante" fiasco de Estados Unidos en el país centroasiático y afronta el retorno del Emirato talibán con cautela oficial. El nuevo presidente, Ebrahim Raisi, ha propuesto a China y a Rusia una cooperación trilateral en favor de la "paz y la estabilidad" en Afganistán, y el Ministerio de Exteriores ha invocado la formación de un Gobierno "representativo de la diversidad". Teherán se muestra abierto a mantener "vínculos amistosos" con los talibanes, cuya petición del desbloqueo de los suministros de combustible iraní ya ha sido satisfecha. Implícitamente, los iraníes recuerdan a los talibanes la línea roja que no deben franquear: la persecución de la comunidad hazara por puro sectarismo religioso. El 6 de septiembre Irán enfrió el tono con su "fuerte condena" del asalto talibán a las posiciones de la resistencia panjshirí.

El dispositivo de urgencia del Reino Unido para sacar a sus nacionales y a los civiles afganos que habían trabajado para la coalición, Operación Pitting, se prolongó del 13 al 28 de agosto de 2021. El millar de soldados movilizados rescató a más de 15.000 personas, de las que 5.000 eran ciudadanos británicos y las restantes 10.000 afganos, elegibles para la Política Afgana de Asistencia y Reubicaciones (ARAP) diseñada por el Gobierno de Londres. El embajador Laurie Bristow trasladó su oficina temporalmente a Qatar. Se trató de un retorno precipitado, pues el país había mandado a casa a las últimas unidades de sus 750 soldados adscritos a la Misión Resolute Support de la OTAN en los primeros días de julio, dejando únicamente un destacamento de 100 hombres para proteger la legación diplomática. En la memoria quedaban los 457 militares británicos muertos en acto de servicio desde 2001 en el país asiático. El primer ministro Boris Johnson dijo el 13 de agosto, a modo de epílogo y cuando el Gobierno del presidente Ghani aún permanecía en pie, que el Reino Unido podía estar "extremadamente orgulloso" de su hacer en Afganistán, cuyo conflicto no tenía una "solución militar". Londres se muestra más dispuesto que la UE a abordar la legitimidad del Emirato talibán, al que exige el respeto de los derechos humanos y cero condescendencia con las asechanzas terroristas urdidas desde su territorio. Las Fuerzas Armadas británicas han indicado que están listas para golpear al ISIS-K en Afganistán si es necesario, mientras el secretario de Exteriores, Dominic Raab, acapara las críticas por su lenta reacción durante los primeros días de la crisis y por la gestión de la ARAP. El ministro achaca los posibles fallos operativos a la evaluación errónea de los servicios de inteligencia, que consideraban improbable la caída de Kabul al menos este año.

El 29 de junio de 2021 el Gobierno alemán completó la repatriación del contingente nacional de la OTAN (1.300 soldados) y el 15 de agosto anunció la salida urgente hacia Kabul de dos aviones Airbus de transporte militar con 200 paracaidistas para empezar a evacuar a sus ciudadanos y a colaboradores afganos. Once días después, Alemania, a la vez que Canadá, Holanda, Polonia, Hungría y Nueva Zelanda, clausuraba definitivamente su presencia militar en Afganistán, y de paso la diplomática. Al final, el puente aéreo de la Luftwaffe sacó del país a unas 4.600 personas, entre ellas 3.800 afganos y 400 alemanes. Las autoridades concitaron quejas por el bajo número de colaboradores locales evacuados junto con sus correspondientes familias. Con Alemania en plena campaña electoral, la canciller Merkel y el candidato democristiano a la Cancillería, Armin Laschet, defendieron la acogida generosa de refugiados afganos, pero sin repetir el escenario incontrolado de 2015, cuando la arribada masiva por vía terrestre de cientos de miles de refugiados sirios obligó al Gobierno a tomar decisiones difíciles. Merkel, en particular, ha descrito los acontecimientos con acentos autocríticos: "Hemos estado en Afganistán durante casi 20. En todo este tiempo, no funcionó. Así que hay que decir que no fueron unos esfuerzos exitosos y que hay que aprender de ellos. Sí, creo que en este tipo de operaciones hay que reducir las metas", comentó el 16 de agosto. La gobernante estima asimismo que expatriar a más personas listadas por el Ministerio de Exteriores y cuya vida esté en peligro, y "preservar al máximo los cambios realizados" en Afganistán desde 2001, son dos objetivos que requieren "diálogo" con los talibanes. En septiembre, Berlín transmitió su disposición a reabrir la Embajada en Kabul si los talibanes satisfacían ciertas condiciones.

Desde 2001, Turquía expresó su compromiso con la seguridad, la estabilidad y la reconstrucción de Afganistán aportando un fuerte contingente de tropas (no de combate, sino para tareas de instrucción y apoyo logístico) a la ISAF de la OTAN e invirtiendo económicamente en varias áreas de desarrollo. Erdogan cultivó unas excelentes relaciones con los presidentes Karzai y Ghani, y el compromiso de Ankara con la República Islámica se mantuvo hasta el último minuto. Así, el destacamento de 600 soldados turcos de la Misión Resolute Support, la sucesora reducida de la ISAF en 2014 y ya caducada, continuó en el país después de que todos los demás países europeos involucrados (salvo Azerbayán, aliado íntimo) repatriaran a sus fuerzas entre mayo y julio; su partida de Kabul se produjo el 27 de agosto, coincidiendo con las clausuras por varios gobiernos de sus operativos de evacuación a gran escala y en la jornada posterior al sangriento atentado suicida del ISIS-K. El 13 de agosto Turquía figuró entre la docena de estados que acordaron no reconocer a ningún régimen afgano "impuesto por la fuerza", pero la realidad sobre el terreno va imponiendo el enfoque pragmático.

Tras la toma de Kabul y la fuga de Ghani, el presidente Erdogan respondió positivamente a la petición por los talibanes de asistencia turca para la "gestión técnica" del aeropuerto de la capital, pero a condición de que la misma fuera vigilada por oficiales de seguridad turcos. Según Erdogan, "los talibanes de hoy no son como los de antes", y que lo que cuenta es "lo que hacen ahora y harán en el futuro". El 6 de septiembre agencias de prensa difundieron la información de que los talibanes habían invitado a seis países, Turquía entre ellos, al próximo acto de toma de posesión del nuevo Gobierno (los otros invitados eran China, Rusia, Pakistán, Irán y Qatar). Por otro lado, el líder turco, en un mensaje para la UE, ha puntualizado que su país, que ya acoge a 3,6 millones de sirios y a 400.000 afganos sobre la base del acuerdo para la externalización del control de los flujos migratorios adoptado con Bruselas en 2015, no puede asumir "más carga migratoria", no va a asumir "las responsabilidades internacionales de terceros países" y no será "el almacén de refugiados" de Europa.

El pequeño pero creso emirato del Golfo mostró en 2020 el músculo de su diplomacia independiente hospedando el llamado proceso de paz de Doha, por el que los talibanes primero negociaron, y acordaron, directamente con Estados Unidos la marcha condicionada de sus tropas en 2021, y luego entablaron conversaciones intraafganas, a la postre desbaratadas por su terquedad belicista, con el Gobierno de Ghani. El 13 de agosto, cuando la victoria militar de los talibanes era inminente, representantes de 12 países, la ONU y la UE acordaron en Doha no reconocer a ningún gobierno afgano "impuesto por la fuerza". Tras el derrumbe de la República Islámica y la conquista de Kabul, Qatar volvió a presumir de poder blando con la afirmación de que había ayudado en la evacuación por aire de 40.000 hombres, mujeres y niños entre extranjeros y afganos, y con el ofrecimiento a los talibanes de ayuda técnica para mantener operativo el aeropuerto de la capital. Estas gestiones dieron fruto. Así, el 9 de septiembre Qatar Airways transportó a Doha a 113 personas de múltiples nacionalidades, en el primer vuelo (y civil) fletado desde la conclusión de los puentes aéreos internacionales y la caótica retirada estadounidense el 30 de agosto. Al día siguiente despegó de Kabul otro aparato, con 158 pasajeros a bordo, de la aerolínea, que esperaba realizar más vuelos chárter en los próximos días.

El interés de Qatar en Afganistán no se ha quedado ahí. Un enviado especial qatarí, Mutlaq bin Majed Al Qahtani, inició una ronda de contactos locales a fin de facilitar la formación de un Gobierno no de un solo color, si bien el Gabinete anunciado el 7 de septiembre era cualquier cosa menos incluyente. El 12 de septiembre fue el ministro de Exteriores, el jeque Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, quien se personó en Kabul para hablar de "relaciones bilaterales, asistencia humanitaria, desarrollo económico e interacción con el mundo" con el flamante primer ministro talibán, el mulá Mohammad Hassan Akhund. Qatar, un factor moderador y conciliador en la crisis afgana, ya jugó un papel decisivo como puente de encuentro entre Estados Unidos y los talibanes a partir de la Oficina Política que los rebeldes obtuvieron en Doha en 2012, y ahora podría intentar organizar una conferencia internacional panafgana. El reconocimiento adquirido por los talibanes como actores fundamentales del tablero afgano y con los que había que hablar fue facilitada en gran medida por Qatar.

Francia, que desde 2012 no tenía tropas de combate en Afganistán, concluyó el 27 de agosto sus operaciones de salvamento en el aeropuerto de Kabul, saldadas con la evacuación de cerca de 3.000 personas, de las que 2.600 eran ciudadanos afganos. El presidente Macron no pudo convencer a Joe Biden para que los esfuerzos humanitarios se prolongaran más allá de la fecha tope fijada por Estados Unidos y subrayada por los talibanes, el 31 de agosto. Pocos días después, su idea de crear en el aeropuerto de Kabul una zona de seguridad bajo protección de la ONU tampoco fue recogida por la resolución 2.593 del Consejo de Seguridad. El mandatario galo ha declarado que aún quedan "varios miles de personas" por evacuar y que, "sin prejuzgar el reconocimiento", no hay mas remedio que hablar con los talibanes para asegurar las expatriaciones de los afganos deseosos de abandonar el país y con derecho a protección internacional.

India está entre los grandes damnificados por el desenlace de la crisis afgana, pues la victoria talibán altera drásticamente el equilibrio regional en favor de su directo adversario, Pakistán, que obtiene "profundidad estratégica", y también de China. El primer ministro Modi, paladín del nacionalismo hindú, ha encajado con visible disgusto la súbita destrucción de la República Islámica y el Gobierno prooccidental del presidente Ghani, y, sin nombrarlos, ha avisado a los nuevos dueños de Afganistán que "el poder terrorista no dura mucho". Los talibanes han tomado estas palabras como un desafío y han replicado que Delhi pronto comprobará la "capacidad" del grupo para gobernar el país, advirtiendo de paso a los indios que no interfieran en los asuntos internos de Afganistán. Las aprensiones del Gobierno indio parecen fundadas: a principios de septiembre, el portavoz talibán Suhail Shaheen declaró que ellos "como musulmanes, también tenemos derecho a alzar la voz por los musulmanes de Cachemira, India o cualquier otro país". Llamativamente, Shaheen no mencionó a los musulmanes del Xinjiang chino. India evacuó (Operación Devi Shakti) a más de 800 personas de Kabul, entre nacionales y afganos de religiones hindú y sij.

Entre 1998 y 2001 el Gobierno de Tashkent, secular y autoritario, combatió implacablemente al Movimiento Islámico de Uzbekistán, subversión yihadista que amenazó la seguridad de buena parte de Asia Central mientras estuvo alineado con los talibanes, cuyas fortunas en parte compartió. Los uzbekos étnicos, concentrados en las provincias del norte, suponen alrededor de la décima parte de la población afgana. Uzbekistán siempre ha dado soporte al partido de Abdul Rashid Dostum, el más poderoso de los caudillos uzbekos afganos, desde 2001 leal al Gobierno de Kabul, del que fue un pilar. Aunque de entada hostil a los talibanes, Uzbekistán, como otras potencias de la zona, abrió una interlocución con el grupo para asegurarse de que su insurgencia quedara contenida en Afganistán. Cuando en agosto de 2021el Ejército y el Gobierno afganos se desmoronaron, Uzbekistán acogió en su territorio al mariscal Dostum, huido de los talibanes, y lanzó una advertencia contra cualquier intento de violar la frontera, acción que sería "reprimida de manera firme". El temor a abrir la menor válvula de inseguridad ha impulsado al presidente Shavkat Mirziyóyev, que reconoce la existencia de "contactos diarios" con los talibanes, a mandar de vuelta a un centenar largo de refugiados afganos, prohibición que no ha afectado a Dostum ni al jefe tayiko Atta Mohammad Nur.

Para Tashkent, comienza una etapa híbrida en la que por un lado buscará ejercer influencia en el proceso político afgano y alcanzar un modus vivendi con el régimen vecino (que, hecho significativo, ya ha recibido dos trenes de mercancías procedentes de Uzbekistán, lo que hace de este el primer país en exportar bienes comerciales desde la toma de Kabul) y por otro lado redoblará su exhibición de fuerza militar, mediante ejercicios conjuntos con Rusia justo en el borde. Es su aviso a los talibanes para que no repitan las conchabanzas yihadistas y las injerencias transfronterizas del pasado. Si bien está fuera de la Organización del Tratado de la Seguridad Colectiva (OTSC) de la CEI, Uzbekistán se afana en adquirir helicópteros y otro armamento pesado a Rusia.

El Gobierno de Dushanbé, impulsado por la solidaridad entre tayikos (la cuarta parte de los afganos pertenecen a este grupo étnico), fue un gran patrocinador de la Alianza del Norte durante la resistencia antitalibán de 1996-2001, cuando los combatientes del Jamiat y los partidos aliados, arrinconados en la provincia nororiental de Badakhshán, obtenían vitales suministros a través de la frontera de Tayikistán, su única salida al exterior. 20 años después, en un escenario diferente por la conquista por los talibanes de virtualmente todo Afganistán, las autoridades tayikas se muestran mucho más reacias a alentar la resistencia de los herederos de Massoud en el valle de Panjshir, por más que simpatice con su causa. Tayikistán, al igual que Rusia y Kirguistán, tipifica a los talibanes como una organización terrorista. A finales de agosto, un grupo de tayikos envió una carta al presidente Emomali Rajmon pidiendo que se les permitiera unirse a los milicianos de Panjshir. Los funcionarios tayikos advirtieron a estos voluntarios, unos 1.800 hombres, que cruzar la frontera estaba prohibido. Rajmon ha dicho que Tayikistán no reconocerá a un Gobierno talibán a menos que incluya a representantes de todos los grupos étnicos afganos, con mención específica de los tayikos. De momento, Dushanbé, al igual que Tashkent, no permite la entrada de refugiados y mantiene su participación en ejercicios militares conjuntos con Rusia y Uzbekistán.