Fabián Alarcón Rivera

 © Comisión Europea, 1997/Breydel

© Comisión Europea, 1997/Breydel

Actualización: 23 febrero 2016

Ecuador

Presidente interino de la República (1997, 1997-1998)

  • Fabián Ernesto Alarcón Rivera
  • Mandato: 11 febrero 1997 - 10 agosto 1998
  • Nacimiento: Quito, provincia de Pichincha, 14 abril 1947
  • Partido político: Frente Radical Alfarista (FRA)
  • Profesión: Abogado
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Biografía

Fabián Alarcón es hijo de Ruperto Alarcón Falconí, político y servidor público que disputó las elecciones presidenciales de 1952 como uno de los dirigentes del Partido Conservador Ecuatoriano (PCE) a José María Velasco Ibarra, y que luego sirvió de contralor general del Estado y embajador del Ecuador en España y México. Su madre adoptiva es la española Consuelo Albizú, segunda esposa del padre luego de enviudar cuando el muchacho tenía seis años. El muchacho recibió la educación primaria en el Colegio Nuestra Señora del Pilar de Madrid, un selecto centro privado de la capital española regido por los marianistas, y la secundaria en el Instituto Patria de México y el Liceo Cervantes de Bogotá, ciudades donde su padre cumplía destino diplomático. De regreso a Quito, terminó el bachillerato en el colegio jesuita San Gabriel y luego cursó la carrera de Ciencias Políticas y Sociales en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE). Obtenida la licenciatura, se doctoró en Jurisprudencia y obtuvo el título de abogado del Estado.

Su vocación política fue temprana. En 1970, aún estudiando en la PUCE, salió elegido concejal en el ayuntamiento de Quito en la lista del Partido Patriótico Popular (PPP), pequeña formación de derecha fundada por su padre que tuvo una corta vida. En el consistorio quiteño Alarcón presidió las comisiones municipales de Higiene y Obras Barriales en los años en que fue alcalde el conservador Sixto Durán-Ballén. Posteriormente, pasó a la administración provincial de Pichincha, donde desempeñó las funciones de vocal, consejero y, desde 1984, prefecto, máximo cargo ejecutivo de la provincia que contiene la capital del país, hasta 1988. El cuatrienio coincidió con la estadía de León Febres Cordero en la Presidencia de la República. En todo este tiempo, Alarcón se mantuvo activo en las actividades gremiales de su profesión jurídica, presidiendo la Asociación Escuela de Derecho de la PUCE y perteneciendo a los consejos rectores de la Federación Interamericana de Abogados y del Club de Abogados de Quito.

En cuanto a la filiación política, después de desaparecer el PPP militó primero en el Partido Demócrata (PD), una escisión del Partido Liberal Radical Ecuatoriano (PLRE), y luego se apuntó al Frente Radical Alfarista (FRA), otra división del PLRE conducida en 1972 por Abdón Calderón Muñoz, exponente de un centro liberal y populista. En las elecciones del 17 de junio de 1990 para renovar la mitad de los diputados del Congreso Nacional Alarcón ganó el escaño, uno de los dos que entonces mantenía el FRA. Hasta el final de la legislatura bienal, coincidente con el segundo tramo del mandato presidencial del socialdemócrata Rodrigo Borja Cevallos, Alarcón encabezó la Comisión de Asuntos Internacionales del Congreso y, a partir de 1991, presidió la propia cámara legislativa como parte de un acuerdo de cooperación entre su partido y el del Gobierno, Izquierda Democrática (ID), aunque de inmediato se lanzó a una labor de zapa del Ejecutivo, promoviendo procedimientos de censura contra ministros sobre la base de presuntos actos ilícitos.

Considerado un responsable político sin ideología nítida, oscilando entre el populismo y un centrismo desdibujado que él gustaba definir como escorado a la izquierda, Alarcón ganó empero un crédito como negociador hábil y creador de consensos en el fluido panorama político ecuatoriano, rico en partidos y líderes de personalidad fuerte basados sobre la dicotomía tradicional de la Sierra y la Costa; en este sentido, Alarcón pertenecía a las élites políticas serranas, como Durán-Ballén, Borja o el demócrata popular Jamil Mahuad Witt. Entre 1992 y 1995, ocupando la jefatura del Estado Durán-Ballén, estuvo al frente del Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE) y en las elecciones legislativas del 1 de mayo de 1994 recobró el escaño de diputado, pasando a presidir las comisiones de Fiscalización y de Asuntos Judiciales del Congreso.

El retorno al poder legislativo lo hizo Alarcón como director nacional, esto es, líder principal, del FRA. En 1995 se sumó al bloque de oposición que capitaneaban el Partido Social Cristiano (PSC) de Jaime Nebot Saadi y el Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) de Abdalá Bucaram Ortiz contra la coalición gobernante formada por el Partido de Unidad Republicana (PUR) de Durán-Ballén y el PCE de Alberto Dahik Garzoni, cuya absoluta minoría parlamentaria permitió el regreso del líder alfarista a la presidencia del Congreso. En los comicios generales del 19 de mayo de 1996 renovó el escaño -el partido siguió invariable en sus dos diputados, mientras que su candidato presidencial, Ricardo Noboa Bejarano, sólo recibió el 3% de los votos- y el Congreso electo le reeligió también a su frente. Ese año fungió en añadidura como vicepresidente del Parlamento Andino.

El Gobierno del presidente elegido en mayo de 1996, Abdalá Bucaram, empresario y político de la Costa tan excéntrico como imprevisible, se caracterizó por unas elevadas dosis de ineficiencia, corrupción, arbitrariedad e incumplimiento de las promesas electorales (aplicación de drásticas medidas de corte liberal contra los males de la economía frente al populismo social de la campaña), concitando en muy poco tiempo el repudio de la mayoría de la sociedad. El Congreso Nacional se hizo eco de la gigantesca contestación popular y el 6 de febrero de 1997 aprobó en sesión extraordinaria destituir a Bucaram por "incapacidad mental" e investir, con mayoría simple de votos, a Alarcón como presidente constitucional interino. El caso era que el político quiteño había sido un aliado de Bucaram y su clan desde hacía años; le apoyó en la segunda vuelta de las presidenciales frente a Jaime Nebot y luego sostuvo una alianza parlamentaria con el PRE (la cual le permitió ser reelegido al frente del Congreso pese a la mudanza en el Ejecutivo). La colaboración del FRA con el Gobierno de Bucaram se mantuvo prácticamente hasta ahora, significándose Alarcón como uno de los promotores de la remoción del presidente, quien en vísperas de la decisión del Congreso le acusó de estar pergeñando un "golpe de Estado civil".

Durante unos días se vivió una crisis institucional muy confusa, ya que Bucaram consideró nula y sin efecto la asunción de Alarcón. No obstante, la abstinencia del Ejército a salir en su apoyo dejó al líder roldosista solo ante una coalición de fuerzas hostiles muy superior. Abundando en el enredo, la vicepresidenta de la República, Rosalía Arteaga Serrano, se proclamó a su vez presidenta el día 7. El 9 Alarcón transigió en que Arteaga recibiera del Congreso la capacidad de presidenta en funciones. Finalmente, el consenso entre los partidos prevaleció y el 11 de febrero Alarcón fue restituido como presidente interino con mandato hasta el 10 de agosto de 1998, cuando habría de entregar el poder al presidente salido de unas elecciones anticipadas. Ese mismo día Bucaram huyó a Panamá, llegando la peripecia a su término.

Alarcón, con el apoyo de la clase política tradicional (trascendieron los manejos en su favor del aún muy influyente ex presidente Febres Cordero), los operadores económicos y el Ejército, formó un gobierno de coalición de signo centroizquierdista con el FRA, ID, Democracia Popular (DP) y algunos independientes, y se fijó los objetivos de pilotar el país por el sendero de la estabilidad democrática hasta la transferencia del poder y moralizar las instituciones y la función pública, gravemente desacreditadas durante la efímera presidencia de Bucaram, para lo que anunció la apertura de una Comisión Anticorrupción. Instituido por Alarcón mediante decreto ejecutivo el 4 de marzo de 1997 con el nombre oficial de Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC), este organismo integrado por representantes de diferentes sectores sociales investigó multitud de casos de corrupción política en sus diversas formas y puso en evidencia al propio Alarcón, por haber coincidido su presidencia del Congreso desde 1995 con la contratación irregular por la cámara de varios cientos de personas, 2.089 exactamente, para realizar sinecuras o ningún tipo de labor pero embolsándose sustanciosos salarios. Esta añagaza fraudulenta, conocida en Ecuador como el piponazgo, creó al Estado, según la CCCC, perjuicios económicos por valor de 32.000 millones de sucres.

En el año largo que estuvo en el poder, Alarcón realizó una actuación discreta, rehuyendo tomar decisiones vigorosas para confrontar los numerosos problemas que acosaban al país, postura que, de alguna manera, tomaba en consideración el hecho de que su presidencia con fecha de caducidad carecía de mandato popular y obedecía exclusivamente a un acuerdo de los jefes de fila partidista que resolvieron expulsar a Bucaram. Aunque también quedó claro que su perfil político respondía mejor al del administrador local hecho para atender demandas vecinales y redes de clientelismo político que al del formulador de políticas de Estado. Esta inercia se observó sobre todo en el manejo de la economía, donde todas las luces de alarma estaban encendidas: el descenso de los ingresos del petróleo, la escasez de inversiones privadas y los desastres naturales relacionados con el fenómeno meteorológico de El Niño, propiciaron la caída de la producción, al tiempo que crecían los precios de los productos básicos.

El Gobierno de Alarcón no tomó ninguna medida firme contra la inflación o los déficits de las cuentas públicas, y también fracasó en la privatización y reestructuración de algunas grandes empresas del Estado, luego de seleccionar las más idóneas, descartando el programa exhaustivo de privatizaciones trazado por la administración Bucaram. Así, el concurso de licitación de la Empresa Estatal de Telecomunicaciones (Emetel) no prosperó por el desinterés de los operadores internacionales anunciados, teniendo el Gobierno que optar por dividirla, en diciembre de 1997, en dos sociedades anónimas, Andinatel, con sede en Quito, y Pacifictel, con sede en Guayaquil; de estas empresas gemelas se esperaba que mejoraran el servicio telefónico de los usuarios y además resultaran atractivas a compradores foráneos en un futuro cercano. Por otro lado, la conversión del ineficiente y deficitario Instituto Ecuatoriano de Electrificación (Inecel) en una red de operadores autónomos similar a la anterior topó con la resistencia de los trabajadores.

En el ámbito de la política internacional, el presidente ecuatoriano fue el anfitrión del X Consejo Presidencial Andino, en Guayaquil el 4 y el 5 de abril de 1998, que dio luz verde a la libre circulación de servicios para 2005, ampliando el área licrecambista ya existente para bienes. Con el Perú se celebraron varias rondas negociadoras en Brasil para zanjar la disputa fronteriza en la región altoamazónica de Cenepa, motivo de una escaramuza bélica en enero y febrero de 1995, pero el acuerdo de paz no se plasmó durante la presidencia de Alarcón.

Alarcón mostró en lo político mayor resolución que lo económico. A convocatoria suya, el 25 de mayo de 1997 se sometió a referéndum la legalidad de su Gobierno interino y la destitución de Bucaram, obteniendo el 68,3% de aprobaciones para la primera cuestión y el 75,7% para la segunda. Los electores convinieron también con la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que debía reformar la Carta Magna y propiciar una reforma del sistema político, de manera que la iniciativa del presidente, que suscitó reacciones encontradas antes del día de la votación, se saldó con un innegable éxito personal. La primera consecuencia del sí refrendario fue la destitución, el 9 de julio, de los 31 jueces de la CSJ por el Congreso. Posteriormente, el 30 de noviembre, se eligió popularmente a la ANC de 70 miembros (el FRA de Alarcón sólo colocó un asambleísta), que completó sus trabajos el 3 de junio de 1998, dejando lista a la Carta Política para ser promulgada simultáneamente al relevo presidencial de agosto.

Irónicamente, como se apuntó arriba, quien asumió la Presidencia con la promesa de combatir sin tregua la corrupción salió gravemente salpicado en las indagaciones de la CCCC por el constituida. Ya el 11 de agosto de 1997 la CSJ le abrió una investigación por un presunto delito de peculado que tocaba el meollo del escándalo del piponazgo y se basaba en una denuncia interpuesta por una antigua militante del FRA. La extinción por el Congreso de las funciones del presidente de la CSJ, Carlos Solórzano Constantine, a principios del mes de octubre, no canceló la causa abierta contra Alarcón, aunque en los meses siguientes una serie de pronunciamientos institucionales insistieron en que el mandatario no tenía responsabilidad alguna, penal, civil o siquiera administrativa, en estos y otros hechos denunciados, como el caso de malversación de fondos administrados por el Gobierno. En esos términos se pronunció la Contraloría General el 17 de diciembre y el propio Congreso Nacional el 7 de mayo de 1998.

El 10 de agosto de 1998 Alarcón transfirió sin novedad -aunque con su popularidad muy desmejorada- la Presidencia de la República al vencedor en las elecciones del 31 de mayo y el 12 de julio anteriores, Jamil Mahuad. El 16 de marzo de 1999, a escasas horas de una huelga general contra la política de ajuste económico del nuevo mandatario, Alarcón fue arrestado y encarcelado con carácter preventivo por orden del presidente de la CSJ, Héctor Romero Parducci, y en virtud de un nuevo sumario en el que se le imputaban suficientes indicios de delito por la contratación ilegal de 1.200 funcionarios del Congreso cuando presidía el hemiciclo. Al cabo de cuatro meses de prisión, un informe eximente de la Contraloría le permitió recobrar la libertad a cambio de una fianza de 100 millones de sucres (9.500 dólares), aunque el proceso para su enjuiciamiento no se canceló.

(Cobertura informativa hasta 1/11/2002)