Asia Meridional: ultranacionalismo, oportunidades perdidas y refuerzo del autoritarismo

Fecha de publicación:
06/2020
Autor:
Ana Ballesteros Peiro, investigadora sénior asociada, CIDOB
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En el año 2019, Asia Meridional se vio afectada por los mismos asuntos que afectaron a toda la esfera internacional: desde el ascenso de China y la retirada de EEUU, los estragos del cambio climático, la presencia de actores no estatales como Al-Qaeda o el autoproclamado Estado Islámico (ISIS), la desaceleración económica como obstáculo para la integración de jóvenes en unos países con alto crecimiento de población, el aumento del autoritarismo populista, al auge del descontento y las protestas. Y, en el plano regional, el año se caracterizó por la falta de   confianza, la voluntad de preservar la soberanía y una visión de suma cero en las relaciones vecinales, que impide la integración y cooperación entre los países del área.

Además, Asia Meridional ha experimentado la erupción de conflictos latentes y el empeoramiento de otros existentes, provocados fundamentalmente por la mala gobernanza, el auge del nacionalismo y la instrumentalización de las identidades. En Afganistán, el principal conflicto bélico de la región está en fase de negociación. Pero, lo que debería ser un momento ilusionante lo es, cada vez más, de preocupación por el futuro. A pesar de los avances, en ningún momento ha aminorado la violencia –más bien al contario– y ello hace que todo el proceso genere más incógnitas de las que pretende resolver. La impaciencia del presidente Donald Trump amenaza con descarrilar la que potencialmente es una oportunidad histórica, clave para el futuro de Afganistán y la región. El posicionamiento de las potencias regionales respecto a la futura pacificación de este Estado, pivote entre Oriente Medio, Asia Central y Meridional, merece gran atención.

Paralelamente, los modelos de liderazgo fuerte y autocrático están siendo legitimados por las urnas. Las elecciones en Bangladesh a finales del 2018, extendieron el gobierno de Sheikh Hasina, marcado por la autocracia y la restricción de libertades. El gobierno de Imran Khan en Pakistán es el que más ha coartado la libertad de expresión y perseguido a la oposición política. En India, Narendra Modi, respaldado por un rotundo triunfo electoral, ha cumplido promesas arriesgadas, especialmente por su carácter polarizador. Los hermanos Rajapaksa regresan al panorama político de Sri Lanka, también vía electoral, a través de discursos de odio y haciendo gala de un nepotismo apenas disimulado.

En toda la región, el nacionalismo se expresa cada vez más a través de las identidades mayoritarias. La persecución de minorías ha alcanzado niveles preocupantes, debido fundamentalmente a su institucionalización. India es el ejemplo paradigmático, con la revocación del artículo 370 de la constitución, que proveía cierta autonomía al gobierno de Cachemira, y los cambios en las leyes de ciudadanía. En Pakistán y Afganistán, siguen repitiéndose los atentados contra minorías religiosas (chiíes, sufíes, cristianos, ahmadíes). En Maldivas, la voluntad de hacer el país “más musulmán” ha llevado al ostracismo a otras   comunidades. En Sri Lanka, especialmente tras los atentados de abril contra cristianos, los musulmanes están siendo perseguidos por extremistas budistas. Del discurso de odio tampoco  se libran los tamiles, lo que hace peligrar la reconciliación tras la guerra civil que finalizó hace once años.

El descontento, como en el resto del mundo, se manifiesta cada vez más en clave de protestas ciudadanas, no solo por parte de los sectores de población que están siendo marginados o perseguidos, sino por quienes rechazan el avance de los populismos y la creación de leyes que redefinen el orden social. El elemento común en todos los países es el recurso a la represión de la disensión y la censura mediática. La incapacidad tanto del gobierno como de la oposición, de gestionar la frustración ciudadana y la falta de representatividad política, generan aún un mayor descontento. En India, el Partido del Congreso prácticamente desapareció y su líder, Rahul Gandhi, tuvo que dimitir. En Pakistán, Zardari y Sharif encadenan períodos en el hospital o en prisión. En Bangladesh, o están en la cárcel, o de juicio en juicio. En Afganistán, un  desastre electoral amenaza con otra crisis política grave.

En todos ellos, la instrumentalización de la protesta genera también rechazo entre quien no se manifiesta o quien se define como “ciudadano ejemplar” y califica la diferencia como una traición al Estado. En algunos casos, como en las protestas pashtunes de las áreas tribales de Pakistán, el liderazgo político de este grupo étnico ha padecido estas consideraciones adversas, desde el ostracismo o desde la animadversión, tanto fuera como dentro de las instituciones. Sin embargo, el discurso oficial les califica como traidores o marionetas de países vecinos. En India, la represión contra manifestantes provocó un efecto de amplificación del descontento en sectores que no compartían las razones iniciales de las protestas. En Afganistán, el vacío institucional tampoco ha frenado la voluntad ciudadana de expresarse, como último y único recurso, pidiendo el cese de la violencia.

Finalmente, los efectos devastadores del clima extremo no mejorarán, dada la falta de  prioridad que se le da en las agendas gubernamentales. Ciclones, sequías, temperaturas intensamente elevadas en verano, lluvias torrenciales e inundaciones, han vuelto a causar destrozos millonarios, centenares de miles de desplazados y víctimas mortales. La contaminación sigue siendo un problema específico de la región, con 22 de las 25 ciudades más contaminadas del mundo en la región, 14 de ellas en India.

Las negociaciones entre los talibanes y EEUU: las prisas no son buenas

Desde el inicio de las negociaciones entre los talibanes y el representante estadounidense, Zalmay Khalilzad, lo que parecía una quimera se materializó en propuestas concretas. Ambas partes admitieron que la única vía de salida al conflicto era la negociación, y se avinieron a   cuatro condiciones iniciales: la retirada de tropas (condición de los talibanes); el compromiso de impedir que Afganistán sea utilizado por grupos terroristas internacionales para cometer atentados en suelo de EEUU o de sus aliados; un alto el fuego; y el inicio de negociaciones intra-afganas (condiciones de EEUU). Los talibanes nombraron una delegación de cuatro miembros negociadores, liderada por Sher Mohammad Abbas Stanikzai desde febrero. La primera ronda se inició en la oficina política de los talibanes en Doha (Qatar) a finales de enero.

Esta es una guerra en tablas que no se puede ganar solo militarmente, sino haciendo concesiones. Pero las partes, reacias a mostrar debilidad, quisieron acudir a Doha tras mostrar músculo en el campo de batalla. Y esta es la razón de que en paralelo a las conversaciones tuviera lugar un aumento de la violencia. En el 2019, la ONU contabilizó por primera vez más bajas civiles provocadas por las fuerzas aliadas del gobierno afgano y de EEUU que por la insurgencia (talibanes e ISIS).

A lo largo de casi un año y siete rondas de negociaciones, las cuatro condiciones iniciales se redujeron a dos: una retirada parcial de tropas al inicio (5.000 efectivos en un plazo de cinco meses) y el resto (unos 8.500), en un plazo aún por acordar entre 18 y 24 meses. Eso sí, todo ello quedó supeditado a la implantación de un alto el fuego y al inicio de las negociaciones intra-afganas. 

A principios de septiembre, Donald Trump decidió cancelar la reunión prevista con los talibanes, nada menos que en la residencia presidencial de Camp David, para la firma final del acuerdo. Se trataba de un eslabón dentro de un proceso más largo de despliegue a partir de ese acuerdo, pero eso sí, era el primer paso. Según un tuit con el que anunciaba la cancelación, la razón esgrimida era la muerte de un soldado estadounidense en el último atentado perpetrado por los talibanes. De esta forma abrupta, se daba por finalizado todo el esfuerzo puesto en este año de contactos y colaboración entre potencias internacionales y regionales. Mientras duraron las negociaciones, ninguna de las partes cesó las hostilidades. Desde la primera ronda de contactos murieron al menos 18 soldados estadounidenses sin que esta fuera motivo para dilapidar el diálogo. Las razones bien podrían ser otras.

Dado que la retirada de las tropas de Afganistán era una de las promesas electorales de Trump en el 2016, y que el 2020 vuelve a ser año electoral en EEUU, este proceso se ha visto dañado por las prisas. Asimismo, la opacidad con la que se ha desarrollado también ha generado incertidumbre, sumada al hecho de que el gobierno afgano ha sido excluido desde el inicio. Obviamente, los talibanes quieren presentarse como un actor legítimo y dejar sentada la cuestión de su futura participación en el gobierno desde una posición ventajosa. No es tanto que se hayan negado a negociar con el gobierno de Kabul, sino que han condicionado este paso a la firma del acuerdo cancelado por Trump.

Cabe subrayar que el momento actual es único, dada la concurrencia de los intereses de EEUU y los actores locales, con China y Rusia (con alguna ronda de contactos intra-afganos organizada en Moscú) respaldando el proceso; Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Qatar implicados en el mismo; y Pakistán e Irán, como vecinos en discordia pero también interesados en una pacificación del país, aunque por razones diferentes. Y si volvemos la vista atrás, el precedente histórico nos advierte de que un proceso mal gestionado puede crear un nuevo   conflicto bélico, generando el entorno perfecto que beneficia a ISIS y Al-Qaeda, resultado que no interesa a ninguna de las partes.

El mayor obstáculo interno para el éxito del diálogo intra-afgano es la división política y la corrupción institucional. Las elecciones presidenciales del 28 de septiembre no dieron un  mandato claro ni legítimo a ninguno de los candidatos. De hecho, los resultados definitivos aún no han sido publicados. Los seguidores de los dos candidatos principales –el actual presidente Ashraf Ghani y el segundo en funciones, Abdulá Abdulá, tardaron poco en autoproclamarse ganadores y calificar el proceso como corrupto en caso de victoria rival. Aunque son varias las razones de la baja participación (20%), el gobierno afgano se sentará a la mesa con una baja legitimidad y poca ventaja frente a los talibanes. 

La hinduización de India en marcha: una agenda no tan oculta

Como potencia hegemónica regional, India ocupa buena parte del protagonismo. Ha habido cuatro momentos que han marcado la agenda: la elaboración de un nuevo registro de ciudadanos en el estado de Assam, las elecciones generales, la revocación del artículo 370  referente a Jammu y Cachemira y, finalmente, la aprobación de una enmienda a la ley de ciudadanía.

El nacionalismo hinduista no es ajeno a los mismos discursos populistas que se pueden escuchar en otros países del mundo; desde que los emigrantes quitan puestos de trabajo a la población local, a que las minorías y otras identidades nacionales son un peligro interno al que hay que controlar para no perder la identidad nacional “genuina”. En el caso de India, dicha identidad, para el Bharatiya Janata Party (Partido Popular Indio, BJP) y sus aliados, está basada en valores hindúes. Modi y otros líderes del BJP, durante la campaña electoral, hicieron gala de un discurso del odio cada vez menos velado.

Assam es un estado indio en el noreste que lleva décadas con graves problemas de enfrentamientos comunitarios. El Registro Nacional de Ciudadanos (RNC), que no se renueva desde el primero elaborado en 1951, lleva tiempo siendo fuente de polémica. La comunidad assamesa se siente marginada y sobrepasada en número frente a los “extranjeros”, principalmente bengalíes. Aunque una buena parte de éstos (hindúes y musulmanes) lleva  décadas viviendo en Assam, siguen siendo considerados foráneos por los assameses y las tribus locales. La introducción de unos cuatro millones de bengalíes en el registro electoral llevó a enfrentamientos que acabaron en la conocida masacre de Nellie (1983), en la que miles de musulmanes bengalíes (emigrados durante las décadas de 1940 y 1950) fueron ejecutados. Tras aquel pogromo, el primer ministro Rajiv Gandhi firmó un acuerdo según el cual solo  quienes hubieran emigrado a Assam entre 1951 y 1961, obtendrían la ciudadanía; aquellos que emigraron a partir de 1961, derechos parciales; y quienes emigraron desde 1971, serían deportados.

Una de las promesas electorales del BJP era deshacerse finalmente de los “extranjeros”. La elaboración del nuevo RNC tenía como objetivo la obligatoriedad de los ciudadanos de probar documentalmente que nacieron en Assam o que emigraron antes de 1971. El analfabetismo y la falta de registros de nacimiento (obligatorios solo desde 1969) suelen ser razones por las que muchos de estos ciudadanos no tienen papeles que acrediten su arraigo. Pero además, cualquier tipo de errata, ya sea en el registro o en los certificados de nacimiento, supone la exclusión de la lista definitiva. En el borrador inicial (junio), cuatro millones de personas quedaron excluidas, mientras que en el segundo (31 de agosto), se excluyó a cerca de dos millones. Algunas erratas han dejado fuera del listado a hermanos gemelos, con uno siendo admitido como ciudadano y el otro no. Lo que depara el futuro a los excluidos de las listas son seis campos de detención que se construyeron para albergarles hasta su deportación. Algo complicado, dado que ni Bangladesh ni Pakistán reconocen a estas personas como nacionales.

La aplicación de esta agenda se podría extender durante el próximo censo de población a nivel nacional, cuya elaboración está prevista de abril del 2020 a febrero del 2021. Amit Shah, el ministro de Interior de India, dio a entender que se pretende hacer lo mismo con el resto de  estados. En uno de sus discursos, prometió erradicar “esas termitas que devoran nuestro país desde dentro” y en su cuenta de twitter, Shah escribió que con excepción de los sijs, parsis  e hindúes, “eliminaremos a cada uno de los infiltrados”. En este contexto, la Ley de Enmienda de Ciudadanía (CAA, en su sigla en inglés) cobra mayor importancia. La CAA introduce la religión como elemento de ciudadanía: aquellas personas que procedan de Pakistán, Afganistán y Bangladesh y que estén en India en situación irregular, podrán solicitar la ciudadanía siempre y cuando sean cristianos, hindúes, budistas, sijs o parsis. La primera asunción de esta ley es que estas comunidades solo sufren persecución en los países vecinos de mayoría musulmana; la segunda, que las minorías musulmanas no sufren persecución y por lo tanto, no necesitan protección; y la tercera, que en países donde los musulmanes no son mayoría (Nepal o Sri Lanka), las minorías religiosas no sufren persecución. La ley introduce sesgos presentes en el nacionalismo hindú que evidencian una manía persecutoria contra el islam.

Paradójicamente, India está escalando puestos en diferentes rankings de países donde las minorías religiosas sufren mayor persecución. La CAA además, contradice los esfuerzos del gobierno de Assam de deshacerse de los bengalíes, ya que admitirá como ciudadanos a aquellos que sean hindúes (se estima que más de la mitad de los que quedaron fuera del RNC).

Consolidación del populismo y del gobierno autoritario

Este año ha habido elecciones presidenciales en Afganistán y Sri Lanka y generales en India. Lo que en condiciones normales hubieran sido fracasos electorales o gobiernos débiles, acabaron resultando en mayorías gracias a la fuerza del discurso polarizador y la capitalización de atentados terroristas.  Por una parte, en India, Modi había perdido tres elecciones estatales en diciembre del 2018, lo que hacía augurar quizá no una derrota, pero si una victoria por un margen menor. A ello se sumaba que sus precedentes promesas electorales, como la de crear trabajos y mejorar la economía, habían quedado desmentidas por la tasa de paro más elevada en 45 años y un estancamiento del crecimiento. Por su parte, los hermanos Rajapaksa en Sri Lanka tampoco gozaban de gran popularidad. A pesar de haber comandado, en tanto que presidente y secretario de Defensa, el final de la guerra civil (1983-2009), los abusos cometidos y los cargos de violaciones de derechos humanos que alcanzaron su cúspide al final de la guerra, durante la ofensiva a gran escala sobre el norte del país, aún pesaban sobre ellos. Como veremos a continuación, los líderes de ambos países supieron sacar rédito electoral de dos atentados terroristas que cambiaron su suerte, ya que les permitieron capitalizar el enfado popular con promesas de mano dura.

Desde que el BJP llegara al poder, Cachemira ha sido un eje central de la política. Es conocido que mientras Pakistán intenta internacionalizar el conflicto y actúa como un estado revisionista, India lo considera asunto interno. Y bajo ese prisma, se entendía que India no necesitaba revisar el orden establecido. Pero eso cambió en el 2019. El atentado en Pulwama del 14 de febrero contra un convoy de las fuerzas especiales de la policía supuso un punto de inflexión. A un mes del inicio de la campaña electoral y a dos de las elecciones generales (desarrolladas en siete fases a lo largo de seis semanas, con 900 millones de votantes), el atentado acabó por influir en los resultados. 

La impopularidad de los datos económicos fue desplazada por un renovado canto al nacionalismo y la belicosidad. Jaish-e Mohammad (JeM), con base en Pakistán, reclamó la autoría del atentado. Aunque el autor era un insurgente local, su asociación ponía a Pakistán en la diana. Tras el período de 13 días de luto del hinduismo, India tomó represalias. En el primer ataque en territorio pakistaní desde la guerra de 1971, varios cazas indios penetraron el espacio aéreo y bombardearon lo que creían era un campo de entrenamiento insurgente del JeM cerca de Balakot. Hay dudas sobre la eficacia del bombardeo. El gobierno de Pakistán aseguró que no hubo bajas y no se acabó con ningún campamento, además de derribar a uno de los cazas y capturar a su piloto. Pero eso no frenó la eficaz maquinaria propagandística de Modi, que lo convirtió en un triunfo. Las elecciones de abril otorgaron al BJP una mayoría absoluta.

Hay varias diferencias en comparación con escaladas bélicas anteriores. Trump se posicionó inequívocamente en favor de India, tras cortar la colaboración militar con Pakistán y acusar a su gobierno de solo dar “mentiras y decepciones”. En episodios similares anteriores, la administración estadounidense solía intervenir para aplacar los ánimos. Así sucedió en 1999 (Bill Clinton) tras la escalada bélica de Kargil; en el 2002 (Richard Armitage), tras el atentado en el parlamento indio; o en diciembre del 2008 (Condolezza Rice) tras el atentado de Mumbái. No hay en la actual administración de Washington quien pueda influir en Islamabad y Delhi. Nadie, eso sí, con la destreza necesaria para hacerlo. Trump se ha ofrecido en varias ocasiones para mediar, pero Modi lo ha rechazado. Asimismo, Pakistán, ilusoriamente, confía en que China le respalde en estas escaladas, algo que no ha sucedido en el pasado. Es más, tras varios vetos en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre la inclusión de Masood Azhar (líder de JeM) en la lista de sanciones (Resolución 1267), China finalmente retiró el veto en mayo, lo que supone una victoria para India. Los gestos teatrales de Pakistán son de sobra conocidos. La 18ª detención de Hafiz Saeed, líder del Lashkar-e Taiba, tuvo lugar días antes de la visita de Imran Khan a EEUU. La única ventaja de Pakistán en estos momentos, y la razón más probable de su no inclusión en la lista negra del Grupo de Acción Financiera Internacional, es su necesaria colaboración en la negociación con los talibanes en Afganistán. 

En este escenario, la revocación del artículo 370 de la constitución india es clave. La eliminación de la autonomía de Jammu y Cachemira acaba con su estatus especial. Lo que eran tres territorios (Jammu, de mayoría hindú, Cachemira, de mayoría musulmana, y Ladakh, de mayoría budista) se convierten en dos, Jammu y Cachemira como estado único, y Ladakh, que pasa a ser gobernado directamente desde Delhi. Otro factor clave en la anulación del artículo es la eliminación de la prohibición de comprar propiedades en estos territorios a quienes no sean del estado. De esta forma, los cachemires creen que se quiere anular la mayoría musulmana con población de otros estados. En cambio, es una medida acogida por inversores y por las familias pandit hindúes que fueron expulsadas durante el periodo más violento de insurgencia en la década de 1990. El retorno de estas familias ha estado en la agenda hindutva desde hace décadas. La manera sigilosa en la que se ejecutó la medida, junto con el total aislamiento (internet, teléfonos, otras comunicaciones y carreteras cortados, toques de queda) y la mayor militarización del territorio, augura malos presagios para la estabilización y mejora del respeto de los derechos humanos en Jammu y Cachemira.

En el caso de Sri Lanka, la polarización étnica subyacente es un recurso que algunos políticos utilizan para galvanizar el apoyo popular.  Los hermanos Rajapaksa están entre los defensores del nacionalismo budista, mientras que el anterior primer ministro Wickemesinghe y el expresidente Premadasa (que fue el candidato enfrentado a Gotabaya Rajapaksa), proponen una isla más inclusiva. La falta de comunicación entre el anterior presidente Sirisena y el primer ministro Wickemesinghe en los días previos al atentado terrorista del 21 de abril evidencia hasta qué punto la competitividad del liderazgo es tóxica. Durante la campaña electoral posterior, ambos negaron haber recibido información sobre el peligro inminente de un atentado, lo que era falso. Es más, Sirisena no dudó en culpar a las investigaciones sobre las violaciones de derechos humanos de los cuerpos de seguridad del estado (durante la guerra civil) como responsables de la debilidad de los mismos y por tanto, de su incapacidad de reacción antes del atentado. Tras una campaña de carácter nacionalista y antimusulmán, los hermanos Rajapaksa (Partido Nacionalista Cingalés-Budista) llegaron al poder una vez más. Con Gotabaya como presidente, pronto siguieron los nombramientos de su hermano Mahinda como primer ministro, además de ministro de Finanzas; de otro hermano, Chamal, como ministro de Agricultura, irrigación, comercio internacional y consumo; y finalmente, a Basil, como director de Estrategia.

Los atentados de abril en hoteles de lujo e iglesias durante la misa del domingo de resurrección, provocaron la muerte de 253 personas y centenares de heridos. La reivindicación se hizo por grupos locales leales al autoproclamado Estado Islámico (EI): el National Thowheeth Jamaa’th y Jamathei Milathu Ibrahim, bajo el liderazgo de Mohammad Zahran Hashim. 

Finalmente, hay que prestar mayor atención a las Maldivas, uno de los pocos países donde el EI reclutó a un mayor porcentaje de combatientes per cápita y con el que Sri Lanka mantiene estrechos lazos de comunicación. Hashim había predicado en el sur de India y contactado con EI en Bangladesh, estaba bajo el radar de la inteligencia desde el 2015 y había una orden de arresto contra él del 2017. Desde Afganistán hasta las islas más pequeñas, la presencia del terrorismo internacional en Asia Meridional requerirá una mayor colaboración entre estados vecinos, lo que es precisamente su principal talón de Aquiles.

AUTORA


  • Ana Ballesteros

    Ana BALLESTEROS PEIRÓ

    Investigadora sénior asociada

    @AnaBalPei

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