Más externalización del control migratorio

Más externalización del control migratorio

Fecha de publicación:
12/2016
Autor:
Blanca Garcés Mascareñas, investigadora sénior, CIDOB
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Pagamos pero que lo hagan otros. Así de prepotente ha sido la respuesta de la Unión Europea a la llamada “crisis de los refugiados”. Bajo el título de Agenda Europea de Migración, en mayo de 2015 la Comisión Europea propuso una serie de medidas para atajar lo que definía como “la miseria humana creada por quienes explotan a los migrantes”. Este documento establecía como prioritaria la cooperación con terceros países para abordar conjuntamente las causas de la emigración. A efectos prácticos, esta cooperación se ha limitado en gran medida a promover la readmisión de inmigrantes en situación irregular, el control de fronteras y la recepción de solicitantes de asilo y refugiados en terceros países. Los acuerdos de la Unión Europea con Turquía (marzo 2016) y más recientemente con Níger, Nigeria, Senegal, Mali y Etiopía (junio 2016) representan la concreción de este enfoque.

La esencia de estos acuerdos no es otra que la de condicionar la ayuda al desarrollo, los acuerdos comerciales o una política de liberalización de visados a la cooperación con la Unión Europea en materia de control migratorio. En pocas palabras, son una promesa de dinero a cambio de control. No es nada nuevo, de hecho. El Enfoque Global de la Migración y Movilidad, aprobado por la Comisión Europea en 2011, ya insistía en la necesidad de un diálogo regional y bilateral entre países de origen, tránsito y destino. Tampoco es nuevo si tenemos en cuenta que distintos Estados Miembros, entre ellos y de forma pionera España, llevan años firmando acuerdos bilaterales en esta misma dirección. La diferencia es que ahora se están llevando a cabo a nivel de la Unión Europea y que el intercambio se entiende no sólo como incentivo sino también como forma de penalizar aquellos que no colaboren.

¿Qué es lo que busca la Unión Europea con estos acuerdos? La primera gran cuestión es la readmisión de los “retornados” por parte de los países de origen y tránsito. Recordemos que el conjunto de los Estados Miembros rechazan alrededor de la mitad de las solicitudes de asilo recibidas. Teniendo en cuenta que en 2015 hubo más de un millón de solicitudes, esto significa la deportación de centenares de miles de personas en los próximos años. A pesar del énfasis político en el “retorno”, sabemos por experiencia que los acuerdos de readmisión difícilmente llegan a firmarse o implementarse: básicamente porque aceptar la deportación de tus ciudadanos o de los ciudadanos de países afines tiene un alto coste político para los gobiernos. Conclusión: el dinero, nuestro dinero, no todo lo puede.

Estos acuerdos significan también seguir con la externalización del control migratorio, es decir, que otros controlen por nosotros las fronteras. Esto se traduce en el despliegue de fuerzas policiales y militares, en deportaciones masivas lejos de la frontera y, cada vez más, en la implicación de los gobiernos de origen y tránsito en la llamada “lucha contra los traficantes”. La larga historia de acuerdos de España con países africanos pero sobre todo con Marruecos pone en evidencia que esto sí funciona. Funciona porque es más fácil evitar que lleguen que devolverlos una vez dentro. Y porqué más allá de la frontera todo vale: la impunidad con la que estos Estados pueden detener, deportar o incluso asesinar hace que sean mucho más eficaces. De ahí la creciente externalización del control migratorio. Pero deberíamos responsabilizarnos de todo aquello que se haga en nuestro nombre: ya sea porque pagamos o porque damos algo a cambio.  No hay duda que el que paga es tanto o más culpable.

Finalmente, estos acuerdos buscan también externalizar el deber de protección internacional. El acuerdo con Turquía es el más explícito: la Unión Europea se comprometió a pagar 3.000 millones de euros a cambio de que Turquía acogiera a los refugiados en camino. Esta forma de externalización, ya no del control migratorio sino del deber de protección internacional, es nueva en el contexto europeo. En la cumbre de Sevilla de 2002, Tony Blair hizo una propuesta similar que fue rechazada de inmediato. Hoy en día apenas hay discusión. Las “crisis”, este es el argumento, justifican la “excepción”. Australia, de hecho, lleva tiempo haciéndolo: desde 2001 subcontrata la detención de solicitantes de asilo en pequeñas “islas cárceles” (algunas declaradas fuera del territorio australiano a propósito) y ha firmado más de 20 acuerdos bilaterales con países como Malasia e Indonesia. Como la mayoría de países vecinos de la Unión Europea, tampoco ellos son signatarios de la Convención de Ginebra. Pero cuando la seguridad prevalece sobre los derechos, lo importante no es esto, lo importante es que lo hagan otros, aunque sea pagando.

D.L.: B-8439-2012