1. Líder de la oposición a caballo entre dos regímenes
2. Triunfo electoral del PSOE en 1982 y apuesta por el cambio: reformas sociales y reconversión industrial
3. Relanzamiento de las relaciones internacionales
4. Un declive bajo las sombras de la corrupción y las dificultades económicas
5. Tras la derrota electoral de 1996: actitudes evasivas y prolongación del ascendiente internacional
6. Aportaciones intelectuales y reconocimientos


1. Líder de la oposición a caballo entre dos regímenes
Estudió Derecho en la Universidad de Sevilla y en 1965, un año antes de licenciarse, asistió a un curso de Economía en la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. A su vuelta a España abrió un bufete especializado en litigios laborales, lo que le permitió conocer de primera mano los problemas de los trabajadores.

Al principio militante de las Juventudes Universitarias de Acción Católica y de las Juventudes Obreras Católicas, de inspiración democristiana, en 1962 se afilió a las Juventudes Socialistas y dos años después ingresó en el partido Socialista Obrero Español (PSOE), que estaba prohibido en España desde 1939 y cuyos dirigentes históricos operaban en el exilio. Su actividad se desarrolló, por tanto, en la clandestinidad, y en 1971 fue detenido por haber participado en manifestaciones contrarias al régimen dictatorial del general Francisco Franco. Durante un tiempo, González combinó la práctica legal con la docencia en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. En 1969, de regreso de uno de sus viajes solapados a Francia, contrajo matrimonio en Sevilla con Carmen Romero, hija de un coronel médico del Ejército, profesora de instituto y futura diputada socialista, con la que tendría tres hijos, Pablo, David y María.

González fue miembro entre 1965 y 1969 del comité provincial del PSOE en Sevilla, de 1969 a 1970 del Comité Nacional y a partir de 1970 de la Comisión Ejecutiva. Participó en el XXV Congreso del partido celebrado en Toulouse en agosto de 1972 como miembro de la Ejecutiva en el interior (existía una Ejecutiva en el exilio), y en octubre de 1974 en el XXVI Congreso celebrado en Suresnes fue elegido primer secretario del partido en sustitución de Rodolfo Llopis Ferrándiz. En aquella ocasión, el sector histórico del partido, integrado por los veteranos del exilio, fue arrinconado por los renovadores del interior que encabezaba el joven González, conocido por sus camaradas como Isidoro, quien se presentó con el apoyo de la mayoría de los militantes residentes en España y el patrocinio de las máximas figuras de la socialdemocracia europea, como el italiano Pietro Nenni, el sueco Olof Palme y el alemán Willy Brandt.

Tras la muerte de Franco en noviembre de 1975, González pasó a liderar una parte de la oposición democrática al frente de la Plataforma de Convergencia Democrática, que en marzo de 1976 se fusionó con la Junta Democrática de España que animaba el dirigente comunista Santiago Carrillo Solares. Legalizado en febrero de 1977, el PSOE concurrió a las primeras elecciones democráticas, constituyentes, del 15 de junio de 1977 y se colocó, con el 29,2% de los votos y 118 escaños, como la segunda fuerza política por delante del Partido Comunista (PCE), su rival por la izquierda, en un sorpasso que sería definitivo y que constituyó un trasvase masivo del denominado voto útil.

En estos años como líder de la oposición, González presentó un discurso antiatlantista, y su antagonismo parlamentario al Gobierno de la Unión de Centro Democrático (UCD) presidido por Adolfo Suárez González, que no gozaba de la mayoría absoluta, fue tan duro que contribuyó decisivamente a su caída. En el campo ideológico propio, González insistió en la necesidad de eliminar la doctrina marxista del PSOE y de convertirlo en un partido moderno e interclasista, homologable a la socialdemocracia europea, la cual, por su parte, le respaldó nombrándole vicepresidente de la Internacional Socialista (IS) el 7 de noviembre de 1978. Derrotada su ponencia en el XXVIII Congreso del partido el 17 de mayo de 1979, González presentó la dimisión, pero en septiembre del mismo año un congreso extraordinario le eligió secretario general con el 85,9% de los votos. La victoria de González fue total con la remoción del marxismo del programa político del partido.


2. Triunfo electoral del PSOE en 1982 y apuesta por el cambio: reformas sociales y reconversión industrial
Consolidado como la alternativa de poder en las legislativas del 1 de marzo de 1979, cuando alcanzó el 30,5% de los votos y los 121 diputados, el PSOE obtuvo una victoria arrolladora en la edición del 28 de octubre de 1982 con el 48,3% de los sufragios y 202 diputados. El vuelco del panorama político español -doblemente histórico, pues, además del descalabro de la UCD, nunca antes un partido de izquierda había recibido tantos votos en solitario- supuso para el PSOE el regreso al poder ejecutivo que había ocupado por última vez al final de la guerra civil.

González fue investido por el Congreso de Diputados el 2 de diciembre con 207 votos a favor, 116 en contra y 21 abstenciones, prestó juramento ante el rey Juan Carlos I en el Palacio de la Zarzuela ese mismo día, y su gabinete, en el que destacaban varios exponentes de la intelligentsia del partido con un sólido bagaje universitario, tomó posesión un día más tarde.

La llegada al Gobierno de los socialistas despertó en amplios sectores de la sociedad española esperanzas de cambios a todos los niveles (justamente, González resumía en ese término, El Cambio, el proyecto que encarnaba), en un país que en numerosos aspectos permanecía atrasado, pero también temores entre los votantes conservadores por las decisiones radicales que pudieran adoptar. No obstante, aparte algunas acciones de signo izquierdista en los primeros meses de su mandato, González no tardó en moderarse, tanto en el discurso como en la práctica.

En el campo social, el país experimentó grandes progresos, como la universalización de la educación pública gratuita hasta los 16 años y la multiplicación de oportunidades de acceso a la universidad (leyes orgánicas del Derecho a la Educación, LODE, de 1984, y de Ordenación del Sistema Educativo, LOGSE, de 1990) y la dotación de un amplio sistema de Seguridad Social, teniendo como referencia el modelo del Estado del bienestar característico de otras latitudes. Jalón de la modernización -aunque mejorable- para las asociaciones feministas, decisión aciaga para los grupos pro vida y la Iglesia Católica, constituyó, el 5 de julio de 1985, la despenalización parcial del aborto, que había sido aprobada por el Consejo de Ministros en febrero de 1983 y por el Congreso en octubre siguiente, en virtud de la Ley Orgánica de Reforma del Código Penal, la cual autorizaba la interrupción del embarazo en centros públicos o privados en los supuestos criminológico (caso de violación, dentro de las 12 primeras semanas de gestación), eugenésico (malformación del feto, dentro de las 22 primeras semanas) y terapéutico (riesgo grave para la salud física o psíquica de la madre, sin límite temporal).

En 1983 se acometieron con mano firme una traumática reconversión industrial y otras reformas estructurales que González consideraba ineludibles para la modernización del país. Aquel año (23 de febrero), el Gobierno expropió por decreto el holding empresarial Rumasa, uno de los mayores grupos privados del país y que se encontraba en situación de quiebra, como fórmula temporal para preservar los ahorros bancarios de los depositarios y los 60.000 puestos de trabajo. Medida intervencionista espectacular y polémica, la oposición del centro y la derecha la cubrió de críticas no tanto por la cuestión de su necesidad como por el procedimiento expeditivo empleado, aunque el PSOE ganó para su lado a los comunistas y a los nacionalistas vascos en la convalidación parlamentaria del decreto-ley de expropiación. En diciembre de 1986 el Tribunal Constitucional zanjó que la decisión gubernamental de 1983 sobre Rumasa se ajustaba a ley y el largo proceso jurídico sobre la expropiación tocó a su fin.

El 6 de julio de 1983 el Consejo de Ministros aprobó asimismo la reestructuración de la siderurgia integral, que tuvo un durísimo impacto en las economías locales del País Vasco, Asturias, Cantabria y Valencia. La cascada de despidos laborales que se produjo convirtió en un fiasco la promesa hecha por el líder socialista de crear 800.000 puestos de trabajo en la primera legislatura. En 1984 el Gobierno lanzó la reconversión de los grandes astilleros, que tenían unos balances de cuentas muy deficitarios, y el resultado fue otra oleada huelguística sectorial en el País Vasco, Asturias, Galicia y Andalucía. La aparente contradicción anidaba en los planes del Gobierno, que sostenía que para crear o mantener empleos antes había que sacrificar otros.

El control de la inflación, que alcanzaba el 14,6% a finales de 1982, constituyó un objetivo confeso desde el primer momento que quedó a las claras tras el pronto abandono de las políticas estatalistas. Siguiendo la pauta de los socialistas franceses, González fue decantándose por un pragmatismo promercado que intentaba aunar la liberalización de la economía y una política social activa, lo que le granjeó la confianza del gran capital y la patronal. Esta última, que venía pregonando que sin podas en el déficit público y en los tipos de interés, y sin la flexibilización del mercado de trabajo, no vendrían inversiones ni se crearía empleo, accedió a firmar el Acuerdo Económico y Social con el Gobierno y los sindicatos cuando apreció que el primero estaba asumiendo lo esencial de sus tesis.

Si bien la macroeconomía funcionaba, pasando el quinquenio 1985-1989 por una fase de crecimiento expansivo con inflación moderada y entrada masiva de capitales extranjeros atraídos por los elevados tipos de interés, con el consiguiente impacto en la balanza de pagos, los sindicatos entendieron que aquello se hacía a costa del bolsillo o el puesto del trabajador, además de poner en cuestión observadores terceros el carácter verdaderamente productivo de ese crecimiento.

En la segunda mitad de la década de los ochenta, diversos colectivos que se sentían atacados por las reformas del Gobierno protagonizaron una fuerte conflictividad social. El descontento laboral desembocó en las huelgas generales, convocadas por las principales centrales sindicales (incluida la UGT) del 20 de junio de 1985, contra la reforma legal de la Seguridad Social, y la más masiva del 14 de diciembre de 1988, contra el Plan de Empleo Juvenil y las revisiones a la baja de los salarios de los funcionarios, que paralizó el país por primera vez desde 1934. Para las organizaciones sindicales y la oposición a la izquierda del PSOE, la política del Gobierno de González era cada vez más favorable a los empresarios, lo que hacía muy difícil aceptar sus propuestas de concertación social.

En 1985 el Gobierno socialista inició también el proceso de reestructuración de las compañías de titularidad pública, que entonces se aproximaban a las 200, sin contar los varios centenares de firmas que dependían del Estado de manera indirecta al tratarse de filiales o subfiliales de las anteriores. Este vasto patrimonio estatal se abrió parcial o totalmente a la capitalización privada, mediante venta directa (automóviles SEAT, altos hornos Sidenor, Enagás), mediante venta de acciones en bolsa, o bien a través de concurso público de ofertas, y algunas firmas que no eran rentables o no encontraban comprador fueron liquidadas.

Sobre todo, el parque de empresas del Estado experimentó un proceso de racionalización directiva, con asunción de la mentalidad empresarial de mercado y énfasis en la eficiencia de los holdings públicos que tenían encomendada la gestión de las compañías. La gran privatización del sistema sería efectuada por futuros gobiernos; con González, ese proceso arrancó, pero más importancia adquirió la reorganización de sectores productivos enteros y las fusiones que afectaron a muchas corporaciones, antes o durante su privatización parcial, en aras de la modernización y la competitividad.

Las realizaciones más visibles de este proceso de concentración de empresas de un mismo ramo y de holdings gestores correspondieron al último lustro de la presidencia de González. En mayo de 1991 nació la Corporación Bancaria de España (CBE) como sociedad estatal y entidad de crédito que reunía a seis bancos públicos: el Banco Exterior de España, la Caja Postal de Ahorros, el Banco de Crédito Industrial, el Banco de Crédito Agrícola, el Banco de Crédito Local y el Banco Hipotecario de España. El macrogrupo bancario, que mantenía su naturaleza pública, era una operación necesaria ante las recientes fusiones en la banca privada, y de hecho se convertía en la principal entidad financiera del país, por delante del potente Banco Bilbao Vizcaya (BBV).

En julio de 1992 nació el holding público multisectorial Téneo, vasta sociedad anónima que acogió a todas las empresas rentables, 47, del Instituto Nacional de Industria (INI, creado por Franco en 1941) y desvinculadas de los presupuestos generales del Estado. Más tarde, en junio de 1995, INI-Téneo y el Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH, surgido en 1981), a cuyo cargo estaba la petrolera Repsol -principal compañía industrial del país por volumen de negocio-, fueron disueltos y en su lugar se establecieron dos nuevos entes, la Agencia Industrial del Estado (AIE) y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

De acuerdo con el nuevo esquema, las empresas deficitarias que sí dependían de los presupuestos generales quedaban bajo responsabilidad de la AIE, mientras que Repsol y el grupo Téneo se subordinaban a la SEPI, también conocida en adelante y por unos años como SEPI-Téneo. Por otro lado, el Grupo Patrimonio dio lugar a una doble Sociedad Estatal de Participaciones Accionariales (SEPA I y SEPA II). En todos estos años, los holdings de turno fueron vendiendo paquetes de acciones de, entre otras, la eléctrica Endesa, la electrónica Indra, la papelera ENCE y el monopolio Telefónica, amén de la CBE (futura Argentaria) y Repsol.

En otro terreno, el de la España de las Autonomías, asentada en la Constitución de 1978 y que terminó de articularse en los primeros años del Gobierno socialista con la elaboración y entrada en vigor de los estatutos de las comunidades de Extremadura, Castilla y León, Madrid y Baleares (febrero y marzo de 1983), y de las ciudades de Ceuta y Melilla (marzo de 1995), González encajó el que entonces se consideró su primer revés serio. Fue en agosto de 1983 con motivo de la sentencia del Tribunal Constitucional en torno a la controvertida Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA), defendida a capa y espada por el PSOE y la UCD, y considerada por el PCE y los nacionalistas catalanes y vascos un instrumento del Gobierno del Estado para cortocircuitar las competencias y las normativas aprobadas por las asambleas autonómicas. El Tribunal estimó que 14 de los 38 artículos de la LOAPA no se ajustaban a la Constitución de manera parcial o total.


3. Relanzamiento de las relaciones internacionales
En el plano exterior, los gobiernos de González confirieron el impulso definitivo a la apertura iniciada por los primeros gobiernos democráticos. La diplomacia española en este período adoptó un estilo no especialmente distintivo y, antes bien, buscó la normalidad y rechazó el unilateralismo.

Se establecieron relaciones diplomáticas con Israel el 17 de enero de 1986 (vísperas de la cumbre en La Haya de González y el primer ministro Shimon Peres), pero este acercamiento, con todo el simbolismo histórico que entrañaba, no mermó la tradicional simpatía por la causa árabe: como contrapartida, el 14 de agosto del mismo año la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) vio reconocido el estatus diplomático para la oficina que tenía abierta en Madrid desde 1977. Esta singular dualidad fue reconocida con la celebración en Madrid, del 30 de octubre al 1 de noviembre de 1991, de la histórica Conferencia que puso en marcha el proceso de paz en Oriente Próximo.

También se fortalecieron los vínculos con Marruecos, firmando González en Rabat un Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación el 4 de julio de 1991 en presencia del rey Hasan II y arrancando dos años después el formato de las reuniones de alto nivel (RAN) o cumbres entre los respectivos jefes de Gobierno, así como América Latina, destacando aquí una implicación española muy importante en el proceso de paz para Centroamérica desde la aparición del Grupo de Contadora y el inicio de las cumbres iberoamericanas anuales, cuya segunda edición se celebró en Madrid el 23 de julio de 1992.

Por lo que respecta a Estados Unidos, la voluntad de entendimiento quedó expuesta el 20 de abril de 1983, dos meses antes del primer viaje oficial de González a Washington, con la ratificación del Convenio bilateral de Amistad y Cooperación, firmado por primera vez en 1953. En los años siguientes se renegociaron, con dificultades por el debate público sobre la pertenencia a la OTAN (desde el 30 de mayo de 1982), los tratados militares vigentes, que concluyeron con una disminución importante de la presencia militar estadounidense en territorio español, donde contaba con tres facilidades aéreas (Zaragoza, Torrejón de Ardoz y Morón de la Frontera) y una aeronaval (Rota). El 1 de diciembre de 1988 España y Estados Unidos firmaron un Convenio de Cooperación para la Defensa.

Durante la crisis de Kuwait (1990-1991) González ejerció como un aliado sólido de la superpotencia, enviando buques de guerra al dispositivo naval que vigilaba el embargo internacional a Irak y cediendo las instalaciones de Morón de la Frontera y Torrejón de Ardoz a los bombarderos estratégicos camino del país árabe, aunque no por ello dejó de objetar aspectos de la táctica de la ofensiva aérea contra el poderío de Saddam Hussein, en particular la asunción de daños colaterales.

Al cabo de varios meses de ambigüedad y vacilaciones, González recicló un acendrado discurso del partido y pasó a defender vigorosamente la permanencia en la OTAN en las condiciones del ingreso en mayo de 1982 (participación normal en las instancias civiles y castrenses de la Alianza, pero fuera de la estructura militar integrada, reservándose el Gobierno español el control operativo de sus tropas en caso de movilización), que la consideraba inseparable de su proyecto de inserción del país en las estructuras europeas.

La cuestión, debatida cuando la Guerra Fría todavía determinaba las relaciones internacionales y las polémicas acaloradas sobre los euromisiles y el pacifismo neutralista recorrían Europa Occidental, obtuvo el 52,5% de los votos favorables (aunque con una abstención del 40,2% del censo) en el referéndum del 12 de marzo de 1986, el cual polarizó a la opinión pública y corrió el riesgo de convertirse en un plebiscito sobre el Gobierno. De hecho, años después González consideraría esta consulta como "el mayor error" de su etapa presidencial.

En relación con lo anterior, una labor de gran importancia aunque opaca para el público, fue la reforma del Ejército, conducida sin estridencias y con habilidad por el ministro de Defensa, Narcís Serra i Serra, miembro de la Comisión Ejecutiva Federal y uno de los dirigentes del socialismo catalán. Iniciada ya en la etapa ucedista y facilitada ahora por la moderación ideológica del PSOE y de González, la promoción del apoliticismo y la profesionalización de los mandos acabaron definitivamente con el espectro golpista y, en un sentido general, con la tradición de inmiscuirse en los asuntos extramilitares, que había durado casi dos siglos.

Pero la piedra angular de la política exterior de González fue la adhesión de España a las Comunidades Europeas, firmada el 12 de junio de 1985 y efectiva el 1 de enero de 1986. Todos los gobernantes del país habían perseguido con ahínco desde 1977 un ingreso en el que veían el remedio a la marginación secular de España en el concierto económico y político de las potencias vecinas. Desde la primera presidencia semestral del Consejo, de enero a junio de 1989, hasta la segunda, de junio a diciembre de 1995, el peso específico de España y la influencia de González en la Unión Europea (UE) fueron parejos a su adscripción a las tesis más europeístas.

En la etapa de González España participó por primera vez en operaciones militares en el exterior con carácter humanitario o de pacificación (África austral, Centroamérica, Kurdistán, Bosnia-Herzegovina), con crecientes asunción de responsabilidades y número de tropas implicadas. 1989 fue el año en que España comenzó a tomar parte en operaciones de la ONU, a las que siguieron otras misiones en los ámbitos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la Unión Europea Occidental (UEO) y la OTAN. El 1 de julio de 1994 España se integró en el Cuerpo de Ejército Europeo o Eurocuerpo, que animaban Francia, Alemania y Bélgica. Además de con los países limítrofes, Francia, Portugal y Marruecos, los gobiernos socialistas institucionalizaron con cumbres regulares las relaciones con Italia y Alemania.

Helmut Kohl agradeció el gesto de González de apostar por la unificación después del derrumbe del Muro de Berlín (en Madrid se recordaba la actitud en igual medida del canciller, contrastada con las reluctancias francesas, con respecto a la aspiración comunitaria española) con un respaldo decisivo a la hora de negociar el reparto de las ayudas y subvenciones de la UE. Desde que se convirtió en socio comunitario, las relaciones con Francia, resentidas por los santuarios en suelo galo de los que ETA había gozado hasta entonces y la disputa por los mercados agrícolas, adquirieron una dimensión de cooperación a todos los niveles.

Las relaciones con el Reino Unido discurrieron por un vericueto igualmente positivo que hizo posible el 5 de febrero de 1985 el restablecimiento de las comunicaciones, bloqueadas por Franco en 1969, entre España y Gibraltar. A cambio, Londres se comprometió a discutir con Madrid el futuro de su última colonia en territorio europeo, si bien cuando González salió del Palacio de la Moncloa once años después no se había avanzado en nada que relativizara la soberanía británica sobre el peñón.

En diciembre de 1995, en el último tramo de su mandato y coronando la presidencia semestral española de la UE, brilló especialmente el protagonismo exterior de González. Madrid fue el escenario de la firma de la Nueva Agenda Transatlántica con Estados Unidos el día 3, del Consejo Europeo que aprobó el nombre de euro para la futura moneda común europea los días 15 y 16, y del Acuerdo Marco Interregional de Cooperación con el MERCOSUR el día 15. Poco antes, el 27 y el 28 de noviembre, Barcelona había acogido la I Conferencia Euromediterránea (CEM).

A título más personal, en tanto que presidente de turno del Consejo Europeo, González representó a la UE en la solemne firma en París el 14 de diciembre por los presidentes ex-yugoslavos involucrados del acuerdo de Paz para Bosnia-Herzegovina, compartiendo testimonio garante con Kohl, el francés Jacques Chirac, el estadounidense Bill Clinton, el británico John Major y el ruso Viktor Chernomyrdin.


4. Un declive bajo las sombras de la corrupción y las dificultades económicas
El PSOE obtuvo el 44,1% del voto y 184 diputados en las elecciones generales del 22 de junio de 1986, y el 39,6% y 175 en las del 29 de octubre de 1989. Pasados siete años desde su llegada al Ejecutivo, González y el PSOE registraban una merma electoral sensible, natural por el desgaste del ejercicio del poder.

Pero a partir de 1990, una sucesión de escándalos de corrupción protagonizados por conocidas figuras pertenecientes al partido o vinculadas a él desde la administración pública y la empresa privada, aceleró aquella tendencia. Tras los fastos del año emblemático de 1992, con los Juegos Olímpicos de Barcelona, la Exposición Universal de Sevilla y las celebraciones del V Centenario del Descubrimiento de América, que vocearon al mundo los grandes avances experimentados por España en la década socialista, vino una resaca que prenunciaba nuevos y profundos sinsabores.

Por una parte, el país se sumergió en una grave crisis económica por la fatal conjunción de una moneda débil (devaluación acumulada del 13% en el tipo de cambio central de la peseta en el Sistema Monetario Europeo (SME) por los ataques especulativos de septiembre de 1992 y mayo de 1993), un crecimiento estancado o negativo (en 1993 hubo una recesión del 1% del PIB) y el aumento desbocado del desempleo (con 3'5 millones de parados a finales de 1993, el país presentaba la tasa de desocupados sobre población activa más alta de Europa Occidental), si bien 1994 trajo una leve recuperación y el año terminó ya con un crecimiento de la economía del 2%.

Al mismo tiempo, afloraron las diferencias entre González y Alfonso Guerra González, vicesecretario general del PSOE y vicepresidente del Gobierno. Guerra, dirigente de verbo cáustico, estaba considerado la eminencia gris del poder y el cabeza del ala izquierda, bien asentada en el aparato del partido. Estrecho colaborador y compañero de viaje de González desde los años sesenta, Guerra dimitió como vicepresidente del Gobierno el 12 de enero de 1991 por el tráfico de influencias practicado por su hermano Juan en la delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Andalucía, aunque el público apuntó a irreconciliables diferencias con González, tanto ideológicas como de organización interna del partido.

Las acusaciones por los comunistas agrupados en la plataforma Izquierda Unida (IU) y los sindicatos mayoritarios de derechización y de liberalismo a ultranza, calaron en el PSOE, en cuyo seno se articularon ostensiblemente dos sectores de complicado punto de encuentro: el guerrista, partidario de preponderar las esencias socialdemócratas, y el renovador, que decía favorecer la autocrítica y la apertura a la sociedad del partido y que tenía un enfoque más pragmático de los principios del libre mercado.

Ambas facciones libraron una liza en toda regla en el XXXII Congreso Federal, del 9 al 11 de noviembre de 1990, de la que salió ganador el aparato del partido controlado por los guerristas. Para éstos, sin embargo, el XXXII Congreso principió un punto de inflexión, ya que en lo sucesivo su poder fue mermando en las federaciones regionales y el propio González empezó a apoyarse ostensiblemente en los renovadores.

Entre los renovadores destacaban el liberal Carlos Solchaga Catalán, ministro de Economía y Hacienda desde 1985 (auténtica bestia negra de los guerristas, Solchaga no fue renovado por González en su séptimo Gobierno, el ulterior a las elecciones de 1993), Narcís Serra, sustituto de Guerra en la Vicepresidencia del Gobierno, y, no tan perfiladamente como los anteriores, Javier Solana Madariaga, ministro de Asuntos Exteriores y futuro secretario general de la OTAN. El XXXIII Congreso Federal, celebrado en Madrid del 18 al 20 de marzo de 1994 bajo el lema de El nuevo impulso del socialismo, se saldó con un pacto de conveniencia que aseguró a la acosada familia guerrista, desalojada ya del Gobierno, una cuota sustancial en la Comisión Ejecutiva y demás órganos federales. Pero las espadas siguieron en alto.

A partir de 1992 se sucedieron en cascada las revelaciones comprometedoras de un sector hostil de la prensa y las acciones políticas y judiciales, dando lugar a comparecencias parlamentarias, dimisiones, procesamientos, juicios, encarcelamientos y hasta fugas al extranjero. Hasta el final de la etapa socialista, sólo miembros en ejercicio del Gobierno tuvieron que dimitir seis, al cuestionarse en mayor o menor grado su gestión política o su probidad personal.

En enero de 1992 dimitió el ministro de Sanidad y Consumo, Julián García Valverde, involucrado en una presunta compraventa irregular de terrenos por la compañía nacional de ferrocarriles, RENFE. En noviembre de 1993 hizo lo propio el ministro del Interior, José Luis Corcuera Cuesta, después de que el Tribunal Constitucional anulara un problemático artículo de la Ley de Seguridad Ciudadana, aprobada por el Congreso en noviembre de 1991, que facultaba a las fuerzas de seguridad del Estado para entrar y registrar un domicilio privado sin la autorización judicial cuando persiguieran delitos de narcotráfico.

En abril de 1994, el sucesor de Corcuera, Antoni Asunción Hernández, presentó a su vez la renuncia a raíz de la fuga de la justicia del ex director de la Guardia Civil, Luis Roldán, acusado de diversos delitos de corrupción (el bochornoso episodio terminó con la captura del ex mando policial en Laos en febrero de 1995). En mayo siguiente le tocó su turno al ministro de Agricultura, Vicente Albero Silla, al descubrirse que tenía una cuenta opaca al fisco gestionada por el banco de inversiones Ibercorp, eje de un gran escándalo financiero que también colocó en desgracia al gobernador del Banco de España, Mariano Rubio. Y en junio de 1995, los forzados a dimitir fueron nada menos que el vicepresidente Serra y el ministro de Defensa Julián García Vargas, en asunción de sus responsabilidades políticas por el escándalo de las escuchas ilegales realizadas a personalidades del Estado por el Centro Superior de Información de la Defensa (CESID), la agencia de inteligencia española.

En realidad, los casos de corrupción sobrepasaron el ámbito del PSOE y salpicaron a otros partidos, incluido el principal de la oposición, el Popular (PP), organismos y administraciones del Estado, poniendo en tela de juicio el conjunto de las instituciones y el funcionamiento interno de los partidos políticos. A los presuntos o probados delitos de financiación ilegal del PSOE y de enriquecimiento personal, de los que González aseguro haberse "enterado por la prensa" pese a que tocaron de lleno al partido, como fue el caso de la trama en torno a las empresas de asesoramiento Filesa, Malesa y Times Export, denunciadas como unas meras tapaderas del cobro de fondos ilícitos presentados como facturas por servicios no prestados, se sumaron diversas revelaciones que apuntaban a altos cargos socialistas como responsables de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL).

En apariencia estrechamente relacionados con las fuerzas de seguridad del Estado, entre 1983 y 1987, años en que arreciaba la ofensiva terrorista de ETA, los GAL perpetraron diversos atentados mortales, suponiendo un terrorismo tan inicuo como el que pretendían combatir, contra particulares sospechosos de pertenecer a la citada banda, lo que dio lugar a actuaciones judiciales y detenciones de mercenarios extranjeros y de agentes de la Policía española.

Por lo que se refiere al desafío del terrorismo de ETA, que perpetró en la etapa socialista sus atentados más sangrientos, bajo González se desarrollaron las únicas conversaciones formales en la etapa democrática con la organización independentista vasca, en Argel. Después de unos efímeros contactos en febrero de 1988, un segundo intento, más esperanzador, arrancó el 8 de enero 1989 con una declaración de tregua unilateral de la banda, pero el 4 de abril siguiente ETA, aferrada a una postura maximalista, declaró rotas las conversaciones y poco después volvió a los asesinatos. El Gobierno socialista cerró filas con los partidos democráticos en el marco pactista antiterrorista que brindaban los acuerdos de Madrid (Pacto de Estado del 5 de noviembre de 1987) y Ajuria Enea (12 de enero de 1988).

La caída de la cúpula etarra en el sur de Francia en marzo de 1992, que expresó la nueva actitud sin ambages de las autoridades galas ante el fenómeno del terrorismo vasco, principió una serie de golpes policiales que debilitaron significativamente, aunque lo desmantelaron una organización tan proclive a la huida enloquecida hacia delante como capaz de regenerar sus estructuras una y otra vez.

Al PSOE se le escapó definitivamente la mayoría absoluta en las elecciones del 6 de junio de 1993 al recibir el 38,8% de los votos y 159 diputados. González se vio obligado a pactar con los partidos nacionalistas moderados que regían en Cataluña y el País Vasco para asegurar la gobernabilidad en Madrid, lo que a los ojos del electorado del Estado acentúo su debilidad. A la tercera huelga general del 20 de mayo de 1992 en protesta por el denominado "decretazo", que reducía la duración y la cuantía de las prestaciones por desempleo, siguió una cuarta el 27 de enero de 1994, esta vez contra el profundo cambio normativo en la ordenación del mercado de trabajo.

El clima político se enrareció extraordinariamente en el bienio 1994-1995 y del mismo sacó un gran capital el PP de José María Aznar López, el cual, desde que en 1990 sustituyera al veterano Manuel Fraga Iribarne al frente de la antigua Alianza Popular (AP), venía pilotando un proceso de aproximación al centro ideológico, el nicho vacante por las desintegraciones de los partidos de Suárez (la UCD en 1983 y luego el Centro Democrático y Social, CDS), de una formación que durante años había estado anclada en la derecha sin matizaciones.

En la cuarta legislatura, González, acosado desde múltiples frentes, encajó mal las imputaciones de conocer y tolerar las numerosas irregularidades financieras cometidas en su entorno y las consiguientes exigencias de dimisión. Desde el palacio de La Moncloa, adoptó una actitud de resistencia a ultranza teñida de nerviosismo, harto alejada de la pugnacidad y la brillantez dialéctica de antaño, se sustrajo de la contrarréplica o emergió al proscenio sólo para referirse a la persecución en toda regla que sufrirían los socialistas por un colectivo de periodistas, jueces y elementos políticos conservadores.

Después de que en diciembre de 1994 el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón (el mismo que años después procesó al ex dictador chileno Augusto Pinochet) reabriera el sumario de los GAL por las incriminaciones del ex comisario José Amedo Fouce (que ya cumplía sentencia por el anterior sumario de los GAL) a altos funcionarios del Ministerio del Interior en la época en que los GAL desarrollaron su actividad pretendidamente contraterrorista, González ordenó al ministerio de Justicia que se querellara contra cualquiera que relacionara al Ejecutivo con la extinta organización criminal.

El veterano líder socialista seguía contando con el apoyo irreductible de muchos militantes de toda la vida, pero para la gran mayoría de los votantes captados en la década anterior, que podían ubicarse en ese centro sociológico, había perdido su carisma y, peor aún, sobre su forma de dirigir el partido y el Gobierno recaían sospechas de deshonestidad. El PSOE fue finalmente derrotado por el PP en las elecciones generales del 3 de marzo de 1996, si bien sus resultados, el 37,4% de los sufragios y 141 escaños, en absoluto supusieron el hundimiento por muchos augurado (menos de 300.000 votos separaron a los populares de los socialistas), lo que permitió a González hablar de una "dulce derrota". El 5 de mayo Aznar, a quien González siempre había minusvalorado, le sucedió en la Presidencia del Gobierno.


5. Tras la derrota electoral de 1996: actitudes evasivas y prolongación del ascendiente internacional
En su regreso al papel de líder de la oposición, González, igualmente hábil en dorar con circunloquios un discurso huero como en desarmar al adversario de turno con sólidos argumentos, ofreció un relativamente bajo perfil que no lo fue tanto en todo lo relacionado con la vida internacional, un área donde se desenvolvía con total seguridad y gozaba de más unanimidad de criterio sobre su valoración como estadista.

En tal sentido, en 1994 había un elevado consenso entre sus colegas comunitarios sobre su idoneidad para sustituir a Jacques Delors al frente de la Comisión Europea, pero González descartó esta posibilidad, refutando a los que pensaban que no iba a desaprovechar una oportunidad para salir del Gobierno en un momento de extremo agobio interno para entrar por la puerta grande de Europa.

Igualmente, en 1995 tampoco se concretó la especie, alimentada por él mismo con sus insinuaciones, de que podría renunciar a la quinta aspiración presidencial en favor de Solana, el dirigente socialista más valorado, quizá porque el entonces titular de Exteriores fue escogido para suceder al belga Willy Claes en la Secretaría General de la OTAN, lo que habría frustrado la maniobra sucesoria.

A finales de 1998 se reprodujo la situación de 1994 cuando tocó la hora del relevo de Jacques Santer: a pesar de ser propuesto por Portugal y por el propio Delors, González declinó entrar en la lid de candidaturas insistiendo en que no albergaba ambiciones internacionales. Pero en Europa sí se le requería.

Antiguo integrante del grupo de "presidentes amigos" que medió en el proceso de paz de El Salvador entre 1989 y 1991, en diciembre de 1996 González encabezó en Belgrado el equipo de la OSCE que investigó las denunciadas irregularidades en las elecciones municipales serbias y asumió también labores de mediación entre el Gobierno de Slobodan Milosevic y la oposición. Asimismo, el Grupo de Contacto para la cuestión de Kosovo le designó en marzo de 1998 mediador en nombre de la OSCE y la UE, pero no llegó a ejercer la misión porque las autoridades de Belgrado le vetaron.

Después de varias advertencias de retirada nunca materializadas, González anunció por sorpresa su renuncia a la Secretaría General del PSOE en el arranque del XXXIV Congreso, el 20 de junio de 1997, arrastrando de paso a Guerra. Le sustituyó el entonces portavoz del grupo parlamentario socialista, Joaquín Almunia Amann, un exponente de los renovadores que fue proclamado ganador con el indisimulado aval del ex presidente del Gobierno. González no continuó en la Comisión Ejecutiva Federal salida del congreso, si bien mantuvo el acta de diputado por Madrid que poseía desde 1977.

El 29 de enero 1998 González rechazó definitivamente que pudiera ser el candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno en las elecciones generales de 2000 y postuló a Almunia para dicho cometido. No obstante, en las primarias del partido del 24 de abril de 1998 venció Josép Borrell Fontelles, ex ministro procedente del círculo de Solchaga, aunque orientado a la izquierda, y partidario de superar el felipismo. El político catalán nunca había tenido apoyos importantes en la cúpula del partido, pero gozaba del favor de las bases.

La prolongación de la crisis interna del partido por las dimisiones sucesivas de Borrell como candidato, el 14 de mayo de 1999 -a raíz de la investigación judicial por presunta corrupción contra dos colaboradores en su etapa de secretario de Estado de Hacienda-, y de su sustituto, Almunia, como secretario general, el 12 de marzo de 2000 -por el fracaso electoral en las legislativas-, confirmó que el súbito retiro de González en 1997 había precarizado el liderazgo socialista por la falta de un delfín o sucesor reconocido. Además, González no desistía de ejercer su influencia sobre las decisiones de la nueva Comisión Ejecutiva Federal, pese a no pertenecer a ella.

De cara al XXXV Congreso, en julio de 2000, González rechazó el puesto honorífico de presidente del partido que le ofreció el candidato a la Secretaría General (y a la postre, ganador) José Luis Rodríguez Zapatero, dirigente del partido en León. Antes de y durante el cónclave, considerado decisivo para la recuperación del impulso perdido del partido, González permaneció en un discreto segundo plano, sin apoyar explícitamente a ningún candidato a la Secretario General. En lo sucesivo, González permaneció ligado a la dirección del partido como -al menos orgánicamente- uno más de los 255 miembros del Comité Federal.

Por otro lado, la condena en julio de 1998 a 10 años de prisión contra el antiguo ministro del Interior, José Barrionuevo Peña, y su secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, por su implicación en el secuestro por los GAL en 1983 en Hendaya del ciudadano español Segundo Marey (al que por error le tomaron por un activista de ETA), revivió la cuestión de la responsabilidad en este tenebroso episodio de González, al que periodistas y políticos no dudaron en endilgarle la "X" o la cúspide en el organigrama de los GAL, y ello cuando en 1997 el Tribunal Supremo había concluido que no existían pruebas fundadas para incriminarle por esa causa.

González, que compareció como testigo en las vistas del proceso contra sus antiguos subordinados, se aprestó a solidarizarse con los condenados y asumió su asistencia legal en calidad de abogado, suscribiendo los dos recursos de apelación. El ex presidente en más de una ocasión aludió con tono enigmático a la razón de Estado como justificante de determinadas decisiones graves en situaciones críticas, y reiteró la existencia de un supuesto complot político, judicial y periodístico contra los socialistas, con él como supremo objetivo.


6. Aportaciones intelectuales y reconocimientos
González dejó a Almunia la vicepresidencia de la IS en 1999, pero antes la organización le designó responsable de la Comisión sobre Progreso Global, con la misión de redactar un nuevo ideario socialdemócrata en respuesta a la globalización. El texto, visto como una síntesis de la Tercera Vía del británico Tony Blair y el socialismo más clásico del francés Lionel Jospin, sirvió de base para la Declaración que cerró el XXI Congreso de la IS, en París el 8 y 9 de noviembre de 1999. Aparte, ha publicado los libros de conversaciones Un estilo ético, con Víctor Márquez Reviriego (1982) y El futuro no es lo que era, con Juan Luis Cebrián (2001), así como los ensayos El socialismo (1997) y Memorias del futuro (2003).

González es miembro de la Asociación Japonesa del Bonsai (arte que cultiva), el Comité Europeo de Orientación Nuestra Europa, el Consejo Internacional del Centro Shimon Peres por la Paz, el Consejo InterAcción, el Club de Madrid y, similar a los dos anteriores, el Círculo de Montevideo, un grupo de reflexión animado por el ex presidente uruguayo Julio María Sanguinetti y que reúne a varios mandatarios americanos y europeos, tanto retirados como en activo, de orientación progresista.

Está en posesión del prestigioso premio Carlomagno, concedido en 1993 en Aquisgrán por su contribución a la unidad europea, el premio Carlos V, concedido en 2000 por la Fundación Academia Europea de Yuste, España, el Collar de la Orden española de Isabel la Católica, la Gran Cruz de Oro al Mérito de la República de Austria y la Orden del Quetzal en Grado de Comendador de la República de Guatemala, entre otras distinciones. Es asimismo doctor honoris causa por las universidades de Toulouse y Lovaina. En el arranque de siglo su actividad discurre entre la presidencia de la Fundación Progreso Global, con sede en Madrid, la dirección de seminarios y conferencias, y las colaboraciones periodísticas.

(Cobertura informativa hasta 1/1/2004)