Jaime Lusinchi

Compartir:

Datos relevantes

Actualización: 6 de Junio de 2011
Jaime Lusinchi

Venezuela

Presidente de la República

Duración del mandato: 02 de Febrero de 1984 - 02 de Febrero de 1989

Nacimiento: Clarines, estado de Anzoátegui , 27 de Mayo de 1924

Partido político: AD

Profesión: Médico pediatra

Resumen

El quinquenio presidencial del socialdemócrata Jaime Lusinchi en Venezuela, entre 1984 y 1989, presentó dos mitades bien diferenciadas, prevaleciendo en la primera una preocupación por enderezar los balances financieros. Sin embargo, la incapacidad del sistema económico para librarse de la servidumbre de la deuda externa y de la dependencia del petróleo -instrumento de doble filo para el desarrollo nacional- empujó al mandatario en 1987 a regresar a las políticas de grandes gastos y a las directrices populistas. La depreciación de la moneda, el aumento de la inflación y la cotidianidad de la corrupción coadyuvaron, visto en retrospectiva, a agudizar la crisis del sistema político instaurado por el Pacto de Punto Fijo de 1958. Procesado por corrupción tras abandonar el poder, Lusinchi fue, sin embargo, un presidente popular que pudo transmitir el mando a un conmilitón del partido Acción Democrática (AD), Carlos Andrés Pérez.

Biografía

1. Un dirigente de Acción Democrática curtido en batallas políticas
2. Una presidencia con dos talantes financieros: de la cautela al descontrol
3. Procesamiento judicial por presunta corrupción


1. Un dirigente de Acción Democrática curtido en batallas políticas

Su madre, María Angélica Lusinchi, regentaba una pensión en Barcelona, capital del estado de Anzoátegui, y pertenecía a una familia de ascendencia ítalo-corsa; ella le dio su apellido al concebirle como hijo ilegítimo, de manera que el muchacho se crió sin la presencia de un padre. El futuro presidente cursó los estudios de primaria en su Clarines natal y en Puerto Píritu, y los de secundaria en el Colegio Federal de Barcelona, donde aprobó el bachillerato. En 1941 se matriculó en la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, en Mérida, pero al poco tiempo se trasladó a Caracas para continuar la carrera en la Universidad Central de Venezuela (UCV).

Desde los 15 años y a instancias del militante Antonio Leidenz, su profesor de Literatura en el Colegio Federal, Lusinchi estuvo vinculado al Partido Democrático Nacional (PDN), agrupación ilegal creada en 1937 por el abogado y periodista Rómulo Betancourt Bello para oponerse a la dictadura del general Eleazar López Contreras. El joven estuvo presente en la asamblea política que el 13 de septiembre de 1941, ya instalado en la Presidencia de la República el general Isaías Medina Angarita, constituyó el partido Acción Democrática (AD), de ideario socialdemócrata, a partir del PDN. Ese mismo año contrajo matrimonio con Gladys Castillo, con la que iba a tener cinco hijos.

En las aulas Lusinchi se destacó como activista político, siendo, además de secretario del Consejo Escolar de Medicina de la UCV, vicepresidente de la Asociación de la Juventud Venezolana (AJV) y vicepresidente de la Federación de Estudiantes de Venezuela (FEV), una organización radical permeable a las influencias marxistas y que jugó su papel en el movimiento revolucionario del 19 de octubre de 1935, el cual derrocó el régimen de Medina Angarita e instauró una Junta de Gobierno encabezada por Betancourt.

En 1947, una vez culminados sus estudios de Medicina en la especialidad de cirugía y obtenido el doctorado (su tesis versó sobre la hipertensión en los obreros acogidos al Seguro Social), Lusinchi pasó a ejercer de médico rural en los pueblos de Cantaura y San Joaquín, en Anzoátegui. Allí fue elegido en 1948 presidente del Consejo Municipal del distrito de Freites y presidente de la Asamblea Legislativa del estado, así como secretario regional de AD.

La caída del nuevo presidente de la República y miembro de AD, el literato Rómulo Gallegos Freire, en el golpe militar del 24 de noviembre de 1948 despojó a Lusinchi de sus mandatos representativos, aunque continuó desarrollando actividades políticas en la clandestinidad. En el terreno profesional, empezó a trabajar en el hospital que la compañía petrolera Meme Grande tenía en la localidad de San Tomé, pero luego se trasladó a Caracas para esquivar la persecución de las fuerzas de seguridad, que le arrestaron en varias ocasiones.

En la capital se empleó como médico de urgencias y tomó parte en los esfuerzos de AD, coordinados con la dirección en el exilio, para establecer en los núcleos urbanos células de resistencia a la dictadura y asegurar la implantación básica del partido, víctima de sucesivas olas represivas. Orgánicamente, Lusinchi adquirió responsabilidades en las secretarías nacionales de organización y propaganda, y formó parte del denominado Buró Político de AD. En 1950 fue uno de los organizadores de la huelga nacional de los trabajadores del petróleo. Tras el golpe de fuerza interno del 2 diciembre de 1952, que disolvió la Junta cívico-militar e inauguró la dictadura unipersonal del general Marcos Pérez Jiménez, Lusinchi fue capturado y encarcelado sin cargos en los calabozos de la Seguridad Nacional, donde recibió malos tratos.

Transcurrido un mes fue transferido a la Cárcel Modelo de Caracas y al poco quedó en libertad, emprendiendo un exilio exterior que iba a prolongarse cinco años y que le llevó a Argentina, Chile y finalmente Estados Unidos. Aprovechando su estadía en Buenos Aires y Santiago, realizó sendos cursos de posgrado en la especialidad Pediatría. En la capital chilena residió desde 1953 y consiguió ganarse la vida como facultativo en la plantilla del hospital Roberto del Río. Además, entabló amistad con destacadas figuras de la política local, como el democristiano Eduardo Frei y el socialista Salvador Allende, los dos futuros presidentes de Chile.

En 1956 se trasladó a Nueva York, que era el punto de reunión de la dirección del partido en el exilio, con Betancourt a la cabeza. En la metrópoli norteamericana Lusinchi perfeccionó su especialidad médica con un máster universitario y prácticas profesionales en los servicios de pediatría del Lincoln Hospital y el University Bellevue Medical Center, llegando a ingresar en la Academia Americana de Pediatría.

La caída de la dictadura pérezjimenista el 23 de enero de 1958 abrió el camino de la restauración democrática y Lusinchi figuró entre los miles de antiguos represaliados que retornaron a Venezuela. Incorporado al Comité Ejecutivo Nacional de AD como secretario de Asuntos Internacionales, en las elecciones generales del 7 de diciembre salió elegido diputado por Anzoátegui en la Cámara baja del Congreso, mientras su jefe de filas, Betancourt, se hizo con la Presidencia de la República.

Lusinchi fue reelegido sucesivamente en las elecciones de 1963, 1968 y 1973, abarcando el período en que tuvo plena vigencia el Pacto de Punto Fijo establecido en octubre de 1958 por los líderes de los tres principales partidos, a saber, Betancourt por AD, Rafael Caldera Rodríguez por el Partido Socialcristiano (COPEI) y Jóvito Villalba Gutiérrez por la Unión Republicana Democrática (URD), con el fin de institucionalizar las reglas del juego democrático y dar estabilidad al sistema en ciernes. Tras las elecciones generales de diciembre de 1968, que supusieron la derrota de AD luego de presidir el Ejecutivo dos ejercicios consecutivos, Lusinchi fue nombrado presidente del grupo de diputados adecos y por tanto lideró la oposición parlamentaria al Gobierno de Caldera, quien alineó un Ejecutivo monocolor.

En 1977, gobernando su colega Carlos Andrés Pérez Rodríguez, otro veterano de los avatares del partido, Lusinchi disputó sin éxito la candidatura presidencial de AD para las elecciones de diciembre de 1978 a Luis María Piñerúa Ordaz (quien luego iba a perder su envite en las urnas ante el copeyano Luis Antonio Herrera Campins), teniendo que conformarse con el mandato de senador por su estado natal para el período 1979-1984. En marzo de 1981 el partido, en un ejercicio de consenso y unidad entre las facciones tradicional, ligada a Betancourt (fallecido en septiembre siguiente), y modernizadora, animada por Pérez, le eligió su secretario general, allanándole el camino para la nominación presidencial. Así, el 29 de junio de 1982 el antiguo médico fue proclamado por los suyos tras imponerse al otro precandidato de peso, el abogado David Morales Bello.

En las elecciones del 4 de diciembre de 1983 Lusinchi batió con el 52,9% de los sufragios al incombustible Caldera, victoria contundente que redondeó la mayoría absoluta obtenida por AD en las dos cámaras del Congreso. El 2 de febrero de 1984 tomó posesión con un mandato quinquenal como el sexto presidente de la restauración democrática ligada al puntofijismo, que desde hacía dos décadas perduraba en la forma de un pacto institucional entre los tres partidos principales (invariablemente AD y COPEI, más un tercero que solía cambiar de una elección a otra) para el reparto de los puestos directivos del Congreso y la Corte Suprema de Justicia.


2. Una presidencia con dos talantes financieros: de la cautela al descontrol

Lusinchi, a los 59 años, asumió la suprema magistratura con la promesa de gobernar con equidad, transparencia, sensibilidad social y austeridad en el manejo de los dineros públicos. Estadista de apariencia bonancible y no petulante, abierto al diálogo y refractario a la demagogia, Lusinchi debutó como un presidente comedido que dosificaba las apariciones públicas y que cuando realizaba declaraciones era para trazar diagnósticos precisos de la situación económica de país y para anunciar tiempos de ajuste en los que no habría vacas gordas.

Los tres primeros años de su gestión se caracterizaron por los esfuerzos para reactivar la economía, aflojar el dogal de la deuda externa, estabilizar el mercado de cambios, contener el gasto público, elevar los ingresos reales de las familias, resguardar a los sectores más desfavorecidos de la población con ayudas compensatorias, asegurar la renta petrolera y promover la actividad industrial no ligada al sector de los hidrocarburos –que permaneció firmemente asido por el Estado-, todo lo cual arrojó resultados dispares y no suficientemente alentadores. Por un lado, se desarrollaron notablemente la producción agrícola, ganadera y pesquera, con vistas a la consecución del autoabastecimiento alimenticio, así como la industria del aluminio, obtenido a partir de la riqueza minera en bauxita y lateritas. El país recuperó tasas de crecimiento positivo luego de cerrarse 1984 con una recesión muy severa, del 6% del PIB, y el índice oficial de paro heredado de la Administración de Herrera, el 20%, disminuyó a ojos vista.

También, el Gobierno entabló negociaciones para la reestructuración de los pagos de los intereses y las amortizaciones de la gigantesca deuda externa, que en 1985 acumulaba los 36.000 millones de dólares (de los cuales 28.000 correspondían al sector público), contraída con la banca internacional privada y los organismos multilaterales de crédito. La primera consecuencia positiva de este serio esfuerzo fue que Venezuela recuperó la calificación de elegibilidad crediticia. En añadidura, Lusinchi tomó iniciativas para desvincularse de los precios fijados por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), donde Arabia Saudí había desatado una escalada bajista con su política de altas producciones.

Sin embargo, el presidente terminó fracasando en estas dos empresas, que eran cruciales para librar de hipotecas las perspectivas del desarrollo nacional. El mercado del petróleo se mostró fluctuante e impredecible, si bien prevaleció la tendencia al abaratamiento del barril, y la estructura económica venezolana continuó siendo básicamente monoproductiva. Ésto desbarató los presupuestos fiscales del Gobierno y agotó de hecho las reservas financieras destinadas al "pronto pago" de la totalidad de la deuda, dejando en la estacada una promesa central de Lusinchi.

1985 se caracterizó por una relativa paz social y la ausencia de conflictos laborales y huelgas dignos de mención, en parte porque la primera central sindical del país, la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), ligada a AD, concedió un margen de confianza al presidente. Pero hacia el ecuador del quinquenio el malestar social afloró y Lusinchi se sintió apremiado a dar un golpe de timón a su política. En diciembre de 1986 decidió una devaluación del bolívar del 93% en el cambio oficial, culminando tres años de depreciaciones de la moneda nacional desde que en febrero de 1983 se introdujera un sistema de cambios múltiple. En la primavera de 1987 el mandatario enterró definitivamente el programa económico practicado desde el comienzo de su mandato al renunciar a cubrir el servicio de la deuda externa, a controlar el déficit fiscal y a moderar el gasto público.

Así, dispuso el aumento de los salarios, el bloqueo de los precios, la emisión de moneda y la dotación de nuevos bonos compensatorios y subvenciones. Todo, para apaciguar las tensiones sociales, que en 1987 se manifestaron con fuerza hasta el punto de tener que desplegarse el Ejército para sofocar los disturbios, y, para poder encarar las elecciones generales de diciembre de 1988 con un mínimo de optimismo. Las consecuencias del volantazo económico fueron inmediatas: la inflación se disparó, las reservas de divisas peligraron y aumentaron los déficits presupuestario y de la balanza de pagos.

El retorno al populismo económico caro a las anteriores administraciones adecas salvaguardó la estima del general de los ciudadanos por Lusinchi, según los medios de comunicación alta en todo momento, no obstante la inquietante desvalorización monetaria, la imagen tolerante con la corrupción, las acusaciones de coaccionar a periodistas críticos y los insatisfactorios resultados de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE), instituida el 17 de diciembre de 1984 y cuya labor tropezó con los mismos problemas -dilaciones burocráticas, ineficiencia administrativa- que perseguía resolver. Y pese, también, a las conocidas como las masacres de Yumare, estado de Yaracuy, donde el 8 de mayo de 1986 un destacamento de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP, policía política del Estado) ejecutó a nueve miembros de la banda subversiva Punto Cero, y de El Amparo, estado de Apure, donde el 29 de octubre de 1988 14 humildes pescadores fueron asesinados por soldados que pretendidamente les confundieron con guerrilleros.

Al oficialismo ni siquiera le pasó factura, en términos electorales, la polémica relación extraconyugal del presidente con su secretaria privada, Blanca Alida Ibáñez Piña, hija de inmigrantes colombianos, la cual desplazó en la práctica como primera dama del país a Gladys Castillo de Lusinchi y a la que se adjudicó un afán de protagonismo desmedido así como flagrantes injerencias en las decisiones políticas del Gobierno.

Lusinchi abogó por el ex ministro del Interior y veterano dirigente adeco Octavio Lepage Barreto para la selección del candidato presidencial de 1988, pero la nominación se la llevó, en octubre de 1987, el siempre popular Carlos Andrés Pérez, al que la Constitución no le impedía aspirar de nuevo a la jefatura del Estado tras el preceptivo período en blanco. Valiéndose tanto de la notable cota de credibilidad popular con que se despedía Lusinchi, no obstante los numerosos motivos que había dado para fundar valoraciones críticas, como de su propio carisma, Pérez se adjudicó la victoria el 4 de diciembre de 1988, de manera que el 2 de febrero de 1989 tuvo lugar la primera transferencia de la banda presidencial entre dos dignatarios adecos en el último cuarto de siglo.


3. Procesamiento judicial por presunta corrupción

Convertido automáticamente en senador vitalicio, desde el 27 de marzo de 1990 Lusinchi fue objeto de una investigación parlamentaria a raíz de un escándalo de corrupción administrativa que se reveló de enormes proporciones y que manchó irremisiblemente la imagen del ex presidente, quien estando en el poder se las había arreglado para detener y echar tierra sobre todos los rumores e insinuaciones de corrupción en su entorno. A Lusinchi se le acusó sucesivamente de traficar con influencias en la concesión de privilegios financieros a través del Régimen de Cambios Preferenciales (RECADI), de recurrir a los fondos reservados del Ministerio de Relaciones Exteriores para adquirir un desmesurado parque móvil -65 jeeps- puesto al servicio de la campaña electoral de AD en 1988, de desviar también para usos indebidos unas partidas del Instituto Nacional de Hipódromos, y hasta de estar detrás, en agosto de 1993, de la campaña de cartas-bomba remitidas por manos anónimas a la Corte Suprema con una finalidad supuestamente intimidatoria.

En noviembre de 1991 el Congreso emitió contra el ex presidente una "condena política y moral", sin derivaciones penales, por su responsabilidad en la gestión económica ineficiente y en las irregularidades administrativas constatadas durante su mandato. El 10 de agosto de 1993, mientras la atención informativa era acaparada por los apuros judiciales y políticos de Carlos Andrés Pérez, la Corte Suprema, tras hallar indicios de delito en el pliego de imputaciones presentado contra Lusinchi por la Fiscalía General de la Nación en el caso de los fondos reservados, dio luz verde a su procesamiento.

El 13 de agosto, llegado a su conocimiento el suplicatorio para despojarle de la inmunidad parlamentaria y la orden del juez instructor prohibiéndole abandonar el país, Lusinchi hizo, precisamente, esto último, de manera precipitada y subrepticia: voló a Miami y de ahí a Costa Rica, donde se reunió con Blanca Ibáñez, a la que en septiembre de 1991 había convertido en su esposa, en una boda celebrada en Nueva York, después de obtener el divorcio de Gladys Castillo, y quien disfrutaba del estatus de asilada política en el país centroamericano. Las causas abiertas contra el ex presidente por las presuntas desviaciones de fondos del Ministerio de Exteriores y del Instituto Nacional de Hipódromos fueron declaradas prescritas por el Tribunal Superior de Salvaguardia respectivamente en julio de 1994 y febrero de 1997, pero en octubre de 1999 la Corte Suprema revocó ambas decisiones. Ahora bien, aunque reabrió los procesos, la justicia no incoó diligencias tendentes al enjuiciamiento de Lusinchi por presunta corrupción.

Aparte, en junio 2006, el ex presidente, otros siete ex altos cargos de su Gobierno y 38 funcionarios jubilados de la DISIP fueron objeto de una querella criminal interpuesta ante el Juzgado 6º de Control de Yaracuy por familiares de las víctimas de los muertos en el incidente de Yumare.

(Cobertura informativa hasta 1/1/2007)