Alfredo Palacio González

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Datos relevantes

Actualización: 6 de Junio de 2011
Crédito fotográfico: © Foto Agência Brasil/Valter Campanato
Luis Alfredo Palacio González

Ecuador

Presidente de la República

Duración del mandato: 20 de Abril de 2005 - 15 de Enero de 2007

Nacimiento: Guayaquil, provincia de Guayas , 22 de Enero de 1939

Partido político: sin filiación

Profesión: Médico cardiólogo

Crédito fotográfico: © Foto Agência Brasil/Valter Campanato

Resumen

Nieto del escritor socialista Pablo Palacio e hijo del escultor comunista Alfredo Palacio, tras recibir las enseñanzas primaria y secundaria en la Escuela Abdón Calderón y el Colegio San José La Salle de su Guayaquil natal emprendió la carrera de Medicina en la Universidad de la urbe costera, por la que en 1967 se doctoró en Medicina y Cirugía.

Biografía

Fue el principio de más de tres décadas de ejercicio en la profesión médica, complementado con algunas incursiones en la función pública gubernamental, antes de saltar a las más altas magistraturas políticas del Estado, aunque en todo momento desvinculado de cualquier filiación o militancia partidista. Eso, a pesar de la tradición izquierdista de su familia, y de haber participado en protestas de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) contra los gobiernos del caudillo populista José María Velasco Ibarra y la Junta Militar que rigieron entre 1960 y 1966.

Entre 1969 y 1974 estuvo viviendo en Estados Unidos, trabajando de facultativo residente y adquiriendo experiencia en las especialidades de Medicina Interna y Cardiología, en el Hospital Mount Sinai de Cleveland, Ohio, el Veterans Affairs Medical Center de Missouri y el Hospital Barnes-Jewish de San Luis, Missouri, un centro privado afiliado a la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington, que le otorgó una beca para realizar allí prácticas profesionales en medicina cardiovascular.

De vuelta al Ecuador se integró en el sector privado de la medicina y en los años siguientes combinó la práctica clínica, la producción científica y la docencia. En 1980 fundó en Guayaquil el Instituto Nacional de Cardiología Alfredo Palacio (INCAP), cuya dirección iba a mantener incluso después de salir elegido vicepresidente de la República 22 años más tarde. Las décadas de los setenta y ochenta fueron muy productivas, con numerosas participaciones en congresos médicos nacionales e internacionales, y la publicación de buen número de trabajos de investigación en cardiopatías como la isquemia y de compendios de divulgación, destacando un atlas sobre ecografía bidimensional aplicada al corazón que publicó en México en 1981.

A partir de 1989 empezó a dar clases de cardiología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Guayaquil, además de integrarse en la Academia Ecuatoriana de Medicina, presidir la Comunidad Científica Ecuatoriana y obtener membresías y fellowships en varios colegios y sociedades profesionales del Ecuador y Estados Unidos. Su primera participación en las altas esferas de la función pública se remonta a 1992, cuando la recién inaugurada Administración del arquitecto Sixto Durán-Ballén, jefe del partido de centroderecha liberal Unidad Republicana (PUR), que había formado tras romper con el Partido Social Cristiano (PSC), le reclutó para encabezar una de las direcciones regionales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Palacio ejerció también de vicepresidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), órgano que desapareció en abril 1994 merced a la reorganización por el Gobierno del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCT). En lugar de colocarle al frente del nuevo órgano rector del SNCT, la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (SENACYT), Durán, el 9 de noviembre de aquel año y en sustitución del dimitido Patricio Abad, le nombró directamente ministro de Salud Pública, labor que desempeñó hasta la asunción presidencial en agosto de 1996 de Abdalá Bucaram Ortiz, líder del Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), paisano guayaquileño y, por cierto, uno de los muchos miembros de las élites política y empresarial, sobre todo de la provincia de Guayas, que figuraban en su lista de pacientes.

Como ministro, Palacio batalló porque su departamento dispusiera de los fondos necesarios para responder con efectividad a la crisis sanitaria que golpeaba al Ecuador, con alarmantes brotes de paludismo, varicela y, posteriormente, cólera en varias provincias donde la pobreza y el subdesarrollo eran endémicos. En otro orden de cosas, en octubre de 1995 la Policía anunció la frustración de un intento de atentado contra Palacio; según se informó entonces, malhechores desconocidos colocaron un artefacto explosivo en el sótano de la Subdirección Técnica de Salud, en Quito, donde el ministro se disponía a presidir un acto de donación de material médico por la embajada de Estados Unidos. Tras esta experiencia en la alta función del Estado, Palacio retornó a las aulas en la Universidad de Guayaquil y a la atención del INCAP. En 1997 publicó un ensayo titulado Hacia… un humanismo científico.

Concentrado en su actividad privada, el reputado cardiólogo observó desde la barrera, como otro ciudadano más, la instalación en el país andino de un peligroso y extenuante ciclo de inestabilidad política, con una sucesión de presidentes de corto ejercicio (nada menos que cuatro inquilinos tuvo el Palacio de Carondelet entre agosto de 1996 y enero de 2003, más una efímera presidenta en funciones y una junta cívico-militar con apenas unas horas de existencia) que se mostraron incapaces de corregir los agudos desequilibrios sociales del Ecuador, impusieron, o intentaron imponer, unas extremadamente impopulares medidas de contingencia y estabilización económicas, o bien hicieron gala de una escandalosa rapacidad de los magros recursos del Estado.

El populismo autoritario y corrupto de Bucaram primero, y el duro ajuste liberal y la dolarización de la economía decretados por el democristiano Jamil Mahuad Witt después, hicieron evaporar como por ensalmo el apoyo popular, bien reflejado en sus respectivas elecciones presidenciales, de que estos dos políticos habían gozado, y precipitaron su derribo en sendas insurrecciones populares.

La vasta asonada que terminó con la conflictiva presidencia de Mahuad –un estadista que era de hecho la antítesis de Bucaram, a pesar de compartir desenlace político- fue canalizada por un movimiento golpista impulsado por oficiales descontentos de las Fuerzas Armadas y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), pero la rápida reacción del sobresaltado establishment tradicional, político, empresarial y militar, frustró las expectativas de la consolidación en el poder de un régimen híbrido, indigenista y castrense, que presentaba ínfulas revolucionarias en su pretensión de liquidar el dominio multisecular que en las distintas esferas de la vida nacional habían venido ejerciendo las élites blancas.

El sustituto constitucional de Mahuad instalado por el Congreso, el hasta entonces vicepresidente Gustavo Noboa Bejarano, inauguró una etapa, bastante engañosa, de relativas distensión social y estabilización macroeconómica, esta última relacionada con la puesta en marcha del plan de sustitución del sucre por el dólar de Estados Unidos como moneda nacional.

Fue precisamente uno de los miembros del triunvirato cívico-militar que, por unas horas, se hizo con el poder el 21 de enero de 2000, al socaire de la toma de Quito y de las instituciones del Estado por miles de manifestantes, el coronel Lucio Gutiérrez Borbúa, oficial de ideas nacionalistas y regeneracionistas, admirador de Simón Bolívar y Hugo Chávez, que había puesto a Mahuad en su punto de mira, el responsable de sacar al doctor de su tranquila vida privada y de devolverle a la vorágine política. Palacio y Gutiérrez se conocieron por mediación de un compañero de la milicia del segundo, el coronel Eddy Sánchez, que trató con el entonces ministro a principios de 1995, cuando la guerra no declarada con Perú en la región altoamazónica de la cuenca del río Cenepa, objeto de un añejo litigio de demarcación fronteriza.

Palacio aceptó ser el candidato al puesto de vicepresidente de la República en la fórmula presidencial de Gutiérrez, que se presentaba a las elecciones del 20 de octubre de 2002 al frente de su propia fuerza política, el Partido Sociedad Patriótica 21 de enero (PSP), en alianza con el indigenista Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik-Nuevo País (MUPP-NP, a su vez el brazo político de la CONAIE) y el marxista Movimiento Popular Democrático (MPD), y con un programa intencionadamente silencioso en cuanto a etiquetas ideológicas tradicionales –aunque la plataforma era inequívocamente izquierdista- y que hacía hincapié en la dignificación “ética” del Estado, la lucha sin cuartel contra la corrupción y los delitos económicos que campaban por sus respetos, y una política económica de fuerte acento social.

La elección por Gutiérrez de Palacio, un sexagenario 18 años mayor que él, desideologizado y a todas luces moderado y sobrio en talante y pensamiento, aunque con fama de hombre enérgico y exigente con sus subordinados, fue vista como una tímida fórmula de compensación por el regusto socialista que para el paladar de los proveedores internacionales de fondos, los operadores económicos y el electorado urbano no indígena tenía el ovillo de propuestas y alianzas del carismático ex coronel golpista.

Palacio dejó muy claro a todo el mundo que no se iba a afiliar al PSP ni a partido alguno, salvo que le surgiera “desde el fondo del alma” un deseo en tal sentido. Afirmó que, de llegar a la Vicepresidencia, seguiría siendo independiente y que su único interés era el de servir a la nación desde las instituciones del Estado. Durante la campaña electoral, Gutiérrez y Palacio conformaron un dúo de lo más pintoresco: el primero, pese a haberse dado de baja del servicio activo del Ejército, comparecía con un remedo de uniforme militar, para realzar su condición de outsider dispuesto a cambiar muchas reglas del juego en el Ecuador; el segundo, se dejaba ver en los actos vestido con su bata blanca de doctor.

En la segunda vuelta electoral, el 24 de noviembre, Gutiérrez venció a su contrincante, el empresario populista Álvaro Noboa Pontón, un magnate guayaquileño que había roto con Bucaram y el PRE, y que concurría con su Partido Renovador Institucional Acción Nacional (PRIAN). El 15 de enero de 2003, Palacio, a la par que Gutiérrez, tomó posesión de un cargo para el que la Constitución únicamente concretaba un cometido, el de asumir la jefatura del Estado en caso de vacancia del titular. La Carta Magna establecía que las funciones del vicepresidente en circunstancias ordinarias las decidía el presidente, lo que en la práctica hacía de la oficina una especie de cajón de sastre, en el que las más dispares encomiendas políticas podían tener cabida.

Claro que en un país como Ecuador, el vicepresidente no tenía asegurado de antemano un mandato rutinario, tranquilo y sin relumbrón, si era eso lo que quería el titular de turno. Desde la restauración de la democracia en 1979, tres vicepresidentes en ejercicio tuvieron que tomar las riendas del país: Osvaldo Hurtado Larrea en mayo 1981, a raíz de la muerte en accidente aéreo de Jaime Roldós Aguilera; Rosalía Arteaga Serrano en febrero de 1997, tras la destitución de Bucaram; y más recientemente, Noboa Bejarano, en las circunstancias ya descritas.

Un cuarto vicepresidente, Alberto Dahik Garzoni, con Durán-Ballén y siendo Palacio ministro de Salud, adquirió protagonismo en unas circunstancias algo menos traumáticas para el país pero vergonzantes para su persona: en 1995, al ser procesado por la Corte Suprema de Justicia por un presunto delito de desfalco de fondos públicos, se fugó a Costa Rica a bordo de una avioneta. Ahora, Palacio, lo más seguro, no se lo habría podido imaginar, pero estaba destinado a prolongar aquella usanza.

Y es que Gutiérrez, a pesar de todas sus promesas regeneracionistas, sus mensajes novedosos y sus alianzas con sectores sociales habitualmente preteridos por los partidos tradicionales, no fue capaz de zafarse de esa suerte de fatalidad -en opinión de la mayoría de un pueblo hastiado, no había más misterio que la insolvencia, la ineptitud o la insensibilidad crónicas que parecen caracterizar a los capitostes de la clase política nacional, sean de una u otra tendencia- que desde 1996 ha impedido a todos los presidentes completar su mandato electoral de cuatro años.

Ya escorado a la moderación y al posibilismo dialogante con el FMI incluso antes de la segunda vuelta del 24 de noviembre, nada más tomar posesión en enero, el líder del PSP empezó a dilapidar el caudal de simpatía y esperanza que había levantado entre los indígenas y los mestizos, los colectivos que más le habían votado. De entrada, aplicó un draconiano plan de ajuste, con subidas en los precios de los combustibles y contención del gasto público, que para la legión de ecuatorianos pobres sólo podía significar la perpetuación o el empeoramiento de sus deplorables condiciones de vida. A continuación, el Gobierno adoptó una serie de medidas favorables a la liberalización arancelaria dentro del esquema del Área de Libre Comercio de Las Américas (ALCA), la cooperación militar con Estados Unidos en su plan antidroga en Colombia y la reanudación de la campaña de privatizaciones, encallada bajo anteriores administraciones, en los sectores del petróleo, la electricidad y las telecomunicaciones.

El “giro a la derecha” de Gutiérrez disgustó profundamente al Pachakutik, que a principios de agosto retiró a sus ministros del Gobierno. El abandono de la alianza también por los pequeños partidos tradicionales de la extrema izquierda obligó al presidente a buscar apoyos en el PRIAN y el PRE, que sumaban 25 escaños en un Congreso atomizado. A finales de año, una Asamblea de Movimientos Indígenas, Campesinos, Sociales y Partidos Políticos de Izquierda y Democráticos capitaneada por la CONAIE declaró “traidor" a Gutiérrez “por no ser coherente con los principios y programas que le permitieron triunfar en las urnas y por haberse subordinado una vez más al PSC y a los planteamientos del FMI, que han profundizado el modelo neoliberal, la corrupción y pobreza para el 80% de los ecuatorianos”. En consecuencia, la CONAIE convocaba a los ecuatorianos a una campaña de movilizaciones cuyo objeto era obligar al presidente, no ya a modificar sus políticas, sino directamente a abandonar el poder.

La imagen de Gutiérrez aceleró su deterioro cuando los medios de comunicación empezaron a informar sobre la designación de parientes y amigos suyos para importantes cargos del Estado, el disfrute de sinecuras y supuestas prácticas corruptas en su círculo de allegados. A mediados de 2004, con el Gobierno y la compañía estatal de petróleos, Petroecuador, sacudidos por las dimisiones de altos cargos en relación con la fuerte oposición social que estaba encontrando el intento del presidente de que el Congreso aprobara la explotación de cuatro grandes campos petrolíferos por concesionarias extranjeras, Palacio se distanció ostensiblemente de Gutiérrez, al que exhortó a que escuchara a los colectivos populares, apostara por el consenso político y se atuviera a sus promesas electorales. La relación entre los dos hombres se rompió y el vicepresidente tomó la decisión de boicotear todo acto público hasta que el presidente abrazara un nuevo modelo económico y social.

La grave crisis política y social (que no económica, en términos de producción e ingresos financieros, ya que las macromagnitudes se estaban beneficiando del boom de las exportaciones y los precios del petróleo) entró en una fase de no retorno en diciembre de 2004 merced a la maniobra presidencial de renovar drásticamente la Corte Suprema con el nombramiento de 27 magistrados que para la oposición presentaban una línea descaradamente progubernamental. El Congreso, previamente, había destituido en bloque a los vocales de los tribunales Constitucional y Supremo Electoral.

Los cada vez más numerosos detractores de Gutiérrez le acusaron de emprender la “chavización” del país, de embarcarse en una deriva “autoritaria” y de ejecutar una reforma judicial que propiciara la absolución del ex presidente Bucaram, sobre el que pesaban varias causas criminales por corrupción, como pago del oficialismo al PRE por su decisiva ayuda en el reciente bloqueo parlamentario de una iniciativa del PSC, el Pachakutik, la Izquierda Democrática (ID) del ex presidente (1988-1992) Rodrigo Borja Cevallos y las agrupaciones de izquierda de destituir al presidente por los cargos de malversación de fondos públicos, cohecho y delitos contra la seguridad del Estado. La operación fue ligada por el imputado a la “oligarquía corrupta” del Ecuador y su principal instigador sería el ex presidente (1984-1988) socialcristiano León Febres Cordero, convertido en enemigo declarado de Gutiérrez después de no llegar a buen puerto unos contactos de colaboración entablados el año anterior.

El escándalo de la Corte Suprema desencadenó en febrero de 2005 la protesta de decenas de miles de ecuatorianos, agrupados en manifestaciones que fueron respondidas por contramarchas de los partidarios del Gobierno, y hasta principios de marzo acarreó las dimisiones de dos ministros. Confirmando las sospechas arriba expuestas, a finales de marzo la Corte Suprema canceló los juicios que se seguían contra Bucaram, Noboa Bejarano y Dahik, quienes se apresuraron a poner término a sus exilios –respectivamente, en Panamá, la República Dominicana y Costa Rica- y regresaron a Ecuador.

La sensación general de que la impunidad había vuelto a triunfar en el país atizó la ira popular al despuntar abril. La profusión de violentos alborotos en Quito, las caceroladas y la desafección abierta de algunos prefectos provinciales empujaron a Gutiérrez a declarar el estado de excepción en la capital el día 15. Palacio se desmarcó de la medida y, con el tono grandilocuente que estaba impregnando las declaraciones de unos y de otros en estas turbulentas jornadas, expresó su “dolor ante la tragedia que atraviesa el país”, emplazó a Gutiérrez a revocar un “decreto dictatorial que este pueblo digno y demócrata no va a tolerar jamás”, y pidió que se echara mano de “la mayor parte de nuestro patriotismo para salvar a nuestra República del caos en el que hoy se desenvuelve".

Ciertamente, el 16, ante el alud de críticas recibidas, Gutiérrez retiró la excepcionalidad constitucional, pero esta señal de debilidad del Ejecutivo, al igual que el intento de una parte del Congreso de desactivar el origen de la protesta ratificando la disolución de la Corte Suprema formada en diciembre y admitiendo a trámite la aprobación de la reforma de La Ley Orgánica de la Función Judicial, no hizo más que conferir nuevos ímpetus a los manifestantes y las organizaciones sociales convocantes, que ahora exigieron el cese en bloque de todos los políticos con mandato electoral. Un descomunal y furibundo movimiento de repudio a la clase política ecuatoriana, jaleado con gritos como los proferidos durante la crisis argentina de diciembre 2001 (se escuchó con insistencia el “¡Que se vayan todos!”), se adueñó del país.

La situación se desbordó el 19 de abril con la represión policial en Quito de los manifestantes que pretendían llegar al Palacio de Carondelet, con el resultado de un muerto y numerosos heridos. Palacio protestó vehementemente: “El pueblo no puede disparar contra el pueblo (…) Gutiérrez no puede eludir su responsabilidad (…) debe escuchar al pueblo (…) El país se nos cae a pedazos”. El vicepresidente denunció también la existencia de un “plan diabólico orquestado para desbaratar las instituciones”, aunque no entró en detalles. En la mañana del 20 de abril, la dimisión del comandante de la Policía Nacional, Jorge Poveda Zúñiga, y los rumores sobre que las Fuerzas Armadas, el poder fáctico decisivo en esta y anteriores crisis de similar calado, estaban flaqueando en su apoyo a Gutiérrez, hicieron que el Legislativo reaccionara como un resorte.

En una sesión de urgencia celebrada en el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (CIESPAL), ya que el edificio del Congreso estaba cercado por los manifestantes (quienes terminarían asaltándolo y destrozándolo), y con el voto de 60 de los 62 presentes (de un total de 100), los diputados invocaron el artículo 167 de la Constitución para “declarar que el coronel Lucio Gutiérrez ha abandonado el cargo de presidente y en consecuencia deben operar los mecanismos de sucesión constitucional". A continuación, la presidenta en funciones del Congreso, la socialcristiana Cynthia Viteri Jiménez (el titular, Omar Quintana Baquerizo, del PRE, fue previamente destituido en la misma sesión), tomó juramento a Palacio como presidente de la República y encargado de terminar el mandato electoral en enero de 2007.

Tras asumir la jefatura del Estado con un sonoro “sí, juro”, y dirigir un saludo al “heroico pueblo de Quito”, Palacio aleccionó a los presentes con un breve pero contundente y emocional discurso: “El pueblo del Ecuador terminó la dictadura, la inmoralidad, la prepotencia, el terror, el miedo (…) ha decidido fundar una República de esperanza, en cuyas calles y caminos florezca y reine la dignidad, la equidad y la alegría (…) Además de refundar la República, les ofrezco que no habrá perdón ni olvido para las personas que han quebrantado la Constitución, para los opresores que han reprimido al pueblo, para todos aquellos que no han respetado la cosa pública”. Simultáneamente, Los militares escenificaron su abandono de Gutiérrez con un manifiesto que fue leído por el jefe del Comando Conjunto, vicealmirante Víctor Hugo Rosero Barba. Entrevistado allí mismo por un periódico quiteño, Palacio reiteró que al Ecuador “se lo llevó el diablo”, que estaba en “terapia intensiva” y que había que “tener cuidado”, no fuera que “alguien quiera aplicarnos la eutanasia”. En añadidura, afirmó que las cifras económicas facilitadas por el Gobierno eran fraudulentas.

La primera decisión de Palacio fue ordenar el cierre de las fronteras para impedir la huida de Gutiérrez y otros políticos, como Bucaram, En efecto, los dos se dieron a la fuga. Minutos después de su destitución por el Congreso, el ex presidente salió de Carondelet montado en un helicóptero con la intención de abandonar el país, pero la avioneta que debía recogerle en el aeropuerto internacional Mariscal Sucre de Quito se encontró con que las pistas estaban ocupadas por manifestantes hostiles. Gutiérrez quedó acantonado en una zona militar restringida del aeropuerto antes de ser puesto bajo custodia en una guarnición del Ejército en las afueras de Quito, y mientras la Procuraduría General dictaba contra él una orden de arresto y prisión preventiva por el “delito flagrante” de ordenar la represión de los manifestantes. Horas más tarde se supo que la embajada de Brasil le había otorgado asilo diplomático.

Entretanto, Palacio y los diputados vivieron en el CIESPAL una situación en extremo angustiosa cuando una turba de exaltados penetró en el edificio y, a quemarropa, exigió a los dignatarios presentes que declararan disuelto el Congreso y renunciaran a sus cargos. El presidente y algunos legisladores trataron de refugiarse en los pisos superiores, donde se atrincheraron en los despachos usando como barricadas material de oficina, pero no pudieron evitar ser zarandeados y, en algunos casos, agredidos. Las televisiones mostraron cómo el fornido cardiólogo, sudoroso, desencajado y prácticamente sin protección de personal de seguridad –luego con muy grave riesgo físico-, intentaba hacerse escuchar por sus iracundos acosadores a grito limpio.

La cosa no llegó a peor, aunque durante unas horas más el flamante presidente estuvo atrapado en el inmueble prácticamente como rehén. Al anochecer, con los ánimos más calmados y con las fuerzas de seguridad haciendo más acto de presencia, pudo abandonar el edificio, desde donde se dirigió al Ministerio de Defensa para dar una rueda de prensa flanqueado por altos mandos de las Fuerzas Armadas. En la madrugada del 21 de abril se posesionó por fin del Palacio de Carondelet. Como desahogándose de las tensiones vividas, Palacio explicó a los ciudadanos que “soy la única esperanza que tiene el país”, que “no soy político y no me dejaré manosear”, que “he venido a servir y no a servirme”, que “jamás he sido un conspirador” (en referencia a la acusación vertida por el entorno de Gutiérrez), y que, “cómo médico, haré un diagnóstico del país, aunque la tarea no será fácil”.

También asentó que no iba a disolver el Congreso unicameral, tal como exigían los manifestantes radicalizados (los autodenominados “forajidos”, dando por bueno el calificativo que Gutiérrez les había endilgado), porque eso sería “un acto dictatorial”, aunque se declaró “partidario de que el poder Legislativo se someta a una autodepuración”, habida cuenta de que pensaba convocar una Asamblea Constituyente, así como someter a consulta popular una serie de temas que no definió.

Asimismo, esbozó una reforma de la Ley de Elecciones, descartó elecciones presidenciales anticipadas y presentó un Gobierno formado por personalidades apartidistas, tecnócratas y funcionarios, cuyos primeros cometidos iban a ser congelar las adjudicaciones de contratos de explotación petrolera, revisar las negociaciones de los tratados de liberalización comercial y otorgar prioridad al “pago de la deuda social”, mediante una redistribución presupuestaria en beneficio de las áreas de salud, educación y protección social, y para relanzar la producción no petrolera.

Ahora bien, el presidente y sus ministros garantizaron la dolarización y el cumplimiento de los compromisos internacionales del Ecuador, lo que suponía asumir el servicio de la deuda externa, rayana en los 13.000 millones de dólares, y respetar el convenio con Estados Unidos, vigente hasta 2009, que hacía de la Base Aérea de Manta, en la provincia de Manabí, una instalación de uso conjunto y, por ende, un importante centro operacional estadounidense en su lucha contra el narco-terrorismo en la región. No sin ambigüedad, Palacio aseguró que el Ecuador no iba a ser partícipe del Plan Colombia.

Sin embargo, ahora mismo, dos eran los problemas, y delicados, que Palacio y su Gabinete debían resolver sin dilación: la situación del derrocado Gutiérrez, al que finalmente se le otorgó salvoconducto para marchar a Brasil en condición de asilado –lo que volvió a encrespar muchos ánimos en la calle-, y la falta de reconocimiento internacional del nuevo Ejecutivo, toda vez que Estados Unidos, la Unión Europea, la Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN) y la Organización de Estados Americanos (OEA) albergaban dudas razonables sobre la legalidad de la mudanza institucional, o bien no veían la legalidad por ningún lado.

Así, la CSN exigió el “restablecimiento de la normalidad institucional” y la OEA demandó una explicación convincente del procedimiento legislativo aplicado el día 20, ya que se basó en un quórum insuficiente de diputados, la sesión no fue convocada por el presidente del hemiciclo y, a mayor abundamiento, no concurría el supuesto constitucional invocado del abandono del cargo. Para el Gobierno, sí se había producido ese abandono, no físicamente, sino de manera “moral”, y, en cualquier caso, el ex coronel ya habría violado la Constitución al conculcar el principio de la separación de poderes cuando se injirió en el poder judicial. Por otra parte, la petición del Departamento de Estado de Estados Unidos de que se convocaran elecciones anticipadas fue rechazada secamente por Quito.

(Cobertura informativa hasta 1/5/2005)