Juan Manuel Santos Calderón

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Datos relevantes

Actualización: 22 de Julio de 2014
Crédito fotográfico: © UN Photo/Eskinder Debebe

Colombia

Presidente de la República

Duración del mandato: 07 de Agosto de 2010 - En funciones

Nacimiento: Bogotá Distrito Capital , 10 de agosto de 1951

Partido político: Partido de la U

Profesión: Economista y periodista

Crédito fotográfico: © UN Photo/Eskinder Debebe

Resumen

Juan Manuel Santos Calderón, presidente de Colombia desde 2010, cabalga sobre las paradojas de una de las sociedades más abiertas, emprendedoras y cualificadas de América Latina, pero que al mismo tiempo viene padeciendo un estado de violencia sin parangón en el continente por su magnitud, ferocidad y duración; una compleja secuencia de contiendas civiles, a veces solapadas, que múltiples actores han librado en distintas fases desde 1948.

El estadista colombiano, en un alarde de pragmatismo, ha pasado de ejecutar fielmente las drásticas directrices de seguridad de Álvaro Uribe, su predecesor adalid de la "mano firme" con el terrorismo, a enfocar la insurgencia de la guerrilla de las FARC con un posibilismo que busca una solución negociada para este añejo conflicto armado, pero sin alto el fuego de por medio, lo que le ha valido las acusaciones tanto de "traidor" como de inconsistente, a la vez que sostiene una cruda pendencia verbal con Uribe, antes patrocinador y hoy hostil. El presidente niega que el cambio de estrategia entrañe contradicción, pues la subversión sigue siendo combatida y, él, asegura, nunca se ha desviado de su "obligación constitucional de buscar la paz".

En las votaciones de 2014, celebradas a doble vuelta en mayo y junio, el mandatario consiguió ser reelegido por otros cuatro años al cabo de una áspera campaña que acrecentó la polarización del electorado en torno a la delicada misión que Santos se ha encomendado.

(Texto actualizado hasta junio 2014)

Biografía

1. SEMBLANZA BÁSICA Y DESCRIPCIÓN DEL MANDATO (2010-2014)
1.1. De hombre de confianza de Uribe…
1.2. … A la ruptura y el repudio del uribismo
1.3. Un proceso de paz con desenlace incierto
1.4. La fe de Santos en el libre cambio: la Alianza del Pacífico y el TLC con Estados Unidos
1.5. La acerba campaña de las presidenciales de 2014

2. BIOGRAFÍA EN DETALLE Y TRAYECTORIA HASTA LA LLEGADA A LA PRESIDENCIA
2.1. Vástago de una familia de propietarios periodísticos
2.2. Salto a la política con el Partido Liberal y ministro de Gaviria
2.3. Hostilidad al liberal Samper y cooperación con el conservador Pastrana
2.4. Al servicio del presidente Uribe: artífice del Partido de la U y aparejador de la Seguridad Democrática
2.5. Un agitado ministerio de Defensa: las salpicaduras del Paragate, duros golpes a las FARC y conflicto con Ecuador y Venezuela
2.6. El escándalo de los falsos positivos y la intriga de la candidatura presidencial de 2010
2.7. Masivo triunfo en las urnas sobre el verde Mockus


1. SEMBLANZA BÁSICA Y DESCRIPCIÓN DEL MANDATO (2010-2014)


1.1. De hombre de confianza de Uribe…

Economista con excelente preparación universitaria, bagaje internacional y una dilatada trayectoria profesional en el periodismo escrito que le venía de casta, Juan Manuel Santos Calderón se ganó una reputación de tecnócrata resolutivo en su etapa de ministro de Comercio (1991-1994) con el liberal César Gaviria y luego de Hacienda (2000-2002) con el conservador Andrés Pastrana, quien incorporó a su fracasado proceso de paz con las FARC un concepto ideado por él, el de las "zonas de distensión" desmilitarizadas por el Gobierno.

En 2005, quien había preconizado un diálogo integral con los guerrilleros en unas condiciones muy favorables para estos hizo el primer gran viraje de su carrera política: abandonó su partido, el Liberal, fracturado sin remisión, y se puso al servicio de Álvaro Uribe, tres años después de que el antiguo gobernador antioqueño pusiera patas arriba al liberalismo colombiano con su candidatura presidencial independiente y a la postre triunfadora. Santos creó para Uribe una colectividad oficialista, el Partido Social de Unidad Nacional (PSUN), más conocido como Partido de la U, y asimiló como suya la controvertida Política de Seguridad Democrática (PSD), la estrategia maestra del mandatario para doblegar a las FARC por la fuerza de las armas e implicado en el esfuerzo a la sociedad civil.

En julio de 2006 Uribe, en vísperas de asumir su segundo mandato, entregó a su discípulo, uribista tardío pero de plena confianza, el puesto de mayor responsabilidad de su Gobierno, el Ministerio de Defensa. Hasta 2009, cuando renunció al cargo para preparar su candidatura presidencial, Santos se acreditó como una verdadera bestia negra de la organización narcoguerrillera, que fue diezmada, debilitada en su cúpula con decapitaciones como la del comandante Raúl Reyes, cuya muerte en marzo de 2008 costó una grave crisis diplomática con Ecuador y Venezuela, y humillada con la espectacular liberación en julio siguiente de Íngrid Betancourt, la cautiva más famosa de las FARC.

Como ministro de Defensa, Santos intensificó también la campaña erradicación de plantaciones de coca en el marco del Plan Colombia, gestionó la recta final de la polémica desmovilización de las Autodefensas paramilitares e impulsó la firma en octubre de 2009 con Estados Unidos del Acuerdo de Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad, valedero por diez años, que concedía al Ejército estadounidense acceso a siete bases militares de utilización conjunta; este fue el aspecto más avanzado, pero también muy criticado, de la estrecha cooperación con Washington en materia de lucha antidrogas.

Una vez descartada por sentencia constitucional la tercera candidatura consecutiva de Uribe, Santos fue proclamado aspirante presidencial del Gobierno. Como abanderado del uribismo, el ex ministro acudió a las elecciones de mayo de 2010 con la promesa de profundizar y enriquecer la Seguridad Democrática con un abanico de medidas suplementarias (estímulo de la producción, creación de empleo, reducción de la economía sumergida, gobierno eficiente, seguridad alimentaria), todo para alumbrar una era de "prosperidad democrática".

Ni el caso de los falsos positivos, que sacó a la luz una horripilante trama de violaciones y asesinatos de la Fuerza Pública, ni los coletazos de la Parapolítica, el mayor escándalo de la Administración saliente, hicieron mella en el envite electoral de Santos, quien resultó convincente con sus promesas de defender "con total lealtad el legado" de su jefe y mentor, el cual se despedía de la Casa de Nariño con unos niveles de aprobación estratosféricos, y de extirpar "la violencia narcoterrorista". En la segunda vuelta del 20 de junio el antiguo periodista arrolló a su contrincante del Partido Verde, Antanas Mockus, con un porcentaje sin precedentes, el 69%. El 7 de agosto Santos inauguró su mandato de cuatro años, abierto a una única renovación.


1.2. … A la ruptura y el repudio del uribismo

En vísperas de asumir la Presidencia, Santos convocó a todas las fuerzas políticas a participar en un "Gran Acuerdo de Unidad Nacional por la Prosperidad" junto con el Partido de la U. La oferta, pensada para enterrar la polarización y la beligerancia política que habían caracterizado los años de Uribe, fue respondida positivamente por el PCC, el PL, Cambio Radical y el Partido Verde, que en conjunto reunían el 80% de los representantes del Congreso. Nació así la coalición Unidad Nacional, quizá el más notable ejemplo de consenso interpartidista en la historia reciente de América Latina.

Otra buena muestra de la capacidad de Santos para tender puentes de entendimiento fue la reconciliación con Hugo Chávez, quien días antes de la transferencia de poderes en Bogotá había vuelto a anunciar la ruptura de relaciones diplomáticas en respuesta a la presentación por Colombia ante la OEA de documentos que probarían su acusación contra Venezuela de permitir la presencia de campamentos guerrilleros en su territorio y de amparar a los subversivos. Santos y Chávez sellaron el restablecimiento de relaciones con un afable apretón de manos en la colombiana Santa Marta el 10 de agosto de 2010, sólo tres días después de la toma de posesión.

En noviembre de 2010, en el marco de la IV Cumbre de UNASUR, en Guyana, Santos hizo las paces también con el ecuatoriano Rafael Correa. Poco antes, en octubre, Chávez recibió encantado el anuncio por Bogotá de que congelaba su acuerdo con Washington sobre la instalación de bases, el mismo que Santos había negociado siendo ministro de Defensa hasta el año anterior.

Al actuar así, Santos, más que buscar complacer a Chávez, se limitaba a acatar el fallo emitido en agosto por el Tribunal Constitucional, que consideraba aquel convenio defensivo un tratado internacional, luego debía ser reelaborado como pieza de legislación y sometido a votación en el Congreso. Ahora bien, los detractores de la presencia militar de Estados Unidos en Colombia denunciaron posteriormente que la superpotencia norteña continuaba realizando cuantiosas inversiones militares en el país.

Entre tanto, el presidente instruía a la Fuerza Pública para que las FARC siguieran siendo combatidas sin desmayo, conforme a la PSD. En septiembre de 2010 el Ejército abatió a Jorge Briceño, alias Mono Jojoy, el "símbolo del terror" según Santos, que en junio del año siguiente firmó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras; la normativa, calificada de "histórica", resarcía a 450.000 familias desplazadas y afectadas por el conflicto armado.

Noviembre de 2011 pudo ser un mes ilustrativo de la "prosperidad democrática" concebida por Santos, pues por un lado se dio pistoletazo de salida a una reforma administrativa del Estado para hacerlo "más eficiente, más eficaz y más transparente", y por otro llegó la noticia de la muerte en un operativo militar de Alfonso Cano, el sucesor del legendario Tirofijo como jefe supremo de las FARC.

Con la liquidación de Cano, Santos exigió a las FARC que claudicaran ("terminarán en la cárcel o en la tumba", les advirtió), pero la guerrilla despreció la oferta de desmovilización sin contrapartidas. Galvanizado por las manifestaciones masivas de ciudadanos que reclamaban la liberación de todos los secuestrados y la disolución de las FARC, el presidente aseguró que el conflicto entraba en su "fase final".

Para entonces, las relaciones entre Santos y Uribe ya estaban algo más que tensas. El ex presidente no ocultaba su profundo disgusto por los compadreos con Chávez y por los "shows publicitarios" a que estaban dando lugar las actuaciones policiales y judiciales contra destacados colaboradores suyos (Luis Carlos Restrepo, Jorge Aurelio Noguera, Andrés Felipe Arias, etc.) acusados de nexos con el paramilitarismo o por su implicación en casos de corrupción y en el escándalo de los falsos positivos. Además, Uribe, que le cogió gusto a acribillar a su sucesor con deletéreos mensajes vía Twitter, creía que Santos estaba bajando escandalosamente la guardia en la persecución de los terroristas.

Fue el comienzo de una ruptura por etapas entre el "el viejo uribismo", en adelante uribismo sin más aditamentos, y su retoño díscolo, el santismo, el cual retuvo el control del Partido de la U, rebautizado con sorna por algunos comentaristas como el Partido de la S. Sin embargo, la decisión de Santos, tan audaz como arriesgada políticamente, que soliviantó sobremanera a Uribe y sus incondicionales, y que sepultó cualquier posibilidad de reconciliación, fue la apertura del proceso de conversaciones de paz con las FARC.


1.3. Un proceso de paz con desenlace incierto

La impactante noticia se fue fraguando desde principios de 2012. En febrero las FARC anunciaron que ponían fin al secuestro con fines de extorsión y que en breve pondrían en libertad a la decena de soldados y policías que mantenía en su poder y que constituía el último grupo de los rehenes llamados canjeables. En abril los cautivos fueron liberados sanos y salvos, y la organización guerrillera, ahora liderada por el comandante Timoleón Jiménez, Timochenko, emplazó a Santos a "entablar conversaciones". El presidente exigió más pasos a la guerrilla, mientras que las ONG recordaron que los subversivos aún mantenían a más de 400 ciudadanos civiles secuestrados.

Que algo se estaba cociendo en la trastienda resultó evidente en junio al aprobar el Congreso el Marco Jurídico para la Paz, que implicaba una reforma constitucional y otorgaba al Ejecutivo herramientas legales precisas por si se diera el caso de una negociación con los grupos armados.

Al comenzar el verano, el panorama se ensombreció por la constatación de que las FARC, violando su promesa de febrero, no desistían de practicar secuestros, a lo que siguió la revelación por el propio Santos de una comunicación interceptada a los guerrilleros en la que se hablaba de matarlo sin miramientos, pues "la sangre de los nuestros reclama una respuesta contundente y radical". Pero Uribe, bien informado, lanzó la alarma opuesta, que el Gobierno ya estaba hablando con los terroristas en Cuba.

El 27 de agosto de 2012 el presidente salió al paso del vendaval de rumores con palabras de confirmación: en efecto, había en marcha unos "acercamientos" con las FARC. "Desde el primer día de mi gobierno he cumplido con la obligación constitucional de buscar la paz. En esa dirección, se han desarrollado conversaciones exploratorias con las FARC para buscar el fin del conflicto", dijo el presidente a modo de justificación al comienzo de su alocución radiotelevisada. El mandatario, además, invitaba a la otra guerrilla de ideario marxista en activo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), a ser "parte de este esfuerzo por terminar el conflicto".

El 4 de septiembre Santos fue más preciso con el anuncio de que las "reuniones exploratorias" Gobierno-FARC habían culminado con la firma de un "acuerdo marco" que establecía una "hoja de ruta" para ponerle conclusión a la violencia. El llamado "Acuerdo General para la Terminación del Conflicto", firmado el 26 de agosto, llegaba tras seis meses de "trabajo preparatorio", es decir, conversaciones secretas, en La Habana, y ahora el proceso se trasladaría a Noruega para posteriormente continuar en Cuba.

Santos aseveró que el Acuerdo General adoptado en agosto era "diferente" de anteriores pactos con la guerrilla porque no contenía ni "despejes de territorio" ni "cese de operaciones militares". El proceso abierto ofrecía "suficientes garantías", aunque el "éxito no se puede dar por descontado", matizó. Se trataba, en suma, de un "camino difícil", pero un camino "que debemos explorar", insistía el presidente.

El cronograma bosquejado empezó a cumplirse con la apertura el 17 de octubre en Oslo de una mesa de diálogo sobre aspectos logísticos, si bien muchos de los partidarios de la senda negociadora tomada por el presidente encontraban inquietante que las partes, al tiempo que discutían pacíficamente en el extranjero, continuaran combatiéndose sin restricciones e infligiéndose mutuamente bajas en las selvas de casa. El 19 de noviembre, coincidiendo con el traslado del diálogo de Oslo a La Habana, las FARC declararon un alto el fuego unilateral de un mes de duración, hasta el 20 de enero de 2013. Entonces, Santos rechazó la propuesta de una tregua bilateral y reiteró que el cese de hostilidades no llegaría más que con el acuerdo final.

A lo largo de 2013, Santos osciló entre el optimismo sobre la culminación de las negociaciones de paz este mismo año y la recriminación a la guerrilla por arrogarse de nuevo el derecho a hacer rehenes potencialmente canjeables a los miembros de la Fuerza Pública que tomaran prisioneros y por su negativa a entregar las armas, paso este último considerado "humillante" por las FARC.

Presionado a derecha e izquierda, el mandatario intentaba ofrecer el justo equilibrio entre posibilismo político y responsabilidad institucional. En julio, las partes alcanzaron un acuerdo sobre la participación de la futura guerrilla desmovilizada en la vida política. El uribismo, que en enero había articulado el Centro Democrático como nuevo partido propio tras dar portazo al Partido de la U (y que entre otros promotores contaba con Francisco Santos Calderón, vicepresidente de la República con Uribe y primo carnal del actual jefe del Estado, cuya gestión criticaba con dureza), puso el grito en el cielo. Santos se apresuró a explicar que no habría "borrón y cuenta nueva" con los subversivos, es decir, que la "impunidad" y la "amnistía total" quedaban descartados.

En agosto, sobre la base del cálculo, pronto iba a comprobarse que desatinado, de que el acuerdo final de paz fuera adoptado antes de terminar el año, el presidente anunció un proyecto de ley para convocar un referéndum en el que los colombianos podrían decidir si validar o no los acuerdos que se alcanzaran en La Habana. La consulta podría tener lugar coincidiendo con las elecciones generales de 2014, ya fueran las legislativas, en marzo, o las presidenciales, en mayo.

La iniciativa democrática de Santos enfadó a las FARC, que seguía perdiendo comandantes en acciones de guerra, y tras el verano las conversaciones pasaron de los altibajos a un virtual atolladero, sin fecha de conclusión estimada a la vista y con menores garantías de que su final fuera fructuoso. Esta incertidumbre y el conflicto laboral que vivía el campo colombiano dañaron considerablemente la credibilidad de Santos, que vio desplomarse su imagen positiva y complicarse su apuesta reeleccionista en 2014.


1.4. La fe de Santos en el libre cambio: la Alianza del Pacífico y el TLC con Estados Unidos

El otro aspecto característico del primer período presidencial de Santos fue, ya de puertas al exterior, su entusiasmo por el comercio abierto.

El 28 de abril de 2011 el dirigente colombiano y sus homólogos de México, Felipe Calderón, Chile, Sebastián Piñera, y Perú, Alan García, lanzaron en Lima el Área de Integración Profunda (AIP) entre los cuatro países.

El AIP fue la génesis de la Alianza del Pacífico, nuevo consorcio comercial subregional que surgía de los fiascos del Grupo de los Tres (G3) y la Comunidad Andina a raíz de la retirada venezolana de ambos, pero que sus creadores evitaron presentar como la alternativa liberal al eje bolivariano de Venezuela, Bolivia y Ecuador, o como un bloque competidor norteño del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, que también pasaba por dificultades.

La Alianza echó a andar oficialmente con la aprobación de su Acuerdo Marco en la IV Cumbre de presidentes, celebrada en Atacama, Chile, en junio de 2012, y se sustanció en sus cumbres VII y VIII, que tuvieron a Santos de anfitrión.

En la primera cita, en mayo de 2013 en Cali, los cuatro presidentes estuvieron acompañados por dirigentes de nueve países observadores de América y Europa, nutrida representación que dejó patente el gran interés suscitado por la Alianza. En la siguiente cumbre, en Cartagena de Indias en febrero de 2014 y con Santos de presidente pro témpore, los mandatarios suscribieron un Protocolo Adicional liberalizando el 92% de su comercio de manera inmediata y el 8% restante en los próximos años. A partir de esta área de libre cambio inicial se buscaría articular un espacio más amplio con la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas.

Para Colombia, razonaba la Casa de Nariño, la Alianza del Pacífico todo eran ventajas. Por un lado, era la plataforma ideal de proyección a Asia-Pacífico, la región comercial más dinámica del planeta y que tenía a China como principal motor; por el momento, el país andino carecía de un Tratado de Libre Comercio con China (a diferencia de Chile y Perú) y tampoco era miembro del foro APEC (a diferencia de Chile, Perú y México), aunque Santos iba detrás de estas dos asociaciones.

La otra característica de la Alianza del Pacífico valiosa para los intereses colombianos era que no contemplaba dotarse (contrariamente al MERCOSUR o la Unión Europea) de una unión aduanera con arancel externo común, lo que preservaba la autonomía de los países socios para mantener los TLC bilaterales con terceros países ya vigentes y negociar cualesquiera otros que estimaran convenientes.

En este terreno sobresalía el todavía no operativo TLC con Estados Unidos, que según Santos era el "tratado más importante de nuestra historia". El TLC Colombia-Estados Unidos estaba firmado desde 2006 y ratificado por parte del Congreso colombiano desde 2007, antes de ser avalado por el Tribunal Constitucional en 2008. Ahora, la excelente relación establecida por Santos con Barack Obama ayudó a desatascar su visto bueno por el Congreso de Washington (donde había dudas en relación con las condiciones laborales en el país sudamericano), que lo ratificó el 12 de octubre de 2012. El TLC entró finalmente en vigor el 15 de mayo de 2013.

Santos agradeció a Obama su apoyo público al proceso de paz iniciado en Colombia, país que, pese al limbo en que se encontraba el acuerdo de 2009 sobre el acceso a instalaciones militares, seguía siendo un socio estratégico de primer orden para Estados Unidos y su mejor aliado en la región. En abril de 2012 Obama realizó una visita oficial a Colombia vinculada a la VI Cumbre de las Américas, que aconteció en Cartagena de Indias los días 14 y 15.

En esta palestra continental, saldada sin una declaración conjunta por el desacuerdo con el bloque bolivariano y Argentina sobre Cuba y las Malvinas, Santos y un grupo de presidentes afines sugirieron a Obama "explorar nuevos enfoques" en la lucha contra el narcotráfico, pues la guerra antidrogas con medios militares no estaba teniendo los resultados apetecidos.

En febrero anterior, el presidente y varios colegas latinoamericanos propusieron una estrategia antidrogas radicalmente diferente de la actual, ya que la persecución a ultranza, lejos de reducirlos, estaba incrementando los niveles de violencia en las sociedades de origen de los narcóticos. A cambio, se mostraban partidarios de "regular" el tráfico de estupefacientes con la legalización de la marihuana y la cocaína, aunque no de la heroína.

Por otro lado, en mayo de 2013 Santos expresó su satisfacción por la invitación recibida de la OCDE para que Colombia ingresara en este club de 34 economías desarrolladas, donde sólo había otros dos representantes de América Latina, México y Chile. El proceso de adhesión a la OCDE arrancó el 25 de octubre.

La organización que tenía como secretario general al mexicano José Ángel Gurría destacó el crecimiento sostenido del PIB colombiano, con una tasa promedio anual en el cuatrienio 2010-2013 por encima del 4% -ritmo que con todo era inferior al registrado en vísperas de la crisis global de 2008-2009-, el aumento de la inversión foránea directa y la estabilidad macroeconómica.

Sin embargo, toda esta bonanza convivía con unos altos índices de pobreza e inequidad, era vulnerable por el fuerte peso de las exportaciones de petróleo, carbón y minerales, y enfrentaba el hándicap de unas infraestructuras inadecuadas. Y, por supuesto, estaba el eterno problema de la inseguridad, particularmente en la llamada Colombia profunda, donde la presencia del Estado, el de derecho y el administrativo, dejaba, por decirlo suave, bastante que desear. Incluso la tasa oficial de paro, que con Santos había disminuido hasta poco más del 9% (lo que suponía el práctico cumplimiento de una de las promesas electorales de 2010), se encontraba entre las más altas de América Latina.

No puede cerrarse el quehacer internacional de la Administración Santos sin hacer dos menciones más: su mediación positiva en la crisis política hondureña, con la firma en mayo de 2011 del Acuerdo de Cartagena entre el derrocado presidente José Manuel Zelaya, y su sucesor elegido, Porfirio Lobo; y la escritura del enésimo capítulo de las esquizofrénicas relaciones con Venezuela, vueltas a empeorar tras el fallecimiento de Chávez en marzo de 2013 y con motivo de la recepción dada por Santos en Bogotá al líder opositor Henrique Capriles, encuentro que fue tachado de "conspiración" por el heredero de Chávez, Nicolás Maduro.


1.5. La acerba campaña de las presidenciales de 2014

El 20 de noviembre de 2013 Santos, en un mensaje a la nación con formato institucional, confirmó que iría a la reelección en 2014. "Tenemos que continuar" para "terminar la tarea en materia de seguridad" y para "consolidar la paz y la prosperidad", explicaba Santos, que se mostraba bastante enfático: "Un presidente que rechace la opción de hacer la paz, no sólo sería irresponsable sino que estaría violando el mandato de la Constitución y del pueblo. Optar por más años de violencia, por más víctimas, por más dolor para miles de colombianos es una alternativa inaceptable".

La horrible realidad que mencionaba Santos ya tenía cifras concretas. De acuerdo con el informe ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad, presentado en julio por el Grupo de Memoria Histórica (GMH, creado al amparo de la Ley de Justicia y Paz de 2005 y formado por el Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH), 54 años, entre 1958 y 2012, de conflicto armado interno desarrollado por diversos actores habían dejado al menos 220.000 asesinados, 25.000 desaparecidos y 4,7 millones de desplazados.

De las 220.000 víctimas mortales, 177.000 habían sido civiles y el resto combatientes. De los más de 16.000 asesinatos selectivos documentados por el CNMH entre 1981 y 2012, el 38,4% eran achacables a los paramilitares, el 27,7% a grupos no identificados, el 16,8% a las guerrillas, el 10,1% a la Fuerza Pública y el 6,5% a elementos desconocidos. Además, este estremecedor balance, haciendo un remonte en el tiempo, debía sumarse a los entre 200.000 y 300.000 muertos causados por La Violencia, la guerra civil librada por liberales y conservadores en el período comprendido de 1948 a 1958, el más sombrío en la historia nacional.

El anuncio de la nueva postulación electoral no levantó entusiasmo y llegó en momentos de dificultad política para el presidente. Desvanecidas sus esperanzas optimistas de poder hacer la paz con las FARC este mismo año, Santos se encontraba a la defensiva frente a la durísima ofensiva mediática del uribismo.

En octubre anterior, abandonando su característica prudencia verbal, el mandatario había endurecido su discurso al denunciar a los "señores del miedo y de la guerra", unos "pajarracos que se parecen a los buitres y están ahí al acecho, que viven de la muerte", le dijo a un auditorio en Cundinamarca. En enero de 2014, saliendo al paso de las incesantes acusaciones de ser un "traidor a la patria", Santos volvió a mostrarse desafiante: "si ser traidor es querer la paz, bienvenido el calificativo", afirmó en antena desde la Embajada de Colombia en Madrid.

Santos entró así en el combate cuerpo a cuerpo al que le arrastraba Uribe, quien todos los días le bombardeaba desde su cuenta en Twitter con artillería del más grueso calibre, y que ya había ungido a Óscar Iván Zuluaga como candidato presidencial de su partido, Centro Democrático.

En perfecta sintonía con su jefe, Zuluaga defendía la aplicación de la Seguridad Democrática tal como había sido concebida en la década anterior y ofrecía pasar página al esquema santista de diálogo político con las FARC. En su lugar, el Gobierno buscaría una "paz justa y verdadera, donde no quepa la impunidad", una paz, proseguía el candidato del uribismo, surgida "del triunfo del Estado de Derecho, no de su claudicación ante el terrorismo".

Además de la beligerancia radical de la oposición uribista, Santos topó con el enflaquecimiento de la Unidad Nacional, de la que en septiembre de 2013 se descolgó la Alianza Verde y que en enero de 2014 encajó la marcha también del PCC. Las separaciones obedecían fundamentalmente al deseo de ambos grupos, que continuaban apoyando el principio de la paz negociada en Colombia, de acudir a las presidenciales con candidatos propios. Estas defecciones dejaron a la Unidad Nacional reducida a tres componentes, el Partido de la U, el PL y Cambio Radical.

Los conservadores escogieron a Marta Lucía Ramírez y los verdes a Enrique Peñalosa Londoño. Además, concurrían los izquierdistas PDA y Unión Patriótica (UP), en su caso con Clara Eugenia López Obregón de abanderada.

El Partido de la U volvió a ser el más votado, pero por escasos márgenes, en las elecciones al Congreso del 9 de marzo de 2014, vistas como un test de las presidenciales de mayo. En la Cámara de Representantes el santismo, con el 19,6% de los votos, hubo de conformarse con 39 escaños, dos menos que su principal aliado, el PL, mientras que en el Senado los curules fueron 21, dos menos que Centro Democrático y el PCC, que sacaron 19 cada uno.

En estos momentos, los sondeos otorgaban a Santos en torno a un 30% de intención de voto, casi el doble que el segundo aspirante mejor situado, el verde Peñalosa, pero al comenzar abril Zuluaga empezó a subir a toda velocidad.

La campaña de las presidenciales terminó convirtiéndose en un bronco pugilato privado entre el uribismo y el santismo, con Uribe denunciando a Santos ante la Fiscalía por "recibir dinero del narco", Santos acusando a Zuluaga de "sabotear" el proceso de paz -proceso que el presidente "confiaba" en poder culminar este año- y Zuluaga denunciando a su vez que era objeto de una campaña de descrédito al ser involucrado en una turbia trama de espionaje.

El 25 de mayo Zuluaga consiguió superar a Santos y se puso en cabeza con el 29,2% de los sufragios, una ventaja de tres puntos y medio. Ahora, los dos se medirían en la segunda y definitiva ronda del 15 de junio. El presidente reconoció al punto su derrota provisional y urgió a los tres candidatos descalificados a respaldar su "cruzada por la paz", pues era hora de decidir entre estas dos opciones: "los que quieren el fin de la guerra y los que quieren una guerra sin fin".

Tras dar la campanada en la primera vuelta, Zuluaga le metió otro gol a su adversario al asegurarse el respaldo de la conservadora Ramírez, tercera con el 15,5%. Más aún, en un giro inesperado, el uribista puntualizó que el no había hablado "de ruptura, sino de suspensión provisional del proceso de paz", y que de hecho estaba dispuesto a mantener una diálogo con las FARC "con condiciones".

Santos reaccionó con irritada sorpresa ante el drástico cambio de discurso de Zuluaga, que valoró como "cínico". Aunque se daba por seguro que los electores izquierdistas y verdes votarían en masa por el presidente para evitar que el uribismo derechista retornara al poder, sus cabezas de cartel rehusaron lanzar consignas explícitas por el momento. Así, López Obregón se limitó a reiterar su adhesión al proceso de paz, mientras que Peñalosa dio libertad de voto a sus seguidores. La polista, sin embargo, terminó anunciando su voto para Santos el 4 de junio.

(Cobertura informativa hasta 4/6/2014)


2. BIOGRAFÍA EN DETALLE Y TRAYECTORIA HASTA LA LLEGADA A LA PRESIDENCIA


2.1. Vástago de una familia de propietarios periodísticos

La familia del presidente colombiano es una de las más esclarecidas e influyentes del país sudamericano. Desde hace un siglo, el apellido Santos está identificado en Colombia con la creación de opinión pública, la empresa periodística y la alta política. A partir del patriarca, el jurista Francisco Santos Galvis, a su vez sobrino de Antonia Santos Plata, conocida por la historiografía nacional como La Heroína de la independencia, dos generaciones de personalidades han antecedido a Juan Manuel Santos Calderón.

Hijos de Santos Galvis fueron Eduardo Santos Montejo, abogado del Partido Liberal (PL) que dirigió el diario bogotano El Tiempo entre 1913, fecha en que lo adquirió a su fundador dos años atrás, Alfonso Villegas Restrepo, y 1938, año en que resultó elegido presidente de la República con mandato hasta 1942; y su hermano Enrique Santos Montejo, durante más de cuatro décadas célebre columnista con el pseudónimo de Calibán, amén de jefe de redacción de un matutino que terminó convirtiéndose en el principal altavoz mediático del PL.

Tres hijos de este último, Enrique Santos Castillo (1917-2001), Hernando Santos Castillo (1922-1999) y Enrique Santos Molano (1942), continuaron la saga periodística de El Tiempo, donde fungieron respectivamente de editor, director y articulista.

Juan Manuel Santos Calderón es el tercero de los cuatro retoños tenidos por Enrique Santos Castillo y Clemencia Calderón Nieto (1922-2000), dama perteneciente a otra linajuda familia bogotana. Durante más de medio siglo, mientras ejercieron la dirección del diario Roberto García Pena y su hermano Hernando, don Enrique fue el jefe de redacción y el editor general del rotativo familiar.

El oficio del padre fue heredado por Juan Manuel y dos de sus hermanos, Enrique, el mayor, y Luis Fernando, mientras que el benjamín, Felipe, se labró una carrera empresarial como promotor de espectáculos. Igual dedicación a la prensa han tenido varios primos carnales, hijos del tío Hernando, siendo los más conocidos Rafael y Francisco Santos Calderón; este último, al igual que Juan Manuel aunque unos años más tarde, se retiraría del periodismo para dedicarse por completo a la política representativa.

El futuro aspirante presidencial cursó el grueso de su educación escolar en el Colegio San Carlos de Bogotá, de los Padres Benedictinos, aunque terminó el bachillerato en la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla de Cartagena de Indias. Tras graduarse, el joven emprendió dos carreras, Economía y Administración de Empresas, en la estadounidense University of Kansas.

En 1972, recién obtenido su primer título universitario y gobernando la Administración conservadora de Misael Pastrana Borrero, Santos fue reclutado por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC, cuyo gerente era Arturo Gómez Jaramillo, creador del mundialmente famoso Juan Valdez, icono publicitario de la industria cafetera nacional) para que la representara ante la Organización Internacional del Café (OIC), con sede en Londres. El economista desempeñó esta labor durante nueve años, tiempo en el cual, informa su currículum oficial, participó en una serie de rondas negociadoras que favorecieron la posición comercial de su país en el mercado mundial del producto agrícola.

En esta época de servicio en el extranjero Santos siguió construyendo su currículum académico, que incorporó tres prestigiosas líneas lectivas: sendos cursos de posgrado en Desarrollo Económico y Administración Pública por la London School of Economics (LSE), de Periodismo por la John F. Kennedy School of Government de la Harvard University de Cambridge, y de Diplomacia y Derecho por la Fletcher School of Law and Diplomacy de la Tufts University de Medford. Las dos formaciones recibidas en el estado de Massachusetts fueron sufragadas con becas concedidas por las fundaciones Nieman y Fulbright.

En 1981 Santos regresó a Colombia para asumir el cargo de subdirector de El Tiempo, coincidiendo con la llegada de su tío Hernando a la dirección del medio. Según apuntan fuentes de la prensa colombiana, Juan Manuel fue reclamado por sus mayores para que tomara el relevo a su hermano Enrique, cuyas inquietudes izquierdistas le habían llevado a apartarse temporalmente de la línea marcada por el padre y el tío, incursionando en el periodismo independiente y participando en los procesos de negociación abiertos por el Gobierno conservador de Belisario Betancur Cuartas con las guerrillas del M-19 y el EPL.

En 1983 el menor de los Santos pasó a presidir también el Comité Editorial del periódico y dos años después ganó el Premio Internacional de Periodismo Rey de España, en la modalidad de prensa escrita, por una serie de reportajes sobre la actualidad de la Nicaragua sandinista y publicada por El Tiempo bajo el título genérico de Crónicas de Nicaragua.

Juan Manuel compartió con su hermano Enrique un galardón que recogieron en octubre de 1985 en San Juan de Puerto Rico, en una ceremonia organizada por la Agencia EFE y el Instituto de Cooperación Iberoamericana (ICI), convocantes y patrocinadores de los premios. También en 1985, el periodista colombiano fue elegido vicepresidente de la Comisión para la Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

En septiembre de 1990 la familia fue sobresaltada por el secuestro del primo Francisco Santos Calderón, entonces jefe de redacción de El Tiempo, por la organización del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria, quien buscaba arrancar al nuevo presidente de la República, el liberal César Gaviria Trujillo, garantías legales de la no extradición de los jefes de los cárteles de la droga reclamados por la justicia de Estados Unidos.

Francisco Santos, Diana Turbay Quintero (hija del ex presidente Julio César Turbay Ayala, quien resultó muerta en una operación policial de rescate) y otros periodistas permanecieron cautivos durante meses, mientras duró el forcejeo entre el Gobierno y el cártel de Medellín; en su caso, fue liberado en mayo de 1991, semanas antes de entregarse Escobar a las autoridades en las condiciones por él fijadas.


2.2. Salto a la política con el Partido Liberal y ministro de Gaviria

Aunque su carrera parecía sólidamente encarrilada en el periódico familiar, como era el caso de la mayoría de sus hermanos y primos, Santos mostraba apetencias políticas ortodoxas, es decir, sin salirse de los cauces del PL.

En 1991, apoyado en sus excelentes contactos en las altas instancias del liberalismo, donde mantenía relaciones de amistad con el ex presidente (1974-1978) Alfonso López Michelsen y otras personalidades, y tras el feliz desenlace del secuestro de su primo, el periodista aceptó la oferta de Gaviria de servir en su Gobierno como titular de la cartera de Comercio Exterior. Se trataba de un ministerio nuevo, cuya creación se enmarcaba en la inminente entrada en servicio de la Zona de Libre Comercio (ZLC) de los países del Grupo Andino y en el acercamiento entre Colombia y Brasil para unificar posturas en el mercado mundial del café, con el fin de restringir la oferta y elevar los precios.

El 1 de enero de 1992, coincidiendo con el arranque de la ZLC, Santos cesó en todas sus funciones directivas y editoriales en El Tiempo (la subdirección quedó en manos de su hermano Enrique) para debutar en la función gubernamental. Hasta la conclusión de la Administración Gaviria en agosto de 1994, el ministro negoció las dinámicas de liberalización comercial e integración regional de Colombia en diversos ámbitos bilaterales y multilaterales.

Así, acordó con sus homólogos de Venezuela y Ecuador la aplicación del Arancel Externo Común (AEC) del Grupo Andino, con los de Venezuela y México la puesta en marcha de otra área de libre comercio subregional, la del llamado Grupo de los Tres, y con los del CARICOM un instrumento de alcance parcial. También, adoptó sendos acuerdos de alcance parcial con Chile y Panamá, facilitó la aplicación por Estados Unidos de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (ATPA) y negoció el ingreso de Colombia, parte contratante del GATT, en la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Fueron 32 meses de intensa actividad en los que Santos, además, ayudó a dar forma al Banco de Comercio Exterior (Bancoldex), al organismo público de promoción comercial, inversora y turística Proexport, y a la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior (Fiducoldex); presidió con un mandato cuatrienal la VIII Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas sobre Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), celebrada en Cartagena en febrero de 1992; y presidió el XXV Período de Sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), comenzado en la capital bolivarense en abril de 1994.

No todo fueron responsabilidades de tipo técnico. El 11 de agosto de 1993, el pleno del Congreso, acatando la decisión tomada por la Junta de Congresistas Liberales, que lo escogió por delante del ministro de Comunicaciones, William Jaramillo Gómez, eligió a Santos designado a la Presidencia, puesto de fuerte dimensión política que, a falta de la institución vicepresidencial, confería a quien lo desempeñaba la capacidad de suplir en funciones al jefe del Estado.

De hecho, Santos fue el último designado a la Presidencia, ya que las elecciones de mayo y junio de 1994 rehabilitaron el cargo de vicepresidente de la República, abolido en 1910 pero introducido de nuevo por la Constitución de 1991. Así, el 7 de agosto de 1994 asumió la oficina Humberto de La Calle Lombana, colega del partido a quien Santos había sucedido como designado.


2.3. Hostilidad al liberal Samper y cooperación con el conservador Pastrana

El nuevo presidente liberal, Ernesto Samper Pizano, no contó para su Administración con Santos, quien abrió una especie de paréntesis profesional, desvinculado del servicio de Estado y alejado también de la labor editorial en El Tiempo. Al parecer, el ex ministro se postuló para el puesto de embajador de Colombia en Washington, pero el Ejecutivo debutante no quiso complacerle. En septiembre de 1994 Santos presentó la Fundación Buen Gobierno, entidad dedicada a la investigación en el campo de la gestión pública, y al año siguiente se integró en la Dirección Nacional Liberal, la cúpula dirigente del PL.

En este período, Santos fue uno de los protagonistas de las fuertes tensiones políticas que sacudieron la presidencia de Samper a lo largo del llamado narcoescándalo, atizado por las denuncias, elevadas primero por el candidato presidencial derrotado del Partido Conservador (PCC), Andrés Pastrana Arango, y luego confirmadas por destacados colaboradores del propio Samper, sobre que el mandatario había financiado su campaña electoral de 1994 con dinero del cártel de Cali.

El Congreso investigó a Samper y en junio de 1996 le absolvió por falta de pruebas, pero luego el presidente siguió haciendo frente a la hostilidad manifiesta del sector gavirista del PL, donde Santos, quien aseguró haber recibido unas amenazas de muerte por su postura crítica con el poder, llevó la voz cantante.

Santos subió otro peldaño en su enfrentamiento con Samper al oficializar su precandidatura para las elecciones presidenciales de 1998, envite que desafiaba la aspiración del precandidato del oficialismo, el ministro del Interior Horacio Serpa Uribe, quien era el más ardiente defensor con que contaba el presidente.

En octubre de 1997 Santos desató una tormentosa polémica al exponer junto con el novelista Gabriel García Márquez una iniciativa de proceso de paz entre el Estado colombiano y los movimientos guerrilleros de ideario marxista-leninista Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y Ejército de Liberación Nacional (ELN).

La controvertida propuesta de Santos y García Márquez presentaba tres características especiales: la creación de una "zona de distensión y diálogo", o área desmilitarizada, en una parte del territorio nacional previamente acordada con las guerrillas; el arranque en dicha zona de un diálogo integral entre los insurgentes y representantes de la sociedad civil y los partidos, pero no del Gobierno (considerado ilegítimo por aquellos); y la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. El ofrecimiento de paz se hacía extensible a los grupos paramilitares de extrema derecha, responsables de algunas de las peores atrocidades del interminable conflicto armado, una guerra atomizada en múltiples frentes y no declarada, que padecía Colombia.

La iniciativa de Santos dio argumentos a Serpa, ya apeado del Gobierno, y pese a que él mismo era favorable a negociar con las FARC, para denunciar la existencia de un "complot" que tendría como objetivo derrocar a Samper, el cual dio crédito a esta hipótesis y declaró sentirse "escandalizado".

Santos negó que su propuesta escondiera ninguna maniobra inconstitucional (al contrario, la valoró como una "fórmula constitucional para la paz"), aunque reclamó la dimisión del presidente. Sin embargo, tomó nota de sus escasos apoyos internos, de manera que el 20 de enero de 1998 retiró su precandidatura presidencial para dedicarse "de lleno a buscar la paz". Días después, Serpa fue proclamado por la Convención del PL director nacional del partido y candidato presidencial frente a su principal adversario del liberalismo, el ex fiscal general Alfonso Valdivieso Sarmiento.

Las elecciones de mayo y junio de 1998 las perdió Serpa ante Pastrana, quien arrancó su mandato en agosto siguiente. Al principio, Santos se mantuvo formalmente en la oposición a la nueva Administración conservadora y disminuyó un poco su actividad política. En 1999, mientras su hermano Enrique y su primo Rafael llenaban el hueco dejado en El Tiempo por el tío Hernando, fallecido el 20 de abril a los 76 años, y asumían la dirección compartida del periódico, el ex ministro publicó el libro La Tercera Vía: una alternativa para Colombia, donde exponía su propuesta de adaptar al país sudamericano la doctrina política centrista acuñada por el primer ministro laborista del Reino Unido Tony Blair, quien aceptó gustoso colaborar en el ensayo de su amigo colombiano.

En julio de 2000, cuatro meses después de marchar su primo Francisco a Madrid por temor a ser asesinado por las FARC, que le habían amenazado de muerte, Santos regresó al centro del proscenio al suceder al dimitido Juan Camilo Restrepo Salazar como ministro de Hacienda y Crédito Público.

Santos aceptó el ofrecimiento hecho por Pastrana, quien se había embarcado en un ambicioso proceso de paz con las FARC sobre la base del concepto de la zona de distensión, 42.130 km² de área selvática despejados por el Gobierno en los departamentos de Meta y Caquetá, y con centro en el municipio de San Vicente del Caguán. El asentimiento de Santos contradecía las consignas oposicionistas de la Dirección Nacional Liberal, encabezada por Luis Guillermo Vélez Trujillo, y violaba su propia promesa, hecha en enero de 1998, de no tomar puestos en el Gobierno que sucediera al de Samper.

Rodeado de una aureola de hombre-providencia, que él mismo ha alimentando a posteriori cuando se le ha preguntado por esta etapa de su vida política, el ministro de Hacienda enfrentó una situación muy negativa, con el país saliendo de su primera recesión desde hacía casi siete décadas, la inflación al alza, el fisco acuciado por el déficit de ingresos y la deuda externa aproximándose a los 40.000 millones de dólares.

La ortodoxa gestión de Santos, quien durante un año estuvo al frente del Directorio de la Corporación Andina de Fomento (CAF), alumbró una serie de reformas legislativas en los regímenes de transferencias territoriales, pensiones e impuestos que ayudaron a estabilizar la situación financiera y tranquilizar a los acreedores internacionales, aunque el tejido social salió resentido con unos elevados niveles de paro y pobreza.


2.4. Al servicio del presidente Uribe: artífice del Partido de la U y aparejador de la Seguridad Democrática

Con el final de la Administración de Pastrana el 7 de agosto de 2002, Santos se mantuvo activo en la política interna del PL, desgarrada por la fractura sin precedentes que había abierto la presentación de dos candidaturas presidenciales rivales: una oficialista y orientada al centro-izquierda, la de Serpa, y otra disidente, escorada al centro-derecha y autocalificada de "independiente", la del ex gobernador antioqueño Álvaro Uribe Vélez, a la postre ganador de las elecciones y el nuevo jefe del Estado, con Francisco Santos de vicepresidente.

Al principio de esta pugna en la familia liberal, Juan Manuel Santos respaldó a Serpa y luego se mantuvo en la oposición a Uribe, al que dirigió cáusticos comentarios desde su columna de opinión en El Tiempo. Pero esta postura no iba a perdurar.

Partidario de doblegar a las FARC con la fuerza de las armas y favorecido por el estrepitoso fracaso de la estrategia negociadora conducida por Pastrana, Uribe obtuvo del electorado colombiano una contundente victoria enarbolando un programa de seguridad pretendidamente inequívoco.

Su consigna sonaba clara: la máxima firmeza del Estado con los diversos grupos violentos y organizaciones armadas ilegales que venían ensangrentando Colombia con sus criminales fechorías; a unos, como podían ser los cárteles de la droga, se les neutralizaría legítimamente por la fuerza; a otros, como las guerrillas y los paramilitares agrupados en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), se les combatiría hasta debilitarlos y convencerlos de lo ineluctable de una salida dialogada en las condiciones dictadas por el Gobierno.

Por lo que se refería a las poderosas FARC, si se obstinaban en su desafío subversivo y terrorista, advertía Uribe, encontrarían en el Estado una determinación aniquiladora; si se avenían a dejar las armas, desmovilizarse y reinsertarse en la sociedad civil, tendría que ser con una tregua en firme y sin zona de distensión.

La guerrilla despreció el mensaje de Uribe y contraatacó con cruel saña, pero los paras, ese mundo tenebroso sobre el que pesaban fundadas sospechas de connivencia con personalidades de la política y los negocios (Uribe mismo era acusado de haber tenido vínculos inconfesables con figuras del paramilitarismo y el narcotráfico, y sobre el propio Santos iba a recaer similar imputación), aceptaron acogerse a los instrumentos adoptados por el Gobierno y el Congreso en el marco de la llamada Política de Seguridad Democrática.

Aunque él había abogado por unas fórmulas de diálogo con las guerrillas que exudaban posibilismo, Santos empezó a encontrar atractivos el discurso de mano dura de Uribe y su Seguridad Democrática. Su acercamiento al presidente se hizo patente a finales de 2004, cuando aquel, ya repuesto del fracasado referéndum de octubre de 2003 sobre la reforma política y tributaria, andaba a la búsqueda de apoyos parlamentarios para sacar adelante en el Congreso las enmiendas constitucionales que le permitirían optar a la reelección en 2006.

La purga de los congresistas liberales, desatada por la Dirección Nacional colegiada del partido, que votaron a favor de la reforma constitucional en la sesión parlamentaria del 1 de diciembre de 2004 animó a Santos a articular en el PL una disidencia propresidencial que halló un inmediato eco en varios representantes políticos con vocación "renovadora"; uno de los más renombrados era Luis Guillermo Vélez, el ex director nacional liberal.

La idea era aglutinar a los dispersos sectores considerados uribistas bajo una sigla partidaria que diera un soporte sólido y permanente al presidente. Hasta ahora, Uribe venía contando con la asociación cívica Primero Colombia, un instrumento de impulso meramente electoralista, sin concreción parlamentaria, al que el mandatario recurría para inscribir su postulación al cargo.

Valiéndose de la personería jurídica de una agrupación preexistente, el Nuevo Partido, minúscula formación animada por los congresistas Óscar Iván Zuluaga Escobar y Adriana Gutiérrez Jaramillo, y que pese a pregonar su condición de partido uribista no merecía el interés del mandatario, Santos y sus compañeros de viaje lanzaron el 31 de agosto de 2005 el partido Unidad Nacional, inmediatamente renombrado como Partido Social de Unidad Nacional (PSUN), pero más conocido como el Partido de la U.

Uribe no sólo vio con buenos ojos la empresa de Santos, sino que le dio instrucciones precisas para conducirla a buen puerto. Cristalizó así un proyecto político compartido, aunque formalmente Uribe, ni era miembro ni participaba en la estructura orgánica del partido que evocaba su apellido.

Con la adhesión inicial de 44 congresistas de las dos cámaras procedentes del viejo bipartito liberal-conservador, y con Santos y Zuluaga de coordinadores, el Partido de la U se proponía afianzar e impulsar "el pensamiento y la obra de gobierno" del presidente Uribe, vocación instrumental que prevalecía sobre cualquier precisión ideológica, más allá de una genérica reclamación del "centro" político.

La primera prueba electoral de la nueva colectividad iba a venir con las elecciones generales de 2006, donde Santos esperaba obtener un sobresaliente resultado legislativo además de la reelección de su mentor. El PSUN se presentaba como la formación del oficialismo, si bien por Uribe apostaban otros seis partidos del centro y la derecha, los más destacados de los cuales eran el PCC –convertido en un mero satélite del poder sin oferta propia- y Cambio Radical.

De entre los partidos que aceptaban la etiqueta de uribistas, el PSUN alardeaba de ser el más uribista de todos, y, aunque su plataforma era más corporativa que ideológica, los perfiles y trayectorias de algunos de sus miembros más notorios indicaban unos planteamientos derechistas.

Esta sensación se reforzó y adquirió tintes de alarma en enero de 2006, coincidiendo con una de las etapas más intensas de la desmovilización de las Autodefensas, cuando el Partido de la U y Cambio Radical se vieron obligados a expulsar de sus filas a varios legisladores y candidatos al Congreso tras descubrirse que mantenían vínculos con el paramilitarismo. Fue la génesis del escándalo de la parapolítica, la criatura civil e institucional del fenómeno paramilitar.

El obvio favoritismo de Uribe hacia Santos levantó suspicacias y malestar en algunos uribistas de primera hora, que recordaron cómo el ex ministro se había pasado a su bando sólo en el tercer año de la Administración.

Pero Santos se apuntó ante su jefe un tanto formidable en las elecciones legislativas del 12 de marzo de 2006, cuando el PSUN se encaramó como la primera fuerza de la Cámara alta con 20 senadores y desbancó al PCC como la segunda de la Cámara baja con 28 representantes, sólo tres menos que el PL. El oficialismo redondeó su triunfo el 28 de mayo al ganar Uribe la reelección con un aplastante 62,3% de los votos frente al izquierdista Carlos Gaviria Díaz, del Polo Democrático Alternativo (PDA), y un debilitadísimo Serpa por el PL.

El 7 de agosto de 2006 Uribe inauguraba su segundo –y, con la Constitución en la mano, último- mandato de cuatro años, pero antes nombró a los nuevos lugartenientes de su Ejecutivo. La remodelación ministerial fue comunicada el 11 de julio y entre los promocionados destacaba Santos, convertido en ministro de Defensa en sustitución de Camilo Ospina Bernal. Santos causó baja en la jefatura del Partido de la U junto con Zuluaga, nombrado ministro consejero de la Presidencia, dejando la coordinación dual en manos de Luis Guillermo Vélez y Marta Lucía Ramírez de Rincón.

El 19 de julio Santos se estrenó en los ministerios de los llamados de fuerza, en un momento incierto para el éxito de la PSD toda vez que el llamado Acuerdo Humanitario (el intercambio de guerrilleros presos por los llamados canjeables, o secuestrados de alto nivel) con las FARC, dispuestas a seguir luchando pese a los fortísimos reveses encajados en estos cuatro años (miles de bajas entre muertos en combate, capturas y deserciones, incluidas las de varios destacados comandantes), no terminaba de concretarse.

El 19 de octubre, en respuesta al último atentado de las FARC con coche bomba, que no era precisamente uno de esos "hechos irreversibles de paz" exigidos por el presidente como preámbulo de cualquier negociación, Uribe comunicó que el Acuerdo Humanitario no era posible y que los secuestrados serían liberados manu militari.

Santos, que consideraba a las FARC "el cártel [de la droga] más poderoso del mundo", pasó a ejecutar la estrategia de lucha en firme contra la guerrilla en paralelo a la ofensiva antinarcóticos, que tenía como pilar el controvertido Plan Colombia, el cual incorporaba la asistencia militar de Estados Unidos y apostaba por la erradicación y la fumigación de las plantaciones ilícitas de coca. Sin embargo, hubo de salir en defensa de las Fuerzas Armadas, algunos de cuyos miembros estaban siendo acusados de montar falsos operativos antiterroristas y hasta de perpetrar atentados con oscuros fines de promoción personal, dejando un reguero de crímenes y violaciones.


2.5. Un agitado ministerio de Defensa: las salpicaduras del Paragate, duros golpes a las FARC y conflicto con Ecuador y Venezuela

En diciembre de 2006 el ministro fue puesto en guardia por la crisis abierta en el proceso de paz con los paramilitares debido a las amenazas al Gobierno por un grupo de comandantes paras descontentos con sus nuevas condiciones carcelarias y con la anulación por la Corte Constitucional de varios puntos polémicos de la Ley de Justicia y Paz, que otorgaban un rango político a sus crímenes y les protegían de las extradiciones a Estados Unidos.

Santos negó que el proceso de paz con las Autodefensas, iniciado en 2003, estuviera yéndose a pique, aunque amenazó con la entrega a la justicia estadounidense a los jefes paramilitares aún prófugos si no se ponían a disposición de las autoridades colombianas y con la retirada de los beneficios de la Ley de Justicia y Paz a aquellos facciosos ya desmovilizados pero que volvieran a delinquir.

Simultánea e íntimamente ligado a lo anterior, arreció el escándalo de la parapolítica, o Paragate, luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ), tras acoger las denuncias de la Auditoría General de la República, se pusiera a investigar a decenas de legisladores departamentales y nacionales por sus presuntos nexos con el paramilitarismo y el narcotráfico.

Al principio, Santos eludió las salpicaduras desagradables en el plano personal. Conminó a congresistas y mandos militares a confesar si habían tenido nexos con las AUC y fue testigo de cómo se arruinaban las carreras políticas de muchos personajes del oficialismo, conmilitones del Partido de la U y hasta compañeros del Gabinete, que fueron obligados a dimitir antes de, no pocos de ellos, sufrir arresto y encarcelamiento por sospechas fundadas de actuaciones delictivas.

Casos señalados fueron los de la ministra de Relaciones Exteriores, María Consuelo Araújo Castro, quien renunció voluntariamente tras la detención de su hermano, el senador Álvaro Araújo Castro, y por las investigaciones abiertas también contra su padre, el ex ministro de Agricultura Álvaro Araújo Noguera, así como del director único del Partido de la U (promovido al puesto por la primera Asamblea Nacional de la agrupación, el 26 de noviembre de 2006), Carlos Armando García Orjuela, antiguo presidente del Senado.

Ahora bien, el 15 de mayo de 2007 el titular de Defensa fue arrastrado a la vorágine por Salvatore Mancuso Gómez, antiguo jefe máximo de las AUC junto con el asesinado Carlos Castaño Gil, quien desde la cárcel de máxima seguridad de Itagüí aseguró haberse reunido con él en una ocasión durante la Administración de Samper. Según Mancuso, el entonces dirigente del PL les había pedido a él y a Castaños "ayuda para tumbar" al mandatario liberal.

Santos se apresuró a negar la especie revelada por Mancuso haciendo una complicada puntualización ("claro que yo quería que Samper se fuera, por supuesto, pero siempre, siempre, por las vías legales", repuso). Además, valoró el movimiento de censura iniciado en su contra en el Senado como un intento de "entregar una parte de mi cabeza" a Mancuso y "la otra parte" al presidente de Venezuela Hugo Chávez, habitualmente acusado por Bogotá de prestar apoyo a las FARC y en cuya desestabilización, a través de una supuesta conspiración orquestada por Estados Unidos, el ministro colombiano acababa de ser involucrado por el ex vicepresidente venezolano José Vicente Rangel (una imputación, por cierto, que luego fue desmentida por el propio Chávez).

El 13 de junio de 2007 el Congreso rechazó la moción de censura contra Santos, quien en octubre siguiente se complicó el ministerio al arremeter contra la mediación en curso, autorizada no obstante por Uribe, de Chávez con las FARC, cuyo propósito era lograr un intercambio humanitario de rehenes y prisioneros. Los portavoces de la Presidencia y el Ministerio de Exteriores salieron a contradecir a Santos, el cual intentó enmendar la metedura de pata poniendo su cargo a disposición de Uribe. El presidente, sin embargo, reiteró su confianza en su responsable de Defensa. Semanas después, en noviembre, Uribe ordenaba el final de la misión mediadora de Chávez en el contexto de una ruidosa crisis diplomática. Entonces, Santos pudo sentirse vindicado.

Mientras sorteaba los coletazos del Paragate, Santos siguió conduciendo el combate contra las FARC, donde se adjudicó, y por ende lo hizo el presidente, un impresionante rosario de éxitos, que le reportó una fama de halcón y de obrador solvente de la PSD. Fue una sucesión de golpes certeros a una guerrilla degenerada al ritmo de sus iniquidades bandoleras, terroristas y narcotraficantes. La ofensiva del Ejército colombiano contra las FARC contó con la participación decisiva del aparato de seguridad de Estados Unidos, asistencia que no estuvo exenta de episodios turbios.

A la mitad liberación, mitad fuga en diciembre de 2006, tras seis años de cautiverio, del ex ministro Fernando Araújo Perdomo -quien poco después sería nombrado por Uribe canciller para sustituir a María Consuelo Araújo-, le siguieron las muertes en operación militar de los jefes guerrilleros Milton Sierra Gómez, alias JJ, Tomás Medina Caracas, alias El Negro Acacio, y Gustavo Rueda Díaz, alias Martín Caballero, quienes fueron abatidos por el Ejército en junio, septiembre y octubre de 2007, respectivamente.

Marzo de 2008 fue un mes fasto para el Ministerio de Defensa al sufrir las FARC los fallecimientos sucesivos, en distintas circunstancias, de tres de sus máximos líderes, dos de ellos históricos de la guerrilla. El 1 de marzo resultó muerto en una destructiva incursión aérea, codificada como Operación Fénix, Luis Édgar Devia Silva, alias Raúl Reyes, considerado el número dos de las FARC y su portavoz internacional.

La eliminación de Reyes junto con una veintena de guerrilleros y ciudadanos extranjeros en un campamento en un área fronteriza de la Amazonía ecuatoriana provocó las iras del Gobierno de Rafael Correa, que rompió las relaciones diplomáticas con Bogotá, y recrudeció la trifulca con Chávez, quien en enero anterior había calificado a Santos de "miembro de la más rancia oligarquía colombiana" y de "antibolivariano visceral" por haber rechazado su solicitud de retirarle a las FARC la consideración de terroristas como gesto para facilitar el diálogo humanitario.

Santos se puso a la defensiva y, de ofrecer disculpas a Quito por la violación de su soberanía, pasó, basándose en información comprometedora para estos gobiernos hallada en los ordenadores de Reyes, a acusar a Ecuador y Venezuela de "abrir las puertas a los terroristas" y de "dificultar enormemente" una guerra que el Estado colombiano ya estaba "ganando".

El 3 marzo cayó Manuel de Jesús Muñoz Ortiz, alias Iván Ríos, miembro también del Secretariado y del Estado Mayor Central de las FARC. Iván Ríos fue asesinado por su propio jefe de seguridad, Pablo Montoya Cortés, alias Rojas, quien, deseoso de cobrar la jugosa recompensa ofrecida por el Gobierno a quien facilitara datos conducentes a su captura, entregó al Ejército como trofeos la mano derecha y el ordenador portátil de su víctima.

Santos, tras alguna vacilación, accedió a transferir a Montoya y sus secuaces la suma de 2.400 millones de pesos en pago, según él, no por la liquidación de Muñoz, sino por la información suministrada. Por esta acción, Santos fue acusado por la izquierda parlamentaria y otros sectores de la opinión pública de premiar el crimen y legitimar la pena de muerte, lo que resultaba incompatible con la Constitución y el Estado de derecho, pero el ministro alegó que no pagar la recompensa habría desalentado futuras delaciones en la guerrilla.

Finalmente, el 26 de marzo moría, víctima de un infarto a los 77 años, el legendario Manuel Marulanda Vélez o Tirofijo, alias de Pedro Antonio Marín, fundador de las FARC en 1964, negociador en jefe con el Estado durante las administraciones de Betancur y Pastrana, y número uno del Secretariado. La muerte de Marulanda fue anunciada por Santos y el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas el 24 de mayo y confirmada por la guerrilla al día siguiente. Entre medio, el 18 de mayo, se entregó Nelly Vila Moreno, Karina, la única mujer comandante de la guerrilla.

El 2 de julio de 2008, coronando esta secuencia de partes victoriosos, el país recibió alborozado la noticia de la liberación, en una espectacular operación de rescate, del más famoso de los canjeables, Íngrid Betancourt Pulecio, ex diputada liberal y ex senadora y candidata presidencial del partido verde Oxígeno, quien permanecía apresada por la guerrilla desde 2002.

La fulminante operación de inteligencia militar rescató sanos y salvos a Betancourt y a otros 14 rehenes de las FARC, 11 soldados y policías, y tres contratistas estadounidenses, evacuados todos desde su lugar de cautiverio en la selva del departamento de Guaviare en las carlingas de unos helicópteros camuflados con los colores blanco y rojo de una ONG ficticia. En la operación no hubo que lamentar pérdidas humanas o heridos, y ni siquiera se produjeron disparos. Santos encabezó la comitiva de autoridades que escoltó a Betancourt en el avión que la trasladó desde Guaviare al aeropuerto militar bogotano de Catam, donde se reunió con sus familiares.

Santos sacó pecho y lustre al desenlace de la Operación Jaque, cuyos frutos políticos eran formidables: la ciudadanía y la opinión pública colombianas aplaudieron febrilmente al Gobierno, la comunidad internacional transmitió su elogio unánime y la popularidad de Uribe se disparó a las nubes. A bombo y platillo, el ministro reveló algunos detalles de una operación "de película", "sin antecedentes en el mundo" y que "pasará a la historia por su audacia y efectividad", afirmó.

Jaque se había fundado en un sofisticado y rocambolesco engaño, por el que los captores de las FARC fueron convencidos por infiltrados del Ejército de que a Betancourt y los demás secuestrados se les iba a trasladar a un punto de reunión en la selva para proceder a un intercambio humanitario ordenado supuestamente por el sucesor de Marulanda, el comandante Alfonso Cano.

El responsable de Defensa se deshizo en elogios a la profesionalidad de las Fuerzas Armadas, recalcó que no había habido ninguna "participación extranjera directa" y que el operativo había sido "cien por cien colombiano". Sin embargo, días después, distintos medios de comunicación hicieron aflorar algunos entresijos que pusieron de relieve el carácter heterodoxo cuando menos de la operación, como que los rescatadores se habían escudado tras el emblema de la Cruz Roja, el número de registro legal de una ONG real establecida en España y los logotipos de dos televisiones de Venezuela y Ecuador, con los que algunos de ellos se hicieron pasar por periodistas.

En 2009 Santos iba a publicar una crónica de los principales golpes asestados a las FARC durante su ministerio en el libro Jaque al Terror: los años horribles de las FARC, con prólogo del literato mexicano Carlos Fuentes.


2.6. El escándalo de los falsos positivos y la intriga de la candidatura presidencial de 2010

La Operación Jaque tuvo repercusiones a todos los niveles. En el frente de guerra, las FARC quedaron muy debilitadas en los planos logístico, político y propagandístico, haciendo cundir el desánimo en sus huestes y acelerando las deserciones; además, la guerrilla encajó la muerte en combate o la detención de más cabecillas: Ricardo de Jesús Agudelo, El Paisa, Álvaro Alfonso Serpa, Felipe Rincón, Jesús Marbel Zamora, Chucho, y Bernardo Mosquera Machado, El Negro Antonio. En el plano político nacional, Santos se perfiló como el ministro más sobresaliente del Gabinete; en cuanto a Uribe, el país entero se planteó el escenario de su tercer mandato, con la mayoría a favor.

El presidente se mostraba ambiguo sobre sus intenciones. Hasta últimos de 2008, Uribe descartó consultar al pueblo en referéndum sobre si deseaba una "repetición" de las elecciones de 2006 una vez que la Corte Constitucional ratificó la legalidad de la reforma que había facultado su primera reelección, pero mantuvo un complaciente silencio durante la campaña de recogida de firmas conducida por el Partido de la U y cuyo fin era promover una consulta popular que decidiera sobre su habilitación para el tercer mandato mediante la oportuna enmienda constitucional, iniciativa a la que el Congreso dio luz verde el 17 de diciembre.

A la espera de la decisión que desharía la incertidumbre presidencial, el curso político fue sacudido por la declaración, con toda crudeza, del último escándalo de la etapa uribista, que tocó de lleno al Ministerio de Defensa: el de los falsos positivos, esto es, el secuestro y asesinato de cientos de jóvenes civiles ajenos al conflicto armado que luego eran consignados como guerrilleros abatidos.

Los fines de esta trama criminal clandestina eran cumplir objetivos de capturas, inflar los partes públicos de resultados de la guerra antiterrorista o lograr condecoraciones, recompensas y otros emolumentos, en los que tanto confiaba la PSD. Las víctimas se escogían entre jóvenes urbanos desempleados, indigentes, drogadictos o con antecedentes penales, pero también había muchos sindicalistas y líderes campesinos de zonas rurales.

El 29 de octubre de 2008, ante la avalancha de denuncias judiciales interpuestas por familiares de desaparecidos, sectores críticos al Gobierno y defensores humanitarios, que apuntaban a masivas violaciones de los Derechos Humanos cometidas por la Fuerza Pública al socaire de la PSD, y con las evidencias obtenidas por una comisión de investigación de la Defensa, que determinó la ejecución extrajudicial de 19 jóvenes del municipio de Soacha, Uribe tomó la resolución de destituir "por negligencia y falta de cuidado" a varios generales, coroneles y tenientes coroneles, 27 oficiales y suboficiales en total.

Seis días después, Santos admitía que uniformados del Estado estaban envueltos en cierto número de casos de ejecuciones extrajudiciales, aunque redujo el número de verdaderos falsos positivos, ya que, según él, se habían dado situaciones de muertes de paisanos accidentales, no deliberadas, a manos de militares en el curso de operaciones contrainsurgentes que sus autores, por temor a ser castigados, reportaban como enemigos abatidos, así como maniobras de intoxicación de las FARC, que tanto asesinarían a civiles para hacerlos pasar por víctimas de la Fuerza Pública como disfrazarían de tales a verdaderos guerrilleros caídos en combate. Al mismo tiempo, el comandante del Ejército, Mario Montoya Uribe, el tercer pilar de las operaciones Fénix y Jaque, presentaba la dimisión.

Con su renuncia, el general Montoya asumía sus responsabilidades castrenses, pero diversas ONG y sectores de la izquierda reclamaron a Santos que siguiera su ejemplo con respecto a las responsabilidades políticas. Sin embargo, el ministro arguyó que el Gobierno ya estaba haciendo lo que tenía que hacer: indagar, esclarecer, depurar y dejar actuar a la justicia, ya que los excesos denunciados eran incompatibles con la PSD. El Ministerio Público tenía bajo lupa a unos 2.300 funcionarios de la Fuerza Pública por su relación con un número similar de muertes de supuestos guerrilleros que podrían constituir delito. Algunos soldados ya estaban encausados y afrontaban proceso y juicio. El 16 de noviembre el ministro anunció la destitución de otros 13 militares bajo sospecha.

El 18 de mayo de 2009, con los ecos siniestros de los falsos positivos reverberando con fuerza, Santos comunicó su baja en el Gobierno, efectiva el día 23, con el fin de lanzar su candidatura presidencial para los comicios de mayo de 2010. El anuncio en sí no sorprendió a la opinión pública, y menos aún lo hizo la condición que lo acompañaba, a saber, que el dimisionario no daría un paso sin la aquiescencia de su jefe: "Si Uribe decide lanzarse, cuenta con mi total apoyo; si decide no lanzarse, yo seré candidato", indicó en la comparecencia. En ese momento, las encuestas concedían a Santos el tercer lugar en las preferencias del electorado, por detrás del imbatible Uribe y del popular ex alcalde de Medellín Sergio Fajardo Valderrama, un matemático metido a político que no se consideraba uribista ni adscrito a ideología alguna.

La de Santos se trataba, por tanto, de una candidatura "dormida", a la espera de que las instituciones dirimieran el futuro de Uribe. Además, en sentido estricto, Santos era candidato sólo por el Partido de la U, no por el uribismo en su conjunto, corriente política que seguía trascendiendo a esa agrupación y que incorporaba, por ejemplo, al PCC y Cambio Radical.

El 19 de mayo de 2009 la mayoría uribista del Senado, con el boicot del PL y el PDA, aprobó la celebración del referéndum pro reelección 2010 (el visto bueno emitido en diciembre por el Congreso se había referido al tercer mandato que comenzaría en 2014). Pero dos días más tarde, el interesado, en su intervención en un foro económico en Bogotá, calificó de "inconveniente" su reelección inmediata; no era cuestión de "perpetuarse" en el poder, explicaba Uribe, puesto que el país ya tenía "muchos buenos líderes". Santos era uno de los que tenía la "intuición" de que el mandatario, al final, no se presentaría a las urnas por tercera vez, consecutiva de las dos anteriores.

A últimos de junio de 2009, un magistrado de Ecuador dictó contra el ex ministro de Defensa colombiano una orden de arresto preventivo por su presunta responsabilidad, en tanto que coordinador de la Operación Fénix, en la muerte de un ciudadano ecuatoriano que se hallaba en el campamento de Raúl Reyes en el territorio sucumbeño de Angostura, muerte que para la fiscalía ecuatoriana cabía calificar de ejecución extrajudicial.

El Gobierno de Correa, cuya irritación con el de Uribe fue a más –en paralelo a la furia de Chávez, que agitó los tambores de guerra regional- por su decisión de conceder al Ejército de Estados Unidos acceso a siete bases militares colombianas dentro de la lucha coordinada contra el narcotráfico, respaldó la acción penal de la justicia ecuatoriana y además presentó una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero las autoridades de Bogotá salieron a arropar a Santos.

En julio, Santos, en su intervención en el foro Tribuna Iberoamericana en Madrid, quiso dar carpetazo político al escándalo de los falsos positivos, una "práctica macabra" que nunca había sido una política de Estado y que, tras las "contundentes" y "transparentes" actuaciones de las autoridades, las más interesadas de que "los responsables no quedasen impunes", debía considerarse un "capítulo cerrado".

El 15 de diciembre de 2009 los 56 diputados y senadores del Partido de la U (una cuota de poder parlamentario alcanzada tras varios casos de transfuguismo) proclamaron a Santos director único de la formación en sustitución del Luis Carlos Restrepo Ramírez, ex Alto Comisionado para la Paz, quien había dimitido menos de un año después de su designación. Santos recuperó las riendas del partido del que era artífice y que desde el escándalo de la parapolítica estaba sumido en el desconcierto, si no en el caos, lo cual era, hasta cierto punto, paradójico, ya que Uribe se hallaba en el cenit de su popularidad y el Gobierno irradiaba fortaleza.

Así, el anterior director, García Orjuela, estaba en prisión y hacía frente a un juicio bajo la acusación de conchabarse para delinquir con las autodefensas del Bloque Tolima. La campaña de recogida de firmas a favor de la reelección de Uribe, aunque completada con éxito, había estado trufada de trapacerías contables y tenía abierta una investigación de la Fiscalía por presunto fraude, escándalo que había forzado la marcha del secretario general del partido, Luis Guillermo Giraldo Hurtado.

Por si fuera poco, la aún joven formación ya había sufrido sus primeras disidencias y defecciones, protagonizadas por miembros a los que disgustaban los procedimientos de decisión interna. Precisamente, la candidatura presidencial de Santos estaba siendo criticada por quienes veían en ella lo más parecido a un "dedazo" de Uribe, al más viejo estilo del PRI mexicano.


2.7. Masivo triunfo en las urnas sobre el verde Mockus

El referéndum sobre la reelección de Uribe superó los trámites parlamentarios postreros en agosto y septiembre de 2009. Pero el 26 de febrero de 2010, en el último escrutinio institucional, el Tribunal Constitucional falló la inexequibilidad, es decir, la inviabilidad, de la consulta. El alto tribunal fundaba su sentencia en la detección de vicios de forma en la ley del referéndum, entre otros haber sobrepasado el Partido de la U el tope de financiación para la recogida de firmas, la cual, definitivamente, había resultado ser una monumental chapuza.

Llegado este punto, las cosas se aclararon. Uribe acató sin rechistar el fallo constitucional, Santos activó su candidatura, que incorporó como compañero de fórmula al ex gobernador vallecaucano Angelino Garzón Quintero, y el 8 de marzo una Asamblea General del Partido de la U confirmó, sin oposición, dicha boleta presidencial.

Santos, empero, no iba a llegar a las urnas como el candidato unitario del uribismo, ya que el PCC presentó a Noemí Sanín Posada (antigua ministra de Exteriores que iba por su tercera tentativa presidencial y que se impuso en la primaria de su partido a Álvaro Leyva Durán y al ex ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias Leiva, apodado Uribito por su devoción al presidente y por su parecido físico con él, quien además le tenía en pública estima), mientras que Cambio Radical postuló a su conductor, Germán Vargas Lleras.

Esta desunión podía arriscar la victoria del pretendiente oficialista en la primera vuelta, pero Santos se apuntó al triunfalismo tras conocer los resultados de las elecciones legislativas del 14 de marzo, que otorgaron a su formación la mayoría en las dos cámaras del Congreso, 47 diputados y 28 senadores, con el 26% de los votos.

Formulando el reto de "defender con total lealtad el legado" del presidente Uribe y la promesa de erradicar totalmente "la violencia narcoterrorista" (ya que "la culebra sigue viva", recordó, refiriéndose a las FARC), Santos presentó su Programa de Buen Gobierno, que apostaba por dar continuidad y profundidad a la Seguridad Democrática para alumbrar una era de Prosperidad Democrática. A lo largo de 109 propuestas, el candidato vislumbraba un futuro nacional muy en positivo y tocaba virtualmente todos los capítulos -políticos, administrativos, económicos, sociales, culturales y medioambientales- de la gestión de la cosa pública, que se caracterizaría por la "vocación de servicio y la búsqueda de la excelencia, la eficacia y la eficiencia".

Algunas de las actuaciones anunciadas eran: un plan de choque por el empleo para crear 2,4 millones de puestos de trabajo y sacar de la economía sumergida 500.000 puestos más hasta 2014, cuando la tasa de paro debería quedar por debajo del 9%, frente al 12% actual; mayores deducciones en el impuesto sobre la renta y otras ventajas fiscales para las empresas; la definición de cinco "sectores locomotora" para "poner a Colombia a trabajar" (y recobrar las tasas vigorosas de crecimiento económico, que en 2009, como consecuencia de la crisis mundial, sólo había alcanzado el 0,4%), a saber, la infraestructura, el agro, la vivienda, la innovación y la minería; asegurar la efectividad de los Planes Obligatorios de Salud (POS); introducir medidas de equidad para las mujeres; impulsar la seguridad alimentaria aprovechado la capacidad agropecuaria de Colombia, de manera que no hubiera "más hambre en un campo abundante"; e invertir en el programa Alianzas Productivas, lanzado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Y, por supuesto, estaba el "objetivo prioritario" de la "seguridad democrática y ciudadana", donde no habría "ni un paso atrás". "Derrotaremos al terrorismo, terminaremos el conflicto y construiremos la paz. Mantendremos una presión incesante sobre los violentos, organizados en bandas criminales, grupos guerrilleros y terroristas. No les dejaremos más opción que la rendición, la reinserción y la aceptación de la Constitución. Mantendremos la exitosa política del Presidente Álvaro Uribe Vélez, que combinó la mano tendida y el pulso firme", rezaba el Programa, que incluía también la creación del Ministerio de Justicia.

En extremo parcos fueron el manifiesto electoral del Partido de la U y su candidato presidencial sobre las relaciones internacionales y la política exterior. La continuidad aquí estaba fuera de toda duda, lo que significaba que Santos mantendría la estrecha cooperación con Estados Unidos en la lucha antidrogas con medios militares. La concesión a la superpotencia norteña de las siete facilidades logísticas en territorio nacional, formalizada por el acuerdo de cooperación militar del 30 de octubre de 2009, valedero por diez años, las había empezado a negociar con Washington él en persona. En abril, Santos volvió a ser vituperado por Chávez y Correa, que le pusieron de "amenaza" y "peligro", no sólo para sus países, sino "para toda Latinoamérica", por confesarse "orgulloso" de haber ordenado el bombardeo contra el campamento de Raúl Reyes.

Hasta finales de marzo, el principal competidor de Santos, de indudable talla aunque en apariencia incapaz de causarle problemas, era la conservadora Sanín. Pero al despuntar abril, empezó a subir como la espuma el candidato del Partido Verde, Antanas Mockus Sivickas, un filósofo y matemático de ascendencia lituana con dos exitosas alcaldías de Bogotá a sus espaldas y que acertó a seducir a un sector del electorado, insospechadamente amplio, de perfil urbano, joven y orientado a la izquierda, con sus propuestas renovadoras.

Con un estilo personal muy poco convencional –transgresor, intelectual y colorista a partes iguales-, Mockus propugnaba un profundo cambio de gobierno, en la forma y en el fondo. Un gobierno colombiano más comprometido socialmente, inasequible a las corrupciones y connivencias parapolíticas que debilitaban el Estado de derecho, y tan eficaz en la lucha contra la violencia facciosa como podía serlo la Administración saliente, pero sin atropellos humanitarios, lo que entrañaba contraponer a la Seguridad Democrática la "legalidad democrática". Además, Mockus fichó como candidato a vicepresidente al respetado edil medellinense Sergio Fajardo.

Para asombro general, el líder uribista hubo de disputar el último mes de la campaña electoral codo con codo con su adversario verde. Santos, el frío, tecnocrático y resolutivo ejecutor de la PSD que no necesitaba desplegar gracia personal para presentarse como el digno sucesor de Uribe, y Mockus, el heterodoxo, empático y reflexivo vendedor de alternativas humanistas, protagonizaron un apasionante toma y daca en los sondeos que prometía una primera vuelta electoral muy igualada; es más, en la recta final de la campaña Mockus amagó con tomarle la delantera a Santos. Con seguridad, los dos iban a librar la segunda vuelta.

La votación del 30 de mayo de 2010 materializó, sin embargo, la sorpresa: Santos ganó con el 46,7% de los votos y por poco no se proclamó presidente en la primera vuelta. Mockus, con un inesperadamente pobre 21,5%, mantuvo vivas sus aspiraciones al obtener el paso a la segunda vuelta del 20 junio. Tercero fue el radical Vargas (10,1%), cuarto el polista Gustavo Petro Urrego (9,1%), quinta la conservadora Sanín (6,1%) y sexto, con un humillante 4,4%, Rafael Pardo Rueda, el candidato del histórico y otrora dominante PL.

Tras conocer los resultados, Santos dio las gracias a los ciudadanos, a las Fuerzas Armadas y, en especial, a Uribe, al que ofreció su triunfo provisional, y llamó a todas las fuerzas políticas a sumarse a un "gran Acuerdo de Unidad Nacional", el cual lanzó formalmente en el Valle del Cauca el 8 de junio con un manifiesto de diez puntos. Todos los sondeos auguraban una victoria arrasadora de Santos en la segunda vuelta del 20 de junio, como así fue: el ex ministro se llevó el puesto para estrenar el 7 de agosto con el 69,1% de los votos, porcentaje que no tenía precedentes en la historia de la democracia nacional.

Juan Manuel Santos está casado en segundas nupcias con la diseñadora gráfica industrial María Clemencia Rodríguez Rivera, antigua directora de Relaciones Públicas del Banco de la República y luego directora del Museo de Arte Religioso de Bogotá, con la que ha tenido tres hijos, Martín (1989), María Antonia (1991) y Esteban (1993). De su primer matrimonio, con Silvia Amaya Londoño, no tuvo descendencia. El estadista colombiano miembro del Consejo Directivo de la Universidad de los Andes, donde ha impartido clases de Economía Política, y de la Junta de Gobernadores del Diálogo Inter-Americano, con sede en Washington.

(Cobertura informativa hasta 20/6/2010)

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