Sebastián Piñera Echenique

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Datos relevantes

Actualización: 11 de Marzo de 2014
Crédito fotográfico: © Foto Agência Brasil/José Cruz
Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique

Chile

Presidente electo de la República

Duración del mandato: 11 de Marzo de 2010 - 11 de Marzo de 2014

Nacimiento: Santiago, Región Metropolitana , 1 de diciembre de 1949

Partido político: Sin filiación (ant., RN)

Profesión: Ingeniero, economista y empresario

Crédito fotográfico: © Foto Agência Brasil/José Cruz

Resumen

Entre 2010 y 2014 Sebastián Piñera ha personificado la alternancia democrática en Chile, de nuevo presidida por la derecha tras 20 años de gobiernos de la Concertación del centro-izquierda. El 11 de marzo de 2014 devolverá el mando a Michelle Bachelet, la dirigente socialista a la que sucedió cuatro años atrás y la ganadora de la doble vuelta electoral de noviembre y diciembre de 2013.

Uno de los hombres más ricos del país, con un historial de éxitos empresariales no exento de pasajes turbios por una serie de prácticas mercantiles abusivas –que le acarrearon serios líos con la justicia-, y antiguo senador, el magnate, un hombre de estilo abierto y locuaz, llegó al Palacio de la Moneda al segundo intento, pues en 2006 fue derrotado por Bachelet.
Desde su partido, Renovación Nacional, ha impulsado la actualización de la derecha chilena, donde representa a los sectores más moderados y liberales, con el fin de desligarla de su pasado pinochetista. Él siempre ha dicho que estuvo en contra de la Junta Militar y que en el plebiscito de 1988 voto no, si bien en 1998 denunció enérgicamente la detención de Pinochet en Londres.

En enero de 2010 Piñera se impuso en las urnas al democristiano Eduardo Frei con un programa que enarbolaba las banderas de la dinamización productiva (meta de crecer un 6% anual), la aceleración del desarrollo (objetivos de "erradicar" la pobreza y de alcanzar estándares europeos para 2018), la creación masiva de empleo, el combate a la delincuencia y la superación de las flagrantes desigualdades sociales, todo ello en un contexto de estabilidad macroeconómica y relativa consolidación fiscal. Es decir, se trataba de completar la obra inacabada, cuyos logros reconocía, de los cuatro presidentes concertacionistas. Su compromiso era, aseguraba, con la "economía social de mercado", con una "sociedad más justa y solidaria", y con la "unidad nacional", dejando atrás la polarización ideológica heredada de la dictadura.

Para empezar, su ambicioso Programa de Gobierno tuvo que enfrentar la destrucción masiva provocada por el gran terremoto y maremoto de febrero de 2010, sucedido cuando todavía era presidente electo. La bonanza de los ingresos de las exportaciones cupríferas y el colchón financiero que brindaban los fondos de reserva y el muy bajo nivel de endeudamiento permitieron al Ejecutivo costear los daños con un Plan de Reconstrucción centrado en la restitución de viviendas y la reparación de infraestructuras públicas.

Hecho notable, este esfuerzo, que fue paralelo a toda una serie de mejoras en las subvenciones y bonificaciones sociales, se acometió sin perjuicio del crecimiento y el balance fiscal; al contrario, entre 2010 y 2012 el PIB chileno creció con unas tasas próximas al 6% y el déficit prácticamente desapareció de las cuentas públicas. Además, no se generó inflación, el paro descendió, hasta tocarse el pleno empleo, y los salarios subieron. Con todo, Chile no se ha zafado de un proverbial desequilibro: en la OCDE, destaca como un país líder en crecimiento pero sigue siendo el que peor repartida tiene su riqueza. Además, en su último año en La Moneda, Piñera vio moderarse el crecimiento económico, retornar el déficit fiscal y aumentar el déficit estructural, en buena parte por culpa de la caída de los ingresos del cobre, del que tanto depende el país sudamericano. Amén del agravamiento del déficit por cuenta corriente, de mal en peor desde el inicio de su mandato.

Las cifras de la prosperidad nacional quedaron espectacularmente emborronadas en 2011 por la confluencia de una serie de conflictos sociales, el más clamoroso de los cuales fue el estudiantil. La enérgica protesta de los estudiantes, que hasta el día de hoy han reclamado un sistema educativo público de calidad, equitativo y gratuito, desgastó al Gobierno y disparó los niveles de rechazo a Piñera, quien vio evaporarse la popularidad ganada durante la crisis del accidente de los mineros de Copiapó en 2010, en cuyo épico rescate tuvo un rol estelar.

Si el terremoto sacó a relucir importantes carencias del Estado y una fractura soterrada en los sectores más humildes de la sociedad, las protestas realizadas en 2011 y 2012, algunas con acentos violentos, por estudiantes, obreros, mapuches araucanos, ecologistas patagones y ciudadanos magallánicos fueron la manifestación de un descontento social bastante extendido, malestar que los logros económicos y la batería de novedades legislativas no consiguieron mitigar. Piñera, pese a su infatigable búsqueda de la aproximación a la gente, no terminó de conectar con la mayoría de los chilenos, quienes podían reconocer el balance gestor de su Gobierno, pero desaprobar sus dotes como político. Por lo demás, las históricas protestas sociales de 2011 abrieron un debate nacional sobre el modelo de país que se quería para el futuro y suscitaron el diagnóstico de un "fin de ciclo" en Chile.

La política exterior de Piñera continuó por la senda, muy pragmática, trazada por sus predecesores Aylwin, Frei, Lagos y Bachelet, que se resume en la búsqueda de unas relaciones internacionales fructíferas, el alejamiento de las pendencias ideológicas y la apuesta por la inserción en los mercados más dinámicos de la globalización, con hincapié en la región de Asia y el Pacífico, a través de un arsenal de tratados de libre comercio bilaterales, y en paralelo a los procesos de integración abiertos en América Latina; aquí, Chile ha confiado en organizaciones como la UNASUR, la CELAC e incluso el MERCOSUR, y se ha mantenido rigurosamente al margen del ALBA.

En este período, la matriz exportadora de la economía chilena se benefició con la firma de cuatro nuevos TLC con países de Extremo Oriente, la intensificación de los tratos con China y la formación en 2011 con México, Colombia y Perú de la Alianza del Pacífico. El presidente insistió en promocionar a Chile como "puerta de entrada en América Latina" y "puerto de proyección hacia el Asia-Pacífico", una posición dual bien reconocida por los inversores europeos. La Administración Piñera abrió o profundizó relaciones "estratégicas" con diversos países de América, Asia y Europa, pero mantuvo un doble diferendo territorial con los vecinos Perú y Bolivia. Con el primer país heredó el litigio ante el Tribunal Internacional de Justicia por la delimitación de la frontera marítima (hasta la sentencia salomónica de enero de 2014) y con el segundo acabó también en La Haya (demanda presentada por La Paz en 2013) por su reclamación de una salida soberana al océano por la costa chilena.

(Texto actualizado hasta marzo 2014)

Biografía

1. Un dinámico empresario en los años de la dictadura
2. Entrada en política con la derechista Renovación Nacional; el Piñeragate
3. Las tentativas presidenciales de 1999 y 2005
4. Triunfo electoral en 2010 con un programa de cambio para Chile
5. Debut en La Moneda bajo la emergencia del terremoto; el plan nacional de reconstrucción
6. De la crisis de los mineros de Copiapó a la gran protesta estudiantil; el conflicto social de 2011
7. Acusada bonanza económica, las medidas sociales del Gobierno y la batalla del déficit
8. Una fructífera política exterior bajo las consignas de la integración y el libre comercio
9. La vicisitudes del último año


1. Un dinámico empresario en los años de la dictadura

Nacido en 1949 en el seno de una familia de clase media, es el tercero de los seis hijos tenidos por José Piñera Carvallo (1917-1991), ingeniero de formación, funcionario público de profesión y nieto de inmigrante asturiano, y María Magdalena Echenique Rozas (1919-2000), ama de casa y con ascendientes vascos.

En 1950, contando su más joven vástago con apenas unos meses de vida, los Piñera se marcharon a vivir a Nueva York, Estados Unidos, donde al padre le había salido un puesto en la plantilla de la entidad estatal Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), que inauguraba en el país norteamericano su primera oficina exterior. Transcurridos cuatro años, la familia retornó a Santiago y Sebastián comenzó su educación escolar en el exclusivo Colegio que la Congregación del Verbo Divino (SVD) regentaba en la capital.

Don José era militante fundacional del Partido Demócrata Cristiano (PDC), que en 1964 llegó al Gobierno de la mano de Eduardo Frei Montalva. De las profundas convicciones católicas de la familia Piñera Carvallo daba especial fe un tío paterno del niño, Bernardino Piñera, alto eclesiástico que entonces encabezaba la Diócesis de Temuco y que años más tarde iba a alcanzar el Arzobispado de La Serena y la presidencia de la Conferencia Episcopal de Chile.

En 1965 Frei nombró a José Piñera embajador de Chile en Bélgica y la familia volvió a hacer las maletas, esta vez con destino a Bruselas, donde Sebastián reanudó la secundaria en el Instituto Saint-Boniface. Cuando en 1967 el padre jalonó su carrera diplomática con un nuevo y prestigioso destino, la representación permanente ante la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, el hijo retorno a Chile. Piñera completó el último año del bachillerato en el Colegio del Verbo Divino, tras lo cual, en 1968, ingresó en la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica (PUC) para formarse como ingeniero comercial.

Faceta académica en los estudios de Economía y primeras actividades corporativas
Licenciado en 1971 con distinciones por tratarse del mejor alumno de su promoción, durante una temporada Piñera dio clases de Teoría Política Económica en el Instituto de Economía de la Universidad de Chile y en la Escuela de Negocios de Valparaíso. En 1973, con lo ganado en estos trabajos lectivos y con la ayuda también de una beca Fulbright, partió a Boston para cursar un máster de su especialidad en la Universidad de Harvard, donde ya llevaba unos meses estudiando su hermano un año mayor, José.

El comienzo de esta formación de posgrado, impartida por un equipo docente en el que descollaba el reciente Premio Nobel de Economía Kenneth Arrow, coincidió con el golpe de Estado militar del 11 de septiembre. Los dramáticos sucesos en su país empujaron a Piñera a retornar temporalmente a Santiago para contraer matrimonio con su novia cuatro años más joven, Cecilia Morel Montes, a la que conocía desde la adolescencia por ser vecinos del barrio.

Nada más convertirse en marido y mujer en diciembre de 1973, la pareja se mudó al campus de Harvard, donde él profundizó su vínculo académico con la mirada puesta en el doctorado. En Estados Unidos nació, en 1976, el primero de sus hijos, Magdalena; a la misma iban a seguir otra chica, María Cecilia (1978), y dos chicos, Juan Sebastián (1982) y Cristóbal (1984).

En Harvard Piñera tuvo como compañero de estudios al luego reputado economista Laurence Kotlikoff; juntos se integraron como auxiliares de investigación en el equipo del profesor Martin Feldstein, futuro asesor económico del presidente Ronald Reagan, y publicaron en la revista The Journal of Economic History un artículo titulado The Old South's Stake in the Inter-Regional Movement of Slaves.

Antes de doctorarse con la tesis, dividida en tres ensayos, The Economics of Education in Developing Countries, Piñera trabajó para la Universidad como asistente de docencia y empezó a prestar servicios de consultoría para el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Tras defender con éxito su tesis doctoral, el profesor Richard Musgrave, especializado en finanzas públicas, le contrató para ayudarle en un estudio sobre las cuentas nacionales de Bolivia, labor por la que cobró, según ha informado la prensa chilena, la elevada cantidad de 50.000 dólares.

En 1976 Piñera se instaló definitivamente con su familia en Santiago para emprender una prometedora carrera académica a la que rápidamente iba a tomar la delantera una singladura empresarial, con mucho más conspicua y lucrativa que su compromiso con las aulas y los gabinetes de investigación. Por de pronto, el economista retomó el profesorado en la PUC, siguió ejerciendo de consultor para el Banco Mundial y de paso se puso a trabajar en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), donde participó en la elaboración de un proyecto sobre la pobreza en América Latina. Entretanto, su esposa Cecilia se cualificó como orientadora juvenil y familiar en la Universidad Mayor.

En 1978 incursionó en el sector privado como socio minoritario de Ingeniería Financiera y Comercial Ltda. (Infinco), una empresa de asesoría, auditoría y evaluación de proyectos puesta en marcha por Carlos Alberto Massad Abud, antiguo presidente del Banco Central de Chile y director ejecutivo del FMI, quien había contactado con el ingeniero en la CEPAL. Ese mismo año Piñera abrió su primer negocio personal, en el mercado inmobiliario, con la Constructora Toltén, dedicada a la construcción de viviendas en la Región Metropolitana. En 1979 probó suerte también en el sector bancario como consultor, por cuenta de Infinco, y gerente general del Banco de Talca.

Casi de inmediato, el empleado entró como socio capitalista en el Grupo Calaf-Danioni, accionista mayoritario del Banco de Talca. Además, Piñera y sus dos principales socios de Infinco y Toltén, Carlos Massad y Antonio Krell Rosenfeld, adquirieron paquetes accionariales en Bancard, una sociedad anónima promovida por el Banco de Talca con el propósito de acaparar el negocio de la introducción en Chile de las tarjetas de crédito Visa y MasterCard.

En septiembre de 1980 Piñera dejó de gestionar las operaciones del Banco de Talca, aunque no vendió su paquete accionarial en la entidad, que retuvo en paralelo a su creciente participación en el capital de Bancard, donde el negocio de las tarjetas iba viento en popa. A continuación, aceptó el mismo puesto gerencial en Citicorp Chile, banco de inversión formado por el Citibank y el Banco Santiago, donde iba a ejercer hasta 1987. Por la misma época se desprendió de la Constructora Toltén, que vendió por dos millones de dólares, y a cambio registró la Constructora Aconcagua Ltda., que no empezó a facturar en serio hasta después de la recesión de 1982-1983.

Problemas con la justicia por la quiebra del Banco de Talca
La aguda crisis económica que golpeó al país en el décimo año de la dictadura de la Junta militar del general Augusto Pinochet le ocasionó a Piñera grandes pérdidas en sus inversiones inmobiliarias. Pero el desfondamiento de la economía chilena precipitó además el colapso del Banco de Talca, colocando al futuro estadista en una situación harto delicada.

A finales de 1981, cuando Massad ostentaba la presidencia ejecutiva de la entidad, el Banco de Talca fue intervenido por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) al encontrarse virtualmente en suspensión de pagos.

Una investigación judicial halló sólidos indicios de que la directiva del banco, donde llevaban la voz cantante sus principales propietarios, Miguel Calaf Rocoso y Alberto Danioni Bernasconi, había inflado fraudulentamente los partes de capital corporativo mediante la concesión de ingentes créditos a empresas de papel creadas a tal fin que luego reinvertían en el propio banco, siguiendo un esquema de capitalización ficticia. En 1982 el Banco de Talca fue liquidado por la SBIF, que a su vez entabló una demanda criminal contra los dueños de la entidad quebrada. Como consecuencia, Piñera y sus socios fueron procesados bajo la acusación de infingir la Ley General de Bancos.

Numerosos informes del periodismo de investigación chileno indican que en el verano de 1982 Piñera se mantuvo escondido varias semanas para evadir la orden de detención emitida en su contra como presunto responsable de unos delitos de fraude y asociación ilícita. Sin embargo, el interesado ha negado siempre haber sido un evadido de la justicia.

Convertido en reo procesal bajo amenaza de ser juzgado y condenado a una pena de prisión, Piñera presentó en septiembre de 1982 un recurso, no de apelación, sino de amparo, ante la Corte de Apelaciones de Santiago, pero este tribunal se lo denegó. Entonces, planteó ese mismo recurso ante la Corte Suprema de Justicia, la cual sí le fue favorable, declarando el sobreseimiento del caso. La exoneración alcanzó también a Massad, pero a Calaf y Danioni, que no habían presentado recurso y que ya estaban encarcelados, les cayó una condena de tres años de prisión. 27 años después de estos hechos, durante la campaña presidencial de 2009, Piñera iba a tener que enfrentar unas revelaciones comprometedoras en relación con el desenlace favorable de esta peripecia judicial.

Tras este turbio episodio, Piñera continuó con sus negocios como si nada hubiera pasado. Diversificó sus inversiones, lanzó nuevos proyectos empresariales y acrecentó su patrimonio de capital, hasta convertirse en un hombre creso. Su negocio más rentable en estos años fue el de las tarjetas de crédito, sector del mercado en el que desde 1987 mantuvo una posición de liderazgo a través de Fincard, una empresa no bancaria especializada en la emisión de tarjetas personalizadas y que en parte compensó la pérdida por Bancard de su cuasi monopolio en este terreno, ya que la nueva legislación bancaria de 1986 autorizaba a los bancos a emitir sus propias tarjetas de crédito.

La creciente competencia fue reduciendo los beneficios de Bancard y Fincard, que Piñera terminó por vender respectivamente al Transbank en 1989 y al Banco Santander en 1993, operaciones que le reportaron 100 millones de dólares. Estos traspasos, luego de su baja como gerente y presidente de Citicorp Chile en 1987, finiquitaron la lucrativa, aunque accidentada, aventura del empresario en el sector bancario y financiero.

A cambio, montó sociedades que facturaron en los mercados de la edición (Editorial Los Andes), la mensajería (Postal Market), los fondos de inversiones (CMB) y otros. El ramo de la informática también entró en su esfera de intereses al ser contratado por Apple como su representante jefe en Chile. En añadidura, adquirió diversos paquetes de acciones en todo un abanico multisectorial de empresas.

Por otro lado, en 1989 el matrimonio Piñera-Morel puso en marcha la Fundación Mujer Emprende con el propósito de formar a mujeres jóvenes con escasos recursos y ayudarlas a desarrollar sus proyectos. Cuatro años después, la pareja y un grupo de asociados crearon la Fundación Futuro, dedicada al patrocinio de programas educativos e iniciativas cívicas.

Cuando las elecciones presidenciales de 2009, en el organigrama de la Fundación Futuro figuraban el entonces candidato como presidente, su hermana Magdalena Piñera Echenique como directora ejecutiva y su esposa Cecilia Morel como miembro del Directorio. Tras la llegada de Piñera al Palacio de la Moneda, la mayor de sus hijas, Magdalena Piñera Morel, le tomó el relevo en la presidencia de la Fundación.


2. Entrada en política con la derechista Renovación Nacional; el Piñeragate

Los precedentes familiares decantaron las primeras orientaciones políticas de Piñera, que en sus años de juventud se movió en la órbita del PDC. Hasta transcurridos unos años desde el golpe antiallendista de 1973, la histórica agrupación no deshizo su ambigüedad sobre la postura a tomar frente a un régimen militar que no excluyó a sus cuadros de la persecución policial y hasta del terrorismo de Estado.

Postura disidente contra Pinochet y elección como senador
Cuando el plebiscito de 1980 Piñera asegura que votó en contra de la Constitución redactada por la dictadura y cuya validación en las urnas permitió a Pinochet arrogarse una legitimidad en el poder como presidente de la República hasta 1989. Con este posicionamiento, el empresario se alineaba con los democristianos, los socialistas y las demás fuerzas de la perseguida oposición democrática.

Ahora bien, Piñera, a diferencia de su padre (quien por entonces, en la sexta década de edad, estaba separado de su esposa), nunca militó en el PDC y de hecho evolucionó hacia posiciones abiertamente derechistas en su acepción más liberal, aunque no hasta el punto de convertirse, según se desprende de sus manifestaciones públicas en esta época, y tal como él ha afirmado luego por activa y por pasiva, en un partidario de Pinochet, quien entre otras cosas había introducido el neoliberalismo económico en el país. Al contrario que su hermano José, también doctor en Economía por Harvard y profesor en la PUC, el cual aceptó en 1978 el puesto de ministro de Trabajo y Previsión Social.

En su ejercicio ministerial, hasta que entró en desacuerdo con Pinochet, el mayor de los Piñera fue el artífice de cuatro reformas estructurales, con un fuerte carácter desregulador y privatizador, que afectaron a los ordenamientos de las pensiones, la sanidad, las relaciones laborales y el sector minero. Hasta el día de hoy, Sebastián Piñera ha insistido en que él fue siempre un opositor al Gobierno de Pinochet

En el plebiscito de octubre de 1988, convocado por el general para que los chilenos decidieran sobre si otorgarle otros ocho años de mandato constitucional o bien acudir a unas elecciones presidenciales a las que él ya no se presentaría, Piñera volvió a votar en contra de las pretensiones del dictador, cuyo régimen había practicado una política económica ultraliberal muy favorable al empresariado. Convertido a estas alturas en un verdadero magnate, Piñera apoyó económicamente la campaña de la Concertación de Partidos por el No y durante un tiempo coqueteó con el PDC, pero la dirigencia de este partido no encontró atractivo su fichaje.

El empresario ambicionaba un mandato legislativo de elección popular y de cara a las históricas elecciones pluralistas del 14 de diciembre de 1989 inscribió su candidatura a senador por la Circunscripción 8 de la Región Metropolitana, correspondiente a Santiago Oriente. Concurría con la etiqueta de independiente, aunque en la lista de Renovación Nacional (RN), partido de derecha liberal que junto con la aún más conservadora Unión Demócrata Independiente (UDI) acudía a las elecciones en la coalición Democracia y Progreso, a la que cabía calificar de oficialista.

Fundada el 29 de abril de 1987 bajo el liderazgo del abogado Andrés Allamand Zavala, el ex ministro del Interior de la dictadura Sergio Onofre Jarpa Reyes y el jurista Ricardo Rivadeneira Monreal, quien fungió como su primer presidente, RN aunaba en su seno posiciones que oscilaban entre el propinochetismo más o menos matizado y un compromiso no beligerante con la transición democrática, lo que le convertía en la cara moderada de Democracia y Progreso.

Orgánicamente, RN surgió como una fusión del Movimiento de Unión Nacional (MUN) de Allamand, el Frente Nacional del Trabajo (FNT) de Jarpa y la UDI de Jaime Guzmán Errázuriz, máximo ideólogo de la Constitución de 1980. En abril de 1988 la UDI optó por separarse y recobró su autonomía, pero luego los dos partidos hicieron campaña común por el en el plebiscito de octubre. Esta circunstancia parece que frenó la conversión de Piñera en militante de RN.

Sin ser por el momento miembro formal de RN, el empresario accedió a ser el "generalísimo" o jefe de campaña del candidato presidencial de Democracia y Progreso, el ex ministro de Hacienda Hernán Büchi Buc, de la UDI, pero unas vacilaciones de éste desembocaron cuatro meses antes de las elecciones en la sustitución de Piñera por Pablo Baraona Urzúa, otro ministro pinochetista de la escuela neoliberal.

Más tarde, Büchi fue vapuleado por el postulante de la Concertación de Partidos por la Democracia, el dirigente del PDC Patricio Aylwin Azócar, mientras que en las senatoriales Piñera fue ampliamente superado en su circunscripción por el también democristiano Eduardo Frei Ruiz-Tagle (hijo del difunto Frei Montalva), aunque ello no le impidió hacerse con el escaño metropolitano.

El 11 de marzo de 1990, Piñera, electo en Santiago Oriente con el 22,8% de los votos, debutó en la profesión política como senador de la República con mandato hasta 1998, convirtiéndose a sus 40 años en el más joven miembro de la Cámara alta, donde integró por etapas las comisiones de Hacienda, Salud, Constitución, Medio Ambiente y Bienes Nacionales, y Derechos Humanos. Al estrenar la legislatura, clausuró su nexo docente con la universidad chilena y se incorporó oficialmente a las filas del RN.

Al mismo tiempo, un primo carnal del empresario, Andrés Chadwick Piñera, devino diputado en las filas de la UDI. Y en el mismo Ejecutivo de Aylwin, un hermano menor, Pablo Piñera Echenique, recibió el puesto de subsecretario de Hacienda tras 20 años de fiel militancia democristiana. El hermano más joven de los cuatro, Miguel, nacido en 1954, estaba desentendido de la política, había ligado su experiencia vital a los ambientes hippies y bohemios, y actualmente gozaba de una considerable fama como cantante de música latina moderna y propietario de locales de ocio nocturnos.

El escándalo de la grabación telefónica de 1992
En 1992 Piñera plasmó una precandidatura de su partido para las elecciones presidenciales de 1993, pero el 23 de agosto del primer año esta aspiración quedó truncada tras difundir en directo un programa del canal de televisión privado Megavisión, propiedad del magnate Ricardo Claro Valdés, una grabación telefónica clandestina donde podía oírse al senador impartir instrucciones a un colaborador, Pedro Pablo Díaz, para dejar en mal lugar ante los medios audiovisuales y desacreditar públicamente a su adversaria interna, la diputada y vicepresidenta de RN Evelyn Matthei Fornet

La hija del general Fernando Matthei Aubei, ex comandante en jefe de la Fuerza Área de Chile y antiguo miembro de la Junta Militar de Gobierno, era una economista de carácter vehemente y partidaria de Pinochet con la que Piñera, Allamand y el diputado Alberto Espina Otero habían formado una camarilla interna de RN conocida como la "patrulla juvenil". Esta, en agosto de 1990, en un sonado golpe de mano, había conseguido descabalgar de la jefatura de la formación al veterano Onofre Jarpa y poner en su lugar a Allamand. Ellos se conocían desde antes de sus respectivos ingresos en política, pues Matthei, siendo alumna de la Pontificia, había participado en la elaboración del informe de la CEPAL del que Piñera era director, y más tarde había sido gerente de Bancard.

En la grabación, presentada y reproducida teatralmente ante las cámaras por Ricardo Claro, el dueño del canal (quien decía dar este paso para "proteger la independencia" de Megavisión), se escuchaba al empresario pedirle a su amigo Díaz que se pusiera en contacto con el periodista Jorge Andrés Richards, presente en el estudio al que luego se incorporó también el propio Piñera (el cual, lógicamente, expresó su malestar por esta filtración de una "conversación privada entre dos amigos"), a fin de que este invitara a Matthei a un debate con él en el programa de Megavisión.

El objeto de este cara a cara televisado era "dejar en contradicción" a Matthei en ciertas cuestiones de moralidad religiosa, como el divorcio, que supuestamente incomodarían a la conservadora precandidata, quien "es católica y no va a misa". "Pero la gracia es que [Richards] trate elegantemente de dejarla como una cabrita chica, cierto, despistada, que está dando palos de ciego, sin ninguna solidez", explicaba Piñera a su interlocutor en un momento de la conversación, desarrollada en un estilo muy coloquial.

El episodio, conocido como Piñeragate o Kiotazo, hundió irremisiblemente las precandidaturas tanto de Piñera como de Matthei, la cual, en noviembre siguiente, confesó su participación en el espionaje telefónico practicado a su rival, quien de tramar una aparente encerrona se convirtió en la víctima de otra artimaña más maquiavélica. De paso, el escándalo dejó fuera de juego a RN, permitiendo que prosperase la postulación del favorito de la UDI, Arturo Alessandri Besa, como el candidato conjunto de la nueva Unión por el Progreso. Luego, en diciembre de 1993, Alessandri iba a ser derrotado por el pretendiente de la Concertación en el poder, Eduardo Frei, al que retó en las urnas también, en calidad de independiente, José Piñera Echenique, quien quedó en tercer lugar.

Todo indica que el Piñeragate fue urdido, con la colaboración de los enemigos del senador en su propio partido, extremo del que él estaba plenamente convencido, por personas del Ejército, cuyos servicios de inteligencia realizaron la grabación ilegal dentro de un operativo de espionaje enfocado en Piñera. Según Allamand y otros miembros de RN, el ala más reaccionaria de la institución castrense maniobraba para impedir que el componente liberal ganara mayor peso en la coalición bipartita de la derecha.

La existencia de algún tipo de conspiración militar para amilanar a Piñera se puso más de manifiesto en mayo de 1993, cuando unos individuos sin identificar retuvieron durante media hora a su hijo menor, Cristóbal, camino del colegio. El senador interpretó la intimidatoria acción como un aviso para que dejara de investigar la autoría de la grabación telefónica que había tumbado su aspiración presidencial el año anterior, lo que ciertamente hizo.

Por lo demás, este oscuro incidente no desentonó en absoluto con la actitud, desafiante y facciosa, que aún imperaba en las Fuerzas Armadas chilenas. Durante la Administración de Aylwin, estas, con Pinochet aferrado a la comandancia del Ejército y las instituciones políticas del Estado limitadas por una serie de cláusulas restrictivas contenidas en la Constitución legada por la dictadura, protagonizaron diversos episodios de desacato de la autoridad civil y de amenazas al orden democrático.

Un aparente intento de Piñera de congraciarse con quienes le miraban mal en la milicia tuvo lugar en junio de 1995, cuando en el Senado, en tanto que miembro de la Comisión de Derechos Humanos, presentó una moción para elaborar un proyecto de ley que extendiese hasta el último día de la dictadura, el 11 de marzo de 1990, la inmunidad penal otorgada por la Ley de Amnistía de 1978 a los autores de todos los delitos políticos cometidos desde el golpe de 1973 hasta esa fecha.

En la justificación de su propuesta legislativa, Piñera argüía: "No podemos permitir que las divisiones y odios del pasado destruyan los acuerdos y potencialidades del futuro (…) Es indispensable tener verdadera paz y unidad entre los chilenos, lo que implica ser capaces de superar el pasado (…), cerrar y sanar las heridas, y mirar juntos y con optimismo el futuro". Y parafraseando al Papa Juan Pablo II, aseveraba: "Es la hora del perdón y la reconciliación". La polémica moción no tenía ninguna posibilidad de salir adelante por la oposición de la mayoría concertacionista y sus aliados de la izquierda, así que su autor optó por retirarla del orden de sesiones.

Tres años después, el 28 de octubre de 1998, Piñera participó de manera destacada en un acto convocado por RN y la UDI en repudio a la reciente detención en el Reino Unido del senador vitalicio Pinochet a requerimiento de la justicia española, que quería procesarlo por su responsabilidad en ciertos crímenes de la dictadura.

En su discurso, pronunciado en un gran podio coloreado con la bandera nacional, el político derechista exigió la liberación de Pinochet en atención a sus "muy delicadas" condiciones de salud y denunció su arresto en Londres como "un agravio y un atentado a lo más profundo de nuestra soberanía, de nuestra independencia y de nuestra dignidad". Piñera no hallaba ninguna contradicción entre vanagloriarse de haber votado contra los planes políticos de Pinochet en 1988, primero, y defender la inmunidad de la misma persona frente a la justicia extraterritorial con un repertorio de razonamientos legalistas y patrióticos, después.

Expansión del emporio empresarial
En su etapa como senador y con posterioridad a la misma, Piñera continuó amasando la fortuna que le convirtió en uno de los hombres más ricos de Chile y desde luego en el político más adinerado.

En 1994, tras deshacerse de Fincard, durante un tiempo su negocio más rentable, que vendió como se señaló arriba al Banco Santander de Santiago, el multimillonario penetró con fuerza en el sector de las aerolíneas comprando a la escandinava SAS el 16% de LAN Chile, compañía privatizada en 1989 que bajo la coparticipación del grupo de Piñera (elevada posteriormente al 26%, a través de sus sociedades de inversiones Axxion y Santa Cecilia) entró en un proceso de crecimiento e internacionalización bastante espectacular, con la adquisición de grandes cuotas del mercado regional del transporte aéreo en Ecuador, Argentina y, sobre todo, Perú. En 2004 LAN Chile se transformó en un holding de empresas subsidiarias y filiales bajo el nuevo nombre de LAN Airlines.

En paralelo, prosperaron enormemente sus facturaciones en el negocio inmobiliario, donde la Constructora Aconcagua tomó la forma de un conglomerado de sociedades especializadas en la construcción, la promoción y la venta directa de viviendas, aunque Piñera ya sólo era uno más entre varios accionistas. Aconcagua conquistó una posición dominante en el mercado chileno de la vivienda mediante la absorción de la inmobiliaria Fourcade y su fusión con el grupo SalfaCorp en 2007.

La voracidad inversora de Piñera alcanzó asimismo a las telecomunicaciones (compraventa de acciones de Entel en 1990-2000, operación que le reportó un beneficio limpio de 35 millones de dólares), las eléctricas (Colbún, 2001), las navieras (Compañía Sudamericana de Vapores, 2003), el turismo ecológico (Parque Tantauco de la Isla Grande de Chiloé, 2004), las televisiones (canal Chilevisión, comprado en su totalidad al grupo Claxson en abril de 2005 por 24 millones de dólares), los servicios sanitarios (Clínica Las Condes), las farmacéuticas (FASA) y los clubs de fútbol (Colo-Colo y Universidad de Chile), entre otras muchas participaciones y adquisiciones.

La estrategia básica del potentado, al que empezó a llamársele El Berlusconi chileno, consistía en diversificar y acrecentar sus participaciones de capital en las firmas que le atraían y sentarse en sus directorios, más que en administrar directamente las compañías.


3. Las tentativas presidenciales de 1999 y 2005

El 11 de marzo de 1998 Piñera, una vez sobrepuesto de unas acusaciones formuladas en su contra por el presunto abuso de su posición parlamentaria para obtener un precio ventajoso en la compra de unas acciones suyas de la compañía eléctrica Enersis por la española Endesa, concluyó su mandato de senador, cuya renovación descartó en favor de un nuevo envite presidencial. Este le fue concedido poco después por su partido, pero en la UDI se articuló la candidatura alternativa del ingeniero Joaquín José Lavín Infante, antiguo colaborador de Büchi, alcalde de la comuna santiaguina de Las Condes, miembro del Opus Dei e hilador de un discurso derechista un tanto elástico donde las referencias a Pinochet pasaron del homenaje al distanciamiento en menos de un año.

RN y la UDI, coaligadas ahora como Unión por Chile, decidieron que Piñera y Lavín dirimieran sus ambiciones en una elección primaria que tendría lugar en junio de 1999. Sin embargo, medio año antes de esa fecha, el 8 de enero, al calor de la tormenta nacional por el arresto de Pinochet en Londres y resonando todavía los ecos de su ardiente defensa del encausado sobre la tarima y ante el micrófono, Piñera decidió retirarse de la carrera presidencial tras constatar que en las encuestas no lograba superar el 5% de intención de voto. Por lo que parecía, su condición de empresario de gran éxito y su perfil liberal no enganchaban al electorado. Al menos, por el momento.

A continuación, Piñera se integró en el equipo de la campaña presidencial de Lavín, quien en las elecciones del 12 de diciembre forzó al candidato de la Concertación, el socialista Ricardo Lagos Escobar, a disputar el 16 de enero de 2000 una segunda vuelta en la que el opositor resultó vencido por muy poco.

Salto a la jefatura de RN, rivalidad con Lavín y contienda en las urnas con Bachelet
El 26 de mayo de 2001 el Consejo General de RN elevó a Piñera a la presidencia de la formación en sustitución del diputado Alberto Cardemil Herrera. La promoción del empresario fue interpretada en su momento como un esfuerzo por superar la crisis de unidad abierta en la Alianza por Chile (nueva denominación de la Unión por Chile) tras el fracaso de las conversaciones RN-UDI para llevar a las legislativas del 16 de diciembre una lista conjunta de candidatos. Piñera recompuso las negociaciones con el líder de la UDI, Pablo Longueira Montes, tal que el 15 de julio la Alianza fue la primera agrupación en oficializar sus candidaturas al Congreso. Él mismo se postuló para un escaño de senador por la V Región de Valparaíso.

Sin embargo, el año electoral tenía reservados dos contratiempos a Piñera. Primero, en agosto, hubo de declinar su candidatura senatorial en favor del almirante Jorge Arancibia Reyes, recientemente dado de baja como comandante en jefe de la Armada chilena y miembro de la UDI, que perseguía el mismo curul. Aunque el empresario explicó entonces que había accedido a no contender con Arancibia a cambio de que Lavín, alcalde de Santiago, apoyara a los candidatos de RN, su espantada fue vista a lo largo y ancho del arco de partidos como un duro golpe a los intentos de Piñera y su colectivo de achicar en la Alianza el peso del sector ultra y de los nostálgicos del pinochetismo en aras de una derecha chilena moderada y moderna.

Luego, el 16 de diciembre, la Alianza por Chile se apuntó el éxito colectivo de empatar prácticamente con la Concertación en número de escaños, pero para RN los resultados fueron frustrantes, ya que perdió espectacularmente a manos de la UDI su primacía interna: los de Longueira le sacaron una ventaja de 700.000 papeletas, once puntos de voto, nueve diputados y trece senadores. La UDI, de hecho, desbancó al PDC como el primer partido individual del país. La pérdida por RN del "rol protagonista" en la Alianza a que su conductor se había referido cuando su elección orgánica en mayo abundó en la imagen de debilidad de Piñera y sumió al partido en el desconcierto.

Una serie de desencuentros con Longueira precedieron la renuncia de Piñera el 10 de marzo de 2004 a la jefatura de RN, para la que un mes más tarde resultó elegido Sergio Diez Urzúa. La baja de Piñera, simultánea a la de Longueira en el mando de la UDI, obedeció a una fórmula salomónica propuesta por Lavín para zanjar las tensiones bipartitas antes de las elecciones municipales de octubre, las cuales, cumpliendo sus temores, fueron claramente ganadas por los partidos de la Concertación.

A partir de aquí, Piñera y Lavín confrontaron abiertamente sus ambiciones presidenciales, arrastrando a la Alianza por Chile a su peor crisis de unidad desde la restauración democrática. Recobrándose briosamente de los tropezones sufridos en los últimos cuatro años, Piñera fue proclamado candidato presidencial por el Consejo Nacional de RN con el 76% de los votos el 14 de mayo de 2005, después de que la UDI hiciera lo propio con Lavín, que contaba con no pocos partidarios en RN.

El ex alcalde propuso al empresario acudir a una elección primaria a fin de mandar a las elecciones nacionales una candidatura única de la Alianza, como en 1989, 1993 y 1999, pero Piñera le dio el no por respuesta, recordándole que la última vez él había sacrificado la postulación propia para no perjudicar la suya, cuya pujanza no pudo menos que reconocer. Pero ahora, las cosas eran sustancialmente diferentes, ya que los sondeos les colocaban a ambos en un virtual empate.

En su campaña para las presidenciales del 11 de diciembre de 2005, Piñera desarrolló un discurso insistentemente orientado al futuro y centrado en la propuesta de un cambio necesario para Chile, tras 15 años de gobiernos concertacionistas. La figura de Pinochet, definitivamente desmoronada después de sus procesos judiciales en casa por crímenes políticos y actos de corrupción, ya no mediatizó los actos proselitistas de la derecha y Piñera en particular subrayó su postura crítica con la dictadura.

Presentándose como un político liberal, progresista y de centro-derecha que hundía sus raíces en el "humanismo cristiano", y calificando de "herida abierta" el capítulo de los detenidos desaparecidos y de "drama" el "atropello" a los Derechos Humanos en el período 1973-1990, el opositor guiñaba un ojo a los electores moderados de la Concertación, particularmente los del PDC, a quienes desde el Gobierno se pedía que votaran a una socialista de nuevo, la popular ex ministra de Salud y de Defensa Michelle Bachelet Jeria, quien había sufrido en sus carnes las sevicias de la dictadura.

Aunque Lagos había sido "un buen presidente", Piñera instaba a los chilenos a "no dormirnos en los laureles", ya que el país tenía que hacer frente a una serie de problemas y no pequeños, como los tres millones de personas que seguían en situación de pobreza (pese a los considerables progresos realizados desde 1990 en la reducción de la misma), el medio millón de parados y la rampante delincuencia.

Terminada la carrera electoral ampliamente a la zaga de la carismática Bachelet y hombro con hombro con Lavín, el 11 de diciembre de 2005 Piñera logró la meta fundamental de ser él la opción de la derecha para batirse con la candidata oficialista en la segunda vuelta de enero de 2006. Ahora, Bachelet se puso en cabeza con el 45,9% de los votos, seguida de Piñera con el 25,4% y de Lavín con el 23,2%.

Una vez apeado de la contienda, el candidato de la UDI solicitó el voto para su colega aliancista, pero la socialista demostró ser una adversaria demasiado fuerte para el empresario, que el 15 de enero de 2006 acabó sucumbiendo con el 46,5%. En las legislativas, la UDI confirmó su superioridad a RN. El rendimiento electoral de Piñera fue considerado meritorio por los suyos, que no dudaron en reservarle para la misma misión en las elecciones de 2009. La nueva cúpula de RN elegida en mayo de 2006, con el concejal Carlos Larraín Peña a la cabeza, ratificó esa confianza.

Compra irregular de acciones de LAN Airlines y multa por la SVS
El 6 de julio de 2007 el empresario fue multado con 363 millones de pesos por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) por haber comprado en bolsa, doce meses atrás y con un capital de 9.840 millones de pesos, tres millones de acciones de su aerolínea, LAN Airlines, justo en la víspera de la publicación del balance financiero anual de la compañía, que reportó beneficios netos por 128,7 millones de dólares, un 34% más que en el ejercicio anterior.

Recientemente, LAN Airlines había anunciado sendas inversiones de 2.600 y 3.200 millones de dólares para ampliar su flota con 84 nuevas aeronaves de pasaje y carga, incluidos 32 Boeing 787 Dreamliner, entre este 2007 y 2016. Aproximadamente, Piñera sacó 700.000 dólares de beneficio en el parqué de Santiago por la lógica revalorización de las acciones.

La SVS estimó que Piñera, puesto que miembro del directorio y principal accionista de LAN, condición que la nueva adquisición de acciones vino a reforzar, había realizado esta operación de bolsa con suculentas ganancias para su bolsillo aprovechándose de su información privilegiada, una práctica prohibida por la Ley del Mercado de Valores.

La sanción, que volvía a suscitar interrogantes sobre la ética profesional del magnate, resultaba inoportuna para su plataforma presidencial en ciernes, así que Piñera no recurrió la multa y se apresuró a pagarla sin rechistar. Si de algo disponía, era de liquidez: en marzo anterior, la revista Forbes había listado por primera vez a Piñera en su ranking anual The World's Billionaires, donde aparecía en la posición 799 con unos activos netos de 1.200 millones de dólares; se trataba del tercer ciudadano chileno más rico, tras Anacleto Angelini Fabbri y Eliodoro Matte Larraín, con fortunas de 6.000 y 5.600 millones de dólares, respectivamente.

Ansioso por dejar atrás este embarazoso asunto, el último día de julio Piñera anunció que abandonaba el directorio de LAN. "Sin perjuicio de sentirme orgulloso de ser empresario (…) mi verdadera vocación es el servicio público y por tanto quiero dedicar mi tiempo y esfuerzo al servicio público, y esa decisión la tengo tomada hace mucho tiempo", explicó a los medios Piñera, quien sin embargo no pudo evitar que su chanchullo bursátil y su multa del interventor fueran relatados por la ONG Transparencia Internacional en el capítulo dedicado a Chile en su Informe de Corrupción Global del año 2009.


4. Triunfo electoral en 2010 con un programa de cambio para Chile

El rendimiento de Piñera en la elección presidencial de 2005-2006, pese a la derrota final por Bachelet, había dejado tan buen sabor de boca en su partido que RN no tuvo dudas de que el empresario era su hombre también para las votaciones de 2009. Las preferencias por Piñera eran amplias igualmente en la UDI, privada de la opción de Lavín, quien prefirió abrir un paréntesis en su carrera política para dedicarse a la universidad. Quedaba en pie la precandidatura de Pablo Longueira, pero el senador terminó por desactivarla en mayo de 2007.

Proclamación de la candidatura y presentación del programa de Gobierno
Sin rastro de rivalidad en el campo de la derecha, a Piñera ya sólo le restaba ser proclamado candidato único por la Alianza, que ahora se hacía llamar Coalición por el Cambio. La nominación se hizo de manera separada en cada partido. El Consejo General de RN cumplió el trámite el 8 de agosto de 2009 en el Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso.

En un ambiente de euforia, el empresario galvanizó a los suyos asegurándoles que "el tiempo de la Concertación se agotó", añadiendo que: "Tenemos muchas razones para agradecer a la Concertación lo que hizo por Chile en el pasado, pero ahora los chilenos le agradeceríamos que nos dejaran encargarnos del futuro". El 22 de agosto, la UDI de Juan Antonio Coloma Correa acordó "unánimemente" asumir como propia la candidatura de Piñera.

El político más rico de Chile afrontó las elecciones presidenciales de diciembre de 2009 con el razonable optimismo que alimentaban los sondeos, los cuales le situaban sin excepción como el ganador de la primera vuelta frente al candidato de la Concertación, el ex presidente y ahora senador Eduardo Frei.

A partir de septiembre, ese escenario se hizo más factible por la briosa irrupción en la campaña del independiente Marco Antonio Enríquez-Ominami Gumucio, un diputado ex socialista que, respaldado por la coalición Nueva Mayoría para Chile y esgrimiendo un discurso renovador que llamaba a superar la antinomia Concertación-Alianza, se metió en el bolsillo a muchos votantes de la izquierda. La división del voto concertacionista, por primera vez desde 1989, era un hecho, lo que magnificaba las posibilidades de Piñera.

Derrochando sonrisas, simpatía y calor familiar -puesta en escena que contradecía su fama de hombre más bien frío y arisco-, el pretendiente de la derecha chilena, arropado por el movimiento social Chile con Todos y los llamados Grupos Tantauco, voceó su mensaje de cambio y unidad, contenido en el programa Gobierno para el Cambio. El Futuro y la Esperanza. El documento, de 168 páginas, fue oficialmente lanzado en la comuna de Maipú el 26 de noviembre. Su firmante lo elogió en estos términos: "Este es un programa muy ambicioso, pero totalmente factible. Es ambicioso porque no es un programa de más de lo mismo (…) es un programa cuyo objetivo es mucho más grande y noble que ganar esta elección presidencial".

Estructurado en cuatro capítulos y 75 compromisos concretos, el plan de la Coalición por el Cambio hacía un diagnóstico crítico del presente nacional, ya que la Concertación, "agotada de ideas, fuerza y voluntad" tras dos décadas en el poder, no había sido capaz de mantener las altas tasas de crecimiento económico, reducir el paro, atajar las prácticas corruptas, domeñar la inseguridad ciudadana y cumplir la "promesa de llegar al 2010 [el año del Bicentenario] como un país desarrollado y sin pobreza".

El manifiesto preliminar explicaba: "La Concertación de ayer tenía una misión, tenía ideales, principios, proyectos y unidad". Sin embargo: "Donde hubo una misión, hoy solo queda la voluntad de aferrarse al poder. Donde habían proyectos, hoy campea la improvisación. Donde habían principios, hoy prevalece el oportunismo. Hay razones para agradecer a la Concertación lo que hizo por Chile en el pasado, pero ahora los chilenos desean emprender un rumbo nuevo". Un nuevo proceder democrático, insistía la Coalición, en el que el Gobierno ya no se sometería al "cuoteo político" y el Estado no sería más "un botín de guerra" ni sería "capturado por los operadores políticos".

En su apartado programático Hacia una sociedad de oportunidades, Piñera se obligaba a adoptar las políticas de estímulo, empleo e innovación necesarias para crecer a un 6% anual (el doble de la tasa interanual de noviembre, anotada tras doce meses consecutivos de caídas como consecuencia de la crisis mundial, lo que iba a dejar la recesión anual en el 1,7%) y alcanzar en menos de una década un PIB por habitante equivalente al de estados de la UE como Grecia y Portugal. La meta era que para 2018 Chile tuviera un ingreso per cápita de 22.000 dólares y presentara un nivel de desarrollo comparable al de los países del sur de Europa. Un tratamiento fiscal y administrativo favorable a las pymes y la conversión de Chile en una "potencia agroalimentaria" eran otras apuestas importantes en este terreno.

En Hacia una sociedad de seguridades, la Coalición consideraba factible crear "un millón de nuevos y buenos empleos" (el paro andaba en el 9% en estos momentos) en los próximos cuatro años así como "erradicar" la pobreza y la indigencia, que según la CEPAL seguían padeciendo unos dos millones de chilenos, el 11,5% de la población (la encuesta Casen, en cambio, estimaba que la tasa de pobreza era en realidad del 15,1%).

En concreto, la oposición derechista planteaba los horizontes de 2014 para acabar con la pobreza extrema y de 2018 para superar la pobreza en todas sus formas. También era menester "derrotar" la delincuencia, movilizando en su combate a 10.000 nuevos carabineros y asegurando el cumplimiento íntegro de sus penas por los reincidentes de delitos graves, amén de mejorar la calidad de los servicios de salud, educación, vivienda y atención a la tercera edad.

El Estado se volcaría particularmente en la protección y subsidio de las mujeres trabajadoras y con hijos. Destacaba aquí el Bono Marzo, una ayuda directa de 40.000 pesos para más de un millón de familias humildes y de clase media-baja. Preguntado sobre el particular, Piñera recalcó su compromiso con la "economía social de mercado" y con una "sociedad más justa e igualitaria".

El apartado Hacia una sociedad de instituciones abordaba la descentralización territorial ("Santiago no es Chile") y el incentivo de la participación ciudadana en los mecanismos de la democracia. Por último, Hacia una sociedad de valores y con calidad de vida, entre otros puntos, desgranaba las medidas energéticas y medioambientales que Piñera pensaba aplicar para hacer de Chile un país "sustentable".

Además, Piñera, no obstante ser un católico practicante y contrario al aborto, se mostraba favorable a impulsar la igualdad de derechos de las parejas homosexuales a través de las uniones civiles, en lo que coincidía con Frei (y de paso le exponía a concitar la cólera de los sectores más conservadores de la Coalición, ya molestos por su aceptación de la regulación de la píldora anticonceptiva postcoital), pero se distanció del compromiso asumido por el democristiano en la derogación de la Ley de Amnistía de 1978.

El desacuerdo con Frei en este punto no menoscababa su postura "abiertamente condenatoria" de las violaciones de los Derechos Humanos perpetradas por la dictadura; "yo siempre me opuse al Gobierno militar", reivindicó. En noviembre, el magnate convocó a más de 700 oficiales retirados en el Círculo Español de Santiago para explicarles su aceptación de la prescripción de la acción penal para los delitos encausados en fase pre-judicial. En política exterior, Piñera esgrimió la defensa firme de los principios de la soberanía nacional en las divergencias territoriales con Perú y Bolivia, y denostó sin ambages a la Cuba comunista y a la Venezuela chavista.

Polémico fideicomiso y controversias de campaña
El problema de la separación de sus intereses económicos en la esfera privada y políticos en la esfera pública, ya planteado cuando las elecciones de 2005, pretendió zanjarlo Piñera en el mes de abril poniendo alrededor de un tercio de sus inversiones, 400 millones de dólares repartidos en diversas sociedades anónimas abiertas, en manos de un blind trust formado por gestores privados de cuatro firmas de servicios financieros y fiscalizado por la SVS.

Las cuotas de capital en LAN Airlines, Chilevisión y Colo-Colo no fueron transferidas al llamado fideicomiso ciego (más bien "tuerto", iba a ironizar después el diputado concertacionista Jorge Insunza), aunque el candidato se comprometió a vender su paquete accionarial del 26,3%, 826 millones de dólares, es decir, la parte del león de su capital patrimonial, que tenía en la aerolínea antes del 11 de marzo de 2010, el día del cambio de Gobierno.

Sin embargo, no se desprendió por el momento de la propiedad de Chilevisión, si bien renunció a presidir la cadena y a sentarse en su consejo directivo, ni del 12,5% de participación en Blanco y Negro, la sociedad que controlaba el club deportivo, con la explicación de que la legislación chilena no se lo exigía. El oficialismo criticó con dureza un fideicomiso que dejaba sin tocar los intereses corporativos más sustanciosos del empresario.

El postulante de la oposición se vio envuelto en una serie de polémicas a lo largo de la precampaña y en la campaña propiamente dicha. El 23 de julio la ex titular de Justicia del Gobierno militar Mónica Madariaga Gutiérrez -a la sazón prima de Pinochet- declaró a un medio regional, a guisa de revelación explosiva, que en 1982 el empresario había estado encarcelado realmente por su presunta implicación en la quiebra del Banco de Talca y que ella había logrado que el juez que instruía la causa pusiera a Piñera en libertad, a tiempo para recibir el auto eximente de la Corte Suprema.

La oportuna intervención ministerial respondió a una "petición" del hermano del procesado, José Piñera, el cual, a pesar de que ya no era ministro del Gobierno y había adoptado una postura crítica con la Junta, seguía conservando una importante influencia política. 27 años después de aquellos hechos, Madariaga, que padecía un cáncer terminal y falleció tres meses después, reconocía que ella había "intervenido indebidamente" en este caso. El comando de campaña del candidato tachó sus declaraciones de "indignantes, falsas y delirantes".

Días después de la entrevista de Madariaga, Luis Correa Bulo, el magistrado de la Corte de Apelaciones de Santiago que llevó el procesamiento del empresario en 1982, ratificó que él había recibido presiones de la ministra para que revocara la orden de aprehensión que pesaba contra el "Tatán" Piñera, en aquel momento, según él, no preso, sino prófugo. A su entender, la "intercesión" de Madariaga a favor del empresario no se hizo "a título personal", sino "a nombre del Gobierno militar".

En octubre, Piñera valoró el óbito de la antigua servidora de Pinochet con un "me alegro que hoy descanse en paz". La frase tenía una embarazosa lectura semántica y dio qué hablar, obligando a su autor a aclarar que lo que deseaba era que Madariaga encontrara finalmente la paz tras varios años de penosa enfermedad.

En el primer debate televisado entre Piñera, Frei, Ominami y el ex ministro socialista Jorge Félix Arrate Mac-Niven, candidato de Juntos Podemos Más por Chile (coalición formada por el Partido Comunista y la Izquierda Cristiana), el 23 de septiembre, el candidato del Gobierno echó en cara al derechista que su nombre apareciera en el último Informe de Corrupción Global de Transparencia Internacional en relación con la multa impuesta por la SVS en 2007 por el uso de información privilegiada.

Airado, Piñera respondió que él nunca había hecho uso de información privilegiada y que nunca nadie le había "imputado" tal cosa; la afirmación del senador democristiano era "irresponsable", "faltaba a la verdad" y demandaba una "disculpa". En realidad, Frei se encontraba en una situación incómoda: iba persistentemente a remolque de Piñera en las encuestas e incluso se jugaba el paso a la segunda vuelta debido a su duelo particular con Ominami, quien por su parte le lanzaba continuos dardos. Astutamente, Piñera fue amable con el izquierdista, de cuyas críticas al desgaste de la Concertación y demandas de revitalización del sistema político dijo que eran coincidentes con su diagnóstico.

En la recta final de la campaña, ni la activa implicación de miembros del Gobierno en favor de Frei ni la confirmación judicial de que al padre de este, fallecido en 1982, lo habían asesinado, envenenándolo, los sicarios de la dictadura en su cama del hospital –una cuestión que podría haber dinamizado las opciones del hijo por un efecto de simpatía-, no disminuyeron un ápice el liderazgo de Piñera, que terminó sus actos proselitistas con una ventaja de 13 puntos sobre el concertacionista.

Victoria a doble vuelta sobre Frei
En la votación del 13 de diciembre de 2009 Piñera, con el 44,1% de los sufragios, mejoró los pronósticos más favorables (aunque no lo hizo tan bien como Lavín en 1999 ni igualó la suma del voto de ambos en 2005) y pasó a disputar la segunda vuelta con Frei, que con el 29,6% se despegó nítidamente de Ominami. El postulante de Nueva Mayoría quedó tercero con el 20,1% y Arrate fue cuarto con el 6,2%. Causó auténtica sensación el caudal de votos cosechado por Piñera en las circunscripciones pobres y en feudos tradicionales de la izquierda, como las regiones mineras y el puerto de Valparaíso. De hecho, el opositor se impuso en todas las regiones del país.

En los comicios a la Cámara de Diputados, la Coalición por el Cambio, que incorporaba al pequeño partido social liberal Chile Primero y a la llamada Lista B de Independientes, sacó un diputado más, 58, que el bloque pentapartito de la Concertación y Juntos Podemos. En los comicios al Senado, el oficialismo y Juntos Podemos se quedaron con 19 escaños y la Coalición con 16. Pese al efecto Piñera, RN siguió a la zaga de la UDI, aunque el hundimiento del PDC y el retroceso también del Partido por la Democracia (PPD) le convirtieron en el segundo partido del país.

En su primera alocución postelectoral, Piñera llamó a "todos los chilenos" a superar "la división entre la izquierda y la derecha", y a "cerrar la brecha entre pobres y ricos". Sin embargo, la campaña para la segunda vuelta del 17 de enero hubo de librarla el ganador de la primera en buena parte a la defensiva, ya que vio recortarse drásticamente su ventaja sobre Frei al ritmo de los ataques del comando oficialista a su patrimonio empresarial y a su perfil mercantilista, las peticiones por Arrate y Ominami del voto para su adversario y, por último, la definición en igual sentido por la presidenta saliente, la archipopular Bachelet, que le comparó negativamente con Frei y cuya resistencia a desprenderse de todos sus intereses empresariales tildó implícitamente de deshonesta.

El 13 de enero, en un supremo esfuerzo de dinamismo, el aspirante a La Moneda se atrevió a bailar en el talk show del Canal 13 El hormiguero una movida coreografía del celebérrimo Thriller de Michael Jackson, siguiendo el ritmo a un grupo de jóvenes y a los presentadores del programa, con convincente resultado. Pero dos días después, el desenfado dio paso al enojo y al nerviosismo con la acusación al oficialismo de estar dirigiendo en su contra "una campaña de terror muy miserable, basada en mentiras y engaños".

El 17 de enero de 2010, empero, Piñera volvió a dar la campanada, confirmando que la mayoría de los chilenos querían forzar la alternancia tras dos décadas de experiencia concertacionista. El opositor triunfó con el 51,6% de los votos, convirtiéndose en el primer representante de la derecha que llegaba a la Presidencia desde Jorge Alessandri en 1958. Además, el registro se producía precisamente en la primera ocasión electoral tras la muerte de Pinochet en 2006.

La calidad democrática de la jornada quedó redondeada con la exquisita cortesía de vencedor y perdedor, que se intercambiaron felicitaciones, cumplidos y buenos deseos, a la vista de todo el mundo y arropados por sus respectivas familias, en el cuartel general del primero, en un ambiente festivo a la vez que relajado. A la atmósfera de cordialidad y buen perder, como ya venía siendo habitual en el modelo chileno, se sumó la presidenta saliente. El 29 de enero el Tribunal Calificador de Elecciones ratificó la victoria de Piñera, quien convertido así oficialmente en el presidente electo prometió "unir y no dividir a los chilenos" en la "nueva transición" que comenzaba. En la víspera, en cumplimiento de los estatutos del partido, Piñera se dio de baja como miembro de RN.

Preparativos para el cambio de Administración
En los primeros días de febrero de 2010 el mandatario electo adoptó las últimas decisiones importantes previas al cambio presidencial. En lo referente a la solución de un potencial conflicto de intereses, el empresario puso a la venta ahora un 15% de propiedad en LAN. El paquete, que sólo era una parte de la cuota accionarial del 26%, tuvo como comprador preferencial a la familia Cueto, también accionista en la aerolínea. La operación reportó a Piñera pingües ganancias personales, pues la cotización de las acciones de LAN se había disparado en la Bolsa de Santiago tras conocerse el resultado de la segunda vuelta de las presidenciales. El 11% restante de LAN iba a ser vendido a finales de marzo, con Piñera ya instalado en La Moneda.

El empresario, además, se deshizo del 9,7% que tenía en el capital de la Clínica Las Condes y anunció el traspaso de su 100% de capital propietario de Chilevisión a una fundación sin fines de lucro, Cultura y Sociedad, en realidad una transformación de la Fundación Futuro. Sin embargo, una vez asumido el cargo, esa mudanza no se concretó. Hasta el mes de mayo no iba a presentarse una solución alternativa consistente en la venta del canal al fondo de inversiones latinoamericano Linzor Capital Partners, pero esta operación tampoco se cerró. Finalmente, Chilevisión iba a ser vendido al grupo estadounidense Time Warner en agosto de 2010.

La última estimación de Forbes cuantificaba en 2.200 millones de dólares la fortuna del magnate y próximo presidente de la República de Chile, lo que le convertía en el 437º milmillonario del mundo. El cálculo de la revista presentaba un fuerte incremento patrimonial, ya que en la edición de 2009 Piñera había aparecido listado con una riqueza de sólo 1.000 millones, en la posición 701ª.

Mientras procedía, de manera parcial y por lo tanto criticada, a desprenderse de sus propiedades corporativas, Piñera hizo la presentación de su próximo Gobierno. Según el nuevo presidente, se trataba de un "Gabinete de excelencia" asentado en un "justo equilibrio entre capacidad profesional técnica-académica por una parte, y política por otra", y "no cruzado ni contaminado por las prácticas de los cuoteos y repartijas políticas". "Este no va a ser un Gobierno de administración, sino que emprenderemos grandes transformaciones", insistía Piñera.

El escogido era un equipo de personas de "intachable trayectoria" y "férrea honestidad". Su misión: "poner en marcha una nueva forma de gobernar", una nueva "filosofía" de "responsabilidad compartida" consistente en "que el Estado va a ayudar a la gente a ayudarse a sí misma", pues "en la sociedad civil hay demasiada dependencia de lo que pueda hacer el Estado", continuaba explicando Piñera.

El Gobierno entrante se componía de 22 ministros de las tendencias liberal y conservadora, de los cuales sólo seis eran mujeres. Había mayoría de representantes de la UDI, tanto militantes como independientes allegados. Del ramillete de personalidades, con unos perfiles empresarial, académico o tecnocrático, destacaban Joaquín Lavín (UDI) en Educación, Rodrigo Hinzpeter Kirberg (RN) en Interior, Alfredo Moreno Charme (independiente pro UDI) en Relaciones Exteriores, Felipe Larraín Bascuñán (independiente) en Hacienda, y Cristián Larroulet Vignau (independiente pro UDI) en la Secretaría General de la Presidencia.

También, el democristiano Jaime Ravinet de la Fuente, que había servido como ministro de Vivienda y de Defensa con Lagos, al que Piñera recuperó para la segunda de las carteras. El nombramiento irritó a la Concertación, viéndose obligado Ravinet a darse de baja como miembro del PDC.

El 10 de febrero Piñera entregó a sus futuros ministros un memorándum de instrucciones donde les pedía que, a fin de evitar conflictos de intereses, quienes pertenecieran a directorios de empresas o fundaciones renunciaran a sus responsabilidades corporativas antes del 28 de febrero. La prensa chilena señaló que al menos 10 de los 22 ministros tenían fuertes nexos con el mundo de los negocios y el sector privado.


5. Debut en La Moneda bajo la emergencia del terremoto; el plan nacional de reconstrucción

El 27 de febrero de 2010 todo estaba a punto para la transferencia del mando en La Moneda cuando Chile fue sacudido por un gran movimiento sísmico que resultó ser el segundo más potente de su historia, luego del producido en Valdivia en 1960.

El terremoto, de 8,8 grados de magnitud, largo en duración y con epicentro en un punto del océano a pocos kilómetros de las costas de las provincias de Ñuble y Cauquenes, golpeó con enorme violencia las regiones de Valparaíso, Metropolitana de Santiago, O'Higgins, Maule, Biobío y La Araucanía. La destrucción, agravada por los efectos de un tsunami que las autoridades no acertaron a alertar a tiempo, fue masiva en Maule y Biobío, donde varias ciudades quedaron arrasadas.

Carreteras, aeropuertos, puentes y otras infraestructuras públicas sufrieron destrozos de diversa consideración en todo el país, sin faltar la capital. Varios edificios altos de reciente construcción y que probablemente no cumplían las normas de seguridad antisísmicas se desplomaron. Millones de chilenos se quedaron temporalmente sin electricidad y teléfono. El balance de víctimas mortales quedó establecido, tras unos recuentos oscilantes, en los 525 fallecidos

El pánico y la conmoción dieron rápidamente paso a la indignación y la vergüenza porque muchas de las zonas afectadas por el terremoto devinieron escenarios de graves actos de pillaje y vandalismo, no pocos por parte de personas que en vez de tomar alimentos para subsistir robaban bienes de consumo muy codiciados. Las escenas de saqueos de supermercados y comercios fueron retransmitidas en directo a todo el mundo. Los desórdenes se prolongaron entre dos y tres días, hasta que hicieron acto de presencia los efectivos del Ejército y los Carabineros para hacer efectivos el respeto a las propiedades y el toque de queda.

Mientras que Bachelet, sobreponiéndose a las críticas que llovían sobre su Gobierno por el clamoroso fracaso de los sistemas de prevención del maremoto y por la lentitud de la respuesta inicial de las autoridades, coordinaba sobre el terreno las tareas de rescate y socorro a las víctimas, Piñera, sin dejar de sumarse al periplo institucional por los lugares afectados, se encargó de adelantar el anuncio de un plan de abastecimiento, seguridad y reconstrucción, Levantemos Chile, al que tendría que adecuarse el programa electoral de la Coalición por el Cambio. Cálculos preliminares situaban los costes de la reconstrucción en hasta 30.000 millones de dólares.

Se trataba de una cantidad elevadísima, pero el Estado chileno, con sus cuentas básicamente consolidadas (el endeudamiento era muy bajo y el déficit fiscal, aunque elevado al 4,5% del PIB como consecuencia de las medidas de estímulo que el anterior Gobierno había tenido que implementar para mitigar los efectos de la crisis global, se consideraba temporal y manejable), contaba con margen financiero para sufragarla al alimón con las inversiones y los créditos blandos del sector privado.

En cualquier caso, sobre Piñera recaía la responsabilidad de levantar las zonas devastadas. Además, por su reputación de empresario de éxito, se veía doblemente obligado a demostrar sus capacidades como gestor de la cosa pública. El liderazgo rehabilitador de Piñera resultaba fundamental, pues el terremoto, además de segar vidas y destruir bienes, había dejado al desnudo importantes carencias del Estado y, como daban a entender los saqueos masivos cometidos en las barriadas populares, había mostrado al mundo el arraigo de una profunda fractura social tras décadas de modelo económico neoliberal, brecha entre ricos y pobres que los gobiernos concertacionistas no habían sabido cerrar.

Los éxitos macroeconómicos y los avances en el desarrollo y en la reducción de la pobreza acababan de proporcionar al país el ingreso en la OCDE (convirtiéndose en el primer Estado miembro de Sudamérica y en el segundo de Latinoamérica tras México), pero Chile seguía siendo uno de los países del mundo con una distribución de la renta más desigual.

Estas fueron las amargas circunstancias que rodearon la transmisión del mando presidencial, la cual fue perfectamente coordinada por los equipos de los estadistas saliente y entrante, el 11 de marzo de 2010 en la sede del Congreso Nacional en Valparaíso.

Los prolegómenos y el desarrollo de la ceremonia, breve y austera, se vieron perturbados por nuevas réplicas telúricas, una de las cuales tuvo lugar exactamente en mitad del acto e hizo vibrar las lámparas del Congreso, miradas con inquietud por el público asistente, y por una alarma de tsunami. A la asunción presidencial asistieron delegaciones de 36 gobiernos y organizaciones internacionales, así como los presidentes de Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay.

Batería de medidas para superar la devastación del seísmo
Tras prestar juramento del cargo y ser investido con la banda presidencial por el nuevo titular del Senado, Jorge Pizarro Soto, Piñera viajó en helicóptero a dos localidades muy afectadas por el terremoto de febrero y las réplicas posteriores, Rancagua (O'Higgins), donde declaró el estado de catástrofe nada más producirse allí un temblor de 6,9 grados, y Constitución (Maule). Ya de tarde, arribó al Palacio de la Moneda de Santiago para dirigir su primer discurso institucional.

El presidente aleccionó a sus gobernados con grandilocuentes palabras: "Chilenos, vivimos un momento histórico y dramático. Histórico, porque este año le abriremos las puertas a nuestro tercer siglo de vida independiente. Y dramático, porque Chile ha sido asolado por una tragedia (…) El temple de un pueblo y el alma de una nación se ponen a prueba y se develan en tiempos difíciles. Y (…) el pueblo chileno está construido de buena y noble madera (…) Porque el nuestro es un país forjado en la adversidad".

"Por eso tengo la certeza de que vamos a superar este momento adverso. De que a pesar del dolor, secaremos nuestras lágrimas y pondremos manos a la obra. Juntos volveremos a ponernos de pie, una y mil veces, para reconstruir lo destruido, levantar Chile y reiniciar nuestra ruta hacia una patria más libre, más grande, más justa y más fraterna (…) Hoy, como presidente de Chile, quiero convocar a todos los chilenos, a la generación del Bicentenario, a dos grandes y nobles misiones. Primero, a levantar sobre roca y no sobre arena lo que el terremoto y el maremoto derrumbaron. Y también, quiero invitarlos a una nueva transición".

Y añadía el orador desde un balcón de La Moneda: "Con sincera humildad y plena conciencia de mis limitaciones, enfrento a partir de hoy el mayor desafío de mi vida. También lo hago con una férrea voluntad frente a la enorme responsabilidad que la patria ha puesto sobre nuestros hombros (…) Pueden estar seguros que en los próximos cuatro años pondremos todos nuestros talentos, energías y fuerzas al servicio de Chile y los chilenos, pero con un cariño y dedicación muy especial por aquellos compatriotas más vulnerables y necesitados. Para ellos serán nuestros mejores esfuerzos".

La declaración de intenciones dio rápidamente lugar a los hechos. Por de pronto, el presidente anunció el desembolso inmediato del Bono Marzo de 40.000 pesos (unos 80 dólares), ya contenido en el programa electoral, a las familias con bajos ingresos que percibiesen un único subsidio o una asignación de Chile Solidario, programa implementado por la Administración Bachelet. El Bono Marzo, aprobado por el Congreso el 18 de este mes y promulgado por el jefe del Ejecutivo una semana después, con un coste fiscal al cambio de 320 millones de dólares, supuso una ayuda económica directa para 4,2 millones de chilenos.

El 13 de marzo, desde Talcahuano, Concepción, Biobío, el presidente, con el fin de afrontar la presente "megacalamidad", un "megadesastre que va a requerir mucho tiempo, trabajo y sacrificio", anunció el envío al Congreso de sendos proyectos de ley sobre la situación de emergencia y para la creación de un Fondo de Reconstrucción que se sustentaría en cuatro ejes financieros.

Estos eran: un "enorme esfuerzo de austeridad" con "reasignación de gastos" a las prioridades de la reconstrucción; el recurso "prudente y moderado" al endeudamiento externo; el uso, igualmente "responsable y moderado", de parte de los ahorros y fondos de reserva que el Estado había acumulado en los años de bonanza del precio del cobre; y la "ayuda y solidaridad" del sector privado, a través de una ley de donaciones.

A finales de marzo, en sendos actos en Concepción y en la comuna metropolitana de Lo Prado, el mandatario presentó Chile Unido Reconstruye Mejor, ambicioso programa concebido para dar "soluciones" en materia de vivienda a las familias damnificadas por el seísmo del 27 de febrero, soluciones que serían "provisorias" en una primera etapa, hasta junio del año en curso, y "definitivas" en una segunda etapa, la cual se prolongaría hasta 2012.

El programa contemplaba la adquisición de 40.000 viviendas prefabricadas para dar techo provisional a las familias que se habían quedado a la intemperie, la concesión del bono Manos a la Obra, un subsidio del Gobierno de 15 millones de dólares que daría acceso a materiales de albañilería para acometer reparaciones de urgencia, y la construcción, reconstrucción o reparación definitiva, con cargo a dos subsidios financiados por el Fondo Solidario de Vivienda (FSV), de 195.000 unidades habitacionales de y para propietarios cuyas viviendas habían quedado destruidas, inhabitables o dañadas en grado diverso. El presidente cifró en 370.051 el total de casas afectadas en mayor o menor medida por el terremoto y maremoto.

El 16 de abril, desde el puerto biobense de Coronel, y mientras era objeto de fuertes críticas por su inconcluso, y por tanto incumplido, plan para deshacerse de sus participaciones empresariales y evitar unos conflictos de intereses que en opinión de muchos (incluidos miembros del oficialismo) ya se estaban produciendo, el mandatario volvió a tomar la voz para desgranar los contenidos del Plan de Reconstrucción.

El mismo, enfatizaba Piñera, no iba a dejar en la estacada los compromisos de desarrollo económico y social asumidos, más allá de las contingencias derivadas de la catástrofe natural, por el Programa de Gobierno, tal como había sido pregonado en la pasada campaña electoral. El esquema de financiamiento 2010-2013 tenía reservados al Programa de Gobierno 9.300 millones de dólares, incluida una partida de 1.956 millones asignada exclusivamente a las metas de "erradicar" la pobreza extrema en 2014 y la pobreza en todas sus formas en 2018.

El Plan de Reconstrucción, por su parte, asumía costes para el erario público de 2.300 millones de dólares en vivienda, 1.500 en educación, 2.100 en salud y 1.200 en infraestructuras de servicios, transportes y comunicaciones. En total, el sector público destinaría 12.000 millones de dólares para costear poco más de un tercio de los daños dejados por el seísmo.

El 25 de mayo Piñera promulgó la Ley que creaba el Fondo Nacional de la Reconstrucción. El Plan de Financiamiento anejo se surtía de las cuatro fuentes de dinero explicitadas en marzo –austeridad y reasignaciones presupuestarias, uso moderado de los fondos de reserva, emisión moderada de deuda pública, ley de donaciones- y además contemplaba los ingresos confiados al crecimiento económico, la venta de activos "prescindibles" del Estado y una serie de "ajustes tributarios" consistentes en alzas temporales de los impuestos, regalías y contribuciones urbanas que pagaban las empresas, la industria minera y los bienes inmuebles de alto standing, pero sólo los que habían salido indemnes del desastre telúrico.


6. De la crisis de los mineros de Copiapó a la gran protesta estudiantil; el conflicto social de 2011

Drama y euforia en la mina San José
El 7 de agosto de 2010 Piñera optó por suspender su estadía en Colombia, a donde había llegado para asistir a la toma de posesión presidencial de Juan Manuel Santos Calderón, y regresar apresuradamente a casa a fin de tomar las riendas de la crisis abierta dos días atrás por el derrumbe producido en una galería subterránea de la mina San José, yacimiento cuprífero y aurífero de la provincia de Copiapó, región de Atacama, que había dejado a 33 mineros atrapados a 624 metros de profundidad.

El 8 de agosto el presidente se personó en la instalación minera, conocida por su peligrosidad y sus malas condiciones laborales, para acompañar y confortar ("mientras haya esperanza, no vamos a escatimar ningún esfuerzo") a los familiares de los siniestrados, cuyas condiciones eran por el momento una incógnita, y supervisar las primeras labores de sondeo, tarea que se reveló bastante complicada por las características del terreno, lo que reducía drásticamente las posibilidades de devolver a los mineros a la superficie, eso en el caso de que siguieran con vida.

Piñera, prodigando abrazos, micrófono o megáfono en mano, y con el casco de minero calado, mostró su lado más dinámico y empático a lo largo de los más de dos meses que duró una crisis que estremeció a Chile, conmovido y expectante con el corazón en un puño. Los sentimientos fueron compartidos por la comunidad internacional, la cual siguió con enorme interés la evolución de la tragedia minera en el país sudamericano.

El 22 de agosto el mandatario, luego de destituir a los directivos y de decretar una profunda reestructuración del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), y al cabo de una complicada perforación por las brigadas de rescate, compartió la explosión de felicidad colectiva ("Chile está llorando de alegría y de emoción") por el hallazgo, vivos e ilesos, de los 33 mineros, con los que pudo establecerse comunicación por teléfono y video, y a los que comenzó a bajarse víveres.

El 23 de agosto Piñera creó una Comisión de expertos para Seguridad en el Trabajo, pues debía haber "un antes y un después en materia de seguridad y dignidad en el trabajo de nuestros trabajadores", y fue categórico en reiterar que continuaban las investigaciones para depurar eventuales responsabilidades y sancionar a quienes tuvieran "culpabilidad" en el accidente, pues en esta materia "no va a haber impunidad", advirtió. Al día siguiente, mantuvo una conversación telefónica con Luis Urzúa, el veterano jefe de turno de los mineros atrapados.

El 27 de agosto, al tiempo que el ministro del área, Laurence Golborne Riveros, anunciaba la creación en lugar del Sernageomin de una Superintendencia de Minería –la cual, junto con el también nuevo Servicio Geológico, iba a tener su engarce jurídico en el Proyecto de Ley de Seguridad e Institucionalidad Minera, texto que sería firmado por Piñera en julio de 2011 para luego, en septiembre de 2012, estrellarse contra el Congreso-, el presidente remitió al Legislativo un proyecto de ley que incrementaba el impuesto específico al sector minero. Con esta alza fiscal, el Gobierno esperaba recaudar casi 1.000 millones de dólares en los próximos tres años, un dinero fundamental para el Plan de Reconstrucción pos-terremoto.

Comenzó entonces la fase más prolija y delicada del operativo de rescate de los mineros, que era excavar con maquinaria pesada un pozo por el que poder sacar a los atrapados uno a uno. Tres perforadoras especiales pusieron en marcha sendos operativos, los llamados planes A, B y C. El Plan B alcanzó su objetivo con pleno éxito entre el 9 y el 12 de octubre.

Finalmente, el 13 de octubre, tras 70 días bajo tierra, los 33 mineros, metidos en una cápsula, fueron sacados uno detrás de otro, salvos y en unas condiciones físicas y mentales sorprendentemente buenas. En el exterior les estaban esperando sus familiares, los miembros de los equipos de rescate, los ingenieros al frente de la operación, diversas autoridades y el presidente en persona, que se fundió en un eufórico abrazo con todos y cada uno de ellos.

Piñera, que en septiembre anterior había encabezado los actos conmemorativos del Bicentenario del inicio del proceso de independencia nacional, contribuyó, con sus efusivos gestos y sus encendidas palabras, al ambiente de exultación emocional y patriótica que se apoderó de Chile, muy orgulloso por el feliz desenlace de este grave accidente minero, el cual había mostrado al mundo lo que podían dar de sí la suma de una movilización en firme de la autoridad pública, la fe inquebrantable de la población, los sentimientos de unidad y la pericia técnica. La operación de rescate en el desierto de Atacama fue unánimemente calificada de alarde humano y tecnológico.

El presidente no descuidó un momento para sacar pecho y cubrir de elogios a todos los protagonistas, rescatados y rescatadores, de esta épica historia. En la bocamina, minutos antes de ascender el primer minero, Piñera fue claro: "Dijimos que no nos íbamos a rendir y no nos rendimos", manifestó.

Al final de la memorable jornada, tras recibir a Luis Urzúa, el último de los salvados, el estadista, visiblemente emocionado, subrayó que: "Hoy Chile no es el mismo país que teníamos hace 69 días. Los mineros no son los mismos que quedaron atrapados ese día 5 de agosto. Han salido fortalecidos y nos han dado una lección. Pero Chile tampoco es el mismo; creo que hoy día Chile está más unido y más fuerte que nunca, y es un país más respetado y más valorado en el mundo entero”, dijo, mientras era grabado por las cámaras, que difundieron las imágenes a una audiencia global de mil millones de personas.

En la jornada siguiente, Piñera visitó a los mineros en el hospital de Copiapó, donde estaban ingresados para someterse a un exhaustivo chequeo médico. Los mineros fueron informados por el presidente de que "nunca más en nuestro país vamos a permitir que se trabaje en condiciones tan inseguras y tan inhumanas como se trabajaba en la mina San José". El 25 de octubre Piñera recibió a los 33 en La Moneda para rendirles homenaje y hacerles entrega de la Medalla Bicentenario. "Esto fue un esfuerzo de todo un país", recalcó el anfitrión durante los agradecimientos.

Iniciativas legislativas, problema mapuche en la Araucanía y motín popular en Magallanes
El baño de popularidad (un 63% de valoraciones positivas en las encuestas) para Piñera era incuestionable, y el presidente aprovechó esta ola favorable para darle un impulso a sus políticas, repartidas entre el Programa de Gobierno y el Plan de Reconstrucción. 2010 terminaba con unas magníficas perspectivas de crecimiento económico: a pesar del ruinoso terremoto, el PIB iba aumentar este año cerca de un 6%, ritmo que básicamente se ajustaba al exigente objetivo trazado en la campaña electoral.

En diciembre de 2010 fue promulgada la Ley de Femicidio, un texto proyectado bajo la Administración Bachelet, que reforzaba la Ley de Violencia Intrafamiliar y tipificaba el delito de femicidio, u homicidio específico de la mujer a manos de su pareja o ex pareja, dándole el mismo castigo penal que al parricidio.

También se materializó ahora una importante reestructuración del Ejecutivo iniciada por el anterior Gobierno de la Concertación: la efectiva puesta en marcha de los ministerios del Medio Ambiente y de Seguridad Pública. El primer departamento, aunque oficialmente había iniciado su andadura con Bachelet en enero de este año, no se hizo operativo hasta el primero de octubre con la conversión en ministra con plenas atribuciones de María Ignacia Benítez Pereira, de la UDI, desde marzo presidenta de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA).

Luego, el 21 de febrero de 2011, cinco semanas después de acometer Piñera su primera remodelación ministerial, con cambio de los responsables de Defensa (Ravinet por Allamand), Trabajo (Camila Merino por Matthei), Energía (Ricardo Ranieri por Golborne, quien retuvo además Minería, hasta julio) y Transportes (Felipe Morandé Lavín por Pedro Pablo Errázuriz Domínguez), el Ministerio del Interior se transformó en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Su titular siguió siendo Rodrigo Hinzpeter, quien tenía entre manos la aplicación del Plan de Seguridad Pública 2010-2014.

Pero había un tercer departamento de nuevo cuño: el Ministerio de Desarrollo Social, cuyo Proyecto de Ley recibió la firma de Piñera el 18 de agosto de 2011. El 13 de octubre de ese año el nuevo departamento tomó el relevo al Ministerio de Planificación. Lavín, recién transferido desde Educación, continuó portando la cartera. Para Piñera, el Ministerio de Desarrollo Social era el medio institucional necesario para alcanzar las metas de supresión de la pobreza, las cuales contaban ahora con herramientas ad hoc como la agenda Chile País Desarrollado, lanzada por el mandatario en noviembre de 2010. Por otro lado, en abril de 2011 el presidente firmó el Proyecto de Ley sobre Probidad Pública.

Aunque no podía acusársele de anorexia legislativa o de timidez mediática, ya en el otoño de su primer año en el poder Piñera vio abrírsele las puertas de la gran contestación social, por la que se colaron una serie de conflictos comunitarios y sectoriales que habían puesto en aprietos a su predecesora, Bachelet, y que cuando el cambio de Gobierno en marzo se creían adormecidos. Más bien, el terremoto de febrero y el drama de los mineros habían amortiguado, empujándolas a un segundo o tercer plano, una serie de reivindicaciones populares que venían de tiempo atrás.

Los primeros en vocear que en el Chile de los optimistas, si no triunfalistas, discursos institucionales había muchas cosas que no funcionaban bien fueron los indígenas mapuches, protagonistas de una añeja movilización en la Región de la Araucanía y su capital, Temuco, en defensa de los derechos sobre sus tierras ancestrales, en demanda de autonomía administrativa para su comunidad y en protesta por un marco penal que consideraba actos de terrorismo sus protestas de carácter violento, consistentes fundamentalmente en el ataque y destrucción de propiedades rurales, aunque en ocasiones también se producían agresiones a personas.

En julio de 2010 un grupo de comuneros mapuches que se encontraba en régimen de prisión preventiva en diversas cárceles chilenas emprendió una huelga de hambre para protestar por las actuaciones judiciales en su contra. Denunciaban en particular que se les aplicara la ley antiterrorista y el sistema de los dobles procesamientos, por las justicias civil y militar. El Gobierno accedió a dialogar y en octubre, con los buenos oficios de la Iglesia Católica, que actuó de mediadora, todos los huelguistas depusieron su actitud. En principio, el Gobierno se había plegado a sus demandas.

Sin embargo, la tensión en el frente mapuche se reanudó en marzo de 2011 al imponérseles a cuatro reos unas sentencias condenatorias como culpables de robo con intimidación, atentado a la autoridad y homicidio frustrado. Los condenados, que tenían por delante unas largas penas de prisión, reanudaron la huelga de hambre, prolongada en este caso hasta julio.

El segundo frente de contestación estalló en enero de 2011 en la región más austral, la más extensa y la segunda menos poblada del país, Magallanes. Sus habitantes se lanzaron a protestar tras el anuncio por la estatal Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) del encarecimiento en esta región del gas natural de consumo doméstico en un 16,8%. Los manifestantes más resueltos bloquearon el paso transfronterizo de vehículos entre las provincias argentinas de Santa Cruz y Tierra del Fuego, comunicadas por ferry en el estrecho de Magallanes.

El paro general y los actos de protesta de los ciudadanos magallánicos fueron tan contundentes que el Gobierno de Santiago rectificó a los pocos días: el alza del gas quedó limitada al 3% (el valor de la inflación anual), los subsidios al hidrocarburo fueron restablecidos y ampliados, y Piñera, además, sacrificó al ministro de Energía, Ricardo Ranieri. Luego, en abril, plasmó su renuncia la intendenta de la región, Liliana Kusanovic.

Rebelión de los estudiantes, protesta obrera y resistencia conservacionista en Aysén
En la primavera de 2011, cuando el desafío de los huelguistas de hambre mapuches daba sus últimos coletazos y las aguas ya se habían remansado en Magallanes, Piñera se topó con la fragorosa protesta nacional de los estudiantes de secundaria y universitarios, que reclamaban una profunda reforma del sistema educativo chileno.

El conflicto se remontaba a las grandes manifestaciones de 2006, cuando cientos de miles de alumnos de secundaria se echaron a la calle en demanda de mejoras radicales en la enseñanza pública para mejorar su calidad, aumentar el soporte financiero del Estado y reducir el peso de la gestión privada, en particular la que iba detrás del lucro. Entonces, Bachelet intentó contentar a los estudiantes con una batería de medidas, a la cabeza de las cuales estaba la nueva Ley General de la Educación (LGE), que sustituía a la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), promulgada por el Gobierno pinochetista en 1990.

La LGE, aprobada por el Congreso en 2009 con el acuerdo de los grupos de la Concertación y la entonces Alianza, incidía en la elevación de los estándares de rendimiento y cualificación profesionales exigidos a docentes y administradores. Sin embargo, fue rechazada de plano por los sindicatos estudiantiles y el Colegio de Profesores, para quienes la norma se había quedado muy corta porque no protegía adecuadamente el carácter público del sistema, desprivatizándolo, ni avanzaba en su deseada gratuidad universal. Además, estaba en trámite parlamentario la Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Parvularia, Básica y Media (LACE), elaborada asimismo durante la Administración Bachelet.

Se trataba, por tanto, de un conflicto no resuelto, heredado del Gobierno del centro-izquierda. Piñera era consciente de ello y en noviembre de 2010, con los ecos positivos del rescate de los mineros reverberando aún en los sondeos de valoración, anunció a bombo y platillo "la más transcendente y ambiciosa" reforma educacional "desde que en los años sesenta el presidente Frei Montalva luchó contra el analfabetismo y amplió la cobertura de la educación básica".

El mandatario, con su entusiasmo habitual, enumeró una batería de medidas beneficiosas para todos los miembros de la comunidad educativa y cuyo epítome era la "verdadera calidad", la "madre de todas las batallas" en la educación. A últimos de mes, el presidente instó a los parlamentarios a aprobar su Proyecto de Ley de Calidad y Equidad de la Educación, reforma que el Gobierno consideraba su "más grande desafío y misión".

Tras un rápido trámite legislativo, la Ley de Calidad y Equidad entró en vigor el 26 de febrero de 2011. Los sindicatos de estudiantes y maestros consideraron que la nueva norma, como la LGE, era papel mojado en el sentido de que no garantizaba una educación pública gratuita y de calidad con carácter universal.

En mayo de 2011 la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH), representantes de los alumnos de universidad, convocó las primeras movilizaciones nacionales en demanda de un acceso equitativo a la educación superior, la regulación por el Estado de la enseñanza universitaria con afán de lucro, mayores partidas presupuestarias del Ministerio para sostener las universidades públicas y mejoras en el sistema de financiación de las carreras de los matriculados, quienes en su mayoría tenían que recurrir a becas y créditos con intereses para costear sus estudios.

El objetivo era, en síntesis, acabar con la "educación de Pinochet". Los alumnos de secundaria, que tenían sus propias reivindicaciones, expuestas por su Coordinadora Nacional (CONES), fueron sumándose a los paros, las marchas multitudinarias y las ocupaciones de colegios y sedes de partidos.

A principios de julio, Piñera y Lavín movieron pieza con el anuncio de una primera tanda de propuestas centradas en el aumento de los fondos asignados a la educación y la ampliación del acceso a los créditos universitarios. Las presentaciones por el Ejecutivo del llamado "Gran Acuerdo Nacional de la Educación" (GANE), del Fondo de Educación, segregado del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES), y de las también nuevas Subsecretaría de Educación y Superintendencia de Educación Superior no impresionaron a los estudiantes, que redoblaron sus protestas.

El 14 de julio una gran marcha convocada por la CONFECH, la CONES y el Colegio de Profesores esgrimió en Santiago un "Gran Acuerdo Social por la Educación" como contrapunto del GANE, que según el Gobierno beneficiaría a 720.000 alumnos. La manifestación degeneró en disturbios y los carabineros cargaron con virulencia, produciéndose decenas de heridos y detenidos.

El recrudecimiento de la protesta pasó factura al Ejecutivo. Piñera, cuyos niveles de aprobación popular iban de mal en peor, no tuvo más remedio que retirar de Educación al baqueteado Lavín (Bachelet había tenido que hacer lo mismo con Martín Zilic en 2006), quien venía acusando a los cabecillas estudiantiles de "ideologizar" el movimiento en beneficio de los partidos de la extrema izquierda, empezando por el Comunista, de la que era miembro por ejemplo la carismática Camila Vallejo Dowling.

El ex candidato presidencial se hizo cargo del Ministerio de Planificación, que meses después, como se apuntó arriba, iba a llamarse de Desarrollo Social.

Junto con Lavín causaron baja en sus puestos el 18 de julio su predecesor en Planificación, Felipe Kast Sommerhoff, su sucesor en Educación y hasta ahora responsable de Justicia, Felipe Bulnes Serrano, la secretaria general y portavoz del Gobierno, Ena von Baer Jahn (a la que sustituyó el senador de la UDI Andrés Chadwick, el primo del presidente), el titular de Economía, Fomento y Turismo, Juan Andrés Fontaine Talavera (su relevo fue Pablo Longueira), el de Obras Públicas, Hernán de Solminihac Tampier, y en Energía y Minería Laurence Golborne, quien intercambió carteras con el anterior, salvo la de Energía, ida a Fernando Echeverría Vial.

El baile de rostros en el Ministerio de Educación y la Secretaría General del Gobierno no desatascó el diálogo del Ejecutivo y el Congreso con los estudiantes. En agosto de 2011 la movilización registró un reguero de incidentes violentos que dieron pie a un duro cruce de acusaciones de desmanes, imputados tanto al bando de los manifestantes, donde había infiltrados encapuchados y vándalos, como a las fuerzas del orden, propensas a reprimir con la mayor ligereza. La mayoría de la población y las clases medias urbanas, indicaban las encuestas y dejaban patente las ruidosas caceroladas nocturnas, apoyaban las demandan de los estudiantes y rechazaban las medidas de prohibición y represión.

Las propuestas adicionales del ministro Bulnes sobre la desmunicipalización de la enseñanza escolar, el refuerzo y reprogramación de las becas y créditos, la prohibición del lucro en la universidad y la posibilidad de garantizar la calidad y la gratuidad de la educación pública en la Constitución cayeron en saco roto. Piñera, que el 11 de agosto, tras cuatro años de debate parlamentario, firmó la LACE –una norma relativa a las educaciones preuniversitaria y preprofesional, que entre otras novedades instituía una Agencia de Calidad y una Superintendencia del ramo-, aseveró: "Todos quisiéramos que la educación, la salud y muchas cosas más fueran gratis para todos, pero yo quiero recordar que al fin y al cabo nada es gratis en la vida, alguien lo tiene que pagar".

El caso fue que las marchas, los paros, las ocupaciones y las huelgas de hambre se redoblaron en Santiago, Concepción, Valparaíso y otros puntos de país. El conflicto social atizado por los estudiantes adquirió unas dimensiones no vistas en 21 años de democracia porque en el mismo confluyeron otras movilizaciones.

Así, estaba la lucha de los ecologistas patagones, contrarios al proyecto HidroAysén de construcción de cinco grandes presas en esta región austral, vastas obras de ingeniería que con seguridad tendrían un enorme impacto ambiental. También, la protesta sectorial de los trabajadores de la Corporación del Cobre (CODELCO), opuestos a su posible privatización parcial, pues la misma había sido mencionada por Piñera durante la campaña electoral, si bien Golborne salió ahora a desmentir que el Gobierno contemplara esta operación.

Más aún, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el mayor sindicato del país, convocó un paro nacional de 48 horas en apoyo de la rebelión estudiantil y con la exigencia adicional de, nada menos, un nuevo modelo económico para Chile, lo que requería unas profundas reformas legales y constitucionales. 80 organizaciones sociales y los partidos de oposición, del centro-izquierda y comunistas, se adhirieron al desafío sindical.

La muerte el 25 de agosto, en las últimas horas de la segunda jornada de paro nacional, a causa de un balazo policial de un estudiante de 16 años que no participaba en los disturbios elevó tanto la tensión que Piñera, hundido en los sondeos con tan sólo un 27% de aprobación y un 68% de rechazo, hubo de dar un giro a su estrategia.

Asegurando que había llegado "el tiempo de la unidad", convocó a todos los actores involucrados en el conflicto educativo a un diálogo "con buena voluntad" y directamente con él, en La Moneda. También, forzó la admisión de responsabilidades por varios funcionarios y altos mandos del cuerpo de Carabineros en el homicidio de joven, todos los cuales fueron cesados, empezando por el suboficial autor de los disparos.

El ministro del Interior y Seguridad Pública, Hinzpeter, también escuchó demandas de dimisión, pero el presidente le escudó. El director de los Carabineros, general Eduardo Gordon Valcárcel, aunque salvado de la purga policial, tuvo que dimitir de todas maneras al revelar la prensa que el año anterior había interferido en el atestado de un accidente de tráfico para proteger a su hijo, involucrado en el mismo.

La primera ronda de diálogo directo entre Piñera y Bulnes por un lado, y los delegados de los sindicatos de estudiantes (CONFECH, CONES), el Colegio de Profesores y el Consejo de Rectores (CRUCH) por el otro, celebrada el 3 de septiembre en La Moneda, pareció abrir las puertas a un principio de solución.

El presidente acudió a este encuentro reconociendo la necesidad de hacer un "cambio copernicano" en la educación, aunque esta expresión estaba lejos de reflejar una asunción de las demandas que le hacían sus interlocutores de acometer una completa reforma estructural del sistema, ya que: "No creemos que la educación gratuita para todos sea ni conveniente ni justa (…) No creemos en estatizar ni monopolizar por parte del Estado la educación (…) porque eso, a la larga, es un atentado, no solamente a la calidad, sino a la libertad, y es un atentado a la equidad en la educación", razonaba el mandatario.

Y añadía: "Creemos que deben haber proyectos educativos diversos, pluralistas, y que nadie puede pretender homogeneizar la educación (…) Creemos en un sistema mixto en el que haya educación privada y educación pública, que el Estado vele por la calidad de ambos sistemas y también por el financiamiento, para que todos (…) puedan acceder a la educación de acuerdo a su esfuerzo y su mérito", remató. El diálogo de La Moneda resultó estéril y a mediados de septiembre la CONFECH volvió a la carga con nuevas movilizaciones, aunque las diferencias internas y el inevitable cansancio amagaban con hacer mella en su poder de convocatoria.

A principios de octubre de 2011, Piñera, contradiciendo las palabras de elogio que acababa de dirigir a los estudiantes en su primer discurso ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York ("en las ultimas semanas han sido miles los jóvenes chilenos que han salido a las calles a manifestarse a favor de una causa noble, hermosa y legítima como es una educación de calidad para todos"), dio otro volantazo con la presentación de un proyecto de ley que castigaría con penas de prisión la ocupación violenta de edificios públicos; se trataba de una reforma del Código Penal que ponía "por delante el derecho de las inmensas mayorías", observó el mandatario. La mesa de diálogo quedó rota.

Llegado este punto, la protesta estudiantil entró en una fase de radicalización que vino a agravar la parálisis de las enseñanzas media y superior, tanto como para desbaratar los cursos académicos. Los graves disturbios y los actos vandálicos producidos en Santiago a lo largo de de octubre de 2011 hallaron como eco el tono endurecido del Gobierno, el cual, a través del ministro Hinzpeter, formalizó su Proyecto de Ley de Fortalecimiento del Resguardo del Orden Público.

La polémica norma, conocida popularmente como Ley Hinzpeter o Ley Antiencapuchados, fue tachada de "ideológica" y reaccionaria desde la Concertación y los partidos de la izquierda. A últimos de año, la movilización de los estudiantes perdió bastante fuelle, aunque el desgaste se cebaba no en menor medida con el Gobierno: el 29 de diciembre de 2011, el ministro Bulnes, muy erosionado tras sólo cinco meses en el cargo, traspasó la cartera educativa a Harald Beyer Burgos.


7. Acusada bonanza económica, las medidas sociales del Gobierno y la batalla del déficit

A lo largo de 2012 y los primeros meses de 2013, Piñera continuó enfrentando los brotes de agitación popular, con nuevas convocatorias masivas y algunos episodios de cruda violencia, en los frentes mapuche (asesinato en enero de 2013 de una pareja de latifundistas araucanos en un ataque incendiario por enmascarados contra su casa en Vilcún), patagónico y estudiantil.

El presidente, intentado conciliar el posibilismo reformista y la firmeza institucional, anunció unas mayores inversiones y coberturas públicas en la educación y la sanidad, pero la concesión, como en las ocasiones anteriores, no aplacó a los sindicatos, que manifestaban su hartazgo por la improvisación, las medias tintas y la estrategia zigzagueante de la Coalición por el Cambio, oscilante entre el palo y la zanahoria.

En todo este tiempo de pulso con los estudiantes y los demás colectivos alzados en protesta, el Ejecutivo no dejó de presentar medidas y políticas que enmarcó en su agenda social.

Así, en 2011 y 2012 destacaron, entre otros bonos, beneficios y subsidios: la exención del pago del 7% de cotización en salud a los beneficiarios del Sistema de Pensiones Solidarias; la rebaja de la cotización al 5% para parte de los pensionistas no incluidos en dicho esquema; la extensión del descanso postnatal o baja por maternidad de los tres a los seis meses; la creación del Ingreso Ético Familiar (estructurado en los bonos "por Dignidad", "por Deberes" y "por Logros"); y la creación del Bono Solidario de Alimentos (40.000 pesos por familia, 7.500 pesos por hijo y casi dos millones de familias destinatarias). Posteriormente, en agosto de 2013, el presidente promulgó la ley que reajustaba el salario mínimo a los 210.000 pesos, 45.000 más que hasta ahora.

El ímpetu legislativo del oficialismo tocó la reforma política con la Ley de regulación de la inscripción automática en el Registro Electoral y de la voluntariedad del voto, en vigor desde enero de 2012, y la Ley de Primarias de noviembre de 2012, que estableció el sistema voluntario y vinculante de elecciones primarias para la elección por los partidos de candidatos a presidentes de la República, parlamentarios y alcaldes, a estrenar en las generales de 2013. La oposición del centro-izquierda reclamó la abolición del sistema binominal que regía las elecciones legislativas, el cual en la práctica venía favoreciendo a los candidatos del bloque de la derecha, dando a esta una cierta sobrerrepresentación.

En julio de 2012, al cabo de un tortuoso proceso parlamentario, Piñera promulgó la Ley de Medidas contra la Discriminación, concebida para cualquier colectivo o minoría expuesto a marginación y discriminación, como podían ser los homosexuales, los mapuches, los inmigrantes o los disminuidos psíquicos. La conocida como Ley Antidiscriminación, o Ley Zamudio, no era un instrumento concebido por el Gobierno de la derecha, sino que había sido elaborado por el de Bachelet.

Ya antes de completar su primer año en La Moneda, Piñera, con datos contundentes en la mano, comenzó a alardear de que el Gobierno, pese a los enormes daños ocasionados por el terremoto, estaba empezando a cumplir sus objetivos de crecimiento tal como habían sido acuñados en el programa electoral.

En efecto, la coyuntura superlativa de los mercados internacionales del cobre (con precios récord del metal, demandado masivamente por China, aunque también objeto de prácticas especulativas) más el efecto dinamizador de la reconstrucción material tras el seísmo empujaron al PIB chileno a una dirección hacia arriba que tenía visos de durar mucho.

En 2010 la economía, echando por tierra los pronósticos que habían dibujado un techo de crecimiento del 4,5% para este año a causa del terremoto, avanzó un sobresaliente 5,8%, tasa que contrastaba con el -1,7% anotado en 2009. La tendencia se consolidó en 2011 y 2012 con unos crecimientos del PIB del 5,9% y el 5,6%, respectivamente. Estas tasas rayanas al 6%, con las que no podían ni soñar potencias como Estados Unidos, la UE o Japón, fueron cimeras en la OCDE y superaron con creces las de los vecinos mayores del país austral, Argentina y Brasil, si bien no alcanzaron las de Perú.

El panorama bonancible de la gran economía adquiría perfiles más nítidos porque la inflación se mantenía muy controlada, pasando del 3% en 2010 al 1,5% en 2012, y el paro venía ofreciendo igualmente una evolución positiva al descender del 9% que había en el primer trimestre de 2010 al 6,2% justo tres años después. En el último año del Gobierno Piñera podía hablarse de pleno empleo en Chile, y un empleo con salarios sensiblemente revalorizados. Se trataba de otra variable que en muchos países de Europa bien podía verse como un objetivo de ciencia-ficción.

En cuanto a la balanza financiera del sector público, el Gobierno de la derecha consiguió enderezar las cuentas. De acuerdo con la nueva metodología, si 2009 había registrado un déficit fiscal equivalente al 4,5% del PIB y un déficit estructural del 3,1%, 2012 terminó con un superávit del 0,6% en la primera cuenta (el 1,4% en 2011) y un déficit achicado al 0,6% en la segunda, resultado que provisionalmente satisfacía el objetivo planteado por Piñera de terminar el cuatrienio con un déficit estructural inferior al 1%.

Sin embargo, en el tránsito a 2013, una caída de los beneficios del cobre redujo los ingresos fiscales del Ejecutivo, viéndose obligado este, tras la catarata de desembolsos comprometidos en el Programa de Gobierno y el Plan de Reconstrucción, a poner un mayor énfasis en la austeridad presupuestaria. Ahora, el Gobierno de Piñera no iba a poder evitar legar unas cuentas plenamente deficitarias, quedando además en el aire el cumplimiento final de la meta del déficit estructural no superior al 1% del PIB.

Otra magnitud que no discurría nada bien era la cuenta corriente, la cual no había hecho más que deteriorarse desde 2009, pese a la cotización estratosférica del cobre y a las altas tasas de crecimiento económico. Así, la suma de las balanzas comercial, de servicios, de rentas y de transferencias, de registrar un superávit de 4.200 millones de dólares aquel año pasó a engordar un déficit que rozó los 10.000 millones en 2012, cantidad cercana al 4% del PIB y que figuraba entre los resultados nacionales más negativos del mundo.

Algunos expertos advertían que, a la luz de estos datos, el modelo de crecimiento económico chileno, decididamente, no era sostenible, ya que si un día fallara el cobre, el déficit por cuenta corriente difícilmente podría financiarse sin recurrir a los instrumentos clásicos de emitir deuda soberana o tomar créditos externos.

Por lo demás, en sus frecuentes y locuaces declaraciones públicas, Piñera no dejó de dar cuenta de cómo iban progresando los trabajos de reconstrucción y realojamiento de las víctimas de la catástrofe sísmica 2010. En febrero de 2012 informó que los progresos alcanzaban a "los dos tercios del ciento por ciento" de lo arrasado por el terremoto y el maremoto. En febrero de 2013, en el curso de otra "gira de reconstrucción", en este caso desde la ciudad de Constitución, el mandatario cifró los avances en el "87%". Y en septiembre del mismo año anunció que el programa de viviendas estaba completado al "98%", es decir, que 218.000 de las 222.000 viviendas comprometidas ya estaban "reconstruidas, habitadas por las familias o en pleno proceso de reconstrucción".


8. Una fructífera política exterior bajo las consignas de la integración y el libre comercio

La Administración Piñera adoptó una política exterior que no se apartó de la línea marcada por los gobiernos de la Concertación, a saber, la búsqueda de unas relaciones cordiales y provechosas con cuantos países fuera posible, con un sentido eminentemente práctico y constructivo.

Esta filosofía pragmática se traducía en la prelación de las dinámicas de integración económica, procesos que ofrecieron con Piñera un balance equilibrado entre sus dimensiones bilateral y multilateral, y en el desinterés en enzarzarse en pendencias ideológicas, como las que pudieran girar en torno al proyecto de la América Bolivariana liderado por Venezuela.

Tal como explicó el mandatario en diciembre de 2011 en Buenos Aires con motivo de la inauguración del segundo mandato de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el objetivo de Chile era "tener las mejores relaciones con todos los países del mundo, pero muy especialmente con nuestros vecinos". Una apuesta que, sin embargo, no relajaba la firme voluntad de velar por los intereses nacionales en los conflictos de demarcación fronteriza con Perú y Bolivia.

Papeles en la CELAC y la Alianza del Pacífico; los nuevos TLC con Asia
El 27 de abril de 2011 Piñera se reunió en Lima con sus homólogos de Perú, Alan García, México, Felipe Calderón, y Colombia, Juan Manuel Santos, para lanzar la llamada Área de Integración Profunda (AIP) entre Chile y tres países con los que el socio más austral ya tenía suscritos y vigentes sendos tratados de libre comercio bilaterales.

La AIP se consideraba el núcleo de la que dio en llamarse la Alianza del Pacífico, nuevo bloque regional que buscaba no sólo el pleno desarme arancelario en el comercio entre sus miembros, sino una integración "más profunda, más amplia y más rápida" que la obtenida con otros mecanismos de integración en América Latina, como podían ser la moribunda Comunidad Andina y el atascado MERCOSUR, en los que Chile, por cierto, tenía el estatus de asociado.

Estas palabras de ensalzamiento fueron pronunciadas por Piñera en vísperas de la IV Cumbre de la Alianza del Pacífico, la cual le correspondió organizar el 6 de junio de 2012 en el Observatorio astronómico Paranal, en Antofagasta. Desde este prístino emplazamiento en la cordillera de la Costa, a 2.635 metros de altitud sobre el desierto de Atacama, Piñera, Calderón, Santos y su nuevo par peruano, Ollanta Humala, suscribieron el Acuerdo Marco, o pacto constitutivo de la Alianza.

El presidente anfitrión subrayó que el nuevo bloque suponía un mercado de 215 millones de habitantes y representaba más de un tercio del PIB de América Latina, así como más de la mitad de su comercio, toda vez que Chile, México, Colombia y Perú eran las economías más dinámicas y abiertas del hemisferio.

Aunque sus artífices evitaron en todo momento presentar la Alianza como una alternativa liberal -lo que de hecho era- al eje socialista bolivariano comandado por Hugo Chávez y del que formaban parte Venezuela, Bolivia, Ecuador, Cuba y Nicaragua, ellos, en sus declaraciones, marcaron implícitamente el contraste con otros alineamientos regionales de mayor o menor fortuna.

Así, Piñera y sus colegas decían abogar por la eficiencia en materia de integración comercial, la remoción de toda barrera proteccionista, la extensión de la libre circulación de bienes –ya consagrada en los TLC bilaterales- a los servicios, los capitales y las personas, y la aplicación de integraciones de mayor calado como podían ser la energética y la de infraestructuras.

En especial, destacaban que la Alianza iba a permitir profundizar los lazos con la vasta región de Asia-Pacífico y con la ayuda de la APEC, gran foro de cooperación económica transcontinental del que ya eran miembros Chile, México y Perú, aunque no, por el momento, Colombia. Chile en particular, opinaba su presidente dirigiéndose a una audiencia europea, ofrecía "sólidas ventajas y fortalezas para transformarse en una puerta de entrada hacia América Latina y en un puerto de proyección hacia el Asia-Pacífico".

Además de la Alianza del Pacífico, Piñera jugó un papel destacado en la también flamante Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), fundada por 33 estados, es decir, todos los del continente salvo Estados Unidos y Canadá, en México en febrero de 2010. El chileno fue el primer presidente pro témpore de la CELAC, función que desarrolló entre la I Cumbre de la organización, en Caracas en diciembre de 2012, y la II Cumbre, orquestada por él en Santiago el 27 y el 28 de enero de 2013. El evento fue complementado con la I Cumbre CELAC-Unión Europea y sirvió de marco para la VI Cumbre de la Alianza del Pacífico.

Sin abandonar los ámbitos multilaterales, Piñera asistió a las cumbres de presidentes de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), a la V Cumbre de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), en Haití en abril de 2013 y a título de observador invitado, y, fuera ya del ámbito americano, a la VII Cumbre del G20, en Los Cabos, México, en junio de 2012, también como invitado.

Mención destacada merecen sus participaciones en las cumbres anuales de la APEC, pues pusieron el telón de fondo para la firma de todo un ramillete de TLC bilaterales con países de Extremo Oriente. Fueron los casos de Malasia (TLC firmado en noviembre de 2010 en la Cumbre de la APEC en Yokohama), Vietnam (noviembre de 2011 en Honolulu), Hong Kong (septiembre de 2012 en Vladivostok) y Tailandia (octubre de 2013 en Bangkok).

El TLC con Tailandia fue adoptado en la capital de este país aunque de camino a la XXI Cumbre de la APEC, que tenía lugar en Bali; allí, Piñera anunció el comienzo de negociaciones para la adopción de un TLC con Indonesia. El presidente aprovechó las citas de la APEC para confeccionar unas minigiras por Asia y el Pacífico. La interlocución principal se reservó para la República Popular China, la gran potencia compradora del cobre chileno, con la que desde 2006 estaba en marcha un TLC particular.

Los cuatro TLC asiáticos firmados por Piñera se sumaron a los existentes con China, Japón, Australia, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Singapur y Brunei en el flanco transpacífico, el cual quedaba por tanto muy bien cubierto. Además, Chile ya comerciaba libremente, tratados reguladores mediante, con casi toda Europa (la UE, la EFTA y Turquía), amén de buena parte del continente del que era miembro: aquí, tenía los TLC con Estados Unidos, Canadá, México, Centroamérica, Panamá, Colombia y Perú, más el Acuerdo de Complementación Económica con el MERCOSUR, que le permitía participar parcialmente en su área de libre comercio.

Las relaciones con los vecinos sudamericanos y Estados Unidos
Piñera afianzó la cordialidad cultivada por Bachelet en los tratos con Brasil y Argentina, países con los que firmó un buen número de acuerdos de intercambio sectoriales. En abril de 2010 Buenos Aires fue el primer destino viajero del mandatario al poco de tomar posesión, una capital en la que volvió a recalar por distintos motivos durante su mandato, y Brasilia el segundo. Piñera destacó el alto nivel "estratégico" alcanzado por las relaciones chileno-argentinas y chileno-brasileñas, y en similares términos valoró las relaciones con países tan dispares como Colombia, México, China, Canadá y España.

Con todos ellos mantenía Chile una "alianza estratégica", que en el caso de la nación europea fue formalizada en Santiago en enero de 2013, en la víspera de la I Cumbre CELAC-UE, junto con el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy. El documento tenía como objeto "fortalecer la histórica y excelente relación bilateral chileno-española, y abrir nuevos espacios para incrementar el intercambio y la cooperación mutua". Por lo demás, el dirigente chileno realizó salidas europeas que incluyeron, además de España, a Alemania, el Reino Unido, Francia, Italia, Turquía y las instituciones de la UE.

Con Estados Unidos, las relaciones de Chile también revestían un cariz "estratégico", como no podía ser menos dada la convergencia de intereses en la región de Asia-Pacífico. Piñera efectuó varios viajes a la potencia norteamericana. En marzo de 2011 tuvo la ocasión de reunirse con Barack Obama sin salir de casa, pues el mandatario estadounidense escogió a Santiago como una de sus tres paradas (junto con Brasilia y San Salvador) de una gira regional. A su huésped, Piñera le invitó a profundizar el TLC bilateral y a que Estados Unidos y América Latina establecieran una "relación entre iguales, en que todos tengamos obligaciones y responsabilidades, no simplemente una alianza asistencialista".

En La Moneda, Obama, preguntado por los periodistas, aceptó en principio colaborar en lo que estuviera en su mano para "obtener mayor información" sobre el rol jugado por su país en el golpe de Estado de 1973, pero eludió presentar una disculpa al respecto. Semanas atrás, Piñera había anunciado una querella criminal de su Gobierno, haciéndole así parte en el proceso judicial abierto por esta causa, para facilitar el esclarecimiento de la muerte en 1982 del ex presidente Frei Montalva, probable víctima de un envenenamiento homicida amparado en una intervención quirúrgica convencional.

En junio de 2013, en su primera recepción oficial al chileno en la Casa Blanca, Obama trasladó a Piñera el interés de Estados Unidos en la Alianza del Pacífico, a la que deseaba vincularse como observador, así como en la expansión de la Asociación Transpacífica (TPP), una especie de subconjunto más avanzado de la APEC que desde 2005 integraban Chile, Brunei, Nueva Zelanda y Singapur.

De nuevo en Sudamérica, el presidente chileno mantuvo buenas relaciones con sus homólogos de Ecuador, Rafael Correa, y Paraguay, Fernando Lugo, cuya legitimidad en el poder defendió en términos inequívocos en septiembre de 2010 y junio de 2012, cuando el primero hizo frente a una turbulenta sedición policial y el segundo no pudo evitar ser destituido por el Congreso. En octubre de 2010 Piñera fue el primer mandatario que visitó a Correa tras los desestabilizadores sucesos del 30 de septiembre en Quito.

Finalmente, a pesar de las abismales diferencias ideológicas, no hubo ningún tipo de roce con Chávez; al contrario, las relaciones personales con el polémico caudillo bolivariano fueron afables. Cuando Chávez falleció en marzo de 2013, Piñera no faltó a los funerales. Antes de aterrizar en Caracas, el presidente se refirió al líder desaparecido con esas palabras: "Fue un hombre profundamente comprometido con la integración de América Latina (..) sin duda teníamos diferencias, pero siempre pude apreciar la fuerza, el compromiso y la voluntad con la cual luchaba por sus ideas".

Los diferendos territoriales con Perú y Bolivia
Dos países de la región quedaron al margen de este abanico de relaciones excelentes libres de nubarrones: Perú y Bolivia, a causa de los inveterados desacuerdos fronterizos. Estos, en particular el mantenido con Bolivia, se arrastraban desde las pérdidas territoriales que para ambos países había acarreado el desenlace de la Guerra del Pacífico de 1879-1883, victoriosa para las armas chilenas.

Con Perú, no obstante ser un socio comercial de primer orden en el seno de la Alianza del Pacífico, Piñera heredó un litigio en toda regla por el trazado de la frontera marítima. En enero de 2008, al cabo de varios meses de tarascadas diplomáticas, el Gobierno de Alan García había optado por demandar a Chile ante el Tribunal Internacional de Justicia de la ONU para que fueran los jueces de La Haya quienes dirimieran a quién correspondía la soberanía sobre una extensión marítima de 38.000 km² rica en recursos pesqueros. Sobre este triángulo de océano no había un acuerdo de delimitación, pues cada país se valía de diferentes interpretaciones cartográficas y jurídicas.

Ahora bien, las partes estaban dispuestas a defender sus respectivas posiciones de manera serena hasta que llegara el fallo de La Haya, el cual acatarían sin discusión. Piñera efectuó una visita de distensión a Lima en noviembre de 2010 y luego fue correspondido en Santiago por García y por su sucesor, Humala.

En diciembre de 2012, a la conclusión de la fase oral del diferendo, en la que el Tribunal oyó los respectivos alegatos, el presidente aseveró que la posición chilena había sido "defendida de manera firme y clara, porque es justa y sólida, y porque está respaldada por el derecho internacional, por los Tratados de Límites vigentes y por la práctica de los últimos 60 años". Piñera se refería a la Declaración de Santiago de 1952 y al Convenio de 1954 sobre Zona Especial Fronteriza Marítima, suscritos y ratificados por Chile y Perú.

Más estridencia registraron las relaciones con la Bolivia de Evo Morales, país que seguía añorando la franja litoral de Atacama, hoy región de Antofagasta, ocupada y anexada por Chile cuando la Guerra del Pacífico. Esta espinosa cuestión seguía impidiendo la reapertura de relaciones diplomáticas normales entre dos estados que eran vecinos. Bachelet y Morales habían abierto una mesa de diálogo discreto sobre la base de una "agenda de 13 puntos" y en torno a la tradicional demanda boliviana de recuperar un acceso al Pacífico en el corredor de Atacama, quizá por las regiones norteñas de Arica y Tarapacá, territorios que antaño habían pertenecido no a Bolivia, sino a Perú.

Las expectativas del arranque de negociaciones formales sobre el particular, alentadas con infundado optimismo por La Paz, fueron desmentidas por la Cancillería chilena. La posición oficial de Santiago siguió siendo la inviolabilidad de los tratados que habían establecido la adquisición por Chile de territorios bolivianos.

Así estaban las cosas cuando Piñera llegó a La Moneda en marzo de 2010. Al principio, el nuevo mandatario chileno y Morales parecieron sintonizar. En octubre de 2010 el boliviano estuvo presente en el rescate de los mineros (uno de los accidentados era compatriota), operación que le produjo una viva impresión por la pericia técnica empleada y por todo el espíritu de unidad nacional que la envolvió.

Dos meses después, tras reunirse de nuevo con Morales aprovechando su común asistencia a una cumbre del MERCOSUR en Foz de Iguazú, Brasil, Piñera anunció la formación de un equipo de trabajo bilateral para avanzar en la discusión de la agenda de 13 puntos "de manera más fecunda y rápida", y "en un clima de cordialidad, amistad y hermandad entre dos países y dos pueblos".

El nudo gordiano era la localización, extensión y características de la ansiada salida boliviana al mar, pedido que Santiago reconocía como legítimo y para el que estaba dispuesto a encontrarle una solución. Por de pronto, el Gobierno Piñera descartó la opción, barajada por su predecesor, de otorgar un pedazo de costa en Tarapacá, pues eso "cortaría el territorio chileno en dos". Lo más que estaba dispuesto a ceder era un estrecho corredor más al norte, entre la frontera peruana y Arica, pero sin soberanía, conforme al Tratado de 1904, que había puesto fin al estado de guerra entre los dos países y asentado la irreversibilidad, insistía Santiago, de la anexión por Chile del departamento boliviano del Litoral.

Para La Paz, el punto de la soberanía sobre una hipotética franja de costa boliviana cedida por Chile era irrenunciable. En marzo de 2011 Morales subió el tono de su discurso con el aviso de que estaba dispuesto a recurrir a la justicia internacional si era necesario. En el otoño de 2012 Piñera y sus ministros salieron al paso del torrente de declaraciones de líder boliviano sobre que el Tratado de 1904 estaba "muerto" y que Chile era "un peligro para la región", alegando que aquel tratado de paz no admitía negociación o revisión, y que Chile era "un país amante de la paz, respetuoso del derecho internacional y cumplidor de sus compromisos".

El pique Piñera-Morales siguió adelante y el 23 de marzo de 2013 el líder boliviano materializó sus advertencias con el anuncio de que La Paz demandaba a Chile ante el Tribunal de La Haya, demanda que fue interpuesta un mes más tarde. Entonces, Piñera aseguró que "el supuesto derecho" de Bolivia a acceder soberanamente al mar por territorio chileno era una pretensión "carente de todo fundamento, tanto histórico como jurídico", de manera que Chile "defendería su soberanía conforme con los tratados y el derecho internacional". "Nuestro territorio, nuestro mar, nos pertenecen a todos los chilenos", manifestó nada más hacerse oficial el diferendo en la corte de La Haya.

Llegado el conflicto a este punto, el mandatario dejó en el congelador su anterior ofrecimiento a Bolivia de "otorgarle autonomía en un enclave territorial en la zona fronteriza, donde ellos puedan desarrollar un puerto, un balneario, pero sin ceder soberanía”. Ahora bien, incluso antes de hacerse realidad la demanda boliviana en La Haya, Piñera ya había advertido que la oferta de un enclave no soberano al norte de Arica debía ser aprobada por Perú, tal como establecía el Tratado de Lima de 1929, y además estaba estrictamente ligada a una sentencia judicial favorable a Chile en el litigio marítimo chileno-peruano.


9. Las vicisitudes del último año

Piñera comenzó su último año en la Presidencia con unos niveles de aprobación popular algo mejorados, pero todavía por debajo del 40%. Su imagen pública, nacional e internacional, no terminaba de adquirir unos contornos claros. Para unos era un mandatario jovial y simpático, abierto a la gente y, en lo relativo a la gestión de gobierno, solvente y cumplidor. Para otros, en cambio, Piñera se dejaba llevar por la retórica autocomplaciente y pecaba de excesivamente dicharachero. Los más malévolos le adjudicaron la condición de gafe, dada la cadena de siniestros y accidentes ocurrida en Chile desde su elección.

La locuacidad, la desenvoltura y la espontaneidad del presidente dieron pie a un sinfín de lapsus verbales, leves meteduras de pata y anécdotas pintorescas que los medios locales bautizaron como piñericosas, es decir, las ocurrencias y chascarrillos propios de Piñera.

Algunas de las piñericosas más sonadas tuvieron lugar en el extranjero, como cuando en junio de 2013, en su encuentro con Obama en el Despacho Oval, el dirigente se saltó alegremente el protocolo y, para sorpresa general, se dio el gustazo de sentarse en el famoso escritorio Resolute. Obama, que encajó con humor la insólita arrancada de su visitante, aseguró que el chileno era el primer dignatario extranjero en tomar posesión del sillón presidencial.

También, suscitó reacciones críticas e irónicas su insistencia en proclamarse descendiente del emperador inca Huayna Cápac. Esta alcurnia prehispánica, aseguraba Piñera, afloraba en su árbol genealógico, poblado de ramajes europeos pero reconstruido hasta el siglo XVI, cuando un lejano antepasado vizcaíno, un tal Juan Ortiz de Zárate, concibió descendencia con una biznieta del duodécimo Inca, de nombre Leonor Yupanqui.

Las derrotas sufridas por la Coalición por el Cambio a manos de la oposición del centro-izquierda en las elecciones municipales del 28 de octubre de 2012 encendieron las alarmas en el oficialismo, que encaraba las generales del 18 de noviembre de 2013 con sombrías perspectivas.

Ocho días después del revés en las urnas, que deparó las pérdidas de las alcaldías de Santiago (donde Pablo Zalaquett Said, de la UDI, hubo de dejar paso a Carolina Tohá Morales, del PPD) y Concepción, Piñera abrió una crisis de Gobierno. En Interior Rodrigo Hinzpeter fue sustituido por Andrés Chadwick, quien a su vez cedió la Secretaría General del Gobierno a Cecilia Pérez Jara. Hinzpeter y Loreto Silva Rojas fueron los reemplazos en Defensa y Obras Públicas, respectivamente, de dos pesos pesados del Gabinete, premiados con buenas notas en las encuestas de valoración: Allamand y Golborne, quienes salían del Ejecutivo para plasmar sus precandidaturas presidenciales, el primero por RN y el segundo por la UDI.

El mero proceso de definición del candidato gubernamental para batirse con la postulante de la Nueva Mayoría (el recién creado conglomerado del centro-izquierda, que reunía a los cuatro partidos de la vieja Concertación, al Partido Comunista y a dos formaciones izquierdistas menores), quien no era sino la ex presidenta Bachelet, la cual volvía a la arena política en la cima de su prestigio internacional y tan popular como de costumbre, fue insospechadamente accidentado.

El 17 de abril de 2013, faltando más de dos meses para las elecciones primarias de la Alianza –RN y la UDI decidieron recuperar la anterior denominación de su coalición-, que iban a disputarse con arreglo a la nueva ley, la minoría parlamentaria en que se encontraba el Ejecutivo quedó espectacularmente en evidencia al aprobar el Senado, a iniciativa de los partidos del centro-izquierda y algunos diputados independientes, la destitución del ministro de Educación, Harald Beyer, tras hallarle culpable de la acusación constitucional de no haber fiscalizado la existencia de lucro en las universidades. La caída del tercer ministro de Educación de Piñera, saludada por los estudiantes, acontecía cuando la CONFECH tenía en marcha su primera protesta masiva del año.

Tras este duro revés político, que provocó indignación en el oficialismo, la Alianza intentó recobrar la iniciativa de cara a las primarias del 30 de junio. A las mismas se presentaba como favorito Golborne, quien en sentido estricto seguía siendo un independiente. Sin embargo, el ex ministro multicartera de Piñera terminó perdiendo el aval de la UDI por la publicación de una serie de informaciones sobre sus inversiones en paraísos fiscales. El 29 de abril Golborne rescindió su postulación y ese mismo día la UDI proclamó como precandidato alternativo a Pablo Longueira, hasta ahora ministro de Economía.

El 30 de junio Longueira, con el 51,4% de los votos, derrotó a su rival de RN, Allamand, en la elección primaria. Todo parecía listo para ir a la contienda nacional contra Bachelet, pero el 17 de julio Longueira, de manera completamente inesperada, informó a través de su familia que renunciaba a la candidatura a causa de una profunda depresión que tenía diagnóstico médico. Sumida en el desconcierto, la Alianza se debatió entonces entre escoger por consenso a un candidato que podría ser Allamand, o bien ir a las elecciones presidenciales con dos aspirantes, uno de cada partido, como había sucedido en 2005 con Piñera y Lavín. La Ley de Primarias permitía las dos posibilidades.

Rápidamente, pues el tiempo corría en contra, la mayoría de los aliancistas convino en que lo mejor era definir un solo candidato. La escogida por los dos partidos fue Evelyn Matthei, quien desde enero de 2011 venía fungiendo como una beligerante ministra de Trabajo y Previsión Social. Matthei, cuyas relaciones con Piñera eran ahora aparentemente buenas, dos décadas después del casi mítico Piñeragate, fue nominada por su partido, la UDI, el 20 de julio, y por RN el 10 de agosto. En la víspera del respaldo de RN a Matthei, Piñera, en un gesto poco frecuente, pidió "humildemente perdón" a los ciudadanos por los errores detectados en el último censo poblacional, realizado en 2012.

(Cobertura informativa hasta 1/10/2013)

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