Patricio Aylwin Azócar

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Datos relevantes

Actualización: 6 de Junio de 2011
Crédito fotográfico: © FAO/G. Diana

Chile

Presidente de la República

Duración del mandato: 11 de Marzo de 1990 - 11 de Marzo de 1994

Nacimiento: Viña del Mar, región V (Valparaíso) , 26 de Noviembre de 1918

Partido político: PDC

Profesión: Abogado y profesor de universidad

Crédito fotográfico: © FAO/G. Diana

Resumen

Primogénito de los cinco hijos del que fuera ministro de la Corte Suprema de Justicia, Miguel Aylwin Gajardo, descendiente de irlandeses, y de Laura Azócar, de orígenes españoles, estudió en el Colegio de los Padres Salesianos de Valdivia, en el Liceo de Humanidades de San Bernardo, en el Internado Nacional Barrios Arana de Santiago y en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, por la que en 1943 se licenció en Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales con una tesina titulada El juicio arbitral. En 1944 se colegió abogado y al año siguiente ya se desempeñó como secretario de la Comisión de la Corte Suprema encargada de redactar el Código Orgánico de Tribunales.

Biografía

El mismo año 1945, gobernando las izquierdas coaligadas en el Frente Popular y con Juan Antonio Ríos Morales de presidente, Aylwin ingresó en la Falange Nacional (FN), una disidencia independiente fundada en 1938 por sectores jóvenes de orientación socialcristiana del Partido Conservador (PC), a cuya dirigencia acusaban de reaccionaria y servil con los intereses de la oligarquía. Entre los animadores de esta tendencia figuraban Eduardo Frei Montalva, Bernardo Leighton Guzmán, Manuel Garretón Walker, Rafael Agustín Gumucio Vives y Radomiro Tomic Romero.

Docente desde 1946 en la cátedra de Derecho Administrativo de la Universidad de Chile y en el Instituto Nacional de Santiago, donde impartió Educación Cívica y Economía Política, Aylwin presidió a los falangistas entre 1950 y 1951, antes de empezar a dar clases de Derecho, en 1952, también en la Universidad Católica de Chile. Aún en el ámbito jurídico, ejerció de secretario del Instituto Chileno de Estudios Legislativos entre 1949 y 1954 y de consejero nacional del Colegio de Abogados entre 1953 y 1957, en unos años en que la FN y el nuevo PC, liberado de sus sectores más tradicionalistas, recompusieron temporalmente el eje de actuación común en el seno de la Federación Social Cristiana.

El 28 de julio de 1957 Aylwin participó en la fundación del Partido Demócrata Cristiano (PDC) a partir del FN y otras dos facciones separadas del PC, el Partido Conservador Social Cristiano (PCSC) y el Partido Nacional Cristiano (PNC). Agrupación que ambicionaba oponer al poderoso frentepopulismo de izquierdas una alternativa política nacional de centro, interclasista y sensible con las necesidades sociales -en especial las de los trabajadores-, el PDC eligió en 1958 presidente a Aylwin, sustituyendo a Gumucio, y candidato a las elecciones presidenciales del 4 de septiembre a Frei, máxima figura del partido y mentor del jurista viñamarino

No obstante, Frei quedó en tercera posición tras el conservador Jorge Alessandri Rodríguez y el socialista Salvador Allende Gossens. Aylwin, por su parte, terminó en 1960 la primera de las cuatro presidencias del PDC que iba a ostentar en las próximas tres décadas, y por lo que respecta a su profesión docente, siguió dando clases en el Instituto Nacional santiaguino hasta 1963 y en la Universidad de Chile hasta 1967.

La votación del 4 de septiembre de 1964 trajo el triunfo esperado, elevando a Frei, con un programa de reformas no radicales que se sintetizaba en la chilenización de las industrias extractivas, a la Presidencia de la República en sustitución de Alessandri con el 56,1% de los votos. Se trató de la primera vez que un partido democristiano llegaba al poder en América Latina. El éxito fue redondeado en los comicios al Congreso del 7 de marzo de 1965, cuando el PDC se aseguró la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y la mayoría simple en el Senado, uno de cuyos escaños fue, en representación de Curicó, Talca, Linares y Maule, para Aylwin, que puso fin a su segunda presidencia partidista, de un año de duración, tomándole el relevo Renán Fuentealba Moena. Entre sus actuaciones más destacadas en este sexenio estuvo, en 1969, la jefatura de la delegación chilena en la Asamblea General de la ONU.

En las elecciones presidenciales del 4 de septiembre de 1970, caracterizadas por la polarización de las candidaturas y la efervescencia ideológica, Allende se adjudicó, en su cuarto intento desde 1953 y al frente de la alianza Unidad Popular (UP), el mayor número de votos, seguido por Alessandri, que concurría como independiente, y el postulante del PDC, Tomic, que cosechó sólo el 27,8% de los sufragios. Al no alcanzar ningún candidato la mayoría absoluta en las urnas, correspondió al Congreso la investidura del presidente. Entonces resultó fundamental la decisión de Aylwin y los demás dirigentes democristianos de apoyar al líder socialista a cambio de un pacto de garantías democráticas que, entre otras condiciones, comprometía al Gobierno de la UP a respetar la autonomía universitaria, la profesionalización de las Fuerzas Armadas y una absoluta libertad de prensa.

Ahora bien, la agudización de los conflictos políticos y sociales, la nacionalización por el Gobierno allendista de sectores de la economía y la radicalización del discurso de los partidos más a la izquierda, indujeron a los democristianos a abandonar el centrismo y la moderación de los que habían hecho gala hasta entonces y a sumarse al obstruccionismo institucional en colaboración con el Partido Nacional (PN), la gran fuerza de la derecha surgida en 1965 de la fusión del PC y el Partido Liberal, que lideraba Sergio Onofre Jarpa. Así, desde finales de 1971, Aylwin, recién elegido él presidente del Senado, contribuyó a paralizar la puesta en práctica de la estatalización de la minería del cobre, decretada en marzo por Allende con la aprobación de ambas cámaras, al exigir que las expropiaciones se tramitaran como reforma constitucional y consiguientemente se negociaran con la oposición en el Congreso.

Tras las elecciones legislativas del 4 de marzo de 1973, en las que el PDC y el PN, aliados como Confederación Democrática (CODE), fracasaron en arrancar la mayoría de dos tercios de congresistas que habría permitido plantear la recusación constitucional del presidente, Aylwin, de nuevo presidente del PDC en sustitución de Renán Fuentealba, acogió con intransigencia la oferta de diálogo de Allende en torno a una "oposición constructiva", consistente en la renuncia de algunas nacionalizaciones a cambio del levantamiento del boicot legislativo y los intentos de defenestrar a miembros del Ejecutivo con el voto de censura, lo que contribuyó a agravar la situación de desgobierno, ya minada por las provocaciones violentas de la extrema derecha y la extrema izquierda, y la aguda crisis económica.

El senador Aylwin había advertido a un incrédulo Allende de lo ineluctable del pronunciamiento militar si no rectificaba su política, y, efectivamente, el golpe se produjo, con efusión de sangre y desenlace fatal para el presidente, el 11 de septiembre de 1973. Pese a que la Junta militar de Gobierno formada por los comandantes de los tres ejércitos y el cuerpo de Carabineros y encabezada por el general Augusto Pinochet Ugarte incluyó entre sus medidas inmediatas la clausura del Congreso, Aylwin y otros jefes democristianos brindaron una acogida casi entusiasta a la quiebra del poder legítimo, pues entendían que la irrupción militar tenía como propósitos "el restablecimiento de la normalidad institucional y la paz y la unidad entre los chilenos". Sólo Tomic, exponente del ala más progresista del PDC, elevó su voz en contra.

De esta actitud de Aylwin se infería la presunción de que el Gobierno militar iba a ser transitorio, pero aquel bien pronto dejó claro que se proponía establecer una nueva institucionalidad, sin tolerancia de los partidos políticos, régimen que en 1974 quedó definitivamente personalizado en Pinochet con su proclamación como jefe supremo de la nación (junio) y luego como presidente de la República (diciembre). En situación de receso desde el 17 de octubre de 1973, el PDC vio como sus bienes eran intervenidos y sus medios de comunicación silenciados, siendo finalmente disuelto en marzo de 1977.

En su congreso de 1976, los democristianos pasaron a articularse como fuerza de oposición al régimen pinochetista, quedando sus líderes expuestos a la persecución de la temible policía secreta, la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), siendo el frustrado asesinato de Leighton -partidario de dialogar con los socialistas- en Roma, en octubre de 1975, la primera advertencia en ese sentido. Aylwin cesó entonces en la presidencia del partido, que asumió Andrés Zaldívar Larraín.

En 1979 Aylwin y otras personalidades representativas de diversas corrientes ideológicas establecieron un Grupo de Estudios Constitucionales que dio en llamarse de los 24. Este panel planteó un marco de restauración institucional alternativo al que pretendía asentar el régimen castrense y que iba a iniciar su andadura el año siguiente con la aprobación vía referéndum de la nueva Constitución. Aylwin y sus compañeros descalificaron este modelo que concentraba el poder en el presidente de la República y otorgaba a las Fuerzas Armadas un amplio ascendiente en la toma de decisiones, porque entendían que sólo perseguía perpetuar indefinidamente el régimen autocrático.

Los dirigentes del PDC más contestatarios que aún no se habían marchado al extranjero estuvieron en el punto de mira de la dictadura. Así, Zaldívar fue desterrado en octubre de 1980 tras liderar la campaña por el voto negativo en el referéndum constitucional convocado por Pinochet para legitimarse en el poder. Otro fuerte golpe para los intentos de reorganización de los democristianos supuso el fallecimiento en enero de 1982 (víctima de un envenenamiento urdido por el régimen, como iba a saberse años después), del ex presidente Frei, que venía desarrollando una actitud de rechazo frontal a Pinochet y sus maniobras legalistas. Ese mismo año, Zaldívar renunció a la jefatura del partido en favor del ex canciller Gabriel Valdés Subercaseaux, mientras que Aylwin, uno de los pocos líderes que no estaba exiliado, fue elegido vicepresidente.

Aylwin ostentó este puesto hasta 1983. El 22 de agosto de aquel año, a iniciativa de Valdés, el PDC y otros cinco partidos de centro e izquierda crearon la Alianza Democrática, primer frente interpartidario contra la dictadura. El fracaso de los esfuerzos de derrotar a la Junta mediante la movilización social convenció al ex senador y otros líderes moderados de la Alianza de la necesidad de buscar una salida no rupturista, de naturaleza jurídico-política, en la que necesariamente tendría que pactarse con el poder, resuelto a reprimir sin contemplaciones cualquier algarada en las calles.

El anuncio por Pinochet de someter a plebiscito en 1988 su renovación en la Presidencia por otros ocho años más y la celebración de elecciones directas el año siguiente de registrar un resultado negativo la primera consulta, desató una frenética actividad política, acelerando los partidos de la oposición tanto su reestructuración interna como la reorganización del frente antigubernamental.

En el caso del PDC, el 2 de agosto de 1987 Aylwin, valedor de la línea pragmática arriba citada, recuperó la Presidencia Nacional en sustitución de Valdés, que rechazaba someterse a las reglas del juego del nuevo curso político dictadas por el dictador; según Valdés, inscribir el partido para su legalización de nuevo en esas condiciones supondría "legitimar" el régimen. Con Aylwin a su frente, en abril de 1988 el PDC volvió a la legalidad dispuesto a derrotar al pinochetismo en las urnas.

El 2 de enero de 1988, Aylwin, el socialista Ricardo Lagos Escobar y dirigentes de un total de 17 partidos opositores de la derecha, el centro y la izquierda establecieron la Concertación de Partidos por el No para postular el voto negativo en el plebiscito y manifestar un abanico de demandas democráticas, siendo el jefe democristiano su portavoz ante la opinión pública. Celebrada el 5 de octubre de 1988, la consulta fue ganada por la oposición con el 54,6% de los votos, forzando la convocatoria de elecciones abiertas. Sin dilación, la Concertación de Partidos por el No se transformó en Concertación de Partidos por la Democracia, alianza con la vocación de durar más allá de los comicios independientemente de los resultados.

La Concertación elaboró un programa de gobierno y el 23 de junio de 1989 sus integrantes cerraron filas tras la candidatura presidencial de Aylwin, no sin manifestar fuertes reservas numerosas voces de los sectores izquierdistas. En cuanto al Partido Comunista (PCCh), único relevante de la oposición que no formaba parte de la Concertación, anunció que renunciaba a presentar candidato propio y que apoyaba a Aylwin. Poco después, el 30 de julio, se aprobó en referéndum, con el 85,7% de los votos, una serie de enmiendas a la Constitución de 1980 que eliminaron algunas de las cortapisas democráticas con que los militares habían pretendido enmarcar la fase de consolidación posterior a 1989, cuales eran la proscripción de los partidos marxistas, la reserva de 20 senadores designados, que fueron reducidos a nueve, y el mandato presidencial de ocho años, que fue reducido a cuatro.

En las históricas elecciones del 14 de diciembre de 1989 el veterano político democristiano, luego de entregar la jefatura orgánica del PDC a Zaldívar, tuvo como adversario del oficialismo al ex ministro de Hacienda Hernán Büchi Buc y le batió sin necesidad de segunda vuelta con un contundente 55,2% de los votos. En los comicios legislativos, la Concertación derrotó a Democracia y Progreso, la alianza formada por los partidos de la derecha promilitar Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN), conquistando la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados (72 de los 120 escaños) y la mayoría relativa en el Senado (22 escaños de 46), mientras que el PDC revalidó su condición de primer partido del país con el 26% de los votos y 38 diputados.

El 11 de marzo de 1990 Aylwin recibió de Pinochet la banda que le convertía en el primer presidente democrático en 17 años y en el segundo democristiano en la historia del país. A continuación, formó un Gobierno de concentración con las agrupaciones socias en la Concertación que habían obtenido representación, esto es, los partidos por la Democracia (PPD), Socialista (PS), Radical (PR), Social Demócrata (PSD) y de la Alianza de Centro (PAC).

Los primeros proyectos de ley elaborados por Aylwin, una de cuyas divisas electorales había sido "Construir una patria buena y justa para todos", estuvieron destinados a desmontar el andamiaje represivo del pinochetismo y a someter el estamento militar al poder civil, pero sin tocar el marco prescrito por el dictador en su salida, siendo tres las restricciones fundamentales.

Estas eran: el sometimiento a los militares de determinadas cuestiones de trascendencia para el Estado a través del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena); el nombramiento por dicho órgano -en la práctica, por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, esto es, el propio Pinochet- de cuatro miembros del Senado correspondientes a antiguos comandantes en jefe de las tres Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros (los otros cinco puestos de senadores designados correspondían a dos ex miembros de la Corte Suprema, un ex contralor general, un ex rector de universidad y un ex ministro de Estado, y Pinochet los dejó nombrados antes de asumir Aylwin); y la privación al presidente de la prerrogativa de nombrar a aquellos oficiales supremos de la milicia.

Por otro lado, estaba la imposibilidad legal de juzgar los actos de la Junta militar, fuero asentado por la Ley de Amnistía del 19 de abril de 1978 y confirmado por el Tribunal Constitucional, cuyos siete miembros habían sido nombrados por el Gobierno anterior, el 18 de enero de 1990. Igualmente, siguieron en vigor las denominadas leyes orgánicas constitucionales de las Fuerzas Armadas y los Carabineros, que, por ejemplo, permitían a dichos cuerpos comprar y vender armamento, edificios y propiedades sin pasar por la aprobación de las autoridades civiles, una cuota de autonomía inaceptable en cualquier democracia normal.

Según trascendió más tarde, dichas leyes fueron aprobadas, el 11 de enero de 1990, tras lograrse un acuerdo entre la Junta y los representantes del presidente electo, que en la transacción obtuvo la disolución de la Central Nacional de Informaciones (CNI), sucesora de DINA como la policía secreta del régimen militar.

Consecuentemente, las promesas de Aylwin de democratizar las instituciones y de hacer, "en la medida de lo posible", justicia para con las víctimas de la dictadura se concretaron sólo, en el primer caso, en algunas reformas del sistema político, como la elección directa de los representantes municipales y la fijación del mandato presidencial en los seis años, y en el segundo caso, en una reparación de tipo moral y económico.

El 25 de abril de 1990 Aylwin decretó la creación de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (CNVR) con el objeto de esclarecer la verdad sobre las graves violaciones de los Derechos Humanos cometidas en el país en los casi 17 años de dictadura. Al cabo de nueve meses de intenso trabajo, el 8 de febrero de 1991, la CNVR entregó al presidente un Informe definitivo que aquel presentó a la opinión pública el 4 de marzo. El conocido como Informe Rettig, por Raúl Rettig Guissen, el jurista encargado de presidir la Comisión, hacía balance de la represión, pero no citaba a los responsables.

El documento cuantificó en 2.279 las víctimas probadas entre muertos y desaparecidos por violación de los Derechos Humanos (la gran mayoría) o como efecto de la violencia política entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990. Sobre 641 casos, la CNVR no pudo formarse una convicción y otros 449 casos fueron excluidos de la investigación por conocer de ellos sólo el nombre de la persona. De las víctimas con militancia política reconocida, la práctica totalidad pertenecían a formaciones izquierdistas. A raíz del Informe, en febrero de 1992, el Gobierno creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), que junto con la Oficina Nacional de Retorno (ONR), activada en agosto de 1990, se encargó de ayudar e indemnizar a los exiliados y los demás represaliados por la dictadura.

Fueron muchos los momentos durante la presidencia de Aylwin en que Chile dio la impresión de ser una democracia vigilada y tolerada, como si de una suerte de sacrificio patriótico se tratara, por Pinochet. No faltaron las amenazas, y no meramente implícitas, del general de interrumpir el orden vigente como reacción a acusaciones o intentos de procesamiento de miembros de las Fuerzas Armadas. Aylwin, con una mano práctica y otra apaciguadora, no ahorró esfuerzos para mantener relaciones cordiales con un estamento castrense que se manifestaba inquebrantablemente leal a su comandante en jefe. Esta actitud de Aylwin le endilgó en ocasiones el perfil de mandatario condescendiente, si bien otra lectura destacaba su realismo político, en aras del objetivo primordial que era la salvaguardia de la estabilidad institucional y la paz social.

En el terreno económico, el equipo de Aylwin heredó una coyuntura saneada o en fase de franca mejora (y envidiada en la región, llegándose a hablar de "milagro económico" chileno) en grandes variables como la tasa de crecimiento, la deuda externa, la balanza comercial, la balanza de cuentas corrientes y la inflación, cuadro que presentaba el viso de un logro estructural, pero también una tremenda fractura social como consecuencia de las políticas neoliberales. Aylwin llegó al poder asumiendo el modelo que daba prelación al sector privado y el monetarismo, pero incorporando la acción regulatoria del Estado en áreas sociales, según un esquema que vino en denominarse "crecimiento con equidad".

Finalizado el cuatrienio, los partidarios de Aylwin podían alardear de un rosario de cifras positivas: el producto nacional creció un promedio anual del 6% (registrando 1992 la tasa espectacular del 10,4%); la inflación se redujo a la mitad y se quedó en el 12,7%; el paro se contrajo también hasta el 4,5% y la tasa de ahorro no bajó del 24%. En añadidura, se registraron notables alzas en los índices de inversión foránea. La tesorería del Estado, gracias a la reforma tributaria y sin recurrir a la privatización de las empresas públicas, ingresó ingentes fondos provenientes de la bonanza general.

Lo significativo, por no decir insólito, para el conjunto del subcontinente, es que este desarrollo no se fundó en la merma del poder adquisitivo de los chilenos y en el avance de la pobreza, antes al contrario. Por una parte, los salarios reales crecieron a buen ritmo en todo el período. Por el otro, unas activas políticas de inversión social y de redistribución de la nueva riqueza permitieron, quizá no contrarrestar del todo, pero sí al menos, amortiguar, los efectos negativos del modelo liberal.

La administración Aylwin tampoco descuidó impulsar programas productivos destinados a comunidades específicas para integrar en el desarrollo general a las regiones más deprimidas del país, pero el caso es que dejó intacta la enorme brecha que separa a los más ricos de los más pobres, consolidándose Chile como uno de los países del mundo donde la renta nacional está peor repartida.

El primer Gobierno de la Concertación consiguió la plena inserción de Chile en la comunidad internacional, y en especial en el contexto americano, donde la progresiva remoción de los regímenes militares había convertido al sistema imperante en el país andino, junto con el Paraguay del dictador Alfredo Stroessner, en un anacronismo sin amigos. Con Aylwin arrancó la estrategia de apertura comercial a los demás países de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) a través de acuerdos bilaterales de desarme arancelario.

En el cuatrienio se adoptaron sendos acuerdos de complementación económica con México (22 de septiembre de 1991), Argentina (16 de junio de 1992), Venezuela (2 de abril de 1993), Bolivia (6 de abril de 1993) y Colombia (6 de diciembre de 1993), instrumentos concebidos como la antesala de verdaderos acuerdos de libre comercio y que en el caso de los países integrados en el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) se iban a negociar en el ámbito multilateral como grupo.

Aylwin también recuperó el diálogo comercial con Estados Unidos en favor de la integración chilena en el Sistema General de Preferencias Arancelarias, también como previo paso a un acuerdo bilateral de libre cambio, el cual, a su vez, debería servir de trampolín para la entrada en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que en 1992 acordaron Estados Unidos, Canadá y México.

En el capítulo de protagonismos, Aylwin fue el anfitrión en Santiago de la XXI Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), en junio de 1991, y de la VII Reunión del Grupo de Río, el 15 y 16 de octubre de 1993. Ante la Asamblea General de la ONU trazó un vínculo entre la paz mundial y la solución de los azotes de la miseria y el hambre, exhortando a "dotar de contenido a una justicia social internacional".

Tras la expiración de su mandato y la toma de posesión el 11 de marzo de 1994 de su correligionario Eduardo Frei Ruiz-Tagle, hijo de Frei Montalva, presidente del partido entre 1991 y 1993 y vencedor en las elecciones del 11 de diciembre del segundo año, Aylwin fue encargado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de presidir la Comisión Latinoamericana y el Caribe sobre Desarrollo Social, instancia que presentó un informe a la cumbre temática de Copenhague, en marzo de 1995, sobre la pobreza y la desigualdad social en esa parte del mundo. También se integró en el programa del BID sobre diálogo social, orientado a generar consensos nacionales en todo el hemisferio para aplicar políticas públicas en este terreno.

En los últimos años, el ya octogenario estadista ha menudeado las opiniones moderadamente críticas con la globalización, de la cual, afirma, "la pobreza es un rasgo fundamental", y el modelo de libre mercado, al que niega la equivalencia con el combate a la pobreza porque es "eficiente para crear riqueza, pero no para distribuirla", concluyendo que la función reguladora del Estado es del todo indispensable con el objeto de "asegurar la justicia y ayudar a los más necesitados".

Cuando acabó su ejercicio presidencial, Aylwin no se convirtió en senador ex officio y vitalicio porque la Constitución reserva esa dignidad a los mandatarios que han ejercido la jefatura del Estado por un período mínimo de seis años. No obstante, el 25 de marzo de 2000 el Congreso aprobó una enmienda constitucional que creó el estatuto de los ex presidentes y otorgó inmunidad jurídica y dieta a los senadores vitalicios que renuncien al cargo, extendiendo el beneficio a Aylwin.

Desde 1994 Aylwin siguió muy presente en la arena política nacional, a través de la por él fundada Corporación Justicia y Democracia, entidad dedicada a promover programas de formación para la juventud, prestar asesoría profesional y aportar investigación académica en torno a las problemáticas del desarrollo arriba citadas.

Más aún, el 20 de julio de 2001 el Consejo Nacional del PDC le designó presidente temporal de la formación como mejor solución ante la crisis de liderazgo provocada por la caótica inscripción, apurando al límite el plazo legal del 14 de julio, de los candidatos del partido a las elecciones parlamentarias del 16 de diciembre, suceso que provocó las renuncias de varios miembros de la Mesa Nacional, incluido el presidente Ricardo Hormazábal. Aylwin aceptó el ofrecimiento de presidir por octava vez el PDC al parecer por una razón de deber sentimental, aunque a la familia no le agradó la idea.

El 26 de enero de 2002 la Junta Nacional del PDC eligió a Adolfo Zaldívar Larraín (líder de la facción más conservadora y hermano de Andrés Zaldívar, a la sazón presidente del Senado) para tomar relevo a Aylwin, que aprovechó para anunciar su despedida de la actividad política. El partido que él había contribuido a fundar atravesaba entonces por una delicada situación, pues a la peripecia de julio del año anterior se habían añadido la filtración de nuevos episodios de corrupción y, sobre todo, los malos resultados de los comicios de diciembre, en los que la formación cayó al 20% de los votos y los 24 escaños, viendo arrebatada su primacía por la derechista y propinochetista Unión Democrática Independiente (UDI). Aylwin calificó de "doloroso" este particular sorpasso en el sistema chileno e instó al partido a renovarse y "recuperar la brújula de los valores humanistas cristianos para no morir".

De la familia Aylwin han salido otras altas personalidades en las esferas política y judicial. Andrés Aylwin Azócar sirvió como diputado democristiano durante la legislatura que acompañó el mandato presidencial de Patricio, y un tercer hermano, Arturo, fue nombrado contralor general de la República por Frei y luego fue confirmado por Ricardo Lagos cuando tomó posesión de la jefatura del Estado en marzo de 2000. En añadidura, el mandatario socialista nombró ministra de Educación a la hija de su antecesor y viejo socio dentro de la Concertación, Mariana Aylwin Oyarzun.

Patricio Aylwin es miembro del Consejo de Presidentes y Primeros Ministros del Programa de las Américas del Centro Carter de Atlanta, Estados Unidos.

(Cobertura informativa hasta 1/4/2002)