Gonzalo Sánchez de Lozada

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Datos relevantes

Actualización: 6 de Junio de 2011
Credito fotografico: © Foto Agencia Brasil/Antonio Cruz
Gonzalo Sánchez de Lozada y Sánchez Bustamante

Bolivia

Presidente de la República (2º ejercicio)

Duración del mandato: 06 de Agosto de 2002 - 17 de Octubre de 2003

Nacimiento: La Paz, provincia de Murillo, departamento de La Paz , 01 de Julio de 1930

Partido político: MNR

Profesión: Empresario multisectorial

Credito fotografico: © Foto Agencia Brasil/Antonio Cruz

Resumen

Gonzalo Sánchez de Lozada, un potentado industrial que heredó de Víctor Paz Estenssoro el liderazgo del centroderechista Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), mostró a lo largo de su trayectoria política un firme compromiso con la modernización económica de Bolivia con arreglo a un modelo nítidamente liberal que aplicó primero como ministro y luego en sus dos presidencias discontinuadas. En su primer mandato, entre 1993 y 1997, ejecutó reformas estructurales y una privatización cuyos beneficios intentó revertir en la sociedad. En 2002 volvió a ganar las elecciones, pero la denominada guerra del gas, en la que los movimientos indígenas y obreros exigieron violentamente la nacionalización de los hidrocarburos y las fuerzas del orden respondieron con una brutal represión, terminó con su renuncia y huida a Estados Unidos en octubre de 2003. En 2005 la justicia boliviana le procesó por el delito de "genocidio".

Biografía

1. Empresario anglófono con debut político en la transición democrática
2. Ejecutante de la Nueva Política Económica y mano derecha de Paz Estenssoro
3. Una carrera de obstáculos para devolver al MNR al poder
4. Primera Presidencia: reformas estructurales impugnadas desde la sociedad
5. Nuevo envite en las urnas tras el quinquenio adenista
6. Segunda Presidencia: la controversia del gas como espoleta del estallido social
7. Pulso de fuerza con indígenas y sindicatos con un desenlace de dimisión y huida
8. Procesamiento en ausencia por la justicia boliviana


1. Empresario anglófono con debut político en la transición democrática

Perteneciente a una de las familias más prominentes de Bolivia, vinculada al partido Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR, fundado en 1942), su padre ejerció durante muchos años en Estados Unidos, ya al frente de la legación diplomática en Washington, entre 1930 y 1936, ya como catedrático de Ciencia Política en la Universidad de Harvard. Bien relacionado con sectores de la élite política y empresarial del país norteamericano, en 1936 don Enrique Sánchez de Lozada estrenó la condición de exiliado por los cambiantes vientos políticos del país andino.

A partir del año de edad, el muchacho vivió de seguido en el país norteamericano, en las ciudades de Washington, Boston y Williamstown, en Massachusetts. Allí discurrió toda su educación escolar antes de matricularse en la Universidad de Chicago en Illinois, por la que se licenció en Filosofía y Literatura Inglesa. Con tal título académico no extraña que llegara a dominar absolutamente el inglés hablado y escrito, no distinguiéndose en este aspecto de un nativo culto.

Ese era su idioma diario mientras estuvo en las aulas, hasta el punto de descuidar el español y hablarlo con bastante imperfección, si bien sus padres tampoco parece que se tomaron muy en serio la instrucción del muchacho en el idioma de sus ascendientes y de su país de origen. Alguna vez se ha sugerido que habría llegado a no hablar nada el español de no haberse propuesto su madre que aquella fuera, al menos, su segunda lengua. Eso sí, Sánchez siempre tuvo la nacionalidad boliviana.

El joven se reencontró con su país en 1951, cuando llegó a La Paz dispuesto a radicarse y con una serie de proyectos empresariales bajo el brazo. Esta mudanza vital se produjo en vísperas del levantamiento revolucionario de abril de 1952, con el que el MNR tomó el poder y llevó al Gobierno a sus dos máximos líderes, Víctor Paz Estenssoro y Hernán Siles Zuazo, y a raíz del cual don Enrique puso término a su exilio en Estados Unidos. Entre las variadas empresas que el hijo fundó y dirigió en los siguientes 25 años se destacaron la productora cinematográfica Telecine (1953), la Andean Geo-Services, dedicada a las prospecciones petroleras y los trabajos de geodesia (1957), y, sobre todo, la Compañía Minera del Sur (Comsur), echada a andar en 1962 a partir de la lucrativa explotación de la mina Porco, en el departamento de Potosí.

A finales de los años setenta Sánchez era ya uno de los más poderosos industriales de las minerías del estaño y el zinc. Comsur, a través de una red de empresas filiales y joint ventures con multinacionales del ramo entre las que iba a destacarse la británica Rio Tinto Plc., fue inaugurando nuevos yacimientos o comprando otros ya en servicio, de metales no ferrosos, auríferos y argentíferos. Las inversiones productivas y los intereses financieros del emporio minero de Sánchez, que aun y todo tenía una facturación inferior a la de la estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol, establecida por el Gobierno de Paz Estenssoro en 1952 después de incautar y nacionalizar las propiedades de las grandes compañías mineras autóctonas), se extendían por todo el subcontinente americano, desde Argentina hasta Panamá, y en los años siguientes hicieron el salto a diversos países de Asia.

En 1979, cuando el país intentaba, penosamente, dejar atrás 15 años de dictaduras militares y gobiernos de facto, y recuperar la civilidad democrática, Sánchez abandonó temporalmente la presidencia de Comsur para debutar en la política profesional en las filas de su partido de toda la vida, el MNR, concretamente en la formación oficialista o "histórica", la liderada por el infatigable Paz Estenssoro, claramente escorada a la derecha, que desde 1971 rivalizaba con el Movimiento Nacional Revolucionario de Izquierda (MNRI), escisión organizada por Siles Zuazo.

La postulación de Sánchez para un escaño de la Cámara de los Diputados representando a Cochabamba en las elecciones generales del 1 de julio de 1979, que supusieron el segundo intento de producir unas instituciones nacionales legítimas a través de las urnas después de los fallidos comicios de julio de 1978, y detentando entonces el poder el general David Padilla Arancibia, se vio ciertamente recompensada, mientras que Paz y Siles empataron virtualmente en la pugna por la Presidencia, si bien el segundo arañó unos cientos de votos más que el primero.

La incapacidad de los partidos, en un ambiente político polarizado sobre el que además pendía la permanente amenaza de la injerencia golpista de los militares, de ponerse de acuerdo para investir un presidente en el Congreso Nacional precipitó la convocatoria de nuevas elecciones para el 29 de junio de 1980. Sánchez obtuvo la reelección en la Cámara, mientras que Siles ganó inapelablemente las presidenciales, pero los cargos electos no llegaron a tomar posesión de sus puestos porque el 18 de julio se produjo el golpe de Estado del general Luis García Meza.

A la caída de García Meza, el 4 de agosto de 1981, se sucedieron los gobiernos militares de Celso Torrelio Villa y Guido Vildoso Calderón. Fue este último el que, por fin, se avino a dar una salida civil y democrática a una situación de degradación a todos los niveles y de usurpación de la soberanía popular que había terminado por hastiar a todo el mundo. Así, el 10 de octubre de 1982 pudieron tomar posesión Sánchez y el resto de los mandatarios populares en los poderes legislativo y ejecutivo. Dicho sea de paso que su hermano dos años menor, Antonio Enrique Sánchez de Lozada, compañero de actividades empresariales pero no un neófito de la política y el servicio público, ya que entre 1962 y 1971 había servido de vicepresidente de la Comibol, embajador de Bolivia en Estados Unidos y ministro de Hacienda, fue nombrado contralor general de la República, prestigiosa oficina que ocupó hasta 1992.


2. Ejecutante de la Nueva Política Económica y mano derecha de Paz Estenssoro

Sánchez desempeñó su diputación congresual en la legislatura correspondiente a la angustiosa presidencia de Siles, quien, acosado por los sindicatos obreros, los militares que se aferraban a las tentaciones golpistas, los partidos de la oposición parlamentaria y, sobre todo, la calamidad económica, se plegó a acudir a elecciones anticipadas al 14 de julio de 1985. Para esta consulta, Sánchez, siempre representando al departamento de Cochabamba, optó al escaño de senador; lo ganó, en tanto que el general en la reserva Hugo Banzer Suárez, presidente dictatorial entre 1971 y 1978 y ahora líder del partido de derecha Acción Democrática Nacionalista (ADN), resultó ser el aspirante presidencial más votado, aunque lo insuficiente de su mayoría obligó a trasladar la votación conclusiva al Congreso, eventualidad constitucional que se estaba convirtiendo en la pauta inamovible de los procesos poselectorales bolivianos.

En el reparto de puestos institucionales, a Sánchez le correspondió la presidencia del Senado. El 5 de agosto, Paz Estenssoro, no obstante haber quedado segundo en el voto directo, fue investido primer mandatario de la nación por tercera vez en su larga carrera política porque ningún partido, desde la extrema izquierda hasta el centroderecha, deseaba ver a Banzer convertido en presidente constitucional. Así, el jefe movimientista fue el receptor de todos los votos congresuales excepto, claro está, los de la ADN.

La tensa sesión de investidura estuvo plagada de incidentes, y Sánchez, que ya había reconocido y pedido disculpas por su defecto idiomático, tanto más anómalo por tratarse él de un hombre de reconocidos talentos, contribuyó a la crispación reinante pronunciando un discurso cuajado de errores gramaticales y sintácticos, amén de ofrecer una pésima dicción. Todo lo contrario, por ejemplo, que la intervención del representante del indigenista Movimiento Revolucionario Tupak Katari de Liberación (MRTKL), quien habló en un pulido español a pesar de no compartir el ascendiente rigurosamente blanco y criollo del empresario. Al día siguiente tuvieron lugar la jura y el traspaso de los atributos del poder a Paz Estenssoro, quien recibió la banda presidencial de manos de Sánchez.

El 22 de enero de 1986 el presidente reclutó a Sánchez para el Ejecutivo nombrándole ministro de Planeamiento y Coordinación. El avezado industrial minero tomó bajo su responsabilidad la tarea central, más compleja y más controvertida del Gobierno de Paz Estenssoro: la ejecución del programa de ajuste estructural y estabilización monetaria y financiera, más conocido como la Nueva Política Económica (NPE). Más allá del remedio coyuntural, cual era atajar el caos inflacionario instalado en los precios del consumo, la NPE debía sentar las bases para la reversión del estatismo de la economía boliviana y su inserción en las dinámicas del libre mercado, luego entrañaba un viraje histórico en este terreno desde la revolución de 1952.

El célebre Decreto Supremo 21060, firmado por Paz Estenssoro el 29 de agosto de 1985 y cuya aplicación coordinó Sánchez durante dos años y medio, con su abanico de medidas de choque y recetas neoliberales (levantamiento de los controles sobre los precios y los cambios, regulación de los mismos por la oferta y la demanda, fin de la moratoria del servicio de la deuda externa, renuncia a la emisión de moneda para paliar el déficit fiscal, austeridad en el gasto público, el arranque de la reconversión de la industria de titularidad pública, inclusive la Comibol), consiguió terminar con la hiperinflación, que en 1985 registró un índice medio de pesadilla, el 23.500%, y estabilizar las alzas de precios en torno al 16% anual al final del ejercicio.

Además, la nueva moneda puesta en circulación en enero de 1987, el boliviano, equivalente a un millón de los antiguos pesos y con un tipo de cambio flexible, se estabilizó, aparte algunas oscilaciones, en la cotización de las 2,5 unidades por dólar. El Gobierno fue capaz también de reducir el déficit público, mientras que la producción retomó la senda del crecimiento al cabo de una aguda recesión. Como contrapunto al éxito macroeconómico aparecía el fortísimo varapalo propinado al nivel de los ingresos y la calidad de vida del boliviano de a pie: cientos de miles de ciudadanos engrosaron la legión de los pobres y el paro rebasó con creces el 20% de la población activa. En este sentido, un auténtico terremoto social supuso el despido de 25.000 trabajadores de la Comibol como consecuencia del derrumbe de los precios mundiales del estaño y otros minerales no ferrosos que constituían la base del comercio exterior boliviano.


3. Una carrera de obstáculos para devolver al MNR al poder

Pese a las estrecheces del presente, la población no directamente afectada por la reconversión de la minería estaba agradecida al octogenario Paz Estenssoro por haberla sacado de la pesadilla de los precios rampantes de día en día, y aquí Sánchez, universalmente apodado Goni, tenía mucho que reivindicar y que rentabilizar en términos de ambición política. El 14 de julio de 1988 el ministro lanzó su precandidatura presidencial a las elecciones de 1989, y el 4 de septiembre siguiente, contando con el decisivo patrocinio del patriarca del partido, le ganó la nominación movimientista al ministro de Relaciones Exteriores, Guillermo Bedregal Gutiérrez, quien había deslizado críticas contra la NPE por sus efectos sociales negativos. El 20 de septiembre Sánchez abandonó el Gobierno para concentrar sus esfuerzos en la campaña electoral en ciernes.

Sánchez relajó su imagen tecnocrática, propia de quien había sido el ideólogo de la NPE, y se lanzó a la conquista del voto popular prometiendo lo que había negado con su plan de estabilización, esto es, más empleo, asistencia social, viviendas y mejores salarios. Su aura de experto en las cuestiones económicas y el talante campechano del que hizo gala durante la campaña, que no le ocasionó problemas de financiación gracias a su condición de multimillonario (uno de los mayores del país), pudieron más que sus dificultades reales para conectar con la cultura del paisanaje y su escaso conocimiento de la realidad geográfica y humana del país; en esto último, la diferencia con Paz Estenssoro, un político sobrio con una percepción antropológica de las cosas, no podía ser mayor.

Las pullas de los rivales sobre su "acento gringo" le hicieron daño sólo parcialmente (aunque un asesor de campaña reconoció que el candidato, en realidad, estaba exagerando deliberadamente su acento por motivos de puro marketing electoral), de suerte que el 7 de mayo de 1989 Sánchez se alzó como el candidato más votado con el 23% de los sufragios, lo que se traducía en 6.000 papeletas más que Banzer. Los dos reclamaron la victoria sin ambages, el emenerrista adjudicándose más votos de los que realmente había recibido y el adenista asegurando haber sido víctima de un fraude.

De nuevo, ningún candidato alcanzó la cifra mágica del 50% y hubo de convocarse la preceptiva votación congresual, donde el MNR disponía de 49 representantes sobre 157. Entonces, Banzer, que había salido descontento de la experiencia del denominado Pacto por la Democracia suscrito con la administración emenerrista saliente, sorprendió a todo el mundo aliándose con el tercero en liza, Jaime Paz Zamora, candidato y líder del socialdemócrata Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Así las cosas, el 5 de agosto, Sánchez, a semejanza de lo sucedido al caudillo adenista cuatro años atrás, vio cómo un conciliábulo de partidos le birlaba la Presidencia ganada por mayoría simple en las urnas.

En abril de 1990 Sánchez asumió la jefatura nacional del MNR por decisión de la XVI Convención Nacional del partido, produciéndose así el relevo generacional anunciado el mes anterior por el anciano Paz Estenssoro (quien se retiró completamente de la vida pública, hasta su fallecimiento en Tarija en junio de 2001 a los 93 años). Cabeza de la oposición al Gobierno del Acuerdo Patriótico (AP) suscrito por miristas y adenistas, Sánchez rehusó ponerle las cosas fáciles a Paz Zamora a la hora de sacar adelante en el Congreso determinados proyectos de ley encaminados a continuar el proceso de estabilización y saneamiento de la economía conforme a los cánones liberales.

Mientras los partidos del Gobierno se desgastaban, el jefe emenerrista fue preparando con toda minuciosidad su segunda pretensión presidencial en 1993. El 26 de octubre de 1992 dio un golpe de efecto anunciado su renuncia "irrevocable" como jefe del partido y aspirante presidencial, y solicitando de paso la celebración de un referéndum interno sobre su futuro personal en el MNR; desde el principio se advirtió que Sánchez no tenía ninguna intención de retirarse y que la espantada era un movimiento táctico destinado a inclinar a su favor la pendencia que venía librando con Ciro Humbold Barrero, un dirigente de la vieja guardia regional que caciqueaba con el partido en el departamento de Chuquisaca y a quien su superior orgánico acusaba de corrupción.

Ventilado este enfrentamiento interno con un desenlace de mayores cotas de adhesión a su postulación y con las encuestas sonriéndole desde el principio, Sánchez llegó a las urnas desbordando confianza y repartiendo denuestos contra el mandatario saliente, al que acusó, por ejemplo, de haber transitado por la economía de mercado con pulso vacilante y de haber dilapidado la confianza que, según él, la mayoría de los bolivianos tenía en las políticas de estabilización financiera y de reconversión del sector público en 1989.

Sobre este particular, las agencias de noticias se hicieron eco de la existencia de determinados intereses mineros extranjeros que apostaban por que, con el presidente de Comsur en la Presidencia de Bolivia, el Comibol, que arrastraba un fuerte déficit, fuera reestructurado, vendiendo segmentos de explotación o subscribiendo joint ventures con compañías privadas nacionales y extranjeras, y por que el sector minero en su conjunto fuera recapitalizado en virtud de una política de incentivos a las inversiones.

No dejaban de ser suposiciones, ya que el interesado se guardó de subrayar las cuestiones economicistas en su campaña y, antes al contrario, derrochó mensajes sociales, llegando a prometer a las comunidades amerindias, secularmente marginadas de todo proceso político o económico (a pesar de constituir quechuas y aymaras aproximadamente el 60% de la población), "una revolución para devolver Bolivia a su gente", lema que entroncaba con la fraseología emenerrista de los años cincuenta. Sin duda, Sánchez se apuntó un órdago con el acuerdo electoral suscrito con el MRTKL, cuyo líder, el respetado intelectual aymara Víctor Hugo Cárdenas Conde, aceptó ser el compañero de fórmula para la Vicepresidencia.

Todo estaba a su favor y el 6 de junio de 1993 Sánchez cosechó el 33,8% de los votos frente a cuatro contrincantes de mayor o menor peso: Banzer, por la AP; el populista Carlos Palenque Avilés, por Conciencia de Patria (Condepa); el también populista, y empresario cervecero, Max Fernández Rojas, por la Unión Cívica Solidaridad (UCS); y, Antonio Araníbar Quiroga, por el izquierdista Movimiento Bolivia Libre (MBL). El Congreso, por enésima vez, debía decidir para quién iba a ser la Presidencia, pero esta vez Banzer, superado en casi 14 puntos por el emenerrista, decidió no participar en las habituales maniobras de escamoteo de la voluntad democrática del electorado y se retiró de la votación, dejando expedita la investidura de Sánchez el 4 de agosto con el respaldo de la UCS y el MBL, además del MRTKL, esto es, 97 votos.


4. Primera Presidencia: reformas estructurales impugnadas desde la sociedad

El 6 de agosto de 1993 Sánchez tomó posesión de la Presidencia con un mandato cuatrienal, en un acto al que asistieron los presidentes Carlos Menem de Argentina, César Gaviria de Colombia, Alberto Fujimori del Perú y Juan Carlos Wasmosy de Paraguay (éste último en calidad de presidente electo), así como, protagonizando una visita histórica, el dictador cubano Fidel Castro. Luego de asumir, Sánchez presentó su Gobierno de coalición cuatripartito, en el que tenían representación las fuerzas que habían votado por él en el Congreso. La cartera de Exteriores fue para Araníbar Quiroga.

La primera gestión presidencial del heredero político de Paz Estenssoro estuvo caracterizada por un amplio abanico de reformas en la educación, los órganos de justicia, los servicios sociales y, sobre todo, en la economía, cuyo enfoque muy liberal apuntó al deseo del mandatario, por largo tiempo acariciado, de meter al país de manera total y definitiva en las corrientes de integración regional y de mundialización de los intercambios.

Sánchez dispuso la descentralización administrativa, introdujo el sistema de fondos de pensiones gestionados por empresas privadas y emprendió una privatización consistente en la apertura de las empresas señeras de propiedad estatal al capital foráneo -europeo, estadounidense y sudamericano-, que podía adquirir la mitad de sus acciones y hacerse cargo de su administración. La Ley de Capitalización, de marzo de 1994, autorizaba al Ejecutivo a vender hasta el 50% de los activos empresariales a compradores privados y a transferir gratuitamente el otro 50%, de titularidad estatal, a todos los ciudadanos mayores de edad mediante las llamadas "acciones populares", las cuales servirían para financiar las pensiones de jubilación contratadas con sociedades privadas.

Las seis compañías afectadas, cada una de las cuales cubría una producción o servicio estratégico, eran: la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE), Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Empresa Nacional de Fundiciones (ENAF), la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) y el Lloyd Aéreo Boliviano (LAB). En cuanto al Comibol, tal como se había especulado durante la campaña electoral, no se quedó al margen de las transformaciones y en junio de 1994 la compañía invitó a los inversores nacionales y foráneos a pujar por los derechos de prospección y explotación de mineral en un millón de hectáreas de terreno a lo largo y ancho del país. En lo sucesivo, el Comibol iba a funcionar más como administradora de licitaciones que como productora.

Las reestructuraciones en la función y el parque empresarial públicos produjeron miles de despidos. La plantilla del Comibol, estimada ya sólo en 6.000 trabajadores, pálido reflejo de lo que había llegado a ser, quedó virtualmente desmantelada. Muchos obreros de las minas deficitarias del Altiplano echados a la calle, como sus compañeros de la primera gran ola de despidos en la década anterior, no tuvieron otra opción de reciclaje profesional que convertirse en plantadores de coca, la única especie agrícola que estaba dando beneficios al pequeño productor del campo y que continuó siendo un pilar de la economía informal pese al mantenimiento del plan, lanzado por la administración de Paz Estenssoro y luego continuado por las de Paz Zamora y Sánchez, de erradicación de la mayoría de los cocales y su sustitución por cultivos alternativos.

Los campesinos cocaleros, sobre todo los de la región selvática de Chapare, en Cochabamba, liderados por el indígena aymara Evo Morales Ayma, jefe sindical de la Coordinadora de Federaciones del Trópico de Cochabamba, y alentados por el también aymara Felipe Quispe Huanca, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), no dejaron de quejarse de lo magro de las indemnizaciones que recibían por la venta de sus fincas al Gobierno, cuando no se oponían resueltamente, a veces recurriendo a la violencia, al conjunto del plan gubernamental, que no desdeñaba las expropiaciones forzosas y que apostaba por las siembras de banano, piña, palmito y flores tropicales.

Sánchez y su equipo entendían que la lucha contra el narcotráfico empezaba por cortar el circuito de la coca-cocaína (no debe confundirse la hoja de la planta con la sustancia que se procesa a partir de ella mediante complicados procesos de laboratorio) en su origen, en lo que asumían la estrategia antidroga del Gobierno de Estados Unidos, el país destino de los cargamentos de cocaína.

Con todo, Sánchez reconocía el derecho de los campesinos al mascado de la hoja de coca, hábito milenario de los indígenas de las tierras altas que satisface necesidades religiosas y nutricionales, como sucedáneo de alimentos más convencionales. Pero Washington no era receptivo a las explicaciones de La Paz sobre la necesidad de salvaguardar el consumo privado de coca e insistió en la necesidad de desarraigar todos los cocales, si bien emitió un certificado de "buena conducta" de Bolivia en la lucha contra el tráfico de estupefacientes. Finalmente, las protestas de los cocaleros y otros gremios del agro llegaron a ser tan fuertes, siendo su epítome la marcha de 20.000 campesinos sobre la Paz el 26 de septiembre de 1996 para protestar contra el proyecto de Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), que el Gobierno se vio obligado a detener los aspectos expeditivos de su plan antidroga.

Fuera de esta controversia, el Plan de Capitalización aportó al Estado ingresos por valor de 1.700 millones de dólares a la vez que tuvo un efecto catalizador de un proceso ya en curso, el de la progresiva dolarización de la economía boliviana. Tal como había anunciado, en noviembre de 1996, el Gobierno se apoyó en ese 50% de acciones reservado al Estado de los seis monopolios intervenidos para lanzar un bono anual de solidaridad (bonosol) de 240 dólares dirigido a todos los bolivianos mayores de 21 años y cubrir así una deuda social perentoria. Los bonos sociales y los fondos de pensiones mantenidos en parte con las aportaciones en cuenta individual de los afiliados a la seguridad social pretendían hacer llegar a los ciudadanos los beneficios de las privatizaciones parciales.

Este elaborado programa, que presentaba la traza de un apaño coyuntural, tuvo un impacto moderadamente positivo, y, a la postre transitorio, sobre los niveles de una pobreza que era esencialmente estructural, ya que tenía su origen en las escandalosas desigualdades en el reparto de la renta nacional y en la marginación socioeconómica de la gran mayoría de la población (85%) que era indígena o mestiza. El caso fue que en el cuatrienio presidencial de Sánchez el cuadro del desarrollo humano boliviano, considerado medio-bajo para el conjunto mundial y desde luego el más bajo de Sudamérica, experimentó algunos tímidos avances, en los aspectos educativos y sanitarios.

Eso sí, la enajenación de los activos estatales concitó duras recriminaciones en sectores nacionalistas e izquierdistas, que acusaron a Sánchez de "vender a la patria" y, de paso, de adjudicar las contratas con favoritismo e incluso nepotismo, al resultar Comsur una de las licitadoras más beneficiadas por la reconversión del Comibol. El presidente replicó a sus detractores asegurándoles que sin estas reformas el país jamás iba a salir de su atraso secular.

La dura oposición a la reforma estructural de la minería planteada por la Central Obrera Boliviana (COB), de larga tradición combativa, empujó al presidente a ordenar el arresto de 300 de sus afiliados y dirigentes y a declarar el estado de urgencia por noventa días el 19 de abril de 1995, mientras los maestros de escuela observaban una huelga en demanda de alzas salariales. Las medidas represivas no acallaron, empero, a la agrupación sindical, que en marzo de 1996 decretó una huelga general que duró 36 días seguida de otro paro general de 24 horas el 25 de febrero de 1997. Entre medio, a finales de diciembre de 1996, estalló un conflicto circunscrito a dos minas de oro en Amayapampa y Capasirca, Potosí, que eran propiedad de una empresa canadiense; esta vez la disputa laboral terminó en tragedia y diez mineros fueron abatidos por las fuerzas del orden en lo que pareció ser una masacre deliberada para que sirviera de escarmiento.

Por otra parte, el MNR y sus aliados en el Gobierno y el Congreso elaboraron e implementaron un paquete de enmiendas a la Constitución de 1967 que supusieron la creación de dos nuevas instituciones judiciales, el Tribunal Constitucional y el Consejo de la Judicatura, así como la figura del Defensor del Pueblo. La reforma constitucional extendió también los mandatos presidencial y legislativo desde los cuatro a los cinco años, mientras que la nueva normativa electoral dispuso que la mitad de los miembros de la Cámara de Diputados fuera elegida por el sistema mayoritario uninominal. En cuanto al balance macroeconómico del cuatrienio, el PIB boliviano creció un promedio del 4% anual, mientras que la inflación, salvo el alza experimentada en 1995, se situó por debajo del 10%. Por el contrario, la deuda externa, espoleada por las mayores facilidades crediticias, rebasó los 5.000 millones de dólares.

Jefe de un Estado miembro de la Comunidad Andina (CAN), que el 1 de febrero de 1995 comenzó a aplicar una unión aduanera, Sánchez organizó el IX Consejo Presidencial Andino en Sucre el 22 de abril de 1997. El mandatario suscribió también con los estados del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) un Acuerdo de Complementación Económica (ACE) durante la XI Cumbre de Presidentes de la organización, celebrada en la ciudad brasileña de Fortaleza el 17 de diciembre de 1996, y que entró en vigor el 2 de marzo de 1997.

El ACE Bolivia-MERCOSUR, que preveía la entrada en servicio de un área de libre comercio y dotaba al país andino del estatus de asociado al bloque sureño, se añadió al Tratado de Libre Comercio bilateral con México, adoptado el 10 de septiembre 1994 y puesto en marcha el 1 de enero de 1995. Sánchez hospedó asimismo la X Reunión de jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de Río, el 3 y el 4 de septiembre de 1996 en Cochabamba, amén de un encuentro en la cumbre de la Iniciativa de las Américas, en Santa Cruz de la Sierra el 7 y el 8 de diciembre de 1996, dedicado con carácter monográfico al desarrollo sostenible.

El electorado llegó a la cita con las urnas del 1 de junio de 1997 con una sensación de malestar y con una opinión mayoritariamente crítica con la gestión de Goni, mayormente visto como un estadista más preocupado en acometer las reformas estructurales caras a la gran empresa y el gran capital que en romper los esquemas socioeconómicos tradicionales, padecidos por millones de bolivianos. En estas condiciones, el candidato del oficialismo, el senador y vicejefe del MNR Juan Carlos Durán Saucedo, tenía bien pocas posibilidades frente al contumaz Banzer, quien, ahora sí (era su sexto envite desde 1979), triunfó en las urnas y en el Congreso.

Se trataba de dar una oportunidad al ya septuagenario ex dictador reconvertido en demócrata, quien no dejó de hacer todas las promesas de índole social insoslayables en estas situaciones, aunque tampoco planteó ningún programa concreto que entrara en conflicto con el modelo económico vigente desde 1985, luego su presidencia no parecía que fuera a inaugurar una alternativa a la obra del Gobierno de Sánchez. Durán sólo recogió el 17,7% de los votos en unas elecciones por lo demás muy fraccionadas: los tres candidatos siguientes, Paz Zamora, Ivo Kuljis Fuchtner por la UCS y Remedios Loza Alvarado por Condepa, se adjudicaron aproximadamente un 16% de cuota electoral cada uno. En las legislativas, el descenso del voto del MNR se tradujo en 26 diputados y tres senadores, esto es, un considerable retroceso con respecto a 1993.

El 6 de agosto de 1997 Sánchez hizo entrega de la Presidencia a Banzer, quien formó la llamada megacoalición de Gobierno con todos los partido parlamentarios, más unos cuantos extraparlamentarios, a excepción del MBL y la Izquierda Unida. Semejante frente gubernamental auguraba una débil oposición del MNR, aunque luego la alianza banzerista se fue desintegrando a medida que crecía la contestación popular por el encarecimiento de la cesta de la compra y los progresos, contra viento y marea, del programa de erradicación de cocales.


5. Nuevo envite en las urnas tras el quinquenio adenista

Sánchez permaneció como jefe del partido, fue reelegido como tal en la Convención Nacional Extraordinaria de octubre de 1999 y retomó la actividad empresarial privada. También participó en eventos convocados por organizaciones de las que era miembro, como el Consejo Internacional de América Latina (CEAL), el Consejo Internacional Asesor de la Sociedad de las Américas con sede en Nueva York, el Directorio del Instituto de las Américas de La Jolla, California, el Consejo del Liderazgo Inter-Americano para el Encuentro en la Cumbre, el Centro Norte-Sur de la Universidad de Miami, el Consejo de Jefes de Gobierno Libremente Elegidos con sede en Atlanta, Georgia, y el Comité Organizador de la Fundación de Las Américas, del que fue presidente.

A Sánchez se le seguía considerado uno de los hombres más acaudalados e influyentes del país cuando, superado el período en blanco preceptuado por la Constitución para los mandatarios salientes, lanzó su aspiración presidencial para la edición del 30 de junio de 2002. La palabra que estaba en la boca de todos para referirse a la situación del país era crisis. Crisis económica, social e incluso política, por la descomposición del Gobierno de coalición de Banzer y la incertidumbre derivada de la enfermedad cancerígena del ex general, que le forzó a renunciar el 7 de agosto de 2001 en favor del vicepresidente Jorge Fernando Quiroga Ramírez, responsable de terminar el mandato de cinco años (Banzer falleció en mayo de 2002). Para acompañarle en la candidatura a la Vicepresidencia Sánchez presentó a Carlos Diego Mesa Gisbert, un periodista e historiador independiente que no militaba en ningún partido y que gozaba de un excelente crédito como productor televisivo, analista político y ensayista sobre temas de historia contemporánea y cine.

Haciendo hincapié en su "experiencia y capacidad para el manejo de la cosa pública", y voceando el lema voluntarista ¡Sí se puede!, Sánchez presentó un minucioso programa con propuestas para enfrentar las múltiples dificultades que acosaban al país y para recuperar la confianza de la ciudadanía, tarea ésta última que considera esencial para el éxito de cualquier política regeneradora. Tres eran los pilares de este esquema. Primero, un paquete de medidas liberales para salir del marasmo económico, cuyas manifestaciones en ese momento eran el derrumbe de los ingresos fiscales del Estado, el crecimiento del paro, la caída del consumo interno y la contracción de las inversiones locales y foráneas por la imagen de conflictividad y la desconfianza reinante, todo lo cual, en su opinión, estaba detrás de los procesos de desintegración social y de la espiral de violencia y criminalidad.

En materia tributaria, anunció bajadas del IVA y del impuesto de transacciones económicas con el fin de estimular el consumo y la inversión. La consiguiente disminución de los ingresos fiscales debería ser compensada con la ampliación de la base de contribuyentes al socaire de una economía dinamizada. Sánchez también apostaba por desarrollar una política nacional de hidrocarburos, gasífera fundamentalmente, volcada a la exportación y por avanzar decisivamente en la ampliación de los mercados internacionales, planteando aquí el triple objetivo de avanzar hacia un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, negociar otro acuerdo de libre comercio con Chile y volcarse en la consecución de un Acuerdo de Asociación con la Unión Europea que incluyera el completo desarme arancelario.

Como en Ecuador con el petróleo, en los últimos años en Bolivia se habían fundado elevadas expectativas de riqueza nacional en la explotación y venta a los mercados exteriores, presumiblemente México y California, de un hidrocarburo, el gas natural, del que existían ricos yacimientos al sur del Altiplano, concretamente en el departamento de Tarija, haciendo cuña entre Paraguay y Argentina. Otros pozos ya hacía tiempo que estaban en servicio y suministraban gas al exterior, a Brasil, mayormente. Pero con el gas de Tarija estaba todo por hacer, y la ambiciosa empresa, de ganar las elecciones, sería puesta en marcha por Sánchez.

No sólo había que construir el gasoducto, sino que debía decidirse el puerto de mar, bien en Chile, bien en el Perú, donde estarían la planta de licuefacción del gas y la terminal de embarque. Un consorcio internacional, el Pacific LNG, compuesto por la British Gas, la Panamerican Energy y la española Repsol-YPF, estaba ansioso por explotar el gas tarijeño y listo para invertir los 5.000 millones de dólares que requería el proyecto. La cuestión avivó la vieja polémica con Chile sobre la restitución del acceso oceánico que le fue arrebatado a Bolivia como resultado de la Guerra del Pacífico, o del Salitre, en 1879, cuando el país perdió la extensa región desértica de Atacama (120.000 km²) y Antofagasta. Sobre el particular, Sánchez afirmó que no deseaba vincular la negociación del gas con el litigio territorial, que en 1978 había provocado la ruptura de las relaciones diplomáticas; tal vacío diplomático continuaba, pero, paradójicamente, ello no obstaba para que pudiera cerrarse un negocio provechoso para ambas partes.

Por otro lado, el ex presidente aspirante al segundo mandato se planteó derrotar a lo que llamó la "hipercorrupción", un "monstruo de tres cabezas" parasitario de la clase política, las fuerzas del orden y la judicatura. Dicho combate iba a requerir reformas orgánicas en los tres ámbitos afectados, para: hacer más transparente y eficiente el funcionamiento del poder legislativo y reducir el número de diputados; en el poder ejecutivo, mejorar la fiscalización de los gastos financieros y el régimen de incompatibilidades, así como regular los supuestos de enjuiciamiento de sus miembros; depurar el Consejo de la Judicatura y despolitizar el Ministerio Público; profesionalizar la función pública; y, crear la figura del procurador general de la República y una Comisión Nacional de Control de la Ética Pública.

Finalmente, Sánchez habló de superar la exclusión social restringiendo al máximo los gastos públicos no generadores de empleo, infraestructuras de servicios o economías de escala, promocionando el crédito para las pequeñas empresas, estableciendo un Fondo de Protección Social y cubriendo con un nuevo seguro de desempleo a antiguos cotizantes afectados por los recientes despidos. También, otorgaría un bonosol de 1.800 bolivianos a todas las personas de la tercera edad. Significativamente, Sánchez prefirió pasar de puntillas sobre las cuestiones relacionadas con el traumático programa de erradicación de cocales, que bajo las administraciones del difunto Banzer y de Quiroga había tomado el nombre de Plan Dignidad y que estaba involucrando sobre el terreno a militares y equipos de Estados Unidos.

Causa reciente de muy graves disturbios y de la amenaza latente de un estallido social con más que posibles aspectos de insurrección étnica o de lucha de clases, Sánchez se vio obligado a confirmar que proseguiría hasta su conclusión el Plan Dignidad, contra el que alzó pendón electoral Evo Morales y su nuevo partido Movimiento al Socialismo (MAS). La defensa a ultranza de un producto, la coca, que él mismo cultivaba y que era un emblema cultural de los pueblos indígenas, proyectó a Morales como el candidato enemigo de la globalización, las injerencias de Estados Unidos y los imperativos del libre mercado.

Sánchez, que gustaba definirse como un "conservador en lo fiscal" y un "social liberal", llegó a la recta final de la campaña ligeramente superado en las intenciones de voto por otro líder emergente, el capitán retirado del Ejército y muy popular ex alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, quien concurría al frente de la Nueva Fuerza Republicana (NFR), seguido de cerca por Morales y algo más lejos por Paz Zamora.

El 30 de junio, como en 1989 y 1993, continuando el irregular movimiento pendular de los procesos electorales bolivianos y prolongando la primacía matizada del MNR dentro del sistema de partidos, Sánchez fue el aspirante más votado con el 22,5% de los sufragios válidos, pasando a disputar la investidura parlamentaria, contra pronóstico, a Morales, quien aventajó por la mínima a Reyes Villa. La cuota de voto directo obtenida por Sánchez ya era magra de por sí, pero teniendo presente la abstención, que había sido del 28%, se desprendía que por el emenerrista sólo había votado el 15% del cuerpo electoral.

La alianza MNR-MBL debía sumar 32 votos a los de sus 47 congresistas para asegurar la Presidencia a Sánchez. La incertidumbre acabó el 26 de julio gracias al consenso alcanzado con el grupo de Paz Zamora en torno al denominado Plan Bolivia, un programa de gobierno para los próximos cinco años que ponía el énfasis en los aspectos sociales y de desarrollo, así como en la lucha anticorrupción. El 4 de agosto Sánchez superó la prueba parlamentaria con 84 votos, los emitidos por el MNR, el MBL, el MIR, la ADN y la UCS.

El derrotado Morales, que aunó el voto de los partidos indigenistas, advirtió que podría plantear una oposición dura al gobierno que Sánchez alineó luego de tomar posesión el 6 de agosto con mandato hasta 2007. En el Gabinete, además del MNR y el MBL, recibieron carteras ministeriales el MIR y la UCS. A la ceremonia de la jura presidencial asistieron los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, y el Perú, Alejandro Toledo.

En su discurso inaugural, Sánchez se mostró entusiasta y persuasivo, apeló a la unidad de todos los bolivianos para "resistir y superar" la que no era sino una "crisis del colapso económico, contagioso, peligroso y terminal", y recordó algunas de sus promesas electorales, como construir 100.000 viviendas sociales y conectar 250.000 hogares a las redes de gas. No dio pistas de cuáles iban a ser sus pautas en la peliaguda cuestión del gas de Tarija, limitándose a pedir consenso en torno a un plan nacional del gas que decidiera el destino de esta riqueza.


6. Segunda Presidencia: la controversia del gas como espoleta del estallido social

Además de las amenazas del MAS con desatar violentas manifestaciones callejeras de persistir el nuevo Gobierno en la erradicación de los cocales declarados ilegales, los observadores no descartaban que se produjeran tensiones internas por las difíciles relaciones que Sánchez y Paz Zamora siempre habían mantenido, diferencias que ahora deberían aparcar so pena de ofrecer el Ejecutivo una imagen de debilidad que bien podría estimular la oleada de contestaciones sociales por muchos pronosticada.

De entrada, el espíritu de consenso prevaleció en la votación por la Cámara de Diputados el 31 de julio de la Ley de Necesidad de Reforma a la Constitución Política del Estado, que incorporaba a la Carta Magna la figura del referéndum constitucional en vez de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, reclamada con ahínco por los colectivos indígenas, y la segunda vuelta en la elección directa del presidente de la República.

El 6 de diciembre Sánchez participó en Brasilia en la XXIII Cumbre de Presidentes del MERCOSUR, que entrañó la adopción del Acuerdo de Complementación Económica entre el MERCOSUR y la CAN, con vistas a articular un Área de Libre Comercio entre los dos bloques a corto plazo, así como los Acuerdos sobre Regularización Migratoria Interna de los Ciudadanos y Residencia para Nacionales del MERCOSUR, Bolivia y Chile, que allanaban el camino para la libre circulación de personas entre los países signatarios, un avance fundamental hacia la construcción de un mercado común. Sánchez se reunió con su colega chileno, Ricardo Lagos, pero tras este encuentro la opinión pública boliviana siguió sin saber si iba a ser un puerto de aquel país (quizá incluso una salida al mar que en el pasado había sido boliviana, para mayor desaire del nacionalista antichileno en auge) el punto de embarque del gas tarijeño con destino a México y California.

La espinosa cuestión de la exportación gasífera pronto iba a servir de detonante final para unos sentimientos de agravio, rencor y hartazgo que se estaban acumulando en extensos sectores de la sociedad de año en año y de mes en mes, con insospechadas consecuencias políticas. Pero, por de pronto, las expresiones de cólera popular contra los poderes públicos se ligaron a las intenciones de Sánchez y su equipo de incrementar la presión tributaria a los asalariados, como parte de un proyecto de presupuesto general del Estado que debía aprobar el Congreso y que tenía como objetivo recortar en tres puntos el déficit fiscal, que era ya del 8,5% del PIB, antes de enviar al FMI la carta de intenciones con las necesidades crediticias de aquí a tres años, calculadas por el Gobierno en 4.000 millones de dólares.

El Ejecutivo insistía en que su intención era que los que más tenían pagaran más y los que menos, llegado el caso, no tuvieran que pagar nada. Pero los más militantes de entre los desfavorecidos, parte de ese 80% de bolivianos que vivía bajo el umbral de la pobreza, entendieron que se les obligaba a apretarse el cinturón por enésima vez sin ofrecérseles contrapartida alguna. Así, 2003 se estrenó como un año turbulento como pocos, y a lo largo de los meses la exaltación en las calles y los campos no iba a conocer tregua.

El 10 de febrero el Gobierno presentó el nuevo impuesto directo, progresivo y no deducible, de hasta el 12,5%, con el que esperaba obtener los ingresos fiscales que no generaba el impuesto sobre el valor añadido (IVA), el cual permitía hasta ahora a los bolivianos deducir con facturas de consumo incluso la totalidad del gravamen del 13% sobre la renta personal. Los días 12 y 13 de ese mes el país se sumergió en un monumental desbarajuste a raíz de los choques entre unos cuantos millares de manifestantes y efectivos del Ejército, a los que Sánchez hubo de recurrir para restablecer el orden al ponerse a la cabeza de las protestas los agentes de la Policía, que no sólo rechazaron el impuestazo a todos los salarios sino que además exigieron un aumento del 40% en los suyos.

Como medida de presión al Gobierno, los policías dejaron de patrullar las calles, que quedaron a merced de la inseguridad. La Paz y sus alrededores, inclusive el centro histórico y el populoso barrio dormitorio de El Alto, se convirtieron en un campo de batalla entre policías uniformados y soldados, y fueron pasto de los desmanes de bandas de vándalos y saqueadores, quienes llegaron a destrozar las oficinas de la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Trabajo y las sedes del MNR, el MIR y la UCS. Una docena de edificios oficiales sufrió pillajes de mobiliario e incendios provocados que algunos bomberos no acudieron a sofocar porque se unieron a los manifestantes. En Cochabamba, Oruro y Santa Cruz de la Sierra se produjeron también disturbios y motines policiales. Todo en un día, las turbas enardecidas empezaron a asediar la Plaza Murillo, sobre la que se alza el Palacio Quemado, sede del Ejecutivo nacional, increpando a su egregio inquilino y amenazándole con "no salir vivo" de allí si no dimitía en el acto.

Ante el cariz que tomaba la algarada, Sánchez, protegido por un tupido cordón de vehículos blindados y piquetes de soldados, fue sacado del edificio camuflado en una ambulancia, una más en el trasiego de vehículos sanitarios que iban y venían por toda la ciudad llevando heridos a los hospitales. Minutos después, el presidente emitió un discurso televisado a la nación para pedir calma y para anunciar que retiraba el paquete fiscal y que ya había ordenado a los militares regresar a los cuarteles. Con tono quejumbroso y apaciguador, Sánchez se confesó "entristecido de haber visto cómo se han enfrentado hermanos bolivianos". En otro discurso emitido al día siguiente, jueves 13, el presidente afirmó que la democracia "no es perfecta, eso Dios bien lo sabe, pero es el mejor sistema que el hombre ha creado para la coexistencia pacífica", y dijo albergar la esperanza de "poder encontrar juntos las soluciones a nuestros graves problemas", cosa que nunca sería posible "a través de la violencia, el saqueo y la destrucción".

A la COB y el denominado Estado Mayor del Pueblo que dirigía Evo Morales, quien, crecientemente radicalizado, había declarado que los colectivos indígenas tenían derecho a dotarse de una fuerza armada para defenderse de la represión gubernamental (en apariencia, tal fuerza armada ya existía desde enero, el llamado Ejército de Dignidad Nacional, EDN, formado por campesinos quechuas de Chapare que se mostraron a los periodistas encapuchados, a la usanza del EZLN del estado mexicano de Chiapas, y exhibiendo un puñado de viejos mosquetones máuser por todo pertrecho) y ahora acusaba a Sánchez de estar "asesinando al pueblo", no les satisfizo la marcha atrás legal del Gobierno. Así que convocaron una huelga general de 24 horas que se realizó el día 13, seguida de otro paro general de 48 horas para los días 17 y 18 que tuvo un seguimiento limitado.

La ola de violencia se saldó con 33 muertos, una decena de ellos policías huelguistas, y dos centenares de heridos. Algunos cadáveres presentaban orificios de bala que, según testigos presenciales, correspondían a los disparos realizados por francotiradores del Ejército apostados en edificios altos. Por su parte, medios gubernamentales acusaron al MAS y a Morales de planear los desmanes callejeros dentro de una atribuida conspiración para subvertir el poder legítimo y desestabilizar la democracia, si bien los participantes en las protestas insistieron en su carácter espontáneo, aspecto que fue asumido por observadores ajenos al conflicto.

Sánchez pudo capear una tormenta que durante unas horas de caos e incertidumbre amagó con llevársele por delante, aunque saltó a la vista que el Ejército era el único valladar que se interponía entre él y las iras populares, lo que sólo subrayaba la precaria situación de su presidencia; de hecho, a la luz de los acontecimientos por venir, aquella estaba fatalmente tocada. Dentro de las medidas de apaciguamiento, el 19 de febrero Sánchez reorganizó el Gabinete, dimitido en pleno a tal fin. Nombró ocho nuevos titulares de cartera y eliminó cuatro de los 16 ministerios. También para economizar gastos, renunció a su sueldo mensual como jefe del Estado de 20.900 bolivianos, unos 3.000 dólares, medida que sus detractores descalificaron como demagógica, después de haberse producido desde la instalación de la actual administración un crecimiento neto del 34% en las nóminas de los cargos públicos, amén de haberse disparado los gastos suntuarios de las instituciones.

Adicionalmente, portavoces gubernamentales informaron que el FMI ya no condicionaba su asistencia al reajuste fiscal (al impuestazo debió haberle seguido una tasa sobre los carburantes que ni siquiera llegó a anunciarse oficialmente) y repitieron por activa y por pasiva que el Ejecutivo tendía la mano para dialogar sin reservas. A finales de mes, Sánchez incluso habló de revisar la política cocalera del Gobierno para permitir a los campesinos de Chapare cultivar su planta tradicional en un quinto de acre de tierra a cambio de su cooperación en la persecución de los narcotraficantes. En el momento presente, las plantaciones legales de coca, para el autoconsumo privado, en todo el país cubrían unos 30.000 acres.

La Embajada de Estados Unidos saltó para advertir al Gobierno que cualquier política tendente a legalizar las plantaciones de coca constituiría una violación de los compromisos internacionales de Bolivia y de la propia ley boliviana, llegando a esgrimir las amenazas del cese de las ayudas estadounidenses al desarrollo y de la asistencia de los organismos multilaterales de crédito en los que la superpotencia norteamericana tenía poder decisorio. Incluso se vislumbró la exclusión de Bolivia de la futura Área de Libre Comercio de Las Américas (ALCA), de la que Sánchez era un conocido encomiasta.

Nada de esto impresionó a los sindicatos, los movimientos sociales -con una implantación aún básicamente regional- y las fuerzas políticas de izquierda, que continuaron en pie de guerra, organizando marchas, bloqueos de carreteras y otras expresiones de desobediencia civil con regusto insurreccional. A lo largo del verano, el Gobierno, con cautela, seguramente con intenciones de concienciar y persuadir, fue deslizando a la opinión pública la que parecía ser ya su decisión: el gas de Tarija lo explotaría el consorcio Pacific LNG, se exportaría a través de un puerto chileno (las condiciones financieras y técnicas establecían inequívocamente que una facilidad peruana no era factible), quizá a partir de 2008, y se vendería a quien quisiera comprarlo, ya fuera México, Estados Unidos, Paraguay o el propio Chile, porque para la comatosa economía nacional y las expectativas de desarrollo el negocio de los hidrocarburos era, no ya fundamental, sino vital.


7. Pulso de fuerza con indígenas y sindicatos con un desenlace de dimisión y huida

El conocimiento de los planes de Sánchez con respecto al gas puso en marcha en la segunda semana de septiembre otra ola de protestas que, a diferencia de los disturbios de febrero, tuvo un carácter sostenido y una dimensión progresivamente nacional, desde su epicentro en el departamento de La Paz, involucrando a más personas y grupos sociales. Los manifestantes no se mostraron dispuestos a parar a menos que se fuera el presidente de la República, convertido en el principal objetivo político a batir, y aún después de ido.

Gremios laborales, colectivos sociales y partidos de izquierda hicieron de un asunto coyuntural (aunque de alcance estratégico) como era la venta del gas de Tarija al extranjero, vista con hostilidad, ciertamente, por la gran mayoría de la población, incluso entre las Fuerzas Armadas, y más si los compradores iban a ser Chile y Estados Unidos, el leitmotiv de la arremetida contra toda una estructura socioeconómica de exclusión e injusticia que se remontaba al estado de cosas previo a la revolución movimientista de 1952, y contra las tendencias librecambistas y de reducción del Estado inauguradas en 1985 con la NPE. Así, en el abanico de demandas de los huelguistas no faltó la derogación del Decreto Supremo 21060.

Sentimientos de matiz xenófobo y convicciones políticas socialistas aparte, existía una profunda desconfianza de que los ingresos de las exportaciones gasíferas, que sin duda iban a aportar pingües beneficios a un ramillete de empresas foráneas, terminaran revirtiendo alguna vez a todos los bolivianos en forma de unas mejores condiciones de vida. Ya había sucedido en el pasado con la plata, el caucho, el estaño y el petróleo, cuya venta en los mercados internacionales no solucionó los problemas de los pobres ni generó tejido industrial aquende las fronteras nacionales. Sánchez afirmaba categóricamente que las ganancias de la operación, estimadas optimistamente en hasta 1.500 millones de dólares anuales, se iban a destinar de manera exclusiva a financiar proyectos sanitarios y educativos, pero no fue creído.

Algunos no cuestionaban el plan exportador, pero querían que se revisara la Ley de Hidrocarburos, promulgada por el primer Gobierno de Sánchez en abril de 1996, para permitir al Estado recaudar más por el gas. El texto establecía que las transnacionales petroleras que operaban en Bolivia habían de pagar el 18% en regalías más un 34% sobre los beneficios, fiscalmente deducibles; para la oposición y las organizaciones promotoras de las protestas, la cifra del ingreso fijo por las regalías no podía ser menor del 50% y toda deducción fiscal debía ser suprimida. En resumidas cuentas, la elección del puerto extranjero de embarque del gas empezó a importar menos que su propia salida de Bolivia en las condiciones de participación empresarial conocidas o atisbadas y con la actual legislación en la mano, y antes de extenderse su uso doméstico e industrial en el país.

El 15 de septiembre, campesinos de la ribera del lago Titicaca bloquearon las carreteras que iban a La Paz exigiendo la puesta en marcha de un plan de desarrollo rural y que no se exportara el gas a Estados Unidos. Cinco días después, un enfrentamiento en la localidad de Warisata, a 148 km al noroeste de la capital departamental y estatal, entre fuerzas del orden y paisanos concluyó con la muerte de cuatro civiles y un soldado del retén que escoltaba una caravana de vehículos con 800 turistas que se habían quedado bloqueados por los cortes en las comunicaciones

Felipe Quispe, que ahora era también diputado y líder del brazo político del CSUTCB, el Movimiento Indigenista Pachakuti (MIP), negó la imputación del Gobierno de que personas de su entorno fuesen quienes hubieran salido al paso y atacado el convoy, y acusó a las autoridades de provocar el incidente con el despliegue de fuerzas militares, al tiempo que les amenazaba con "ir a la lucha armada si guerra es lo que quieren". Sánchez apuntó como responsables del tiroteo de Warisata a docentes y estudiantes de la Escuela Normal para maestros rurales, centro docente que se había convertido en el núcleo regional de unas protestas cada vez más parecidas a una rebelión contra el Estado.

El día 22, civiles con la estética del EDN decretaron el "estado de sitio" en el Altiplano, medida que fue confirmada por Quispe, mientras en Cochabamba, sindicalistas, cocaleros y militantes del MAS constituían la plataforma Dirección Única de Defensa del Gas. Morales anunció que se sumaba a las protestas. El 24 de septiembre la COB convocó a partir del día 29 una huelga general indefinida que tenía un carácter descaradamente político, ya que la primera reclamación era la dimisión pura y simple de Sánchez. En los primeros días de octubre, las manifestaciones, los paros cívicos y los cortes de vías empezaron a colapsar La Paz, mientras que en El Alto, a 14 km del centro de la capital, los violentos choques entre los movilizados y las fuerzas policiales y militares fueron dejando un reguero de muertos. El Gobierno habló de un proceso de "golpe de Estado", pero no se atrevió a declarar el estado de sitio, mientras que la Iglesia católica y diversas ONG denunciaron "una verdadera masacre".

El 13 de octubre, con La Paz a punto de sumirse en la revuelta popular y 20.000 personas manifestándose en sus calles, y con las protestas extendiéndose a los demás departamentos del país a excepción de los habitualmente pacíficos Beni y Pando, Sánchez hizo un anuncio de trascendencia: dejaba en suspenso los planes sobre el gas y convocaba a un diálogo nacional que se desarrollaría hasta el 31 de diciembre, en el curso del cual el Gobierno recogería las opiniones de todos los sectores sociales. Los líderes de las protestas se felicitaron por el anuncio sobre el gas, pero según ellos aquel llegaba tarde: lo que Sánchez de Lozada tenía que hacer era abandonar el poder sin más demora.

El presidente empezó a sufrir desplantes políticos en su propio campo. El mismo día 13, el vicepresidente Mesa, que desde la toma de posesión había impulsado la lucha contra la corrupción un poco por su cuenta, retiró su apoyo a Sánchez aduciendo razones de conciencia, mientras que el ministro de Desarrollo Económico, el mirista Jorge Torres Obleas, presentaba la dimisión también en desacuerdo con el recurso al Ejército para frenar las protestas. Paz Zamora extendió un tímido apoyo a Sánchez acompañado de la puntualización de que el MIR nada tenía que ver con la decisión de recrudecer la represión marcial en El Alto, cuyo alcalde, José Luis Paredes Muñoz, miembro del partido, había llamado a "sacar" del Palacio Quemado al jefe movimientista. En cuanto a los ministros del NFR, que en agosto se había incorporado al Ejecutivo, no aclaraban su postura. La dramática jornada del lunes 13 de octubre terminaba con 28 muertos, casi todos producidos en la urbe alteña, lo que elevaba a 63 las víctimas mortales producidas en el último mes en todo el país.

Un buen número de gobiernos, entre ellos el de Estados Unidos y varios de países vecinos, así como organismos como la CAN, el MERCOSUR y la Organización de Estados Americanos (OEA), salieron a respaldar a Sánchez y advirtieron que ni iban a tolerar la quiebra del orden constitucional en Bolivia ni a reconocer cualquier régimen surgido de un movimiento insurreccional. La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) también comunicó su apoyo al presidente y a la institucionalidad vigente. Así confortado, Sánchez se mostró desafiante y enfatizó que no tenía la intención de dimitir, pese a la violencia desaforada y la ruptura con Mesa. Pero su suerte pendía de un hilo, ya que en el frente gubernamental muy pocos mostraban una actitud igual de porfiada. El MIR, la UCS de Johnny Fernández, y, sobre todo, la NFR, estaban divididos sobre si seguir sosteniendo a Sánchez en el Congreso o si propiciar una sucesión constitucional lo más suave posible en la persona, tal como dictaba la Carta Magna, del vicepresidente Mesa, quien se trataba de una figura que no suscitaba acritud.

El 15 por la noche, Sánchez, en un postrero intento de dictar el curso de unos acontecimientos que hacía tiempo habían escapado a su control, y flanqueado por Reyes Villa y Paz Zamora, leyó un Manifiesto a la Nación en el que proponía someter a consulta popular y por departamentos las cuestiones de la exportación del gas, la modificación de la Ley de Hidrocarburos y la incorporación de la Asamblea Constituyente en la Constitución. El presidente no dio fecha para este rosario de referendos y la reacción unánime de sus detractores al anuncio del cambio de la política del Gobierno fue desecharlo por "extemporáneo". En declaraciones a varios medios de comunicación latinoamericanos, un irritado Sánchez defendió su actuación y aseguró que, en las actuales circunstancias, las alternativas a su Gobierno eran "la desintegración de Bolivia", "el fin de la democracia" y la instauración de "una dictadura narco-sindicalista". Llegada a este punto la confrontación, el divorcio entre el presidente y las organizaciones populares era total e irreparable.

Reyes Villa tenía la llave del desenlace político de la crisis. El jefe eneferista se entrevistó con Sánchez y durante 48 horas se mostró contradictorio en sus declaraciones de intenciones. Pero la multitudinaria concentración del día 16 en La Paz, como convergencia de una pléyade de marchas partidas desde diversos puntos del país y de manifestaciones con convocatoria local, que fue un clamor contra la venta del gas y de insultos, a cual más virulento e inquietante, contra Sánchez, precipitó el final. Al día siguiente, viernes 17, al cabo de otra reunión con Sánchez, Reyes anunciaba que retiraba a sus ministros del Gobierno para "no ser parte de mayor masacre" y que había pedido al presidente su renuncia porque "hay mucho sufrimiento en el pueblo" y "ya no podemos seguir remando contra la corriente". Entonces se disparó el rumor de que la dimisión de Sánchez, contrariamente a su enésima insistencia, estaba decidida y era inminente. Iba a producirse ese mismo día, después de entrevistarse con los cabezas de facción de la mayoría gubernamental y con el mando militar.

Y así sucedió, salvo la especie de que iba a anunciar la dimisión personalmente en un discurso televisado. En lugar de eso, Sánchez envió su carta de renuncia al Congreso para, acto seguido, abandonar subrepticiamente La Paz y Bolivia, consiguiendo burlar sin dificultades el dispositivo de vigilancia improvisado por los enardecidos seguidores de Morales, quien en cuanto tuvo noticia de lo que se cocía en el Palacio Quemado instó a la población a impedir la salida de la capital del dimisionario porque debía "ser juzgado por delitos de lesa humanidad" y "estar 30 años en la cárcel".

Por la tarde, el ya ex mandatario, su esposa, Ximena Iturralde de Sánchez de Lozada, el titular de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, y otros dos ministros fueron trasladados en helicóptero desde el Colegio Militar pacense hacia el aeropuerto militar de El Alto, para desde allí volar al aeropuerto internacional Viru Viru de Santa Cruz de la Sierra. Ya de noche, Sánchez y sus familiares más directos, incluidas su esposa y su hija, la diputada Alejandra Sánchez de Lozada, así como los ex ministros Sánchez Berzaín y Torres Goitia, montaron en un avión con destino a Miami, primera parada en Estados Unidos antes de continuar hasta Washington, donde presumiblemente iban a establecer su residencia.

Entre tanto, el Congreso aceptaba su resignación por 97 votos a favor y 30 votos -todos del MNR- en contra, y nombraba presidente constitucional a Mesa, quien en su discurso inaugural prometió convocar un referéndum vinculante para decidir la exportación del gas, asumió la necesidad de lanzar la Asamblea Constituyente y solicitó a los legisladores sopesar la posibilidad de convocar elecciones generales anticipadas. Frente a la sede del Gobierno, miles de personas celebraban con alborozo el desenlace de la crisis, que había convertido a Sánchez en el sexto presidente sudamericano obligado a abandonar por el repudio popular en los últimos seis años. Sus predecesores fueron el ecuatoriano Abdalá Bucaram en febrero de 1997, el paraguayo Raúl Cubas en marzo de 1999, el también ecuatoriano Jamil Mahuad en enero de 2000 (en aquella ocasión, la rebelión indígena local se apoyó en un sector del Ejército ecuatoriano y llegó a hacerse con el poder ejecutivo, si bien de manera efímera), el peruano Fujimori en noviembre de 2000 y el argentino Fernando de la Rúa en diciembre de 2001.


8. Procesamiento en ausencia por la justicia boliviana

En los días siguientes a sus forzados retiro y exilio en Estados Unidos, Sánchez se dejó entrevistar por medios locales e internacionales ante los que se confesó "conmocionado y avergonzado" por lo que le había sucedido, a la vez que transmitió sus temores sobre el futuro deparado a Bolivia ahora que los cocaleros, los sindicatos del campo y grupos izquierdistas estaban envalentonados. Tenía la impresión de que "todos estos narco-sindicalistas, gente corporativa y terroristas" nunca habían asumido su victoria electoral en 2002 y que desde el principio habían buscado removerle. En su opinión, su dimisión no iba a resolver los "muy delicados problemas" a los que se enfrentaba el país. También deslizó reproches a la Administración de George W. Bush, por no haber sido más obsequiosa con sus solicitudes de ayuda económica. Mostrando tribulación, el ex presidente indicó que no sabía qué iba a hacer de ahora en adelante, pero que la permanencia "por el momento" en el país norteamericano de él y su familia era necesaria porque "podemos ser objeto de un atentado contra nuestras vidas".

El caso fue que desde la Paz no tardaron en llegarle noticias desalentadoras. Morales se apoyó en su condición de diputado y de tribuno popular políticamente reforzado por la revuelta social para demandar a la Fiscalía General que abriera contra Sánchez un pliego de acusaciones, incluyendo la de "genocidio", en relación con los manifestantes muertos a manos de las fuerzas del orden; los fallecidos sólo en octubre, según la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), se acercaban a las ocho decenas. En efecto, el 22 de octubre el fiscal general Óscar Crespo Soliz aceptó la apertura de un antejuicio de responsabilidades contra el ex presidente, y la cuestión de si procedía emprender las diligencias penales quedó en manos del Congreso Nacional.

Al día siguiente del pronunciamiento de la Fiscalía, el órgano legislativo diluyó la cuestión de la posible responsabilidad personal de Sánchez aprobando una recomendación al Ejecutivo solicitándole la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para coadyuvar en la investigación de los sucesos de octubre. También el 22 de octubre, el Comité Ejecutivo Nacional del MNR decidió celebrar elecciones internas en abril de 2004 para dotarse de un nuevo presidente; Juan Carlos Durán anunció su postulación al cargo.

El 14 de octubre de 2004, mientras miles de campesinos marchaban hacia La Paz para reclamar que se sometiera a la justicia a Sánchez, el Congreso, por 126 votos a favor, 13 en contra y uno en blanco, aprobó la autorización a la Corte Suprema para que abriera un juicio de responsabilidades contra el ex presidente y los 15 miembros de su antiguo Gabinete como presuntos responsables de la "violación de derechos y garantías" individuales consagradas en la Constitución. La luz verde al juicio político y penal contra Sánchez, que fue saludada por el presidente Mesa por tratarse de una decisión que "fortalece la democracia y renueva la fe ciudadana en sus instituciones", tenía un único precedente en la política boliviana: el proceso seguido contra el ex dictador García Meza, quien en 1995 había sido condenado a 30 años de prisión sin derecho a indulto, pena que actualmente cumplía en la prisión de máxima seguridad de Chonchocoro.

El 25 de noviembre la Sala Penal de la Corte Suprema instruyó al entonces fiscal general, César Suárez Saavedra, a que incoara la fase sumarial de un juicio de responsabilidades que tendría que ser oral y público, y a primeros de diciembre pidió al Congreso Nacional que autorizara la apertura de un segundo juicio para la depuración de responsabilidades penales por la muerte de 33 personas durante la protesta policial de febrero de 2003.

El 21 de febrero de 2005 el nuevo fiscal general, Pedro Gareca Perales, levantó acta de acusación formal por el delito de genocidio contra Sánchez, quien desde Washington rechazó la imputación y puso en duda la imparcialidad de los magistrados del alto tribunal. La rendición de cuentas por los 60 muertos y los 151 heridos contabilizados en la represión de las algaradas de octubre de 2003 afectaba también a los ex ministros de Defensa, Sánchez Berzaín, y del Interior, Yerko Kukoc del Carpio; los otros trece ministros del Gabinete no fueron acusados de genocidio, pero la Fiscalía sí les consideraba cómplices. En mayo siguiente, el Ministerio Público presentó ante la Corte Suprema una acusación adicional contra Sánchez –así como el ex presidente Quiroga, varios antiguos ministros y superintendentes de hidrocarburos- por la presunta comisión de varios delitos en la firma de contratos con empresas petroleras extranjeras.

En marzo de 2006 el Ministerio Público solicitó a la Corte Suprema el enjuiciamiento por incumplimiento de deberes, encubrimiento de irregularidad documental y conducta económica lesiva al Estado, en la firma de 107 contratos con empresas petroleras, de Sánchez de Lozada, Quiroga y Mesa, quien ya formaba parte también del grupo de los ex presidentes. Entonces ya estaba instalado en el poder ejecutivo el Gobierno de Evo Morales, vencedor en las elecciones presidenciales de diciembre. Por cierto que en esa votación, el candidato del MNR, Michiaki Nagatani Morishita, un consultor hijo de inmigrantes japoneses, quedó en un remoto cuarto lugar con el 6,5% de los votos.

El 18 de diciembre del mismo año el sucesor de Gareca en la Fiscalía General, Mario Uribe Melendres, pidió a la Corte Suprema declarar rebelde a Sánchez y expedir en su contra una orden de arresto por su negativa a asumir su defensa por la acusación de genocidio y por un rosario de delitos conexos: homicidio, lesiones gravísimas, lesiones graves y leves, lesiones seguida de muerte, privación de libertad, vejaciones y torturas, delitos contra la libertad de prensa, allanamiento de domicilio, resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes. Las órdenes de comparecencia de la Fiscalía estaban cayendo en saco roto, de entrada por que el Departamento de Justicia de Estados Unidos rehusaba notificar al súbdito boliviano residente el requerimiento de la justicia boliviana.

El 16 de enero de 2007 la Sala Penal Primera de la Corte Suprema declaró en rebeldía a Sánchez de Lozada y de paso a sus ex ministros Sánchez Berzaín y Jorge Berindoague Alcocer –quien fuera titular de Energía e Hidrocarburos-, los tres compañeros de desventura en Washington. La declaración de rebeldía suprimía la posibilidad de prescripción de los delitos imputados. El siguiente pronunciamiento del alto tribunal fue, el 2 de febrero, una orden de "búsqueda y aprehensión", acompañada de un registro hipotecario de haberes personales en Bolivia y de la designación de tres abogados públicos para la defensa legal de los encausados. Días después, el embajador de Estados Unidos en La Paz subrayó que Sánchez gozaba de estancia legal en su país.

El 8 de marzo de 2007 Sánchez disfrutó de un primer y efímero respiro al decidir la Sala Penal Primera de la Corte Suprema anular su declaración de rebeldía por razones de forma, ya que aquella había sido firmada por dos magistrados recusados por la defensa con el argumento de que su nombramiento había sido decretado por Morales, en lugar de ser aprobado por el Congreso, tal y como estipulaba la ley. De todas maneras, la recusación había sido rechazada por la Corte por considerar que los cuatro magistrados nombrados por el presidente sólo ostentaban el cargo de forma interina, hasta que el Congreso decidiera. Más aún, la Corte Suprema, una vez subsanados los actos procesales cuestionados por el fiscal y la defensa, ratificó la declaración de rebeldía el 11 de marzo.

El antiguo estadista boliviano posee, entre otros galardones, el premio Musa de Oro, otorgado en 1995 por la Organización homónima basada en Caracas, y el Premio Latinoamericano al Liderazgo, concedido en 1996 por la Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD). Es asimismo doctor honoris causa por diversas universidades de Estados Unidos y Japón, y miembro del Club de Madrid así como del Consejo de Presidentes y Primeros Ministros del Programa de las Américas del Centro Carter de Atlanta, Estados Unidos.

(Cobertura informativa hasta 1/4/2007)