Evo Morales Ayma

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Datos relevantes

Actualización: 31 de Octubre de 2014
Crédito fotográfico: © Foto Agência Brasil/Marcello Casal Jr
Juan Evo Morales Ayma

Bolivia

Presidente de la República

Duración del mandato: 22 de Enero de 2006 - En funciones

Nacimiento: Isallavi, Orinoca, dept. de Oruro , 26 de Octubre de 1959

Partido político: MAS

Profesión: Agricultor

Crédito fotográfico: © Foto Agência Brasil/Marcello Casal Jr

Resumen

Dos reelecciones, en 2009 y últimamente en octubre de 2014, con más del 60% de los votos articulan el largo mandato democrático del dirigente socialista aymara Evo Morales, sin parangón en Bolivia y aun en América Latina.

En 2005, el hoy todavía líder de los campesinos cocaleros del Trópico de Cochabamba subió triunfalmente al poder como el primer presidente indígena de la nación andina, trayendo una trayectoria de opositor beligerante a los gobiernos que le habían precedido -contribuyó decisivamente a la caída de dos de ellos, los de Sánchez de Lozada y Carlos Mesa, en medio de los graves disturbios conocidos como la guerra del gas- y esgrimiendo las promesas de "abolir" el modelo económico liberal, "renacionalizar" los hidrocarburos y "refundar" el Estado hasta sus cimientos.

Su impactante victoria electoral en el país más pobre de América del Sur fue el reflejo del ansia de reparación histórica de la amplia mayoría de población indígena y mestiza secularmente excluida o marginada por la "oligarquía" tradicional de estirpe criolla, a la sazón diana constante de las acusaciones de este sindicalista del campo fogueado en las luchas reivindicativas de los pueblos originarios.


EL PRIMER MANDATO (2006-2010)
En su primer mandato, Morales, un tribuno popular de discurso contundente modulado por la contención gestual y las limitaciones oratorias, despreocupado de las redes sociales y poco aficionado, confiesa, a la lectura, soltero, futbolista y enemigo jurado del traje y la corbata –que suple por el poncho altiplánico, la camisa de manga corta, el famoso jersey a rayas y la chaqueta oficial de alpaca- por parecerle "símbolos de la clase dominante", hizo confirmación de tantas expectativas como aprensiones suscitadas dentro y fuera del país.

Junto con la estatalización por decreto (1 de mayo de 2006) del gas y el petróleo traducida en la reescritura obligatoria de los contratos con las operadoras extranjeras y en la nueva cuota aumentada de ingresos fiscales para el Estado, el arranque de una reforma agraria de tipo radical con reparto de tierras y expropiación de latifundios, el inicio de nacionalizaciones también en otros sectores estratégicos como la minería y las telecomunicaciones, y la adopción de un ambicioso Plan Nacional de Desarrollo para reducir las agudas desigualdades sociales, Morales puso en marcha un proceso constituyente de recorrido tortuoso.

El mismo se vio obstaculizado por no disponer de entrada de la mayoría de dos tercios en la Asamblea elegida en julio de 2006, donde el partido del presidente, el MAS, poseía solo mayoría absoluta, y, en ausencia del consenso más elemental en democracia, por el boicot de la oposición conservadora, que imputó al Ejecutivo groseras maniobras autoritarias y medidas populistas con sabor a revancha.

Luego, a la aprobación, rodeada de polémica y tensión, del borrador constitucional a finales de 2007 en Sucre y Oruro siguieron el desafío de los cuatro departamentos de la próspera media luna boliviana, Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, los más boyantes del país, que celebraron sendos referendos unilaterales de amplia autonomía no reconocidos por La Paz, y un referéndum revocatorio de altas autoridades políticas del Estado que el presidente ganó con facilidad.

2008, el año más crispado del mandato de Morales, cuando Bolivia se asomó peligrosamente a los abismos del enfrentamiento civil y la fractura territorial entre un Occidente andino, minero y cocalero, más poblado pero económicamente rezagado, fiel a Morales, y un Oriente tropical, gasífero y emprendedor, donde la oposición era fuerte, concluyó con un precario acuerdo político que permitió por fin la ratificación en referéndum y la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado, sustitutiva de la de 1967, en enero y febrero de 2009.

La flamante Carta Magna, saludada por Morales como el instrumento para la transición legal, tras "500 años de injusticia y opresión", desde el "colonialismo neoliberal" propio de la vieja república hasta un modelo de país "digno, solidario y productivo", declaraba que Bolivia era un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario. Su articulado recogía la rigurosa libertad de cultos, el reconocimiento específico de los derechos de los pueblos indígenas, un amplio catálogo de derechos socioeconómicos de todos los bolivianos, la consagración de un sistema económico "plural" y la propiedad exclusivamente pública de los recursos naturales, cuya explotación sería siempre en beneficio del pueblo.

EL SEGUNDO MANDATO (2010-2015)
En su segundo período de gobierno, Morales ha expandido la campaña de nacionalizaciones al sector eléctrico, ha buscado la industrialización de los hidrocarburos y ha valorado con calma las suculentas perspectivas que abre la explotación a gran escala del litio, metal estratégico del que el país andino posee las mayores reservas mundiales.

Tras doblegar el Estado boliviano a las multinacionales, resignadas a embolsarse menos beneficios, el sector energético precisa de más inversión foránea para asegurar los niveles óptimos de producción, máxime después de que en 2010 un informe oficial rebajara drásticamente las reservas probadas de gas, el 84% de las cuales están en Tarija. En mayo de 2010 nacieron también las nuevas autonomías departamentales, lo que supuso la conversión de las prefecturas en gobernaciones. El alcance de esta descentralización introducida por la nueva Ley Fundamental, es, empero, restringido.

Por otro lado, el mandatario ha encajado la corrupción galopante y el pésimo funcionamiento de la compañía estatal YPFB, con el consiguiente perjuicio a las posibilidades del desarrollo energético, y, no menos importante, otra ola de contestaciones ciudadanas, esta vez protagonizadas por una serie de movimientos indígenas, campesinos y obreros. Son los mismos colectivos sociales en que se sustenta el dominio electoral del MAS y muchos de cuyos miembros, de hecho, ya han entrado con fuerza en las diversas instancias del poder político y económico, desplazando en parte a las viejas élites.

En 2011, el rechazo de la calle a la subida de los precios de los carburantes (gasolinazo) y a la construcción de una carretera en la reserva amazónica TIPNIS obligaron al presidente, propenso a detectar conspiraciones golpistas en su contra, a dar marcha atrás. Este último episodio, además, cuestionó seriamente el perfil de Morales como adalid de las causas indigenistas y conservacionistas: los manifestantes del TIPNIS fueron reprimidos y escarnecidos desde La Paz como en los tiempos del anterior régimen.

En 2012 y 2013, los sindicatos de trabajadores COB y FSTMB lanzaron duros pulsos huelguísticos al Gobierno exigiéndole alzas salariales y la entrega del control de los pozos mineros a los obreros estatales en lugar de a los cooperativistas privados.

SOCIO FUNDAMENTAL DE LA ALTERNATIVA BOLIVARIANA Y DEFENSOR DE LA COCA
En la política exterior, ámbito donde se ha mostrado muy activo, Morales se apresuró a unirse de manera oficial al alineamiento continental bolivariano orquestado por Hugo Chávez. Este amigo, patrocinador y aliado de excepción tenía una obra revolucionaria en Venezuela susceptible de inspirar infinidad de ideas y proyectos a los masistas bolivianos, que luego los adecuaban a las especificidades nacionales.

En abril de 2006, tres meses después de entrar en el Palacio Quemado, Morales convirtió a Bolivia en la tercera pata del bloque ALBA, robusteciéndolo en añadidura con una iniciativa original suya, el Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP), alternativo a los tratados de libre comercio bilaterales con Estados Unidos. Dentro del eje bolivariano, Morales ha dado rienda suelta a sus mensajes antineoliberales, anticapitalistas y antiimperialistas, al tiempo que obtiene los frutos de las cooperaciones agro-energética con Venezuela y educativo-sanitaria con Cuba; esta última ha ayudado a que en 2014 la UNESCO declare a Bolivia país libre de analfabetismo.

Con los demás países sudamericanos, las relaciones han presentado carices muy variados. Las tempranas nacionalizaciones hidrocarburíferas, que afectaron a los intereses de Petrobras, enturbiaron los tratos con Brasil, país provisto de un Gobierno de izquierda de entrada próximo al MAS, antes de aceptar en 2007 el presidente Lula da Silva los nuevos precios del gas importado desde Bolivia y la compra por YPFB de las dos refinerías operadas por Petrobras. También distanciaron a La Paz y Brasilia los biocombustibles, de los que Morales abomina, al igual que los transgénicos, según él causa de "calvicie y homosexualidad".

Con la Argentina del matrimonio Kirchner Morales ha tenido un excelente entendimiento, consiguiendo que Buenos Aires le compre gas más caro y formando junto con Caracas una alianza estratégica tripartita de productores y exportadores de gas, Opegasur, en agosto de 2007.

A Chile, el líder boliviano no se ha cansado de reclamarle la devolución de la salida al mar por Atacama perdida en la guerra de 1879; hasta que no se satisfaga esta demanda territorial básica, advierte La Paz, seguirá rigiendo la política del "ni una molécula de gas" para el vecino de la vertiente occidental de los Andes. En abril de 2013, siendo presidente en Santiago el conservador Sebastián Piñera, y después del prometedor diálogo abierto con la socialista Michelle Bachelet, Bolivia dio el paso de demandar a su vecino ante el Tribunal Internacional de La Haya.

También han sido notables los roces con Perú y Colombia a causa de una serie de divergencias bilaterales y regionales. Con Paraguay, en cambio, Morales alcanzó en 2009 un histórico acuerdo de delimitación de fronteras, pendiente desde el final de la Guerra del Chaco en 1935. Y con el Ecuador de Rafael Correa las relaciones no han podido ser mejores, como corresponde a dos de los puntales del ALBA.

En cuanto a la integración regional al margen del ALBA y del eje gasífero con Venezuela y Argentina, la Bolivia de Evo ha seguido participando, aunque sin mucha fe, en la deshilachada Comunidad Andina, en diciembre de 2012, una vez superadas las diferencias energéticas con Brasil, firmó su adhesión al MERCOSUR y en mayo de 2008 fue miembro fundacional de la UNASUR.

En septiembre de aquel año la UNASUR respaldó sin fisuras a Morales cuando la rebelión de los autonomistas orientales desembocó en la masacre de manifestantes progubernamentales en Pando, crimen tras el que se atisbó un intento de subversión del orden democrático. En julio de 2013 la organización sudamericana volvió a solidarizarse con el presidente a raíz del incidente de la negación por varios países europeos del espacio aéreo al avión que lo transportaba procedente de Rusia, solo porque Estados Unidos sospechaba que a bordo iba nada menos que el empleado prófugo de la CIA Bill Snowden.

Este insólito episodio, que indignó a Morales, fue el enésimo capítulo de las tormentosas relaciones con Washington, a su vez muy molesto por la nueva política de Estado boliviana de regularizar y controlar, vinculándolo a las necesidades del consumo tradicional y a un esquema de desarrollo agrícola, el cultivo de hoja de coca, poniendo fin así al desarraigo militarizado de cocales, y por la campaña internacional del dirigente para convencer de que "coca no es cocaína". Según él, y aquí Morales habla en nombre propio, los productores rurales de coca de ninguna manera pueden ser vistos como "narcotraficantes", como los consumidores de la hoja vegetal tampoco son "narcodependientes".

En 2008 el Gobierno, entre acusaciones de inmiscuirse en los asuntos internos al dar cobertura a la oposición autonomista cruceña, declaró persona non grata al embajador estadounidense y canceló las operaciones de la agencia antidrogas DEA en Bolivia. Washington respondió con la expulsión del representante diplomático boliviano y la suspensión del trato arancelario preferencial. La postura antiisraelí de Morales en el conflicto de Palestina y sus coqueteos con Irán mantuvieron viva la rencilla.

En 2011 Morales abordó la normalización de las relaciones con la Administración Obama, pero sin retorno de la DEA. En mayo de 2013, justo antes del incidente diplomático con Europa por el aterrizaje forzoso y retención en Viena del avión presidencial, Morales ordenó marcharse a la USAID, la agencia estadounidense de ayuda al desarrollo, con renovadas imputaciones de injerencia.

CONQUISTA DEL TERCER MANDATO HASTA 2020
Cuando en octubre de 2008 suscribió con la oposición conservadora el acuerdo que permitió desbloquear la compleción del proceso constituyente, Morales se comprometió a no presentarse a la Presidencia por tercera vez en las elecciones de 2014, luego aceptaba que la prohibición de la segunda reelección por cinco años más, establecida por el nuevo texto constitucional, tuviera en cuenta su actual mandato, el primero.

Tras iniciarse el período de gobierno 2010-2015, sin embargo, el oficialismo, aduciendo diversas interpretaciones legales, empezó a hacer campaña a favor de la tercera postulación consecutiva. La voluntad reeleccionista de Evo fue avalada en abril de 2013 por el Tribunal Constitucional, para el que el mandato de 2006-2010 no era computable a este efecto al ser anterior a la refundación del Estado por la nueva Carta Magna.

Morales vio expedito por tanto el camino para mantenerse en el Palacio Quemado hasta 2020, si tal era el deseo de los electores convocados a los comicios de 2014. La situación general era ampliamente favorable a sus aspiraciones: la economía marchaba francamente bien, con un ritmo de crecimiento del PIB que desde 2006 se había mantenido bastante estable en los niveles medio-altos (un 5% de media, aunque ahora la tasa superaba el 6%), el Estado ingresaba más gracias a la nueva legislación sobre hidrocarburos y el Gobierno disponía de dinero fresco para costear la reducción de la pobreza y elevar las rentas de la población; el desempleo disminuía, las arcas públicas estaban saneadas, las balanzas fiscal y comercial presentaban superávit, el tipo de cambio permanecía estable, las reservas internacionales alcanzaban niveles récord y la inflación se hallaba bajo control.

El legado socioeconómico de nueve años de gobiernos de Evo Morales podría parecer hasta fasto si no se tuvieran en cuenta, entre otros lastres, el peso desmedido de la economía sumergida, la escasez de tejido industrial generador de riqueza estructural y no coyuntural como la que producen las exportaciones, y lo mucho que quedaba por hacer para mejorar los estándares de desarrollo humano.

La sensación de un país metido en la senda del progreso más los pactos de convivencia y mutuo interés con sus adversarios más acérrimos y poderosos, los empresarios de Santa Cruz, seducidos con créditos e inversiones por un presidente ganado para el pragmatismo, hicieron de las votaciones generales del 12 de octubre de 2014 una suerte de mero trámite democrático para Morales, más cuando no tenía en frente a ningún contrincante capaz de hacerle sombra.

Con el 61% de los votos, Evo se impuso cómodamente a Samuel Doria Medina y Jorge Quiroga Ramírez, dos rivales del centro-derecha ya batidos en 2005 y 2009. Y dato significativo, puesto que ilustra el final de la polarización política y regional que tuvo atenazada a Bolivia años atrás, su candidatura fue la más votada en todos los departamentos del país salvo en Beni.

(Texto actualizado hasta octubre 2014)

Biografía

1. La lucha por la supervivencia de un aymara del Altiplano
2. Emigración al Trópico de Cochabamba e inicio de una nueva vida como cultivador de coca
3. Sindicalista contrario a los programas gubernamentales de erradicación de cocales
4. Salto a la política partidista y electoral en 1995: nace el MAS
5. Primera tentativa de ganar el poder en 2002 con un programa de izquierda
6. Actuación determinante en la guerra del gas y la caída de Sánchez de Lozada
7. Una oposición fluctuante al presidente Mesa: de la tregua social a la presión callejera
8. Victoria electoral en 2005 bajo las banderas de la nacionalización de los hidrocarburos y la abolición del sistema neoliberal
9. Los hitos domésticos de primer mandato: el decreto Héroes del Chaco, la Constitución del Estado plurinacional y el desafío autonomista del Oriente


1. La lucha por la supervivencia de un aymara del Altiplano

Evo Morales nació en 1959, rigiendo el Gobierno de Hernán Siles Zuazo y el Movimiento Nacional Revolucionario (MNR), en una minúscula y remota comunidad rural del departamento altiplánico de Oruro, Isallavi. La aldea pertenece al cantón de Orinoca de la provincia Sur Carangas, y de acuerdo con la ordenación tradicional del territorio heredada del imperio inca forma parte del ayllú, o unidad comunitaria, de Sullka.

Su alumbramiento fue en el seno de una familia de indios aymaras de pura cepa y en medio de unas condiciones materiales de penuria extrema. De los seis hermanos que tuvo, cuatro murieron antes de cumplir los dos años por culpa de las enfermedades que se cebaban con los campesinos y mineros, pobres de solemnidad, de una región maltratada en todos los aspectos.

El propio Evo estuvo a punto de perecer en los últimos momentos de su gestación a causa de una hemorragia interna que únicamente una curandera del lugar, con remedios a base de hierbas, entre ellas la hoja de coca, consiguió atajar a su madre. Junto con Evo salieron adelante una hermana mayor, Esther, y un hermano menor, Hugo.

La comunidad de Isallavi carecía de todos los servicios fundamentales, ya fuera la luz, el agua corriente, el alcantarillado o la atención médica. El teléfono era una rareza de la que solo se sabía que existía. El lugar no tenía acceso por carretera y los caminos vecinales apenas podían ser transitados por vehículos de ciudad.

Los padres, Dionisio Morales Choque y María Ayma Mamani, a los que jamás se les habría pasado por la imaginación que uno de sus hijos pudiera llegar a presidente de Bolivia (y que no iban a vivir para verlo), subsistían con los exiguos frutos de las áridas parcelas de tierra que cultivaban, la cría de llamas y los trabajos esporádicos como jornaleros agrícolas. Los Morales tenían por toda propiedad una vivienda construida con paja y adobe de 32 metros cuadrados, superficie en la que se apretujaban el dormitorio, la cocina-comedor, un cubículo para almacenar tubérculos y grano de maíz, y una cuadra que daba cobijo a un puñado de cerdos y ovejas.

El niño Evo ayudaba a sus progenitores faenando en el campo y pastoreando y trasquilando llamas, en las duras condiciones (frío y sequedad a partes iguales, y a una altitud, 4.000 metros sobre el nivel del mar, que puede hacer enfermar a una persona no acostumbrada a la baja presión atmosférica) de la puna orureña, pero no por ello renunció a recibir toda la formación escolar que estuviera a su alcance. Mostraba interés por el fútbol, la música y la actualidad informativa, que escuchaba por la radio, ya que a su aldea los periódicos no llegaban y la poca televisión nacional que se emitía era un medio de comunicación aún más inaccesible.

El hoy presidente recuerda que cuando tenía cuatro o cinco años, sus padres le llevaron en un largo viaje hasta la provincia argentina de Jujuy, lindera con el sur de Bolivia, donde Dionisio Morales esperaba encontrar trabajo como zafrero. Allí, mientras los adultos laboraban en los cañaverales partiendo y acarreando las plantas azucareras, el hijo sacaba algunas moneda vendiendo helados.

Quiso el matrimonio Morales que su retoño estuviera escolarizado el tiempo que tuvieran que pasar en Argentina, pero el muchacho apenas se manejaba con el idioma español, pues en Isallavi los paisanos hablaban preferentemente el aymara, su lengua ancestral, y se quedaba rezagado en el aula, así que dejó de enviarle al colegio local. En 1966 la familia volvió a Isallavi y el chico retomó los cursos de primaria en la localidad de Calavillca.

Posteriormente, con 12 años, Evo acompañó a su padre en otro viaje de un mes de duración que les llevó hasta los valles de Cochabamba, unos 150 km al nordeste, para hacer trueque de productos con el rebaño de llamas que llevaban consigo. Las odiseas familiares en busca de alimentos fueron obligadas a principios de los años setenta, y alguna de ellas adquirió tintes dramáticos porque el camino era extenuante y los víveres escasos o nulos.

En una ocasión en que el hambre apretaba y no tenían nada que llevarse a la boca, a Morales padre e hijo les llegó un maná providencial en la forma de las peladuras de naranja que los pasajeros de un autobús arrojaron por la ventanilla justo al cruzarse con ellos en la pista por la que caminaban. Tres décadas más tarde, Morales iba a retrotraer a este episodio el origen de uno de sus anhelos infantiles: conseguir viajar en un autobús interurbano y permitirse el lujo de tirar a la carretera las cáscaras de las naranjas que se ha comido en el asiento.

Ya entrado en la adolescencia, Morales se desplazó a Oruro, la capital departamental, para realizar estudios de secundaria en el Colegio Marcos Beltrán Ávila, una casa docente frecuentada por chavales sin recursos. Para poder mantenerse, compaginó las clases con la práctica de los oficios de panadero, obrero de fábrica de ladrillos, futbolista de equipo local y trompetista de la banda Real Imperial, que dirigía el folclorista Santiago Tuco.

En 1977 terminó el bachillerato y el día de su graduación pudo registrar un dato curioso: fue, da a entender el interesado, el último de su vida en que se puso un traje y una corbata, solo para posar para la foto. Que después de aquel día Morales pudiera volver a trajearse y encorbatarse para asistir a ceremonias familiares o a bodas de amigos (de lo cual no se tiene constancia) no relativiza el hecho de que el futuro presidente de la República siempre despreciara ese "símbolo de la clase dominante".

Una vez licenciado del servicio militar obligatorio en el Regimiento Ingavi IV de Caballería, en La Paz, donde, según parece, sufrió abusos en un ambiente de desprecio y humillación a los reclutas indios procedentes de los rincones más apartados del país, Morales se encontró en la misma situación de miles de jóvenes de su condición racial y social: todas las puertas profesionales estaban cerradas salvo si se trataba de agotar el sudor en los trabajos que mayor esfuerzo físico requerían, como los de la minería, o de cobrar salarios de pura miseria. Evo regresó a casa con las manos vacías.

Discurría 1980, época en que Bolivia se debatía en un caos de golpes de Estado militares e intentos de retorno al Gobierno civil. Esta etapa, la más turbulenta en décadas de historia nacional, comenzó con el fiasco electoral de 1978, al cabo de la dictadura derechista del general Hugo Banzer, y no terminó hasta la proclamación presidencial del viejo dirigente emenerrista Hernán Siles Zuazo en 1982.

Aquel mismo año la familia Morales al completo abandonó Oruro y se sumó a la ola de emigrantes del Altiplano que no encontraban futuro en la minería del estaño, en crisis terminal, y que confiaban en emprender una nueva vida en Cochabamba, el departamento más fecundo del país y base de la producción agrícola nacional, en la región geográfica subandina. Aunque no se dedicaban a la minería, los Morales y muchos de sus vecinos emprendieron el éxodo a levante porque la puna de Oruro, asolada por la sequía y las heladas, se había convertido en tierra yerma.


2. Emigración al Trópico de Cochabamba e inicio de una nueva vida como cultivador de coca

Los Morales se instalaron en Puerto San Francisco, provincia del Chapare, en el corazón del Trópico de Cochabamba, una región feraz tapizada de espesas selvas siempre húmedas por una de las pluviometrías más elevadas del mundo, que ofrecía un paisaje radicalmente distinto del de Oruro, así como una climatología mucho más benigna.

La familia, aunque siguió siendo pobre, pudo al menos ahuyentar los espectros de la enfermedad y el hambre gracias a sus actividades hortofrutícolas. Evo se instaló como arrocero, y según él mismo cuenta, le fue bien con este producto hasta que la competencia del arroz brasileño, más barato que el chapareño, achicó al mínimo las posibilidades de obtener beneficio, por lo demás siempre humildes.

Para escapar de la precariedad crónica, Morales se decantó por el cultivo de la coca, cuyas cosechas tenían asegurada la venta a un precio alto y estable. En Bolivia (y también en Perú y Colombia), desde hacía miles de años, el pijcheo o mascado de la hoja de coca era un hábito de las comunidades indígenas que satisfacía necesidades religiosas, como vehículo sacramental o místico, y nutricionales, como sucedáneo de alimentos más convencionales y como energético.

La mitología de los incas quechuas narra que Inti, el dios Sol, ordenó a su esposa y hermana Mama Quilla, la diosa Luna, que sembrara el arbusto sagrado para que con sus hojas los hombres pudieran aliviar la fatiga, el hambre y la sed. La planta en sí fue deificada como Mama Coca, una divinidad vinculada a la sensualidad, el bienestar y la alegría.

Pero el motivo de que a principios de los años ochenta la hoja de coca experimentara una demanda sin precedentes y constituyera un negocio lucrativo que ningún otro producto del campo podía igualar era bien distinto: el floreciente narcotráfico, que necesitaba ingentes cantidades de materia prima verde para elaborar el estupefaciente ilegal de la cocaína, un alcaloide que solo se obtiene al cabo de un complicado proceso de laboratorio.

Las vastas redes criminales que tenían los centros de producción en Bolivia y Colombia, los nudos de tránsito y distribución en Panamá y México, y el mercado de consumo en Estados Unidos, y que estaban ampliamente infiltradas en las estructuras del Estado boliviano (en el Ejército, corrupto hasta la médula, en primer lugar), hallaron en el Chapare un auténtico vergel cocalero.

Morales prosperó relativamente como cultivador de coca y adquirió notoriedad local como organizador de un equipo de fútbol y como paisano interesado en las problemáticas de sus vecinos, como él, campesinos indios. Inquieto y autodidacta, no tardó en encauzar su activismo social por las sendas del sindicalismo agrario y el indigenismo militante, impregnándose de ideas de izquierda.

Quien habría querido seguir estudiando más allá del bachillerato cursado en aquel destartalado colegio orureño tomó conciencia de las realidades histórica, política y social de su pueblo, objeto de sometimiento y explotación multiseculares por las élites blancas de ascendiente español, en, según su propia expresión, la "universidad de la calle".

Morales recuerda que la decisión de incorporarse al mundo sindical tuvo mucho que ver con una atrocidad policial de la que fue testigo directo: en el curso de una operación antidroga, los agentes acusaron a un muchacho de su grupo de ser narcotraficante y allí mismo le bañaron en gasolina, le prendieron fuego y lo quemaron vivo.

Un importante sustrato del aprendizaje ideológico de Morales fue la obra del intelectual marxista Fausto Reinaga, fundador en 1969 del Partido Indio de Bolivia (PIB). Contrario al "comunismo criollo", Reinaga era una especie de profeta de la conquista revolucionaria del poder por los indígenas y la reconstrucción, desde una perspectiva moderna, del Tahuantinsuyu, el nombre quechua que designaba al gran imperio inca, el cual se extendía desde Ecuador hasta Argentina y Chile. Algunos sectores del indigenismo radical boliviano preferían hablar de la restauración del Collasuyu, la provincia sudoriental del imperio, que englobaba lo que hoy es Bolivia occidental.

Afiliado a un pequeño sindicato agrícola local que tomaba el nombre del lugar, San Francisco, en 1983 el campesino cocalero se hizo cargo de la secretaría de deportes del gremio y dos años después ya ostentaba su secretaría general.

Morales, aún un veinteañero joven, se hizo un hueco en el grupo de tribunos populares del frente sindical, líderes natos que hacían oír la voz de los trabajadores de cada ramo y que sostenían sus derechos frente a las políticas gubernamentales de ajuste. El ascenso de Morales en el aparato gremial fue rápido.

En 1988 sus compañeros le eligieron secretario ejecutivo de la Federación del Trópico de Cochabamba, organización que agrupaba a los cocaleros chapareños y que bajo su liderazgo articuló un plantel de demandas sobrepuestas a las reivindicaciones puramente laborales, como eran la preservación de los recursos naturales, el respeto de los estilos tradicionales de vida y la promoción de los derechos sociales de los agricultores, que en su inmensa mayoría eran asimismo indígenas.

Entonces, discurría el cuarto año del Gobierno emenerrista de Víctor Paz Estenssoro. En 1985, a los pocos días de asumir la Presidencia, Paz Estenssoro había promulgado el célebre Decreto Supremo 21060, punto de arranque que fue de la Nueva Política Económica (NPE), un programa de ajuste estructural y estabilización monetaria y financiera basado en la terapia de choque y que, más allá del remedio coyuntural contra la hiperinflación, buscaba revertir el estatismo de la economía boliviana, obra de la revolución movimientista de 1952 –de la que él mismo había sido artífice-, e insertarla en las dinámicas del libre mercado.

Fue en 1988, precisamente, cuando el Gobierno conservador del MNR consiguió que el Congreso aprobara, el 19 de julio, la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley 1.008), que restringía la producción de hoja de coca al diferenciar entre la destinada al consumo tradicional y "lícito", y la destinada a la transformación química con resultados de farmacodependencia y toxicomanía, es decir, a la obtención de cocaína. En lo sucesivo, el Estado aplicaría una política de limitación de las cosechas lícitas en régimen de minifundio, y de reducción y sustitución graduales de las cosechas calificadas de "excedentarias", mediante la siembra de cultivos alternativos o bien con el desarraigo forzoso de cocales sin derecho a indemnización.

Con esta nueva legislación, Paz Estenssoro respondía a las presiones del Gobierno de Estados Unidos, que le exigía no solo la presencia de asesores militares en las operaciones de destrucción de laboratorios clandestinos de procesado de cocaína y de persecución de los capos mafiosos, sino también la aplicación de una política antidroga integral que pasaría por la completa erradicación de las plantaciones. Washington insistía en que la manera más eficiente de estrangular el narcotráfico era quebrar la producción en origen.


3. Sindicalista contrario a los programas gubernamentales de erradicación de cocales

Aunque Paz Estenssoro y, sobre todo, su sucesor en la Presidencia en agosto de 1989, Jaime Paz Zamora, del socialdemócrata Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), no estaban dispuestos a acatar la demanda de erradicación total porque eso provocaría la ruina de los 300.000 bolivianos que tenían en la coca su única fuente de ingresos, la mera ejecución de los programas de cultivos alternativos y de desarraigos forzosos soliviantó a Morales y su gente.

Fue el comienzo de una campaña de protestas agrarias que se solapó al conflicto social atizado por los obreros del sector industrial minero, cuya dolorosa reconversión rechazaban la Central Obrera Boliviana (COB), la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), y otros sindicatos y partidos de izquierda. En 1989 Morales se opuso resueltamente al plan de reducir la superficie agrícola dedicada a la coca desde los 150.000 acres a solo 30.000, que afectaba sobre todo al Chapare, origen del 70% de la hoja de coca boliviana, con el argumento de que el Gobierno ya había incumplido sus promesas de desarrollar los cultivos alternativos acompañados de inversiones públicas en el desarrollo humano de la región.

A lo largo de la Administración mirista, la Federación del Trópico se movilizó en contra de la campaña antidroga y Morales multiplicó las advertencias de tono radical, sobre que los agentes del Estado encontrarían una resistencia violenta en el Chapare si trataban de imponer la Ley 1.008 por las bravas (los uniformados ya habían matado a balazos a varios paisanos), y que ellos, los cocaleros, defenderían sus plantaciones "con la vida".

Paz Zamora se encontró con esta animosidad a pesar de jugarse su imagen en el exterior con una arriesgada campaña pedagógica para convencer a los gobiernos y a las opiniones públicas de los países desarrollados del Norte del error que suponía confundir la hoja de coca con la cocaína. Antes de Paz Zamora, ningún presidente había puesto tanto énfasis en el derecho de los bolivianos a cultivar y consumir el vegetal por razones culturales.

En 1990 Morales extendió su activismo a la COB y sondeó con su cúpula la formación de una alianza obrero-campesina con aspiraciones políticas de poder, pero esta estrategia no fructificó, lo que no fue óbice para que la COB apoyara la causa de los cocaleros y estos secundaran las huelgas obreras contra el amago de Paz Zamora de privatizar la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL).

Convertido en uno de los jefes del Consejo Andino de Productores de Coca (CAPHC) desde su fundación en La Paz en marzo de 1991, en presidente del mismo en 1993 y en presidente también de la Confederación de Productores de Coca del Trópico de Cochabamba –frente intersindical que reunía a seis federaciones de la región- en 1994, Morales mantuvo las espadas en alto con la nueva Administración presidida desde agosto de 1993 por el emenerrista Gonzalo Sánchez de Lozada, llamado popularmente Goni, un convencido de las virtudes de la Ley 1.008 y de paso heraldo del liberalismo económico.

En los primeros meses de su mandato, Sánchez de Lozada manejó con prudencia el problema cocalero porque no quería tener abiertos al mismo tiempo todos los frentes de contestación social, luego de haber dejado quedado claro que su Gobierno iba a desatar la privatización general de las empresas del Estado, meter a Bolivia en las corrientes de integración regional y mundialización de los intercambios, y, en definitiva, dar un impulso decisivo a la NPE y su cohorte de desregulaciones, liberalizaciones y reconversiones, no obstante el previsible impacto demoledor en el tejido social, en un país que era ya el más pobre y el menos desarrollado de América del Sur.

En enero de 1994 el Gobierno se comprometió ante las Federaciones del Trópico a promover los cultivos alternativos, como la piña, el banano, el palmito y las flores tropicales, y a abonar indemnizaciones justas, de manera que los productores de coca no perdieran poder adquisitivo. Sánchez de Lozada prometió también poner término a los abusos de las fuerzas de seguridad del Estado y concentrar la represión en el narcotráfico y la delincuencia asociada. En apariencia, Morales y sus colegas habían conseguido que los poderes públicos dejaran de criminalizar al agricultor de la coca, el cual, aunque producía la materia prima de la que luego salía la cocaína, no formaba parte de las redes comerciales de la droga.

La tesis fundamental de los cocaleros bolivianos, inadmisible para las autoridades de Estados Unidos y tampoco asumida por la Convención de Viena de 1988 sobre el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, era que ellos no podían ser hechos responsables de lo que terceras partes hicieran con sus cosechas. Además, añadían, la cocaína era una sustancia química totalmente ajena a los pueblos indígenas andinos; antes bien, era el resultado funesto del intento por el "hombre blanco" de "controlar" y "abusar" de la "sagrada hoja de coca".

Ahora bien, el riesgo de perder el certificado estadounidense de "buena conducta" en la lucha contra el narcotráfico, lo que conllevaría la pérdida de la ayuda económica, impelió a Sánchez de Lozada a reponer en el primer plano la dinámica de erradicaciones forzosas y no sujetas a negociación. En julio de 1994 el Gobierno boliviano, desdiciéndose de sus recientes promesas, y la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA) lanzaron la llamada Operación Nuevo Amanecer con el objeto de destruir 3.000 de las 34.000 hectáreas de cocales chapareños.

La operación represiva, que añadió a la lista de víctimas el nombre del joven cocalero Felipe Pérez Ortiz, ejecutado extrajudicialmente por los militares, motivó la convocatoria por Morales a finales de agosto de una "Marcha por la Coca, la Vida y la Dignidad", 600 km cubiertos a pie desde Villa Tunari hasta la sede del Gobierno en La Paz, para arrancar negociaciones.

Con los alientos de la COB y de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), y al cabo de 22 días de movilización que la Policía y el Ejército, con sus arrestos, incluido, por breve tiempo, el del propio Morales, no consiguieron disolver, los 4.000 marchistas llegaron a la capital y su jefe indiscutible se las arregló para abrir con el Gobierno conversaciones directas sobre la adopción de una estrategia antidroga que fuera "genuinamente boliviana". De nuevo, la vía negociada no condujo a ningún acuerdo con visos de solvencia.

1995 fue el año que marcó un punto de inflexión, tomando un vericueto decididamente político, en la trayectoria de Evo Morales, que había adquirido una cierta fama nacional como líder sindical pugnaz y recalcitrante, un quebradero de cabeza permanente para el Gobierno de turno y un enemigo declarado de los intereses de Estados Unidos en esa parte de América Latina.

El 23 de febrero Morales emprendió en Europa una gira de varias semanas de duración que le llevó a Austria, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Luxemburgo, Holanda, Reino Unido e Italia. Allí, invitado por 14 ONG implicadas en la campaña Coca 95, una iniciativa para divulgar los aspectos económicos, sociales y culturales de la producción y el consumo de hoja de coca en el área andina, el activista boliviano repitió hasta la saciedad que "coca no es cocaína" y que Estados Unidos, si de verdad quería obtener resultados en la lucha contra el tráfico de drogas, lo que tenía que hacer era estrangular la demanda en su propio territorio.

El 18 de abril, después de asegurar que los chapareños estaban dispuestos a eliminar 5.400 hectáreas de cocales si se les compensaba con un plan de desarrollo alternativo, cuando presidía una reunión del CAPHC y horas antes de declararse el estado de urgencia, Morales, y con él varias decenas de dirigentes sindicales, fue arrestado y confinado en un lugar remoto del trópico amazónico. Fue la reacción del Gobierno a la nueva ola de protestas obreras y campesinas que convulsionaba el país. El 9 de mayo, al cabo de 21 días de "secuestro", como él lo llamó, Morales recobró la libertad en Cochabamba sin que el Gobierno llegara a precisar el cargo de "subversión" por el que había sido detenido.

Desde este momento, arreció contra Morales una campaña de descalificaciones que buscaba desprestigiar su lucha, minimizando su componente social y cultural, y presentándola como una mera defensa de intereses corporativos que nada tendrían que ver con la causa de los pobres, amén de un negocio lucrativo que, aún peor, era el eslabón de partida de una cadena mortífera que destruía miles de vidas. Así, el Gobierno expresó su "sospecha" de que el líder cocalero, al "confundir deliberadamente" a los campesinos productores de hojas de coca con los ilegales productores de pasta base de cocaína, se dedicaba a "encubrir" al narcotráfico.

A continuación, el Consejo Nacional Contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas (CONALID) instó a todos los "terratenientes" cocaleros a limitar las superficies cultivadas a las dos hectáreas, bajo derecho a ser indemnizados con 2.500 dólares por cada hectárea erradicada, y a que dejaran de "vender coca al narcotráfico".

Morales, por supuesto, encabezaba la lista de los "terratenientes" y de esa "élite privilegiada" que era necesario "eliminar". Medios de comunicación occidentales empezaron a referirse a él como el "zar de la coca" y el campeón del "anarcosindicalismo" boliviano. Adjetivos de más grueso calibre, como "mafiosos cocaleros" y "narcoterroristas", iban a ser endilgados dentro y fuera del país en los años siguientes.

Por su parte, Morales bramó contra las injerencias del "imperialismo yanqui", advirtió al Gobierno que defenderían sus cocales "hasta las últimas consecuencias" y puso a los miembros más militantes del colectivo de 35.000 productores de coca del Chapare en lo más parecido a un pie de guerra.


4. Salto a la política partidista y electoral en 1995: nace el MAS

Pero no todo era agitación y disturbios. En 1995, la nueva etapa de confrontación aconsejó a las organizaciones rurales dotarse de instrumentos extrasindicales, es decir, políticos. El propósito era competir con los partidos tradicionales en las elecciones para adquirir legitimidad democrática formal y ganar asiento en los distintos niveles institucionales de representación popular, desde donde podrían entablar los pulsos con el Gobierno central en una posición de más fuerza. En el movimiento cocalero empezó a hablarse de la "conquista total" y de "cambiar el sistema", más allá de conquistas parciales en el terreno de la lucha sindical.

Así, el 27 de marzo de 1995, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en un evento denominado I Congreso Nacional de Tierra, Territorio e Instrumento Político, la CSUTCB, las Federaciones del Trópico, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB, representante de los pueblos indígenas de las Tierras Bajas y el Oriente), la Confederación Nacional de Colonizadores de Bolivia (CNCB) y la Federación Nacional de Mujeres Campesinas-Bartolina Sisa (FNMC-BS) lanzaron la Asamblea por la Soberanía de los Pueblos (ASP) y el Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (IPSP).

Aunque Morales era uno de sus principales animadores, la jefatura orgánica del protopartido fue encomendada al dirigente sindicalista quechua Alejo Véliz Lazo. Puesto que la Corte Nacional Electoral (CNE) se negó a darle la personalidad jurídica de partido, la ASP-IPSP pactó su participación electoral en las listas de la Izquierda Unida (IU), una coalición de agrupaciones izquierdistas que capitaneaba el Partido Comunista de Bolivia (PCB) y que desde las elecciones legislativas de junio de 1993 era extraparlamentaria.

En la primera prueba electoral, las municipales del 3 de diciembre de 1995, la IU conquistó 10 alcaldías y 49 concejalías, todas en el departamento de Cochabamba. En 1996, año en que varias decenas de miles de campesinos de la CIDOB realizaron la "Marcha por el Territorio, el Desarrollo y la Participación Política de los Pueblos Indígenas", entre otras razones para protestar contra el proyecto de la Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Morales fue elegido presidente del Comité de Coordinación de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba.

En las elecciones generales del 1 de junio de 1997, la IU, ahora integrada solo por el PCB y el Movimiento Al Socialismo-Unzaguista (MAS-U, una formación que tenía su origen en el partido ultraderechista Falange Socialista Boliviana, FSB, que diera soporte político a la dictadura de Banzer, del cual se había escindido en 1987), con el 3,7% de los votos (el 16,5% en Cochabamba, donde obtuvo toda la representación), metió cuatro diputados en la Cámara baja del Congreso, de 130 miembros.

Morales, marcando el primer hito de su carrera política, fue uno de los candidatos de la IU que obtuvo el escaño, por la circunscripción que representaba a las provincias del Chapare y José Carrasco, y lo hizo con un abrumador 70% de los sufragios, la mayor cuota obtenida por cualquiera de los 68 candidatos elegidos por el sistema de mayoría simple en distritos uninominales.

Tras estas elecciones, que catapultaron a la Presidencia de la República al ex general Banzer, hace tiempo reconvertido a los usos democráticos civiles al frente de su partido conservador Acción Democrática Nacionalista (ADN), Morales pasó a librar una pugna por el liderazgo con Alejo Véliz, fallido candidato presidencial aliancista. Esta rivalidad desembocó en 1998 en la separación de la ASP y el IPSP.

El aymara estaba decidido a conducir un partido que brindara una plataforma efectiva a las reivindicaciones de los cocaleros, pero la CNE se negaba en redondo a registrar el IPSP. Se decía entonces que la Embajada de Estados Unidos en La Paz presionaba al Gobierno de Banzer para impedir a los cocaleros del Chapare tener su propia fuerza política si es que iba a estar encabezada por Morales.

Puesto que quería participar en las elecciones locales del 5 de diciembre de 1999, Morales se puso de acuerdo con el jefe del MAS-U, David Añez Pedraza –un potentado empresarial y antiguo militar que en el pasado se había distinguido por su oposición visceral a los movimientos indígenas, luego este arreglo tenía mucho de paradójico-, para que el IPSP tomara en lo sucesivo la sigla masista.

Sellado el acuerdo, el IPSP-MAS inició su andadura en enero de 1999 con Morales de presidente. Como agradecimiento por esta absorción con adquisición del nombre y los colores del MAS-U, un partido moribundo pero que conservaba su personería, Añez fue hecho "presidente vitalicio", con carácter honorífico, del IPSP-MAS, pronto llamado simplemente Movimiento Al Socialismo (MAS).

En las municipales de diciembre de 1999, el MAS, con el 3,2% de los votos en toda Bolivia, a la zaga de ocho partidos, quedó confirmado por el momento como una formación pequeña de dimensión solo regional, con arraigo limitado a Cochabamba y La Paz (en especial en la región de los Yungas, ampliamente cocalera), que aportaron 58 de los 79 concejales ganados en nueve departamentos.

La incidencia en el partido del factor racial, su ideología socialista y su especial identificación con las problemáticas de la coca del Chapare, que experimentaron un rebrote de tensión bajo la Administración banzerista, dificultaban la implantación del MAS en los departamentos no andinos de Pando, Beni y Santa Cruz, donde los electores indígenas no estaban tan ideologizados como los del Altiplano y el Trópico cochabambino, y tendían a votar a los partidos tradicionales.

En 1999 Morales continuaba siendo visto por la mayoría de los bolivianos criollos, muchos mestizos y parte de los indios, en especial los que habitaban en las tierras bajas orientales, como un sindicalista bronco y un agitador demasiado vinculado a la hoja de coca que no resultaba creíble como líder nacional con un proyecto para todo el país.

Eso sí, su protagonismo había cobrado auge a lo largo de 1998, al calor de las masivas movilizaciones populares, con profusión de marchas, paros laborales, huelgas de hambre y cortes de carreteras, contra la implementación del llamado Plan Dignidad, el cual contemplaba cercenar totalmente para 2001 la producción de coca que, según el cálculo del Gobierno, era destinada a la producción de cocaína. El Plan Dignidad se proponía destruir sin miramientos 90.000 hectáreas de arbustos tipificadas como excedentarias.

La represión fue muy dura en el Trópico, donde en abril las fuerzas de seguridad mataron a una decena de personas e hirieron a bastantes más. Desde su escaño en la Cámara de Diputados, Morales denunció la "militarización" del conflicto y la "masacre" perpetrada en el Chapare. Más todavía, invocó el derecho de sus paisanos a resistir "militarmente" a las tropas que protegían la erradicación de los cocales y que no vacilaban en descargar sus armas de fuego contra los manifestantes, lo que le valió ser severamente advertido por el oficialismo de que se jugaba el desafuero parlamentario.

La amenaza contra Morales se materializó el 24 de enero de 2002, cuando aún sonaban los ecos de los graves estallidos sociales de abril y octubre de 2000, provocados por la decisión del Gobierno de privatizar el agua de Cochabamba y encarecer los productos de consumo básicos, y, más cerca en el tiempo, de la serie casi ininterrumpida de protestas a lo largo de 2001, en paralelo a la ejecución, a buen ritmo, del Plan Dignidad.

Con la aquiescencia tácita del entonces presidente adenista, Jorge Fernando Quiroga Ramírez, vicepresidente con Banzer y su sucesor en agosto de 2001 debido al agravamiento del cáncer que padecía el antiguo general, una mayoría formada por 104 diputados de la ADN, el MNR el MIR, la Unión Cívica Solidaridad (UCS) y la Nueva Fuerza Republicana (NFR) aprobó despojar de su escaño al líder del MAS.

El proceso disciplinario se fundamentaba en las acusaciones de que Morales había instigado los violentos enfrentamientos registrados días atrás en la localidad chapareña de Sacaba, en los que habían muerto tres campesinos, tres soldados y un policía, y también el secuestro y asesinato por desconocidos de un sargento y un suboficial del Ejército en septiembre de 2000.

El Legislativo hizo notar también que en octubre de 2001 el acusado había amenazado con "hacer arder" el Chapare y con a sumir la región en la "guerra civil". La Comisión de Ética de la Cámara halló indicios del incurrimiento por el diputado aymara en "faltas graves en el ejercicio de sus funciones" y, en un tiempo récord, le desaforó. Sin la inmunidad parlamentaria, Morales se exponía a ser detenido y procesado penalmente como presunto "autor intelectual" del homicidio de los agentes del orden.

Pero la justicia no inició diligencias contra Morales que, lejos de ser acallado o neutralizado políticamente, adquirió una aureola de representante popular injustamente represaliado y vio crecer su popularidad como la espuma.

El 5 de marzo de 2002, después de interponer un recurso contra la resolución legislativa ante el Tribunal Constitucional por vulneración de sus derechos a la presunción de inocencia, la defensa y la inviolabilidad parlamentaria, y de resignar al frente de la Confederación de Productores de Coca de Cochabamba, Morales fue avalado por los delegados de las Seis Federaciones del Trópico como el candidato presidencial del MAS en las elecciones presidenciales del 30 de junio.

La multitud congregada en La Paz aclamó a Morales y a su compañero de fórmula para la Vicepresidencia, el periodista José Antonio Quiroga Trigo, a los gritos de ¡kausachum coca! (¡viva la coca!) y ¡huaiñuchum yanquis! (¡abajo los yanquis!), y enarbolando wiphalas, la bandera de dibujo ajedrezado y multicolor emblema de las culturas andinas, y la enseña tricolor boliviana.


5. Primera tentativa de ganar el poder en 2002 con un programa de izquierda

Puesto que aspiraban a dirigir el Ejecutivo boliviano, Morales y el MAS elaboraron un programa donde las reivindicaciones cocaleras e indigenistas, sin perder un ápice su vigor, cedían espacio a propuestas con una dimensión más nacional.

El MAS reclamaba la convocatoria de una Asamblea Constituyente para reformar la Carta Magna de 1967 en un sentido de perfeccionamiento democrático así como una explotación de las reservas de gas del departamento sureño de Tarija, eje de una política nacional de hidrocarburos aún por determinar, que estuviera al servicio del desarrollo interno del país. Morales quería que las futuras rentas del gas tarijeño repercutieran directamente en el nivel de vida de los bolivianos, lo que, a su entender, requería anteponer el consumo interno a la exportación, y el control por el Estado a la privatización del sector.

En particular, el MAS no quería que el gas tarijeño se vendiera a Chile, en tanto el país vecino no se aviniera a negociar la restitución del acceso oceánico, la franja de Atacama, que le fue arrebatado a Bolivia como resultado de la Guerra del Pacífico, o del Salitre, en 1879.

El 30 de junio de 2002 Morales no ganó en las urnas porque la mayoría del electorado aún no veía clara o no compartía su tesis principal, que Bolivia, un país rico en recursos naturales pero esquilmado y depredado por una serie ininterrumpida de dictaduras corruptas, mafias políticas y multinacionales avariciosas, tenía que "gobernarse por sí mismo" y recuperar un patrimonio enajenado.

Dicho de otra manera, Morales no conquistó el poder entonces porque el descrédito de los partidos y políticos tradicionales aún no había tocado fondo y porque el hartazgo de la inmensa mayoría de ese 83% de bolivianos indígenas y mestizos (aymaras y quechuas solos suman aproximadamente el 60% de la población) por la perpetuación de las escandalosas desigualdades en el reparto de la renta nacional y por la marginación socioeconómica que padecían, todavía requería el catalizador definitivo.

Con todo, el rendimiento electoral del candidato y su partido fue óptimo, por no decir espectacular. En las presidenciales, Morales alcanzó el 20,9% de los votos, situándose ligeramente por encima del que había partido como gran favorito, Manfred Reyes Villa, de la NFR, y a tan solo 1,6 puntos de Sánchez de Lozada, que buscaba su segundo mandato.

El mirista Paz Zamora fue cuarto con el 16,3% y en quinto lugar, con el 6,1% de los sufragios, quedó el otro candidato indígena, Felipe Quispe Huanca, secretario ejecutivo de la CSUTCB, líder del partido Movimiento Indígena Pachakuti (MIP) y Mallku (Cóndor, un título de caudillaje tradicional) de los aymaras.

Considerado más radical que Morales, Quispe, quien figurara entre los organizadores en los años ochenta del Ejército Guerrillero Túpak Katari (EGTK, de inspiración maoísta y promotor, con éxito nulo, de la insurrección popular y la lucha armada de los indios del Altiplano), venía manteniendo una relación ambigua con Morales, con ramalazos de mutua desconfianza y rivalidad personal que en algunas ocasiones habían impedido la adopción de estrategias conjuntas, pese a estar de acuerdo en muchos aspectos.

Cabe suponer que si el MAS y el MIP hubiesen concurrido a las elecciones de 2002 de la mano y con un candidato conjunto, los indígenas habrían acariciado el Gobierno de Bolivia.

En las votaciones legislativas, el MAS sacó un porcentaje bastante más modesto, el 11,9%, lo que se tradujo en 27 diputados y ocho senadores, convirtiéndose en la segunda fuerza parlamentaria detrás de la alianza del MNR y el Movimiento Bolivia Libre (MBL). Morales se presentó también a diputado y en esta elección ganó el escaño por su circunscripción con el 81,3% de los sufragios.

Los masistas irrumpieron con tanta fuerza en el sistema de partidos que fueron los más votados en los departamentos altos de La Paz, Oruro y Potosí, amén del bastión subandino de Cochabamba, donde la candidatura presidencial de Morales obtuvo el 37,6% de los votos. En la oriental Santa Cruz, bastión de Goni y motor económico de Bolivia, el MAS tuvo una cuota del 9,6% y llevó a la Cámara de Diputados al líder de los indios del departamento, José Bailaba Parapaino, cabeza de la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC), que había aceptado presentarse en su lista.

Conforme a la Constitución, dado que ningún candidato había alcanzado en las urnas la mayoría absoluta del 50% más uno de los votos –lo que no sucedía desde 1966, cuando el autócrata castrense de aquellos años, el general René Barrientos Ortuño, arrasó en unas elecciones que no reunían garantías democráticas-, correspondía al Congreso elegir al presidente de entre los dos candidatos más votados en la elección directa.

En la Cámara legislativa, donde la partidocracia tradicional reunía una holgada mayoría, Morales, el indígena hostil a la "oligarquía" blanca-criolla, no tenía ninguna posibilidad de ganar la partida: el 4 de agosto, días después de que el Tribunal Constitucional, con el argumento jurídico de que habían sido computados como votos favorables al desafuero una decena de abstenciones, fallara a favor del líder socialista en su demanda de nulidad de la resolución parlamentaria del 24 de enero (Morales, luego, renunció a que se le abonaran las remuneraciones como diputado retenidas desde febrero), Sánchez de Lozada, con los votos del MNR, el MBL, el MIR, la ADN y la UCS, fue elegido presidente de la República.

En estos días, cabeceras de la prensa publicaron la noticia de que el Gobierno de Washington había advertido a su homólogo de La Paz de que se jugaba la certificación, plasmada en 90 millones de dólares anuales en ayudas, si el Congreso investía a Morales.

De hecho, cuatro días antes de las elecciones generales, el entonces embajador, Manuel Rocha, diplomático muy aficionado a entrometerse en los asuntos internos del país anfitrión con mensajes de orientación política y apodado por ello el Virrey, se permitió recordar a los bolivianos que si elegían "a los que quieren que Bolivia vuelva a ser un exportador de cocaína importante, ese resultado pondrá en peligro el futuro de la ayuda de los Estados Unidos".

Esta injerencia estadounidense, con seguridad, dio más votos a Morales, quien respondió al embajador dándole "las gracias" por su exhortación al pueblo boliviano.


6. Actuación determinante en la guerra del gas y la caída de Sánchez de Lozada

Ya antes de tomar posesión la nueva Administración de Sánchez de Lozada, Morales advirtió que el MAS estaba listo para practicar una oposición política agresiva, y que si sus propuestas de detener la erradicación de cocales, renacionalizar los hidrocarburos y convocar una Asamblea Constituyente para reformar el sistema político no eran atendidas, los masistas no tendrían más remedio que "salir a la calle". Toda vez que el Ejecutivo no tenía intención de satisfacer ninguna de las tres demandas, el conflicto, y de la naturaleza más explosiva, estaba servido.

Por de pronto, el MAS, y con él el MIP, la CSUTCB, la COB y las asociaciones vecinales de El Alto, la populosa urbe dormitorio crecida en las afueras de La Paz, se opusieron frontalmente al impuestazo, el nuevo gravamen directo, progresivo y no deducible, de hasta el 12,5%, con el que el Gobierno esperaba recortar el déficit fiscal, que ascendía al 8,5% del PIB, para poder obtener del FMI una línea de crédito de 4.000 millones de dólares hasta 2005.

Los días 12 y 13 de febrero de 2003 La Paz y sus alrededores fueron verdaderos campos de batalla que enfrentaron a miles de manifestantes, policías en huelga y soldados encargados de imponer el orden. Los disturbios degeneraron en actos vandálicos y saqueos que causaron graves daños en varias oficinas del Gobierno y en sedes de los partidos tradicionales.

Luego de conseguir evadir, protegido por un tupido cordón de seguridad, el asedio al que le habían sometido las turbas en el Palacio Quemado, la sede paceña del Ejecutivo nacional, Sánchez de Lozada se vio forzado a anunciar la retirada del paquete fiscal. Las refriegas, de inaudita violencia, se saldaron con 33 muertos y dos centenares de heridos. Algunos cadáveres presentaban orificios de bala que, según testigos presenciales, correspondían a los disparos realizados por francotiradores del Ejército apostados en edificios altos.

Morales no resultó aplacado por la contramarcha legal del Gobierno. El mismo 13 febrero llamó a observar una huelga en todo el país, seguida de otro paro general de 48 horas para los días 17 y 18. Ambas huelgas generales tuvieron un seguimiento bastante limitado.

Radicalizado como nunca y, daba la impresión, asomándose peligrosamente a la vía inconstitucional e insurreccional, Morales hablaba no solo en nombre de su partido, como el cabeza de la oposición política parlamentaria, sino también como el líder de hecho de los cocaleros y del recién creado Estado Mayor del Pueblo, un frente indígena, campesino y obrero en el que aunaron posturas las Federaciones del Trópico, la COB, la CSUTCB, la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB) y otros colectivos sindicales y sociales.

En vísperas del estallido popular de febrero, Morales afirmó que los indígenas tenían derecho a dotarse de una fuerza armada para defenderse de la represión gubernamental (en apariencia, tal fuerza armada ya existía desde enero, el llamado Ejército de Dignidad Nacional, EDN, formado por campesinos quechuas del Chapare que se mostraron a los periodistas encapuchados a la usanza del EZLN del estado mexicano de Chiapas y exhibiendo un puñado de vetustos mosquetones máuser por todo pertrecho), y ahora acusó al presidente de estar "asesinando al pueblo".

Por su parte, medios gubernamentales acusaron al MAS y a su conductor de planificar los desmanes callejeros como parte de una conspiración para subvertir el poder legítimo y desestabilizar la democracia, que tanto había costado asentar en Bolivia. Sin embargo, los que participaban en las protestas insistieron en su carácter espontáneo, fruto, según ellos, de una rabia popular que crecía de día en día.

Las medidas de apaciguamiento que Sánchez de Lozada aplicó a continuación de su cancelación tributaria (reorganización del Gabinete, supresión de ministerios, renuncia a su sueldo como presidente, desvinculación del ajuste fiscal de la asistencia del FMI, oferta de diálogo social y revisión de la política cocalera) no impresionaron a los sindicatos, los movimientos sociales y las fuerzas políticas de izquierda, que, siguiendo los llamados de Morales, Quispe, Roberto de la Cruz, dirigente del sindicato alteño Central Obrera Regional (COR), y Jaime Solares Quintanilla, secretario ejecutivo de la COB, continuaron en pie de guerra, organizando marchas, bloqueos de carreteras y otras expresiones de desobediencia civil con regusto insurreccional.

Si el bando opositor acogía con pleno escepticismo o desechaba por no creíbles las buenas intenciones transmitidas por Sánchez de Lozada, de lo que no tenía duda era que el poder estaba sometido al diktat de Estados Unidos. Las señales de esta subordinación se amontonaban.

Por ejemplo, el nuevo embajador en La Paz, David Greenle, transmitió al Gobierno la advertencia de que cualquier política tendente a legalizar plantaciones de coca que hasta ahora eran consideradas excedentes constituiría una violación de los compromisos internacionales de Bolivia y de la propia ley boliviana. De nuevo, fueron esgrimidas las amenazas del cese de las ayudas norteamericanas al desarrollo y de la asistencia de los organismos multilaterales de crédito.

Pasado el ecuador de 2003, el motivo principal de la durísima oposición política planteada por Morales empezó a ser otro: la decisión del Gobierno, más o menos definitiva pero aún no anunciada formalmente, de que el gas de Tarija fuera explotado por un consorcio internacional, Pacific LNG, en el que participaban Repsol YPF (la compañía hispano-argentina ya era una de las adjudicatarias de la privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, YPFB, en 1997), British Gas y Pan American Energy, exportado a través de un puerto chileno (las condiciones financieras y técnicas establecían inequívocamente que una facilidad peruana no era factible), quizá a partir de 2008, y vendido a quien quisiera comprarlo, ya fuera México, Estados Unidos, Paraguay o el propio Chile.

El conocimiento de los planes del Gobierno que integraban el MNR, el MBL, el MIR, la NFR y la UCS con respecto al gas puso en marcha en la segunda semana de septiembre de 2003 otra ola de protestas que, a diferencia de los disturbios de febrero, tuvo un carácter sostenido y una dimensión progresivamente nacional, desde su epicentro en el departamento de La Paz, involucrando a más personas y grupos sociales. Esta vez, los manifestantes iban directamente contra Sánchez de Lozada, al que se propusieron descabalgar de la Presidencia.

Gremios profesionales, colectivos sociales y partidos de izquierda hicieron de un asunto coyuntural (aunque de alcance estratégico) como era la venta del gas de Tarija al extranjero, vista con hostilidad, ciertamente, por la gran mayoría de la población, incluso entre las Fuerzas Armadas, y más si los compradores iban a ser Chile y Estados Unidos, el leit motiv de la arremetida contra toda una estructura socioeconómica de exclusión e injusticia que se remontaba al estado de cosas previo a la revolución de 1952, y contra las tendencias librecambistas y de reducción del Estado inauguradas en 1985 con la NPE. Así, en el abanico de demandas de los huelguistas no faltó la derogación del D. S. 21060.

Sentimientos de matiz xenófobo y convicciones políticas socialistas aparte, entre la población existía una profunda desconfianza de que los ingresos de las exportaciones gasíferas, que sin duda iban a aportar pingües beneficios a un ramillete de empresas foráneas, terminaran revirtiendo alguna vez al bienestar de todos los bolivianos en la forma de unas mejores condiciones de vida.

Ya había sucedido en el pasado con la plata, el caucho, el estaño y el petróleo, cuyas ventas en los mercados internacionales, en los años en que había demanda y los negocios podían ser redondos, ni solucionaron los problemas de los pobres ni generaron tejido industrial. Sánchez de Lozada afirmaba categóricamente que las ganancias de la operación, estimadas optimistamente en hasta 1.500 millones de dólares anuales, se iban a destinar de manera exclusiva a financiar proyectos sanitarios y educativos, pero no fue creído.

Algunos no cuestionaban el plan exportador, pero querían que se revisara la Ley de Hidrocarburos, promulgada bajo el primer Gobierno de Sánchez de Lozada en abril de 1996, para permitir al Estado recaudar más por el gas. El actual texto establecía que las transnacionales petroleras que operaban en Bolivia habían de pagar el 18% en regalías sobre ingresos más un 34% sobre los beneficios, fiscalmente deducibles; para la oposición y las organizaciones promotoras de las protestas, y para el MAS en particular, la cifra del ingreso fijo por las regalías no podía ser menor del 50% y toda deducción fiscal debía ser suprimida.

En resumidas cuentas, la elección del puerto extranjero de embarque del gas empezó a importar menos que su propia salida de Bolivia en las condiciones de participación empresarial conocidas o atisbadas y con la actual legislación en la mano, así como antes de generalizarse su uso doméstico e industrial en el país.

La crisis política entró en una fase que hacía imposible su desactivación hacia el 15 de septiembre, cuando campesinos de la ribera del Lago Titicaca bloquearon las carreteras que iban a La Paz con las exigencias de que se pusiera en marcha un plan de desarrollo rural y no se exportara el gas a Estados Unidos.

Cinco días después, un enfrentamiento en la localidad de Warisata, 148 km al noroeste de La Paz, entre fuerzas del orden y paisanos que el Gobierno vinculó a la gente de Quispe, concluyó con la muerte de cuatro civiles y un soldado del retén que escoltaba una caravana de vehículos con 800 turistas que se habían quedado bloqueados por los cortes en las comunicaciones.

El 21 de septiembre la CSUTCB declaró el "estado de sitio" y la "guerra civil indígena" en el Altiplano. En la jornada siguiente, sindicalistas, cocaleros y militantes del MAS constituyeron en Cochabamba una Dirección Única de Defensa del Gas. Era la primera vez que las huestes de Morales fundaban una plataforma en defensa de un bien natural ajeno a su terruño, el Chapare, pero que revestía un interés crucial para el conjunto del país. Con este acto, Morales se puso a empujar con fuerza el ariete antigubernamental.

El 24 de septiembre la COB convocó una huelga general indefinida a partir del día 29 que tenía un carácter descaradamente político, ya que la primera reclamación era la dimisión pura y simple del presidente. En los primeros días de octubre, las manifestaciones, los paros cívicos y los cortes de vías empezaron a colapsar La Paz, mientras que en El Alto, a 14 km del centro de la capital, los violentos choques entre los movilizados y las fuerzas policiales y militares fueron dejando un reguero de muertos. El Gobierno habló de un proceso de "golpe de Estado", pero no se atrevió a declarar el estado de sitio, mientras que la Iglesia católica y diversas ONG denunciaron "una verdadera masacre".

El 13 de octubre, con La Paz a punto de sumirse en la revuelta popular y 20.000 personas manifestándose en sus calles, y con las algaradas extendiéndose a los demás departamentos del país a excepción de los habitualmente pacíficos Beni y Pando, Sánchez de Lozada hizo un anuncio de trascendencia: dejaba en suspenso los planes sobre el gas y convocaba un diálogo nacional que se desarrollaría hasta el 31 de diciembre, en el curso del cual el Gobierno recogería las opiniones de todos los sectores sociales.

Morales y los otros líderes de la protesta se felicitaron por el anuncio sobre el gas, pero según ellos este llegaba demasiado tarde: lo que el presidente tenía que hacer era abandonar el poder sin dilación. La dramática jornada del lunes 13 de octubre terminó con 28 muertos, casi todos producidos en la urbe alteña, lo que elevaba a 63 las víctimas mortales producidas en el último mes en todo el país.

El desenlace dimisionario del acoso a Sánchez de Lozada se produjo el 17 de octubre de 2003, después de caer en saco roto su propuesta de someter a consulta popular y por departamentos las cuestiones de la exportación del gas, la modificación de la Ley de Hidrocarburos y la incorporación de la Asamblea Constituyente en la Constitución, de alertar contra la instauración en Bolivia de una "dictadura narco-sindicalista" y de perder el apoyo de los partidos que conformaban la mayoría congresual.

Tras enviar la carta de renuncia al Congreso, Sánchez de Lozada burló sin dificultad el dispositivo de vigilancia que los enardecidos seguidores de Morales habían montado en torno al Palacio Quemado. Por la noche, el ya ex presidente tomó en Santa Cruz de la Sierra un avión que lo condujo a Miami, primera parada de su exilio en Estados Unidos. Cuando tuvo noticia de que su archienemigo se disponía a huir, Morales instó a la población a que impidiera a Goni abandonar La Paz, pues debía "ser juzgado por delitos de lesa humanidad" y "estar 30 años en la cárcel".

Días después, con Sánchez de Lozada a buen recaudo en Florida, Morales promovió ante la Fiscalía General la apertura contra el mandatario derribado de un pliego de acusaciones que incluía la de "genocidio", en relación con los manifestantes abatidos por las fuerzas del orden.


7. Una oposición fluctuante al presidente Mesa: de la tregua social a la presión callejera

El liderazgo de Morales salió muy reforzado de esta victoria política, que, empero, presentaba un lado amargo por el alto coste en vidas humanas que había tenido. Ya era la personalidad más influyente del país, como su capacidad de movilizar masas acababa de mostrar.

Al nuevo presidente tomado en juramento por el Congreso para completar el mandato constitucional en 2007, el hasta ahora vicepresidente, Carlos Diego Mesa Gisbert, un periodista e historiador no adscrito a ningún partido que había roto con su superior institucional el 13 de octubre nada más conocer el derramamiento de sangre en El Alto, y que venía gozando de bastante respetabilidad por su progresismo, su independencia, su honestidad y su talante conciliador, Morales le concedió la suspensión de los actos de protesta y un período de tregua hasta ver si se concretaban sus propuestas para, tal era el deseo de Mesa, "romper los escenarios de confrontación".

Mesa ofrecía la convocatoria de un referéndum "vinculante" sobre la cuestión del gas, la modificación de la Ley de Hidrocarburos para permitir recaudar más al Estado y el lanzamiento de la Asamblea Constituyente, aunque las imprecisiones de esta agenda presidencial sembraron desconfianzas en el MAS desde el primer momento. Con todo, las constantes apelaciones de Mesa a la paz civil, sus promesas de investigar judicialmente la represión gubernamental en las protestas y su desautorización de la ortodoxia liberal como modelo económico a seguir fueron recibidos por buena parte de la conmocionada sociedad boliviana como un lenitivo tan positivo como esperanzador.

Mientras le daba un respiro al nuevo mandatario, Morales aprovechó para relanzar las relaciones internacionales de su partido y para publicitar su causa fuera de Bolivia. Sus tratos de camaradería con los presidentes cubano Fidel Castro y venezolano Hugo Chávez desataron todo tipo de especulaciones, algunas realizadas con tono de escándalo y alarma, sobre la posible extensión a Bolivia de la alianza estratégica forjada por estos dos caudillos izquierdistas de nula (el primero) o dudosa (el segundo) cultura democrática, al decir de sus detractores.

Que el boliviano se codeara también con el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien a su vez venía cultivando una estrecha colaboración triangular con los dos dirigentes caribeños, no parecía suscitar tanta preocupación; además, a Lula, esas amistades se le recriminaban mucho menos.

A lo largo de 2003 Morales estuvo hiperactivo en los ambientes de la izquierda y la extrema izquierda latinoamericanas. Tendió lazos con la pléyade de organizaciones políticas y revolucionarias integrantes del controvertido Foro de São Paulo, envió al Foro Social Mundial (FSM) de Porto Alegre una comunicación titulada ¡Basta de este modelo neoliberal! y no se perdió el Encuentro Hemisférico contra el Acuerdo de Libre Comercio de Las Américas (ALCA), concebido por Chávez como plataforma de promoción de su Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe (ALBA), que era su respuesta, apoyada por el boliviano con entusiasmo, al proyecto de desarme arancelario panamericano auspiciado por Estados Unidos.

Morales expresó su "solidaridad" con la Revolución Bolivariana iniciada por Chávez en Venezuela y también tuvo palabras de halago para Castro y el régimen cubano. Así, el 30 de octubre, ante la Asamblea del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) reunida en La Habana, el invitado boliviano afirmó que "en América Latina tenemos que construir muchas Cubas" y que "muy pronto vamos a celebrar la transformación de América Latina en otro Vietnam para Estados Unidos". Estas encendidas palabras de Morales fueron recogidas por el diario Miami Herald.

Ya en casa, Morales robó protagonismo a la XIII Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado, celebrada en Santa Cruz de la Sierra los días 14 y 15 de noviembre, al orquestar al mismo tiempo y en la misma ciudad el Encuentro Social Alternativo, una verdadera "cumbre de los pueblos" guiada por la consigna de "otro mundo es posible", según sus participantes,

Desde su sensacional rendimiento en las elecciones generales de 2002, el MAS estaba generando toda una serie de rumores sobre sus fuentes de financiación más allá de la asignación que recibía del Estado en tanto que partido parlamentario.

Producía perplejidad cuánto viajaba, organizaba y movilizaba el líder del MAS. Medios de comunicación derechistas del continente aventaron conjeturas sin pruebas sobre los generosos óbolos de la Venezuela chavista, la Cuba castrista y hasta de la Libia del coronel Muammar al-Gaddafi (cuyo Premio Internacional de los Derechos Humanos del año 2000, dotado con 50.000 dólares, había recaído en Morales) y la guerrilla colombiana de las FARC.

La añeja acusación contra Morales de haber amasado una fortuna con sus actividades cocaleras, con lo que no sería precisamente el labriego y el sindicalista humilde que su aureola pintaba, rebrotaron con fuerza. Desde su exilio en Estados Unidos, Sánchez de Lozada se encargó de azuzar la polémica al confesarse "avergonzado y conmocionado" porque "todos estos narco-sindicalistas, gente corporativa y terroristas", le hubieran desalojado del poder.

Morales negó que hubiera nada irregular o reprobable en la financiación del partido, que este tuviera mecenas políticos de fuera interesados en explotar las luchas bolivianas para sus propios intereses, y que él representara otra cosa que no fuera un movimiento popular de masas genuino e imparable, abogado por igual de, tal como rezaba el manifiesto del partido, "los pueblos indígenas, los campesinos, los obreros y todos los sectores marginados de la sociedad que, oprimida por el modelo neoliberal y la globalización, lucha por sus reivindicaciones, su identidad, su autodeterminación, la soberanía y la dignidad".

Por lo demás, los masistas asumían que ellos solos no iban a "poder frenar la soberbia del Imperio". En febrero de 2004 Morales afirmó que "después de 500 años de resistir hemos decidido tomar el poder", pero con la puntualización de que esa conquista iba a ser por medios democráticos.

Con la mirada puesta en las elecciones generales de 2007, el MAS presentó un Programa Político de diez puntos fundamentales que venía a sintetizar su ideología antineoliberal, anticapitalista y antiimperialista, y cuyo epítome máximo eran los conceptos de "territorio, soberanía y vida". Para Morales y sus conmilitones, el diagnóstico de Bolivia era claro: "el colonialismo interno" había "fracasado en la construcción del un Estado-nación moderno".

El decálogo masista consistía en: 1, Tierra y Territorio: los pueblos originarios estaban en su derecho de poseer y cultivar la tierra en la que vivían; 2, Recuperación de nuestros recursos: el Estado debía revocar los contratos de explotación de recursos naturales, ya fueran los combustibles fósiles, los bosques o el agua, por las transnacionales que menoscabaran la soberanía nacional sobre los mismos; 3, Por un país productivo: para desarrollarse y salir de la pobreza, Bolivia debía sacar partido de los recursos naturales renovables, como la coca, cuya defensa "es la defensa de nuestra historia y nuestra cultura, de nuestro patrimonio como pueblo".

4, Un Estado bajo control social: urgía poner fin a un poder ejecutivo "depredador en función del interés de las transnacionales" y convertir a las instituciones del Estado en "instrumentos al servicio del pueblo"; 5, Las armas son del pueblo: se imponía una reforma profunda de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que estaban "sumidas en la corrupción", partiendo del principio de que "las armas que se les entregan, pertenecen al pueblo y, por tanto, deben estar a su servicio".

6, Educar para la libertad: la reforma educativa, entre otras mejoras, debía garantizar una instrucción primaria realmente gratuita y dejar en manos de los pueblos originarios la enseñanza en sus lenguas nativas; 7, Salud integral y total: la asistencia sanitaria pública debía alcanzar a todos por igual, sin discriminaciones; 8, Cada persona es imprescindible: traducido en hechos, la supresión del servicio militar obligatorio y la integración real de la mujer en la vida pública.

9, La integración es la recuperación de nuestro mundo: toda la acción internacional de Bolivia debía orientarse a la integración latinoamericana y a resistir las tendencias globalistas; y 10, Asamblea Popular Constituyente: formada, no por los políticos profesionales, sino por "representantes de las organizaciones sociales que se reúnan con el mandato expreso de elaborar una Constitución del pueblo y para el pueblo".

En su V Congreso Nacional, celebrado en Oruro del 13 al 15 de diciembre de 2003, el MAS ratificó a Morales como presidente de su Comité Ejecutivo Nacional y candidato a la Presidencia de la República, e hizo una declaración de 21 principios ideológicos, entre ellos la justicia social "sin explotadores ni explotados", el "socialismo comunitario", la "soberanía económica" la "democracia participativa", la postulación de la "filosofía ancestral y milenaria" de los pueblos, la consideración de Bolivia como un "Estado plurinacional", el impulso a la construcción de la "gran patria latinoamericana", la proclamación de la "unidad de destino con los pueblos del Tercer Mundo" y el "rechazo a toda forma de penetración o sojuzgamiento imperialista".

La frágil tregua social concedida a Mesa por Morales y los demás líderes opositores recibió un estímulo en febrero de 2004 con la aprobación por el Congreso de la Ley de Reforma a la Constitución Política del Estado, que introdujo en la Carta Magna los mecanismos participativos de la Iniciativa Legislativa Ciudadana, el Referéndum sobre temas de importancia nacional y la Asamblea Constituyente. Pero empezó a cuestionarse después de la celebración el 18 de julio del prometido referéndum vinculante múltiple –y farragoso, en su articulado- sobre la política energética y la exportación del gas.

Con un 90% de síes y un 60% de participación, Mesa obtuvo un respaldo popular inequívoco para su proyecto de abrogar la Ley de Hidrocarburos de 1996 y sustituirla por una normativa que aumentara las regalías y las tasas del Estado desde el 18% al 50% del valor de la producción del gas y el petróleo.

La nueva regulación del sector reforzaría también el control estatal a través de YPFB, que recuperaría la propiedad de todos los hidrocarburos "en boca de pozo", lo cual supondría la renacionalización de hecho de los yacimientos y eliminar una contradicción que se cernía sobre la Constitución boliviana (la cual garantizaba al Estado la propiedad de los recursos naturales), pero sin expropiaciones o confiscaciones a las operadoras privadas. El gas se concebía ahora como un "recurso estratégico para el logro de una salida útil y soberana al Océano Pacifico", y el Gobierno lo destinaría tanto al abastecimiento interno y al desarrollo industrial como a la exportación.

Morales, a diferencia de Quispe y Solares, no llamó a boicotear la consulta, sino que adoptó una postura de respaldo matizado. Pidió el voto afirmativo para las preguntas sobre la anulación de la Ley de Hidrocarburos, la estatalización de los recursos del subsuelo y la devolución a YPFB del papel central que había tenido antes de las privatizaciones.

Pero demandó el no para los dos últimas cuestiones, que le parecían engañosas, pues a su entender dejaban abierta la puerta a las exportaciones a Chile (por más que Mesa manifestaba que su opción era la de un puerto peruano) sin antes resolver la disputa territorial y no garantizaban debidamente que los beneficios del gas fueran a revertir en la población.

El líder del MAS razonó que boicotear el referéndum no tenía sentido, ya que eso supondría "defender la política" del ex presidente Sánchez de Lozada, y que si Mesa no cumplía con lo prometido, el "clamor popular" ya se encargaría de hacerle rectificar.

Por esta postura, Morales recibió acerbas críticas desde la COB, la CSUTCB, la Coordinadora de Defensa del Gas y otros grupos sociales autónomos, así como acusaciones de dividir al movimiento popular. La COB, donde el masista mantenía la cédula de miembro, llegó a expulsar a Morales de su militancia con la imputación de "traidor".

Ahora bien, con su moderación en este tema, Morales consiguió que no se le identificara exclusivamente con las reclamaciones maximalistas del todo o nada. Además, resultaba coherente apostar por una consulta democrática que se había reclamado hasta la saciedad antes de llegar Mesa a la Presidencia, por más que algunos de sus términos no gustaran por ambiguos o por insuficientes.

Ahora bien, una cosa era dar un margen de confianza al Ejecutivo en la cuestión del gas y otra bien distinta permitirle reanudar la erradicación de cocales en el Chapare, donde la agitación se activó de nuevo. Tocado en su fibra sensible, Morales advirtió a Mesa que la única manera de recobrar la paz en el Trópico era detener la campaña de desarraigos. A últimos de septiembre, el presidente, en una muestra de debilidad, se plegó a la demanda.

En octubre de 2004 Morales quedó moderadamente satisfecho con el borrador de la nueva Ley de Hidrocarburos ultimado por la Cámara de Diputados, que no era el que habría querido Mesa, pero tampoco los sectores más radicalizados del movimiento popular, los cuales exigían "nacionalización con expropiación".

La ley de Evo, como fue bautizada por los medios, iba más allá del proyecto de ley inicial del Gobierno al otorgar un plazo de 180 días a las empresas operadoras (Repsol YPF, Petrobras, BG Group y Total) para que cambiaran de contrato y abonaran al Estado el 50% de sus ingresos (que no de sus beneficios), el 18% en concepto de regalías y el 32% correspondiente al nuevo Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), aplicado a los volúmenes de hidrocarburos en su primera etapa de comercialización y no deducible.

El 5 de diciembre de 2004, en un ambiente caldeado por la emergencia de las movilizaciones callejeras, el estallido de unas bombas de naturaleza claramente terrorista y la denuncia por Morales de que las Fuerzas Armadas y la Embajada estadounidense estaban preparando un golpe de Estado, tuvieron lugar las elecciones municipales y el MAS, por primera vez, fue la fuerza más votada con el 18,4% de los sufragios en todo el país.

Su retroceso de más de dos puntos en relación con las presidenciales de 2002 quedó eclipsado al ser la única fuerza que crecía con respecto a las municipales de 1999: todos los partidos importantes del centroizquierda, el centro y la derecha cayeron en picado.

El tacticismo de Morales, que no pedaleaba su sprint político a piñón fijo, se advirtió con claridad al despuntar 2005, cuando la sorpresiva decisión del Gobierno de reducir los subsidios a los carburantes, causando el inmediato encarecimiento de los mismos, abrió sendos frentes de contestación en Santa Cruz de la Sierra y El Alto.

El primero, sin solución de continuidad, con el estímulo de empresarios, sindicalistas y alcaldes del que era el departamento más industrioso y económicamente más diversificado del país, derivó en un movimiento autonomista y soberanista, y de desmarque de la nueva Ley de Hidrocarburos, por considerarla confiscatoria para las empresas y ahuyentadora de inversiones. El segundo frente, por el contrario, fue el toque a zafarrancho de las fuerzas populares de las tierras altas occidentales, que pasaron a exigir la nacionalización inmediata y completa del gas.

El líder del MAS se encontró en una posición incómoda, emparedado entre estos dos frentes antagónicos de rechazo a las políticas del Gobierno que arrastraban a miles de activistas dispuestos a todo, y sobre todo se arriesgaba a ser alienado en su propio campo, ya que él no lideraba a los grupos alteños, erigidos en vanguardia de la protesta en La Paz, así que se apresuró a romper el pacto tácito que tenía con Mesa, aunque no reclamó su renuncia como presidente.

Morales, además, se puso a fustigar al Comité Cívico de Santa Cruz, al que acusó de ser una pantalla de la "oligarquía" cruceña y de exponer al país a una "guerra civil" con sus pretensiones "secesionistas", y convocó a los cocaleros de Cochabamba a movilizarse contra el principio de aceptación por Mesa de algunas reclamaciones de autogobierno para el departamento oriental sin antes emplazar a la Asamblea Constituyente.

Álvaro Marcelo García Linera, un sociólogo y profesor universitario de ideas marxistas (pese a ser blanco, había sido el ideólogo del EGTK), que asesoraba a Morales y que estaba considerado un soporte intelectual del MAS, explicó el comportamiento de su amigo con estas palabras: "Cuando los radicales se hacen poderosos, Evo se acerca a ellos. Él teme que su base de apoyos pueda perder los elementos más radicales".

En efecto, el MAS acompasó su paso al de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), movimiento cívico con cuartel general en El Alto y liderado por Abel Mamani Marca, que se lanzó al sabotaje puro y duro de las comunicaciones viales y los suministros de la capital para forzar la rescisión del contrato que tenía el consorcio Aguas del Illimani (AISA), cuyo principal socio accionarial era la multinacional francesa Suez Lyonnaise des Eaux, para la distribución de agua potable en La Paz y El Alto.

Empezó así la cuenta atrás para la caída de Mesa, en la que Morales iba a jugar un papel determinante, como hacía menos de dos años lo había jugado en la caída de Sánchez de Lozada. La renovada actitud beligerante del MAS tuvo mucho que ver con el anuncio por Mesa el 6 de marzo de 2005 de que arrojaba la toalla porque su margen de maniobra, con un Congreso que no le secundaba y unos movimientos indígena y vecinal alteño abiertamente hostiles, aseguró, se había reducido a cero.

Aunque la dimisión de Mesa no fue aceptada por los diputados –que era justamente lo que el presidente pretendía-, Morales, sintiéndose el objeto de una maniobra para dejarle aislado en el Congreso, tachó la misma de "posición chantajista al país" y acusó a su tramitador de haberse "desenmascarado como el gran defensor de la privatización".

El jefe opositor no desautorizó a los piquetes de radicales que bloqueaban las carreteras a lo largo de la geografía nacional y paralizaban la actividad económica y comercial en varias ciudades. En estos días de bloqueos y paros salvajes, muchos exasperados ciudadanos vocearon en la calle su rechazo a Morales y su apoyo a Mesa, que según encuestas periodísticas tenía el respaldo de más del 60% de la población.

Más aún, Morales se automarginó del consenso alcanzado por Mesa y los demás grupos parlamentarios para avanzar hacia la negociación de un gran pacto nacional sobre el modelo de país que querían los bolivianos y, muy importante, para aplicar una agenda electoral con tres votaciones diferentes, a saber, la elección de la Asamblea Constituyente, la elección directa de los prefectos departamentales y un referéndum sobre la configuración autonómica del país y el abandono del centralismo; las dos últimas perspectivas electorales estaban destinadas a satisfacer las demandas del Comité Cívico de Santa Cruz.

El malhumor del líder masista fue mitigado el 16 de marzo por la aprobación por la Cámara de Diputados de la nueva Ley de Hidrocarburos, que aunque no era "todo un éxito", con ella, "en su mayor parte, en los puntos centrales", el pueblo boliviano había "ganado". Si Morales no aplaudió el 100% de la ley fue porque a él le habría gustado que el 50% de los ingresos para el Estado correspondiera íntegramente a las regalías, ya que de esta manera se recaudaría mucho más dinero a las operadoras.

En este contexto, Morales anunció un "receso en las protestas", lo que se tradujo, por lo que a su gente respectaba, en el inmediato levantamiento de los bloqueos y el despeje de la carretera principal de acceso a La Paz. Las medidas de presión quedaban suspendidas, hasta ver si el Senado daba su plácet al texto definitivo.

Lo que sucedió fue, sin embargo, que la versión de la ley que la Cámara alta aprobó finalmente el 5 de mayo de 2005 no recogía el deseo comentado arriba, que las regalías fueran del 50%, deseo que a estas alturas ya era una exigencia indeclinable del MAS. De hecho, el texto devuelto por el Senado suponía un retroceso con respecto a la versión aprobada por la Cámara baja en marzo, ya que reconocía implícitamente la validez de algunos contratos de explotación y exploración.

De nuevo, Morales se radicalizó para no quedar a remolque de la CSUTCB y la Fejuve, que demandaban la recuperación por el Estado del gas y el petróleo sin consideraciones de ningún tipo con las compañías privadas.

Mesa, agotando los diez días de plazo que le concedía la Constitución, devolvió la ley sin firmar al Congreso. El presidente del Legislativo, Hormando Vaca Díez, de acuerdo con sus prerrogativas, sancionó el texto el 17 de mayo. Morales, furioso con la actitud de Mesa, y al alimón con sus equivalentes al frente de la CSUTCB, la COB, la COR y la Fejuve, arengó la enésima tanda de protestas antigubernamentales, en las que decenas de miles de indígenas, campesinos y mineros protagonizaron marchas, paros y bloqueos con la violencia a flor de piel, llegando al punto de cercar y paralizar La Paz, ante la pasividad de las fuerzas del orden.

En la cacofonía imperante, Morales, de un día para otro, ora pedía "la intervención militar para frenar a los oligarcas que quieren dividir Bolivia" y coincidía con Quispe, Solares y Mamani en las exigencias de que se impidiera a los cruceños celebrar su referéndum de autogobierno y a cambio se convocaran elecciones a la Asamblea Constituyente, ora se distanciaba del pronunciamiento hecho "a título individual" por dos tenientes coroneles a favor de un "gobierno cívico-militar", ora discrepaba con los tres líderes citados en sus afirmaciones de que había llegado la hora de nacionalizar los hidrocarburos sin contemplaciones, de echar a Mesa del poder y de forzar el adelanto electoral.

Las divergencias en el movimiento popular arrojaron más confusión e incertidumbre a la explosiva situación que atenazaba Bolivia, aunque el 3 de junio todos los cabecillas coincidieron en rechazar la convocatoria por Mesa de elecciones a asambleístas constituyentes y del referéndum nacional sobre las autonomías para el 16 de octubre.

Ante la imposibilidad de contener el pandemónium que se había adueñado del país, Mesa dimitió con carácter irrevocable en la noche del 6 de junio de 2005, escasas horas después de que Morales abrazara las exigencias de la renuncia presidencial y el adelanto electoral.

Con la dinamita arrojada por brigadas de cobistas retumbando en La Paz, los residentes capitalinos aterrorizados, parte de la producción petrolera suspendida por las ocupaciones de campos y cientos de militantes autonomistas y campesinos indígenas sosteniendo enfrentamientos cuerpo a cuerpo en Santa Cruz, la situación podía calificarse de caos total, si no de preludio de una "guerra civil", como angustiosamente advirtió el presidente dimisionario.

El 9 de junio parecía que el presidente del Senado, Vaca Díez, con el sostén del MNR, el MIR, la NFR y el Comité Cívico de Santa Cruz, iba a hacer caso omiso de la advertencia de Morales, que de paso se puso a reclamar la nacionalización "de todos los recursos naturales", no solo los hidrocarburos, y a proclamarse presidente constitucional, pero a última hora de la noche, los congresistas, reunidos en la Casa de la Libertad de Sucre, decidieron el desenlace reclamado por el MAS y sus aliados, y asumido también, en aras de la paz social, por las Fuerzas Armadas, la Iglesia católica y el propio Mesa.

Se procedió pues a otorgar la Presidencia de la República no a Vaca Díez, que era mirista y cruceño, ni al presidente de la Cámara de Diputados, Mario Cossío Cortez, emenerrista y tarijeño, sino al siguiente magistrado estatal contemplado en la previsión constitucional, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, a la sazón Eduardo Rodríguez Veltzé, un juez cuyo apoliticismo debía facilitar, por lo menos, la distensión que el país necesitaba con la máxima urgencia.

Instantes después de aceptar las renuncias de Mesa, Vaca y Cossío a sus respectivos puestos institucionales, el pleno del Congreso designó presidente de la República a Rodríguez Veltzé.

Rodríguez Veltzé ejerció la presidencia interina que Morales había esperado, es decir, un Gobierno de mera gestión que remitió toda decisión sobre las grandes problemáticas nacionales al Ejecutivo que surgiera de las elecciones generales anticipadas, las cuales, tras ser descartada la primera fecha (el 4 de diciembre) decidida por el Congreso, fueron programadas para el 18 de diciembre.

El Legislativo, esta vez con el voto favorable del MAS, abrió también sendos procesos preconstituyente y preautonómico, y previó la celebración en julio de 2006 de las elecciones a la Asamblea Constituyente y el referéndum sobre las autonomías regionales.

En un clima inmejorable para la realización de sus expectativas, Morales, su compañero de boleta para la Vicepresidencia, García Linera, y el partido hicieron capítulo de sus propuestas de gobierno con los fines de "refundar la República de Bolivia", superar "las estructuras sociales y de producción que imponen la exclusión y la discriminación en el estado colonial en que nos tienen viviendo", y lanzar una "revolución cultural que implique cambios en todos los sectores de la comunidad boliviana".


8. Victoria electoral en 2005 bajo las banderas de la nacionalización de los hidrocarburos y la abolición del sistema neoliberal

Bajo el eslogan de ¡Somos pueblo, somos MAS!, Morales enumeró diez medidas básicas "para construir una Bolivia digna, comunitaria, solidaria y productiva":

Dichas medidas eran: la convocatoria de la Asamblea Constituyente; la nacionalización e industrialización de los hidrocarburos, "sin confiscación", con "refundación real" de YPFB y destinación prioritaria del gas de Tarija al suministro doméstico; una Ley de autonomías basada en la "diversidad cultura y regional", que incidiera en la descentralización política, económica y administrativa, y favoreciera la "redistribución justa de la riqueza entre todos los bolivianos"; un Plan de desarrollo productivo, para "poner fin al ciclo neoliberal iniciado con el D. S. 21060".

También: un Plan eficaz de seguridad ciudadana; una Ley contra la impunidad y la corrupción; una Ley de austeridad estatal, o ley tijera; una Ley de tierra productiva con desarrollo rural, concentrado en la liquidación de los latifundios improductivos y la distribución gratuita de fincas entre el campesinado, luego se contemplaba una reforma agraria en toda regla, de tipo socialista clásico; un nuevo sistema de Seguridad Social para lograr "mayor equidad, justicia e igualdad", y para que pudiera hablarse con propiedad de la "soberanía social"; y por último, una la Ley de transformación de la educación y revalorización de la cultura.

Morales, en la vorágine de la precampaña y la campaña, convencido como estaba de que su candidatura iba a aglutinar el voto de los indígenas, los trabajadores y los elementos progresistas de las clases medias, concedió a medios nacionales y extranjeros numerosas entrevistas que buscaron aclarar o desarrollar los puntos de su plan de gobierno, e hizo un sinfín de declaraciones de intenciones a título más personal, algunas con un tono ciertamente contundente, generando un abanico de reacciones que iban desde el presagio catastrofista hasta la expectación eufórica.

En el campo del análisis, una cuestión fundamental se abrió paso: si conquistaba la Presidencia, como parecía más probable, Morales, ¿gobernaría Bolivia con un estilo radical, populista y personalista, como Chávez, o acaso adoptaría una línea de gradualismo, moderación y diálogo político, como Lula?.

Algunos comentaristas opinaban que la decantación por una u otra vía iba a estar ligada al número de votos que Morales obtuviera y a la relación de fuerzas en el Congreso, donde el MAS podría tener que contentarse con la mayoría simple y verse obligado a pactar. Claro que si Morales se revelaba como un presidente contenido y pragmático, bien podría suceder que sus paisanos más radicalizados e impacientes le dieran la espalda mucho antes de terminar el mandato.

Hasta el mismo día de los comicios, Morales, vestido con poncho indígena y blandiendo, como advertencia a "vendepatrias" y "corruptos", un chicote o pequeño látigo para arrear llamas, afirmó muchas cosas: que, si ganaba, el cultivo de coca sería despenalizado y que los 71 contratos de riesgo compartido otorgados a petroleras extranjeras quedarían "automáticamente cancelados"; que, aunque admiraba las políticas aplicadas por los "compañeros y hermanos" Castro en Cuba y Chávez en Venezuela, no se trataba de "importarlas", sino de "compartir experiencias", ya que Bolivia tenía "su realidad"; que los masistas eran los "comandantes para liberar Bolivia" y estaban listos para "enfrentar al imperialismo norteamericano"; o que el Gobierno de Estados Unidos tenía que retirar las tropas de Irak y las instalaciones militares de Latinoamérica, aunque, con todo, estaba invitado al diálogo, pero "sin subordinaciones".

Los últimos sondeos pronosticaban la victoria de Morales en las presidenciales con cinco puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor, el ex presidente Tuto Quiroga, que se presentaba por el nuevo partido Poder Democrático y Social (PODEMOS, el cual llenaba el hueco dejado por la evaporada ADN) y que, aun perteneciendo a las élites tradicionales y teniendo una trayectoria de tecnócrata liberal de centroderecha, se vio obligado -los nuevos tiempos mandaban- a formular un programa orientado a la izquierda; incluso el logotipo de PODEMOS, una estrella roja de cinco puntas sobre fondo también rojo (que a primera vista parecía el emblema de un partido de tipo comunista), abonaba esa impresión de gran preocupación por la cuestión social, o pretendía suscitarla.

Parecía casi seguro que Morales, como los cinco anteriores cabezas del Ejecutivo salidos de elecciones, con una previsión máxima de voto del 35%, no iba a poderse proclamar presidente sin el concurso del Congreso. Puesto que PODEMOS, gracias a su caudal de votos en las tierras bajas y el Oriente, parecía estar en condiciones de obtener el control del Senado, el desenlace final de las presidenciales podría terminar, aventuraban algunos observadores, mal para Morales.

Pues bien, todos los muestreos demoscópicos y análisis políticos se quedaron cortos o resultaron errados. El 18 de diciembre de 2005, con una participación del 84,5% del censo, Morales ganó la Presidencia con un impresionante 53,7% de los votos, seguido por Quiroga con el 28,6% y, a una distancia mucho mayor, con menos del 8% y en orden decreciente, Samuel Doria Medina Auza por la Unidad Nacional (UN), Michiaki Nagatani Morishita por el MNR, Felipe Quispe por el MIP, Gildo Angulo Cabrera por la NFR, Eliceo Rodríguez Pari por el Frente Patriótico Agropecuario de Bolivia (FREPAB) y Néstor García Rojas por la Unión Social de los Trabajadores de Bolivia (USTB).

En las legislativas, el MAS logró la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados con 72 escaños y ganó 12 de los 27 senadores, uno menos de los sacados por PODEMOS. De los 157 congresistas electos, 84 eran masistas. PODEMOS pasaba a ocupar 56 curules, y los 17 diputados restantes se los repartían la UN y el MNR, único partido veterano que retuvo un mínimo de representación. En las legislativas, el naufragio fue total para la NFR y el MIR, del que la UN de Medina Auza era una escisión, pero también para el indigenista MIP.

La distribución del voto de las elecciones presidenciales, legislativas y a prefectos departamentales dibujó un mapa de Bolivia dividido en dos áreas bien diferenciadas: un Occidente andino, cocalero y minero, más indígena y más poblado, que votó en masa por Morales, y un Oriente tropical, con grandes reservas de hidrocarburos, pujante económicamente y más mestizo y criollo, que prefirió a Quiroga y Medina.

A pesar de su sobresaliente rendimiento a nivel nacional, el MAS fue relegado en los comicios prefecturales, donde PODEMOS y una serie de listas regionales que eran sus aliadas le ganaron la partida. Así, si en las generales los masistas fueron los más votados en cinco de los nueve departamentos, y con más del 60% en tres de ellos –La Paz, Cochabamba y Oruro-, las prefecturas ganadas se redujeron a tres. Los casos de La Paz y Cochabamba fueron especialmente paradójicos: allí, Morales arrasó con el 66,6% y el 64,8% de los votos, respectivamente, pero en las votaciones a prefectos el MAS no pasó del 33% en el primer departamento y del 44% en el segundo, viendo frustrada su expectativa de gobernar en ambos.

Después de recibir, en una rápida y loable demostración de cultura democrática, la felicitación de Quiroga, Morales, desde su cuartel general en Cochabamba, inició la cuenta atrás para su toma de posesión el 22 de enero de 2006 con un mandato de cinco años no renovable como el primer presidente indígena en la historia de Bolivia y el segundo de toda Hispanoamérica desde Benito Juárez en el México de mediados del siglo XIX.

En sus primeras alocuciones como mandatario electo para el período de gobierno 2006-2011, Morales dio las gracias a todos los bolivianos, indígenas, mestizos y criollos, gentes del campo y de la ciudad, que habían permitido este triunfo, y prometió gobernar junto a los movimientos sociales.

Asimismo, reiteró su determinación de nacionalizar los hidrocarburos y de derogar las cláusulas contractuales que en la práctica daban a las petroleras el derecho de propiedad sobre los pozos. Si bien las compañías no serían "extorsionadas", no habría tratos con quienes "robaron al país" y "vendieron la patria", puntualizó. También, instó a construir en Latinoamérica el "Tahuantinsuyu" y la "patria grande" soñada por Simón Bolívar.

Hasta su inauguración presidencial, Morales, mientras iba dando forma a su próximo Gobierno y era informado por organizaciones como la COB, la Fejuve y la Confederación de Maestros de que tenía de plazo hasta abril o mayo para hacer honor a sus promesas sobre los hidrocarburos y las mejoras salariales de los colectivos trabajadores, se dedicó a disipar dudas y a certificar aseveraciones relativas al "cambio del modelo económico" pregonado para Bolivia.

Para empezar, con el gas y el petróleo, el nuevo Gobierno iba en serio: habría ejercicio del derecho estatal de propiedad y habría nacionalizaciones, pero como las expropiaciones o confiscaciones de bienes o tecnología quedaban descartadas, tampoco habría indemnizaciones.

El mensaje fue transmitido personalmente por Morales, de manera cortés y conciliadora pero firme, a los jefes de Estado y de Gobierno de los cuatro países europeos, España, Francia, Bélgica y Holanda, incluidos en su gira internacional de presentación, en la primera mitad de enero. A todos ellos el visitante boliviano reclamó además inversiones en su país.

En Madrid, el presidente del Gobierno español, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, anunció a Morales una condonación "sustancial" de la deuda del país andino, que ascendía a los120 millones de dólares, canjeándola por proyectos educacionales.

El 13 de enero Morales fue especialmente atento con el brasileño Lula, descrito como "camarada y hermano", quien recibió de su huésped la garantía verbal de que los bienes de las dos refinerías que Petrobras operaba en Bolivia y que producían el 90% del consumo nacional de combustibles derivados del petróleo no serían nacionalizados. La seguridad jurídica de las inversiones brasileñas en Bolivia estaba garantizada, aseguró el futuro presidente.

La gira internacional de Morales, que abarcó también a China y Sudáfrica, tuvo como primeras paradas, desde el 30 de diciembre, Cuba y Venezuela, y finalizó en Argentina, donde se reunió con el presidente Néstor Kirchner.

En La Habana y Caracas, Morales firmó con Castro y Chávez sendos acuerdos de cooperación (generosa asistencia médica cubana, gasóleo venezolano por productos agrícolas bolivianos) que vinieron a proclamar el nacimiento en el continente de una alianza tripartita anclada en la izquierda. El ALBA, el proyecto "antineoliberal" y "antiimperialista" puesto en marcha por Chávez y Castro en 2004, podía contar desde ya con un tercer y entusiasta socio. Para Morales, sus amigos cubano y venezolano eran "los comandantes de las fuerzas libertarias de América para liberar a América y al mundo".

Por otro lado, Morales tuvo palabras duras para con Estados Unidos. Su Gobierno, recalcó, no aceptaría ayuda norteamericana de ningún tipo, ni de defensa ni económica, si Washington insistía en condicionarla a la lucha contra la droga por medios militares y al desarraigo indiscriminado de cocales.

El próximo jefe del Estado boliviano elevó drásticamente el tono cuando calificó al presidente George Bush de "terrorista": "Bush es el único terrorista, porque es el único que interviene militarmente en los asuntos de otros países. Eso es terrorismo de Estado. Ellos son los asesinos, por practicar el terrorismo de Estado y lanzar una guerra sucia contra nosotros", declaró en una entrevista emitida por la televisión qatarí Al Jazeera.

En su periplo internacional, Morales se mostró al mundo como un presidente electo que no solo rehuía los clásicos traje y corbata, lo que ya de entrada pugnaba con las reglas del protocolo de sus anfitriones, sino que exhibía el vestuario humilde e informal de un sencillo hombre de calle, sin importarle el copete o la solemnidad del entorno.

Llamó particularmente la atención un jersey o chompa de lana de alpaca rayado y tricolor dominado por el gris y el granate; la prenda, que llevó por ejemplo en la recepción por el rey Juan Carlos I en el madrileño Palacio de la Zarzuela, se convirtió de inmediato en la más famosa seña de identidad de Morales. Lógicamente, surgió la pregunta sobre el tipo de indumentaria que Evo luciría en su jura presidencial, que forzosamente tendría que ser de un estilo más formal.

El 21 de enero Morales fue el protagonista en las ruinas magníficas de Tiwanaku, capital espiritual y política de la elevada civilización preincaica que floreció en el Altiplano hasta su colapso en torno al año 1.000 de la era cristiana, de una ceremonia ancestral rebosante de etnicidad y simbolismo a la que asistieron miles de miembros de las etnias del Altiplano.

Ataviado con galas de caudillo indígena que le reconocían como Jacha Mallku (Gran Cóndor) y rodeado de parafernalia precolombina, el próximo presidente, previa purificación ritual, recibió los atributos de mando de los sacerdotes, los cuales impetraron al Inti, el Dios Sol, y a la Pachamama, la Madre Tierra, para que le ayudaran en la tarea que tenía por delante. A los congregados, Morales les anunció el comienzo del "nuevo año para los pueblos originarios del mundo" y su convicción de que "solo con la fuerza del pueblo, con la unidad del pueblo, vamos a acabar con el modelo colonial y el modelo neoliberal".

Al día siguiente, 22 de enero de 2006, tuvo lugar la toma de posesión presidencial en el Congreso Nacional de La Paz en presencia de una decena de líderes latinoamericanos, entre ellos Chávez, Lula, Kirchner, el peruano Alejandro Toledo y, muy significativamente, el chileno Ricardo Lagos, primer mandatario de su país en pisar suelo boliviano para la asunción de un presidente.

Antes de la ceremonia oficial, Lagos fue recibido por Morales en su modesto piso de soltero en la capital, que compartía en régimen de alquiler con otros responsables del MAS. Aunque no estaba casado, Morales era el padre reconocido de dos niños pequeños, Eva Liz Morales Alvarado y Álvaro Morales Paredes, los cuales vivían con sus respectivas madres, Francisca Alvarado y Marisol Paredes.

Vestido con un traje negro de alpaca con ribetes marrones, camisa blanca desabotonada al cuello y sin corbata –el elegante conjunto, de reminiscencias indígenas, fue diseñado para la ocasión por la modista Beatriz Canedo Patiño-, el nuevo jefe del Estado pronunció un duro discurso rebosante de reproches, denuncias y reivindicaciones.

El mandatario, tras pedir un minuto de silencio en memoria de los líderes históricos de la resistencia inca contra los españoles, los dirigentes del indigenismo boliviano, el Che Guevara, los cocaleros de Cochabamba, los paisanos de El Alto, los mineros y todos los demás caídos y "mártires por la liberación", arremetió contra la clase política y sus predecesores en el cargo, condenó el "todavía vigente Estado colonial", prometió trabajar para "acabar con 500 años de injusticia, desigualdad, discriminación y opresión" sufridas por aymaras, quechuas y guaraníes, y anunció un Gobierno capaz de liderar la "refundación" de Bolivia, magna empresa que comenzaba con la instalación el 6 de agosto de una Asamblea Constituyente.

Tras el traspaso de poderes, Morales presenció desde el Palacio Quemado, en lo sucesivo su lugar de trabajo institucional (en tanto que su nueva vivienda iba a ser la Residencia Presidencial de San Jorge, un enorme edificio al que accedieron a mudarse también, para hacerle compañía, el vicepresidente García Linera, el presidente del Senado, Santos Ramírez Valverde, y el presidente de la Cámara de Diputados, Edmundo Novillo Aguilar), un desfile militar y asistió a un acto popular en la Plaza de los Héroes, escenario de violentas protestas en el pasado reciente.


9. Los hitos domésticos de primer mandato: el decreto Héroes del Chaco, la Constitución del Estado plurinacional y el desafío autonomista del Oriente

Evo Morales se estrenó en el Palacio Quemado con el estilo resolutivo que había anunciado. El programa de transformaciones para el país diseñado por el MAS era muy apretado y las expectativas generadas en la población, enormes.

A los miembros del Gobierno, reclutados entre sus compañeros y aliados de los movimientos y colectivos indígena, campesino, vecinal y minero, y de los círculos académicos e intelectuales de izquierdas (entre los nombrados para el Gabinete estaba por ejemplo Abel Mamani, el combativo dirigente alteño, nuevo ministro sin cartera encargado del Agua), Morales les exigió "cero burocracia" y "cero corrupción".

Para dar ejemplo de austeridad, todos los miembros del Ejecutivo veían reducidos sustancialmente sus emolumentos. En el caso del presidente, el recorte ascendía al 57%, pasando a percibir Morales un sueldo de 15.000 bolivianos, al cambio 1.856 dólares. Por ley, este era el nuevo tope salarial para cualquier funcionario público en Bolivia. Los miembros del Congreso fueron instados a que ajustaran sus honorarios en consonancia. Por otro lado, se anunció que la hermana mayor del mandatario, Esther Morales Ayma, que regentaba una modesta carnicería en Oruro, haría las funciones de primera dama.

El 8 de marzo de 2006, días después de ser reelegido por sus colegas cocaleros presidente del Comité de Coordinación de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, acto en el que reiteró la necesidad de un modelo productivo equilibrado entre la inaceptable "cero coca" y el tampoco deseable "cultivo libre", Morales decretó la creación del Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral (VCDI).

Dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, el VCDI era, según sus promotores, "la entidad gubernamental responsable de proponer políticas y coordinar acciones de desarrollo integral para la sustitución de las economías basadas en la hoja de coca y la racionalización voluntaria de los cultivos excedentarios en los Yungas de La Paz y el Trópico de Cochabamba".

Posteriormente, en mayo, Morales anunció la puesta en marcha de tres proyectos de industrialización de la hoja de coca en el Chapare y los Yungas "con fines benéficos para la humanidad", así como el lanzamiento de un plan de "reducción voluntaria" de los cultivos de coca "sin represión". 12.000 hectáreas de cocales en todo el país era la divisoria entre cultivos lícitos e ilícitos según la ley antidrogas: por debajo de esa superficie total, los cocaleros podían plantar cosechas de hoja destinada a usos medicinales y religiosos; si el tope legal era rebasado, los excedentes debían someterse a procesos de eliminación o reconversión agrícola.

El Decreto Supremo 28701
Si se quería "cambiar el modelo económico", lo primero era acometer la estatalización definitiva de los recursos hidrocarburíferos del país. El 1 de mayo de 2006, Día del Trabajador, en plena trifulca con Repsol YPF y otras compañías petroleras, acusadas por el Gobierno de cometer "contrabando" y de deber al Estado tributos por 40 millones de dólares, Morales, mediante el Decreto Supremo 28701, hizo realidad por sorpresa la que probablemente era su promesa estrella.

Con el sobrenombre de Héroes del Chaco, para subrayar su relevancia histórica, el D. S. 28701, no sin invocar el resultado del referéndum de 2004 en lo tocante a la Ley de Hidrocarburos, establecía la recuperación por el Estado de "la propiedad, la posesión y el control total y absoluto" de la riqueza petrolífera y gasífera, de manera que esta volvía "a manos de la nación" para ser "utilizada en beneficio del país".

El decreto advertía también que las actividades de exploración y producción de hidrocarburos se estaban llevando adelante "mediante contratos que no han cumplido con los requisitos constitucionales y que violan expresamente los mandatos de la Carta Magna al entregar la propiedad de nuestra riqueza hidrocarburífera a manos extranjeras". Este proceder, junto con el proceso de "capitalización y privatización" de YPFB, entrañaba "no solo un grave daño económico al Estado, sino además un acto de traición a la patria, al entregar a manos extranjeras el control y la dirección de un sector estratégico, vulnerando la soberanía y la dignidad nacionales".

En consecuencia, las operadoras extranjeras disponían de un plazo de 180 días, hasta octubre, para "entregar en propiedad" a YPFB toda la producción de hidrocarburos y para ponerse a renegociar sus contratos de explotación a fin de regularizar su actividad conforme a la normativa vigente.

Un punto clave del decreto era la parte de la factura que pasaban a ingresar las arcas públicas en el período transitorio de seis meses, mientras se negociaban los nuevos contratos. Ahora, para los campos de gas natural cuya producción diaria superara los 100 millones de pies cúbicos (de hecho, solo dos, el San Alberto y el San Antonio-Sábalo, operados conjuntamente por Petrobras, Repsol YPF y Total), el 82% de los ingresos se lo embolsaría el Estado y el 18% restante se lo quedarían las compañías.

El 82% de cuota estatal se desglosaba de la siguiente manera: el 32% por vía impositiva (el IDH), otro 32% a través de una participación adicional de YPFB, que en el futuro tendría al menos el 50% más uno del capital de las sociedades operadoras, y el 18% en concepto de regalías. El Gobierno aseguraba que el nuevo esquema contable, aunque altamente favorable para el Estado y el pueblo bolivianos, preservaba la rentabilidad del negocio privado de los hidrocarburos en el país andino.

Morales, que días más tarde volvió a dar la campanada con el decreto del final de la desregulación del mercado de trabajo y el aumento del salario mínimo de los 440 a los 500 bolivianos (al cambio, de 55 a 62 dólares, avance que sin embargo estaba muy lejos de la triplicación prometida durante la campaña electoral), quería dejar claro el carácter expeditivo de Héroes del Chaco. Así que, inmediatamente después de la firma del decreto en el Palacio Quemado, contingentes de soldados de las Fuerzas Armadas y funcionarios de YPFB procedieron a desplegarse en un centenar largo de instalaciones petroleras y gasolineras para dejar patente la reasunción del control del sector por el Estado.

El decreto de estatalización y las "tomas simbólicas" no dejaron al margen las dos refinerías que Petrobras operaba en Santa Cruz, la Guillermo Elder Bell de Palmasola, y Cochabamba, la Gualberto Villarroel de Valle Hermoso. Las disposiciones oportunas fueron impartidas por el presidente, casco en ristre, desde el Campo San Alberto, en Caraparí, Gran Chaco, Tarija, el más rico yacimiento gasífero de Bolivia, que también explotaba Petrobras.

Estas formas, más que el fondo, causaron un considerable enfado al Gobierno Lula, que habló de "gesto no amistoso" por parte de La Paz. Sin embargo, YPFB insistía en que la recuperación de las inversiones de Petrobras estaba garantizada. Hasta que se llegara a un arreglo satisfactorio sobre las eventuales compensaciones económicas que Brasilia esperaba percibir y sobre la nueva tarifa del gas importado de Bolivia, que La Paz quería encarecer, el gigante sudamericano decidió congelar sus inversiones en el sector de los hidrocarburos en Bolivia. Con España también se emprendió una compleja negociación intergubernamental, en este caso en relación con los intereses de Repsol.

Junto con el despliegue propagandístico en torno a los pozos, menudeaba una retórica patriótica con acentos agresivos y a veces, además, contradictorios. El mensaje internacional de Morales, y así lo voceó en la IV Cumbre Unión Europea-América Latina y el Caribe, celebrada en Viena el 12 de mayo, era que allá donde los capitales foráneos opusieran resistencias a las nuevas condiciones de la explotación, más si había de por medio un historial de "robos" a los bolivianos bajo los antiguos contratos de privatización, el Estado rescindiría derechos de explotación y nacionalizaría sin miramientos, ya que le asistían la ley y la Constitución.

Las firmas afectadas podrían recuperar sus inversiones, pues estaban en su derecho a ello, pero no les cabía esperar ninguna indemnización por el Estado, aseguró el mandatario. En la capital austríaca, Morales arremetió duramente contra Petrobras citándola por su nombre.

Tras múltiples tiras y aflojas, la docena de compañías extranjeras con negocios energéticos en Bolivia se plegó a firmar sus nuevos contratos y a acatar las disposiciones del D. S. 28701. El plazo de 180 días expiró el 28 de octubre habiendo sobre la mesa sendos acuerdos generales con Petrobras, Repsol YPF y las restantes empresas, aunque aún quedaba mucha letra pequeña por aclarar y diversas cuestiones por cerrar.

Finalmente, los 44 nuevos contratos entre YPFB y las compañías fueron promulgados el 3 de diciembre de 2006, pero su entrada en vigor se retrasó hasta mayo de 2007 al descubrirse numerosos errores técnicos y presuntas irregularidades en su elaboración. En marzo de 2007 el embarazoso desaguisado obligó a Morales a destituir como presidente de la compañía estatal a Manuel Morales Olivera, quien no llevaba ni dos meses en el cargo.

Posteriormente, a partir de 2008, mediante las nacionalizaciones y compras oportunas, el Estado boliviano adquirió paquetes accionariales mayoritarios en cinco sociedades petroleras.

Así, YPFB pasó a tener entre el 50% más uno y el 100% de las acciones, según los casos, de la Compañía Logística de Hidrocarburos Boliviana (CLHB, hasta entonces un consorcio peruano-alemán), Andina (filial de Repsol YPF), Chaco (gerenciada por la firma argentina Pan American Energy, a su vez un consorcio de British Petroleum y la también argentina Bridas), Transredes (administrada por la británica Ashmore y la anglo-holandesa Shell) y Petrobras Bolivia Refinación.

Además, en abril de 2008 se puso en marcha la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBIH), concebida como la instancia responsable de promover en el sector proyectos industriales capaces de generar excedentes económicos y valor agregado útiles para el desarrollo.

La reforma agraria y las nacionalizaciones no hidrocarburíferas
Similar orientación normativa tuvo el paquete de siete decretos (del 28732 al 28738) para la distribución de tierras fiscales y el control de los recursos forestales emitidos el 2 de junio de 2006. La "revolución agraria" de Morales echaba a andar con la orden de entrega a campesinos indígenas pobres de títulos de propiedad sobre 2,5 millones de hectáreas de predios estatales. Los primeros títulos fueron entregados por Morales en persona en un acto simbólico y multitudinario celebrado en Santa Cruz.

El segundo hito de la transformación desatada por Morales en el campo boliviano fue la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, modificatoria de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria de 1996.

Aprobada por el Senado el 28 de noviembre de 2006 y promulgada por Morales al día siguiente con gran alborozo de los campesinos y colonizadores que venían presionado al Congreso mediante movilizaciones azuzadas por el propio presidente, la Ley amparaba los principios de la redistribución de tierras y el desmantelamiento de los latifundios al permitir que, con carácter transitorio, hasta que se aprobara la nueva Constitución nacional con sus disposiciones sobre la materia, aproximadamente una quinta parte de las tierras cultivables del país fuese entregada a los labradores paisanos para su explotación como fundos, no privados, sino comunitarios. La mayoría de los terrenos objeto de la reforma estaban en los departamentos de Santa Cruz, La Paz y Pando.

La nueva norma descansaba en el concepto integral de la Función Económico Social (FES). Su interpretación era la siguiente: que la consolidación del derecho de propiedad agraria y la posesión efectiva de un predio de labor se verificaban mediante su explotación económica continuada con los procedimientos considerados lícitos. Quienes con arreglo a la FES labrasen tierras que sobre el papel no eran suyas, podrían reclamar al Gobierno su entrega. En suma, Morales recuperaba para Bolivia el viejo lema zapatista de "la tierra para el que la trabaja".

El presidente garantizaba que las tierras que permanecían "ociosas" y "baldías" pero que tenían valor para el cultivo serían repartidas de forma equitativa y de acuerdo con las necesidades de desarrollo de la nación. Ahora bien, muchas de estas fincas eran propiedad de terratenientes que las mantenían improductivas. De ellos, el Gobierno esperaba que "aceptaran calladitos" la campaña de redistribución en marcha; de lo contrario, amenazó Morales, el Ejecutivo no dudaría en recurrir a la "reversión", es decir, la expropiación y la confiscación.

Es lo que, por ejemplo, sucedió en febrero de 2009 con 36.000 hectáreas de tierras de hacendados en la región del Alto Parapetí, en la provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz, 15.000 de ellas propiedad de la familia estadounidense Larsen Metenbrink. Las fincas fueron expropiadas al amparo de la Ley de Tierras de 2006 y de la recientemente promulgada Constitución Política de Bolivia (véase infra), y bajo la acusación de que en ellas los jornaleros guaraníes, destinatarios de esta reversión, eran sometidos por sus patrones a una verdadera servidumbre de resabio feudal.

El ímpetu nacionalizador y socializante del Gobierno del MAS no se limitaba a los hidrocarburos y el agro. Hasta el final de su primer mandato presidencial, Morales redujo considerablemente el peso del sector privado de propiedad extranjera, vía nacionalizaciones directas o aumentado la cuota estatal en los paquetes de capital.

Hasta 2010, las nacionalizaciones tocaron en mayor o menor grado a los sectores minero-metalúrgico (el complejo Vinto, en Oruro, encargado de la fundición de estaño y antimonio, incautado a sus dueños suizos en febrero de 2007, y el campo de estaño de Huanuni, el centro minero más lucrativo del país, devuelto íntegramente a la COMIBOL en octubre de 2006), la telefonía (la compañía ENTEL, hasta entonces en manos de la multinacional italiana Euro Telecom, recobrada por el Estado en mayo de 2008), los ferrocarriles (ENFE, en julio de 2007) o los servicios de agua y saneamiento (Aguas del Illimani, cuyo contrato de explotación en La Paz y El Alto fue rescindido a la francesa Lyonnaise des Eaux en enero de 2007).

El Plan Nacional de Desarrollo
La estatalización de los hidrocarburos, la socialización de los latifundios, la campaña de nacionalizaciones en los sectores estratégicos de la economía o el Bono Juancito Pinto, un programa de transferencias monetarias directas a las familias con hijos de pocos recursos para sufragar los costes de su escolarización, eran solo algunas de las patas en que se sustentaba el Plan Nacional de Desarrollo "Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien".

Presentado por el presidente el 16 de junio de 2006 y aprobado mediante el D. S. 29272 el 12 de septiembre de 2007, el PND proclamaba la meta general de avanzar hacia el "Estado social, plurinacional y comunitario", lo que requería el "desmontaje del colonialismo y el neoliberalismo" en el país. El modelo al que se le levantaba acta de defunción debía dar paso a otro que permitiera la "convivencia equilibrada y la complementariedad con equidad" de las economías "estatal, comunitaria, mixta y privada", rezaba el plan.

El PND trazaba una serie de objetivos muy precisos hasta 2011 en los capítulos económico y de los estándares de vida de la población: obtener un crecimiento promedio del PIB del 6,3%, tasa muy exigente que duplicaba el 3% de media registrado entre 2000 y 2005; disminuir la pobreza del 58,9% que había en 2005 al 49,7%, y la pobreza extrema desde el 35,3% al 27,2%; reducir el desempleo oficial del 8,4% al 4%; elevar la renta per cápita de los 1.000 a los 1.411 dólares; y rebajar la desigualdad medida en términos de diferencia entre el ingreso del 10% más rico con relación al 10% más pobre de 27 a 21 veces.

El plan gubernamental se planteaba asimismo diversas metas de desarrollo y eficiencia en el acceso al agua potable, el saneamiento en los hogares, la recogida y tratamiento de aguas y sólidos residuales, los servicios de electricidad y gas, y el parque de viviendas.

Aunque el vendaval de reformas antineoliberales lo estaba convirtiendo en mero papel mojado, el D. S. 21060 de 1985, curiosamente, no fue derogado por el momento. Al parecer, el Gobierno consideraba que su caducidad formal no dejaría de ser un acto meramente simbólico.

El convulso recorrido de la Asamblea Constituyente de 2006-2007
La colocación de otra de las piedras angulares de la "refundación nacional" anunciada por el MAS en la última campaña electoral, a saber, la convocatoria de una Asamblea Constituyente encargada de elaborar la Constitución de la nueva "Bolivia digna, comunitaria, solidaria y productiva" y de dar el debido traje legal al "Estado social, plurinacional y comunitario" concebido por Morales, se hizo esperar incluso menos que la nacionalización de los hidrocarburos y el arranque de la reforma agraria.

El 6 de marzo de 2006, el presidente, previa aprobación por el Congreso, dio trámite a la Ley de Convocatoria a Referéndum Nacional Vinculante a la Asamblea Constituyente para las Autonomías Departamentales. La Ley fijaba la fecha del 2 de julio del año en curso para la celebración de dos procesos electorales: las votaciones a la Asamblea Constituyente y el referéndum sobre la creación del Estado de las autonomías, reclamado con insistencia por el Oriente pero del que el Gobierno central ahora no quería saber nada.

Morales justificaba su rechazo a las autonomías porque, según él, esta descentralización territorial no serviría para otra cosa que para beneficiar a los "oligarcas" regionales, los cuales ya hablaban abiertamente de federalismo. Sin embargo, el presidente no podía desdecirse sin más de su respeto a la voluntad popular en torno a esta cuestión: el año anterior, cuando la presidencia de Rodríguez Veltzé, los diputados del MAS habían votado a favor de arrancar el proceso preautonómico y, más todavía, en su programa electoral, el partido había propugnado una Ley de Autonomías.

En el referéndum de julio iba a preguntarse a los bolivianos si aceptaban dar a la Asamblea Constituyente el mandato vinculante para establecer un régimen de autonomía departamental, aplicable inmediatamente después de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado en aquellos departamentos donde ganara el a la presente cuestión. Se suponía que la autonomía supondría la elección directa de las autoridades departamentales y la transferencia de competencias ejecutivas, capacidad normativa y recursos financieros desde el Gobierno nacional.

Precedida por las primeras grandes reformas de calado económico que remaban en la dirección de la instalación de la Constituyente pero también por sucesos (las movilizaciones y bloqueos cruceños en exigencia de la ejecución del proyecto siderúrgico de El Mutún y contra la decisión del Gobierno de cerrar una fundición de arrabio de la empresa brasileña EBX por su posible impacto medioambiental; en relación con lo anterior, la breve retención de tres ministros por los vecinos de Puerto Suárez; la destitución por Morales del jefe del grupo parlamentario del MAS, Gustavo Torrico Landa, por presunta corrupción) que podían ser vistos como preavisos de turbulencias más serias por venir, Bolivia celebró sus votaciones con doble urna el 2 de julio de 2006.

En las elecciones a la Constituyente, el MAS obtuvo el 50,7% de los votos y capturó 137 de los 255 escaños. Se trataba de una victoria contundente pero que quedaba lejos de la mayoría de los dos tercios, con la que Morales había llegado a ilusionarse y sin la cual los masistas estaban obligados a negociar con la oposición el contenido y el calendario de la próxima ley suprema. PODEMOS metió a 60 representantes en la Asamblea y la Unidad Nacional, ocho. En cuanto al referéndum sobre las autonomías, este arrojó unos resultados matizados que iban a dar pábulo al ulterior conflicto de 2007-2008.

Así, en el conjunto del país, para satisfacción del MAS, se impusieron los votantes contrarios a la reforma territorial, que fue rechazada por el 57,6% de los bolivianos. Sin embargo, el triunfó en cuatro de los nueve departamentos, los de la región oriental y el extremo sur subandino, es decir, Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija, que eran precisamente los que habían votado mayoritariamente a PODEMOS en las generales de 2005. En Beni, la autogestión departamental mereció un 73,8% de apoyos. En el otro extremo estaba Oruro, el departamento más hostil a la descentralización, donde el no rebasó el 75%. La participación nacional superó el 84%.

Morales orquestó la sesión inaugural de la Asamblea Constituyente el 6 de agosto de 2006 en Sucre, la capital constitucional del país. "Estamos ante la refundación de Bolivia y estamos obligados a entendernos", afirmó el presidente al exhortar a los diputados constituyentes a buscar acuerdos por consenso. El plazo marcado a los asambleístas para redactar el nuevo texto constitucional y aprobarlo era de un año.

Contrariamente al espíritu de concordia invocado por los discursos en el día de su instalación, la Asamblea Constituyente se convirtió de buenas a primeras en un áspero escenario de confrontación entre el Gobierno y la oposición derechista.

Al comenzar septiembre, mientras el Ejecutivo hacía frente a una ola de reclamaciones sindicales, a los primeros conflictos en el campo por la confiscación y el reparto de parcelas, y al macroescándalo del agujero financiero y los chanchullos que atenazaban a YPFB (situación que costó sus cargos al presidente de la entidad y militante del MAS, Jorge Alvarado, al superintendente de Hidrocarburos y denunciante de las presuntas irregularidades, Víctor Hugo Sáinz, y a otros altos funcionarios del área energética), Morales forzó un cambio del reglamento de la Asamblea, de manera que la futura Ley Fundamental pudiera ser aprobada, no por mayoría de dos tercios, como establecía la ley y toda tradición política, sino por mayoría absoluta, de la que sí disponía el MAS

Las nuevas reglas del juego introducidas unilateralmente por los diputados masistas, que revistieron a la Asamblea de "poderes originarios" para proceder de esta manera, encolerizaron a la oposición parlamentaria y a los autonomistas orientales, que acusaron a Morales de perpetrar un "autogolpe de Estado" y de poner un pie en la "dictadura". Los detractores del oficialismo cargaban contra las maniobras del MAS en la Asamblea, contra el propio borrador constitucional que manejaba el partido del Gobierno, contra la próxima Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria y contra el patente desinterés de Morales en viabilizar el régimen autonómico a pesar de gozar del respaldo de la mayoría de los ciudadanos en cuatro departamentos.

A principios de octubre, la sangrienta batalla campal entre mineros de la COMIBOL y cooperativistas privados por el control del cerro Posokoni, gran yacimiento de estaño del complejo minero de Huanuni, saldada con 16 muertes, metió más presión a Morales, al que la COB, sindicato que se suponía adherido al campo progubernamental, amenazó con la solicitud de un juicio político.

El 7 de octubre de 2006, para templar los ánimos, el presidente cesó a su ministro de Minería, Wálter Villarroel, acusado por el sindicato minero de ser el principal responsable del ataque de los cooperativistas de Huanuni. El fuego graneado que recibía a derecha e izquierda puso nervioso a Morales, que a mediados de octubre, en una entrevista concedida al diario francés Le Monde, denunció que una "terrible conspiración" de ex militares urdida en Santa Cruz había intentado asesinarle días atrás en el curso de un mitin en La Paz, donde debió llevar puesto un chaleco antibalas.

El jefe del Estado incurrió también en bruscas retractaciones: el 31 de octubre, días después de pregonar la inminente nacionalización de toda la minería boliviana siguiendo la senda del gas y el petróleo, Morales dejó decepcionados a los sindicatos del sector con la emisión del D. S. 28901, que restringía la estatalización a los yacimientos mineros de Huanuni, los cuales retornaban al "dominio total" de la COMIBOL. El presidente justificó la postergación de la nacionalización integral de la minería por la carencia que había de "ciertos recursos económicos" en estos momentos y porque "no queremos cruzarnos" con la nacionalización de los hidrocarburos, que todavía no estaba plenamente consolidada.

El pulso entablado por Morales y sus antagonistas políticos, es decir, la oposición parlamentaria de PODEMOS y la Unión Nacional más el Comité Cívico de Santa Cruz, poderosa institución que aglutinaba a más de 200 organizaciones de la sociedad civil cruceña, desde latifundistas hasta campesinos pasando por empresarios y profesionales urbanos, imposibilitó que la Asamblea cumpliera la misión de dotar a Bolivia de una nueva Constitución transcurrido un año de sesiones.

Las movilizaciones, las huelgas y los bloqueos de los autonomistas, tildados por el Gobierno central de "separatistas" y "provocadores" con afanes de "desestabilización", y sus choques violentos con militantes masistas, amén de la virulenta pugna surgida entre La Paz y Sucre sobre qué ciudad debía obtener la "capitalidad plena" del país, neutralizaron el efecto positivo que podría haber tenido la contramarcha de Morales en lo relativo al sistema de voto para aprobar todos y cada uno de los artículos de la nueva Constitución. En enero de 2007 el presidente dijo someterse a las disposiciones de la Ley de Convocatoria y de la propia Carta Magna vigente, luego se restablecía la exigencia de la mayoría de los dos tercios.

El 6 de agosto de 2007 expiró el plazo inicial y la Asamblea se dio a sí misma tiempo extra hasta el 14 de diciembre. Tan solo nueve días después, la Constituyente se vio obligada a suspender sus trabajos a causa de los disturbios que provocó la decisión de la mayoría oficialista de sacar de la agenda el debate sobre la sede de los poderes del Estado, que se disputaban Sucre, la capital oficial y sede del Poder Judicial, y La Paz, sede del Ejecutivo y del Legislativo.

Llegado noviembre, Morales, harto de la parálisis, que posponía sine díe sus planes de refrendar la Constitución en las urnas e inmediatamente después llamar a unas elecciones generales a las que volvería a presentarse con plena confianza en la reelección, decidió cortar por lo sano. Al final, el borrador de Constitución iba a salir adelante, pero en circunstancias de máxima convulsión, rodeado de violencias, anomalías e irregularidades.

El día 23 el presidente forzó la reanudación de los debates constituyentes en un histórico edificio de Chuquisaca próximo a Sucre, el Castillo del Principado de La Glorieta, convertido en la sede del Liceo Militar del Ejército Teniente Edmundo Andrade.

En la jornada siguiente, con el boicot de los indignados partidos de la oposición conservadora y mientras en las calles se producían fuertes enfrentamientos entre manifestantes y policías con el resultado de tres muertos y más de un centenar de heridos, 136 asambleístas sobre 138 presentes votaron y aprobaron a mano alzada el índice de la nueva Constitución en el interior del acuartelamiento militar y rodeados de fuertes medidas de seguridad. El texto en primera instancia recibió la luz verde, pues, con mayoría absoluta y no de dos tercios.

Morales despreció la "huelga de ricos" convocada por el Comité Cívico de Santa Cruz para repudiar la nueva Carta Magna y sorprendió a sus adversarios con el órdago de que estaba dispuesto a someterse a un plebiscito sobre su continuidad en el poder. "Si el pueblo dice 'se va Evo', no tengo ningún problema, soy más demócrata", afirmó.

Ahora bien, ese referéndum de revocación, que quedaba incorporado como mecanismo democrático en el nuevo texto constitucional, iba a afectar también a los nueve prefectos departamentales. "El pueblo dirá quiénes se van y quiénes se quedan para garantizar este proceso de cambio", añadió Morales en su mensaje dirigido a la nación el 6 de diciembre.

El documento definitivo, con su preámbulo, sus 411 artículos y sus 10 disposiciones transitorias, fue aprobado en una sesión maratoniana celebrada en unas instalaciones universitarias de Oruro, en terreno no hostil a Morales, el 9 de diciembre de 2007 con la presencia de 164 asambleístas. Las votaciones de todos y cada uno de los artículos obtuvieron mayorías de dos tercios.

Las características de la nueva Carta Magna
La decimoséptima Constitución en la historia de Bolivia era rica en cambios y novedades, como correspondía a su vocación refundacional. Para empezar, en su Preámbulo, proclamaba que los bolivianos dejaban "en el pasado el Estado colonial, republicano y neoliberal", y asumían "el reto histórico de construir colectivamente el Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario". Este era el modelo de Estado en que se constituía Bolivia (art. 1). La República de Bolivia, denominación oficial vigente desde 1868, daba paso al Estado Plurinacional de Bolivia.

Sobre el tema de la capitalidad, en cambio, todo seguía igual: Sucre permanecía como la capital oficial y sede de los órganos judiciales, y La Paz como la capital político-legislativa-administrativa.

El art. 4 establecía que el Estado "respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales, de acuerdo con sus cosmovisiones", y que era "independiente de la religión", luego el Catolicismo perdía el carácter de religión oficial en Bolivia.

El art. 5 declaraba como idiomas oficiales, además del castellano, a 36 lenguas de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. El reconocimiento de los derechos y tradiciones de los indígenas se extendía a aspectos tales como la wiphala, su bandera, que recibía la consideración de símbolo estatal (art. 6), sus principios ético-morales en sociedad, que el Estado asumía y promovía (art. 8), sus sistemas políticos, jurídicos y económicos, que podían ejercitar "acorde a su cosmovisión" (art. 30), y los recursos naturales de sus territorios, que podían gestionar y aprovechar de manera autónoma (art. 30).

Hasta la coca tenía dedicado un artículo, el 384, que decía lo siguiente: "El Estado protege a la coca originaria y ancestral como patrimonio cultural, recurso natural renovable de la biodiversidad de Bolivia, y como factor de cohesión social; en su estado natural no es estupefaciente. La revalorización, producción, comercialización e industrialización se regirá mediante la ley".

El capítulo cuarto del título II (sobre derechos fundamentales y garantías) recogía específicamente los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. Todos los bolivianos veían reconocida una amplísima relación de derechos, fundamentales, civiles y políticos, y sociales y económicos (arts. 15 a 107). El articulado los clasificaba sin criterio de "jerarquía".

El modelo de economía de Bolivia tenía un carácter "plural", al incluir las formas de organización económica "comunitaria, estatal, privada y social cooperativa" (art. 306). Los recursos naturales se consideraban de "propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano", correspondiendo al Estado "su administración en función del interés colectivo" (art. 349). En el caso de los hidrocarburos esta condición estaba especialmente enfatizada.

La propiedad privada, individual o colectiva, estaba garantizada como derecho social y económico de la persona, pero a condición de que no fuera "perjudicial al interés colectivo" (art. 56). En cuanto al latifundio, entendido por tal el terreno improductivo, el que no cumpliera con la FES (véase supra), el que fuera explotado con un sistema de "servidumbre, semiesclavitud o esclavitud", o el que sobrepasara la superficie máxima de 5.000 hectáreas, quedaba expresamente prohibido (art. 398).

Otros puntos muy importantes concernían al sistema de gobierno (arts. 11 y 12). Las formas admitidas para el gobierno democrático de la nación eran la participativa directa (mediante el referéndum, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa), la representativa (por medio de las elecciones de representantes) y la comunitaria (conforme a las normas y tradiciones de los pueblos indígenas).

El poder legislativo seguía siendo bicameral, pero el Congreso Nacional pasaba a denominarse Asamblea Legislativa Plurinacional. En cuanto al presidente de la República, el art. 166 introducía el mecanismo de la segunda vuelta electoral por sufragio universal y el art. 168 establecía el mandato de cinco años renovable de manera consecutiva una sola vez.

Esta segunda novedad contrastaba con la anterior norma, que imponía un período constitucional en blanco a los presidentes que aspirasen a la reelección, y, sobre todo, con la fórmula acariciada por Morales durante meses y que de hecho llegó a figurar en el índice de artículos aprobado el 24 de noviembre, que era la reelección indefinida.

Sin embargo, el 4 de diciembre el vicepresidente García Linera anunció que la reelección presidencial indefinida, uno de los puntos que más encrespaban a la oposición, quedaba retirada del borrador constitucional y que lo apropiado para esta cuestión sería someterla a refrendo popular por separado.

El Gobierno dio este paso atrás, no por casualidad, dos días después del referéndum de reforma constitucional celebrado en Venezuela, que entre otras cuestiones proponía, precisamente, la supresión del tope de mandatos presidenciales. Chávez, por primera vez desde su llegada al poder en 1999, perdió un examen en las urnas. El duro revés cosechado por el amigo, aliado y mentor bolivariano de Morales, quien tenía como referente de excepción la revolución chavista, de la que tantas cosas tomaba –empezando por el mismo concepto de refundación constitucional del Estado-, llenó de júbilo a la oposición boliviana y produjo perplejidad en las filas del oficialismo.

La rebelión pro-autonomía de los departamentos orientales y el referéndum múltiple de revocación en 2008
El 15 de diciembre de 2007 un triunfal Morales recibía de la presidenta de la Asamblea Constituyente, Silvia Lazarte, el nuevo texto constitucional, que ahora debía someterse a referéndum para su ratificación y promulgación, arropado por un multitudinario desfile de ciudadanía adicta en las puertas del Palacio de Gobierno en La Paz.

El presidente lanzó la advertencia de que no permitiría la división del país y que impediría cualquier tentación federalista, luego de que los prefectos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, en abierto desafío al Gobierno central pero invocando la Ley de Convocatoria del 6 de marzo, presentaran sus respectivos estatutos de autonomía al margen del documento constitucional recibido por el Congreso, que tachaban de "unilateral", "antidemocrático" y "nulo de pleno derecho".

Ni siquiera merecía su consideración el apartado constitucional dedicado a la organización territorial del nuevo Estado descentralizado (pero unitario), que sentaba las bases para la creación de autonomías departamentales, regionales, municipales e indígenas. Las clases dirigentes y amplios sectores de la sociedad cruceña se sentían agraviados por el Gobierno del MAS en un largo número de asuntos, como las confiscaciones de tierras dentro de la reforma agraria y las trabas a los proyectos de industrialización regional.

La tremenda batalla política abierta entre el Gobierno de Morales y los gobiernos de los departamentos que concentraban el 42% del PIB y el 85% de las reservas de hidrocarburos de Bolivia ocupó casi todo el año 2008 y vivió momentos álgidos de crispación y violencia en los que pareció que Bolivia se deslizaba inexorablemente por la pendiente del cisma nacional y el enfrentamiento civil. Al final, el ganador de la contienda fue el presidente, y sin sufrir ninguna erosión personal.

El 28 de febrero de 2008, después de tender Morales a los prefectos rebeldes unas ofertas de diálogo y negociación que no condujeron a ningún sitio, el Congreso aprobó la convocatoria para el 4 de mayo de un referéndum con doble pregunta, una para validar el proyecto constitucional y la otra para fijar la extensión de los latifundios expropiables (5.000 o 10.000 hectáreas). La cuestión de la reelección presidencial indefinida se quedó en el tintero.

El Legislativo, con el boicot de PODEMOS y la oposición conservadora en pleno, aprobó de paso una norma que otorgaba la potestad de convocar referendos departamentales exclusivamente al propio Congreso. El 7 de marzo la Corte Nacional Electoral (CNE), en sendos autos adversos para las dos partes en conflicto, resolvió suspender la organización tanto de los referendos constitucionales como las consultas departamentales sobre los estatutos de autonomía.

El Gobierno nacional acató la decisión de la CNE, pero no así los departamentos orientales, que ignorando la orden del alto tribunal hicieron más flagrante su desacato. Santa Cruz celebró su referéndum el 4 de mayo con victoria apabullante (85%) de la opción autonomista. Similares resultados tuvieron las consultas de Beni (1 de junio), Pando (1 de junio) y Tarija (22 de junio).

Entre medio, Morales, lanzó la convocatoria del referéndum revocatorio múltiple para el 10 de agosto. Animados por su triunfos regionales, los prefectos Rubén Costas Aguilera de Santa Cruz (miembro del partido Verdad y Democracia Social), Ernesto Suárez Sattori de Beni (PODEMOS), Leopoldo Fernández Ferreira de Pando (PODEMOS) y Mario Cossío Cortez de Tarija (MNR) cambiaron de postura y tomaron el guante que se les lanzaba.

La regla impuesta por el Gobierno pero contestada por la CNE eran la siguiente: para no ser revocados y permanecer en sus cargos, el presidente, el vicepresidente y ocho prefectos (la prefecta de Chuquisaca, Savina Cuéllar, de la oposición, quedó exonerada al haber sido elegida en fecha reciente, en junio) debían conseguir un porcentaje de apoyos superior al obtenido en las elecciones que los habían sentado en el poder. En el caso de Morales y García Linera, esto suponía que debían recibir más de un 53,7% de votos contrarios a la revocación.

Al final, el presidente y el vicepresidente saborearon la cifra del 67,4% de síes a su permanencia en el Palacio Quemado. Eso, a nivel nacional, pues en Santa Cruz, Beni y Tarija fueron más los votantes a favor de su revocación. También salieron airosos los prefectos de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija, Oruro y Potosí, pero no así los de La Paz, José Luis Paredes Muñoz, y, Cochabamba, Manfred Reyes Villa, que fueron apartados de su cargo en el acto. Desde Santa Cruz de la Sierra, el prefecto Costas se despachó a gusto contra "la ruta del odio y el rencor", el "fundamentalismo del pueblo aymara" y el "totalitarismo excluyente y racista del MAS".

Con todo, el resultado del referéndum revocatorio del 10 de agosto de 2008 podía considerarse una importante victoria táctica para Morales y el MAS. Sin embargo, aún les quedaba por ganar la gran batalla constitucional, además de que los autonomistas del Oriente no se movieron un ápice en sus posiciones de desafío; al contrario, el ambiente de hostilidad hacia los masistas y los indígenas del Altiplano que seguían a Morales se cargaba por momentos.

La masacre de Pando y el referéndum constitucional de 2009
El 28 de agosto de 2008 Morales emitió el decreto que convocaba a los bolivianos a referéndum constitucional para el 7 de diciembre.

En el Oriente, los sectores más radicalizados del movimiento autonomista recrudecieron los cortes de carreteras, las ocupaciones de instalaciones y demás tácticas de desobediencia civil. Grupos de exaltados y violentos la emprendieron contra oficinas del Gobierno central, compañías estatales, medios de comunicación, partidarios de Morales y activistas de organizaciones indígenas y de Derechos Humanos.

Estas agresiones, de tintes racistas en algunos casos, llegaron a un clímax criminal el 11 de septiembre cuando 18 campesinos progubernamentales fueron emboscados y abatidos a tiros en Porvenir, localidad de Pando próxima a Cobija, por una partida de hombres armados de la cadena de mando del prefecto regional, Leopoldo Fernández. Esta fue la reconstrucción de los hechos que posteriormente iba a reportar la comisión especial de la UNASUR encargada de investigar lo sucedido.

El peor acto de violencia sucedido en Bolivia desde la guerra del gas en 2003 provocó una deletérea espiral de acusaciones. El conflicto interno parecía adentrarse en una fase de no retorno y la crisis boliviana saltó a las palestras internacionales.

Morales descargó primero su enojo contra el embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg, a quien declaró "persona non grata" por "conspirar contra la democracia", "alentar conflictos separatistas" y "buscar la división de Bolivia". El Gobierno de Washington pagó la expulsión de su representante diplomático con la misma moneda, mandando de vuelta a su país al embajador Gustavo Guzmán.

En los días siguientes, Morales, que recibió de Chávez encendidas palabras de solidaridad, mandó al Ejército a proteger los yacimientos de hidrocarburos de Tarija, asediados por los manifestantes antigubernamentales, declaró el estado de sitio en Pando, sacó a las tropas a patrullar las calles de Cobija y dispuso el arresto y destitución del prefecto Fernández, acusado por la Fiscalía General de la República de "genocidio" por su presunta responsabilidad en la masacre.

El 15 de septiembre el presidente recibió un espaldarazo de sus pares sudamericanos en la I Cumbre de la UNASUR, convocada de urgencia en Santiago de Chile por la presidenta pro témpore de la organización, Michelle Bachelet, para analizar la crisis boliviana y en la que llevó la voz cantante un preocupadísimo Lula da Silva.

Los mandatarios escucharon con gesto de asentimiento la denuncia formulada por Morales de que lo sucedido en Pando era un intento de "golpe de Estado civil" en toda regla y emitieron una rotunda declaración de respaldo al Gobierno boliviano y de rechazo a cualquier intento de ruptura del orden constitucional o la integridad territorial en el país andino. Por primera vez en la historia, los países sudamericanos lograban una posición común, clara y contundente en defensa de la democracia con motivo de un conflicto nacional.

Ahora bien, en Santiago, Morales recibió también la recomendación de que rehuyera los gestos de confrontación e iniciara con sus oponentes un diálogo que abriera la puerta a la resolución del conflicto político de fondo.

Es lo que sucedió. Tras el espasmo de violencia en Pando, las partes serenaron los ánimos y se pusieron a hablar. Las discusiones preliminares, conducidas por García Linera y el tarijeño Mario Cossío, designado portavoz de los prefectos autonomistas, tocaron las principales demandas de estos en relación con la puesta en marcha de los regímenes de autogobierno y el reparto de la renta de los hidrocarburos. El Gobierno central se mostró abierto a introducir retoques en la nueva Constitución antes de someterla a referéndum.

Las negociaciones desembocaron en el acuerdo del 20 de octubre de 2008 entre los grupos parlamentarios del MAS y PODEMOS, que hicieron concesiones mutuas, más en el caso del oficialismo. El referéndum constitucional se celebraría el 25 de enero de 2009, a finales de ese mismo año, el 6 de diciembre, tendrían lugar las elecciones generales y el 4 de abril de 2010 se votarían las autoridades departamentales y municipales. Morales se comprometía a no presentarse al cargo por tercera vez en 2014, luego aceptaba una interpretación de retroactividad del artículo constitucional sobre la reelección directa única: ahora, el actual mandato se consideraba el primero de la cuenta de dos.

El calendario de elecciones y la no elegibilidad presidencial de Morales en 2014 quedaron recogidos en el proyecto constitucional como partes de su disposición transitoria primera, la cual, en su segundo párrafo, decía ahora textualmente que: "los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos períodos de funciones".

Además, el oficialismo admitía modificaciones "sustanciales" en un centenar de artículos del texto constitucional aprobado en Oruro. Del Comité Cívico de Santa Cruz y el resto de fuerzas autonomistas del Oriente el Gobierno esperaba que no intentaran impedir la celebración pacífica del referéndum en sus departamentos.

El 25 de enero de 2009, con una participación verdaderamente masiva, del 90,2%, la Constitución salida de la Asamblea de 2007 y sometida a modificaciones de última hora quedó ratificada por el pueblo con un 61,4% de votos favorables. Se trataba de una mayoría holgada, pero ni mucho menos arrasadora. Además, el no venció en Beni, Santa Cruz, Pando y Tarija, con porcentajes que iban del 56% al 67%. Todo ello dio pie a la oposición conservadora para hablar de "empate técnico" y reclamar a Morales un "pacto nacional".

El presidente replicó que no había tal empate técnico y que el contenido de la Constitución estaba zanjado. Días después, el mandatario cesó a Santos Ramírez Valverde en la presidencia de YPFB y nombró para sucederle a Carlos Villegas, hasta entonces ministro de Planificación del Desarrollo. Ramírez era el quinto titular de la petrolera estatal apartado del puesto desde la dimisión de Jorge Alvarado en 2006; los cinco altos funcionarios habían caído arrastrados por un tóxico cóctel de corruptelas, negligencias gestoras y abusos de poder. Desde el decreto de nacionalización de los hidrocarburos, el funcionamiento de YPFB había sido un permanente dolor de cabeza para Morales.

El 7 de febrero de 2009, Morales, con un "pueden sacarme del Palacio, pueden matarme, misión cumplida por la refundación de una nueva Bolivia unida", dio carpetazo a la tortuosa empresa de dotar a Bolivia de una nueva Constitución Política del Estado.

Las palabras fueron pronunciadas con motivo de la firma y promulgación del texto constitucional en un solemne acto institucional y popular celebrado en El Alto, donde Morales dirigió a miles de ciudadanos un vehemente discurso de vindicación lleno de evocaciones históricas. "Hermanas y hermanos, es impresionante lo que estamos haciendo: de la rebelión de nuestros antepasados a la revolución democrática y cultural (…), a la refundación de Bolivia (…), a la reconciliación de los originarios milenarios con los originarios contemporáneos", enfatizó el presidente.

Al día siguiente, Morales remodeló su Gabinete para conformar el Gobierno "plurinacional" de acuerdo con la nueva Constitución. Destacaban como novedades la creación de los ministerios de Autonomías, Culturas, Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, y Medio Ambiente y Aguas.

(Cobertura informativa hasta 10/02/2009)

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