Evo Morales Ayma

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Datos relevantes

Actualización: 6 de Junio de 2011
Crédito fotográfico: © Foto Agência Brasil/Marcello Casal Jr
Juan Evo Morales Ayma

Bolivia

Presidente de la República

Duración del mandato: 22 de Enero de 2006 - En funciones

Nacimiento: Isallavi, Orinoca, dept. de Oruro , 26 de Octubre de 1959

Partido político: MAS

Profesión: Agricultor

Crédito fotográfico: © Foto Agência Brasil/Marcello Casal Jr

Resumen

Repasar la biografía de quien se ha convertido en la mayor sensación política de América en 2005 y el comienzo de 2006, y, probablemente también, en el estadista más famoso de la historia de Bolivia de cara al exterior, supone asomarse a la crónica de las dos últimas décadas de luchas reivindicativas de los pueblos autóctonos bolivianos. Campesino y sindicalista cocalero. Fundador de un partido socialista e indigenista. Enemigo del modelo económico liberal y adalid de la nacionalización de los hidrocarburos. Combativo líder de la oposición parlamentaria. Polémico promotor de protestas populares que forzaron la dimisión de dos presidentes. Todo eso fue Evo Morales antes de ganar las elecciones que el 22 de enero de 2006 le convirtieron en el primer presidente indio del país andino, generando con ello tantas expectativas como aprensiones.

Biografía

1. La lucha por la supervivencia de un aymara del Altiplano
2. Emigración al Trópico de Cochabamba e inicio de una nueva vida como cultivador de hoja de coca
3. Las luchas como sindicalista contra los programas gubernamentales de erradicación de cocales
4. Salto a la política partidista y electoral en 1995: nace el MAS
5. Primera tentativa de ganar el poder en 2002 con un programa de izquierda
6. Actuación determinante en la guerra del gas y la caída de Sánchez de Lozada
7. Una oposición fluctuante al presidente Mesa: de la tregua social a la presión callejera
8. Gran victoria electoral en 2005 bajo las banderas de la nacionalización de los hidrocarburos y la abolición del sistema neoliberal


1. La lucha por la supervivencia de un aymara del Altiplano

Evo Morales nació en 1959, rigiendo el Gobierno de Hernán Siles Zuazo y el Movimiento Nacional Revolucionario (MNR), en una pequeña y remota comunidad rural del departamento altiplánico de Oruro, Isallavi. La aldea pertenece al cantón de Orinoca de la provincia Sur Carangas, y de acuerdo con la ordenación tradicional del territorio heredada del imperio inca forma parte del ayllú, o unidad comunitaria, de Sullka. La criatura vino al mundo en el seno de una familia de indios aymaras de pura cepa y en medio de unas condiciones materiales de extrema penuria. De los seis hermanos que tuvo, cuatro murieron antes de cumplir los dos años por culpa de las enfermedades que se cebaban con los campesinos y mineros, pobres de solemnidad, de una región maltratada en todos los aspectos. El propio Evo estuvo a punto de perecer en los últimos momentos de su gestación a causa de una hemorragia interna que únicamente una curandera del lugar, con remedios a base de hierbas, entre ellas la hoja de coca, consiguió atajar a su madre. Junto con Evo salieron adelante una hermana mayor, Esther, y un hermano menor, Hugo.

La comunidad de Isallavi no constituía excepción alguna en la característica de carecer de todos los servicios fundamentales, ya fuera la luz, el agua corriente, el alcantarillado o la atención médica. Ni que decir tiene, el teléfono era una rareza de la que sólo se sabía que existía. El lugar no tenía acceso por carretera y los caminos vecinales apenas podían ser transitados por vehículos de ciudad. Los padres, Dionisio Morales Choque y Maria Ayma Mamani, a los que jamás se les habría pasado por la imaginación que uno de sus hijos pudiera llegar a donde iba a llegar (y que no iban a vivir para verlo), subsistían con lo que producían las escasamente fértiles parcelas que cultivaban, la cría de llamas y los trabajos esporádicos como jornaleros agrícolas. Los Morales tenían por toda propiedad una vivienda construida con paja y adobe de 32 metros cuadrados, superficie en la que se apretujaban el dormitorio, la cocina-comedor, un cubículo para almacenar tubérculos y grano de maíz, y una cuadra que daba cobijo a un puñado de cerdos y ovejas.

El niño Evo ayudaba a sus progenitores faenando en el campo y pastoreando y trasquilando llamas, en las duras condiciones -frío y sequedad a partes iguales, y a una altitud, 4.000 metros sobre el nivel del mar, que puede hacer enfermar a una persona no acostumbrada a la baja presión atmosférica- de la puna orureña, pero no por ello renunció a recibir toda la formación escolar que estuviera a su alcance. Mostraba interés por el fútbol, la música y la actualidad informativa, que escuchaba por la radio, ya que a su aldea los periódicos no llegaban y la poca televisión nacional que se emitía era un medio de comunicación aún más inaccesible.

Morales recuerda que cuando tenía cuatro o cinco años, sus padres le llevaron con ellos en un largo viaje hasta la provincia argentina de Jujuy, lindera con el sur de Bolivia, donde Dionisio Morales esperaba encontrar trabajo como zafrero. Allí, mientras los adultos laboraban en los cañaverales partiendo y acarreando las plantas azucareras, el hijo sacaba algunas moneda vendiendo helados. Quiso el matrimonio Morales que su retoño estuviera escolarizado el tiempo que tuvieran que pasar en Argentina, pero el niño apenas se manejaba con el idioma español –en Isallavi, los paisanos se comunicaban preferentemente en aymara, su lengua ancestral- y se quedaba rezagado en el aula, así que dejó de enviarle al colegio local. En 1966 la familia volvió a Isallavi y el chico retomó los cursos de primaria en la localidad de Calavillca.

Posteriormente, teniendo 12 años, Evo acompañó a su padre en un viaje de un mes de duración que les llevó hasta los valles de Cochabamba, unos 150 km al nordeste, para hacer trueque de productos con el rebaño de llamas que llevaban consigo. Las odiseas familiares en busca de alimentos fueron obligadas a principios de los años setenta, y alguna de ellas adquirió tintes dramáticos porque el camino era extenuante y los víveres escasos o nulos. En una ocasión en que el hambre apretaba y no tenían nada que llevarse a la boca, a Morales padre e hijo les llegó un maná providencial en la forma de las peladuras de naranja que los pasajeros de un autobús arrojaron por la ventanilla justo al cruzarse con ellos en la pista por la que caminaban. Hoy, Morales retrotrae a este episodio el origen de uno de sus anhelos infantiles: conseguir viajar en un autobús interurbano y permitirse el lujo de tirar a la carretera las cáscaras de las naranjas que se ha comido en el asiento.

Ya entrado en la adolescencia, Morales se desplazó a Oruro, la capital departamental, para realizar estudios de secundaria en el Colegio Marcos Beltrán Ávila, una casa docente frecuentada por chavales sin recursos. Para poder mantenerse, compaginó las clases con la práctica de los oficios de panadero, obrero en una fábrica de ladrillos, futbolista en un equipo local y trompetista en la banda Real Imperial, que dirigía el folclorista Santiago Tuco. En 1977 terminó el bachillerato y el día de su graduación pudo registrar un dato curioso: fue, da a entender el interesado, el último de su vida en que se puso un traje y una corbata, sólo para posar para la foto. Que después de aquel día, Morales pudiera volver a trajearse y encorbatarse para asistir a ceremonias familiares o a bodas de amigos (de lo que no se tiene constancia) no relativiza el hecho, menos trivial de lo que pueda parecer por lo que supone de acto deliberado con mensaje sociopolítico, de que el futuro presidente de la República siempre despreciara, en palabras atribuidas, ese "símbolo de la clase dominante".

Una vez licenciado del servicio militar obligatorio en el Regimiento Ingavi IV de Caballería, en La Paz, donde, según parece, sufrió abusos en un ambiente de desprecio y humillación a los reclutas indios procedentes de los rincones más apartados del país, Morales se encontró en la misma situación de miles de jóvenes de su condición racial y social: todas las puertas profesionales estaban cerradas salvo si se trataba de agotar el sudor en los trabajos que mayor esfuerzo físico requerían, como los de la minería, o de cobrar salarios de pura miseria, y eso si se daba con una oferta laboral. Evo regresó a casa con las manos vacías.

Discurría 1980, año en que Bolivia se debatía en un caos de golpes de Estado militares e intentos de retorno al gobierno civil, proceso que había comenzado con el fiasco electoral de 1978, al cabo de la dictadura derechista del general Hugo Banzer, y que no terminaría hasta la proclamación presidencial del viejo dirigente emenerrista Siles Zuazo en 1982, cuando la familia Morales al completo abandonó Oruro y se sumó a la ola de emigrantes del Altiplano que no encontraban futuro en la minería del estaño, en crisis terminal, y que confiaban en emprender una nueva vida en Cochabamba, el departamento más fecundo del país y base de la producción agrícola nacional. Aunque no se dedicaban a la minería, los Morales y muchos de sus vecinos emprendieron el éxodo a levante porque la puna de Oruro, asolada por la sequía y las heladas, se había convertido en tierra yerma.


2. Emigración al Trópico de Cochabamba e inicio de una nueva vida como cultivador de hoja de coca

Los Morales se instalaron en Puerto San Francisco, en la provincia de Chapare, en el corazón del Trópico de Cochabamba, una región feraz tapizada de espesas selvas siempre húmedas por una de las pluviometrías más elevadas del mundo, que ofrecía un paisaje radicalmente distinto del de Oruro, así como una climatología mucho más benigna. La familia, aunque siguió siendo pobre, ahuyentó los espectros de la enfermedad y el hambre gracias a sus actividades hortofrutícolas. Evo se instaló como arrocero, y según él mismo cuenta, le fue bien con este producto hasta que la competencia del arroz brasileño, más barato que el chapareño, achicó al mínimo las posibilidades de obtener beneficio, por lo demás siempre humildes.

Para escapar de la precariedad crónica, Morales se decantó por el cultivo de la coca, cuyas cosechas tenían asegurada la venta a un precio pingüe y estable. En Bolivia (y también en Perú y Colombia), desde hace miles de años, el pijcheo o mascado de la hoja de coca ha sido un hábito de las comunidades indígenas que ha satisfecho necesidades religiosas, como vehículo sacramental o místico, y nutricionales, como sucedáneo de alimentos más convencionales y como energético. La mitología de los incas quechuas narra que Inti, el dios sol, ordenó a su esposa y hermana, Mama Quilla, la diosa luna, que sembrara el arbusto sagrado para que con sus hojas los hombres pudieran aliviar la fatiga, el hambre y la sed. La planta en sí fue deificada como Mama Coca, una divinidad vinculada a la sensualidad, el bienestar y la alegría.

Pero el motivo de que a principios de los años ochenta la hoja de coca experimentara una demanda sin precedentes y constituyera un negocio lucrativo que ningún otro producto del campo podía igualar era bien distinto: el floreciente narcotráfico, que necesitaba ingentes cantidades de materia prima verde para, a partir de ella, elaborar el estupefaciente ilegal de la cocaína, un alcaloide que sólo se obtiene al cabo de un complicado proceso de laboratorio. Las vastas redes criminales que tenían los centros de producción en Bolivia y Colombia, los nudos de tránsito y distribución en Panamá y México, y el mercado de consumo en Estados Unidos, y que estaban ampliamente infiltradas en las estructuras del Estado boliviano (en el Ejército, corrupto hasta la médula, en primer lugar), hallaron en Chaparé un auténtico vergel cocalero.

Morales prosperó relativamente como cultivador de coca y adquirió notoriedad local como organizador de un equipo de fútbol y como paisano interesado en las problemáticas de sus vecinos, como él, campesinos indios. Inquieto y autodidacta, no tardó en encauzar su activismo social por las sendas del sindicalismo agrario y el indigenismo militante, impregnándose de ideas de izquierda. Quien habría querido seguir estudiando más allá del bachillerato cursado en aquel destartalado colegio orureño tomó conciencia de las realidades histórica, política y social de su pueblo, objeto de un sometimiento y una explotación multiseculares por las élites blancas de ascendiente español, en, según su propia expresión, la "universidad de la calle". Morales recuerda que la decisión de incorporarse a la vida sindical tuvo mucho que ver con una atrocidad policial de la que fue testigo directo: en el curso de una operación antidroga, los agentes acusaron a un muchacho de su grupo de ser narcotraficante y allí mismo, en el colmo de la arbitrariedad y el salvajismo, le bañaron en gasolina, le prendieron fuego y lo quemaron vivo.

Un importante sustrato del aprendizaje ideológico de Morales fue la obra del intelectual marxista Fausto Reinaga, fundador en 1969 del Partido Indio de Bolivia (PIB), contrario al "comunismo criollo" y profeta de la conquista revolucionaria del poder por los indígenas y la reconstrucción, desde una perspectiva moderna, del Tahuantinsuyu, el nombre quechua que designaba al gran imperio inca, el cual se extendía desde Ecuador hasta Argentina y Chile. Algunos sectores del indigenismo radical boliviano preferían hablar de la restauración del Collasuyu, la provincia sudoriental del imperio, que englobaba lo que hoy es Bolivia occidental.

Afiliado a un pequeño sindicato agrícola local que tomaba el nombre del lugar, San Francisco, en 1983 se hizo cargo de la secretaría de deportes del gremio y dos años después ya ostentaba su secretaría general. Morales, aún un veinteañero joven, se hizo un hueco en el grupo de tribunos populares del campo sindical, líderes natos que hacían oír la voz de los trabajadores de cada ramo y que sostenían sus derechos frente a las políticas gubernamentales de ajuste. El ascenso de Morales el aparato gremial fue rápido. En 1988 sus compañeros le eligieron secretario ejecutivo de la Federación del Trópico de Cochabamba, organización que agrupaba a los cocaleros chapareños y que bajo su liderazgo articuló un plantel de demandas sobrepuestas a las reivindicaciones puramente sindicales, como la preservación de los recursos naturales, los estilos tradicionales de vida y los derechos sociales de los agricultores, que en su inmensa mayoría eran también indígenas.

Entonces, discurría el cuarto año desde la asunción del Gobierno emenerrista de Víctor Paz Estenssoro y de la promulgación (29 de agosto de 1985) del célebre Decreto Supremo 21060, el cual había inaugurado la Nueva Política Económica (NPE), un programa de ajuste estructural y de estabilización monetaria y financiera basado en la terapia de choque y que, más allá del remedio coyuntural contra la hiperinflación, buscaba revertir el estatismo de la economía boliviana, caro a la revolución movimientista de 1952, e insertar aquella en las dinámicas del libre mercado.

Fue en 1988, precisamente, cuando el Gobierno conservador del MNR consiguió que el Congreso aprobara, el 19 de julio, la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley 1.008), que restringía la producción de hoja de coca al diferenciar entre la destinada al consumo tradicional y "lícito", y la destinada a la transformación química con resultados de farmacodependencia y toxicomanía, es decir, a la obtención de cocaína. En lo sucesivo, el Estado aplicaría una política de limitación de las cosechas lícitas en régimen de minifundio, y de reducción y sustitución graduales de las cosechas calificadas de "excedentarias", mediante la siembra de cultivos alternativos o bien el desarraigo forzoso de cocales sin derecho a indemnización.

Con esta legislación, Paz Estenssoro respondía a las presiones del Gobierno de Estados Unidos, que le exigía no sólo la presencia de asesores militares en las operaciones de destrucción de laboratorios clandestinos de procesado de cocaína y de persecución de los capos mafiosos, sino también la aplicación de una política antidroga integral que pasaría por la completa erradicación de las plantaciones. Washington insistía en que la manera más eficiente de estrangular el narcotráfico era quebrar la producción en origen.


3. Las luchas como sindicalista contra los programas gubernamentales de erradicación de cocales

Aunque Paz Estenssoro y, sobre todo, su sucesor en la Presidencia en agosto de 1989, Jaime Paz Zamora, del socialdemócrata Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), no estaban dispuestos a acatar la demanda de erradicación total porque eso provocaría la ruina de los 300.000 bolivianos que tenían en la coca su única fuente de ingresos, el mero hecho de que emprendieran los programas de cultivos alternativos y de desarraigos forzosos soliviantó a Morales y su gente, dando comienzo una campaña de protestas agrarias que se solapó al conflicto social atizado por los obreros del sector industrial minero, cuya dolorosa reconversión rechazaban la Central Obrera Boliviana (COB), la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), y otros sindicatos y partidos de izquierda. En 1989 Morales se opuso resueltamente al plan de reducir la superficie agrícola dedicada a la coca de 150.000 acres a 30.000, que afectaba sobre todo a Chapare, origen del 70% de la hoja de coca boliviana, con el argumento de que el Gobierno ya había incumplido sus promesas de desarrollar los cultivos alternativos acompañados de inversiones públicas en el desarrollo humano de la región.

A lo largo de la Administración mirista, la Federación del Trópico se movilizó en contra de la campaña antidroga y Morales multiplicó las advertencias de tono radical, sobre que las fuerzas del Estado serían enfrentadas violentamente en Chapare si imponían la Ley 1.008 con violencia (los uniformados ya habían matado a balazos a varios paisanos) y que ellos, los cocaleros, defenderían sus plantaciones "con la vida", y eso que Paz Zamora lanzó una campaña pedagógica en el exterior para que la opinión pública internacional no confundiera la hoja de coca con la cocaína, tratándose del presidente que más énfasis puso en el derecho de los bolivianos a cultivar y consumir el vegetal por razones culturales. En 1990 Morales extendió su activismo a la COB y sondeó con su cúpula la formación de una alianza obrero-campesina con aspiraciones políticas de poder, pero esta estrategia no fructificó, lo que no fue óbice para que la COB apoyara la causa de los cocaleros y éstos secundaran las huelgas obreras contra el amago de Paz Zamora de privatizar la Corporación Minera de Bolivia (Comibol).

Convertido en uno de los jefes del Consejo Andino de Productores de Coca (CAPHC) desde su fundación en La Paz en marzo de 1991, en presidente del mismo en 1993 y en presidente también de la Confederación de Productores de Coca del Trópico de Cochabamba –frente intersindical que reunía a seis federaciones de la región- en 1994, Morales mantuvo las espadas en alto con la nueva administración presidida desde agosto de 1993 por el emenerrista Gonzalo Sánchez de Lozada, un convencido de las virtudes de la Ley 1.008 y un paladín del liberalismo económico.

En los primeros meses de su mandato, Sánchez de Lozada manejó con prudencia el problema cocalero porque no quería tener abiertos al mismo tiempo todos los frentes de contestación social, tras haber dejado quedado claro que su gobierno iba a desatar la privatización general de las empresas del Estado, meter a Bolivia en las corrientes de integración regional y de mundialización de los intercambios, y, en definitiva, dar un impulso decisivo a la NPE y su cohorte de desregulaciones, liberalizaciones y reconversiones, no obstante el previsible impacto demoledor en el tejido social, en un país que era ya el más pobre y el menos desarrollado de Sudamérica.

En enero de 1994 el Gobierno se comprometió ante las Federaciones del Trópico a promover los cultivos alternativos, como la piña, el banano, el palmito y las flores tropicales, y a abonar indemnizaciones justas, de manera que los productores de coca no perdieran poder adquisitivo, a poner término a los hostigamientos y agresiones de que éstos eran objeto por las fuerzas de seguridad del Estado, y a concentrar la represión en el narcotráfico y la delincuencia asociada. En apariencia, Morales y sus colegas habían conseguido que los poderes públicos dejaran de criminalizar al agricultor de la coca, el cual, aunque producía la materia prima de la que luego salía la cocaína, no formaba parte de las redes comerciales de la droga.

La tesis fundamental de los cocaleros bolivianos, inadmisible para las autoridades de Estados Unidos y tampoco asumida por la Convención de Viena de 1988 sobre el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, era que ellos no podían ser responsabilizados de lo que terceras partes hicieran con sus cosechas. Además, añadían, la cocaína era una sustancia química totalmente ajena a los pueblos indígenas andinos; antes bien, era el resultado funesto del intento por el "hombre blanco" de "controlar" y "abusar" de la "sagrada hoja de coca".

Ahora bien, el riesgo de perder el certificado estadounidense de "buena conducta" en la lucha contra el narcotráfico, lo que conllevaría la pérdida de la ayuda económica, impelió a Sánchez de Lozada a reponer en el primer plano la dinámica de erradicaciones forzosas y no sujetas a negociación. En julio de 1994, el Gobierno boliviano, desdiciéndose de sus recientes promesas, y la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA) lanzaron la llamada Operación Nuevo Amanecer con el objeto de destruir 3.000 de las 34.000 hectáreas de cocales chapareños.

La operación represiva, que añadió a la lista de víctimas el nombre del joven cocalero Felipe Pérez Ortiz, ejecutado extrajudicialmente por los militares, motivó la convocatoria por Morales a finales de agosto de una "Marcha por la Coca, la Vida y la Dignidad", 600 km cubiertos a pie desde Villa Tunari hasta la sede del Gobierno en La Paz, para arrancar negociaciones. Con el aliento de la COB y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), y al cabo de 22 días de movilización que la Policía y el Ejército, con sus arrestos arbitrarios –incluido, por breve tiempo, el de Morales- no consiguieron disolver, los 4.000 marchistas llegaron a la capital y su jefe, Morales, abrió con el Gobierno conversaciones directas sobre la adopción de una estrategia antidroga "genuinamente boliviana". De nuevo, la vía negociada no condujo a ningún acuerdo con visos de solvencia.

1995 fue un año que marcó un punto de inflexión, tomando un vericueto decididamente político, en la trayectoria de Evo Morales, que había adquirido una cierta fama nacional como líder sindical pugnaz y recalcitrante, un quebradero de cabeza permanente para el Gobierno de turno y un enemigo declarado de los intereses de Estados Unidos en esa parte de América Latina. El 23 de febrero emprendió en Europa una gira de varias semanas de duración que le llevó a Austria, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Luxemburgo, Holanda, Reino Unido e Italia. Allí, invitado por 14 ONG implicadas en la campaña Coca 95, una iniciativa para divulgar los aspectos económicos, sociales y culturales de la producción y el consumo de hoja de coca en el área andina, el activista boliviano repitió hasta la saciedad que "coca no es cocaína" y que Estados Unidos, si de verdad quería obtener resultados en la lucha contra el tráfico de drogas, lo que tenía que hacer era estrangular la demanda de las mismas en su propio territorio.

El 18 de abril, después de asegurar que los chapareños estaban dispuestos a eliminar 5.400 hectáreas de cocales si se les compensaba con un plan de desarrollo alternativo, cuando presidía una reunión del CAPHC y horas antes de declararse el estado de urgencia, Morales, y con él varias decenas de dirigentes sindicales, fue arrestado y confinado en un lugar remoto del trópico amazónico. Fue la reacción del Gobierno a la nueva ola de protestas obreras y campesinas que convulsionaba el país. El 9 de mayo, al cabo de 21 días de "secuestro", como él lo llamó, Morales fue puesto en libertad en Cochabamba sin que el Gobierno llegara a precisar el cargo de "subversión" por el que había sido detenido.

Desde este momento, arreció contra Morales una campaña de descalificaciones que buscaba desprestigiar su lucha, minimizando su componente social y cultural, y presentándola como una mera defensa de intereses corporativos que nada tendrían que ver con la causa de los pobres, amén de un negocio lucrativo que, aún peor, era el eslabón inicial de una cadena que destruía miles de vidas. Así, el Gobierno expresó su "sospecha" de que el líder cocalero, al "confundir deliberadamente" a los campesinos productores de hojas de coca con los ilegales productores de pasta base de cocaína, se dedicaba a "encubrir" al narcotráfico.

A continuación, el Consejo Nacional Contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas (CONALID) instó a todos los "terratenientes" cocaleros a limitar las superficies cultivadas a las dos hectáreas, bajo derecho a ser indemnizados con 2.500 dólares por cada hectárea erradicada, y a que dejaran de "vender coca al narcotráfico". Morales, por supuesto, encabezaba la lista de los "terratenientes" y de esa "élite privilegiada" que era necesario "eliminar". Medios de comunicación occidentales no tuvieron ambages en referirse a él como el "zar de la coca" y el campeón del "anarcosindicalismo" boliviano. Adjetivos de más grueso calibre, como "mafiosos cocaleros" y "narcoterroristas", iban a ser endilgados dentro y fuera del país en los años siguientes. Ahora, Morales por su parte, bramó contra las injerencias del "imperialismo yanqui", advirtió al Gobierno que defenderían sus cocales "hasta las últimas consecuencias" y puso a los militantes de los más de 35.000 productores de coca de Chapare en lo más parecido a un pie de guerra.


4. Salto a la política partidista y electoral en 1995: nace el MAS

Pero no todo era agitación y disturbios. En 1995, la nueva etapa de confrontación aconsejó a las organizaciones rurales dotarse de instrumentos extrasindicales, es decir, políticos. El propósito era competir con los partidos tradicionales en las elecciones para adquirir legitimidad democrática formal y ganar asiento en los distintos niveles institucionales de representación popular, desde donde podrían entablar los pulsos con el Gobierno central en una posición de más fuerza. En el movimiento cocalero empezó a hablarse de la "conquista total" y de "cambiar el sistema", más allá de conquistas parciales en el terreno de la lucha puramente sindical.

Así, el 27 de marzo, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en un evento denominado I Congreso Nacional de Tierra, Territorio e Instrumento Político, la CSUTCB, las Federaciones del Trópico, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB, representante de los pueblos indígenas de las Tierras Bajas y el Oriente), la Confederación Nacional de Colonizadores de Bolivia (CNCB) y la Federación Nacional de Mujeres Campesinas-Bartolina Sisa (FNMC-BS) lanzaron la Asamblea por la Soberanía de los Pueblos (ASP) y el Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (IPSP). Aunque Morales era uno de sus principales animadores, la jefatura orgánica del protopartido fue encomendada al quechua Alejo Véliz Lazo.

Puesto que la Corte Nacional Electoral (CNE) se negó a darle la personalidad jurídica de partido, la ASP-IPSP pactó su participación electoral en las listas de la Izquierda Unida (IU), una coalición de partidos izquierdistas que capitaneaba el Partido Comunista de Bolivia (PCB) y que desde las elecciones legislativas de junio de 1993 era extraparlamentaria. En la primera prueba electoral, las municipales del 3 de diciembre de 1995, la IU conquistó 10 alcaldías y 49 concejalías, todas en el departamento de Cochabamba. En 1996, año en que varias decenas de miles de campesinos de la CIDOB realizaron la "Marcha por el Territorio, el Desarrollo y la Participación Política de los Pueblos Indígenas", entre otras razones para protestar contra el proyecto de la Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Morales fue elegido presidente del Comité de Coordinación de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba.

En las elecciones generales del 1 de junio de 1997, la IU, ahora integrada sólo por el PCB y el Movimiento Al Socialismo-Unzaguista (MAS-U, una formación que tenía su origen en el partido ultraderechista Falange Socialista Boliviana, FSB, que diera soporte político a la dictadura de Banzer, del cual se había escindido en 1987), con el 3,7% de los votos -el 16,5% en Cochabamba, donde obtuvo toda la representación-, metió cuatro diputados en la Cámara del Congreso, de 130 miembros. Morales, marcando el primer hito de su flamante carrera política, fue uno de los candidatos de la IU que obtuvo el escaño, por la circunscripción que representaba a las provincias de Chapare y Carrasco, y lo hizo con un abrumador 70% de los sufragios, la mayor cuota obtenida por cualquiera de los 68 candidatos elegidos por el sistema de mayoría simple en distritos uninominales.

Tras estas elecciones, que catapultaron a la Presidencia de la República al ex general Banzer, hace tiempo reconvertido a los usos democráticos civiles al frente de su partido conservador Acción Democrática Nacionalista (ADN), Morales pasó a librar una pugna por el liderazgo con Alejo Véliz, fallido candidato presidencial aliancista, que desembocó en 1998 en la separación de la ASP y el IPSP. El aymara estaba decidido a conducir un partido que brindara una plataforma efectiva a las reivindicaciones de los cocaleros, pero la CNE se negaba en redondo a registrar el IPSP. Se decía entonces que la Embajada de Estados Unidos en La Paz presionaba al Gobierno para impedir a los cocaleros de Chapare tener su propia fuerza política si ésta iba a estar encabezada por Morales.

Puesto que quería participar en las elecciones locales del 5 de diciembre de 1999, Morales se puso de acuerdo con el jefe del MAS-U, David Añez Pedraza –un potentado empresarial y antiguo militar que en el pasado se había distinguido por su oposición visceral a los movimientos indígenas, luego este arreglo tenía mucho de paradójico-, para que el IPSP tomara en lo sucesivo la sigla masista. Sellado el acuerdo, el IPSP-MAS inició su andadura en enero de 1999, con Morales de presidente. Como agradecimiento por esta absorción con adquisición del nombre y los colores del MAS-U, un partido moribundo, Añez fue hecho "presidente vitalicio", con carácter honorífico, del IPSP-MAS, pronto llamado simplemente Movimiento Al Socialismo (MAS).

En las municipales de diciembre de 1999, el MAS, con el 3,2% de los votos en todo el Estado, a la zaga de ocho partidos, quedó confirmado, por el momento, como una formación pequeña de dimensión sólo regional, con arraigo limitado a Cochabamba y La Paz (en especial en la región de los Yungas, ampliamente cocalera), que aportaron 58 de los 79 concejales ganados en nueve departamentos. La incidencia del partido en el factor racial, su ideología socialista y su especial identificación con las problemáticas de la coca de Chapare, que experimentaron un rebrote de tensión bajo la administración banzerista, limitaban su implantación en los departamentos no andinos de Pando, Beni y Santa Cruz, donde los electores indígenas no estaban tan ideologizados como los del Altiplano y el Trópico cochabambino, y tendían a votar a los partidos tradicionales.

En 1999 Morales continuaba siendo visto por la mayoría de los blancos, muchos mestizos y parte de los indios, en especial los que habitaban en las tierras bajas orientales, como un sindicalista bronco y como un agitador demasiado vinculado a la hoja de coca como para resultar creíble como líder nacional con un proyecto nacional. Eso sí, su protagonismo había cobrado auge a lo largo de 1998, al calor de las masivas movilizaciones populares, con marchas, paros laborales, huelgas de hambre y cortes de carreteras, contra la implementación del Plan Dignidad, el cual contemplaba cercenar totalmente para 2001 la producción de coca que, según el cálculo del Gobierno, era destinada a la producción de cocaína y que pasaba por la destrucción de 90.000 hectáreas de arbustos tipificadas como excedentarias.

La represión de 1998 fue muy dura en el Trópico, donde en abril, las fuerzas de seguridad mataron a una decena de personas e hirieron a bastantes más. Desde su escaño en la Cámara de Diputados, Morales denunció la "militarización" del conflicto y la "masacre" perpetrada en Chapare. Más todavía, invocó el derecho de sus paisanos a resistir "militarmente" a las tropas que protegían la erradicación de los cocales y que no vacilaban en descargar sus armas de fuego contra los manifestantes, lo que le valió ser severamente advertido por el oficialismo de que se jugaba el desafuero parlamentario.

La amenaza se materializó el 24 de enero de 2002, cuando aún sonaban los ecos de los graves estallidos sociales de abril y octubre de 2000, provocados por la decisión del Gobierno de privatizar el agua de Cochabamba y encarecer los productos de consumo básicos, y, más cerca en el tiempo, de la serie casi ininterrumpida de protestas a lo largo de 2001, en paralelo a la ejecución, a buen ritmo, del Plan Dignidad. Con la aquiescencia tácita del entonces presidente adenista, Jorge Fernando Quiroga Ramírez, vicepresidente con Banzer y su sucesor en agosto de 2001 debido al agravamiento del cáncer que padecía el ex dictador –quien iba a terminar falleciendo del mismo en mayo de 2002-, una mayoría formada por 104 diputados de la ADN, el MNR el MIR, la Unión Cívica Solidaridad (UCS) y la Nueva Fuerza Republicana (NFR) aprobó despojar de su escaño al líder del MAS.

El proceso disciplinario se fundamentaba en las acusaciones de que Morales había instigado los violentos enfrentamientos registrados días atrás en la localidad chapareña de Sacaba, en los que murieron tres campesinos, tres soldados y un policía, y también el secuestro y asesinato por desconocidos de un sargento y un suboficial del Ejército en septiembre de 2000. El Legislativo hizo notar también que en octubre de 2001 el acusado había amenazado con "hacer arder" el Chapare y con a sumir la región en la "guerra civil". La Comisión de Ética de la Cámara halló indicios del incurrimiento por el diputado aymara en "faltas graves en el ejercicio de sus funciones" y, en un tiempo récord, le desaforó. Sin la inmunidad parlamentaria, Morales se exponía a ser detenido y procesado penalmente como presunto "autor intelectual" del homicidio de los agentes del orden.

Pero la justicia no lanzó una persecución contra Morales que, lejos de ser acallado o neutralizado políticamente, adquirió una aureola de representante popular injustamente represaliado y vio crecer su popularidad como la espuma. El 5 de marzo de 2002, después de interponer un recurso contra la resolución legislativa ante el Tribunal Constitucional por vulneración de sus derechos a la presunción de inocencia, la defensa y la inviolabilidad parlamentaria, y de resignar al frente de la Confederación de Productores de Coca de Cochabamba, Morales fue avalado por los delegados de las Seis Federaciones del Trópico como el candidato presidencial del MAS en las elecciones presidenciales del 30 de junio. La multitud congregada en La Paz aclamó a Morales y a su compañero de fórmula para la Vicepresidencia, el periodista José Antonio Quiroga Trigo, a los gritos de ¡kausachum coca! (¡viva la coca!) y ¡huaiñuchum yanquis! (¡abajo los yanquis!), y enarbolando la whipala, la bandera de dibujo ajedrezado y multicolor que es el emblema de las culturas andinas, y la enseña tricolor boliviana.


5. Primera tentativa de ganar el poder en 2002 con un programa de izquierda

Puesto que aspiraban a dirigir el Ejecutivo boliviano, Morales y el MAS elaboraron un programa donde las reivindicaciones cocaleras e indigenistas, sin perder un ápice su vigor, cedían espacio a propuestas que no podían ser censuradas por sectarias o faltas de vocación nacional, como la convocatoria de una Asamblea Constituyente para reformar la Carta Magna en un sentido de perfeccionamiento democrático y la explotación de las ingentes reservas de gas del departamento de Tarija, eje de una política nacional de hidrocarburos aún por determinar, en aras del desarrollo interno del país con impacto directo en el nivel de vida de los bolivianos, lo que, a su entender, requería anteponer el consumo interno a la exportación y el control del Estado a la privatización del sector. En particular, el MAS no quería que el gas tarijeño se vendiera a Chile, en tanto el país vecino no se aviniera a negociar la restitución del acceso oceánico, la franja de Atacama, que le fue arrebatado a Bolivia como resultado de la Guerra del Pacífico, o del Salitre, en 1879.

El 30 de junio de 2002 Morales no ganó porque la situación no estaba del todo madura para el convencimiento general de lo que le decía al electorado, que Bolivia, un país rico en recursos naturales pero esquilmado y depredado por una serie ininterrumpida de dictaduras corruptas, mafias políticas y multinacionales avariciosas, tenía que "gobernarse por sí mismo" y recuperar un patrimonio enajenado. En otras palabras, no ganó porque el descrédito de los partidos y políticos tradicionales de raigambre europea aún no había tocado fondo y porque el hartazgo de la inmensa mayoría de ese 85% de bolivianos indígenas y mestizos (aymaras y quechuas solos suman aproximadamente el 60%) por la perpetuación de las escandalosas desigualdades en el reparto de la renta nacional y por la marginación socioeconómica que padecían, todavía requería el catalizador definitivo.

Con todo, el rendimiento electoral del candidato y su partido fue óptimo, por no decir espectacular y asombroso: en las presidenciales, Morales alcanzó el 20,9% de los votos, situándose ligeramente por encima del que partió como el gran favorito, Manfred Reyes Villa, de la NFR, y a sólo 1,6 puntos de Sánchez de Lozada, que buscaba su segundo mandato. El mirista Paz Zamora fue cuarto con el 16,3% y en quinto lugar, con el 6,1%, quedó el otro candidato indígena, Felipe Quispe Huanca, secretario ejecutivo de la CSUTCB, líder del partido Movimiento Indígena Pachakuti (MIP) y Mallku (Cóndor, un título de caudillaje tradicional) de los aymaras.

Considerado más radical que Morales, Quispe, quien figurara entre los organizadores en los años ochenta del Ejército Guerrillero Túpak Katari (EGTK, de inspiración maoísta, que promovió, con éxito nulo, la estrategia de la insurrección popular y la lucha armada de los indios del Altiplano), venía manteniendo una relación ambigua con Morales, con ramalazos de mutua desconfianza y rivalidad que en algunas ocasiones habían impedido la adopción de estrategias conjuntas, pese a estar de acuerdo en muchos aspectos. Si el MAS y el MIP hubiesen concurrido a estas elecciones de la mano y con un candidato conjunto, los indígenas habrían acariciado el Gobierno.

En las legislativas, el MAS sacó un porcentaje bastante más modesto, el 11,9%, lo que se tradujo en 27 diputados y ocho senadores, convirtiéndose en la segunda fuerza parlamentaria detrás de la alianza del MNR y el Movimiento Bolivia Libre (MBL). Morales se presentó también a diputado y en esta elección ganó el escaño por su circunscripción con el 81,3% de los sufragios. Los masistas irrumpieron con tanta fuerza en el sistema de partidos que fueron los más votados en los departamentos altos de La Paz, Oruro y Potosí, amén del bastión de Cochabamba, donde Morales obtuvo el 37,6%. En Santa Cruz, el MAS tuvo una cuota del 9,6% y llevó a la Cámara de Diputados al líder de los indios del departamento, José Bailaba Parapaino, cabeza de la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC), que había aceptado presentarse en su lista.

La Constitución requería que, puesto que ningún candidato había alcanzado en las urnas la mayoría absoluta el 50% más uno de los votos –lo que no sucedía desde 1966, cuando el autócrata castrense de aquellos años, el general René Barrientos Ortuño, arrasó en unas elecciones que no reunían garantías democráticas-, fuera el Congreso el encargado de elegir al presidente de entre los dos candidatos más votados en la elección directa.

Allí, donde la partidocracia tradicional reunía una holgada mayoría, Morales, el aspirante hostil a la "oligarquía" blanca-criolla, el indígena outsider y protestón, no tenía ninguna posibilidad de ganar la partida: el 4 de agosto, días después de que el Constitucional, con el argumento jurídico de que habían sido computados como votos favorables al desafuero una decena de abstenciones, fallara a favor del líder socialista en su demanda de nulidad de la resolución parlamentaria de enero (Morales, luego, renunció a que se le abonaran las remuneraciones como diputado retenidas desde febrero), Sánchez de Lozada, con los votos del MNR, el MBL, el MIR, la ADN y la UCS, fue votado en el cargo.

Todo sugiere que el Gobierno de Washington advirtió a su homólogo de La Paz de que se jugaba la certificación, plasmada en 90 millones de dólares anuales en ayudas, si el Congreso investía a Morales. De hecho, cuatro días antes de las elecciones, el entonces embajador, Manuel Rocha, diplomático muy aficionado a entrometerse en los asuntos internos del país anfitrión con mensajes de orientación política y apodado por ello el Virrey, se permitió recordar a los bolivianos que si elegían "a los que quieren que Bolivia vuelva a ser un exportador de cocaína importante, ese resultado pondrá en peligro el futuro de la ayuda de los Estados Unidos". La injerencia, lo único que consiguió fue dar más votos a Morales, quien respondió al embajador dándole "las gracias" por su exhortación.


6. Actuación determinante en la guerra del gas y la caída de Sánchez de Lozada

Incluso antes de tomar posesión la nueva Administración de Goni, como coloquialmente era llamado el dirigente emenerrista, Morales advirtió que el MAS ejercería una oposición agresiva, y que si sus propuestas de detener la erradicación de cocales, renacionalizar los hidrocarburos y convocar una Asamblea Constituyente para reformar el sistema político no eran atendidas, ellos no tendrían otro remedio que "salir a la calle" Toda vez que el Ejecutivo no estaba por ninguna de las tres labores, el conflicto, y de la naturaleza más explosiva, quedaba servido.

Por de pronto, el MAS, y con él el MIP, la CSUTCB, la COB y las asociaciones vecinales de El Alto -la populosa urbe dormitorio crecida en las afueras de La Paz- se opusieron frontalmente al impuestazo, el nuevo gravamen directo, progresivo y no deducible, de hasta el 12,5%, con el que el Gobierno esperaba recortar el déficit fiscal, que ascendía al 8,5% del PIB, para poder obtener del FMI una línea de crédito de 4.000 millones de dólares hasta 2005. Los días 12 y 13 de febrero de 2003, La Paz y sus alrededores fueron verdaderos campos de batalla que enfrentaron a miles de manifestantes, policías en huelga y soldados encargados de imponer el orden. Los disturbios degeneraron en actos vandálicos y saqueos que causaron graves daños en varias oficinas del Gobierno y en sedes de los partidos tradicionales.

Luego de conseguir evadir, protegido por un tupido cordón de seguridad, el asedio al que le habían sometido las turbas en el Palacio Quemado, la sede paceña del Ejecutivo nacional, Sánchez de Lozada se vio forzado a anunciar la retirada del paquete fiscal. Las refriegas, de inaudita violencia, se saldaron con 33 muertos y dos centenares de heridos. Algunos cadáveres presentaban orificios de bala que, según testigos presenciales, correspondían a los disparos realizados por francotiradores del Ejército apostados en edificios altos.

Morales no quedó aplacado con la contramarcha legal del Gobierno, tal que convocó una huelga general de 24 horas que se realizó el mismo día 13, seguida de otro paro general de 48 horas para los días 17 y 18 que tuvo un seguimiento limitado. Radicalizado como nunca y, daba la impresión, asomándose peligrosamente a la vía inconstitucional e insurreccional, Morales hablaba no sólo en nombre de su partido, como el cabeza de la oposición parlamentaria, sino también como el líder de hecho de los cocaleros y del recién creado Estado Mayor del Pueblo, un frente indígena, campesino y obrero en el que aunaron posturas las Federaciones del Trópico, la COB, la CSUTCB, la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB) y otros colectivos sindicales y sociales.

En vísperas del estallido de febrero, Morales afirmó que los indígenas tenían derecho a dotarse de una fuerza armada para defenderse de la represión gubernamental (en apariencia, tal fuerza armada ya existía desde enero, el llamado Ejército de Dignidad Nacional, EDN, formado por campesinos quechuas de Chapare que se mostraron a los periodistas encapuchados al modo del EZLN del estado mexicano de Chiapas y exhibiendo un puñado de vetustos mosquetones máuser por todo pertrecho), y ahora acusó al presidente de estar "asesinando al pueblo". Por su parte, medios gubernamentales acusaron al MAS y a su conductor de planificar los desmanes callejeros dentro de una atribuida conspiración para subvertir el poder legítimo y desestabilizar la democracia, si bien los participantes en las protestas insistieron en su carácter espontáneo, fruto de una rabia que crecía de día en día, aspecto que fue asumido por observadores ajenos al conflicto.

Las medidas de apaciguamiento que Sánchez de Lozada aplicó a continuación (reorganización del Gabinete, supresión de ministerios, renuncia a su sueldo como presidente, desvinculación del ajuste fiscal de la asistencia del FMI, oferta de diálogo social y revisión de la política cocalera) no impresionaron a los sindicatos, los movimientos sociales y las fuerzas políticas de izquierda, que, siguiendo los llamados de Morales, Quispe, Roberto de la Cruz, dirigente del sindicato alteño Central Obrera Regional (COR), y Jaime Solares Quintanilla, secretario ejecutivo de la COB, continuaron en pie de guerra, organizando marchas, bloqueos de carreteras y otras expresiones de desobediencia civil con regusto insurreccional.

Si el bando opositor acogía con sumo escepticismo o desechaba por no creíbles las buenas intenciones transmitidas por Sánchez de Lozada, de lo que no tenía duda era que el poder estaba sometido al diktat de Washington. Las señales se amontonaban. Por ejemplo, el nuevo embajador estadounidense, David Greenle, saltó para advertir al Gobierno que cualquier política tendente a legalizar plantaciones de coca que hasta ahora eran consideradas excedentes constituiría una violación de los compromisos internacionales de Bolivia y de la propia ley boliviana. De nuevo, fueron esgrimidas las amenazas del cese de las ayudas de Estados Unidos al desarrollo y de la asistencia de los organismos multilaterales de crédito.

Pasado el ecuador de 2003, el motivo principal de la durísima oposición política planteada por Morales empezó a ser otro: la decisión del Gobierno, más o menos definitiva pero aún no anunciada formalmente, de que el gas de Tarija fuera explotado por un consorcio internacional, Pacific LNG, en el que participaban Repsol-YPF (la compañía hispano-argentina ya era de las adjudicatarias de la privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, YPFB, en 1997), British Gas y Panamerican Energy, exportado a través de un puerto chileno (las condiciones financieras y técnicas establecían inequívocamente que una facilidad peruana no era factible), quizá a partir de 2008, y vendido a quien quisiera comprarlo, ya fuera México, Estados Unidos, Paraguay o el propio Chile.

El conocimiento de los planes del Gobierno que integraban el MNR, el MBL, el MIR, la NFR y la UCS con respecto al gas puso en marcha en la segunda semana de septiembre otra ola de protestas que, a diferencia de los disturbios de febrero, tuvo un carácter sostenido y una dimensión progresivamente nacional, desde su epicentro en el departamento de La Paz, involucrando a más personas y grupos sociales, y que no se mostró dispuesta a parar a menos que se fuera el presidente de la República, convertido en el principal objetivo político a batir, y aún después.

Gremios profesionales, colectivos sociales y partidos de izquierda hicieron de un asunto coyuntural (aunque de alcance estratégico) como era la venta del gas de Tarija al extranjero, vista con hostilidad, ciertamente, por la gran mayoría de la población, incluso entre las Fuerzas Armadas, y más si los compradores iban a ser Chile y Estados Unidos, el leit motiv de la arremetida contra toda una estructura socioeconómica de exclusión e injusticia que se remontaba al estado de cosas previo a la revolución de 1952, y contra las tendencias librecambistas y de reducción del Estado inauguradas en 1985 con la NPE. Así, en el abanico de demandas de los huelguistas no faltó la derogación del D. S. 21060.

Sentimientos de matiz xenófobo y convicciones políticas socialistas aparte, entre la población existía una profunda desconfianza de que los ingresos de las exportaciones gasíferas, que sin duda iban a aportar pingües beneficios a un ramillete de empresas foráneas, terminaran revirtiendo alguna vez a todos los bolivianos en forma de unas mejores condiciones de vida. Ya había sucedido en el pasado con la plata, el caucho, el estaño y el petróleo, cuya venta en los mercados internacionales, en los años en que había demanda y los negocios podían ser redondos, no solucionó los problemas de los pobres ni generó tejido industrial aquende las fronteras nacionales. Sánchez de Lozada afirmaba categóricamente que las ganancias de la operación, estimadas optimistamente en hasta 1.500 millones de dólares anuales, se iban a destinar de manera exclusiva a financiar proyectos sanitarios y educativos, pero no fue creído.

Algunos no cuestionaban el plan exportador, pero querían que se revisara la Ley de Hidrocarburos, promulgada bajo el primer Gobierno de Sánchez de Lozada en abril de 1996, para permitir al Estado recaudar más por el gas. El texto establecía que las transnacionales petroleras que operaban en Bolivia habían de pagar el 18% en regalías más un 34% sobre los beneficios, fiscalmente deducibles; para la oposición y las organizaciones promotoras de las protestas, y para el MAS en particular, la cifra del ingreso fijo por las regalías no podía ser menor del 50% y toda deducción fiscal debía ser suprimida. En resumidas cuentas, la elección del puerto extranjero de embarque del gas empezó a importar menos que su propia salida de Bolivia en las condiciones de participación empresarial conocidas o atisbadas y con la actual legislación en la mano, así como antes de generalizarse su uso doméstico e industrial en el país.

La crisis política entró en una fase que hacía imposible su desactivación hacia el 15 de septiembre, cuando campesinos de la ribera del Lago Titicaca bloquearon las carreteras que iban a La Paz con las exigencias de que se pusiera en marcha un plan de desarrollo rural y no se exportara el gas a Estados Unidos. Cinco días después, un enfrentamiento en la localidad de Warisata, a 148 km al noroeste de la capital departamental y estatal, entre fuerzas del orden y paisanos, que el Gobierno vinculó a la gente de Quispe, concluyó con la muerte de cuatro civiles y un soldado del retén que escoltaba una caravana de vehículos con 800 turistas que se habían quedado bloqueados por los cortes en las comunicaciones. El día 21, la CSUTCB declaró el "estado de sitio" y la "guerra civil indígena" en el Altiplano. En la jornada siguiente, sindicalistas, cocaleros y militantes del MAS constituyeron en Cochabamba una Dirección Única de Defensa del Gas. Era la primera vez que las huestes de Morales fundaban una plataforma en defensa de un bien natural ajeno a su terruño, Chapare, pero que revestía un interés crucial para el conjunto del país. Con este acto, Morales se puso a empujar con fuerza el ariete antigubernamental.

El 24 de septiembre la COB convocó una huelga general indefinida a partir del día 29 que tenía un carácter descaradamente político, ya que la primera reclamación era la dimisión pura y simple del presidente. En los primeros días de octubre, las manifestaciones, los paros cívicos y los cortes de vías empezaron a colapsar La Paz, mientras que en El Alto, a 14 km del centro de la capital, los violentos choques entre los movilizados y las fuerzas policiales y militares fueron dejando un reguero de muertos. El Gobierno habló de un proceso de "golpe de Estado", pero no se atrevió a declarar el estado de sitio, mientras que la Iglesia católica y diversas ONG denunciaron "una verdadera masacre".

El 13 de octubre, con La Paz a punto de sumirse en la revuelta popular y 20.000 personas manifestándose en sus calles, y con las algaradas extendiéndose a los demás departamentos del país a excepción de los habitualmente pacíficos Beni y Pando, Sánchez de Lozada hizo un anuncio de trascendencia: dejaba en suspenso los planes sobre el gas y convocaba a un diálogo nacional que se desarrollaría hasta el 31 de diciembre, en el curso del cual el Gobierno recogería las opiniones de todos los sectores sociales. Morales y los otros líderes de la protesta se felicitaron por el anuncio sobre el gas, pero según ellos éste llegaba demasiado tarde: lo que el presidente tenía que hacer ahora era, lisa y llanamente, abandonar el poder. La dramática jornada del lunes 13 de octubre terminó con 28 muertos, casi todos producidos en la urbe alteña, lo que elevaba a 63 las víctimas mortales producidas en el último mes en todo el país.

El desenlace dimisionario del acoso a Sánchez de Lozada se produjo el 17 de octubre, después de caer en saco roto su propuesta de someter a consulta popular y por departamentos las cuestiones de la exportación del gas, la modificación de la Ley de Hidrocarburos y la incorporación de la Asamblea Constituyente en la Constitución, de alertar contra la instauración en Bolivia de una "dictadura narco-sindicalista" y de perder el apoyo de los partidos que conformaban la mayoría congresual. Tras enviar la carta de renuncia al Congreso, Sánchez de Lozada burló sin dificultad el dispositivo de vigilancia improvisado por los enardecidos seguidores de Morales en torno al Palacio Quemado.

Ya de noche, el ya ex mandatario tomó en Santa Cruz de la Sierra un avión que le condujo a Miami, primera parada de su exilio en Estados Unidos. Cuando tuvo noticia de que su archienemigo se disponía a huir, Morales instó a la población a que impidiera a Sánchez de Lozada abandonar La Paz porque debía "ser juzgado por delitos de lesa humanidad" y "estar 30 años en la cárcel". Días después, promovió contra él ante la Fiscalía General la apertura de un pliego de acusaciones incluyendo la de "genocidio", en relación con los manifestantes muertos a manos de las fuerzas del orden.


7. Una oposición fluctuante al presidente Mesa: de la tregua social a la presión callejera

El liderazgo de Morales salió muy reforzado de esta victoria política, que, empero, presentaba un lado amargo por el alto coste en vidas que había tenido. Sin duda, ya era la personalidad más influyente del país, como su capacidad de movilizar masas acababa de mostrar. Al nuevo presidente constitucional tomado en juramento por el Congreso para completar el mandato en 2007, el hasta ahora vicepresidente, Carlos Diego Mesa Gisbert, un periodista e historiador no adscrito a ningún partido que había roto con su superior institucional el 13 de octubre nada más conocer el derramamiento de sangre en El Alto, y que venía gozando de bastante respetabilidad por su progresismo, su independencia, su honestidad y su talante conciliador, Morales le concedió la suspensión de los actos de protesta y un período de tregua hasta ver si se concretaban sus propuestas para, tal era el deseo de Mesa, "romper los escenarios de confrontación".

Mesa ofrecía la convocatoria de un referéndum "vinculante" sobre la cuestión del gas, la modificación de la Ley de Hidrocarburos para permitir recaudar más al Estado y el lanzamiento de la Asamblea Constituyente, aunque las imprecisiones de esta agenda presidencial sembraron desconfianzas en el MAS desde el primer momento. Con todo, las constantes apelaciones de Mesa a la paz civil, sus promesas de investigar judicialmente la represión gubernamental en las protestas y su desautorización de la ortodoxia liberal como modelo económico a seguir fueron recibidos por buena parte de la conmocionada sociedad boliviana como un lenitivo tan positivo como esperanzador.

Mientras le daba un respiro al nuevo mandatario, Morales aprovechó para relanzar las relaciones internacionales de su partido y para publicitar su causa allende las fronteras de Bolivia. Sus calurosos tratos con el dictador cubano Fidel Castro y con el presidente venezolano Hugo Chávez desataron todo tipo de especulaciones, algunas realizadas con tono de escándalo y alarma, sobre la extensión a Bolivia de la alianza estratégica forjada por estos dos caudillos izquierdistas de nula (el primero) o dudosa (el segundo) cultura democrática, al decir de sus detractores. Que el boliviano se codeara también con el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien a su vez venía cultivando una estrecha colaboración triangular con los dos dirigentes caribeños, no parecía suscitar tanta preocupación; además, a Lula, esas amistades se le recriminaban mucho menos.

Al tender lazos con la pléyade de organizaciones políticas y revolucionarias de izquierda y extrema izquierda que daban vida al controvertido Foro de São Paulo; al realizar afirmaciones como, según citó el Miami Herald, que "en América Latina tenemos que construir muchas Cubas", y que "muy pronto vamos a celebrar la transformación de América Latina en otro Vietnam para Estados Unidos" (el 30 de octubre de 2003, en La Habana, ante la Asamblea del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales); al expresarle a Chávez en Caracas su "solidaridad con la revolución bolivariana" (abril de 2003); al mostrarse con éste último y con Castro en actitud de fraterna camaradería en eventos anuales como el Foro Social Mundial (FSM) y el Encuentro Hemisférico contra el Acuerdo de Libre Comercio de Las Américas (ALCA) -convertido por el presidente venezolano en la plataforma ideal para promover la Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe (ALBA), su respuesta, apoyada por el masista con entusiasmo, al proyecto de desarme arancelario panamericano auspiciado por Estados Unidos-; y, ya en casa, al robar el protagonismo a la XIII Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado, en Santa Cruz de la Sierra el 14 y el 15 de noviembre de 2003, celebrando al mismo tiempo el Encuentro Social Alternativo, una verdadera "cumbre de los pueblos" según sus participantes, Morales, por todo ello, atrajo las miradas de todos y fue objeto de tantas censuras como de alabanzas.

Desde su sensacional rendimiento en las elecciones generales de 2002, el MAS generó toda una serie de rumores sobre sus fuentes de financiación más allá de la asignación que recibía del Estado en tanto que partido parlamentario. Producía perplejidad cuánto viajaba, organizaba y movilizaba su líder. Medios de comunicación derechistas del continente aventaron conjeturas sin pruebas sobre los generosos óbolos de la Venezuela chavista, la Cuba castrista y hasta de la Libia del coronel Muammar al-Gaddafi (cuyo Premio Internacional a los Derechos Humanos le había sido concedido en 2000) y la guerrilla colombiana de las FARC. La añeja acusación contra Morales de haber amasado una fortuna con sus actividades cocaleras, con lo que no sería precisamente el labriego y el sindicalista humilde que su aureola pintaba, rebrotaron con fuerza. Desde su exilio en Estados Unidos, Sánchez de Lozada se encargó de azuzar la polémica al confesarse "avergonzado y conmocionado" porque "todos estos narco-sindicalistas, gente corporativa y terroristas" le hubieran desalojado del poder.

Morales negó que hubiera nada irregular o reprobable en la financiación del partido, que éste tuviera mecenas políticos de fuera interesados en explotar las luchas bolivianas para sus propios intereses, y que él representara otra cosa que no fuera un movimiento popular de masas genuino e imparable, abogado por igual de, tal como rezaba el manifiesto del partido, "los pueblos indígenas, los campesinos, los obreros y todos los sectores marginados de la sociedad que, oprimida por el modelo neoliberal y la globalización", lucha por sus reivindicaciones, su identidad, su autodeterminación, la soberanía y la dignidad". Por lo demás, los masistas asumían que ellos solos no iban a "poder frenar la soberbia del imperio". En febrero de 2004 Morales afirmó que "después de 500 años de resistir hemos decidido tomar el poder", pero con la puntualización de que esa conquista iba a ser por medios democráticos.

Con la mirada puesta en las elecciones generales de 2007, el MAS presentó un Programa Político con diez puntos fundamentales que venía a sintetizar su ideología antineoliberal, anticapitalista y antiimperialista, y cuyo epítome máximo eran los conceptos de "territorio, soberanía y vida". Para Morales y sus conmilitones, el diagnóstico de Bolivia era claro: "el colonialismo interno" había "fracasado en la construcción del un Estado-nación moderno".

El decálogo masista consistía en: 1, Tierra y Territorio: los pueblos originarios estaban en su derecho de poseer y cultivar la tierra en la que vivían; 2, Recuperación de nuestros recursos: el Estado debía revocar los contratos de explotación de recursos naturales, ya fueran los combustibles fósiles, los bosques o el agua, por las transnacionales que menoscabaran la soberanía nacional sobre los mismos; 3, Por un país productivo: para desarrollarse y salir de la pobreza, Bolivia debía sacar partido de los recursos naturales renovables, como la coca, cuya defensa "es la defensa de nuestra historia y nuestra cultura, de nuestro patrimonio como pueblo"; 4, Un Estado bajo control social: urgía poner fin a un poder ejecutivo "depredador en función del interés de las transnacionales" y convertir a las instituciones del Estado en "instrumentos al servicio del pueblo"; 5, Las armas son del pueblo: se imponía una reforma profunda de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que estaban "sumidas en la corrupción", partiendo del principio de que "las armas que se les entregan, pertenecen al pueblo y, por tanto, deben estar a su servicio".

6, Educar para la libertad: la reforma educativa, entre otras mejoras, debía garantizar una instrucción primaria realmente gratuita y dejar en manos de los pueblos originarios la enseñanza en sus lenguas nativas; 7, Salud integral y total: la asistencia sanitaria pública debía alcanzar a todos por igual, sin discriminaciones; 8, Cada persona es imprescindible: traducido en hechos, la supresión del servicio militar obligatorio y la integración real de la mujer en la vida pública; 9, La integración es la recuperación de nuestro mundo: toda la acción internacional de Bolivia debía orientarse a la integración latinoamericana y a resistir las tendencias globalistas; y, 10, Asamblea Popular Constituyente: formada, no por los políticos profesionales, sino por "representantes de las organizaciones sociales que se reúnan con el mandato expreso de elaborar una Constitución del pueblo y para el pueblo".

En su V Congreso Nacional, celebrado en Oruro del 13 al 15 de diciembre de 2003, el MAS ratificó a Morales como presidente de su Comité Ejecutivo Nacional y candidato a la Presidencia de la República, e hizo una declaración de 21 principios ideológicos, entre ellos la justicia social "sin explotadores ni explotados", el "socialismo comunitario", la "soberanía económica" la "democracia participativa", la postulación de la "filosofía ancestral y milenaria" de los pueblos, la consideración de Bolivia como un Estado plurinacional, el impulso a la construcción de la "gran patria latinoamericana", la proclamación de la "unidad de destino con los pueblos del Tercer Mundo" y el "rechazo a toda forma de penetración o sojuzgamiento imperialista".

La frágil tregua social concedida a Mesa por Morales y los demás líderes opositores recibió un estímulo en febrero de 2004 con la aprobación por el Congreso de la Ley de Reforma a la Constitución Política del Estado, que introdujo en la Carta Magna los mecanismos participativos de la Iniciativa Legislativa Ciudadana, el Referéndum sobre temas de importancia nacional y la Asamblea Constituyente. Pero empezó a cuestionarse después de la celebración el 18 de julio del prometido referéndum vinculante múltiple –y farragoso, en su articulado- sobre la política energética y la exportación del gas.

Con un 90% de síes y un 60% de participación, Mesa obtuvo un respaldo popular inequívoco para su proyecto de abrogar la Ley de Hidrocarburos y sustituirla por una normativa que aumentara las regalías y las tasas del Estado desde el 18% al 50% del valor de la producción del gas y el petróleo, potenciar el control del Estado sobre el sector a través de YPFB, que recuperaría la propiedad de todos los hidrocarburos "en boca de pozo" (lo que supondría su renacionalización de hecho, pero sin expropiaciones o confiscaciones a las operadoras privadas), usar el gas "como recurso estratégico para el logro de una salida útil y soberana al Océano Pacifico" y destinarlo tanto al abastecimiento interno y al desarrollo industrial como a la exportación.

Morales, a diferencia de Quispe y Solares, no llamó a boicotear la consulta, sino que adoptó una postura de respaldo matizado: pidió el para las preguntas sobre la anulación de la Ley de Hidrocarburos, la estatalización de los recursos del subsuelo y la devolución a YPFB del papel central que había tenido antes de las privatizaciones. Pero demandó el no para los dos últimas cuestiones, que le parecían engañosas, y que, a su entender, dejaban abierta la puerta a las exportaciones a Chile (aunque Mesa manifestó que su opción era la de un puerto peruano) sin antes resolver la disputa territorial y no garantizaban debidamente que los beneficios del gas fueran a revertir en la población.

El líder del MAS razonó que boicotear el referéndum no tenía sentido, ya que eso supondría "defender la política" del ex presidente Sánchez de Lozada, y que si el Gobierno no cumplía con lo prometido, el "clamor popular" ya se encargaría de que lo hiciera. Por esta postura, Morales recibió acerbas críticas desde la COB, la CSUTCB, la Coordinadora de Defensa del Gas y otros grupos sociales autónomos, así como acusaciones de dividir al movimiento popular. Ahora bien, con su moderación en este tema, Morales consiguió que no se le identificara exclusivamente con las reclamaciones maximalistas del todo o nada. Además, resultaba coherente apostar por una consulta democrática que se había reclamado hasta la saciedad antes de llegar Mesa a la Presidencia, por más que algunos de sus términos no gustaran por ambiguos o por insuficientes.

Ahora bien, una cosa era dar un margen de confianza al Ejecutivo en la cuestión del gas, y otra bien distinta permitirle reanudar la erradicación de cocales en Chapare, donde la agitación se activó de nuevo. Tocado en su fibra sensible, Morales advirtió a Mesa que la única manera de recobrar la paz en el Trópico era detener la campaña de desarraigos. A últimos de septiembre, el presidente, en una muestra objetiva de debilidad, se plegó a la demanda.

En octubre, Morales quedó moderadamente satisfecho con el borrador de la nueva Ley de Hidrocarburos elaborado y ultimado por la Cámara de Diputados, que no era el que habría querido Mesa, pero tampoco los sectores más radicalizados del movimiento popular, que exigían "nacionalización con expropiación". La ley de Evo, como fue bautizada por los medios, iba más allá del proyecto de ley del Gobierno al otorgar un plazo de 180 días a las empresas operadoras (Repsol-YPF, Petrobras, BG Group, Total) para que cambiaran de contrato y abonaran al Estado el 50% de sus ingresos (que no de sus beneficios), el 18% en concepto de regalías y el 32% correspondiente al nuevo Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), aplicado a los volúmenes de hidrocarburos en su primera etapa de comercialización, y no deducible.

El 5 de diciembre, en un ambiente caldeado por la emergencia de las movilizaciones callejeras, el estallido de unas bombas de naturaleza claramente terrorista y la denuncia por Morales de que las Fuerzas Armadas y la Embajada estadounidense estaban preparando un golpe de Estado, se celebraron elecciones municipales y el MAS, por primera vez, fue la fuerza más votada con el 18,4% de los sufragios en todo el país. Su retroceso de más de dos puntos en relación con las presidenciales de 2002 quedó eclipsado al ser la única fuerza que crecía con respecto a las municipales de 1999: todos los partidos importantes del centroizquierda, el centro y la derecha cayeron en picado.

El tacticismo de Morales, que no pedaleaba su fulgurante sprint político a piñón fijo, se vio a las claras al despuntar 2005, cuando la sorpresiva decisión del Gobierno de reducir los subsidios a los carburantes, que se tradujo en un inmediato encarecimiento de los mismos, abrió sendos frentes de contestación en Santa Cruz de la Sierra y El Alto. El primero, sin solución de continuidad, con el estímulo de empresarios, sindicalistas y alcaldes del que era el departamento más industrioso y económicamente más diversificado del país, derivó en un movimiento autonomista y soberanista, y de desmarque de la nueva Ley de Hidrocarburos, por considerarla confiscatoria para las empresas y ahuyentadora de inversiones; el segundo frente, por el contrario, se convirtió en el toque a zafarrancho de las fuerzas populares de las tierras altas occidentales, que pasaron a exigir la nacionalización inmediata y completa del gas.

El líder del MAS se encontró en una posición incómoda, emparedado entre estos dos frentes antagónicos de rechazo a las políticas del Gobierno que arrastraban a miles de activistas, y sobre todo se arriesgaba a ser alienado en su propio campo, ya que él no lideraba a los grupos alteños, erigidos en vanguardia de la protesta en La Paz, así que se apresuró a romper el pacto tácito que tenía con Mesa, aunque no reclamó su renuncia. Asimismo, fustigó al denominado Comité Cívico pro Santa Cruz, al que acusó de ser una pantalla de la "oligarquía" cruceña y de exponer al país a una "guerra civil" con sus pretensiones "secesionistas", y convocó a los cocaleros de Cochabamba a movilizarse contra la aceptación gubernamental de algunas reclamaciones de autogobierno para el departamento oriental sin antes emplazar a la Asamblea Constituyente.

Álvaro Marcelo García Linera, un sociólogo y profesor universitario de ideas marxistas (pese a ser blanco, había sido el ideólogo del EGTK), que asesoraba a Morales y que estaba considerado un soporte intelectual del MAS, explicó el comportamiento de su amigo con estas palabras: "Cuando los radicales se hacen poderosos, Evo se acerca a ellos. Él teme que su base de apoyos pueda perder los elementos más radicales". En efecto, el MAS acompasó su paso al de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), movimiento cívico con cuartel general en El Alto y liderado por Abel Mamani Marca, que se lanzó al sabotaje puro y duro de las comunicaciones viales y los suministros de la capital para forzar la rescisión del contrato que tenía el consorcio Aguas del Illimani (AISA), cuyo principal socio accionarial era la multinacional francesa Suez Lyonnaise des Eaux, para la distribución de agua potable en La Paz y El Alto.

Empezó así la cuenta atrás de la caída de Mesa, en la que Morales iba a jugar un papel determinante, como lo había jugado en la caída de Sánchez de Lozada hacía menos de dos años. La renovada actitud beligerante del MAS tuvo mucho que ver con el anuncio por Mesa el 6 de marzo de que arrojaba la toalla porque su margen de maniobra, con un Congreso que no le secundaba y unos movimientos indígena y vecinal alteño abiertamente hostiles, se había reducido a cero.

Aunque la dimisión de Mesa no fue aceptada por los diputados –que era justamente lo que el presidente pretendía-, Morales, sintiéndose el objeto de una maniobra para dejarle aislado en el Congreso, tachó la misma de "posición chantajista al país" y acusó a su tramitador de haberse "desenmascarado como el gran defensor de la privatización". Pero el líder del MAS no desautorizó a los piquetes de radicales que bloqueaban las carreteras a lo largo de la geografía nacional y que paralizaban la actividad económica y comercial en varias ciudades. En estos días de bloqueos y paros salvajes, muchos exasperados ciudadanos vocearon en la calle su rechazo a Morales y su apoyo a Mesa, que según encuestas periodísticas tenía el respaldo de más del 60% de la población.

El malhumor de Morales, que se marginó del consenso entre Mesa y los demás grupos parlamentarios para avanzar hacia la negociación de un gran pacto nacional sobre el modelo de país que querían los bolivianos y, muy importante, para aplicar una agenda electoral con tres votaciones diferentes, a saber, la elección de la Asamblea Constituyente, la elección directa de los gobernadores departamentales y un referéndum sobre la configuración autonómica del país y el abandono del centralismo (las dos últimas eran dos medidas destinada a satisfacer las demandas del Comité Cívico de Santa Cruz), fue mitigado el 16 de marzo con la aprobación por la Cámara de Diputados de la nueva Ley de Hidrocarburos, que aunque no era "todo un éxito", con ella, "en su mayor parte, en los puntos centrales", el pueblo boliviano había "ganado". Si Morales no aplaudió el 100% de la ley fue porque a él le habría gustado que el 50% de los ingresos para el Estado correspondiera íntegramente a las regalías, ya que de esta manera se recaudaría mucho más dinero a las operadoras.

En este contexto, Morales anunció un "receso en las protestas", lo que se tradujo, por lo que a su gente respectaba, en el inmediato levantamiento de los bloqueos y el despeje de la carretera principal de acceso a La Paz, hasta que el Senado diera su plácet al texto definitivo. Lo que sucedió fue que la versión de la ley que finalmente aprobó la Cámara el 5 de mayo no recogió el deseo comentado arriba, que las regalías fueran del 50%, deseo que a estas alturas ya era una exigencia indeclinable para el MAS. De hecho, el texto devuelto por el Senado suponía un retroceso con respecto a la versión aprobada por la Cámara en marzo, ya que reconocía implícitamente la validez de algunos contratos de explotación y exploración.

De nuevo, Morales se radicalizó para no quedar a la zaga de la CSUTCB y la Fejuve, que demandaban la recuperación por el Estado del gas y el petróleo sin consideraciones de ningún tipo con las compañías privadas. Mesa, agotando los diez días de plazo que le concedía la Constitución, devolvió la ley sin firmar al Congreso, cuyo presidente, Hormando Vaca Díez, sancionó el 17 de mayo. Morales, furioso con la actitud de Mesa, y al alimón con sus equivalentes al frente de la CSUTCB, la COB, la COR y la Fejuve, arengó la enésima tanda de protestas antigubernamentales, en las que decenas de miles de indígenas, campesinos y mineros protagonizaron marchas, paros y bloqueos con la violencia a flor de piel, llegando al punto de cercar y paralizar La Paz, ante la pasividad de las fuerzas del orden.

En la cacofonía imperante, de un día para otro se escuchó a Morales, por un lado, pedir "la intervención militar para frenar a los oligarcas que quieren dividir Bolivia" y coincidir con Quispe, Solares y Mamani en la exigencia de que se impidiera a los cruceños celebrar el referéndum sobre el autogobierno del departamento que habían anunciado y que se convocaran cuanto antes elecciones a la Asamblea Constituyente, y, por otro lado, distanciarse del pronunciamiento hecho "a título individual" por dos tenientes coroneles a favor de un "gobierno cívico-militar", y discrepar con los tres líderes citados en sus afirmaciones de que había llegado la hora de nacionalizar los hidrocarburos sin contemplaciones, de echar a Mesa del poder y de forzar el adelanto electoral.

Las divergencias en el movimiento popular arrojaron más confusión e incertidumbre a la explosiva situación, aunque el 3 de junio todos los cabecillas coincidieron en rechazar la convocatoria por Mesa de elecciones a asambleístas constituyentes y el referéndum nacional sobre las autonomías para el 16 de octubre. Ante la imposibilidad de contener el pandemónium que se había adueñado del país, Mesa dimitió con carácter irrevocable en la noche del 6 de junio, escasas horas después de que Morales abrazara las exigencias de la renuncia presidencial y el adelanto electoral. Con la dinamita arrojada por brigadas de cobistas retumbando en La Paz, los residentes capitalinos aterrorizados, parte de la producción petrolera suspendida por las ocupaciones de campos y cientos de militantes autonomistas y campesinos indígenas sosteniendo enfrentamientos cuerpo a cuerpo en Santa Cruz, la situación podía calificarse de caos total, si no de preludio de una "guerra civil", como angustiosamente advirtió el presidente dimisionario.

El 9 de junio parecía que el presidente del Senado, Vaca Díez, con el sostén del MNR, el MIR, la NFR y el Comité Cívico de Santa Cruz, iba a hacer caso omiso de la advertencia de Morales, que de paso se puso a reclamar la nacionalización "de todos los recursos naturales", no sólo los hidrocarburos, y a proclamarse presidente constitucional, pero a última hora de la noche, los congresistas, reunidos en la Casa de la Libertad de Sucre, decidieron el desenlace reclamado por el MAS y sus aliados, y asumido también, en aras de la paz social, por las Fuerzas Armadas, la Iglesia católica y el propio Mesa: que la Presidencia de la República fuera otorgada, no a Vaca Díez, que era mirista y cruceño, ni al presidente de la Cámara de Diputados, Mario Cossío Cortez, emenerrista y tarijeño, sino al siguiente magistrado estatal contemplado en la previsión constitucional, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, a la sazón Eduardo Rodríguez Veltzé, un juez cuyo apoliticismo debía facilitar, por lo menos, la distensión que el país urgentemente necesitaba. Instantes después de aceptar las renuncias de Mesa, Vaca y Cossío a sus respectivos puestos institucionales, el pleno del Congreso designó presidente a Rodríguez.

Rodríguez ejerció la presidencia meramente interina que Morales había esperado, es decir, un gobierno de gestión que remitió toda decisión sobre las grandes problemáticas nacionales al ejecutivo que surgiera de las elecciones generales anticipadas, las cuales, tras ser descartada la primera fecha (el 4 de diciembre) decidida por el Congreso, fueron programadas para el 18 de diciembre. El Legislativo, esta vez con el voto favorable del MAS, abrió también sendos procesos preconstituyente y preautonómico, y previó la celebración en julio de 2006 de las elecciones a la Asamblea Constituyente y el referéndum sobre las autonomías regionales. En un clima inmejorable para la realización de sus expectativas, Morales, su compañero de boleta para la Vicepresidencia, García Linera, y el partido hicieron capítulo de sus propuestas de gobierno con los fines de "refundar la República de Bolivia", superar "las estructuras sociales y de producción que imponen la exclusión y la discriminación en el estado colonial en que nos tienen viviendo", y lanzar una "revolución cultural que implique cambios en todos los sectores de la comunidad boliviana".


8. Gran victoria electoral en 2005 bajo las banderas de la nacionalización de los hidrocarburos y la abolición del sistema neoliberal

Bajo el eslogan de ¡Somos pueblo, somos MAS!, Morales enumeró diez medidas básicas "para construir una Bolivia digna, comunitaria, solidaria y productiva", a saber: convocatoria de la Asamblea Constituyente; nacionalización e industrialización de los hidrocarburos, "sin confiscación", con "refundación real" de YPFB y destinación prioritaria del gas de Tarija al suministro doméstico; Ley de autonomías, que incidiera en la descentralización política, económica y administrativa, y se fundara en la "diversidad cultura y regional" y la "redistribución justa de la riqueza entre todos los bolivianos"; Plan de desarrollo productivo, para "poner fin al ciclo neoliberal iniciado con el D. S. 21060"; Plan eficaz de seguridad ciudadana; Ley contra la impunidad y la corrupción; Ley de austeridad estatal, o ley tijera; Ley de tierra productiva con desarrollo rural, concentrado en la liquidación de los latifundios improductivos y la distribución gratuita de fincas entre el campesinado, luego se contemplaba una reforma agraria en toda regla, de tipo socialista clásico; nuevo sistema de Seguridad Social, para lograr "mayor equidad, justicia e igualdad", y para poder hablarse con propiedad de la "soberanía social"; y, por último, la Ley de transformación de la educación y revalorización de la cultura.

Morales, en la vorágine de la precampaña y la campaña, convencido como estaba de que su candidatura iba a aglutinar el voto de los indígenas, los trabajadores y los elementos progresistas de las clases medias, concedió a medios nacionales y extranjeros numerosas entrevistas que buscaron aclarar o desarrollar los puntos de su plan de gobierno, e hizo un sinfín de declaraciones de intenciones a título más personal, algunas con un tono ciertamente contundente, generando un abanico de reacciones que iban desde el presagio catastrofista hasta la expectación eufórica.

En el campo del análisis, una cuestión fundamental se abrió paso: si conquistaba la Presidencia, como parecía más probable, Morales, ¿gobernaría Bolivia con un estilo radical, populista y personalista, como Chávez, o acaso adoptaría una línea de gradualismo, moderación y diálogo político, como Lula?. Algunos comentaristas opinaban que la decantación por una u otra vía iba a estar ligada al número de votos que Morales obtuviera y a la relación de fuerzas en el Congreso, donde el MAS podría tener que contentarse con la mayoría simple y verse obligado a pactar. Claro que si Morales se revelaba como un presidente sobrio y pragmático, bien podría suceder que sus paisanos más radicalizados e impacientes le dieran la espalda antes de terminar el mandato.

Hasta el mismo día de los comicios, Morales, vestido con poncho indígena y blandiendo, como advertencia a "vendepatrias" y "corruptos", un chicote o pequeño látigo para arrear llamas, afirmó muchas cosas: que, si ganaba, el cultivo de coca sería despenalizado; que los más de 70 contratos de explotación otorgados a petroleras extranjeras quedarían "automáticamente cancelados"; que, aunque admiraba las políticas aplicadas por los "compañeros y hermanos" Castro en Cuba y Chávez en Venezuela, no se trataba de "importarlas", sino de "compartir experiencias", ya que Bolivia tenía "su realidad"; que los masistas eran los "comandantes para liberar Bolivia" y estaban listos para "enfrentar al imperialismo norteamericano"; o que el Gobierno de Estados Unidos tenía que retirar las tropas de Irak y las instalaciones militares de Latinoamérica, aunque, con todo, estaba invitado al diálogo, pero "sin subordinaciones".

Los últimos sondeos pronosticaban la victoria de Morales en las presidenciales con cinco puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor, el ex presidente Tuto Quiroga, que se presentaba por el nuevo partido Poder Democrático y Social (Podemos, el cual llenaba el hueco dejado por la evaporada ADN) y que, aun perteneciendo a las élites tradicionales blancas y teniendo una trayectoria de tecnócrata liberal de centroderecha, se vio obligado -los nuevos tiempos mandaban- a formular un programa orientado a la izquierda; incluso el logotipo de Podemos, una estrella de cinco puntas sobre fondo rojo (que a primera vista parecía el emblema de un partido de tipo comunista), abonaba esa impresión de gran preocupación por la cuestión social, o pretendía suscitarla. Parecía casi seguro que Morales, como los cinco anteriores cabezas del Ejecutivo salidos de elecciones, con una previsión máxima de voto del 35%, no iba a poderse proclamar presidente sin el concurso del Congreso. Y allí, Podemos, gracias a su caudal de votos en las tierras bajas, se antojaba en condiciones de obtener el control del Senado.

Pues bien, todos los estudios demoscópicos se quedaron cortos, muy cortos. El 18 de diciembre de 2005, con una participación del 84,5%, Morales ganó la Presidencia con un impresionante 53,7% de los votos, seguido por Quiroga con el 28,6% y, a una distancia mucho mayor, con menos del 8% y en orden decreciente, Samuel Doria Medina Auza por Unidad Nacional (UN), Michiaki Nagatani Morishita por el MNR, Felipe Quispe por el MIP, Gildo Angulo Cabrera por la NFR, Eliceo Rodríguez Pari por el Frente Patriótico Agropecuario de Bolivia (FREPAB) y Néstor García Rojas por la Unión Social de los Trabajadores de Bolivia (USTB). En las legislativas, el MAS logró la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados con 72 escaños y ganó 12 de los 27 senadores, uno menos de los obtenidos por Podemos. De los 157 congresistas electos, 84 eran masistas. Podemos iba a ocupar 56 curules, y los 17 restantes se los repartían UN y el MNR, único partido del pasado que retuvo un mínimo de representación. En las legislativas, el naufragio fue total para la NFR y el MIR, del que la UN de Medina Auza era una escisión, pero también para el MIP.

La distribución del voto de las elecciones presidenciales, legislativas y a prefectos departamentales dibujó un mapa de Bolivia dividido en dos áreas bien diferenciadas: un occidente andino, cocalero y minero, más indígena y más poblado, que se decantó por Morales, y un oriente tropical, con grandes reservas de hidrocarburos, pujante económicamente y más mestizo y criollo, que votó por Quiroga y Medina. A pesar de su sobresaliente rendimiento a nivel nacional, el MAS fue relegado en los comicios prefecturales, donde Podemos y una serie de listas regionales que eran sus aliadas, en el cómputo global, le ganaron la partida. Así, si en las generales los masistas fueron los más votados en cinco de los nueve departamentos, y con más del 60% en tres de ellos –La Paz, Cochabamba y Oruro-, las prefecturas ganadas se redujeron a tres. Los casos de La Paz y Cochabamba fueron especialmente paradójicos: allí, Morales arrasó con el 66,6% y el 64,8% de los votos, respectivamente, pero en las votaciones a prefectos el MAS no pasó del 33% en el primer departamento y del 44% en el segundo, viendo frustrada su expectativa de gobernar en ambos.

Después de recibir, en una rápida y loable demostración de cultura democrática, la felicitación de Quiroga, Morales, desde su cuartel general en Cochabamba, iniciada la cuenta atrás para su toma de posesión el 22 de enero de 2006 como el primer presidente indígena en la historia de Bolivia y el segundo de toda Hispanoamérica desde Benito Juárez en el México en 1867, dio las gracias a todos los bolivianos que habían permitido este triunfo, prometió gobernar junto a los movimientos sociales, reiteró su determinación de nacionalizar los hidrocarburos y derogar el derecho de propiedad de las petroleras sobre los pozos, si bien éstas no serían "extorsionadas", advirtió que no habría tratos con quienes "robaron al país" y "vendieron la patria", e instó a construir en Latinoamérica el Tahuantinsuyu y la "patria grande" soñada por Simón Bolívar.

Cobertura informativa hasta 20/12/2005