Dilma Rousseff

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Datos relevantes

Actualización: 29 de Septiembre de 2014
Crédito fotográfico © Blog do Planalto, Roberto Stuckert Filho/PR
Dilma Vana Rousseff

Brasil

Presidenta de la República

Duración del mandato: 01 de Enero de 2011 - En funciones

Nacimiento: Belo Horizonte, estado de Minas Gerais , 14 de diciembre de 1947

Partido político: PT

Profesión: Economista

Crédito fotográfico © Blog do Planalto, Roberto Stuckert Filho/PR

Resumen

En octubre de 2014, al filo de cuatro años de gobierno marcados por los desafíos de la desaceleración económica y la protesta social, Dilma Rousseff lucha por ganar su segundo e improrrogable mandato como presidenta de Brasil. La aspirante a la reelección arrancó la campaña con los índices de aceptación mermados y con el país decepcionado por el desenlace, en julio, del Mundial de Fútbol, cuyos preámbulo y desarrollo se vieron sacudidos por la enésima ola de contestación ciudadana.

Rousseff debió su triunfo electoral en 2010 menos a una reputación de gestora eficiente que al respaldo entusiasta de su padrino político y superior institucional, Luiz Inácio Lula da Silva, quien se despidió del poder en el cenit de popularidad. Antigua subversiva contra la dictadura y de carácter enérgico, Rousseff se convirtió en la protegida y heredera de Lula, quien la escogió frente a otros miembros del Partido de los Trabajadores (PT, socialista) con más recorrido militante atendiendo a sus cualidades ministeriales, ejercitadas en su etapa (2003-2010) como titular de Energía y jefa de la Casa Civil.

El 1 de enero de 2011 Rousseff tomó posesión como la primera mujer presidenta de un país "en racha", al que ofrecía la continuidad, reforzada en lo social, de un modelo de crecimiento sostenible e inclusivo que conciliara con abundantes dosis de pragmatismo la estabilidad financiera, el clima pro mercado y las políticas distributivas y de aumento de la renta. Recostada en la amplia mayoría parlamentaria que le brindaban los once partidos de la coalición oficialista, y deseosa de demostrar que era una mandataria por méritos propios, con visión y autoridad, sus primeros pasos estuvieron encaminados a erradicar la pobreza extrema, una de las principales metas contenidas en los programas y planes desarrollistas del Ejecutivo (PAC II, Bolsa Familia, Mi Casa Mi Vida, Brasil sin Miseria) y, a la vez, perseverar en la responsabilidad fiscal con un refuerzo de la austeridad presupuestaria.

En su primer año en Planalto, Rousseff consiguió capear la riada de escándalos y dimisiones con trasfondo de corrupción que estremeció su Gabinete hasta bien entrado 2012. También preservó la alianza, asaltada por tensiones recurrentes, con su principal socio, el centrista PMDB. En el terreno económico, una tónica de todo el cuatrienio ha sido la preocupación por mantener a raya la inflación. Esta lucha ha puesto al Gobierno Dilma ante una serie de desagradables dilemas monetarios, cambiarios y comerciales, con implicaciones fluctuantes en los elevados tipos de interés –sucesivamente recortados entre 2011 y 2013 pero de nuevo al alza desde entonces-, el valor del real en el mercado de divisas –intervenido también en 2013-, e inevitablemente, el ritmo del crecimiento; este ha frustrado las expectativas y su acusado deterioro ha terminado por meter al país en recesión técnica en el segundo semestre de 2014.

La pacificación militar de las favelas y el movimiento huelguístico de funcionarios y policías en 2012 pusieron a prueba la pericia y la determinación de la presidenta para asegurar la paz social en un país que debía dar al mundo una imagen de modernidad y solvencia de cara a los Mundiales de 2014 y las Olimpiadas de Rio de 2016. Pero en junio de 2013 a Rousseff le estalló una descomunal protesta popular que, con epicentro en São Paulo, fue sumando a los agravios localistas (encarecimiento del transporte urbano, violencia policial) toda una paleta de reivindicaciones nacionales (mejora de los servicios públicos, intolerancia con la corrupción, coto a los costes de los eventos deportivos), poniendo de manifiesto el gran descontento acumulado en extensas capas, fundamentalmente las clases medias, de la población. Rousseff, que vio peligrar su presidencia por los disturbios y las movilizaciones masivas, asumió el diagnóstico sociológico e hizo importantes concesiones apaciguadoras, incluida la propuesta, polémica, de convocar un plebiscito para abrir un proceso constituyente.

En la política exterior, ámbito de importancia capital para una potencia emergente que aspira a ver reconocidos su predominio regional y su relevancia en la turbulenta escena global, Rousseff ha desplegado una diplomacia de reafirmación libre de cualquier complejo histórico que, sin renunciar al multilateralismo abierto de Lula, ha introducido sin embargo claros matices distintivos. El más señalado es una atenuación del activismo en los procesos de integración estrictamente sud/latinoamericanos, el área natural de Brasil para ejercer liderazgo, en favor de la exploración del potencial de negocios, en apariencia ilimitado, que brinda el grupo de los BRICS. En este dinámico foro de economías emergentes Brasil se da la mano con Rusia, India, Sudáfrica y, sobre todo, China, un socio estratégico de primer orden con quien ya efectúa el 17% de todas sus transacciones comerciales.

Con Estados Unidos, el gigante del Norte al que Brasil da una réplica sureña con afanes de competición, Rousseff ha mantenido un incierto diálogo "de igual a igual" que se ha visto seriamente perjudicado por el caso del espionaje de la NSA. La composición del consorcio extranjero que explotará el gigantesco campo petrolífero de Libra, descubierto en 2010 en la cuenca submarina de Santos, sugiere la prioridad euro-asiática de Brasilia: los cuatro asociados de Petrobras en esta macroperación con repercusiones geopolíticas son dos compañías chinas, la francesa Total y la anglo-holandesa Shell.

(Texto actualizado hasta septiembre 2014)

Biografía

1. Los años en la guerrilla contra la dictadura militar
2. Primera carrera política en el PDT de Rio Grande do Sul
3. Fuga al PT, encuentro con Lula da Silva y fichaje para el Gobierno Federal
4. Del Ministerio de Energía a la Casa Civil de la Presidencia
5. Heredera designada por Lula para sucederle en 2011
6. Campaña presidencial en subida libre y victoria electoral
7. Una mujer en el Palacio de Planalto: los sobresaltos del debut
8. Escándalos de corrupción y dimisiones ministeriales en cadena
9. Las políticas de Dilma: avance de la inclusión social, discutida protección de la Amazonía y la explotación del petróleo de pre-sal
10. Seducción comercial de los BRICS y complicadas relaciones con Estados Unidos
11. Una población insospechadamente descontenta: la gran protesta social de 2013
12. Deterioro de la economía y el reto de los Mundiales de Fútbol en el año de la reelección


1. Los años en la guerrilla contra la dictadura militar

Hija de Pedro Rousseff, un inmigrante búlgaro completamente asimilado al país de acogida, en el que se labró una próspera trayectoria como abogado y hombre de negocios, y de Dilma Jane Silva, maestra de escuela, nació y creció en Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais, junto con sus hermanos Igor y Zana Lúcia.

Pedro Rousseff, cuyo nombre eslavo original era Petur Rusev, estuvo afiliado al Partido Comunista en su Bulgaria natal, donde enviudó de su primera cónyuge y dejó un hijo mayor, e hizo carrera profesional en São Paulo antes de establecerse con su esposa brasileña, mucho más joven que él, en Belo Horizonte; allí trabajó para la Compañía Siderúrgica Mannesmann e hizo unas lucrativas inversiones en el mercado inmobiliario.

Dilma se educó en el colegio de señoritas Nossa Senhora de Sion y luego realizó la secundaria en el Colégio Estadual Central, hoy Escola Estadual Governador Milton Campos. Su infancia discurrió en un ambiente familiar burgués, en una espaciosa vivienda que contaba con servicio doméstico.

Los Rousseff observaban las convenciones sociales de las clases medias acomodadas de Belo Horizonte y no dejaron de proporcionar a sus hijos una formación en humanidades que incluyó la música, la danza, la lectura de los clásicos literarios y las clases de francés. Huérfana del padre desde los 14 años, la muchacha no tardó en mostrar inquietudes sociales y en moverse en los ambientes políticos de izquierda.

Su ingreso en el Colegio Estatal en 1964 la metió de lleno en el movimiento estudiantil más reivindicativo, coincidiendo con el golpe de Estado militar que derrocó al Gobierno trabalhista (laborista) de João Goulart y liquidó la democrática República Nova, fundada en 1945.

Ese mismo año, a los 16, se introdujo en la Organização Revolucionária Marxista-Política Operária (POLOP), un grupo de extrema izquierda, surgido de sendas disidencias juveniles de los partidos Comunista (PCB), Socialista (PSB) y Trabalhista (PTB), y que se sumergió en una disputa interna sobre la estrategia a seguir para expulsar a la dictadura y avanzar hacia la creación de un Gobierno de tipo socialista. El sector posibilista apostaba por la vía política, mientras que el radical se decantaba por la lucha armada.

Dilma se alineó con los radicales y en 1967, con 19 años, pasó a formar parte del Comando de Libertação Nacional (COLINA), modesto grupo subversivo que inició una campaña de asaltos a bancos y ataques con bomba en Minas Gerais.

Aunque no participaba directamente en la comisión de los atentados (si bien fue instruida en el manejo de armas de fuego y en el enfrentamiento callejero con la Policía), su capacidad de liderazgo y su enérgica personalidad le permitieron descollar en el aparato político del COLINA como enlace con los sindicatos, instructora ideológica y editora del periódico clandestino O Piquete. Su ideario en estos años era abiertamente marxista y prosoviético. Según antiguos compañeros de militancia, Dilma se hizo guerrillera urbana tras leer el célebre ensayo del intelectual francés Régis Debray Revolución en la revolución.

En septiembre de 1967 Rousseff contrajo matrimonio civil con un camarada del POLOP y el COLINA, Cláudio Galeno Linhares, periodista veinteañero con contactos entre la tropa de marinería y una experiencia carcelaria a sus espaldas. También por entonces, inició la carrera de Economía en la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG).

A principios de 1969, evadiéndose de una redada general lanzada por las fuerzas de seguridad a raíz del asesinato por su organización de dos policías, la pareja se refugió en Rio de Janeiro, donde los avatares políticos y personales terminaron separándoles. Él fue enviado a Porto Alegre y ella permaneció en la urbe carioca para ayudar en la recomposición del COLINA, el cual aunó fuerzas con otra organización emanada del POLOP, la Vanguarda Armada Revolucionária (VPR), surgiendo como resultado la Vanguarda Armada Revolucionária Palmares (VAR-Palmares).

Tras separarse de Galeno de manera amistosa, Dilma entabló relaciones sentimentales con otro compañero de la lucha armada, Carlos Franklin de Araújo. La pareja se conoció durante las reuniones con el grupúsculo comunista disidente que Araújo lideraba y que desembocaron en la fusión que dio lugar al VAR-Palmares.

En su seno, Rousseff, empleando distintos nombres de guerra, tuvo una actuación oscura e incierta. Antiguos guerrilleros y cronistas de las luchas contra la dictadura en aquellos años le atribuyen un rol dirigente y la condición de cerebro de varios golpes sonados, como robos y asaltos, y de hecho los ejecutores de la represión la tenían por una terrorista astuta, carismática y de alto rango, pero otros testimonios con conocimiento personal niegan que jugara un papel destacado en la guerrilla, más allá de algunas contribuciones logísticas. Ella misma, cuando se le ha preguntado por estos tenebrosos años, se ha limitado a desmentir su atribuido peso en el COLINA y el VAR-Palmares, eludiendo entrar en detalles.

Sea como fuere, en enero de 1970, preludiando la desarticulación de su organización tras la captura o muerte de los sucesivos cabecillas, Rousseff cayó en una encerrona policial en un bar de São Paulo y fue aherrojada en los calabozos paulistas de la Operação Bandeirantes (OBAN), un centro de información e interrogatorios montado por las inteligencias militar y policial para combatir la insurgencia y el terrorismo.

Allí, la "Juana de Arco de la subversión", como la calificó un fiscal del Ejército, fue sometida a intensas sesiones de tortura, con golpes y descargas eléctricas, dirigidas por oficiales cuyos nombres ella denunció posteriormente, en las vistas judiciales que siguieron a la restauración democrática. También le practicaron tortura psicológica, como una simulación de fusilamiento.

De acuerdo con su testimonio a la ONG Tortura Nunca Mais, su suplicio en el infierno extrajudicial de la OBAN se prolongó durante 22 días, un extremo que ha sido puesto en duda, bien que con un tono irónico y denigratorio, por medios militares, los cuales estiman que no es posible que pudiera sobrevivir tanto tiempo a un maltrato tan extremo. Según el periodista Luiz Maklouf Carvalho, Dilma reveló a sus torturadores los nombres de algunos camaradas del VAR-Palmares, pero no facilitó información sobre Araújo, quien de todos modos fue apresado poco después.

Puesta bajo la jurisdicción del Departamento de Orden Político y Social (DOPS) y procesada en tres estados (São Paulo, Rio de Janeiro y Minas Gerais) por la Justicia Militar, Rousseff fue hallada culpable del delito genérico de subversión, ya que la acusación no halló pruebas de su participación en acciones armadas concretas. Recibió una condena sumada de seis años de prisión que empezó a cumplir en el presidio Tiradentes de São Paulo. Posteriormente, el Superior Tribunal Militar le redujo la pena a dos años y un mes, de manera que la estancia carcelaria llegó a su término a finales de 1972.


2. Primera carrera política en el PDT de Rio Grande do Sul

Tras recobrar la libertad, y, según algunas fuentes, con la salud física bastante mermada, Rousseff pasó una temporada en Minas Gerais para recuperarse junto con su madre antes de regresar a São Paulo y de instalarse definitivamente en Porto Alegre, donde se reencontró con Carlos Araújo, quien se hallaba preso allí, hasta ser liberado también en junio de 1974.

La pareja inició una nueva vida en la capital de Rio Grande do Sul. Él retomó la abogacía y ella hizo lo mismo con los estudios de Economía, que había dejado interrumpidos en Belo Horizonte, siendo admitida en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS).

En 1975, rigiendo la presidencia del general Ernesto Geisel, Rousseff pasó a simultanear sus estudios con un trabajo remunerado en la Fundación de Economía y Estadística (FEE), dependiente del Gobierno del estado. En marzo de 1976, estando aún casada con Galeno, del que no se divorciaría hasta 1981, Dilma alumbró de Araújo a su única hija, Paula, y al año siguiente se sacó la licenciatura en la UFRGS. Entre 1978 y 1983 la antigua guerrillera intentó ampliar su currículum con una maestría económica de posgrado en la Universidad Estatal de Campinas (UNICAMP), pero dejó los estudios sin terminar.

Su primera militancia política dentro de la legalidad discurrió en el Instituto de Estudios Políticos y Sociales (IEPES), casa de debate intelectual vinculada al único partido opositor autorizado por el régimen militar, el Movimiento Democrático Brasileño (MDB, centrista), el cual participaba en el remedo de parlamentarismo electoral instaurado por la dictadura junto con la oficialista Alianza Renovadora Nacional (ARENA, derecha promilitar), que a su vez ostentaba la gobernación de Rio Grande do Sul. A finales de 1977, una investigación del Ministerio del Ejército sacó a la luz pública el pasado subversivo de Rousseff y la joven, a punto de cumplir la treintena, fue despedida de la FEE.

Este episodio parece que hizo reverdecer en Rousseff el activismo de izquierdas. Tomó parte en las campañas a favor de la amnistía para las miles de personas que habían perdido sus derechos políticos y civiles por su oposición a la dictadura –la cual fue efectivamente concedida en agosto de 1979 por el nuevo presidente militar, João Batista Figueiredo, favorable a la apertura política- y, conjuntamente con su pareja, participó en los trabajos que condujeron a la fundación en junio de 1980 del Partido Democrático Trabalhista (PDT), de orientación socialdemócrata, bajo el liderazgo del veterano político gaúcho Leonel Brizola, quien fuera gobernador del estado con el PTB. En realidad, Brizola intentó primero resucitar el viejo PTB, pero de la sigla histórica se apoderó, ganando una batalla legal, el grupo rival de la ex diputada federal Ivete Vargas Tatsch.

Militante activa del PDT, Rousseff se involucró a fondo en la vasta movilización nacional conocida como Diretas Já, que exigió al general Figueiredo, infructuosamente, la recuperación de la elección presidencial directa en la Constitución, sin la cual la transición a la democracia quedaría incompleta. Asimismo, participó en las campañas electorales del partido en los niveles municipal, estatal y federal. En la votación del 15 de noviembre de 1982 Araújo ganó el escaño en la Asamblea Legislativa de Porto Alegre, donde iba a ser reelegido en 1986 y 1990. Allí, su pareja ejerció de asesora del grupo de asambleístas del partido entre julio de 1980 y el último día de diciembre de 1985.

El arranque de la carrera parlamentaria de Araújo proyectó a Rousseff a la profesión política también. En enero de 1986, como premio a su dedicación en la campaña pedetista de las elecciones de noviembre de 1985 a la Prefectura (alcaldía) de Porto Alegre, el titular electo, Alceu Collares, la incluyó en su equipo de gobierno como secretaria municipal de Hacienda. Se trataba de su primer cargo ejecutivo, de hecho su primera responsabilidad en la función pública.

En las elecciones locales del 15 de noviembre de 1988, el PDT, con Araújo de candidato, perdió la Prefectura frente al postulante del Partido de los Trabajadores (PT, socialista), Olívio Dutra, tal que el primero de enero de 1989 Rousseff abandonó el puesto municipal. Su sucesor, Políbio Braga, denunció haber hallado la Secretaría de Hacienda sumida en el "caos", si bien Collares puso a su subalterna como un ejemplo de competencia y transparencia.

A continuación, Dilma fue nombrada directora general de la Cámara Municipal de Porto Alegre, pero al cabo de unos meses, en febrero de 1990, fue destituida por el presidente de la entidad, el concejal Valdir Fraga, según él porque tenía la mala costumbre de llegar tarde al trabajo. La victoria de su mentor pedetista en las elecciones del 3 de octubre de 1990 a la gobernación de Rio Grande do Sul convirtió a Rousseff en la presidenta de la FEE en marzo de 1991, 14 años después de ser expulsada de su plantilla a causa de su historial guerrillero.

El 1 de diciembre de 1993 Collares volvió a promocionarla incluyéndola en su Gabinete como secretaria estatal de Energía, Minas y Comunicaciones, labor que desempeñó hasta el 2 de enero de 1995. Durante el cuatrienio de gobierno (1995-1999) de Antônio Britto, del PMDB (ex MDB), Rousseff, se mantuvo activa en la FEE, donde editó la revista Indicadores Econômicos. Asimismo, hizo una fugaz incursión, hasta 1996, en la pequeña empresa privada, como gerente de un establecimiento de artículos a bajo precio.

En cuanto a su vida marital con Araújo, esta quedó interrumpida a finales de 1994 tras descubrir ella que el diputado había dejado embarazada a otra mujer; el fruto de esta aventura extramatrimonial, Rodrigo, nació en 1995. En 1996 los cónyuges se reconciliaron y volvieron a hacer vida compartida, hasta que una nueva separación les condujo a la ruptura definitiva, sellada en divorcio, en 2000. Hasta 1999 Dilma portó como segundo apellido el sobrenombre de su primer marido, Linhares.

Por otro lado, en 1998 Rousseff inició un doctorado de Economía Monetaria y Financiera impartido por la UNICAMP; pese a cursar todos los créditos, no llegó a defender la tesis doctoral.

El 1 de enero de 1999, coincidiendo con el arranque en Brasília del segundo mandato presidencial del socialdemócrata (PSDB) Fernando Henrique Cardoso, Rousseff estuvo de vuelta en la Secretaría de Energía, Minas y Comunicaciones de Rio Grande do Sul merced al acuerdo de coalición alcanzado por el ganador de la segunda vuelta de las elecciones estatales, el petista Dutra, con el PDT, cuya candidata a gobernador, Emília Fernandes, había quedado tercera en la primera ronda del 4 de octubre de 1998.

En su segundo período de gobierno regional, Rousseff apuntó en su haber un ambicioso programa de obras públicas, con participación del capital privado, para la expansión de la generación y la distribución energéticas en el estado más meridional del país, que padecía serios problemas de desabastecimiento eléctrico por la falta de inversiones en infraestructuras.


3. Fuga al PT, encuentro con Lula da Silva y fichaje para el Gobierno Federal

Para 1999, la política sul-riograndense ya no se encontraba cómoda en el PDT, donde el viejo caudillo, Brizola, hacía gala de un populismo imprecisamente izquierdista que a un número creciente de electores les parecía trasnochado, según se desprendía del paulatino desvanecimiento electoral del partido desde 1989, cuando aún quedó tercero en las presidenciales y las legislativas.

Rousseff dirigió su interés al pujante PT de Luiz Inácio Lula da Silva, el antiguo obrero metalúrgico y líder sindical que blandiendo un discurso intensamente socialista había quedado segundo en las elecciones presidenciales de 1989, 1994 y 1998, cuando concurrió aliado con Brizola.

De cara a su cuarta tentativa presidencial, en las elecciones del 6 de octubre de 2002, Lula había decidido cambiar de estrategia y, sin renunciar a lo esencial del discurso petista de izquierdas muy crítico con las políticas económicas liberales y comprometido con las causas sociales, pasó a abrazar los enfoques pragmáticos y aceptó dulcificar su imagen de socialista hosco y radical, que limitaba su potencial en las urnas.

La secretaria de Energía se pasó a la disidencia del trabalhismo gaúcho encabezada por Sereno Chaise, un antiguo prefecto de Porto Alegre que en 1994 había fracasado estrepitosamente en la elección a gobernador y que cuatro años después, presidiendo el partido en el estado, había dispuesto el apoyo al petista Dutra en la segunda vuelta frente al pemedebista Britto.

Las divergencias de Rousseff con Brizola y sus lugartenientes en Rio Grande do Sul se agudizaron en la antesala de las elecciones municipales de octubre de 2000 cuando ella, en lugar de apoyar al candidato designado por el PDT para prefecto de Porto Alegre, Alceu Collares, el hombre que le había abierto las puertas de la política local, se decantó por el postulante del PT, Tarso Genro, a la postre ganador. A principios de 2001, Chaise, Rousseff, Emília Fernandes y otros militantes opuestos a la decisión del aparato brizolista de sacar al PDT del Gobierno Dutra culminaron su rebeldía pasándose a las filas del PT, que les recibió con los brazos abiertos.

La labor de Rousseff en el sector eléctrico de Rio Grande do Sul, donde estaba diversificando e incrementando la producción de energía con la implantación de plantas de generación eólica, suscitó el interés del equipo de campaña de Lula, que reclutó a la secretaria del estado para asistir en la elaboración del programa energético del candidato. A Lula le produjo una grata impresión aquella "compañera con un ordenadorcillo en la mano" que con un conocimiento más práctico que teórico, fruto de su experiencia gubernamental, debatía sobre la manera de solucionar el problema de los apagones en Brasil con los expertos técnicos de la plataforma del PT.

El 27 de octubre de 2002 el líder petista, con el apoyo de todo el arco de la izquierda, se proclamaba presidente de Brasil en segunda vuelta frente al oficialista José Serra, del PSDB, y a mediados de noviembre Rousseff, ya apeada del Gobierno de Rio Grande do Sul, se integraba en el equipo técnico de transición entre los gobiernos saliente y entrante, concretamente como coordinadora de uno de los seis grupos de área, el de Infraestructuras.

Incluso antes de esta participación, Lula ya había decidido sentar a Rousseff en su Gobierno Federal como ministra de Minas y Energía si es que llegaba al Palacio de Planalto. El 20 de diciembre hizo el nombramiento correspondiente y este se hizo efectivo el 1 de enero de 2003 con la inauguración de la nueva Administración federal.


4. Del Ministerio de Energía a la Casa Civil de la Presidencia

En los dos años y medio siguientes, Rousseff trabajó para establecer un nuevo modelo en el sector energético brasileño con el objetivo de acabar con el crónico déficit en la generación eléctrica y las consiguientes medidas de racionamiento o interrupción del suministro, que perjudicaban a los usuarios y dañaban la actividad económica.

Tomando como base su labor en Rio Grande do Sul, la ministra combinó las inversiones públicas y privadas para construir plantas hidroeléctricas, centrales térmicas y parques eólicos a lo largo y ancho del país. El Programa de Incentivo a las Fuentes Alternativas de Energía Eléctrica (PROINFA), instituido en 2004, se enmarcó en este esfuerzo.

El nuevo marco regulador, más liberal, redujo sustancialmente el peso del Estado en el sector eléctrico, mientras que el Programa Nacional de Universalización del Acceso y Uso de la Energía Eléctrica, más conocido como Luz Para Todos, lanzado el 11 de noviembre de 2003, tenía por finalidad llevar la electricidad a más de 10 millones de habitantes de las zonas rurales en un plazo de cinco años, dando prioridad a las áreas con menor índice de desarrollo humano y a las familias con rentas más bajas.

Ampliamente subvencionado por el Estado y materializado por las compañías operadoras privadas, Luz Para Todos, a diferencia de anteriores programas gubernamentales, no iba a suponer coste alguno para los nuevos conectados a la red.

Al mismo tiempo, Rousseff confirió un impulso formidable a la producción de combustibles obtenidos de la biomasa, de los que Brasil se convirtió en la principal referencia mundial, para su uso generalizado por el parque automovilístico. Se trataban del bioetanol, o alcohol etílico producido por la fermentación de cosechas (en el caso de Brasil, la caña de azúcar), alternativo a la gasolina, y del biodiésel, sintetizado a partir del tratamiento industrial de diversos aceites vegetales obtenidos de oleaginosas, como la soja y el ricino, alternativo al gasoil. El Programa Nacional de Producción y Uso de Biodiésel (PNPB) fue inaugurado por el Ministerio de Minas y Energía el 6 de diciembre de 2004.

Al apostar por unos combustibles de origen no fósil, Brasil pretendía reducir al máximo su dependencia del petróleo y así adquirir la autosuficiencia en este ámbito. De paso, se desarrollarían las pequeñas economías familiares del agro (en el caso del biodiésel) y se contribuiría a la reducción global de las emisiones contaminantes de efecto invernadero. El Gobierno aspiraba a surtir cuanta demanda interna hubiera, la actual y la creada por las nuevas normativas, y a destinar una parte muy importante de la producción (fundamentalmente, la de etanol) a la exportación.

Años después, en clave electoral aunque dando cifras irrebatibles, Rousseff iba a jactarse de haber aumentado significativamente el suministro nacional de electricidad así como la producción energética de fuentes renovables. Su gestión, considerada enérgica, eficiente y con visión, fue alabada por políticos, empresarios locales y operadores extranjeros.

Ahora bien, sus disposiciones en el Ministerio le acarrearon notorias desavenencias con una colega del Gabinete y el partido que, como ella, hacía gala de una marcada personalidad: la titular de Medio Ambiente Marina Silva, antigua sindicalista agraria y activista en defensa de la selva virgen amazónica, quien voceaba su preocupación por el impacto ecológico de las obras de construcción de centrales eléctricas.

La responsable de Energía tuvo también sus más y sus menos con los ejecutivos de las compañías semipúblicas Eletrobras y Petrobras, molestos por los cambios de organización y estrategia introducidos en las mismas, sobre todo en la segunda, que desde diciembre de 2003 tuvo que adaptarse al Programa de Movilización de la Industria Nacional de Petróleo y Gas Natural (PROMINP), concebido para priorizar la participación de la industria nacional de bienes y servicios en los negocios de los hidrocarburos. Desde el Congreso Nacional, la oposición parlamentaria criticó también el rendimiento parcial del programa Luz Para Todos, que se había impuestos unos plazos demasiado cortos para cumplir los ambiciosos objetivos.

Por otro lado, grupos conservacionistas, ONG sociales y poderes gubernamentales (Unión Europea, Venezuela), en lo que fue más un toque de atención a la estrategia colectiva del Gobierno Lula que un reproche particular a su principal abanderada en este terreno, formularon dudas y denuncias de diverso calibre en torno a las atribuidas bondades del etanol, que Rousseff solía ensalzar como una especie de panacea energética y comercial.

Todas estas instancias advertían que el etanol, aun tratándose de un carburante renovable, no era en absoluto "limpio", ya que su proceso de fabricación y su misma combustión (pese a las menores emisiones carbónicas en comparación con la gasolina) producían abundantes agentes contaminantes del suelo y el aire, exigía el cultivo exclusivo de vastas superficies de terreno susceptibles de ser arrebatadas a la selva virgen (recicladora por excelencia del anhídrido carbónico atmosférico) y empujaba al alza el precio de los alimentos agrícolas, con el consiguiente perjuicio social.

Sin embargo, Rousseff gozó en todo momento del aliento y la estima del presidente Lula y de algunos de sus principales colaboradores, como Antonio Palocci, el ministro de Hacienda, y José Dirceu, el poderoso ministro jefe de la Casa Civil de la Presidencia y ex presidente del PT, amén, también, de antiguo guerrillero marxista.

Fue precisamente a raíz de la caída de Dirceu por su implicación en un estruendoso escándalo de corrupción que Rousseff se vio catapultada, para sorpresa de propios y extraños, a la Casa Civil.

El 16 de junio de 2005 el oficial que gozaba de la máxima confianza de Lula y le servía como su mano derecha se vio obligado a dimitir tras ser denunciado, junto con otros altos miembros del PT, por Roberto Jefferson, diputado federal y presidente del PTB, como el responsable de una extensa red de sobornos a congresistas de partidos vinculados al oficialismo para asegurar su fidelidad a la hora de votar los proyectos de ley del Gobierno. El escándalo del mensalão, llamado así porque los sobornos se pagaban a los legisladores corruptos cada mes, abrió una crisis sin precedentes en el PT y puso a Lula, exonerado por Jefferson de cualquier culpa, en un tremendo aprieto.

El 21 de junio, mientras el mensalão seguía creciendo por la revelación de nuevas implicaciones personales y convulsionando las filas petistas -en los días y semanas siguientes renunciaron a sus cargos orgánicos el secretario nacional, Silvio Pereira, el tesorero, Delúbio Soares, y el mismo presidente de la formación, José Genoino, involucrados por Jefferson en la trama-, Lula se decantó por Rousseff para dirigir su Casa Civil, convirtiéndola en la primera mujer en ocupar este alto puesto ejecutivo, equivalente a una jefatura del Gabinete y con rango ministerial. Su sustituto en Minas y Energía fue Silas Rondeau.

Considerada a estas alturas una servidora pública más técnica que política, y bastante conocida ya por su carácter fuerte, incluso irascible en determinadas situaciones, Rousseff pasó a asumir todo un elenco de responsabilidades. Las más importantes eran la asistencia y asesoría diarias del presidente, la supervisión de los actos y programas presidenciales, la coordinación del trabajo de los ministerios y, eventualmente, el diálogo interinstitucional con el Congreso, los partidos y los gobiernos estatales.

En agosto siguiente, la ministra de la Presidencia cesó al frente del Consejo de Administración de Eletrobras, aunque se mantuvo en la presidencia del Consejo de Administración de Petrobras, donde representaba al accionista controlador, esto es, el Estado.

Como jefa de la Casa Civil, Rousseff siguió coordinando Luz Para Todos, que fue prorrogado hasta 2010 para satisfacer las nuevas demandas de enganche eléctrico en el medio rural, y el resto de programas del Ministerio de Minas y Energía. Esta prerrogativa la convertía en una especie de co-ministra de facto, que hacía sombra al titular del departamento, Silas Rondeau.

El 22 de enero de 2007, a las tres semanas de arrancar la segunda Administración del primero como resultado de su triunfal reelección frente al socialdemócrata Geraldo Alckmin en las presidenciales del 1 y el 29 de octubre de 2006, Lula, Rousseff y el ministro de Hacienda, Guido Mantega (el reemplazo de Palocci, enésima víctima de las acusaciones de corrupción), presentaron en un gran cónclave político en Brasília al que asistieron todos los ministros federales, los gobernadores de 22 estados y los líderes de una decena de partidos parlamentarios el llamado Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), un ambicioso conjunto de políticas económicas a cuatro años vista e inversiones previstas por valor de 504.000 millones de reales.

Teniendo a Rousseff como máxima planificadora y gestora, el PAC se proponía obtener una tasa promedio de crecimiento del PIB del 5% hasta 2010, pero un crecimiento inclusivo, acompañado de una distribución de los ingresos y de oportunidades laborales. Se trataba de reducir las desigualdades sociales y regionales, sacar de la pobreza y el desempleo a más brasileños, y, en suma, acelerar el desarrollo nacional. Es decir, realizar los grandes objetivos contenidos en el programa electoral del PT.

Para ese fin, el Estado invertiría masivamente en infraestructuras públicas y sociales (transporte, energía, vivienda, saneamiento, recursos hídricos) y estimularía el buen clima para las inversiones y los negocios otorgando facilidades crediticias, exenciones tributarias y otros incentivos fiscales a largo plazo, en particular a las industrias de bienes y servicios con peso tecnológico y más competitivas.

La participación de Rousseff en las acciones estratégicas del Gobierno y en el empuje hacia arriba de Brasil, un país grande que mejoraba y crecía en múltiples terrenos ante la mirada atenta del resto del mundo, no se limitaba a las directrices energéticas y el PAC. Así, la ministra era la principal impulsora del igualmente ambicioso programa Mi Casa Mi Vida, oficializado en marzo de 2009 con la participación de la Caixa Económica Federal y con la meta de construir un millón de viviendas subvencionadas destinadas a familias con bajos ingresos. Además, Dilma estaba metida en el desarrollo del modelo de televisión digital, adoptado en 2006, y en la implantación de la banda ancha de Internet en las escuelas públicas.

En tanto que presidenta del Consejo de Administración de Petrobras, la jefa de la Casa Civil fue la encargada de anunciar al país el 8 de noviembre de 2007 (precisamente en un momento de racionamiento del servicio doméstico de gas en Rio de Janeiro y São Paulo) el descubrimiento el año anterior de un gigantesco yacimiento de petróleo de alta calidad en la cuenca submarina de Santos, frente al estado de São Paulo.

A bombo y platillo, Rousseff explicó que las reservas del hidrocarburo en el campo de Tupí, estimadas entre 5.000 y 8.000 millones de barriles y localizadas a 250 km de la costa y bajo un lecho de sal a unos 6 km de profundidad, permitirían a Brasil incrementar su producción petrolera un 50%, garantizar su autosuficiencia en este producto (alcanzada por primera vez en 2006 con el comienzo del bombeo en otro yacimiento más pequeño en la cuenca de Santos) y convertirse en un exportador neto. "Brasil va a pasar de ser un país petrolero medio a otro de primer orden. Nos estamos elevando al nivel de los países árabes y Venezuela", proclamó la ministra, llevada por el entusiasmo.

Poco después del hallazgo del campo Tupí –posteriormente renombrado campo Lula-, en enero de 2008, Petrobras anunciaba el descubrimiento de un segundo y enorme yacimiento de petróleo condensado y gas natural unos 40 km al este. El nuevo campo petrolífero de la cuenca de Santos recibió el nombre de Júpiter.


5. Heredera designada por Lula para sucederle en 2011

Cuando se aproximaba al ecuador de su segundo y, con la Constitución en la mano, improrrogable mandato de cuatro años, la Administración Lula vivía un momento extrañamente singular.

Aunque el partido que la sustentaba arrastraba el descrédito ético del descomunal escándalo del mensalão y sus epígonos, que habían fundido a varias de sus luminarias (Dirceu, Genoino, Pereira y Palocci, mientras que el actual presidente orgánico, Ricardo Berzoini, también había visto cuestionada su honorabilidad en la campaña electoral de 2006), el presidente disfrutaba de una luna de miel con sus conciudadanos, que le veían por encima y al margen de todo chanchullo y corruptela, y a cuyos carisma, liderazgo y autoridad moral se rendían con variadas muestra de devoción, afecto o respeto.

En el país ya se hablaba del fenómeno del lulismo, una especie de afinidad simpática que reconocía los méritos y trascendía ideologías o militancias partidistas. Además, Lula se había convertido en el más influyente y respetado estadista de América Latina, a tenor de lo visto en los procesos intergubernamentales del subcontinente, en la cooperación con las economías emergentes de Asia y en la interlocución con los país ricos del Norte.

Lula no dudó en valerse de esta extremada personalización de su Gobierno para imponer sus criterios a los petistas más reticentes de cara a la elección presidencial de 2010, que sin él como candidato se presentaba abierta dentro de la competencia formal en democracia. El presidente ya tenía decidido su delfín y dejó poco margen para la incertidumbre.

El 8 de septiembre de 2008, en una entrevista al diario argentino Clarín, el mandatario manifestó que "con mucha humildad" él iba a escoger a su sucesor y que, aunque por el momento no podía desvelar su identidad, había "muchas posibilidades" de que fuera una mujer.

Lo implícito debía hacerse explícito y las insinuaciones fueron cobrando fuerza en los dos meses siguientes. El 23 de septiembre el ministro de Educación, Fernando Haddad, expresó su "creencia" de que el presidente, en efecto, se había decantado por la gobernanta de su Casa Civil. El 9 de octubre el oficialismo dio un paso más por boca del ministro de Justicia, Tarso Genro, quien aseguró a la Agência Brasil que la opción preferencial de Lula era "visible", tratándose sin duda de Rousseff.

El presidente se pronunció ya sin perífrasis el 13 de noviembre de 2008 en una rueda de prensa en Roma, donde se hallaba en visita oficial. "Querría que Brasil, después de mí, fuera gobernado por una mujer, y ya existe la persona adecuada: es Dilma Rousseff", declaró el huésped sudamericano.

Un mes más tarde, Lula insistió en que su colaboradora era la persona "mejor preparada" para sucederle en el cargo, pero admitió que, pese a su alta función ejecutiva, debía hacerse "más conocida" dentro y fuera del país, animándola entre líneas a que se diera publicidad. Pese a todos sus elogios, Lula aseguró que aún no había conversado "ni una sola vez" con la interesada sobre su posible candidatura presidencial, afirmación que suscitó perplejidad y escepticismo. Asimismo, indicó que la posibilidad de volver a postularse él en 2014 le parecía una "hipótesis absurda".

Rousseff guardó reserva durante unos meses, después de haber negado en reiteradas ocasiones que tuviera ambiciones presidenciales. Aunque contaba con un padrino político de excepción y probablemente decisivo, sus hándicaps personales no eran nimios.

En efecto, distaba de ser un personaje público con fuerte tirón popular, su imagen era más bien la de una tecnócrata adusta y fría dentro de su eficacia y no tenía ninguna experiencia en campañas proselitistas con su nombre al frente. En el PT, había no pocas dudas sobre su idoneidad, mientras se barajaban, con escaso fundamento, las alternativas de Tarso Genro y de la ex ministra de Turismo Marta Suplicy, cuya reciente derrota en la tentativa de recuperar la prefectura de São Paulo, de la que había sido descabalgada en 2004, la hacía inviable de hecho.

Otrosí, en los últimos tiempos la ministra de la Presidencia había tenido que defenderse de dos denuncias contra la Casa Civil, sobre que había elaborado un dossier relativo a los gastos económicos del ex presidente Cardoso y su familia, y que había presionado a la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) para que vendiera la división de logística de la quebrada aerolínea Varig, Variglog, a un consorcio estadounidense-brasileño cuya composición de capital podía violar la normativa nacional sobre la adquisición por extranjeros de compañías aéreas.

Todos estos factores pesaban, así que, al finalizar 2008, quien seguía al frente de las preferencias de los electores, proclamaban los sondeos, era el aspirante del PSDB, José Serra, político bastante bregado en estas lides. Tras perder frente a Lula en 2002, el que fuera dos veces ministro con Cardoso había ganado la Prefectura de São Paulo y desde 2007 gobernaba el estado paulista recostado en un grueso colchón de votos.

Ahora mismo, Rousseff, con apenas un 10% de intención de voto, iba 30 puntos por detrás de Serra y estaba a la zaga también de Ciro Gomes, del PSB, el cuarto más votado en las elecciones de 2002, y de Heloísa Helena, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), tercera en 2006. La ministra tenía por delante un arduo trabajo de remontada y sus opciones no estaban en absoluto aseguradas.

El 2 de marzo de 2009, en un encuentro con prefectos paulistas en Campinas, Rousseff admitió que era "precandidata" presidencial del PT, pero que, a pesar de la multiplicación de sus actividades públicas y su trajín viajero en las últimas semanas, todavía no estaba en la campaña oficiosa. Aún faltaba año y medio para las elecciones, y se desconocía si el PT iba a definir a su candidato por aclamación, como había hecho siempre con Lula, o a través de unas primarias en las que la favorita del jefe del Estado tendría que competir con otros aspirantes.

El 25 de abril de 2009, cuando su candidatura ya empezaba a animarse en los sondeos, Dilminha, como cariñosamente la llamaba Lula –o la Dama de Hierro de su Gabinete, como con más frialdad la motejaban otros-, sobresaltó el curso político al revelar que acababan de extirparle un tumor linfático maligno, detectado semanas atrás en un nódulo de la axila izquierda, y que tenía por delante unos cuantos meses de tratamiento con quimioterapia bastante agresivo, lo que no iba a impedirle desempeñar sus funciones oficiales.

El linfoma había sido removido y la convaleciente ya parecía estar fuera de peligro, pero el 19 de mayo Rousseff hubo de ser ingresada por unas horas en un hospital de São Paulo al presentársele una dolorosa miopatía, una inflamación de tipo muscular, en las piernas, producida al parecer por la terapia química.

La inesperada alarma médica, bien que fugaz, de la pretendiente oficialista revivió las especulaciones, alentadas por ciertos movimientos de congresistas petistas y pemedebistas, sobre la posibilidad de enmendar la Constitución para permitir a Lula presentarse por tercera vez y enfrentarse a Serra, quien en tal caso sería derrotado casi con toda certeza. Pero el mandatario se apresuró a enterrar la hipótesis: una nueva postulación por su parte estaba descartada en cualquier circunstancia.

El presidente y varios altos responsables del partido reiteraron su apoyo a la jefa de la Casa Civil, que el 25 de junio de 2009, antes de lo previsto, comunicó el final de sus sesiones de quimioterapia, si bien siguió recibiendo radioterapia hasta principios de septiembre; entonces, la convaleciente dio cuenta de su completa curación. Dicho sea de paso, al comenzar su quimioterapia, Dilma se afeitó la cabeza antes de que el pelo empezara a caérsele y durante más de medio año llevó una peluca. Para diciembre ya le había crecido el cabello, que en lo sucesivo lució más corto y fijado, dándole, junto con un nuevo tratamiento cosmético, un toque más juvenil y sofisticado.


6. Campaña presidencial en subida libre y victoria electoral

Tras su pleno restablecimiento físico al finalizar el verano de 2009, Rousseff, aunque sin confirmar todavía si aceptaría ser la candidata del PT, se volcó en su empresa proselitista de carácter no oficial. Por el momento, su contrincante tucano seguía llevándole la delantera.

La política incrementó las declaraciones optimistas con guiño electoral, como que la nueva riqueza petrolera descubierta en las aguas profundas del Atlántico permitiría "anticipar la salida del país de la pobreza". También afirmó que, a la luz de los últimos datos económicos y sociales, "en 2014 no vamos a reconocer este país". Se hicieron más ostensibles el soporte y la promoción personales de Lula, que intentaba "transferir" su popularidad y su prestigio a su heredera política, al tiempo que el partido del presidente negociaba con el PMDB, primera fuerza del Congreso, su apoyo a la opción electoral petista.

El 29 de enero de 2010, en Minas Gerais, la ministra disolvió las últimas ambigüedades manifestando que le "gustaría mucho" ser escogida la "sucesora" de su superior en el Gobierno. Finalmente, el PT iba a darle a Dilma el espaldarazo por aclamación, sin competición interna. Al IV Congreso Nacional del partido, celebrado entre el 18 y el 20 de febrero en el Centro de Convenciones Ulisses Guimarães de Brasília, Rousseff llegó avanzando algunas de sus propuestas del programa, en proceso de elaboración por el partido. De entrada, subrayó su total sintonía con Lula, cuyo Gobierno había hecho "muchas cosas buenas" que era menester "continuar".

Así, mantendría la política exterior "volcada" a América Latina, África y los países de los grupos BRIC e IBSA (además de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), aunque no a costa de las fructíferas relaciones con Estados Unidos y Europa, puesto que la diplomacia brasileña se regía por el multilateralismo. Lo mismo sucedería con las directrices macroeconómicas, alabadas por los mercados y los organismos de crédito por su compromiso con la estabilidad fiscal, el control de la inflación y la flotación del tipo de cambio del real.

Con todo, la precandidata parecía exponer una visión del crecimiento y el desarrollo ligeramente más estatista y más social, según se desprendía de su entrevista-manifiesto Un país para 190 millones de brasileños, donde contemplaba las políticas inclusivas como el camino correcto para alcanzar un "bienestar social al estilo brasileño". Para Rousseff, la intervención subsidiaria del Estado resultaba imprescindible para integrar en la red de servicios básicos a los millones de ciudadanos cuyo bajísimo nivel de renta les convertía en sujetos invisibles a los ojos del mercado.

Los comentaristas apuntaron que estaba por ver si estas matizaciones suponían un giro a la izquierda en la plataforma de Rousseff, tal como pedía la tendencia más socialista del PT, en la que desde luego ella no se ubicaba.

Por otro lado, fuentes gubernamentales dieron por hecho que Rousseff, si conquistaba el sillón presidencial, mantendría a varios arquitectos del modelo económico de Lula, descrito por los críticos de izquierda como "social liberal", pero a quienes también se daba el crédito de haber conducido al gran país de América del Sur con bastante acierto por las turbulentas aguas de la crisis global: tras un breve período de recesión a caballo entre 2008 y 2009, el PIB brasileño ya estaba creciendo de nuevo por encima del 5%, un ritmo inimaginable en la gran mayoría de los estados desarrollados.

El 20 de febrero de 2010 Rousseff, tras prometer "profundizar en la visión social de Lula" y serle fiel a su "bendita herencia", fue proclamada candidata presidencial por el IV Congreso del PT, que estrenaba a José Eduardo Dutra como conductor orgánico. El 29 de marzo Lula y la todavía jefa de su Casa Civil presentaron, en un acto que fue tachado de electoralista por la oposición, el segundo Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC II), que contemplaba la inversión de 1,59 billones de reales en obras y servicios públicos de 2011 a 2016, luego se trataba de un proyecto estratégico que heredaría la próxima Administración. En su discurso, el presidente recordó que Rousseff era "la madre del PAC I", sin cuya "dedicación" no habría podido lanzarse el PAC II.

El 19 de marzo Rousseff se desprendió de su puesto al frente del Consejo de Administración de Petrobras y el último día del mes, de acuerdo con la ley electoral, cesó como ministra jefa de la Casa Civil, donde traspasó el relevo a la abogada Erenice Guerra. En mayo, coincidiendo con su radical cambio de estilo (el nuevo peinado, las formas más cálidas y el discurso más directo y accesible), la petista adelantó a Serra en los sondeos, arrebatando una condición de favorita que con el transcurrir de las semanas no iba más que a agrandarse. El 13 de junio, el PT, en una Convención Nacional celebrada en Brasília, lanzó oficialmente la candidatura a la Presidencia.

El Programa de Gobierno, titulado Para que Brasil siga cambiando, fue registrado ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) el 6 de julio. El documento, bastante sintético, amalgamaba las propuestas del PT, en opinión de los comentaristas, de intenso sabor izquierdista, y las de nueve partidos vinculados al oficialismo, cuatro de los cuales contaban con ministros en el Gobierno, y que apoyaban la candidatura de Rousseff.

Los integrantes de esta variopinta coalición, que abarcaba desde la extrema izquierda hasta el centro-derecha liberal, eran, además del PT: el PMDB de Michel Temer, a la sazón el compañero de fórmula como aspirante a la Vicepresidencia; el Partido Comunista de Brasil (PCdoB) de Renato Rabelo; el PDT de Carlos Lupi; el Partido Republicano Brasileño (PRB) de Vitor Paulo dos Santos; el Partido de la República (PR) de Alfredo Nascimento; el PSB de Eduardo Campos; el Partido Social Cristiano (PSC) de Vitor Nósseis; el Partido Laborista Cristiano (PTC) de Daniel Tourinho; y el Partido Laborista Nacional (PTN) de José de Abreu. El Partido Progresista (PP) de Francisco Dornelles anunció su respaldo "informal" a Rousseff, sin llegar a suscribir el Programa de Gobierno.

Seis formaciones aliadas de la Administración Lula rehusaron apoyar a su candidata: el PTB, el Partido de Movilización Nacional (PMN), el Partido Laborista de Brasil (PTdoB), el Partido Verde (PV) y el Partido Humanista de la Solidaridad (PHS); los tres primeros se decantaron por Serra, mientras que el PV postuló a la ex ministra Marina Silva, quien se había pasado a sus filas tras romper con el PT.

En su folleto de campaña 13 certezas de que Brasil va a seguir cambiando, Rousseff enumeraba una serie de razones por las que había que votarla. Así, con ella en la Presidencia se avanzaría hacia el "fin de la miseria", profundizando en el camino recorrido por Lula, bajo cuyo Gobierno "31 millones de personas entraron en la clase media y 24 salieron de la pobreza absoluta".

El programa de transferencias directas de renta Bolsa Familia, destinado a cumplir los objetivos de la estrategia Hambre Cero de seguridad alimentaria y nutricional, así como el programa de construcción de viviendas Mi Casa Mi vida, serían ampliados y reforzados. Lo mismo cabía decir de las políticas específicas de salud, educación, empleo y reajustes salariales por encima de la inflación.

Rousseff llegó al arranque oficial de la campaña instalada en una cómoda primacía en las encuestas y guarnecida por las constantes muestras de aprecio y sustento del omnipresente Lula, quien se refería a ella con tonos incluso paternales (pese a ser sólo dos años mayor, la aleccionó llamándola "hija mía") y que fue multado reiteradamente por el TSE, al igual que su protegida, por realizar propaganda encubierta o anticipada.

A finales de agosto, la petista superó la barrera mágica del 50% y al comenzar septiembre trepó en algún sondeo hasta el 56%. Sin embargo, a tres semanas de las votaciones, el surgimiento de nuevos escándalos por casos de sobornos y tráfico de influencias en el oficialismo, en particular el que afectó a su sucesora en la Casa Civil, Erenice Guerra, quien se vio obligada a renunciar, puso el punto de inflexión a la trayectoria alcista de Rousseff.

Al mismo tiempo, entablaron un polémico cruce de acusaciones Lula y cabeceras de la prensa nacional en torno a los supuestos abusos de poder del primero y la supuesta manipulación política de las segundas.

Rousseff ya venía rechazando los comentarios sobre que era poco más que una marioneta de su mentor y defendiendo su aspiración por méritos propios ("he trabajado íntimamente con el presidente Lula los últimos cinco años y medio. Su éxito es el mío. He sido su brazo derecho e izquierdo. Él no será ministro si yo llego al Gobierno, pero siempre estaré abierta a sus propuestas", declaró al diario español El País). Ahora, el arropamiento por el presidente tenía un lado abrasivo que le estaba haciendo perder votos.

El 3 de octubre de 2010 estas erosiones de última hora pasaron factura a Rousseff, que vio escapársele la victoria en la primera vuelta al obtener el 46,9% de los votos, un porcentaje algo menor que el proyectado por los últimos sondeos, los cuales, de todas maneras, ya habían puesto en seria duda un desenlace sin segunda vuelta, a disputar el 31 de octubre. Serra se apuntó el 32,6%, igualando el nivel de apoyos prospectado por última vez en agosto.

La gran sorpresa de la jornada la protagonizó la verde Silva, que con el 19,3%, casi 20 millones de votos, mejoraba con creces sus expectativas más optimistas y se convertía en un factor probablemente determinante: su público respaldo a uno u otro contendientes en la segunda vuelta bien podía decantar el resultado final. Así que, de manera inmediata, tanto Rousseff como Serra se pusieron a cortejar a la ex ministra de Medio Ambiente.

Silva, sin embargo, rehusó respaldar a cualquiera de los dos y el PV optó por dar libertad de voto a sus afiliados y simpatizantes. La postura de neutralidad de los verdes permitió a Rousseff y Serra concentrarse en los ataques mutuos. En su primer cara a cara televisado, los candidatos se acometieron con agresividad, con la petista llamando al tucano "títere de los inversores extranjeros" y urdidor de una campaña de "mentiras, calumnias y difamaciones", y este echándole en cara a aquella su "doble moral" y su "incoherencia" por su cambio de postura sobre el aborto, cuya despenalización ahora no aceptaba, a la vez que había pasado de deslizar sus dudas sobre la existencia de Dios a expresar su fe religiosa.

La estrategia de Serra de resaltar los bandazos en el discurso de su adversaria, claramente preocupada por la hostilidad de las iglesias católica y evangélica (para apaciguarlas, Rousseff se echó atrás también en el apoyo al matrimonio homosexual), tuvo su reflejo en las encuestas, que recortaron drásticamente la ventaja de la antigua jefa de la Casa Civil. Transcurridas dos semanas desde la primera vuelta, Rousseff, empero, volvió a despuntar en los sondeos.

En su último acto de campaña, la candidata oficialista prometió gobernar "para todos los brasileños sin hacer discriminación de partidos", pero aseguró que mantendría un vínculo especial con el mandatario saliente: "El presidente Lula será siempre una persona con la que voy a contar. Tengo una inmensa confianza política y personal con él (…) Siempre que pueda, conversaré con el presidente. Tendré con él una relación muy íntima y muy fuerte. No hay nadie en este país que nos vaya a separar", afirmó.

El 31 de octubre de 2010, confirmando la ventaja de 12 puntos que le otorgaban los pronósticos postreros, Rousseff se proclamó presidenta de Brasil con el 56,05% de los votos. El porcentaje era más modesto que los obtenidos por Lula en las segundas vueltas de 2002 (el 61,3%) y 2006 (el 60,8%). Serra reconoció de inmediato su derrota.

Por la noche, en su primer discurso pronunciado en el hotel capitalino que le servía de cuartel general, la ganadora, con tono emotivo, proclamó: "Sabré honrar el legado de Lula. Sabré avanzar y consolidar su obra". "Erradicar la miseria" iba a ser la empresa cardinal de su mandato, ya que "no podemos descansar mientras haya brasileños con hambre, mientras niños pobres estén abandonados a su propia suerte", aseguró.

El visaje sobrio de la política se manifestó cuando aludió a la necesidad de cimentar el crecimiento económico sostenido de Brasil menos en el comercio exterior que en la demanda interna, y de poner coto a las especulaciones monetarias en los mercados cambiarios. La presidenta electa se comprometió asimismo a controlar el gasto público, a respetar la seguridad jurídica y la libertad de expresión, y a mejorar la sanidad y la educación. El manejo cuidadoso de las cuentas públicas se daba por descontado, pero en ningún caso habría ajustes que afectaran a "los programas sociales, los servicios básicos y las inversiones necesarias".

Hasta el nombramiento de su equipo de gobierno, Rousseff se puso a la diestra de Lula como acompañante en algunas de sus últimas citas internacionales, deseosa de adiestrarse en el terreno donde su tutor era una estrella y ella una neófita. La gira de presentación mundial la emprendió Rousseff, tras unos días de descanso, el 11 de noviembre en Seúl, donde se reunió con Lula, procedente de Mozambique, para representar a Brasil en la V Cumbre del G20. En su reunión en la capital surcoreana, los líderes mundiales instaron a evitar las devaluaciones monetarias competitivas como instrumento de estímulo del comercio nacional en tiempos de crisis.

Una vez en casa, Rousseff se concentró en la formación del Gabinete, cuya alineación desveló a cuentagotas, en sucesivos comunicados, a partir del 23 de noviembre. El continuismo lulista asomó en la relación de los 37 ministros, donde destacaban los nombres de Guido Mantega, ratificado en el Ministerio de Hacienda, Antonio Palocci, el jefe de la campaña presidencial petista (y ya zafado de sus líos con la justicia, tras ser absuelto por el Tribunal Supremo de un cargo de violación del secreto bancario), nombrado jefe de la Casa Civil, y Miriam Belchior, hasta ahora coordinadora general del PAC y en adelante ministra de Planificación. En total, 16 rostros de los gobiernos de Lula fueron repescados y nueve titulares del Gabinete saliente se mantuvieron en el nuevo, aunque algunos con cambio de cartera.

El PT se quedó con 17 ministerios, la mayoría de peso. El PMDB obtuvo seis carteras, el PSB dos y una cada uno el PDT, el PCdoB, el PR y el PP. Estas siete formaciones reunían 326 diputados en la Cámara baja, a los que debían sumarse los 26 de los otros tres partidos (PSC, PRB y PTC) que habían suscrito el programa electoral de Rousseff y, en potencia, los siete de otras cuatro pequeñas agrupaciones pro Lula. En otras palabras, el nuevo Ejecutivo tenía asegurada una aplastante mayoría absoluta tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.

Dicho sea de paso, las elecciones legislativas del 3 de octubre habían devuelto al PT, con 88 escaños, la condición de primera fuerza de la Cámara de Diputados, ganada en 2002 pero perdida a manos del PDMB en 2006.

Independientes eran ocho miembros del Gabinete, incluidos el ministro de Exteriores, Antonio Patriota, y el nuevo presidente del Banco Central de Brasil (BCB), Alexandre Tombini. La elección de este tecnócrata de prestigio para reemplazar al ortodoxo Henrique Meirelles, el favorito de Lula, fue interpretada como un deseo de la mandataria de someter la autonomía de la entidad financiera a su marcaje político.

En los últimos tiempos, Rousseff había llamado la atención sobre los elevados tipos de interés, ahora situados en el 10,75%, entre los más altos del mundo y un imán para los capitales especulativos, y se había referido a la necesidad de empujar hacia abajo la cotización del real, muy sobrevalorado en los mercados. Pero sin relajar por ello la vigilancia de la inflación, que, espoleada por el fuerte ritmo del crecimiento (del 7,5% en 2010, la tasa del PIB más lustrosa en el último cuarto de siglo), estaba trepando por encima del 5% anual.

Como contrapartida, el mantenimiento en Hacienda de Guido Mantega, al que Rousseff habría preferido cambiar, debía verse como una cesión a Lula, para el que la intangibilidad de la estrategia macroeconómica, bastante liberal, era imprescindible. La principal novedad del Gobierno Rousseff radicó en el incremento de las mujeres ministras: su número se triplicó, pasando de tres a nueve. El Ejecutivo era femenino en un 24%.

La absorbente tarea de dar forma a su Gabinete obligó a Rousseff a cancelar su prevista asistencia junto con Lula a la IV Cumbre Extraordinaria de UNASUR en Georgetown, Guyana, el 26 de noviembre. Lo mismo sucedió con la XX Cumbre Iberoamericana, en Mar del Plata, Argentina, el 3 y el 4 de diciembre, y con XL Cumbre del Mercosur el 16 de diciembre, a pesar de celebrarse en casa, en Foz de Iguazú. Estas tres cancelaciones sucesivas empañaron la puesta de largo internacional de Rousseff, que prefirió esperar hasta después de asumir el puesto.


7. Una mujer en el Palacio de Planalto: los sobresaltos del debut

El 1 de enero de 2011 Dilma Rousseff, a los 63 años, tomó posesión en Brasília como trigésimo sexto presidente de la República Federativa de Brasil y con un mandato de cuatro años, renovable una sola vez. Ante el pleno del Congreso Nacional de Brasília, prestó juramento del cargo y a continuación pronunció un primer discurso institucional. Terminado este acto y flanqueada por miles de ciudadanos, se dirigió en coche descubierto al cercano Palacio de Planalto, donde un feliz Lula la esperaba para colocarle la banda presidencial. Así engalanada, la antigua guerrillera marxista leyó una segunda alocución.

La flamante jefa del Estado destacó el hito político que suponía su condición de mujer, rindió tributo a la persona y el legado de su predecesor, y reiteró su promesa electoral de librar "la lucha más obstinada" por "la erradicación de la pobreza extrema y la creación de oportunidades para todos".

La inclusión social sólo adquiriría plenitud "con la universalización y la cualificación de los servicios esenciales". "Este es un paso decisivo e irrevocable para consolidar y ampliar las grandes conquistas obtenidas por nuestra población en el período del Gobierno del Presidente Lula", explicó la oradora. Rousseff anunció también una reforma simplificadora del sistema tributario como medida requerida para "dar longevidad al actual ciclo de crecimiento", lo cual pasaba asimismo por "garantizar especialmente la estabilidad de precios", así como las inversiones necesarias para mejorar las infraestructuras del país de cara a la Copa Mundial de Fútbol de 2014 y los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro en 2016.

Tras las fanfarrias inaugurales, Rousseff tuvo un debut presidencial ingrato. A los pocos días de constituirse, el Ejecutivo afrontó las lluvias torrenciales que arrasaron buena parte del interior del estado de Rio de Janeiro y que tiñeron de luto el país. Las inundaciones y las avalanchas de lodo se llevaron por delante miles de viviendas, destruyeron vías públicas, contaminaron el agua y, lo peor de todo, mataron a 900 personas, la mayoría residentes en las ciudades anegadas de Nova Friburgo y Teresópolis.

La presidenta, acompañada de varios ministros, comprobó in situ los efectos de la catástrofe, declaró el estado de emergencia en los municipios afectados, movilizó al Ejército y destinó a la reconstrucción una partida presupuestaria federal de 780 millones de reales. Sin embargo, los daños materiales provocados por la, posiblemente, peor calamidad natural en la historia de Brasil ascendieron a no menos de 2.000 millones. A posteriori, la sensación mayoritaria fue que Rousseff había superado con aprobado tan temprano y aciago reto, aunque el Gobierno Federal no se libró de las críticas, por los fallos de previsión y por la lentitud inicial de las labores de salvamento.

En las semanas y meses siguientes, Rousseff comenzó a aplicar su agenda doméstica e internacional, en el segundo terreno con unas orientaciones novedosas que sugirieron la rectificación o abandono de determinadas posturas de Lula.

A finales de enero, en vísperas de su primera salida oficial al exterior, a la Argentina de Cristina Fernández de Kirchner, una mudanza se atisbó en las relaciones con Irán, polémicamente cultivadas por el ex presidente. Fue en un discurso en Rio Grande do Sul ante la asociación judía Confederación Israelita de Brasil (CONIB); en el mismo, Rousseff aseguró que su Gobierno sería "un incansable defensor de la igualdad y los Derechos Humanos en cualquier parte del mundo”, e invocó la memoria del Holocausto, negado por las autoridades de Teherán.

El viraje en las relaciones irano-brasileñas quedó confirmado el 23 de marzo de 2011, cuando la delegación sudamericana, por primera vez en una década, votó en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a favor de una resolución propuesta por Estados Unidos para que se enviara un relator especial a Irán e investigara las denuncias de violaciones de los Derechos Humanos cometidas por el Gobierno de Mahmoud Ahmadinejad, con el que Lula, quien llegó a ofrecerse como interlocutor en las negociaciones internacionales para frenar el programa nuclear iraní, había hecho buenas migas.

La prensa destacó el hecho de que el voto afirmativo de Brasil en Ginebra se produjera cuatro días después de recibir Rousseff al presidente Barack Obama, de gira regional. En su encuentro, la anfitriona pidió a su huésped respaldo para la pretensión brasileña de obtener un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, mientras que Obama, al parecer, animó a Rousseff a realizar un gesto sobre Irán.

En Washington había satisfacción con el reciente anuncio por la presidenta de que prefería la oferta de contrato estadounidense frente a la francesa para modernizar con 36 cazas F/A-18 Super Hornet la Fuerza Aérea Brasileña, si bien las restricciones presupuestarias no iban a permitir tan dispendiosa adquisición este mismo año.

Por lo demás, la estadía de Obama del 19 al 21 de marzo de 2011 en Brasil estuvo marcada por el inicio en Libia de la campaña de bombardeos aéreos de Francia, Estados Unidos y el Reino Unido contra las fuerzas represivas del régimen de Muammar al-Gaddafi.

Aunque Brasil se unió a Estados Unidos en la condena de la cruenta respuesta de los gaddafistas a la revuelta civil contra la dictadura, su delegación se abstuvo –al igual que las de China, Rusia, Alemania e India- en la votación del Consejo de Seguridad, el 17 de marzo, que autorizó a la comunidad internacional el uso de la fuerza para proteger a la población civil libia.

Sin abandonar la escena internacional, Rousseff asistió el 14 de abril en Sanya, en la isla china de Hainán, a la III Cumbre de los países BRICS. La cita multilateral se solapó a una visita oficial al gigante asiático, que ya había superado a Estados Unidos como principal destino de las exportaciones brasileñas. A finales de mayo la presidenta hizo su primer desplazamiento a Uruguay y el 28 de junio tomó parte en Asunción en su primera cumbre del Mercosur, evento que aprovechó para hacer la pendiente visita oficial a Paraguay.

A últimos de marzo de 2011, Rousseff y Lula recalaron en Portugal, en la primera salida de ella a Europa. Fue en un momento crítico para la antigua metrópoli colonial, empujada al socorro crediticio de la Unión Europea y el FMI por el exorbitante déficit y el empeoramiento del riesgo país. Las apuradas autoridades lusas no ocultaban su esperanza de que el Banco Central de Brasil, siguiendo la iniciativa de su homólogo chino, comprara bonos de deuda soberana, muy castigados por las agencias de calificación. Rousseff se mostró abierta a "ayudar" a Portugal, aunque no se comprometió a ninguna asistencia concreta.

El 7 de junio arribó a Brasil la premio Nobel de la Paz y abogada disidente iraní Shirin Ebadi. Rousseff prefirió no reunirse con ella, decepcionando a quienes pensaban que a la presidenta se le ofrecía una oportunidad de oro para demostrar su compromiso con la defensa de las causas humanitarias en todo el mundo. El Gobierno explicó que recibir a Ebadi en Planalto podría transmitir, se suponía que a las autoridades iraníes, un "mensaje equivocado".

De puertas adentro, Rousseff se apuntó su primer tanto parlamentario el 16 de febrero al obtener de la Cámara de Diputados luz verde a una subida del salario mínimo, ajustada a la inflación, hasta los 545 reales (240 euros). Los once partidos del bloque dilmista denegaron sendas propuestas salariales de 600 y 560 reales presentadas respectivamente por el PSDB y los Demócratas (DEM).

El Gobierno alegó que añadir un peso más a esa subida, minuciosamente calculada, desbarataría el presupuesto federal de 2011, fijado en 2,07 billones de reales. El mismo, pensado para contener la presión inflacionista y enfriar el crecimiento del PIB hasta un ritmo, en palabras del ministro Mantega, "manejable y sustentable" del 5%, suponía una poda de 50.000 millones de reales.

Ahora mismo, la fuerte demanda interna de bienes de consumo empujaba al 6% la tasa interanual del Índice Nacional de Precios al Consumidor Amplio. Las tensiones inflacionistas obligaron al Comité de Política Monetaria (Copom) del BCB a intervenir una y otra vez: entre enero y julio de 2011 el Copom anunció cinco subidas consecutivas de la tasa de préstamos interbancarios SELIC, hasta dejar el precio del dinero en el 12,50%, el valor mas alto desde enero de 2009.

Brasil iba a terminar 2011 con una inflación acumulada del 6,5%, la mayor de los últimos siete años, y con una tasa de crecimiento ralentizada del 2,7%, es decir, la mitad de lo que Mantega había estimado como deseable. Se trababa de una brusca desaceleración respeto al ritmo registrado en 2010. El encarecimiento del dinero para restringir la masa monetaria circulante (y cuyo efecto pernicioso era la apreciación del real en los mercados, mala para la competitividad de las exportaciones) y la coyuntura internacional pasaron una considerable factura a la economía brasileña.

Por lo demás, la aparatosa operación policial-militar, con numerosos muertos, para liquidar el control por las mafias del narcotráfico de los barrios de favelas de Rio de Janeiro, presentada por las autoridades como una estrategia de "pacificación" de cara a las Olimpiadas de 2016, siguió dominando la política de seguridad del Ejecutivo Federal.
El Gobierno Roussef no dudaba en ofrecer a la población local y a los atónitos ojos del mundo una escenografía de guerra (miles de uniformados en acción, despliegue de vehículos blindados, asaltos aerotransportados, batallas callejeras a tiro limpio con profusión de armas automáticas y explosiones) para ganar esta dificilísima batalla.


8. Escándalos de corrupción y dimisiones ministeriales en cadena

En mayo de 2011 a la presidenta le estalló un prematuro escándalo político que trastornó su accionar gubernamental.

El 28 de ese mes, el procurador general de la República, Roberto Gurgel, anunció la apertura de una investigación formal por posible enriquecimiento ilícito con tráfico de influencias contra Antonio Palocci, en el punto de mira desde hacía dos semanas luego de publicar el periódico Folha de São Paulo que el jefe del gabinete presidencial había adquirido unos inmuebles por una cantidad, casi cinco millones de dólares, que excedía con creces su patrimonio declarado y su salario como diputado en la legislatura 2007-2010. Según el diario denunciante, en ese período el patrimonio de Palocci se había multiplicado por veinte sin causa justificada.

El señalado explicó que los abultados ingresos extra los había obtenido limpiamente de una consultora de inversiones inmobiliarias fundada por él en 2006, tras dejar el Ministerio de Hacienda, pero se negó a revelar qué empresas y personas habían sido sus clientes. Aquel año, el poderoso político petista, artífice de los elogiados saneamiento y despegue de la economía nacional, ya había tenido que dimitir al ser asociado a prácticas corruptas en su anterior etapa de prefecto de Ribeirão Preto; como se señaló antes, Palocci fue posteriormente procesado, pero el Tribunal Supremo le exoneró por falta de pruebas.

Ahora, la historia parecía repetirse: el 7 de junio de 2011, tras escuchar unas ecuánimes palabras de apoyo de su superiora y pese a archivar la fiscalía, en la víspera, la investigación del aumento sospechoso de su patrimonio al no hallar indicios de delito, el ministro jefe de la Casa Civil, irreparablemente tocado, presentaba la renuncia al cargo.

Rousseff aceptó al punto la dimisión del liberal Palocci y en su lugar nombró a la senadora petista Gleisi Hoffmann, una política apenas conocida y de limitada experiencia cuyo marido era el ministro de Comunicaciones, Paulo Bernardo.

Perder en estas circunstancias a su mano derecha, encargado en la práctica de armonizar las posturas de los integrantes de la coalición oficialista y de gestionar las relaciones con las fuerzas parlamentarias, era un revés de entrada que Rousseff se apresuró a convertir en virtud: le permitió desprenderse de una personalidad intensamente política que dificultaba su deseo de consolidar su perfil de estadista heredera pero autónoma del lulismo, con ideas y argumentos propios.

Sacrificar a Palocci incluso contra el parecer expreso de Lula se tradujo en un aumento de popularidad para la presidenta, según una encuesta de opinión. Pero Rousseff aprovechó la mudanza en la Casa Civil para hacer cambios también en la Secretaría de Relaciones Institucionales, tercer órgano en importancia en el organigrama de la Presidencia y responsable de la coordinación política del Gobierno, de sus relaciones con el Congreso y los partidos, y de la interlocución con los estados.

Así, el 10 de junio, el titular de la Secretaría, Luiz Sérgio Nóbrega de Oliveira, del PT, intercambió el puesto con la hasta ahora ministra de Pesca y Agricultura, Ideli Salvatti, colega de formación. La nueva ministra jefa de Relaciones Institucionales asumió algunos de los cometidos fundamentales del versátil Palocci, aunque su perfil era más técnico. Que los tres cargos más importantes del Ejecutivo los ostentaran mujeres llevó a la prensa a referirse a la formación de un virtual "triunvirato femenino" en Brasília.

El 5 de julio, no se habían desvanecido los ecos de la marcha forzosa de Palocci cuando Rousseff encajó un nuevo escándalo de corrupción en el Gabinete. El afectado esta vez fue el ministro de Transportes y presidente del PR, Alfredo Nascimento, otro de los titulares recuperados de los Gabinetes lulistas, al que la presidenta obligó a renunciar ipso facto, el 6 de julio.

Nascimento cayó al día siguiente de dar cuenta la prensa de una supuesta trama de cobro de comisiones por funcionarios del Ministerio de Transportes a empresas adjudicatarias de obras públicas, dineros que habrían ido a parar a las arcas del PR. Para suplir a Nascimento, Rousseff se decantó por Paulo Sérgio Passos, republicano también.

Para Rousseff, las marchas deshonrosas de Palocci y Nascimento no fueron más que el comienzo de un vía crucis de dimisiones ministeriales forzadas por diferentes motivos, pero en casi todos los casos al hilo de unas acusaciones de irregularidades y corruptelas, que se prolongó hasta los primeros meses de 2012. Ni siquiera el vicepresidente de la República, Michel Temer, objeto de una investigación por el Supremo Tribunal Federal por su supuesta participación en un tinglado de cobro de comisiones, estaba libre de sospechas.

A mayor abundamiento, el reguero de bajas en el Ejecutivo tuvo como telón de fondo las noticias desagradables que iba dejando el macroproceso al mensalão de 2005-2006, que bien podía terminar con duras condenas de prisión para los acusados (en octubre de 2012 el Supremo Tribunal Federal iba a dictar sentencias condenatorias por corrupción activa para 25 de los 32 reos juzgados, entre ellos José Dirceu, José Genoino y Delúbio Soares).

El siguiente en la lista de miembros del Gabinete sacrificados, el 4 de agosto, fue todo un peso pesado, el pemedebista Nelson Jobim, al frente del Ministerio de Defensa desde 2007. Esta vez, sin embargo, las razones no tenían que ver con presuntos actos de corrupción. Jobim, considerado muy capaz en su trabajo, se hallaba en una situación insostenible por su colección de críticas extemporáneas a varios compañeros del Gobierno, lo que había levantado comprensible malestar.

La presidenta suplió al lenguaraz Jobin por Celso Amorim, experimentado ministro de Relaciones Exteriores con Itamar Franco y luego con Lula. Su nombramiento desagradó, sin embargo, a la cúpula de las Fuerzas Armadas debido a que estaba identificado con el ala izquierda del PT.

Al poco hubo de arrojar la toalla el titular de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento, Wagner Rossi, del PMDB y, como Palocci y Jobim, considerado parte de la "herencia de Lula". El 17 de agosto Rossi presentó su dimisión de manera irrevocable al sentirse acosado por una "andanada de acusaciones falsas" de corrupción vertidas por la prensa. Este episodio recrudeció el desencuentro de Rousseff con las bancadas del PMDB y el PR en el Congreso, donde la presidenta veía obstaculizadas diversas iniciativas legales de alcance económico como reacción chantajista a su determinación de "castigar los abusos y excesos" en la función pública.

El 14 de septiembre la lista de cesados en el Gobierno Federal fue engordada por el responsable de Turismo, Pedro Novais, también del PMDB. A Novais, que ya era el centro de fuertes sospechas de un aprovechamiento ilícito de su condición de diputado antes de asumir el cargo gubernamental el 1 de enero, se le acusaba de desviar dinero público para cubrir gastos personales.

El quinto ministro vencido por las imputaciones de turbiedades fue Orlando Silva, portador de la cartera de Deportes y miembro del PCdoB. Silva hubo de dejar el Gabinete el 26 de octubre al empezar a investigarle el Tribunal Supremo por la presunta orquestación en su ministerio, que no era sino el encargado de organizar el Mundial de Fútbol de 2014, de una trama de desfalcos que habría llegado a sustraer de las arcas públicas hasta 40 millones de reales.

La samba de los ministros caídos en desgracia sumaba y seguía. El 4 de diciembre de 2011 le llegó el turno de dimitir al titular de Trabajo, Carlos Lupi, del PDT, puesto contra las cuerdas desde que la Comisión de Ética de la Presidencia sugiriera a Rousseff su destitución al detectarse un cúmulo de abusos e irregularidades en su despacho. Mientras Lupi caía, su colega del área de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, el petista, Fernando Pimentel, era urgido por la oposición en el Congreso a dar explicaciones por otro chaparrón de sospechas de malas prácticas centradas en su persona.

A finales de enero de 2012 Rousseff salió al paso del vendaval de críticas opositoras al espectáculo de dimisiones en el Ejecutivo con una remodelación en los ministerios de Educación y de Ciencia, Tecnología e Innovación, pero el 2 de febrero fue asaltada por la enésima renuncia involuntaria por presunta deshonestidad, la del responsable de Ciudades, Mário Negromonte, del PP, involucrado por la prensa en supuestas concesiones irregulares de contratas relacionadas con la organización de los Mundiales.

En marzo, la jefa del Estado alteró el complicado equilibrio de fuerzas en la coalición del oficialismo al promover al PRB de Marcos Pereira, que obtuvo el Ministerio de Pesca y Agricultura y tomó asiento en el Ejecutivo, y castigar a su aliado más díscolo pero también más influyente, el PMDB del vicepresidente Temer, que vio despedidos de un plumazo a los portavoces del Gobierno en el Senado Federal y la Cámara de Diputados, Romero Jucá y Cândido Vaccarezza, respectivamente, ante el obstruccionismo reiterado de los pemedebistas a varias reformas clave del Ejecutivo.

Rousseff sustituyó a Jucá y Vaccarezza por otros por otros políticos del mismo partido pero teóricamente más manejables por la Presidencia, Eduardo Braga y Arlindo Chinaglia. Al mismo tiempo, saltó la noticia, bastante mala para la mandataria, del portazo del PR, con el que las relaciones se habían vuelto tormentosas desde la marcha obligada del Gobierno de su líder, Nascimento, el año anterior. Los republicanos se fueron directamente a la oposición.


9. Las políticas de Dilma: avance de la inclusión social, discutida protección de la Amazonía y la explotación del petróleo de pre-sal

La cascada de dimisiones en el Gobierno a lo largo de 2011 y el comienzo de 2012 dejó intacta la elevada popularidad de Rousseff, que, es más, vio crecer los índices de aceptación de su labor.

De manera similar a Lula en relación con el mensalão, la presidenta supo preservar una aureola de probidad que la hacía inatacable por ese flanco. A fin de cuentas, los ministros pillados supuestamente en falta eran personalidades autónomas que traían sus propias carreras políticas y los escándalos aflorados, independientes entre sí, no dibujaban un único gran entramado de corrupción instalado en el poder ejecutivo.

Por lo visto, la mayoría de los brasileños aceptó la tesis de que Dilma, que el 18 de noviembre de 2011 estampó su firma a la ley que creaba la Comisión Nacional de la Verdad (CNV, encargada de investigar las violaciones de los Derechos Humanos consideradas graves y cometidas por agentes del Estado entre 1946 y 1988, largo trecho temporal que cubría el régimen militar de 1964-1985), no tenía responsabilidades políticas y personales de las que dar cuentas pese a haberse rodeado de funcionarios señalados por su mala ética.

Con poco margen para la duda, este estado de gracia presidencial a los ojos del electorado se explicaba por la popularidad de varias de las medidas adoptadas por el Gobierno.

A los reajustes al alza, siempre pautados por la inflación, del salario mínimo, se les sumaban el alivio de las cargas fiscales al consumo eléctrico, las exenciones de impuestos para la cesta básica de alimentos y las ventajas tributarias también, acompañadas de facilidades crediticias, para los microemprendedores.

Además, las preocupaciones fiscales e inflacionistas no disuadieron a la mandataria de hacer pronto honor a su promesa electoral más emblemática.

Así, el 2 de marzo de 2011 Rousseff anunció la puesta en marcha del Plan Brasil sin Miseria, pensado para completar el radio de alcance y ampliar la cobertura de Bolsa Familia y otros programas sociales de la etapa Lula; su objetivo, eliminar para 2014 la pobreza extrema, que todavía afectaba a 16,2 millones de brasileños que malvivían con menos de 70 reales al mes.

La ministra de Desarrollo Social y Lucha contra el Hambre, Tereza Campello, economista del PT, subrayó que si el Plan cumplía sus previsiones, Brasil se convertiría en el primer país en desarrollo en alcanzar una meta principal de los Objetivos del Milenio trazados por la ONU.

Igualmente, recibieron un renovado ímpetu el programa de viviendas y saneamientos Mi Casa Mi Vida, y las vastas inversiones en infraestructuras que requería el PAC II. Los estudios lo decían y muchas personas podían percibirlo en sus bolsillos: en el Brasil de 2012, pese al cambio de ciclo económico, que relegaba para mejores tiempos las tasas de crecimiento altas, las desigualdades sociales seguían disminuyendo y la clase media seguía aumentando.

La buena prensa que Rousseff tenía en el grueso de la población tampoco se resintió del rechazó generado por la nueva legislación relativa a la protección de la selva virgen amazónica, sin la cual Brasil, sexto emisor de gases de efecto invernadero, haría una contribución funesta e irreversible al calentamiento global.

En abril de 2012, para consternación de los grupos ecologistas y los sectores políticos más comprometidos con el ambientalismo, la Cámara de Diputados, a instancias de la llamada bancada ruralista, vocera de los poderosos grupos de interés agroindustriales y una de las patas en que se sustentaba la coalición del Gobierno, aprobó el Nuevo Código Forestal Brasileño (NCFB).

Entre otros cambios, el Nuevo Código, que sustituía al código vigente desde 1965, perdonaba el pago de multas y sanciones a los cultivadores responsables de talas e incendios ilegales anteriores a 2008, eliminaba la protección permanente de 30 a 500 metros en las márgenes de los ríos y limitaba a mínimos las obligaciones que tenían los infractores de recuperar las áreas degradadas.

En mayo, accediendo a las presiones de los ambientalistas, que pusieron el grito en el cielo por la "amnistía a la deforestación" que según ellos el NCFB colaba con descaro, Rousseff, a la que tampoco gustaba el texto tal como le había llegado a su despacho y menos aún porque dentro de unas semanas le tocaba inaugurar en casa Rio+20, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, vetó 12 de los 84 artículos del proyecto de ley, entre ellos los tres que habían provocado mayor controversia.

La remoción de los aspectos más polémicos de la norma no satisfizo a las ONG y los movimientos sociales, que reclamaron el veto total (mediante la campaña Veta Dilma!) de un proyecto de ley que, por ejemplo, no hacía nada por mejorar la apurada situación en que se encontraba el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales (IBAMA), responsable de administrar la preservación de la biomasa y la biodiversidad, el cual, falto de recursos materiales y de apoyo político, se veía desbordado para atender todas las demandas y combatir la avalancha de atropellos e ilegalidades en el medio natural.

Es más, el NCFB quitaba al IBAMA la competencia, hasta ahora exclusiva, de conceder las licencias de deforestación por actividades industriales previo estudio de impacto ambiental. El IBAMA mismo estaba en el punto de mira de los movimientos indígenas y ambientalistas por su polémica licencia, otorgada en junio de 2011 y luego paralizada por un juez, que daba luz verde a las obras de construcción de la enorme presa hidroeléctrica de Belo Monte en la cuenca baja del río Xingú, afluente del Amazonas, en el estado de Pará.

Por otro lado, no cejaba el acoso criminal de rancheros, terratenientes y madereros sin escrúpulos contra conservacionistas, indígenas y miembros del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST). Las violencias sistemáticas y los asesinatos de activistas en apartados parajes silvestres seguían cometiéndose con toda impunidad. Fue, por ejemplo, el caso del líder guaraní Nisio Gomes, muerto a tiros por pistoleros enmascarados en presencia de los miembros de su comunidad en noviembre de 2011, en plena disputa de tierras entre indígenas y terratenientes en Mato Grosso do Sul.

A pesar de todo, las autoridades federales insistieron en que seguían firmemente comprometidas con la reducción del ritmo de deforestación de la Amazonía. El plan de lucha contra el cambio climático adoptado por Brasil se proponía reducir la superficie desarbolada hasta 2020 en un 80% con respecto a la cifra de 1990, lo que suponía una meta de destrucción anual de 3.925 km² de selva.

Por muy poco, dicha meta no se cumplió en el año pluviométrico comprendido entre agosto de 2011 y julio de 2012. Según el Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE), en esos doce meses la superficie arbolada perdida ascendió a 4.571 km², la cifra más baja desde 1988, cuando comenzaron las mediciones del sistema de vigilancia por satélite.

La trayectoria descendente iniciada en 2004, fecha en que el Gobierno Lula lanzó un ambicioso plan de acción para combatir la deforestación de la Amazonía con medidas de fuerza, se quebró en el año pluviométrico 2012-2013; de acuerdo con el INPE, la superficie privada de cobertura vegetal había aumentado a los 5.843 km².

En otro orden de cosas, con Rousseff, Brasil avanzaba a pasos agigantados para convertirse en uno de los mayores productores del mundo de petróleo, recurso que atesoraban las aguas profundas frente a las costas meridionales del Atlántico y bajo la denominada capa de pre-sal.

A los espectaculares hallazgos de crudo y gas en la cuenca submarina de Santos cuando ella era la jefa de la Casa Civil de Lula y presidenta del Consejo de Administración de Petrobras se les estaban sumando las prospecciones, con resultados altamente positivos también, en la vecina cuenca de Campos, más al norte, frente al estado de Rio de Janeiro.

Con todo, el descubrimiento más suculento, comunicado en octubre de 2010 y coincidiendo con el comienzo de las operaciones de extracción por el primer buque-plataforma anclado sobre el yacimiento de Tupí (operado por un consorcio que lideraba Petrobras al 65% y en el que participaban también el británico BG Group y la portuguesa Galp Energia), había tenido lugar en la cuenca de Santos.

Se trataba del campo Libra, que según las evaluaciones preliminares contaría con reservas de crudo de entre 3.700 millones y 15.000 millones de barriles. El cálculo barajado en un principio como el más probable apuntaba a los 7.900 millones. Posteriormente, la estimación de este volumen fue corregida al alza y se dejó en una horquilla que iba de los 8.000 a los 12.000 millones de barriles. Antes de hacerse este hallazgo, las reservas probadas en todo el país ascendían a los 14.000 millones de barriles.

La riqueza potencial del campo Libra era de unas dimensiones tan colosales que su explotación prometía tener repercusiones de alcance geopolítico, capaces de decidir los maridajes internacionales de Brasil amén de su futuro económico. El público era consciente de ello, así que las decisiones que el Gobierno tomara al respecto estarían sometidas a un fuerte escrutinio político y social.

En octubre de 2013 el Ejecutivo decidió adjudicar la explotación de Libra a un consorcio extranjero formado por dos compañías petroleras chinas, la China National Corporation (CNPC) y la China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), más la francesa Total y la anglo-holandesa Shell. El resultado de la licitación por el mayor yacimiento de hidrocarburos de Brasil indignó a un sector de la opinión pública y especialmente a sectores nacionalistas de izquierda, que denunciaron la operación como una "privatización" encubierta.

Rousseff salió al paso de las protestas y defendió los beneficios de la puja, que había tenido un único postor. Los adjudicatarios internacionales accedían a entregar al Estado brasileño un 41,6% del petróleo excedente de sus operaciones comerciales y, por supuesto, aceptaban como socio, aunque no mayoritario, a Petrobras, que iba a operar con una participación en el negocio del 40%.

Según el Gobierno, este esquema garantizaba que el 85% de toda la renta producida por Libra fuera a las arcas del Estado y a Petrobras, algo "bien diferente a la privatización", subrayó Rousseff en su mensaje televisado a la nación.


10. Seducción comercial de los BRICS y complicadas relaciones con Estados Unidos

En 2011 Rousseff recibió de Lula las riendas de un país "en racha" y, en múltiples ámbitos, líder de hecho del hemisferio sur/latinoamericano. Una potencia regional que aspiraba a ser reconocida por todos, lo que en buena medida ya había conseguido, como un actor relevante en la escena global y un adalid del nuevo Sur emergente, cuya interlocución con las potencias desarrolladas del G8 y en el seno del G20 resultaba indispensable, más en tiempos de marejadas financieras y económicas cebadas con el Norte rico.

Rousseff asumía los retos de mantener los logros alcanzados por su famoso predecesor en la palestra internacional y profundizar las responsabilidades que conllevaba el creciente liderazgo brasileño en la región y el mundo. La personalidad de Lula había brillado en los procesos de cooperación e integración de la vecindad americana, pero también en el lanzamiento de los foros intercontinentales IBSA y BRICS, donde se había embarcado en una impactante complicidad con los colegas de otras cuatro economías emergentes, China, Rusia, India y Sudáfrica.

No tuvo que transcurrir mucho tiempo para advertirse que la nueva presidenta brasileña, que salió menos viajera que Lula, sentía una atracción especial por los BRICS, China en particular, con su inagotable voracidad comercial, capaz de brindar infinidad de negocios de envergadura en los más diversos sectores, en cierto detrimento de América Latina, área natural de influencia para Brasil.

Empujada por su pragmática personalidad, pero guiada también por las clamorosas cifras de la evolución del sector exterior y las inversiones brasileñas, la mandataria clavó su mirada en Beijing, considerando que la superpotencia asiática era ya el mayor socio comercial de Brasil, cliente del 19% de sus exportaciones (y el principal comprador de su mineral de hierro y su soja) y proveedor del 16% de sus importaciones. Tan sólo una década atrás, esa primacía, con una cuota de mercado en las dos direcciones del 22%, recaía en Estados Unidos.

Sin duda, a Rousseff se le quedaba pequeño el Mercosur, bloque subregional con unión aduanera que no pasaba precisamente por su mejor momento, fundamentalmente debido a las recurrentes rencillas comerciales con Argentina. Rousseff, a la que le tocó organizar en Brasília las cumbres, en julio y diciembre de 2012, que supusieron los ingresos en la organización de Venezuela y Bolivia -los principales integrantes del bloque bolivariano-, se mostraba mayormente interesada en la eliminación de aranceles entre el Mercosur y Chile, Colombia y Perú, tres dinámicos componentes de la Alianza del Pacífico, a su vez orientada a Asia.

En julio de 2014, a renglón seguido de la entrega de la Copa del Mundo de la FIFA –a la selección alemana- en Rio, Rousseff fue la maestra de ceremonias en Brasília y Fortaleza de un rosario de reuniones bilaterales y multilaterales al más alto nivel. La identidad de los interlocutores y los formatos de los encuentros dibujó un retrato bastante completo de las prioridades de la diplomacia brasileña en este momento. La preferencia euro-asiática ya había quedado bien de manifiesto unos meses atrás con la definición del consorcio para la explotación del yacimiento petrolífero de Libra.

Primero, el día 14, se produjo la visita oficial del presidente ruso Vladímir Putin, de gira por América Latina y muy interesado en consolidar sus negocios de venta de armas y las cooperaciones en los capítulos de defensa y energía. Al día siguiente, en Fortaleza, tuvo lugar la VI Cumbre de los BRICS, que alumbró el Nuevo Banco de Desarrollo (NBD), todo un contrapunto financiero al FMI, y que tuvo como invitados a 11 presidentes latinoamericanos.

El 17 de julio Rousseff recibió en Planalto al presidente chino Xi Jinping, con quien firmó la friolera de 54 acuerdos bilaterales de todo tipo y ensalzó la asociación "estratégica, sólida y prometedora" establecida por los dos países; a continuación, ese mismo día, dirigió en el cercano Palacio de Itamaraty la llamada Cumbre de Fortaleza 4+1+1, con asistencias de Xi y los gobernantes del Cuarteto (Ecuador, Cuba, Costa Rica y Antigua y Barbuda) de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), cita que materializó el Foro de Cooperación China-CELAC.

Por último, el 18 de julio, Rousseff recibió en el Palacio de Alvorada al presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso.

Con los Estados Unidos de la Administración Obama, Rousseff prosiguió con fuertes altibajos el complejo diálogo que Lula, a fuerza de hacerse valioso en escenarios como el G20, había conseguido elevar a una relación jerárquica de virtual paridad.

Las dos grandes potencias americanas, la una al norte y la otra al sur, venían de coincidir en una serie de apuestas estratégicas (biocombustibles, cultivos transgénicos), pero habían discrepado, y mucho, en cuestiones de calado como la estrategia militarista de la lucha antidroga que tenía su pivote en las bases colombianas, la política monetaria expansiva de la Reserva Federal, la actitud con respecto a Cuba y, sobre todo, el conflicto nuclear iraní.

Se palpaban los recelos entre dos gigantes que cooperaban e intercambiaban –pero menos de lo que deberían, dados el volumen de sus economías y su vecindad continental-, y que al mismo tiempo competían abiertamente por espacios de influencia internacional.

Como se adelanto arriba, Rousseff, nada más llegar a la Presidencia, puso fin a los compadreos mediáticos con el régimen de Teherán, que tanto irritaban a Washington, pero luego la presidenta no hizo ninguna otra gran rectificación de políticas en un sentido grato a Estados Unidos. La abstención brasileña en la votación de la ONU que abrió las puertas a la intervención de la aviación de la OTAN en Libia fue una muestra de tibieza en esta crisis que no ayudó a la aspiración del asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la organización.

Rousseff podía tratar de tú a tú a los máximos dirigentes mundiales, y en abril de 2012 no tuvo reparos en transmitirle a Obama en el mismísimo Despacho Oval de la Casa Blanca el malestar de su país por la política monetaria de la Reserva Federal.

Semanas atrás, desde Alemania, en presencia de la canciller Angela Merkel, la presidenta había criticado el "tsunami monetario" y la "burbuja especulativa" provocados por Europa, Estados Unidos y otros países desarrollados, que con sus inyecciones masivas de liquidez bancaria y sus tipos de interés históricamente bajos inundaban de capitales sedientos de rendimientos a países en desarrollo del grupo de los emergentes y recientemente industrializados, como Brasil.

Tales políticas expansionistas, justificadas por sus responsables para escapar de la recesión económica y evitar las quiebras bancarias, debían verse, insistía Rousseff, como una "devaluación artificial" de las divisas y una "forma de proteccionismo", pues conseguían de manera indirecta empujar hacia arriba el valor de las monedas nacionales de los países en desarrollo y emergentes (ni causantes ni principales sufridores de la crisis global), que veían dañada la competitividad de sus exportaciones. Algunos de estos países, como era el caso de Brasil, no podían permitirse además sacrificar sin más ni más la lucha contra la inflación.

En casa, la dirigente tenía aún menos pelos en la lengua y hablaba directamente de "políticas perversas" y de "canibalismo" de los países desarrollados con los emergentes.

En julio de 2013 las relaciones brasileño-estadounidenses entraron en una fase francamente desapacible por el escándalo del espionaje de ciudadanos brasileños (junto con muchísimos más de la mayoría de los países del mundo) por parte de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA), que llevaba años rastreando e interceptando sistemáticamente infinidad de conexiones de telecomunicaciones con origen y salida del país sudamericano.

El titular de Relaciones Exteriores, Antonio Patriota, antes de dimitir en agosto por la facilitación por su Ministerio de la huida a Brasil de un senador boliviano reclamado por la justicia de su país y que gozaba de asilo político en la Embajada brasileña en La Paz –incidente diplomático que había causado un gran enfado a Rousseff-, demandó explicaciones por los "graves" hechos al embajador estadounidense en Brasília.

El sucesor de Patriota, Luiz Alberto Figueiredo, insatisfecho con los argumentos transmitidos en persona por el secretario de Estado John Kerry, advirtió que Brasil podría elevar ante la ONU una demanda de investigación de los programas de espionaje mundial llevados a cabo de manera clandestina por Estados Unidos, los cuales habían sido destapados por el antiguo técnico de la NSA Edward Snowden.

La indignación brasileña subió de tono tras revelar la prensa que las escuchas de los servicios de inteligencia norteamericanos habían afectado a las comunicaciones telefónicas y los correos electrónicos de la propia presidenta Rousseff. Para el Gobierno, era inconcebible que Estados Unidos espiara a la jefa de un país "amigo" y con el que había una "asociación estratégica". Figueiredo describió lo sucedido como una "violación inadmisible e inaceptable de la soberanía nacional".

A principios de septiembre de 2013, el canciller Figueiredo convocó a su despacho al embajador Thomas Shannon para informarle de que Brasília sólo aceptaría explicaciones directamente de Obama, por escrito y en el plazo de una semana. Toda vez que Washington, como era de esperar, no satisfizo las exigencias brasileñas, la parte ofendida optó por "aplazar" la visita oficial que Rousseff tenía previsto hacerle a Obama el 23 de octubre. Se trataba de un desplante sin precedentes que vino a reforzar la reputación de Rousseff como mujer de carácter y estadista con autoridad.

Rousseff mantuvo el tono agraviado y enérgico en su discurso anual, pronunciado el 24 de septiembre, ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, donde calificó el espionaje estadounidense de "falta de respeto a la soberanía nacional de mi país" y de "grave violación de los derechos humanos y las libertades civiles". Para evitar este tipo de "intrusiones" en la privacidad de los individuos y la soberanía de los estados, la presidenta proponía establecer un "marco multilateral civil para la gobernanza y uso de Internet".


11. Una población insospechadamente descontenta: la gran protesta social de 2013

A lo largo de 2012 Rousseff hizo frente a una extenuante sucesión de huelgas y protestas laborales protagonizadas por múltiples colectivos de funcionarios públicos, tanto estatales como federales. El conflicto incluyó a diversos cuerpos policiales, de manera destacada la Policía Militar de Bahia, cuya huelga de febrero generó un caos de seguridad en este estado de la costa norte.

La presidenta entabló un pulso con los sindicatos, que reclamaban importantes subidas salariales para unos trabajadores del sector público mucho mejor retribuidos que el resto de asalariados del país, y el forcejeo no dejó fuera a la Central Única de los Trabajadores (CUT), históricamente vinculada al PT.

Las marchas, los parones de actividad y los abucheos a la jefa del Estado no impidieron un maratón de reuniones con el que Rousseff, al final, consiguió doblegar a los representantes de los funcionarios. Advirtiéndoles que el Estado, en tiempos de enflaquecimiento económico, no tenía margen para satisfacer todas las demandas salariales y recordándoles de paso los privilegios contenidos en sus nóminas y sus contratos, la mandataria desactivó las protestas obligando a aceptar a los huelgistas unas alzas salariales mucho más modestas.

La incompleta pacificación militar de las favelas cariocas, que seguía generando escenas de verdadera guerrilla urbana, el operativo de las fuerzas de seguridad contra los mercados callejeros del crack en São Paulo (Operación Cracolândia) y los movimientos huelguísticos de docentes universitarios y policías a nivel nacional pusieron a prueba la pericia y la determinación de la presidenta brasileña para asegurar la paz social en un país que debía dar al mundo una adecuada imagen de modernidad y solvencia de cara a los Mundiales de Fútbol 2014 y las Olimpiadas de Rio de 2016.

Ahora bien, la mayor estridencia social estaba por venir. A principios de junio de 2013 unos pocos miles de personas comenzaron a manifestarse en São Paulo para denunciar la reciente subida de las tarifas de los transportes públicos. Junto con las marchas pacíficas, organizadas por el Movimiento Pase Libre (PML), se produjeron algunos incidentes violentos, como agresiones y destrozos de mobiliario urbano.

Los agentes del orden intervinieron sin contemplaciones y su cruda actuación represiva encrespó a los manifestantes. El prefecto de la ciudad, Fernando Haddad, del PT, y el gobernador del estado, Gerardo Alckmin, del PSDB, condenaron con dureza a los "vándalos" y "revoltosos". Sin embargo, la protesta callejera creció como la espuma y en muy pocos días se propagó a las principales ciudades de Brasil.

Casi de la noche a la mañana, el país se encontró con las movilizaciones populares más multitudinarias desde la campaña de repudio al presidente Fernando Collor de Mello en 1992.

Ahora, los ciudadanos, exhibiendo un malestar y un enfado inopinados, voceaban un repertorio heterogéneo pero coherente de demandas nacionales: que se mejoraran los servicios públicos, muchas veces indignos de un país que se las daba de potencia emergente y que aspiraba a jugar en la liga de los grandes y desarrollados; que se terminara con el cáncer de la corrupción, percibido como generalizado en la clase política y las administraciones públicas, y estimulado por la impunidad de muchísimos infractores; o que se pusiera coto a los exorbitantes costes de los eventos deportivos, destinando parte de ese dinero a subsanar el sinfín de deficiencias y carencias de responsabilidad pública que los ciudadanos podían apreciar, y padecer, en sus vidas cotidianas.

La espectacular protesta, que en algunos lugares, empezando por São Paulo, dio lugar a violentas algaradas con tintes de anarquía insurreccional no estaba dirigida específicamente contra Rousseff y ni siquiera buscaba, en apariencia, la caída del Gobierno Federal. Era más bien la expresión de un hartazgo ciudadano que tenía en el punto de mira el comportamiento, juzgado como negligente, arrogante o poco ético, de los poderes públicos, las instituciones políticas y las élites dirigentes en general.

A un año de los Mundiales, lo que sucedía en las calles de Brasil adquirió, lógicamente, una gran repercusión internacional. La imagen de cara al exterior era la de un país revuelto y en ebullición. Los disturbios y los choques con las fuerzas de seguridad iban a dejar con el transcurso de los días una decena de muertos, más de 250 heridos y varios cientos de detenidos.

El 18 de junio, Rousseff, tres días después de aguantar los silbidos de cientos de aficionados futbolísticos en la apertura de la Copa FIFA Confederaciones en el Estadio Nacional Mané Garrincha de Brasília, y a las pocas horas de que una muchedumbre enardecida, sorteando el cordón policial, invadiera el perímetro del Congreso Nacional en la capital federal y se subiera a la amplia terraza acristalada que cubre el edificio, salió de su silencio y, disimulando la perplejidad que embargaba a su Gobierno y empleando su mejor tono, dirigió elogios a la "fuerza de la voz de la calle".

Es más, la presidenta daba su beneplácito a las protestas, que hacían de Brasil un país "más fuerte". "La grandeza de las manifestaciones (…) comprueban la energía de nuestra democracia, la fuerza de la voz de la calle y el civismo de nuestra población. Es bueno ver a tantos jóvenes y adultos (...) juntos con la bandera de Brasil, cantando el himno nacional, diciendo con orgullo 'soy brasileño' y defendiendo un país mejor", aseguró la mandataria en su discurso pronunciado desde Planalto. Además, la dirigente alabó el carácter "pacífico" de los actos convocados y no cargó las tintas en los incidentes violentos, que consideraba "minoritarios y aislados".

Estas positivas palabras no tuvieron el menor efecto apaciguador en los manifestantes, que redoblaron sus ímpetus y aumentaron su poder de convocatoria. Para el 20 de junio las ciudades y poblaciones que eran escenarios de protestas superaban ampliamente las 400. Los participantes, organizados desde las redes sociales, se contaban ya por millones.

Dentro y fuera del país se multiplicaban los análisis periodísticos, politológicos y sociológicos que intentaban explicar lo que estaba sucediendo. La conclusión fue coincidente: quienes se habían echado a las calles para vociferar su indignación eran fundamentalmente las clases medias urbanas y dentro de ellas la "nueva clase media". Muchos millones de ciudadanos con estudios, acceso a la información y cualificación laboral que participaban en la economía formal, consumían bienes y pagaban impuestos (pero que ya no recibían del Gobierno transferencias directas de renta social para salir de la exclusión), lo que les llevaba a exigir unos servicios públicos de calidad.

Rousseff asumió este diagnóstico (posteriormente, en entrevistas periodísticas, la gobernante iba a valorar las manifestaciones de junio de 2013 como el fruto de la "democratización" y el "crecimiento", a describir la "salida de la miseria" como el principio de ulteriores demandas de inclusión y movilidad sociales, y a reconocer que el Gobierno debía compaginar las políticas específicas para las clases más pobres con una estrategia orientada a las clases medias) y se apresuró a coordinar con las autoridades locales un paquete de respuestas para aquietar los ánimos.

Las primeras concesiones corrieron a cargo de las administraciones municipales y estatales, y consistieron, como cabía esperar, en la revocación de las subidas de los costes del transporte urbano y los peajes de las autopistas, es decir, la espoleta de la protesta.

Las movilizaciones populares no amainaban y el 21 de junio, con rapidez de reflejos, Rousseff, que veía caer en picado sus niveles de popularidad y aprobación personal, hasta ahora elevados, volvió a dirigirse a la nación por radio y televisión para anunciar la negociación con los gobernadores estatales y los prefectos de las principales ciudades de un "gran pacto en torno a la mejora de los servicios públicos".

Dicho pacto, precisaba Rousseff, tendría como ejes un Plan Nacional de Movilidad Urbana para "privilegiar el transporte colectivo", la asignación de la totalidad de los ingresos por el petróleo al sistema educativo y la contratación de miles de médicos extranjeros para ampliar el servicio del Sistema Único de Salud (SUS).

Toda vez que tampoco esta oferta de diálogo surtió un efecto apreciable en los manifestantes, la presidenta, el 24 de junio, en su primera reunión con los gobernadores y prefectos para negociar el pacto por los servicios públicos, elevó drásticamente la cualidad de sus iniciativas con la propuesta de un "debate sobre la convocatoria de un plebiscito popular que autorice la entrada en funcionamiento de un proceso constituyente específico para llevar a cabo la reforma política que tanto necesita el país".

La sorpresiva salida reformista y constituyente de Rousseff causó mucha perplejidad en los medios políticos y concitó duras críticas de la principal fuerza de la oposición, el PSDB, así como de personalidades del mundo judicial.

En realidad, la idea de instalar una Asamblea Constituyente suponía reponer en la mesa una reforma en profundidad del sistema político ya concebida por el PT y promovida por una nutrida plataforma de ONG, pero que el resto de grupos parlamentarios, incluidos los socios del Gobierno, tenían bloqueada en el Congreso desde el mes de abril. La finalidad de esta reforma empantanada era transparentar las reglas del juego democrático mediante una regulación más exigente de la financiación de los partidos, el funcionamiento de las coaliciones y la práctica del voto secreto.

Estaba por ver cómo y cúando se sustanciaría la propuesta de plebiscito y proceso constituyente lanzada por Rousseff, una transformación de envergadura que llevaría su tiempo y que requeriría el más amplio consenso partidista. Sin embargo, el Congreso, resignado a dar a los manifestantes algunas victorias tangibles en el terreno legislativo, accedió a tramitar sin más demora la llamada "agenda positiva", que iba en la línea de la reforma política demandada desde la sociedad civil y tomada al vuelo por Rousseff y el PT.

Así, antes de terminar junio, la Cámara baja archivó una Propuesta de Enmienda Constitucional extremadamente polémica puesto que se asociaba a la impunidad de la corrupción, la PEC37, que habría limitado los poderes de investigación del Ministerio Público. También, los diputados dieron luz verde a la propuesta presidencial de destinar la renta petrolera a la inversión social; finalmente, se decidió que que el 75% de estos recursos fuera a la educación y el 25% restante a la sanidad.

Por su parte, el Senado, en lo que sin duda fue un gran triunfo para los manifestantes, aprobó tipificar la corrupción como "crimen hediondo", de manera que los condenados por estos delitos pasarían a recibir penas mucho más duras, de hasta 12 años de cárcel, y además perderían los derechos a la amnistía, el indulto y el pago de fianza eximente de prisión.

La cancelación de las alzas tarifarias en el transporte público, la propuesta presidencial de plebiscito constituyente y la promulgación de la "agenda positiva" consiguieron neutralizar la gran protesta ciudadana de junio de 2013. Sin embargo, esto no significó en modo alguno la extinción del espíritu contestatario de la población, que siguió expresándose, y con bastante contundencia, en los meses siguientes.

Hasta finales de 2013, Brasil conoció, en el mes de julio, la huelga general convocada por los sindicatos cariocas, que terminó con serios disturbios en Rio de Janeiro; a continuación, las protestas desarrolladas con motivo del Día de la Independencia (el 7 de septiembre), saldadas con graves altercados y 300 detenidos en Rio, São Paulo, Brasília y Porto Alegre; en octubre, las movilizaciones de enseñantes de secundaria en Rio, reventadas por las acciones vandálicas de grupos de encapuchados; y ese mismo mes, el repudio de sectores de la izquierda a la subasta de la explotación del campo Libra de la cuenca petrolífera de Santos.


12 . Deterioro de la economía y el reto de los Mundiales de Fútbol en el año de la reelección

En agosto de 2011, cuando la inflación parecía estabilizada, el BCB, presidido por Alexandre Tombini, emprendió un ciclo de expansión monetaria para debilitar la excesiva fortaleza cambiaria del real, tan nociva para las exportaciones, y dinamizar el crecimiento.

La desescalada de los tipos de interés llegó a su apogeo en octubre de 2012, cuando del 12,50% fijado en julio de 2011 se pasó al mínimo histórico del 7,25%. La tasa básica SELIC se mantuvo inalterable en los siguientes meses, pero en el conjunto de 2012 el PIB brasileño no creció más que el 0,9%, menos de la mitad de lo previsto por el Gobierno, que justificó el mal dato por la evolución negativa de la economía mundial, en particular la europea.

Los sectores más perjudicados eran las industrias agrícola y de transformación. La inversión y el ahorro también estaban de capa caída. En estas condiciones, el tirón del consumo, estimulado por el aumento del crédito libre a articulares, no podía por sí solo poner a la economía en ruta de bonanza. Por lo menos, el acusado ralentí económico tenía un efecto moderadamente positivo en los precios, que sólo treparon un 5,8% en 2012 pese a las facilidades para obtener dinero de los bancos.

Al comenzar 2013, sin embargo, la presión inflacionaria volvía a hacerse sentir con fuerza. El real seguía preocupando a Rousseff, pero ahora por su depreciación en los mercados de divisas, todo lo contrario que en 2011. El objetivo central del BCB era mantener el crecimiento de los precios en torno al 4,5% anual con un desfase máximo hasta el 6,5%, pero ahora este esquema estaba a punto de ser desbordado.

Así las cosas, el 17 de abril de 2013 el Copom dio carpetazo a 20 meses de flexibilidad monetaria incrementando en 25 puntos, hasta dejarlo en el 7,50%, el tipo SELIC. Fue el inicio de una escalada, similar a la producida entre 2010 y 2011, que en abril de 2014 iba a situar el precio oficial del dinero en el 11%, el tipo más elevando del mundo. Las autoridades brasileñas decidieron que había que anteponer el control de la inflación, de la que Brasil guardaba no lejanos recuerdos de pesadilla (en 1994, antes de la llegada del Plan Real, el programa de choque puesto en marcha por la Administración Cardoso, la tasa llegó a un colosal 2.312%), al crecimiento.

En agosto el BCB, alarmado por el dato de que en el primer semestre del año la inflación había alcanzado el 6,7%, adoptó una decisión de gran calado que suponía la interrupción de hecho del régimen de libre flotación de la moneda nacional: con el fin de invertir la revalorización del dólar frente al real, que ya no resultaba tan atractivo para los capitales especulativos –los cuales estaban retornando a las inversiones en bonos del Tesoro estadounidense-, el supervisor financiero comenzó a intervenir en los mercados cambiarios con un programa diario de subastas de divisas por valor de 60.000 millones de dólares.

Con esta política monetaria, la economía tenía obligatoriamente que resentirse. En el tercer trimestre de 2013 el PIB experimentó una caída del 0,5% con respecto al período comprendido entre abril y junio, aunque en el cuarto trimestre el dato mejoró sustancialmente las previsiones y arrojó un 0,7% positivo. Este respiro temporal dejó el crecimiento de los doce meses de 2013 en el 2,5%.

De hasta qué punto esta tasa positiva descansaba en el consumo doméstico, a su vez, amenazado por la inflación, que quitaba poder adquisitivo a las familias, daba buena cuenta el comportamiento de la balanza comercial, que en febrero de 2014 acumuló un saldo negativo anual de 6.183 millones de dólares. Se evaporaba el balance positivo de las transacciones de bienes, que ya en 2013 había anotado su superávit más exiguo –de 2.561 millones de dólares- desde principios de siglo.

El renacido optimismo del Gobierno, expresado de manera sorprendentemente exagerada por Guido Mantega en febrero de 2014, cuando el ministro de Hacienda aseguró que la economía brasileña estaba "en una trayectoria de aceleración gradual", recibió un pronto jarro de agua fría por parte del estatal Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE), que a finales de mayo calculó el índice de crecimiento para el primer trimestre del año en tan solo un 0,2% en comparación con el último trimestre de 2013.

La temida retracción de la oferta y la demanda internas, el último motor que le quedaba a la economía nacional tras el bajón de las exportaciones, ya estaba aquí. El Estado ingresaba menos, con lo que aumentaba el déficit de las finanzas públicas y se achicaba el superávit fiscal primario, es decir, el ahorro destinado a pagar los intereses de la deuda.

De nuevo, había desaceleración económica, y esta realidad ingrata no tenía visos de cambiar a tiempo para la campaña de las votaciones presidenciales de octubre de 2014, a las que Rousseff, con su popularidad sumamente desmejorada, acudía en busca de la reelección.

Para colmo de disgustos gubernamentales, en abril de 2014 Brasil entró en otro inquietante ciclo de disturbios, huelgas e inseguridad ciudadana con epicentro en las turbulentas favelas de Rio de Janeiro. En mayo, las protestas, siguiendo el patrón viral del año anterior, se extendieron por todo Brasil.

Esta vez, los manifestantes, congregados en menor número que en junio de 2013 pero con los ánimos tanto o más belicosos, arremetían directamente contra la organización del Mundial de Fútbol, que comenzaban el 12 de junio con el partido inaugural Brasil-Croacia, y todos los gastos que rodeaban al gran evento. El Gobierno, ya acuciado por los retrasos que acumulaban las obras de construcción en algunos estadios, se jugaba la celebración y el éxito del campeonato. El 12 de junio un sector de la hinchada brasileña dirigió insultos a la presidenta en la ceremonia de arranque de los Mundiales en el Estadio Arena Corinthians de São Paulo.

Rousseff fue proclamada candidata presidencial del PT en la Convención Nacional celebrada por el partido en Brasília el 21 de junio, en mitad de la fase de grupos del Mundial y con la tensión todavía instalada en las calles de varias ciudades del país, donde las protestas y la cargas policiales iban a prolongarse de manera esporádica hasta el final de la competición deportiva.

Arropada por el siempre carismático Lula, en la Convención petista la candidata dio cuenta de un "Plan de Transformación Nacional" para aprovechar "una oportunidad rara en la historia", a saber, la de "defender los grandes resultados de un ciclo fabuloso y, al mismo tiempo, tener la fuerza para anunciar el nacimiento de un nuevo ciclo de desarrollo".

Ese mismo mes confirmaron como suya a la aspirante oficialista otras ocho agrupaciones: el PMDB (que volvió a presentar a su líder, Michel Temer, para la Vicepresidencia, al cabo de cuatro años repletos de desencuentros con el PT), el PDT, el PCdoB, el PRB, el PP, el PR y dos formaciones nuevas, el Partido Social Demócrata (PSD) y el Partido Republicano de Orden Social (PROS). Con todos, Rousseff forjó la coalición Con la fuerza del pueblo.

El 8 de julio la selección nacional de Brasil, cuyo nivel de juego no estaba respondiendo a las expectativas, fue vapuleada, humillada y eliminada por Alemania, a la postre ganadora del torneo en semifinales por siete goles a uno. El catastrófico resultado futbolístico dejó estupefactos y desolados a los brasileños. Los analistas no se atrevieron a aventurar en qué sentido o medida este histórico desaguisado deportivo podría influir en las elecciones de octubre.

Ahora mismo, Rousseff gozaba en las encuestas de una primacía que si bien no era aplastante, sí parecía al menos cómoda, al menos por lo que respectaba a la primera vuelta electoral del 5 de octubre. Con un 38% de intención de voto, la petista le sacaba 15 puntos a su adversario más adelantado, el senador tucano Aécio Neves.

Pero a mediados de agosto, el panorama dio un súbito y anguloso giro. El día 13 murió en un accidente de aviación en Santos el candidato del PSB, Eduardo Campos, quien había sacado a su partido de la coalición gobernante en agosto del año anterior para preparar su envite electoral no como un mero satélite del PT.

El malogrado ex senador de Pernambuco fue rápidamente sustituido por su compañera de fórmula electoral, la ex verde Marina Silva, quien automáticamente se disparó en los sondeos, desbancando a Neves del segundo lugar y amenazando con poner en serios apuros a Rousseff, que en 2010 ni siquiera había tenido que disputar la segunda vuelta con ella; ahora, Silva aparecía con mejores posibilidades de ganar la segunda vuelta si conseguía superar la primera, que era lo más probable.

A finales de agosto saltó un dato económico funesto: según el IBGE, la tasa intertrimestral de crecimiento del PIB de abril a junio había sido del -0,6%; puesto que en el primer trimestre de 2014 la economía también había retrocedido, un 0,2%, tal era la revisión a la baja del dato del 0,2% positivo anunciado inicialmente, Brasil se encontraba técnicamente en recesión. Con esta información sobre la mesa, el Gobierno vio peligrar su previsión de crecimiento para 2014 del 1,8%, ya recortada desde el anterior cálculo del 2,5%, sostenido hasta hacía menos de un mes.

(Cobertura informativa hasta 1/9/2014)

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