Eduardo Rodríguez Veltzé

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Datos relevantes

Actualización: 6 de Junio de 2011
Crédito fotográfico: © UN Photo/Eskinder Debebe

Bolivia

Presidente de la República

Duración del mandato: 09 de Junio de 2005 - 22 de Enero de 2006

Nacimiento: Cochabamba, provincia de Cercado, departamento de Cochabamba , 02 de Marzo de 1956

Partido político: sin filiación

Profesión: Magistrado de justicia

Crédito fotográfico: © UN Photo/Eskinder Debebe

Resumen

Paradigma del profesional apolítico catapultado a la Presidencia de la República sin haberlo nunca pretendido, como resultado de una concatenación de contingencias, este servidor de la administración pública boliviana de físico larguirucho, aire intelectual y carácter calmoso obtuvo el bachillerato por el colegio San Agustín y luego se formó en Derecho por la Universidad Mayor San Simón (UMSS), ambos en su Cochabamba natal.

Biografía

Su abuelo materno, Víctor Veltzé, era un inmigrante austríaco que desarrolló funciones gerenciales en las empresas de la familia Suárez, grandes propietarios de plantaciones de hevea, árbol del que se extrae una variedad de goma o caucho. Su padre, Javier Rodríguez Rivas, aunque profesional de la abogacía, se movió también en los negocios empresariales, destacó en la patronal de Cochabamba y entre 1971 y 1972 presidió la Cámara de Comercio departamental.

En 1981 Rodríguez hijo se sacó el título de abogado y siete años después, con la ayuda de una beca, cursó un máster en Administración Pública por la J. F. Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard, en Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos. Desde principios de la década de los noventa se labró un currículum de experto en prestaciones jurídicas al Estado, ejerciendo de asesor general en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, subcontralor de Servicios Legales en la Contraloría General de la República -teniendo como jefe al contralor Marcelo Zalles Barriga- y consultor de proyectos legislativos sobre asuntos de cooperación judicial internacional, regulación de la función pública, y otros.

En añadidura, fue coordinador regional del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD), e impartió docencia en la Universidad Católica Boliviana (UCB), la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB) y el Posgrado de Ciencias de Desarrollo (CIDES) de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), en La Paz. El 19 de marzo de 1999, siendo presidente de la República el ex general Hugo Banzer Suárez, Rodríguez fue uno de los siete nuevos ministros de la Corte Suprema de Justicia de Bolivia que el Congreso Nacional eligió con un mandato de diez años.

Como en anteriores renovaciones del máximo tribunal, se aventaron acusaciones de que los tres partidos mayoritarios, esto es, la Acción Democrática Nacionalista (ADN) de Banzer, el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) del también ex presidente Jaime Paz Zamora, se habían repartido las doce magistraturas en cuotas paritarias. Algunos comentaristas situaron la designación de Rodríguez en la esfera de intereses del MNR, formación cuya ideología podía definirse como de centroderecha liberal, y recordaron sus servicios a Antonio Araníbar Quiroga, el canciller con Sánchez de Lozada, que en 1993 era líder del Movimiento Bolivia Libre (MBL, una formación de centroizquierda) y estaba en excelentes relaciones con el MNR.

En la Corte Suprema, con sede en Sucre, Rodríguez presidió la Sala Social y Administrativa. Fue un lustro en el que Bolivia, el país menos desarrollado de Sudamérica, tomó el derrotero de una profunda crisis, con varios estallidos sociales que tuvieron como desencadenantes los programas de erradicación de las plantaciones de coca, las medidas económicas de ajuste y estabilización -el rostro ingrato de un modelo neoliberal cada vez más denostado por su incapacidad para generar y distribuir riqueza, haciéndola llegar a esa mayoría de la población castigada por la precariedad y la miseria- y, últimamente, una polémica política de hidrocarburos que apostaba por destinar al mercado exterior las ingentes reservas de gas natural del departamento de Tarija y que validaba un volumen bajo de ingresos estatales en concepto de regalías pagadas por las transnacionales petroleras que operaban en Bolivia.

Una descomunal protesta social movilizada por las organizaciones indígenas y los sindicatos, que exigían el disfrute preferencial del gas por los bolivianos así, su no embarque desde un puerto chileno y el aumento de las regalías, obligó a dimitir –y a poner tierra de por medio- a Sánchez de Lozada en octubre de 2003, a los 14 meses de haber iniciado su segunda presidencia. Aquellos días Bolivia contó siete decenas de muertos por los ataques de grupos de militantes indígenas y la represión desproporcionada de las fuerzas de seguridad, a los que debían añadirse la treintena de víctimas mortales con que se había saldado una deflagración inmediatamente anterior en el tiempo, la producida en febrero por el incremento del impuesto sobre la renta.

El 17 de marzo de 2004, con el nuevo presidente (el vicepresidente con Sánchez de Lozada), Carlos Diego Mesa Gisbert, un independiente que carecía de apoyo parlamentario formal, haciendo encaje de bolillos para evitar la enésima revuelta de una población hastiada del marasmo económico, la pobreza endémica, las políticas antisociales y la venalidad de las élites dirigentes, y en vísperas de la convocatoria del prometido referéndum vinculante sobre la política energética y la exportación de gas, Rodríguez fue designado presidente de la Corte Suprema y, por ende, presidente del Consejo de la Judicatura de Bolivia, en sustitución de Armando Villafuerte Claros.

Mesa ganó el referéndum múltiple del 18 de julio, lo que suponía la abrogación de la Ley de Hidrocarburos de 1996, su sustitución por una normativa que aumentase las regalías y tasas del Estado –desde el 18% actual- al 50% del valor de la producción del gas y el petróleo, la potenciación del control estatal sobre el sector –su renacionalización de hecho, pero sin expropiaciones o confiscaciones a las operadoras privadas- a través de la compañía Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), y la luz verde al Gobierno para elaborar y ejecutar una estrategia ponderada sobre el gas tarijeño, destinándolo tanto al abastecimiento interno como a la exportación a países como Estados Unidos y México.

El presidente esperaba pacificar el país y recuperar el diálogo con los sindicatos más poderosos y combativos, la Central Obrera Boliviana (COB) de Jaime Solares Quintanilla y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) que acaudillaba Felipe Quispe Huanca, asimismo cabeza del Movimiento Indígena Pachakuti (MIP), pero estos jefes gremiales, al igual que Evo Morales Ayma, líder de los campesinos cocaleros y del partido Movimiento Al Socialismo (MAS), empezaron a cuestionar la tregua social y el período de gracia que le otorgaron a Mesa cuando se posesionó del cargo el año anterior.

El 6 de marzo de 2005, Mesa, confrontado con una nueva ola de ingobernabilidad alimentada por las protestas sindicales contra una subida de los carburantes, las exigencias de las organizaciones indígenas de que se nacionalizaran totalmente el gas y el petróleo, y la emergencia en Santa Cruz, el departamento más próspero del país por su actividad agroindustrial, petrolera, comercial y financiera (frente a un altiplano occidental muy pobre y con una industria minera en declive), de un potente movimiento autonomista de inspiración empresarial, puso su cargo a disposición del Congreso.

El Legislativo, empero, rechazó la dimisión y además puso a disposición del presidente un acuerdo de consenso por el que los principales partidos –salvo el MAS- se comprometían a sacar adelante la nueva Ley de Hidrocarburos, a contribuir a la finalización de los bloqueos y otras medidas de presión que en esos momentos estaban paralizando las actividades en muchos puntos de la geografía, a avanzar hacia la negociación de un gran pacto nacional sobre el modelo de país que querían los bolivianos y, muy importante, a aplicar una agenda electoral con tres votaciones diferentes: la elección de una Asamblea Constituyente, tal como Mesa había prometido, la elección directa de los gobernadores departamentales, que era una concesión reciente del Ejecutivo, y un referéndum sobre la configuración autonómica del país y el abandono del centralismo, otra medida destinada a satisfacer las demandas del llamado Comité Cívico de Santa Cruz.

Con este balón de oxígeno político y respaldado desde la calle, Mesa recuperó la iniciativa como promotor de las reformas y el diálogo social, pero este ímpetu se desmoronó en un lapso pasmosamente breve. El 17 de marzo, la Cámara de Diputados rechazó la demanda del presidente, en vista de que la situación de desorden público no escampaba, de adelantar las elecciones generales dos años, al 28 de agosto, así como la amenaza de dimisión que la petición llevaba implícita.

A continuación, el 5 de mayo, la Cámara aprobó por mayoría absoluta un texto de la Ley de Hidrocarburos que, a pesar de recoger la idea de Mesa de cobrar a las petroleras el 18% de regalías más el 32% en concepto del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, de manera que los ingresos del Estado no fueran nunca inferiores al 50% del valor de producción, no gustó al presidente, ya que declaraba no deducible ese nuevo tributo directo y además obligaba a las compañías a firmar nuevos contratos de explotación, lo que, a su juicio, depararía incertidumbre jurídica, conflicto con las multinacionales y riesgo de desinversión foránea.

La ley tampoco satisfizo al MAS, la COB, la CSUTCB y la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve, movimiento cívico con cuartel general en la populosa ciudad dormitorio de El Alto, junto a La Paz, y liderado por Abel Mamani Marca), pero justamente por lo contrario: por no ser suficientemente dura. Estos colectivos reclamaban, bien una Ley de Hidrocarburos más fiscalizadora y reguladora del negocio, bien la estatalización total del gas y el petróleo junto con la expulsión de las firmas explotadoras extranjeras. Mesa, agotando los diez días de plazo que le concedía la Constitución, devolvió la ley sin firmar al Congreso y éste, el 17 de mayo, la sancionó.

Acosado y criticado desde todos los flancos -los movimientos sociales del altiplano, los autonomistas cruceños y tarijeños en la parte oriental, los partidos del Congreso, los sindicatos y, ahora, las transnacionales energéticas-, Mesa sólo podía apelar al apoyo de esas "mayorías silenciosas" que, con epicentro en la capital, estaban hastiadas de tanta turbulencia y querían paz y gobernabilidad. El agravamiento desde finales de mayo de las protestas de miles de indígenas, campesinos y mineros, con La Paz virtualmente cercada, las carreteras bloqueadas y la actividad comercial paralizada, alimentó los ruidos de sables en el estamento militar y los rumores de dimisión de Mesa.

Sirva esta extensa digresión extrabiográfica para contextualizar debidamente la posición de Rodríguez en medio de la gravísima crisis boliviana y su inminente salto a la jefatura del Estado, no obstante ser el cuarto en el orden de sucesión del presidente en caso de finalizar éste sus funciones antes de agotar el mandato de que fue investido. Así lo establecía la Constitución, aunque en las actuales circunstancias, con la Vicepresidencia vacante desde el ascenso de Mesa, la prelación institucional del magistrado de la Corte Suprema subía un nivel. Por delante tenía todavía a los presidentes del Senado (y del Congreso bicameral), Hormando Vaca Díez, que era mirista y cruceño, y de la Cámara de Diputados, Mario Cossío Cortez, emenerrista y tarijeño. Que estas dos personalidades no cumplieran las previsiones constitucionales fue un buen botón de muestra de la magnitud del desbarajuste político que asolaba Bolivia.

El 7 de junio, Mesa, después de agotar un último cartucho de contemporización, el decreto de convocatoria de elecciones a la Asamblea Constituyente y un referéndum sobre el Estado de las autonomías para el 16 de octubre, y de obtener por todas respuestas el agravamiento de las acciones de los piquetes y el desabastecimiento de La Paz, El Alto, el Chaparé y otros lugares, la ocupación de campos petrolíferos en Santa Cruz y la confirmación por el Comité Cívico cruceño de que el 12 de agosto iba a celebrar unilateralmente un referéndum sobre el autogobierno regional, anunció a la nación su dimisión con tintes irrevocables, aunque la renuncia sería efectiva cuando el Congreso tomara una decisión sobre el reemplazo.

Los partidos tradicionales y el Comité Cívico de Santa Cruz querían que Vaca Díez, el cual no ocultó sus ambiciones políticas, asumiera la presidencia de la República y que el Congreso sesionara la investidura en Sucre, al norte de Potosí, en el departamento de Chuquisaca, por razones de seguridad. Aunque es la capital oficial del Estado, en Sucre no tienen sus sedes los poderes ejecutivo y legislativo. Por el contrario, el MAS, el MIP, los sindicatos y las juntas vecinales, en lo que se les unió el propio Mesa con tono de súplica, demandaron que la suprema magistratura del Estado pasara directamente a Rodríguez, previas renuncias de los dos presidentes legislativos, con el objeto de acudir a elecciones generales anticipadas.

Con la dinamita retumbando en La Paz, parte de la producción petrolera suspendida por las ocupaciones de campos y cientos de militantes autonomistas y campesinos indígenas sosteniendo enfrentamientos cuerpo a cuerpo en Santa Cruz, la situación podía calificarse de caos total, si no de preludio de una "guerra civil", como angustiosamente advirtió el presidente dimisionario. El 9 de junio parecía que Vaca Díez, con el sostén del MNR, el MIR y la Nueva Fuerza Republicana (NFR) de Manfred Reyes Villa, iba a hacer caso omiso del clamor indígena, campesino y obrero, y a proclamarse presidente constitucional, pero a última hora de la noche, los congresistas, reunidos en la Casa de la Libertad de Sucre, decidieron el otro desenlace. Los pronunciamientos explícitos de la Fuerzas Armadas y la Iglesia católica fueron decisivos para que se abrazara la solución que encarnaba el presidente de la Corte Suprema.

En la sesión parlamentaria, fue aceptada primero la renuncia de Mesa con una mayoría de dos tercios. En una segunda resolución, los legisladores recibieron y aprobaron también las dimisiones simultáneas de Vaca Díez y Cossío. Por último, el pleno designó por unanimidad presidente de la República a Rodríguez, quien juró el cargo minutos antes de expirar el jueves, 9 de junio, en el horario local.

Rompiendo el escrupuloso silencio que durante meses le había caracterizado, el flamante 83º presidente de la República de Bolivia, expresándose sin grandes alharacas patrióticas y con la reserva de quien se había visto metido en esta situación de carambola, declaró que sus cometidos más urgentes en el período de transición que ahora comenzaba iban a ser la convocatoria de elecciones generales adelantadas en un plazo máximo de 150 días, la pacificación del país y la normalización de los servicios. Consideraba "excepcional" su paso por la Presidencia, y aseguró que no le animaba "ningún propósito de orden político, partidario, personal", ya que él era un miembro de la Corte Suprema y pretendía "seguir siéndolo".

Asimismo, hacía notar el "cambio" en la "forma de administrar los hidrocarburos", dando a entender que daba por válida la nueva ley y que del espinoso tema de la nacionalización del sector que demandaban los manifestantes prefería que se ocupara el ejecutivo salido de las elecciones. Sobre el referéndum autonómico y la Asamblea Constituyente para acometer reformas en la Carta Magna se mostró igualmente cauteloso y no hizo concreciones. La actitud de emplazar al Congreso a que se pronunciara sobre los procesos constituyente y autonómico no fue bien recibida por las organizaciones convocantes de las marchas, que volvieron a movilizarse en El Alto y La Paz. Sin embargo, el 12 de junio, los dirigentes de la Central Obrera Regional (COR) y la Fejuve depusieron las medidas de presión ante el compromiso formulado personalmente por Rodríguez de adelantar las elecciones y de formar comisiones especiales para analizar las demandas de los vecinos de El Alto.

El 14 de junio tomó posesión el Gabinete nombrado por Rodríguez y los días 5 y 6 de julio el Congreso deshizo las incertidumbres electorales: las elecciones para elegir presidente, vicepresidente, congresistas y prefectos departamentales serían el 4 de diciembre del año en curso, mientras que la elección de los asambleístas para la Constituyente y el referéndum autonómico tendrían lugar el primer domingo de julio de 2006. Además, se acordó la inmediata puesta en marcha de sendos consejos nacionales Preconstituyente y Preautonómico.

(Cobertura informativa hasta 14/8/2005)