Carlos Mesa Gisbert

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Datos relevantes

Actualización: 6 de Junio de 2011
Crédito fotográfico: © Secretaría General de la OEA
Carlos Diego Mesa Gisbert

Bolivia

Presidente de la República

Duración del mandato: 17 de Octubre de 2003 - 09 de Junio de 2005

Nacimiento: La Paz , 12 de Agosto de 1953

Partido político: sin filiación

Profesión: Periodista, historiador y realizador audiovisual

Crédito fotográfico: © Secretaría General de la OEA

Resumen

El presidente de Bolivia entre 2003 y 2005 fue un prestigioso periodista televisivo e historiador que aceptó ser el candidato a la Vicepresidencia con G. Sánchez de Lozada, a quien sucedió tras su renuncia y huida. Mesa, intelectual independiente con fama de honesto y enfoques progresistas, heredó una situación política y social muy delicada, donde a caballos de batalla como la renacionalización del gas y las reclamaciones indígenas se les sumo el desafío del movimiento autonomista de Santa Cruz. Su agenda de Gobierno (Ley de Reforma Constitucional, referéndum sobre el sector energético, nueva Ley de Hidrocarburos) y su política de diálogo y no represión fueron desbordadas por sucesivas olas de protestas de sindicatos, campesinos cocaleros y organizaciones vecinales, y hostilizada también desde sectores empresariales. Acosado por una izquierda muy fuerte en La Paz y las regiones occidentales, e ignorado por los autonomistas orientales, Mesa hubo de dimitir en mitad de su mandato.

Biografía

1. Un comunicador social interesado en las cuestiones de Bolivia
2. Inopinada entrada en la política como candidato a la Vicepresidencia de la República
3. Presidente constitucional como resultado de la guerra del gas
4. Agenda de reformas populares y obtención de una frágil tregua social
5. Fin del período de gracia y contestación desde numerosos frentes sociales
6. Una presidencia prematuramente truncada entre el rechazo multisectorial a la nueva Ley de Hidrocarburos


1. Un comunicador social interesado en las cuestiones de Bolivia

Hijo de los destacados historiadores José Mesa y Teresa Gisbert, cursó estudios secundarios en los colegios San Calixto de Següencoma de La Paz y San Estanislao de Kotska de Madrid. En la capital española comenzó en 1971 la carrera de Ciencias Políticas, en la Universidad Complutense (UCM), y tres años después regresó a La Paz para matricularse en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), por la que se licenció en Literatura en 1978. Coincidiendo con el comienzo de una convulsa transición a la democracia civil entreverada de efímeras dictaduras militares y gobiernos de facto, Mesa emprendió una trayectoria profesional como periodista independiente que no se iba a interrumpir hasta 24 años más tarde, con motivo de su acceso a la Vicepresidencia de la República. Sus tres hermanos, Andrés, Isabel y Guiomar, herederos también del perfil intelectual y liberal de sus padres, iban a labrarse sus respectivas carreras profesionales en los ámbitos de la arquitectura, la literatura infantil, y la docencia y la pintura.

En todo aquel tiempo Carlos Mesa trabajó profusamente en radio, televisión, prensa escrita y cine, y se mantuvo al margen de cualquier filiación partidista o militancia de signo político. En 1976, siendo aún estudiante de la UMSA, estuvo entre los fundadores de la Cinemateca Boliviana, de la que fue presidente hasta 1985 y miembro de su Directorio con posterioridad a esa fecha. En el medio radiofónico se destacó como productor y presentador de programas culturales y noticieros en las emisoras pacenses Cristal y Metropolitana. En 1982 hizo el salto a la televisión y la prensa diaria, medios en los adquirió amplia notoriedad y reforzó su vertiente de reportero y analista político.

Fue subdirector del desaparecido diario Última Hora hasta 1983, cuando debutó como entrevistador y comentarista televisivo en el programa De Cerca, que marcó un hito en su género y que seguía emitiéndose cuando su postulación electoral 19 años más tarde. También condujo el programa Diálogos en vivo, de la Televisión Universitaria de La Paz (Canal 13). En el medio escrito, se desempeñó de columnista de política general y de crítico de cine con los rotativos La Prensa, El Deber, Los Tiempos, Correo del Sur, Hoy y La Razón, y con las revistas Multivisión y Enfoques.

En la segunda mitad de la década de los ochenta dirigió las cadenas América Televisión (Canal 6) y Telesistema Boliviano (Canal 2), hoy Bolivisión y Unitel, respectivamente, amén de los servicios informativos de la Red ATB. En 1990 creó con otros colegas de profesión la empresa Periodistas Asociados de Televisión (PAT), dedicada a producir programas y servicios. Esta empresa alcanzó un gran prestigio en el ramo y en 1998, en sociedad con varios periódicos de los que Mesa había sido colaborador, dio lugar a la Red de Televisión PAT. El periodista fue durante doce años el director general de ambas entidades, además del presentador del principal informativo de la segunda.

Mesa simultaneó las actividades citadas con la realización de documentales de temática histórica nacional, para ser emitidos en televisión y editados en video, entre los que se citan: Gran poder: el cielo y el infierno (1988); Marcelo (1990); 1952: la revolución (1991); Orden, Paz y Trabajo (1992); La Guerra del Chaco (1992); Democracia, diez años después (1992); Bolivia 1980, Julio 17 (1994); ¿Por qué Paz Zamora? (1994); ¡Compadre! (1997); La Guerra Federal (1999); Bolivia Siglo XX (2001); y, Víctor Paz Estenssoro, la política el arte de lo posible (2001). En 1995 incursionó en el cine comercial como asistente de producción de Jonás y la ballena rosada, largometraje dirigido por Juan Carlos Valdivia que fue seleccionado para representar a Bolivia en la edición anual de los Óscar de Hollywood (si bien no llegó a figurar entre las cinco candidatas al premio a la mejor película de habla no inglesa) y que ganó tres galardones internacionales.

Una variada obra como ensayista de política contemporánea, cine y fútbol (su otra gran pasión) completa su bagaje de divulgador y tratadista infatigable. Hasta el año 2000 tenía publicados los siguientes libros: Cine boliviano, del realizador al crítico (en coautoría, 1979); El cine boliviano según Luis Espinal (1982); Presidentes de Bolivia: entre urnas y fusiles (1983, obra que se considera de lectura imprescindible para los interesados en profundizar en la historia política contemporánea del país andino); Manual de historia de Bolivia (en coautoría con sus padres, 1983); La aventura del cine boliviano 1952-1985 (1985); Un debate entre gitanos (1991); De Cerca, una década de conversaciones en democracia (1993); La epopeya del fútbol boliviano (1994); Territorios de libertad (1995); y, La Espada en la palabra (2000)

La membresía en la Sociedad Boliviana de Historia y la asesoría que prestó a la Federación Boliviana de Fútbol vinieron a subrayar el carácter polifacético de sus inquietudes culturales. En cuanto a su labor periodística, ésta mereció diversos reconocimientos, como el Premio Internacional de Periodismo Rey de España que le otorgó en 1994 la Agencia EFE por el reportaje televisivo ¿Por qué Paz Zamora?, realizado junto con Mario Espinoza, y en el año 2000 el premio de periodismo de la Fundación Manuel Vicente Ballivián.


2. Inopinada entrada en la política como candidato a la Vicepresidencia de la República

A comienzos de 2002 Mesa seguía ejerciendo el periodismo al frente de la Red de Televisión PAT y gozando de renombre y popularidad cuando Gonzalo Sánchez de Lozada, líder del partido conservador Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y presidente de la República en el período 1993-1997, le ofreció integrar su fórmula presidencial para las elecciones generales del 30 de junio. Mesa siempre había analizado y difundido las actividades políticas desde la barrera, como observador independiente, pero con una clara actitud de compromiso y de preocupación por los problemas del país. De hecho, se le adjudicaban simpatías por el emenerrismo de izquierda, el prístino de los primeros períodos presidenciales de Paz Estenssoro y Hernán Siles Zuazo, pero esa era una tendencia ajena al moderno MNR, ubicado en un centroderecha que en economía era decididamente liberal.

Puesto que la invitación de Sánchez de Lozada no le obligaba a someterse a disciplina partidista alguna sino, en caso de ganar la elección, únicamente a las obligaciones y deberes derivados de un alto despacho institucional, la Vicepresidencia de la República, que llevaba pareja la presidencia del Congreso Nacional, el periodista dijo que sí, lo que de entrada suponía interrumpir sus apariciones en los estudios de televisión para no interferir en los actos de campaña.

El 30 de junio de 2002 la fórmula Sánchez de Lozada-Mesa se impuso en las urnas con una mayoría relativa de sufragios, el 22,5%, debiendo dirimir el Congreso, como siempre que ninguna candidatura alcanzare el listón del 50% en el voto directo, la proclamación del presidente. Sumándose a los votos de los congresistas del MNR y su aliado electoral, el Movimiento Bolivia Libre (MBL) de Franz Barrios, los del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) del ex presidente (1989-1993) Jaime Paz Zamora, la Unión Cívica Solidaridad (UCS) de Johnny Fernández y la Acción Democrática Nacionalista (ADN), fuerza derechista que había encabezado el Ejecutivo desde 1997 primero con el recientemente fallecido Hugo Banzer Suárez y últimamente, a partir de agosto de 2001, con el presidente saliente Jorge Fernando Quiroga Ramírez, Sánchez de Lozada fue investido el 4 de agosto y dos días después tomó posesión de su mandato quinquenal a la par que Mesa. El Gobierno de coalición, cuatripartito, quedó constituido con la incorporación de miristas y ucesistas.

Mesa se hizo cargo de una oficina con un rango de atribuciones y un peso político limitados, y concebida sobre todo para cubrir las vacancias del presidente y dar funcionalidad a la jefatura del Estado. Según la Constitución de 1967, en caso de renuncia o incapacidad del presidente, el Congreso debía acudir en primer lugar al vicepresidente para la elección del sustituto. Ahora mismo, nada auguraba que el ejercicio vicepresidencial de Mesa fuera a ser más conspicuo que el de predecesores en el cargo como Julio Garrett, Luis Ossio y Víctor Hugo Cárdenas, ninguno de los cuales, aun siendo dirigentes de partidos, se había destacado como un político de primera fila.

Mientras Sánchez de Lozada y sus ministros acometían el quehacer diario del Gobierno y, en particular, la siempre difícil política social y económica, Mesa se concentró en la tarea de combatir la corrupción, omnipresente en las estructuras del Estado. El uso ilícito de los recursos dinerarios y el abuso de los privilegios inherentes al ejercicio de la cosa pública constituían un mal crónico que se incluía entre las preocupaciones de los ciudadanos y de cuyo atajamiento Sánchez de Lozada había hecho una promesa electoral. Sin embargo, al poco de asumir la nueva Administración se hizo notar que el celo anticorrupción de Mesa, por lo demás carente de instrumentos eficaces a su disposición como para obtener resultados, le aparejaba roces y desacuerdos con otros miembros del Ejecutivo, inclusive el presidente, lo que no obstaba para que los dos hombres siguieran profesándose mutuos respeto, consideración personal y lealtad institucional.

De todas maneras, el interés de la opinión pública quedó absorbido por un asunto de grandes implicaciones económicas y, a la postre, con insospechadas repercusiones políticas: la explotación de los yacimientos de gas natural del departamento de Tarija para la exportación del bien energético a México y Estados Unidos. El Gobierno del MNR ya tenía decidida la luz verde a una operación con la que esperaba obtener, descontando los fuertes beneficios que la Ley de Hidrocarburos de 1996 garantizaba a las empresas privadas del consorcio internacional interesado en el gas tarijeño, un verdadero maná de ingresos.

Las ganancias del gas se consideraban cruciales para asegurar la viabilidad de la economía nacional en el siglo XXI y financiar las acuciantes necesidades del desarrollo humano del país más pobre de Sudamérica; dicho sea de paso, Bolivia mostraba algunos de los desequilibrios sociales, en cuanto al acceso de la población a recursos y oportunidades, y a la distribución de la renta nacional, más agudos de todo el continente. Todo esto lo conocía perfectamente Mesa, un estadista casual que seguramente, gracias a su andadura profesional como investigador y documentalista de la realidad de Bolivia, con sus anhelos populares, sus penurias, sus recursos y sus potencialidades, estaba mejor informado sobre el presente nacional que la mayoría de los políticos de carrera.

La idea de vender al exterior una riqueza natural como el gas sin antes asegurar la generalización de su uso doméstico e industrial en Bolivia, creando de paso economías subsidiarias y tejido industrial, y sin modificar la Ley de Hidrocarburos para que el Estado tuviera un mayor porcentaje de ganancias (entonces, el Estado ingresaba sólo un 18% del valor de la producción del gas y el petróleo en concepto de regalías, más el 34% sobre los beneficios, fiscalmente deducibles), concitaba desconfianza o rechazo en extensos sectores de la sociedad.

Pero el proyecto tenía garantizada por parte de la población una hostilidad furibunda y masiva si Bolivia, país sin salida al océano, hacía embarcar el gas desde un puerto chileno (la opción de un puerto peruano no se consideraba factible por consideraciones técnicas y financieras), ya que persistía un sentimiento de agravio patriótico por la anexión por Chile de la franja marítima de Atacama tras la guerra del Pacífico o del Salitre, que enfrentó a ambos países en 1879; muchos bolivianos no querían que bajo concepto alguno Chile se lucrara con su gas, cobrando derechos de tránsito, haciéndose cargo de su licuefacción o incluso comprándolo para su consumo.

En un contexto social tensionado, después de 18 años de modelo neoliberal que había transformado el sistema económico, reconvirtiendo la industria minera, privatizando parcialmente las empresas del Estado e incentivando el libre mercado, pero también suscitado la dura contestación de la Central Obrera Boliviana (COB) y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) por su impacto social en forma de despidos y de disgregación de formas tradicionales de vida, el país andino no terminaba de salir de un conflicto obrero o agrario cuando el siguiente ya estaba servido.

En particular en el último lustro, las protestas campesinas habían elevado la bandera del rechazo al plan gubernamental, que era parte esencial de la lucha contra el narcotráfico urgida por Estados Unidos, de desarraigar todos los cocales o plantaciones de coca declarados ilegales por exceder la producción autorizada de hoja para el autoconsumo por las comunidades indígenas (con finalidad nutricional o religiosa) y generar así un excedente susceptible de servir de materia prima para el procesado de la cocaína. La administración de Banzer había hecho grandes progresos en la erradicación cocalera, con el consiguiente descenso de la cuota de cocaína de procedencia boliviana allí donde se consumía, fundamentalmente Estados Unidos.

Pero las expropiaciones forzosas de fincas y las magras indemnizaciones recibidas por la privación de un cultivo que era la única fuente de ingresos para muchos antiguos mineros echados al paro y para campesinos de toda la vida que no veían rentabilidad alguna en los productos convencionales del campo, fueron dejando mucho resentimiento en el departamento de Cochabamba y sobre todo en su provincia de Chapare, dando pábulo a un ambiente explosivo que también se cernió sobre las subdesarrolladas y áridas áreas rurales del Altiplano en torno al lago Titicaca y La Paz. Las organizaciones y sindicatos de matriz indígena, que esgrimían todo un elenco de agravios e injusticias históricos cometidos contra los pueblos quechua, aymara y otros, y de reivindicaciones relacionadas con las privaciones del presente, actuaron de dinamizadores de la impugnación popular a la gestión de los gobernantes y, en general, al conjunto del sistema.


3. Presidente constitucional como resultado de la guerra del gas

Los días 12 y 13 de febrero de 2003 tuvieron lugar muy graves disturbios en La Paz y en la urbe residencial satélite de El Alto a raíz de la presentación por el Gobierno del nuevo impuesto sobre la renta de los trabajadores, destinado a corregir el déficit fiscal, el cual había crecido al 8,5% del PIB, y que figuraba entre las condiciones del FMI para conceder a Bolivia un crédito de 4.000 millones de dólares a tres años. Los choques entre policías en huelga y revoltosos por un lado, y el Ejército por el otro, dejaron 33 muertos, a la vez que la furia popular se abatió en forma de saqueos y vandalismo sobre un buen número de edificios oficiales, figurando las oficinas de la Vicepresidencia de la República entre los inmuebles que sufrieron destrozos. Según todos los observadores y, por supuesto, los participantes en las protestas, los militares ejercieron una represión desproporcionada.

Sánchez de Lozada se vio obligado a retirar el paquete fiscal para excusar males mayores, pero los sindicatos y el denominado Estado Mayor del Pueblo que animaba el aymara Evo Morales Ayma, líder y diputado del partido Movimiento Al Socialismo (MAS), segundo en la liza presidencial de 2002 y tribuno de los cocaleros, continuaron desafiando al Gobierno con huelgas generales, marchas, bloqueos de carreteras y otros actos de desobediencia civil.

En septiembre, el convencimiento de que el Gobierno se había decantado por una facilidad chilena para exportar el gas y con el consorcio internacional Pacific LNG (integrado por tres empresas extranjeras) como adjudicatario, y a pesar de que el primer punto aún no estaba decidido de manera oficial, brindó el detonante para una segunda ola de protestas que presentó la traza de no detenerse hasta conseguir la dimisión del jefe del Estado, quien rechazó de plano esa posibilidad. En los primeros días de octubre, las manifestaciones, los paros cívicos y los cortes de vías de comunicación empezaron a colapsar La Paz, mientras que en El Alto los violentos choques entre los movilizados y las fuerzas policiales y militares fueron dejando un reguero de muertos. El 13 de octubre Sánchez de Lozada intentó desactivar una protesta que ya presentaba inquietantes tintes insurreccionales con el anuncio de que dejaba en suspenso los planes de exportación gasífera y que estaba listo para convocar un diálogo nacional sobre el particular, pero fue en vano.

Ese mismo día, que terminó con un balance infausto de 28 muertos, Mesa rompió su mutismo institucional y comunicó que había decidido retirar su apoyo al presidente "porque los acontecimientos se han venido desencadenando ininterrumpidamente con un coste de vidas humanas que mi conciencia de ser humano y de vicepresidente, y de hombre comprometido con la ética, no puede tolerar". Los observadores vinieron a coincidir en que el gesto de Mesa significaba un golpe muy duro para el dirigente emenerrista, y de hecho principió una cascada de desafecciones en el entorno del Gobierno.

Los comunicados de respaldo de gobiernos y organismos internacionales fueron recibidos como un balón de oxígeno por el acosado mandatario, quien el 15 de octubre, flanqueado por Paz Zamora y Manfred Reyes Villa, jefe de partido Nueva Fuerza Republicana (NFR, en el Gobierno desde el mes de agosto), propuso celebrar referendos departamentales sobre las cuestiones de la exportación del gas, la modificación de la Ley de Hidrocarburos y la incorporación de la figura de la Asamblea Constituyente en la Constitución, que era otra demanda de los organizadores de las protestas. Éstos rechazaron el manifiesto presidencial por "extemporáneo".

El día 16 los acontecimientos se precipitaron con la manifestación multitudinaria que llenó el centro histórico de La Paz. Al día siguiente, por la mañana, Reyes Villa anunció que la NFR se retiraba del Gobierno y que había pedido al presidente que renunciara para evitar más derramamientos de sangre. La pérdida de la mayoría parlamentaria unida al repudio masivo en las calles no dejó otra salida a Sánchez de Lozada que hacer lo que se le exigía. Por la tarde, envió la carta de dimisión al Congreso e inmediatamente después abandonó La Paz en dirección a Santa Cruz, desde donde, ya de noche, tomó el avión que le llevó a él, a su esposa y a dos ministros leales, los de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, y Sanidad, Javier Torres Goitia, a Miami, primera parada de un exilio en Estados Unidos que se presumía prolongado. Al conocer lo sucedido, la masa de manifestantes prorrumpió en expresiones de júbilo.

Desde su anuncio del día 13, Mesa había mostrado una actitud ambigua, esperando el desenlace de la crisis y tratando de marcar las distancias con unos y con otros. En un mensaje dirigido a la nación, el vicepresidente manifestó que no aceptaba ser el instrumento de nadie, ni del Ejecutivo ni de la oposición, criticó la violencia represiva desencadenada por el Ministerio de Defensa y reiteró que se mantenía firme en su puesto, lo que sugería una confirmación de su disponibilidad para asumir la Presidencia llegado el caso.

Tal escenario sobrevino el día 17 por la noche, cuando la sucesión constitucional se ventiló con bastante presteza. Reunido en sesión de urgencia y con la ausencia de algunos legisladores, que no pudieron llegar al hemiciclo a causa de los bloqueos por los piquetes de calles y carreteras, el pleno del Congreso aceptó la dimisión de Sánchez de Lozada por 97 votos a favor y 30 en contra después de hacerse lectura de su carta de renuncia. El resultado de la votación suponía automáticamente la investidura de Mesa como presidente constitucional, en teoría hasta la terminación del mandato en agosto de 2007. Si los congresistas no se hubiesen puesto de acuerdo con la fórmula del vicepresidente, las alternativas constitucionales para llenar la vacancia en la jefatura del Estado habrían sido, sucesivamente, los presidentes de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados y de la Corte Suprema de Justicia.

El flamante presidente de la República pronunció un discurso no leído, cargado de sentimiento y expresiones patrióticas, interrumpido constantemente por aplausos, en el que expuso sus intenciones de gestión. Tras rendir tributo a las víctimas de las protestas (se desconocía el balance preciso, pero desde el 20 de septiembre, cuando se produjeron los primeros muertos en Warisata en el curso de un ataque de indígenas armados contra una caravana de turistas escoltados por una tropa militar, los fallecidos habían sumado más de seis decenas), recordar que no se podía "entender" Bolivia como un país unido e integrado sin partir de las etnias indígenas, y hacer una "invocación a la paz" con "desarme inmediato" y "rompiendo los escenarios de confrontación", Mesa se refirió a los grandes desafíos a que hacía frente, cuales eran el dilema del gas, la propuesta de la Asamblea Constituyente, la corrupción y la situación económica, que era "extremadamente delicada". El discurso no se refirió en ningún momento a la controversia de la coca.

Sobre la primera y más disputada cuestión, Mesa anduvo de puntillas, comprometiéndose únicamente a convocar un referéndum "vinculante" sobre el gas y a trabajar por la modificación de la Ley de Hidrocarburos. Ahora bien, advirtió que la "viabilidad a corto y mediano plazo" de Bolivia como nación dependía del gas, y que lo que se decidiera en torno a esa riqueza natural iba a resultar "decisivo para nuestro desarrollo interno". También, expresó su convicción de que era necesario convocar una Asamblea Constituyente, con la que él mismo, reconoció, había estado en desacuerdo, porque urgía acometer la "refundación de Bolivia". De su gobierno cabían esperar, además, "una lucha frontal sin ningún tipo de temor contra la corrupción en cualquiera de los escenarios del Estado", y una política de austeridad "que sea obra, no palabra", para "ejemplificar" los "sacrificios" que iba a tocar pedir a la población.

Punto importante de la alocución inaugural del mandatario fue la petición al Legislativo de que considerara al nuevo Ejecutivo como de carácter transitorio. Mesa se veía a sí mismo al frente de los designios de la nación sólo el tiempo necesario para "dar respuesta" a los desafíos mencionados y hasta la convocatoria de unas elecciones "transparentes, creíbles y efectivas". También informó que la formación de su Gabinete iba a regirse por los criterios de mérito y valía, y no por el de militancia partidaria, siendo así que dicho Gobierno tendría entre sus misiones la de "recuperar credibilidad para los partidos políticos". A modo de conclusión, Mesa aseguró que el país se estaba "jugando la vida" y que ellos, los bolivianos, tenían que ser "capaces de desarmar nuestros espíritus en el corazón y en la acción", emitió un "pedido ferviente" de paz en todo el territorio nacional y solicitó "con toda humildad" al pueblo que le diera "un espacio y un tiempo para trabajar".


4. Agenda de reformas populares y obtención de una frágil tregua social

Y un espacio y un tiempo decidieron concederle los líderes de las protestas a Mesa, persona que generaba respeto por su trayectoria profesional, su talante conciliador, su enfoque intelectual o filosófico de las problemáticas nacionales, donde asomaba una buena capacidad de síntesis y de análisis histórico, y su nula responsabilidad en los recientes desafueros represivos. Pero se trataba de un voto de confianza exiguo. Evo Morales, Felipe Quispe Huanca, secretario ejecutivo de la CSUTCB y también líder y diputado del Movimiento Indígena Pachakuti (MIP, brazo político del sindicato indígena), Roberto de la Cruz, dirigente el sindicato alteño Central Obrera Regional (COR) y Jaime Solares Quintanilla, secretario ejecutivo de la COB y marxista declarado, con mayor o menor reluctancia, ordenaron suspender la mayoría de los actos de protesta y otorgaron una tregua temporal (un "repliegue táctico", en expresión de de la Cruz) al Gobierno que tomó posesión el 19 de octubre.

Tal como había anunciado Mesa, el Gobierno quedó exclusivamente integrado por personalidades sin militancia política –cosa inédita desde la restauración de la democracia hacía 21 años-, con abundancia de ex funcionarios públicos y antiguos políticos de talante progresista pertenecientes a la generación del presidente. Había dos indígenas, al frente de los ministerios de Educación y de Asuntos Indígenas y Pueblos Originales, esta última una cartera recuperada. En cuanto a la espinosa cartera de Hidrocarburos, quedo sin otorgar por el momento, hasta hallar al titular adecuado. En declaraciones a los periodistas, Mesa insistió en no lanzar alharaca alguna y aseveró que el país seguía corriendo el riesgo de sufrir un "naufragio total", y que "cualquier equivocación, cualquier proceso de mezquindad, cualquier negativa a poner el hombro, cualquier zancadilla, puede hacer que caigamos en el abismo".

Por lo demás, Mesa se aseguró el respaldo de la comunidad internacional y de Estados Unidos, a través de su embajador en La Paz, después de haber apostado por Sánchez de Lozada hasta el último momento. En el lado de los partidos, el MIR (con fuertes reservas por parte de Paz Zamora), la NFR y el MAS acogieron positivamente el nuevo Gobierno y la oferta de diálogo de Mesa, si bien no le dieron seguridades a priori del apoyo parlamentario que el presidente, careciendo de sostenes propios en el Congreso, iba a necesitar para llevar a cabo las reformas anunciadas.

Apaciguados parcialmente con las promesas de someter a la ciudadanía las cuestiones del gas y de la capitalización privada amparada por la Ley de Hidrocarburos, de investigar judicialmente la actuación de las fuerzas del orden durante la revuelta, y de no apostar por la ortodoxia liberal porque tal modelo económico "no tiene más sustentabilidad" y "contribuiría a la polarización", Felipe Quispe, llamado El Mallku (palabra que significa cóndor y que designa al caudillo en jefe de una comunidad aymara), y Roberto de la Cruz recibieron a Mesa en El Alto para participar en un homenaje a las víctimas locales de la represión, horas después de darse el presidente un baño de multitudes en La Paz.

En el epicentro del movimiento de protesta, Mesa discurseó a los presentes pidiéndoles "pacificación", expresándoles su tributo a quienes "ofrendaron su sangre aymara" en "la defensa de un recurso fundamental de nuestro país", y prometiendo a los familiares de las víctimas indemnizaciones y justicia. Flanqueándole en la tribuna estaba Quispe, quien acababa de declarar en una rueda de prensa que "tenemos que pensar en llegar al poder político, ya sea por la vía legal o la más revolucionaria".

El vehemente y muy radical líder indigenista presentó a Mesa como "un mestizo que puede ayudarnos", y dijo de él que sería "su amigo" siempre y cuando satisfaciera un largo requisito de demandas, desde la abrogación del Código Tributario hasta el rechazo al Área de Libre Comercio de Las Américas (ALCA), pasando por la derogación de la Ley de Hidrocarburos, "para recuperar el gas", y la renacionalización de las empresas estratégicas privatizadas durante la primera administración de Sánchez de Lozada. Allí mismo, con el aludido a su lado, Quispe no tuvo empacho en advertir a Mesa que si no hacía lo que se esperaba de él demostraría ser "el amigo de los gringos" y, por ende, se convertiría "en nuestro enemigo". Al día siguiente, la CSUTCB transigió como las demás organizaciones en la desmovilización de sus huestes y fijó la temporalidad del período de gracia concedido al presidente en 90 días.

Con este margen de acción y bajo la estrecha vigilancia de las organizaciones sindicales y vecinales, Mesa ejecutó sus compromisos internacionales, fundamentalmente la celebración de la XIII Cumbre Iberoamericana los días 14 y 15 de noviembre en Santa Cruz de la Sierra, cita que aprobó la creación de una Secretaría Permanente Iberoamericana, y las fructíferas asistencias a la XXV Cumbre del Mercosur, el 16 de diciembre en Montevideo, y a la cumbre extraordinaria de Las Américas, el 12 y el 13 de enero de 2004 en Monterrey. En la ciudad mexicana Mesa instó a su colega chileno, Ricardo Lagos, a buscar "una solución definitiva" a la demanda marítima boliviana y además consiguió que los gobiernos de Estados Unidos y México aceptaran liderar una iniciativa internacional de asistencia financiera al desarrollo de Bolivia. Dicho y hecho, el 16 de enero tuvo su primera reunión en Washington el llamado Grupo de Apoyo a Bolivia, compuesto por 17 estados de América y Europa más Japón, y siete organizaciones internacionales.

En casa, al comenzar 2004, una serie de sucesos certificó, por si había alguna duda, que la paz social era en extremo volátil. El 23 de enero la COB anunció una "huelga general por tiempo indefinido" a partir del 21 de febrero con un plantel de reclamaciones laborales (elevación del salario mínimo muy por encima del 3% ofrecido por el Gobierno) y políticas (cierre del Congreso y convocatoria de nuevas elecciones). El 28 de enero el ambiente se enrareció más con el anuncio por el presidente del Senado y del Congreso bicameral, el mirista Hormando Vaca Díez, de que una semana atrás la seguridad del Estado, gracias a su advertencia, había abortado una operación de toma del Congreso por "agrupaciones paramilitares", a cuyo frente situó implícitamente a Solares y a de la Cruz.

El aparente complot guardaría relación con la intención del Congreso de facultarse para celebrar sus sesiones en Sucre –que es la capital constitucional de Bolivia, si bien la sede del Gobierno está en La Paz- u otra ciudad en caso de inseguridad en la capital política del país. Efectivamente, el 29 de enero los parlamentarios aprobaron la polémica resolución, soliviantando a los colectivos vecinales y sindicales de La Paz y El Alto. Mesa, esa misma noche, hubo de salir a apaciguar a los descontentos ofreciéndoles plenas garantías de que el Congreso seguiría sesionando en La Paz en cualquier circunstancia. El 31 de enero el Gobierno reconoció haber neutralizado una acción violenta contra el Palacio Legislativo perpetrada por "personas pertenecientes a distintas agrupaciones democráticas", pero no facilitó nombres. A los rumores sobre la organización de un movimiento armado en El Alto se les sumaron informaciones que hablaban de la emergencia en Chapare de una milicia de campesinos resueltos a defender sus plantaciones de coca con las armas en la mano.

El 20 de febrero Mesa, con su habitual estilo didáctico e integrador, se esforzó en transmitir a la población vibraciones positivas y mensajes de optimismo a propósito de la promulgación de la Ley de Reforma a la Constitución Política del Estado, que introdujo en la Carta Magna la Iniciativa Legislativa Ciudadana, el Referéndum sobre temas de importancia nacional y la Asamblea Constituyente. Tres mecanismos de participación popular en las decisiones políticas del Estado con los que daba cumplimiento a algunas de las grandes promesas contenidas en su discurso de toma de posesión, afirmó el mandatario.

La entrada en vigor de la importante reforma constitucional, la tercera tras las revisiones de 1994 y 2002, sucedió en la víspera de la anunciada huelga general de la COB, que finalmente no tuvo lugar porque el gremio abrió una mesa de diálogo con el Ejecutivo. El 8 de abril, con el argumento de que el Gobierno seguía sin dar solución a las demandas sociolaborales de los trabajadores, la COB llamó a otra huelga general a partir del 2 de mayo; llegada esa fecha, aunque contaba con el respaldo de la CSUTCB, encargada del bloqueo de carreteras, la protesta fracasó por descolgarse de la misma varios ramos profesionales, así como la COR de El Alto, los campesinos paceños y los cocaleros de Chapare, que estaban enfrascados en unas negociaciones con el Gobierno. Las divisiones en el vasto bando sindical indicaban el relativo éxito de Mesa, hasta el momento, a la hora de convencer a la población de que su agenda de reformas tenía fundamento. Muy importante para la estabilidad de su mandato, Evo Morales, el dirigente opositor con más tirón popular, aplazaba la confrontación y, aunque sin entusiasmo y con tono crítico, dejaba hacer al presidente.

Pero la prueba de fuego de la buena voluntad del presidente en su promesa de satisfacer las demandas populares era el referéndum sobre la política energética y la exportación del gas, que convocó el 14 de abril coincidiendo con una remodelación gubernamental que afectó al Ministerio de Hidrocarburos. El 20 de mayo Mesa presentó el cuestionario de la consulta popular, la primera que se realizaba en el país desde 1931, y convocó a los bolivianos a pronunciarse en las urnas el 18 de julio. Las preguntas eran cinco y textualmente decían lo siguiente:

Primera: ¿Está usted de acuerdo con la abrogación de la ley de Hidrocarburos 1689, promulgada por Gonzalo Sánchez de Lozada?. Segunda: ¿Está usted de acuerdo con la recuperación de la propiedad de todos los hidrocarburos en boca de pozo para el Estado boliviano?. Tercera: ¿Está usted de acuerdo con refundar Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, recuperando la propiedad estatal de las acciones de los bolivianos en las empresas petroleras capitalizadas, de manera que pueda participar en toda la cadena productiva de los hidrocarburos?. Cuarta: ¿Está usted de acuerdo con la política Carlos Mesa de utilizar el gas como recurso estratégico para el logro de una salida útil y soberana al océano Pacifico?. Y quinta: ¿Está usted de acuerdo con que Bolivia exporte gas en el marco de una política nacional que cubra el consumo de gas de los bolivianos, fomente la industrialización del gas en territorio nacional, cobre impuestos y/o regalías a las empresas petroleras llegando al 50% del valor de la producción del gas y el petróleo a favor del país; destine los recursos de la exportación e industrialización del gas, principalmente para educación, salud, caminos y empleos?

El Gobierno desplegó una intensa campaña para conseguir el a las cinco preguntas, consideradas complicadas y farragosas por asociaciones, sindicatos y organizaciones políticas de izquierda, o directamente capciosas, en opinión de altos dirigentes sindicales. Es lo que les parecía la quinta pregunta y especialmente la cuarta, que de salir adelante dejaría a Mesa las manos libres para escoger el puerto de embarque del gas, chileno o peruano, y el cliente comprador, mexicano o estadounidense. Y eso, a pesar de que el presidente ya había manifestado su preferencia por una facilidad peruana.

Así que Solares, Quispe y otros jefes gremiales se decantaron por boicotear un referéndum que, paradójicamente, habían exigido hasta desgañitarse. En su opinión, la consulta, tal como estaba formulada, burlaba las expectativas populares por quedarse corta y por resultar engañosa. Su nueva consigna era la nacionalización expeditiva de todas las actividades industriales en el sector de los hidrocarburos, recurriendo de ser preciso a las expropiaciones de bienes de las operadoras privadas. Los partidos con representación parlamentaria aprobaron, con diversos matices y coletillas, el proceso impulsado por Mesa. Entre dos aguas se quedó el MAS de Morales, que propugnó el para las tres primeras preguntas, porque suponían romper con el actual marco legal de los hidrocarburos, pero el no para las dos últimas, porque a su entender eran un coladero para hacer de la exportación del gas una moneda de cambio de la salida al mar por territorio hoy chileno.

El 18 de julio Mesa obtuvo, empleando un símil futbolístico, el "cinco a cero" solicitado a la ciudadanía. Con una participación del 60%, el se impuso en las cinco cuestiones, pero con distinta magnitud. En las tres primeras, menos controvertidas, los votos afirmativos sobrepasaron (en porcentajes referidos a votos válidos, descontando los nulos y en blanco) el 85%, con un 86,6% en la pregunta uno, un 92,2% en la dos y un 87,3% en la tres. La cuestión cinco salió adelante con el 61,7% y en la cuatro el porcentaje favorable descendió hasta el 54,8%. Muy satisfecho, Mesa declaró expedito el camino para la aprobación por el Congreso de una nueva Ley de Hidrocarburos que supondría la renacionalización de hecho del sector, aunque advirtió que no dudaría en vetar cualquier norma que planteara expropiaciones o confiscaciones, o que pusiera en peligro la seguridad jurídica para la inversión extranjera.

Estimulado por este éxito, el presidente dedicó el resto del verano a negociar con Perú el uso de una instalación portuaria para exportar el gas. En los primeros días de agosto visitó la nación vecina para adoptar en Ilo y Lima con su anfitrión, Alejandro Toledo, el llamado Tratado General de Integración y Cooperación Económica y Social para la Conformación de un Mercado Común entre ambos países y también una carta de intenciones sobre el establecimiento en un punto de la costa peruana, probablemente Ilo, de una "zona económica especial" de uso conjunto, que entre otros servicios daría al gas boliviano la anhelada salida al océano.


5. Fin del período de gracia y contestación desde numerosos frentes sociales

Mesa no pudo cumplir su primer año en la Presidencia sin asistir al agrietamiento de la paz social. A finales de septiembre de 2004, unas operaciones de erradicación de cocales en zonas específicas de Chapare provocaron tal agitación entre los productores que el Gobierno tuvo que suspender las tareas. La decisión la adoptó Mesa al cabo de una reunión con Morales, que había salido a defender enérgicamente a los campesinos. Este pulso ganado por el líder masista mostró a las claras la debilidad de un presidente que carecía de una agrupación política a su servicio y que debía apelar constantemente a los partidos parlamentarios, a las fuerzas sociales y a la población en general.

Empeñado en mantener la precaria concordia nacional sobre la base de diálogo, el Gobierno de Mesa intentó contemporizar con todos los sectores mediante avances y retrocesos en sus decisiones, y con la presentación y el retiro de proyectos de ley en la Cámara de Diputados. En el caso del sector de los hidrocarburos, el Ejecutivo presentó cuatro proyectos, el último de los cuales dio lugar en octubre a un borrador parlamentario que resultó insatisfactorio por doquier. En primer lugar, lo era para Mesa, que consideraba excesivo obligar a las empresas operadoras (Repsol-YPF, Petrobras, BG Group, Total) a cambiar sus contratos de explotación para adecuarlos a la nueva norma en el plazo de 180 días.

El proyecto de la nueva Ley de Hidrocarburos, aprobado el 21 de octubre por unos diputados acosados desde el exterior por muchedumbres de mineros y campesinos, establecía, de conformidad con los términos de la pregunta cinco del referéndum, que las concesionarias pagaran al Estado el 50% de sus ingresos (que no de sus beneficios), el 18% en concepto de regalías y el 32% correspondiente al nuevo Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), aplicado a los volúmenes de hidrocarburos en su primera etapa de comercialización, y no deducible. Los sectores más radicalizados del movimiento popular también rechazaron un texto que no entrañaba la nacionalización total por ellos demandada. El MAS, en cambio, sí quedó parcialmente satisfecho. Hasta las elecciones municipales del 5 de diciembre, que hicieron del MAS el partido más votado del país, Mesa afrontó nuevas movilizaciones callejeras, una inquietante serie de atentados con explosivos y la denuncia por Morales de que las Fuerzas Armadas y la Embajada estadounidense estaban preparando un golpe de Estado reaccionario, extremo que desmintió rotundamente el ministro de Gobierno (Interior), Saúl Lara Torrico.

El 1 de enero de 2005 marcó para Mesa el inicio de un calvario político que finalmente, tras varias fintas y concesiones, no iba a poder superar. La inesperada decisión gubernamental, el 30 de diciembre, de reducir los subsidios a los carburantes, lo que se tradujo en un inmediato encarecimiento de los mismos, con alzas que oscilaban entre el 10% y el 23%, abrió sendos frentes de contestación en Santa Cruz y El Alto. El primero, sin solución de continuidad, con el estímulo de empresarios, sindicalistas y alcaldes del que era el departamento más industrioso y económicamente más diversificado del país, derivó en un movimiento autonomista, y de desmarque de la nueva Ley de Hidrocarburos, por considerarla confiscatoria para las empresas y ahuyentadora de inversiones.

El segundo frente se convirtió en el toque a zafarrancho de las fuerzas populares de las tierras altas occidentales, que pasaron a exigir la nacionalización inmediata y completa del gas. En El Alto, la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), movimiento cívico liderado por Abel Mamani Marca, se lanzó al sabotaje de las comunicaciones viales y los suministros de la capital para forzar la rescisión del contrato que tenía el consorcio Aguas del Illimani (AISA), cuyo principal socio accionarial era la multinacional francesa Suez Lyonnaise des Eaux, para la distribución de agua potable en La Paz y El Alto. AISA era acusado por los alteños de cobrar tarifas abusivas y de dar un mal servicio.

El 10 de enero Mesa afirmó que renunciaría a su cargo si la campaña de protestas que incluía paros por tiempo indefinido y bloqueos de carreteras degeneraba en violencia. Sin embargo, amagó con transigir en la exigencia específica de los alteños en torno al suministro de agua y también suavizó el encarecimiento de los combustibles. Pero el denominado Comité Cívico Pro Santa Cruz, presidido por el terrateniente ganadero Rubén Costas Aguilera y arropado por decenas de miles de ciudadanos, insistió en la completa anulación del decreto de diciembre e intensificó los actos unilaterales (expulsión de las autoridades nombradas desde La Paz, formación de un cabildo y una asamblea provisionales, convocatoria de un referéndum para declarar la autonomía y de elecciones directas a prefecto o gobernador) conducentes a una suerte de autogobierno departamental. Alcaldes de otras regiones y miembros del Gobierno central presentaron el cruceñazo como un desafío "secesionista" y "sedicioso" liderado por "grupos oligárquicos". En Cochabamba, indígenas cocaleros se pusieron a reclamar autonomía no sólo para las regiones, sino también para las "naciones indígenas". Morales se apresuró a romper el pacto tácito que tenía con Mesa, aunque por el momento no reclamó su renuncia.

El 22 de enero, Mesa, abrumado, exhortó a "apostar por la unidad de Bolivia" y aseguró que iba a agotar su mandato en 2007. A últimos de mes, dio su brazo a torcer decretando la elección por sufragio universal de los nueve prefectos departamentales para el 12 de junio y comprometiéndose a instaurar el Estado autonómico. El 21 de febrero propuso celebrar una votación múltiple, en fecha imprecisa, que abarcara simultáneamente un referéndum sobre las autonomías, la elección de prefectos y la elección de los miembros de la Asamblea Constituyente. El presidente no veía con buenos ojos que la reforma de la organización territorial del Estado se anticipara a la reforma constitucional.

El 6 de marzo, toda vez que ninguno de los frentes de contestación (autonomistas cruceños, vecinos alteños, cocaleros cochabambinos, indígenas del Altiplano) amainaba sino todo lo contrario, Mesa compareció ante la nación para anunciar la entrega de la carta de dimisión al Congreso con estas palabras: "No estoy dispuesto a matar y, debo decir algo bien clarito, no voy a poner a las Fuerzas Armadas ni a la Policía Nacional a desbloquear (…) porque yo soy un hombre de palabra, porque tengo principios éticos y principios morales, y cuando uno empeña su palabra, tiene que cumplirla (…) Ese trabajo que responde a lo mejor que tengo ha llegado al límite de lo posible".

El mandatario se quejó de que los sindicatos y otros colectivos sociales, con sus protestas y boicots, no le dejaban trabajar e impedían el desarrollo económico de Bolivia, y achacó expresamente a Morales y a Mamani el clima de crispación y parálisis que vivía el país por haber ordenado a sus seguidores el bloqueo de las rutas de comunicación y transporte a lo largo y ancho de la geografía nacional, con especial intensidad en La Paz, El Alto y Sucre. "No estoy dispuesto a seguir en esta comedia vergonzosa (…) que nos está llevando a la destrucción de Bolivia (…) Éste es el país de los ultimatos (…) el país de las personas que se enrollan con dinamita para exigirnos que hagamos cualquier cosa que se les ocurra, buena, mala o regular. No voy a continuar en esa lógica, porque Bolivia no se puede gobernar en esa lógica," agregó. Nada más concluir Mesa su alocución, ciudadanos pertenecientes a esa mayoría silenciosa a la que él solía apelar implícitamente protagonizaron espontáneas concentraciones de apoyo a su persona en El Alto y La Paz, donde sostuvieron algunas escaramuzas con piqueteros y huelguistas. El caso era que encuestas recientes otorgaban a Mesa el respaldo del 60% de la población.

Pero la dimisión de Mesa no era irrevocable. En realidad, se trataba de un arriesgado envite para conseguir el respaldo del Congreso en medio de la tormenta desatada por las fuerzas sociales y consensuar una agenda de acciones legislativas hasta 2007. El presidente demandaba a los partidos parlamentarios un pacto nacional y resoluciones claras sobre la nueva Ley de Hidrocarburos, la triple convocatoria electoral y el fin de los actos de desobediencia civil. El 9 de marzo, con la automarginación del MAS, los principales grupos del Congreso (MNR, MIR, NFR) concedieron a Mesa el acuerdo de gobernabilidad que les pedía y el hemiciclo rechazó su dimisión por unanimidad. Fue una jornada triunfal para el presidente, que vio cómo miles de personas salieron a manifestarse en su apoyo y en contra de los bloqueos. Asomado a la balconada del Palacio de Gobierno y blandiendo una bandera nacional, Mesa aleccionó a los congregados que le vitoreaban y le exigían "mano dura" contra los bloqueadores; él hizo suya la reclamación, pero prefirió hablar de "mano justa".

Sin embargo, el respiro para el presidente fue harto efímero. Morales, ignorando el llamado al diálogo, se negó a ordenar a sus seguidores el levantamiento de los bloqueos viales hasta que el Congreso no aprobara la nueva Ley de Hidrocarburos. El 15 de marzo, en otro mensaje televisado y dando nuevos signos de abatimiento, el mandatario anuncio el sometimiento al Congreso de una proposición de ley para adelantar las elecciones generales, presidenciales y legislativas, al 28 de agosto del año en curso. Debido a la persistencia agravada de la crisis política y social, no se sentía capaz de completar los dos años de mandato que le restaban. Y si el Congreso no le secundaba, dimitiría en el acto.

En las horas siguientes, Mesa recibió de los parlamentarios una palada de arena y otra de cal. El día 16 la Cámara baja, por fin, aprobó la Ley de Hidrocarburos en los términos generales decididos en octubre: 32% de recaudación estatal por vía impositiva y otro 18% por regalías. Acto seguido, Morales, aunque no estaba del todo contento, anunció un "receso en las protestas", lo que se tradujo, por lo que a su gente respectaba, en el levantamiento de los bloqueos y el despeje de la carretera principal de acceso a La Paz.

Ahora tocaba a la Cámara alta dar el plácet a un texto que tenía más detractores que defensores, ya que raro era el punto del mismo que no suscitaba controversia. Cada parte esperaba de los senadores que endosaran sus recomendaciones y exigencias: el Gobierno deseaba que el IDH se aplicara de manera gradual, diferenciando el tamaño de los campos y permitiendo a las multinacionales deducir ese pago del impuesto por beneficios abonados en sus países de origen, y que no se obligara a aquellas a cambiar los actuales contratos de operación de riesgo compartido, los cuales las petroleras defendían como intocables al punto de haber amenazado con demandar la intervención de tribunales de arbitraje; el MAS quería ahora que las regalías ascendieran del 18% al 50%, sin posibilidades de deducción; y la CSUTCB, la COB, la COR y la Fejuve no se conformaban con menos que la recuperación por el Estado del gas y el petróleo sin consideraciones de ningún tipo con las compañías privadas.

El 17 de marzo la Cámara de Diputados rechazó el plan del presidente del anticipo electoral. Perdido este pulso, Mesa, el día 18, no sin desatar todo tipo de especulaciones al reunirse en su despacho con las cúpulas militar y policial, y luego con la alta jerarquía eclesiástica, se retractó de su advertencia: seguía en el puesto y con la intención de llegar al relevo institucional de 2007.


6. Una presidencia prematuramente truncada entre el rechazo multisectorial a la nueva Ley de Hidrocarburos

El 29 de abril el Senado aprobó la Ley de Hidrocarburos, pero no sin introducir unas enmiendas correctivas que no satisfacieron ni al Ejecutivo, ni a los sectores económicos ni a la oposición política y social. El 5 de mayo la Cámara de Diputados convalidó por mayoría absoluta el texto revisado. Cinco días después Mesa comunicó que no tenía intención de promulgar una ley "que sirve de instrumento para dividir a Bolivia", y convocó un encuentro multisectorial para debatir una nueva norma y dar vía libre al referendo sobre las autonomías y a la convocatoria de la Asamblea Constituyente. El llamado cayó en saco roto. El 16 de mayo la COB inició una huelga general indefinida en reclamo de la nacionalización de los hidrocarburos y los militantes alteños de la Fejuve marcharon hasta el corazón de La Paz para vociferar la misma exigencia.

La decisión presidencial de inhibirse y de dejar la sanción de la ley en manos del Legislativo, un veto de hecho, generó una ola de críticas contra el Gobierno. Uno de los censuradores fue Vaca Díez, que como presidente del Congreso estampó su firma en la ley el 17 de mayo, dos horas después de serle devuelto el texto por Mesa, quien agotó el plazo de 10 días que la ley le daba. Las presiones al presidente arreciaron hasta niveles inopinados. Por un lado, las compañías petroleras, perjudicadas por la Ley de Hidrocarburos, amenazaban con reducir sus inversiones y con demandar al Gobierno por el incumplimiento de los contratos adoptados al amparo de la anterior ley. Desde el otro flanco, decenas de miles de indígenas, campesinos y mineros convergían en La Paz para manifestarse en favor del endurecimiento de la legislación energética y para frenar el debate sobre la autonomía de Santa Cruz.

El 25 de mayo, el pronunciamiento hecho "a título individual" y en nombre de un "Movimiento Generacional de las Fuerzas Armadas" por los tenientes coroneles Julio Herrera Pedrazas y Julio César Galindo Mendizábal solicitando la remoción de Mesa y la formación de un "gobierno cívico-militar" para cuya jefatura ellos mismos se proponían, aunque fue rápidamente desautorizado por la superioridad castrense y no fue secundado por ningún otro oficial, aportó otro elemento de inquietud a la peligrosa algarabía reinante. Mesa, que se encontraba en Sucre para conmemorar el 196 aniversario del inicio del movimiento de independencia, afirmó que la renuncia era algo que no se planteaba. Al comenzar junio, los marchistas y bloqueadores, con la violencia a flor de piel, llegaron a cercar y paralizar La Paz, ante la pasividad de las fuerzas del orden. Quispe, Mamani y Solares (quien había aplaudido el conato golpista de los tenientes coroneles), pero no así, por el momento, Morales, exigían la renuncia del presidente, la clausura del Congreso, el adelanto de las elecciones generales y la estatalización inmediata del gas y el petróleo.

El 3 de junio Mesa, acorralado, realizó un intento postrero de desactivar la confrontación por medios exclusivamente políticos decretando la convocatoria de elecciones a la Asamblea Constituyente y el referéndum vinculante sobre las autonomías para el 16 de octubre. Contrariamente a su pretensión, los cabecillas de las protestas replicaron con un recrudecimiento de los cortes de carreteras y de las movilizaciones en todo el país. Por su parte, los dirigentes del Comité Cívico de Santa Cruz, quienes estaban resueltos a celebrar su referéndum autonómico unilateral el 12 de agosto, y de organizaciones empresariales del oriente boliviano acusaron al presidente de usurpar las funciones parlamentarias. La verdad era que la maniobra de Mesa presentaba serias dudas de constitucionalidad. En La Paz, comenzó a hacerse sentir el desabastecimiento de alimentos y carburantes. Con la dinamita arrojada por brigadas de cobistas retumbando en la capital, los residentes aterrorizados, parte de la producción petrolera suspendida por las ocupaciones de campos y cientos de militantes autonomistas y campesinos indígenas sosteniendo enfrentamientos cuerpo a cuerpo en Santa Cruz, la situación podía calificarse de caos total.

En estas circunstancias, en la noche del 6 de junio, Mesa comunicó a la nación su renuncia irrevocable. Tras referirse al "momento tan dramático y tan difícil" que estaba viviendo Bolivia, hacer capítulo de los objetivos y las convicciones que habían guiado su ejercicio presidencial y "expresarle a la patria mi disculpa" si no había sido "capaz de conducirla adecuadamente", el estadista declaró: "Es por esto que creo que mi responsabilidad es decir: hasta aquí puedo llegar (…) mi decisión es presentar mi renuncia al cargo de presidente de la República". Y añadió: "Mi responsabilidad termina el día en que el Congreso Nacional toma la decisión [de investir a un sustituto]. Por lo tanto, quiero que sepan que no estoy dejando mi responsabilidad, estoy aquí y estaré aquí. No está en mis ideas viajar a Miami o a Washington".

Toda vez que Vaca Díez, con el sostén del MNR, el MIR, la NFR y el Comité Cívico de Santa Cruz, se mostraba firmemente dispuesto a ejercitar su derecho constitucional a la sucesión, y que esta salida concitaba el tajante rechazo de los líderes opositores, los cuales vaticinaban un estallido social de incalculables consecuencias si tal mudanza se producía, el mandatario dimisionario imploró al jefe congresual el "gesto" de renunciar al mandato de presidente constitucional porque era "tiempo de no seguir apostando a la locura", porque había que impedir "el derramamiento de sangre" y porque el país estaba "al borde de la guerra civil".

Hasta el mismo 9 de junio pareció que Vaca Díez y sus colegas legislativos iban a hacer caso omiso del coro de advertencias y exhortaciones de que eran objeto, pero a última hora de la noche, los congresistas, reunidos en la Casa de la Libertad de Sucre, decidieron el desenlace reclamado por los movimientos populares y por Mesa, y asumido también, en aras de la paz social, por las Fuerzas Armadas y la Iglesia católica: que la primera magistratura fuera otorgada, no a Vaca Díez, que era mirista y cruceño, ni al presidente de la Cámara de Diputados, Mario Cossío Cortez, emenerrista y tarijeño, sino al siguiente magistrado estatal contemplado en la previsión constitucional, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, a la sazón Eduardo Rodríguez Veltzé, un juez cuyo apoliticismo debía facilitar, por lo menos, la distensión que el país urgentemente necesitaba. Instantes después de aceptar las renuncias de Mesa, Vaca Díez y Cossío a sus respectivos puestos institucionales, el pleno del Congreso designó presidente constitucional de la República a Rodríguez Veltzé.

Carlos Mesa está casado con Elvira Salinas Gamarra y es padre de dos hijos, Borja y Guiomar.

(Cobertura informativa hasta 1/7/2005)