Daniel Ortega Saavedra

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Datos relevantes

Actualización: 6 de Junio de 2011
Crédito fotográfico: © Presidencia de la República del Ecuador
José Daniel Ortega Saavedra

Nicaragua

Presidente de la República (2º ejercicio); ex coordinador de la Junta de Gobierno

Duración del mandato: 10 de Enero de 2007 - En funciones

Nacimiento: La Libertad, departamento de Chontales , 11 de Noviembre de 1945

Partido político: FSLN

Crédito fotográfico: © Presidencia de la República del Ecuador

Resumen

En Nicaragua, el antiguo comandante de la Revolución de 1979, jefe del Estado hasta 1990 y secretario general del FSLN, ganó en 2006 las elecciones que, después de tres derrotas consecutivas, le devolvieron al poder en enero de 2007. Protagonista de un polémico pacto de intereses con el ex presidente liberal Arnoldo Alemán, su antípoda ideológico, y de un discurso heterogéneo que conciliaba los mensajes de moderación y diálogo con los postulados izquierdistas del sandinismo, Ortega regresó a la Presidencia prometiendo poner fin a la pobreza galopante y garantizando las buenas relaciones con Estados Unidos, sin dejar por ello de estrechar los vínculos de amistad y cooperación con la Cuba castrista y la Venezuela chavista, ejemplificados con el ingreso en el ALBA. Cumplidos dos años desde entonces, el mandatario afronta una ola de denuncias de radicalismo, incapacidad para enfrentar la grave crisis económica y menoscabo autoritario de sistema democrático.

Biografía

1. Comandante de la Revolución Nicaragüense y jefe histórico del sandinismo
2. Miembro de la dirección colegiada de la Junta de Gobierno
3. Endurecimiento del régimen sandinista y frentes de oposición
4. Elevación a la Presidencia de la República con controversia electoral
5. La guerra civil con la Contra
6. Negociaciones de paz y derrota en las urnas frente a la oposición liberal
7. Las fluctuantes relaciones con los gobiernos de Chamorro y Alemán; el caso de Zoilamérica Narváez
8. Postura en torno a la reconversión ideológica del FSLN
9. Una tercera apuesta presidencial fallida
10. Protagonista de la crisis política nacional durante el quinquenio de Bolaños
11. Triunfo en las elecciones presidenciales de 2006


1. Comandante de la Revolución Nicaragüense y jefe histórico del sandinismo

Nacido en un entorno humilde en el departamento de Chontales, las carencias sanitarias provocaron la muerte prematura de dos hermanos menores, siendo él el primogénito de los cinco que salieron adelante. En la década anterior a su nacimiento, varios parientes habían luchado en la guerrilla revolucionaria comandada por Augusto César Sandino contra las tropas estadounidenses de ocupación. Los padres, Daniel Ortega, quien se ganaba la vida como contable, y Lidia Saavedra, eran activos opositores a la dictadura familiar instaurada por el general Anastasio Somoza García, comandante en jefe de la Guardia Nacional, y continuada por sus hijos, Luis y Anastasio Somoza Debayle, lo que les acarreó a ambos sendas experiencias carcelarias en el primer período presidencial del fundador de esta autocracia patrimonialista.

En enero de 1960, con 14 años, Ortega se inició en el activismo político en el seno de la Juventud Patriótica Nicaragüense (JPN), un movimiento civil de oposición al somocismo que adoptó el ideario de Sandino. La represión no tardó en abatirse sobre la JPN, y en el caso de Ortega, el castigo de las autoridades consistió en la expulsión de la escuela a la que asistía en su población natal, La Libertad, viéndose obligado a marchar a Managua. En la capital del país consiguió reanudar los estudios en el Instituto Pedagógico, regido por los Hermanos de La Salle, y en el colegio público Maestro Gabriel.

En 1962 inició la carrera de Derecho en la Universidad Centroamericana (UCA) de Managua, pero al cabo de unos meses, en 1963, abandonó las aulas para dedicarse de lleno a la resistencia política. Así, ingresó en el clandestino Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), organización político-militar fundada en Honduras en julio 1961 por, entre otros, Tomás Borge Martínez, Silvio Mayorga Delgado y Carlos Fonseca Amador. El FSLN, de una manera más explícita que sus directos predecesores, la JPN y el Movimiento Nueva Nicaragua (MNN) de Fonseca, recuperaba la bandera revolucionaria del líder asesinado en 1934 y apostaba por la subversión abierta. La primera actuación destacada de Ortega en el FSLN fue la puesta en circulación del periódico El Estudiante, órgano de prensa del Frente Estudiantil Revolucionario (FER).

Convertido en estrecho colaborador de Fonseca, principal líder del FSLN, a Ortega le fue encomendado organizar unos Comités Cívicos Populares de resistencia a la dictadura, así como una red de comandos armados para realizar acciones de guerrilla urbana, como sabotajes y robos de bancos para incautarse de fondos. En 1965, con apenas 20 años, fue ascendido a comandante y a miembro de la Dirección Nacional del FSLN, donde a partir del año siguiente adquirió el mando sobre el denominado Frente Interno.

En 1967, el año en que ascendió a la Presidencia de la República Anastasio Somoza Debayle, alias Tachito, Ortega fue capturado por la Guardia Nacional durante el asalto a un banco -según algunas fuentes, una delación posibilitó su detención- y enviado a presidio. Su estancia en la cárcel se prolongó durante siete años, tiempo en el cual, de acuerdo con su testimonio, padeció hambre, torturas y todo tipo de vejaciones, así como largos períodos de incomunicación en celdas de castigo. Una penosa experiencia que se habría prolongado de no haber sido incluido entre los prisioneros sandinistas canjeados el 27 de diciembre de 1974 por los rehenes, colaboradores directos de Somoza, tomados por el comando Juan José Quezada del FSLN, el cual se dio a conocer al público internacional con esta audaz acción.

Ortega y los camaradas que le liberaron viajaron a Cuba para acogerse a la protección del régimen comunista de Fidel Castro, pero en 1975 él ya estaba de vuelta en Nicaragua para reintegrarse en la Dirección Nacional, donde encontró un movimiento dividido en tres facciones: Guerra Popular Prolongada (GPP), encabezada por Tomás Borge y el comandante Henry Ruiz, alias Modesto, era de inspiración maoísta-guevarista y alentaba una contienda de liberación popular basada en el campesinado; la tendencia Proletaria, preconizada por Fonseca, el cual iba a caer en combate en noviembre de 1976, y Jaime Wheelock Román, se identificaba mejor con la ortodoxia marxista-leninista y sostenía la necesidad de mantener un partido obrero en la retaguardia; finalmente, estaba la tendencia Tercerista o Insurreccional, que animaban izquierdistas no marxistas y marxistas heterodoxos, muchos de ellos estudiantes e intelectuales.

Los terceristas daban prioridad a las acciones de guerrilla urbana y al reclutamiento social para lanzar una insurrección general contra la dictadura en la que pudieran tomar parte políticos socialdemócratas, enriqueciendo de paso el substrato ideológico del FSLN. Esta corriente, en la que militaban importantes comandantes como el luego famoso Edén Pastora Gómez, era la mayoritaria y en ella se integraron Ortega y su hermano menor, Humberto. El trabajo de los hermanos Ortega en los terrenos tanto militar (Humberto se destacó como principal estratega de operaciones mientras que Daniel llevó el mando táctico de los frentes internos Norte y Sur) como político resultó determinante para la recomposición de la unidad interna del FSLN, sin la cual difícilmente podría triunfar la proyectada ofensiva final contra Somoza.

El desenlace de la derrota de la Guardia Nacional y la toma del poder por la guerrilla dejó de parecer quimérico desde que en octubre de 1977, tras unos años de repliegue defensivo ante la durísima persecución militar unida a una no menos cruda represión política en las ciudades, el FSLN Tercerista se lanzara al hostigamiento sistemático de las fuerzas gubernamentales. En una de estas acciones, la dirigida en el barrio de Morimbó de la ciudad de Masaya para organizar una insurrección popular que había estallado espontáneamente, pereció otro de los hermanos menores de Ortega, Camilo. El trágico suceso se produjo en febrero de 1978, por la época en que Daniel inició una relación sentimental estable con la poetisa sandinista Rosario Murillo Zambrano, con la que iba a tener seis hijos (ella ya tenía otros dos) como pareja de hecho, si bien ante la Iglesia eran marido y mujer en virtud del casamiento clandestino que les impartió un sacerdote sandinista a finales de aquel año.

El 8 de marzo de 1979 las tres facciones sandinistas, con la mediación del Gobierno cubano, reconstituyeron la Dirección Nacional conjunta en un contexto de reorganización del conjunto de la oposición a través de coaliciones, como el Frente Amplio Opositor (FAO), que incluía a la Unión Democrática de Liberación (UDEL), liderada hasta su asesinato en enero de 1978 por el propietario periodístico y dirigente de la burguesía conservadora Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, y el Movimiento Democrático Nacionalista (MDN), del también empresario antisomocista Luis Alfonso Robelo Callejas. El propio FSLN se unió a otras organizaciones de diverso signo, como el Grupo de los Doce, el Movimiento Pueblo Unido (MPU), el Partido Liberal Independiente (PLI) y el Partido Popular Social Cristiano (PPSC), para formar, el 1 de febrero de 1979, el Frente Patriótico Nacional (FPN).

La combinación de resistencia civil de unos espectros social e ideológico cada vez más amplios, desde las masas populares hasta la burguesía terrateniente, y, sobre todo, de lucha armada por parte del FSLN, acorraló a la tiranía de Somoza, cuyas prácticas depredadoras de los bienes económicos y de gangsterismo político le granjearon el aborrecimiento general de la población. El 29 de mayo de 1979 Ortega y los demás comandantes activaron el empuje bélico final y el 18 de junio todo el arco de la oposición acordó en Puntarenas, Costa Rica, constituir una Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional (JGRN) de cinco miembros, con Ortega representando al FSLN. En Puntarenas se definieron las líneas de actuación de la JGRN tras la toma del poder, que serían el pluralismo político, el modelo de economía mixta para corregir las flagrantes desigualdades sociales y la no alineación en política exterior.


2. Miembro de la dirección colegiada de la Junta de Gobierno

El 17 de julio de 1979 Somoza, abandonado por Estados Unidos, huyó de país y dos días después la guerra civil tocó a su fin con la entrada triunfal de las columnas sandinistas en Managua. La Junta de Gobierno llegó desde Costa Rica a la ciudad de León el 18 y asumió formalmente el poder con su instalación en la capital el día 20. En la Junta, a Ortega le flanqueaban: el intelectual socialdemócrata Sergio Ramírez Mercado, por el Grupo de los Doce; el ingeniero Moisés Hassán Morales, por el MPU; Luis Alfonso Robelo por el MDN; y Violeta Barrios de Chamorro, viuda de Pedro Joaquín Chamorro, por la UDEL. De los cuatro junteros no miembros del FSLN, dos eran de partidos prosandinistas y los otros dos de partidos del centroderecha liberal agrupado en el FAO.

La organización de Ortega, pese a la ventaja abrumadora que conferían la posesión de capacidad militar y la legitimación popular por haber llevado el peso de la sangrienta contienda para expulsar a Somoza, no se lanzó por el momento a la toma exclusiva del poder y accedió a compartir éste con las demás fuerzas que habían participado en el derrocamiento de la dictadura. La composición plural de la Junta se extendió al Gabinete de ministros y al Consejo de Estado, órgano de 33 miembros designados por organizaciones políticas, socioeconómicas y sindicales, y creado el 20 de julio con funciones de asesoría y deliberación con respecto a las disposiciones de la Junta.

Ahora bien, el Consejo de Estado se dotó de una Junta Directiva más restringida cuya presidencia se la reservó el FSLN en la persona del comandante Carlos Núñez Téllez. Por otro lado, aunque el Pacto de Puntarenas preveía el reemplazo de la Guardia Nacional, ahora desintegrada, por un Ejército nacional suprapartidista, el caso fue que de momento, el Ejército Popular Sandinista (EPS), mandado por Humberto, hizo esa función de manera oficial a partir del 22 de agosto.

El comandante de la Revolución Daniel Ortega, con 33 años, se aseguró un puesto de relevancia en la jefatura colectiva del país como miembro tanto de la Junta de Gobierno como de la Dirección Nacional sandinista denominada histórica y reducida a nueve miembros: todos los demás habían perecido en la lucha antisomocista a lo largo de la década. En la primera reunión importante de los cuadros dirigentes del FSLN, la denominada Asamblea de las 72 horas, realizada del 21 al 23 de septiembre de 1979, se esbozó una estrategia de consolidación y conservación del poder que despertó grandes suspicacias en los demás partidos. Alegando que el imperialismo estadounidense y la alta burguesía nacional estaban organizando una reacción contrarrevolucionaria, y que las prioridades del momento eran la reconstrucción del país devastado y la transformación de las relaciones socioeconómicas en un sentido más igualitario, Ortega y sus camaradas plantearon la postergación de cualquier proceso electoral para más adelante.

El panorama que tenían ante sí los nuevos gobernantes era desolador: Nicaragua estaba exangüe por las prácticas de guerra quemada aplicadas por la Guardia Nacional para aplastar a los subversivos, por el coste de sus cuantiosos pertrechos militares, y tras muchos años de saqueo de los recursos del país por la familia Somoza y sus asociados, que habían administrado el territorio como si fuera su hacienda particular. Las cosechas estaban perdidas, muchas industrias devastadas o paralizadas, y las reservas de divisas, agotadas. El balance humano de la guerra civil era estremecedor: unos 50.000 muertos, 120.000 refugiados o exiliados en el extranjero, y 600.000 personas sin hogar.

Entre las primeras medidas decretadas por la Junta figuraron la confiscación de las extensas propiedades de los Somoza y la nacionalización del comercio exterior, la minería, la banca y los seguros. Para integrar el equipo económico se nombraron a representantes del sector privado con las misiones de renegociar el pago de la deuda con los acreedores foráneos y captar nuevas y urgentes ayudas canalizadas a través del Fondo Internacional de Reconstrucción (FIR), dependiente del Estado. Las simpatías internacionales por la revolución nicaragüense, que contaba con muchos amigos en los sectores progresistas de América y Europa, posibilitaron el acceso a facilidades financieras y a una importante ayuda humanitaria que palió las carencias más acuciantes.

La Administración demócrata de Jimmy Carter no eludió el reconocimiento de la Junta ni el socorro de sus necesidades más urgentes. A principios de septiembre de 1979, Ortega y sus compañeros fueron recibidos en la Casa Blanca por Carter, quien les concedió un paquete de ayudas por valor de 118 millones de dólares.


3. Endurecimiento del régimen sandinista y frentes de oposición

Sin embargo, tras desaparecer el único motivo, la eliminación de la dictadura, que podía aglutinar a una pléyade de fuerzas de ideologías muy divergentes, la alianza entre el FSLN y los partidos no afines (conservadores, liberales y centroizquierdistas, pero también algunos de la extrema izquierda) empezó a resquebrajarse por las mutuas desconfianzas y las acusaciones de pretender instaurar un régimen autoritario de tipo socialista, los unos, y de conspirar contra la Revolución apoyándose en elementos reaccionarios ávidos de revancha, los otros.

El 16 de abril de 1980 la Junta de Gobierno decretó una reorganización del Consejo de Estado por la que se aumentó el número de sus miembros y perdieron representación varias formaciones. El MPU y el Grupo de los Doce decidieron autodisolverse y varios de sus miembros, como Ramírez, se pasaron al FSLN. La mudanza desencadenó una crisis en el seno de la Junta. El 19 de abril Chamorro dimitió como miembro de la junta en desacuerdo con la orientación izquierdista que Ortega deseaba imponer y alegando que los sandinistas habían incumplido las promesas de democracia. Toda vez que Robelo hizo lo mismo tres días después, el órgano ejecutivo quedó bajo el pleno control del FSLN.

En la segunda Junta de Gobierno, constituida el 19 de mayo de 1980, continuaron Morales y Ramírez, mientras que las bajas de Chamorro y Robelo fueron suplidas por los antisomocistas moderados Rafael Ángel Córdova Rivas y Arturo José Cruz Porras. En agosto siguiente los sandinistas definieron su intención de permanecer indefinidamente en el poder y su concepto de "democracia participativa", que no pasaba por la mera celebración de elecciones sino por la implicación del pueblo en los asuntos de toda índole a través de organizaciones de masas y asambleas populares.

Así, los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) lanzados por Castro en Cuba (con la que, dicho sea de paso, se restablecieron de inmediato las relaciones diplomáticas) inspiraron los Comités de Defensa del Sandinismo (CDS), células a nivel de barriada que implicaron al pueblo llano en la exaltación propagandística de la Revolución y en tareas auxiliares del Estado tales como la supervisión del racionamiento alimentario, el control de los precios al por menor, la lucha contra la corrupción y las campañas sanitarias y culturales, siendo una de las más destacadas la Cruzada Nacional de Alfabetización, que consiguió reducir el analfabetismo del 60% al 12%.

El anuncio por Ortega de que no habría elecciones hasta 1985 motivó el 12 de noviembre de 1980 la retirada del Consejo de Estado de una decena de agrupaciones representativas de la burguesía nacional, entre ellas el MDN, por considerar que el Gobierno se había apartado de lo dispuesto en el Estatuto Fundamental promulgado el 20 de julio de 1979 como reemplazo, junto con los Estatutos sobre Derechos y Garantías de los Nicaragüenses del 21 de agosto del mismo año, de la derogada Constitución somocista de 1974. En un clima de rampante crispación, el FSLN acusó a estos partidos de sabotear las instituciones revolucionarias y el programa de unidad nacional.

El 4 de marzo de 1981 Ortega fue investido en el puesto de "coordinador", esto es, un virtual primer ministro, de la tercera Junta de Gobierno, que de paso quedó reducida a un triunvirato completado por Ramírez y Córdova. La definición del hombre fuerte de la revolución nicaragüense (en la terminología del FSLN, Revolución Popular Sandinista) dejó a las claras la situación prácticamente hegemónica de que gozaba el FSLN, que controlaba gran parte del aparato del Estado y el conjunto de las fuerzas de seguridad y defensa. El Frente funcionaba en la práctica como un partido político de vocación estatal, pero evitaba definirse como tal, abonando la confusión sobre la naturaleza jurídico-institucional del régimen. La Junta gobernaba por decreto, y de hecho las decisiones políticas, por lo general, emanaban de la Dirección Nacional del FSLN, que transmitía sus propuestas al citado órgano estatal para su discusión y eventual ejecución.

La promoción de Ortega vino a coincidir con un drástico cambio de actitud de Estados Unidos hacia la Nicaragua postsomocista; si la Administración Carter había intentado un acomodo entre sus intereses y las políticas de la Junta de Managua, la nueva Administración republicana de Ronald Reagan expresó su voluntad de impedir a toda costa que en el país arraigara un régimen procubano, hasta el punto de tacharlo de plataforma para la penetración del comunismo soviético y de activo "exportador" de revoluciones a toda Centroamérica.

Tras acusar a Managua de suministrar armas a la guerrilla salvadoreña del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y de entrar en tratos militares con la URSS y Cuba, el 23 de enero de 1981 la Casa Blanca comenzó el aislamiento de Nicaragua con la suspensión de la ayuda financiera. A finales del año, la CIA empezó a instruir y a suministrar armas a ex guardias somocistas con el objeto de convertirles, desde bases apostadas en territorio hondureño muy cerca de la frontera, en una fuerza combativa de oposición antisandinista.

Desde principios de 1982, no más de 3.000 ex guardias somocistas y mercenarios reclutados en poblaciones campesinas desafectas emprendieron incursiones militares en misiones de hostigamiento a destacamentos del EPS y de sabotaje económico. Estos efectivos adoptaron el nombre de Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN), pero su denominación popular dentro y fuera de Nicaragua (y por ellos mismos asumida) fue la de contras, como expresión truncada de contrarrevolucionarios, o, de un modo genérico, la Contra.

La FDN aunó efectivos y consolidó posiciones en el extremo norte del extenso departamento fronterizo de Zelaya, coordinándose con indígenas misquitos, sumos y ramas alzados en armas contra Managua por la política de asimilación forzosa de sus comunidades, que dio lugar a un reguero de denuncias de abusos y asesinatos. Desde el sur, en los límites con Costa Rica, pasó a operar la Alianza Revolucionaria Democrática (ARDE) bajo los liderazgos político de Robelo y militar de Pastora, el carismático Comandante Cero. Desilusionado por el curso antidemocrático que estaba tomando la Revolución, en julio de 1981 Pastora había desertado del sandinismo, cesado como viceministro de Defensa y huido a Panamá, donde se puso bajo la protección, en vísperas de perecer éste en un accidente de aviación, del dictador Omar Torrijos, precisamente uno de los mayores patrocinadores que había tenido el FSLN.

Ante el incremento de las acometidas rebeldes, el 15 de marzo de 1982 la Junta proclamó el estado de sitio, que supuso la suspensión de algunas garantías constitucionales, viéndose afectados los derechos de reunión, sindicación y expresión. Bien por una voluntad de radicalizar la Revolución hacia la izquierda, bien por una necesidad perentoria ante la sensación de cerco económico y militar estadounidense, o por ambos motivos a la vez, el caso fue que el Gobierno de Ortega intensificó los lazos de cooperación con los países comunistas, con Cuba y la URSS a la cabeza.

El Gobierno de Fidel Castro, el cual asistió como invitado en Managua a los actos del primer aniversario del triunfo de la Revolución, envió numerosos consejeros militares y técnicos civiles como parte de la cooperación cubano-nicaragüense. Ortega, por su parte, viajó a la capital soviética en febrero de 1984 para asistir a los funerales de Yuri Andropov y de paso para solicitar más asistencia energética y militar, que le fue concedida prácticamente a fondo perdido.

Estas filiaciones con el bloque soviético fueron publicitadas por Washington como pruebas irrefutables de la naturaleza filomarxista del régimen sandinista. A pesar de todas las ambigüedades del discurso político y de los indicios de que el proyecto del sandinismo contemplaba el establecimiento de un Estado totalitario de tipo socialista, lo cierto era que el sistema de partidos estaba jurídicamente reconocido, los medios de comunicación críticos con el régimen, pese a las sanciones y los cierres periódicos (siendo el caso más emblemático el del diario La Prensa que dirigía Chamorro) no fueron erradicados y el propio FSLN distaba mucho de ser un partido monolítico a la soviética.

Ortega mismo no se trataba de un comunista confeso, aunque otros dirigentes sandinistas si profesaban esa ideología, y públicamente siguió declarando su fe en el pluralismo político, la no alineación exterior y el modelo de economía mixta. También es cierto que al menos hasta 1981 la URSS, con sorprendente miopía, apostó por que el diminuto pero ortodoxo Partido Comunista local, que terminó teniendo con los sandinistas unas relaciones francamente desapacibles y se ubicó en la oposición, reemplazara al FSLN como fuerza dominante a largo plazo.

A lo largo de 1983, el acoso de Estados Unidos al régimen sandinista reforzó sus dos vertientes, militar y económica. Los contras, elevados a la condición de freedom fighters por Reagan, vieron aumentada su dotación financiera y armamentística, al tiempo que al Gobierno de Managua se le vetaba la concesión de créditos por los organismos multilaterales y se le boicoteaban las importaciones azucareras.

El 19 de julio de 1983 Ortega presentó una oferta de paz de seis puntos dentro de las gestiones conducidas por el Grupo de Contadora (foro informal de concertación política formado el 5 de enero anterior por México, Colombia, Venezuela y Panamá para ofrecer fórmulas de distensión y negociación en Centroamérica), consistente en un tratado de no agresión con Honduras, el cese de las injerencias extranjeras en la región en las formas de la asistencia a oposiciones armadas, la instalación de bases militares y la participación de tropas en maniobras conjuntas, así como el cese de las agresiones y las discriminaciones económicas a cualquier gobierno. Washington replicó con su propia oferta de paz, que ponía el acento en la democratización de la región a través de elecciones libres, la supresión de la asistencia al FMLN y la retirada de los soldados y asesores extranjeros de Nicaragua.


4. Elevación a la Presidencia de la República con controversia electoral

Conforme a lo anunciado y en un clima político muy tensionado, el 4 de noviembre de 1984 tuvieron lugar elecciones generales, de las que se marginaron los partidos encuadrados en la Coordinadora Democrática Nicaragüense (CDN) que animaba el ex juntero Junta Arturo Cruz, los cuales acusaron a los sandinistas de manipular en su favor el proceso electoral. Sí resolvieron concurrir tres partidos de la oposición centroderechista, el PPSC, el PLI (si bien sólo en las legislativas, pues de las presidenciales se retiró su jefe de filas, Virgilio Godoy Reyes) y el Partido Conservador Democrático de Nicaragua (PCDN), más otros tres de la izquierda, el Socialista, el Comunista y el Movimiento de Acción Popular Marxista-Leninista.

Los comicios pusieron de relieve la capacidad de movilización y la legitimidad popular de que gozaba el FSLN: con una participación del 75%, Ortega venció en las presidenciales con el 66,9% de los votos, en tanto que el adversario mejor situado, Clemente Guido Martínez, del PCDN, obtuvo sólo el 14%; en la votación para la Asamblea Legislativa y Constituyente, el Frente se hizo con 61 de los 96 escaños, uno de los cuales lo ganó Rosario Murillo, que venía fungiendo al frente de la Asociación Sandinista de Trabajadores de la Cultura (ASTC) y que en 1989 iba a convertirse en directora general del nuevo Instituto Nicaragüense de la Cultura (INC). . Los observadores internacionales estimaron que los comicios discurrieron con limpieza, pero los partidos opositores denunciaron la instrumentación por el FSLN de los órganos del Estado y los medios de comunicación adictos, y la actitud intimidatoria de las organizaciones de masas sandinistas, todo lo cual había distorsionado seriamente la libertad de voto y las reglas del juego democrático.

El 10 de enero de 1985, en el séptimo aniversario del asesinato de Pedro Joaquín Chamorro, una coincidencia que no fue casual y que correspondió a un gesto sandinista de distensión con la oposición liberal-conservadora menos beligerante, Ortega tomó posesión de la Presidencia con un mandato de seis años, hasta 1991, en una ceremonia a la que asistieron dignatarios de 69 delegaciones extranjeros, entre ellos Castro, el presidente yugoslavo Veselin Djuranovic, el presidente de Surinam Lachmipersad Ramdat Misier, el vicepresidente argentino Víctor Martínez y los cuatro cancilleres del Grupo de Contadora. Estados Unidos y los cuatro vecinos centroamericanos, Costa Rica, Honduras, El Salvador y Guatemala, boicotearon el acto. Ramírez juró asimismo como vicepresidente.

El inicio del mandato constitucional de Ortega estuvo acompañado de la intensificación de los ataques de la Contra y de un acelerado deterioro de la economía causado por el creciente gasto militar, el implacable cerco comercial de Estados Unidos y la mala gestión de los oficiales del Gobierno. Al mes escaso de la toma de posesión, Ortega cogió por sorpresa a no pocos observadores con el anuncio de una drástica revisión de la política económica, que vino a subrayar los aspectos liberales del modelo mixto en vigor.

Entre otras medidas, se decidió levantar parcialmente los controles sobre el mercado de divisas, lo que se tradujo en una devaluación del córdoba con respecto al dólar, y suprimir varias subvenciones a productos de consumo básicos. También, se contempló recortes en las plantillas de funcionarios para aliviar las cargas dinerarias del Estado. El Gobierno no cuestionó la planificación de determinadas actividades económicas, pero aclaró que los programas de nacionalización de empresas y de expropiación de tierras ociosas o deficientemente explotadas, es decir, el eje de la reforma agraria puesta en marcha en 1981, pasaban a mejor vida, de manera que la mitad de las fincas agrícolas del país iban a continuar en manos privadas.


5. La guerra civil con la Contra

Ahora bien, la dinámica implacable de la guerra arruinó las expectativas de crecimiento y desarrollo. En 1984 comenzó una etapa de recesión productiva de la que el país ya no iba a salir hasta la década siguiente. El Gobierno destinó de manera preferente al esfuerzo bélico los pocos fondos de que disponía, y las asechanzas destructivas de Estados Unidos, la reluctancia del capital extranjero a invertir en un país sin perspectivas halagüeñas y los desastres naturales fueron otros tantos factores que coadyuvaron a este estado de calamidad.

Ortega, cuya imagen suave, austera y reservada, incluso tímida, asomada tras sus gruesas gafas de miope, no obstante su porte uniformado y militarista, contrastaba con el perfil enérgico que cabría esperar de él en tan difíciles momentos, hizo lo posible por que el país no cayera en el regazo soviético, en lo que mostró no poco pragmatismo diplomático. Invocando el principio de la no alineación, la solidaridad internacional con Nicaragua y la diversificación comercial, se embarcó en un periplo exterior a la búsqueda de cuanta asistencia financiera pudiera reunir, ya procediera de la URSS, de China o de Europa Occidental. Ni siquiera Estados Unidos se descartaba como origen potencial de ayudas.

Las giras de recaudación de Ortega por Europa Occidental se saldaron con resultados muy magros, en buena parte debido a la merma de las simpatías iniciales de los gobiernos y los partidos de tendencia socialdemócrata por la constatación de que el régimen sandinista incurría en el autoritarismo, menospreciaba a la oposición legal respetuosa con las reglas de juego parlamentarias y ejercía una represión que se caracterizada, si no por las torturas, las desapariciones y las ejecuciones extrajudiciales (tan caras al somocismo), por un elenco de prácticas insidiosas y conculcadoras de los Derechos Humanos, como los arrestos arbitrarios, los escarnios públicos, las deportaciones, las confiscaciones, las restricciones a las actividades sindicales y religiosas, la censura informativa y las limitaciones de las libertades de expresión y manifestación.

Ortega siempre justificó las cortapisas al Estado de Derecho por la situación de excepcionalidad provocada por la guerra, pero este argumento no convenció ni a la oposición de Managua ni la Administración Reagan, obsesionada con acabar con el régimen sandinista sin reparar en los estragos económicos y sociales. En 1985, el nuevo viaje realizado por Ortega a Moscú el 28 de abril, dentro de una gira por la Europa del Este, sirvió de pretexto a Washington, que venía denunciando la supuesta adquisición por Managua de cazabombarderos Mig soviéticos, para decretar el embargo comercial total a partir del 1 de mayo.

Esta visita a Mijaíl Gorbachov, calificada de grave error táctico de Ortega por observadores del conflicto centroamericano, provocó también que el Congreso estadounidense relegara las reservas que mantenía al respecto y concediera una ayuda para la Contra de 27 millones de dólares de naturaleza "humanitaria", ya que desde el año anterior los legisladores no autorizaban más asistencia militar directa a los rebeldes.

Otra vuelta de tuerca fue el minado de los puertos, que Nicaragua denunció ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. La declaración por esta corte el 27 de junio de 1986 de que Estados Unidos era responsable de agresión y de la destrucción de vidas y bienes de Nicaragua, y la subsiguiente condena a indemnizar al país con 1.000 millones de dólares, sólo supusieron una victoria moral del Gobierno de Ortega. La ola de antiamericanismo y de solidaridad prosandinista desatada en América Latina tuvo el efecto de eclipsar la mala gestión económica y los abusos contra los Derechos Humanos cometidos por el régimen.

En 1985 se evidenció la paradoja de que si bien el EPS, convertido en una de las fuerzas de combate más potentes de América Latina gracias a las ayudas soviética y cubana, estaba ganando la partida militar a una Contra que nunca excedió los 15.000 efectivos (a raíz de la fusión en agosto de 1984 de la FDN y la ARDE, luego de expulsar Robelo a Pastora del mando, en una única fuerza antisandinista que posteriormente vino a llamarse la Resistencia Nicaragüense, RN), Nicaragua vería fatalmente hipotecado su futuro si se prolongaba el enfrentamiento con la superpotencia americana.

De entrada, el Gobierno, en un intento de corregir sus desesperantes problemas de iliquidez, optó por imprimir grandes cantidades de papel moneda, lo que ineluctablemente iba a provocar una espiral inflacionaria. Ante esta tesitura, Ortega, que en la reorganización de la Dirección Nacional acometida en agosto de aquel año crítico reforzó su jefatura del FSLN como cabeza de la nueva Comisión Ejecutiva de cinco miembros (reemplazando a la Comisión Política), empezó a hacer gestos de apaciguamiento y a sondear una salida negociada. Primero pidió a Cuba la evacuación discreta de sus asesores y luego prestó oídos a las propuestas de paz del presidente de Costa Rica, Óscar Arias Sánchez, quien continuó por la senda abierta por el Grupo de Contadora y no se mordió la lengua a la hora de criticar a los sandinistas.


6. Negociaciones de paz y derrota en las urnas frente a la oposición liberal

Mientras el Congreso de Estados Unidos seguía aprobando ayudas millonarias para la Contra, aun en la convicción, cada vez más arraigada, de que esta fuerza no tenía ninguna posibilidad de tomar el poder y ni siquiera de infligir un quebranto serio al EPS, Ortega participó en una serie de cumbres con los presidentes centroamericanos, como él, dispuestos, de mayor o menor grado, a emprender un diálogo nacional con sus respectivas oposiciones armadas y a avanzar en la construcción democrática de sus estados.

El desenlace negociado le fue recomendado a Ortega por el propio Gorbachov, que declaró no estar dispuesto a estorbar sus propias ofertas de desarme y distensión al bloque occidental para enterrar la Guerra Fría con intromisiones en la que consideraba la esfera de influencia estadounidense por antonomasia. De hecho, desde 1986, la cooperación de la URSS, que en su mejor momento llegó a subvenir el 90% de las necesidades petroleras de Nicaragua, se fue reduciendo.

En el plano político interno, el 9 de enero de 1987 fue promulgada la Constitución que la Asamblea había terminado de redactar el 20 de noviembre de 1986. El texto, considerado una pieza clave de la apertura política, consagraba los derechos y libertades fundamentales, la separación de poderes y la democracia representativa, basada en un sistema presidencial y un Legislativo unicameral. Sin embargo, otras disposiciones apuntaban a la institucionalización del Gobierno sandinista, tales como la concesión de amplias prerrogativas al Ejecutivo y la confirmación de la identidad sandinista del Ejército. La oposición legal encontró un mayor motivo de decepción cuando apenas unas horas después de proclamar la Carta Magna, Ortega decretó la suspensión por un nuevo período de las garantías individuales contenidas en aquella.

El 7 de agosto de 1987 Ortega, el guatemalteco Vinicio Cerezo, el salvadoreño Napoleón Duarte, el hondureño José Azcona y el costarricense Arias se reunieron en Guatemala y adoptaron la denominada Declaración de Esquipulas II sobre el Proyecto para Establecer la Paz Firme y Duradera en Centroamérica, el cual había sido diseñado por Arias y contaba con el aval del Grupo de Contadora. El plan contemplaba la desmovilización de las distintas guerrillas operativas, su acogida a sendas leyes de amnistía, la suspensión de toda ayuda exterior tanto a aquellas como a los gobiernos que las combatían, y el inicio de rondas de diálogo nacional en cada Estado.

De regreso a Managua, Ortega comenzó a aplicar lo que le tocaba de Esquipulas II: convocó una Comisión Nacional de Reconciliación abierta a todos los partidos legales y cuya presidencia recayó en el cardenal Miguel Obando y Bravo (quien como máximo representante de la Iglesia Católica nicaragüense, de firme obediencia romana, venía sosteniendo un duro pulso con los sandinistas y los sacerdotes adscritos a la denominada Iglesia Popular, de fuerte contenido social y reacia a someterse a las jerarquías clericales, y a la Teología de la Liberación), levantó el estado de sitio (el 22 de agosto) y levantó las sanciones a los medios de comunicación independientes, lo que permitió a La Prensa reaparecer en los quioscos el 20 de septiembre.

El 5 de octubre de 1987 el Gobierno comenzó el diálogo con once partidos de la oposición y dos días después ordenó un alto el fuego unilateral en algunos sectores del frente de guerra, si bien la Contra replicó que no se sentía obligada a hacer lo mismo mientras Ortega no entrara en negociaciones particulares con ellos. El presidente perseguía desvincular a los partidos integrantes de la Unión Nacional Opositora (UNO, formada en 1986 como una versión más plural de la CDN) de la RN, pero aquellos le advirtieron que el diálogo nacional estaba condenado al fracaso si la Contra no era incluida en el mismo.

A comienzos de noviembre y en vísperas de expirar el plazo para dar cumplimiento a las disposiciones de Esquipulas II, Ortega se entrevistó en Washington con miembros del Congreso estadounidense y aceptó iniciar negociaciones directas con la RN. Para crear un clima de confianza, el 15 de ese mes anunció el levantamiento del estado de emergencia y una ley de amnistía para algunos ex guardias somocistas, medidas que fueron aprobadas por la Asamblea Nacional cuatro días después.

La primera ronda de negociaciones entre el Gobierno y la Contra tuvo lugar en la capital de la República Dominicana y con los auspicios de Obando el 3 de diciembre de 1987, pero no arrojó ningún resultado. Las siguientes rondas tropezaron con la intransigencia de ambas partes, pero para comienzos de 1988 la balanza se inclinó del lado gubernamental a medida que la Contra se desmoronaba por los escándalos de corrupción y narcotráfico aflorados en su organización, que provocaron las dimisiones de sus dirigentes Alfonso Robelo y el muy derechista Adolfo Calero Portocarrero, el fracaso total de sus operaciones militares y las vacilaciones en la otrora belicista postura de la Administración Reagan, tocada por el descomunal escándalo Irangate, que por sus ramificaciones (el destino de los ingresos obtenidos de la venta clandestina de armas a Irán a la financiación de los contrasandinistas, en particular los hombres de Calero) se denominó también Iran-Contra.

El 23 de marzo de 1988 los jefes del régimen sandinista, con los hermanos Ortega a la cabeza, y de la RN se reunieron en la localidad de Sapoá, en el departamento de Rivas, en la frontera con Costa Rica, a orillas del Lago de Nicaragua, y acordaron un alto el fuego de 60 días en vigor desde el 1 de abril. Aunque esta tregua expiró sin un acuerdo de renovación, Ortega la mantuvo indefinidamente de manera unilateral, a pesar de los ocasionales rebrotes de actividad militar por parte de la guerrilla.

La reunión de presidentes centroamericanos en Tela, Honduras, el 7 de agosto de 1989 imprimió un avance decisivo al proceso de paz con la decisión de activar una Comisión Internacional de Apoyo y Verificación que supervisara el desarme y el desmantelamiento de la Contra a lo largo de 90 días a partir del 8 de septiembre. Tres días antes del encuentro de Tela, Ortega y los partidos de la UNO firmaron un acuerdo que entre otros puntos establecía la celebración de elecciones generales anticipadas antes de un año, para el 25 de febrero de 1990, que se desarrollarían con las debidas garantías de transparencia y equidad. El 24 de septiembre el FSLN designó a Ortega candidato a la reelección presidencial.

El delicado proceso de paz y normalización democrática sufrió un grave sobresalto el 1 de noviembre de 1989 cuando Ortega anunció la suspensión del alto el fuego unilateral del Gobierno con el argumento de la pertinaz hostilidad de la Contra. No obstante, la situación quedó encauzada con la reanudación de las negociaciones Gobierno-Contra el 9 de noviembre en la sede de la ONU en Nueva York. El clima de distensión y posibilismo fue abriéndose camino. El 7 de febrero de 1990 la Asamblea aprobó una amnistía para un millar largo de contras y 39 ex guardias somocistas, medida de gracia que empujaron a Ortega a asegurar que en el país ya no quedaba presos políticos.

Todos los sondeos preelectorales otorgaban la victoria a los sandinistas por un amplio margen, pero en la jornada del 25 de febrero de 1990 la UNO ganó las votaciones con autoridad. En las presidenciales, Ortega fue derrotado con el 40,8% de los votos frente al 54,7% sacado por Chamorro, y en las legislativas el FSLN quedó también por detrás de la coalición opositora al conseguir sólo 39 de los 92 escaños en disputa, si bien en el cómputo pormenorizado preservó la condición de principal partido del país.

En los análisis del vuelco político la explicación más habitual fue la que sostenía que una parte sustancial de los electores seducidos por la UNO eran simpatizantes pragmáticos del sandinismo que habían llegado a la conclusión de que sólo el paso del FSLN a la oposición permitiría al país recuperar la confianza de los proveedores internacionales de fondos y remover la animosidad de Estados Unidos. La inmensa mayoría de los nicaragüenses veía positivamente la Revolución de 1979, pero muchos de ellos no creían que los sandinistas, por falta de cualificación o por sectarismo ideológico, estuvieran capacitados para poner en pie un país destrozado y generar riqueza. También se señaló como motivo importante de la sangría de votos del sandinismo la implantación el servicio militar obligatorio, que había supuesto la movilización forzosa para el combate de miles de jóvenes.


7. Las fluctuantes relaciones con los gobiernos de Chamorro y Alemán; el caso de Zoilamérica Narváez

El inesperado fracaso en las urnas fue una amarga experiencia para Ortega, pero el fair play prevaleció en la etapa de paz y democracia que ahora comenzaba. El líder sandinista, conforme a la garantía expresada previamente de pasar a la oposición si así lo decidían las urnas, reconoció sin rechistar la victoria de Chamorro. El FSLN se apresuró a subrayar lo excepcional de su caso, el de un partido que habiendo accedido al poder a través de la lucha armada revolucionaria y apoyado en un gran respaldo popular, transfería pacíficamente ese mismo poder por decisión de un electorado que voceaba un cambio en la voluntad popular. La histórica mudanza de Gobierno tuvo lugar el 25 de abril.

Un mes antes de entregarle la banda presidencial, el 27 de marzo, pendiente aún el inicio de la desmovilización de la Contra, Ortega suscribió con Chamorro un Protocolo de Transición del Poder Ejecutivo (PTPE) que contenía el respeto a la Constitución, las instituciones y las conquistas sociales del período de Gobierno de 1979-1990, así como el desarme de la Contra. Humberto Ortega permanecía como comandante en jefe del EPS, pero a cambio de su baja de la Dirección Nacional del FSLN, con el objeto de dotar de un mínimo de apoliticismo formal a la institución castrense, y de trabajar con un ministro de Defensa designado por la UNO, que no fue otro que la propia Chamorro. El 3 de abril el mandatario saliente asistió a su última cumbre de presidentes centroamericanos, la VII ordinaria, de la que fue, a la sazón, anfitrión, en la localidad de Montelimar, en el departamento de Managua.

En su debut como jefe de la oposición, Ortega solicitó a la desconcertada militancia sandinista que se movilizara en la defensa de las conquistas revolucionarias tan pronto como el Gobierno de Chamorro, cuyo sostén parlamentario incluía a los sectores más derechistas de la UNO, intentara revertirlas. Dichos logros incluían la reforma agraria y la nacionalización parcial de las empresas industriales, materializaciones que, empero, estuvieron lejos de realizar el sueño igualitarista proclamado en 1979: la redistribución equitativa de la renta nacional. La realidad de 1990 era que, a excepción del salto educativo, el país presentaba unos índices de desarrollo humano deplorables, entre los más bajos del continente.

Las prontas invalidaciones por el Gobierno de Chamorro de las leyes del servicio civil -que garantizaba la estabilidad del empleo público- y de la reforma agraria radicalizaron una campaña de huelgas laborales iniciadas en demanda de alzas salariales. Con sus llamamientos a la desobediencia civil y al boicot de los trabajadores, el partido de Ortega, que controlaba a los sindicatos y conservaba una gran capacidad de movilización popular, puso contra las cuerdas a una presidenta que tampoco podía confiar mucho en su propio campo, los partidos de la UNO, donde las disputas y la división fueron la tónica.

El programa de ajuste estructural lanzado en 1991 con el concurso del FMI como condición para la reestructuración de la deuda externa afrontó otra ola de protestas tan severa que en enero de 1993 Chamorro hubo de pactar con Ortega la salvaguardia de la legislación socializante de la propiedad de la tierra y la vivienda; a cambio, la bancada parlamentaria del FSLN apoyaría medidas liberales tales como la reprivatización de una serie de empresas, aunque en ningún caso se entregaría a los herederos de Anastasio Somoza los bienes confiscados en 1979.

Personas ligadas al sandinismo recibieron puestos en el Ejecutivo, y no por casualidad el socialdemócrata Gustavo Tablada Zelaya, del Partido Socialista Nicaragüense, integrante de la UNO, fue elegido presidente de la Asamblea Nacional. El propio Ortega se integró en la delegación gubernamental que asistió a la conferencia de donantes auspiciada por el FMI y el Banco Mundial en Washington, mientras que su hermano presionó con éxito para mantenerse al frente del EPS hasta 1995. Esta estrategia dual de adquirir responsabilidades en la estabilidad nacional a través de un diálogo con el núcleo de partidarios de Chamorro, encabezados por su ministro de la Presidencia y yerno, Antonio Lacayo Oyanguren, sin dejar de apoyar las movilizaciones populares de protesta contra las medidas económicas de ajuste, puso de relieve las ambigüedades y contradicciones del FSLN.

La cúpula sandinista empezó a ser acusada de jugar al maquiavelismo político, pero a Chamorro el pacto con Ortega le atrajo las iras de los partidos de la UNO más conservadores, hasta el punto de exigirle la dimisión el vicepresidente de la República, Virgilio Godoy Reyes, cabeza del PLI, y de iniciar la coalición un proceso de desintegración. Hasta el final de su mandato, Chamorro se sostuvo precariamente gracias a los diputados sandinistas y a los del grupo de Lacayo.

En la arena internacional, en estos años Ortega se unió a otros líderes regionales, con Castro a la cabeza, para la puesta en marcha del Encuentro de Partidos y Organizaciones de Izquierda de América Latina y el Caribe, más conocido como el Foro de Sao Paulo por haberse celebrado en esta ciudad brasileña su primera edición, en julio de 1990. Esta suerte de transnacional latinoamericana de la izquierda más o menos radical se dotó de un "estado mayor civil" y de un "estado mayor militar", entre cuyos miembros figuró Ortega. Durante la crisis prebélica del Golfo entre 1990 y 1991, el ex presidente tomó parte también en los intentos de mediación ante el Gobierno irakí impulsados por varios antiguos estadistas de todo el mundo.

Ortega volvió a ser batido en las elecciones presidenciales del 20 de octubre de 1996, esta vez por el derechista Arnoldo Alemán Lacayo, líder del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y de la Alianza Liberal (AL), fuerzas pioneras en las censuras a Chamorro dentro de la extinta UNO y, por ende, muy hostiles al sandinismo. Alemán se adjudicó el 51% de los votos frente al 37,7% de Ortega, haciendo innecesaria la segunda vuelta. Esta vez, el jefe sandinista, que durante la campaña fue motejado de "gallo ennavajado" por los liberales, cuestionó el resultado alegando la comisión de irregularidades, pero el 23 de noviembre el Consejo Supremo Electoral certificó la victoria de Alemán, que pudo asumir su mandato quinquenal el 10 de enero de 1997. Por lo que respectó a las elecciones legislativas, el FSLN se reafirmó como la segunda fuerza parlamentaria con 37 escaños, cinco menos que la AL.

Ortega, confirmado en su escaño de diputado propietario en la Asamblea en tanto que candidato presidencial y a continuación designado jefe de la bancada sandinista, adoptó una posición muy beligerante frente al nuevo gobernante, que pretendía sacar adelante un ambicioso programa de reformas estructurales financiado por el FMI. La insuficiencia de los apoyos parlamentarios a su Gobierno aconsejó a Alemán ofertar a Ortega un diálogo nacional "sin agenda ni condiciones", y en particular una cooperación para resolver de una vez por todas el espinoso asunto de las propiedades expropiadas desde 1979, polémica que reactivó el aluvión de reclamaciones interpuestas por los antiguos propietarios en los tribunales de justicia.

Ahora bien, el antagonismo ideológico hizo muy difíciles estas relaciones. Los sandinistas acusaron al Alemán de fomentar la reaparición de las "dos Nicaraguas" con su determinación revisionista y de pretender destruir las conquistas sociales de la Revolución. Luego de organizar una importante movilización social y de enzarzarse en mutuas acusaciones de armar y entrenar a fuerzas paramilitares, el partido de Ortega consiguió a lo largo de 1997 parar buena parte de los proyectos de restitución de latifundios. Pese a las negociaciones entabladas, las partes no fueron capaces de llegar a un entendimiento y las relaciones entre Ortega y Alemán continuaron siendo tensas.

Sin embargo, en enero de 2000, inopinadamente, los dos dirigentes suscribieron un acuerdo político en aras de sendas reformas consensuadas de la Constitución y la Ley Electoral. Así, el FSLN y el PLC decidieron que el presidente saliente de la República adquiriese la condición de diputado por la legislatura entrante y que para proclamarse presidente en primera ronda electoral al candidato cabecero le bastase el 40% de los votos, frente al 45% requerido hasta ahora, o bien el 35% más una ventaja de cinco puntos porcentuales sobre el segundo candidato más votado. La reforma constitucional fue aprobada por la Asamblea en un tiempo récord, el 18 de enero y entró en vigor al día siguiente.

Multitud de comentaristas hablaron con tono de denuncia de un pacto bipartidista excluyente destinado, fundamentalmente, a preservar y reforzar las respectivas parcelas de poder en las instituciones del Estado y a satisfacer las ambiciones políticas de los cabezas de facción: las de Ortega, con la reforma electoral, y las de Alemán, con la modificación en la composición de la Asamblea. En efecto, al poco tiempo comenzaron unas renovaciones de personal en los organigramas de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la República que muy difícilmente podían dejar de ser calificadas de repartos de puestos para satisfacer los intereses corporativos de uno y otro colores políticos. La componenda entre el presidente y el líder de la oposición parecía tener una naturaleza eminentemente práctica e interesada, haciendo a un lado cualquier escrúpulo ideológico.

Este controvertido alarde de realpolitik, que consagró a Ortega como un político maniobrero y habilidoso perfectamente integrado en el sistema, no canceló, empero las zancadillas y las destemplanzas verbales. En realidad, no podía haber ninguna química personal entre los dos políticos más importantes del país. En noviembre de 2000 los dirigentes se enzarzaron en una guerra de insultos, con Ortega llamando a Alemán "bujoncito de barrio" y "chanchito con semilla", y éste a aquel "gallo desplumado".

En abril de 2001 el FSLN demandó a Alemán ante un juzgado managüense por injurias y calumnias en relación con unas declaraciones en las que el mandatario había relacionado a los sandinistas con los recientes asesinatos ocurridos en el norte del país por una misteriosa organización político-delictiva. En esta ocasión, el presidente invitó a Ortega a que se fuera de Nicaragua "porque está ocasionando mucho daño". El anterior titular del poder ejecutivo replicó a Alemán poniéndole de "deslenguado", "bárbaro" e "irresponsable", que "fomenta un clima de confrontación y violencia", y "ahuyenta las inversiones".

En un terreno más personal, a principios de marzo de 1998 a Ortega le estalló un desagradable escándalo cuando su hijastra Zoilamérica Narváez, una socióloga de 30 años y militante del FSLN que ejercía como directora del Centro de Estudios Internacionales de Managua (CEI), le acusó en una carta reproducida por los medios de comunicación de haberle infligido abusos sexuales y diversas agresiones físicas y psicológicas desde los once años hasta fecha reciente, vejaciones que describía con toda crudeza. El 5 de junio, Narváez presentó una denuncia formal contra su padre adoptivo ante el Juzgado I del Distrito del Crimen de Managua por los delitos de abusos deshonestos, violación y acoso sexual. Días después, la querellante solicitó a la Asamblea Nacional que desaforara a Ortega como diputado.

En el primer tramo del escabroso asunto, la defensa de la honorabilidad del ex presidente ante una estupefacta opinión pública fue asumida por su anciana madre, Lidia Saavedra (que iba a fallecer a la avanzada edad de 98 años en mayo de 2005), y por su compañera sentimental, Rosario Murillo, la madre biológica de la joven, que la había procreado con su anterior pareja, Jorge Narváez Parajón, ya fallecido, y con la que en septiembre de 2005 Ortega iba a contraer unas nupcias de renovación religiosa, en una ceremonia privada que ofició el mismísimo cardenal Obando y en la que registraron su unión civil. En 1998 las dos mujeres más allegadas a Ortega aseguraron que Narváez, que no rompió su filiación sandinista, estaba siendo manipulada por el escritor y disidente del FSLN Henry Petrie Bejarano con el único objeto de manchar el nombre de su antiguo superior político.

Ortega aceptó colaborar con las diligencias judiciales para negar las imputaciones de su hijastra e invocar su inmunidad parlamentaria. En poco tiempo, la querella se empantanó al estimar la magistrada que llevaba el caso que los hechos denunciados habían sido presuntamente cometidos sólo entre 1978 y 1982, con lo que los delitos habrían prescrito. En los meses siguientes, las cosas fueron aparejándose a favor de Ortega al abstenerse la Asamblea de debatir el levantamiento de su inmunidad y no llegar a mejor puerto la denuncia interpuesta por Narváez, en octubre de 1999, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Se hizo notar el desinterés del PLC y Alemán, pese a sus reproches iniciales, en rentabilizar políticamente el turbio asunto. Pero el caso Narváez estaba lejos de quedar zanjado.


8. Postura en torno a la reconversión ideológica del FSLN

La derrota electoral encajada en 1990, junto con los drásticos cambios acaecidos en la escena internacional, dieron alas a los militantes sandinistas, minoritarios no obstante, que demandaban la revisión del ideario del partido y una mayor democracia interna. Al cuestionamiento doctrinal se le unieron el malestar y la dispersión de parte de la militancia por la pérdida de puestos laborales en la función pública, ya que en la década de gobierno los cuadros orgánicos se habían solapado a la estructura administrativa del Estado. Las líneas de autoridad, hasta entonces muy verticales, se vieron menoscabadas desde las bases.

El I Congreso Nacional del FSLN, celebrado del 19 al 21 de julio de 1991, sirvió para poner orden en unas filas amenazadas de desperdigamiento, pero no introdujo medidas de democracia interna: a los 581 delegados presentes sólo les cupo ratificar la línea oficial del partido y la composición de la cúpula dirigente. Así, Ortega fue elegido casi por aclamación para el nuevo cargo de secretario general, mientras que en la nueva Dirección Nacional de nueve miembros revalidaron sus puestos otros seis ex comandantes y adquirieron membresía Ramírez y René Núñez Téllez para cubrir las bajas de Humberto Ortega y Carlos Núñez Téllez, fallecido en octubre de 1990 y hermano de René. Los congresistas hicieron una cierta autocrítica del anterior período de gobierno y aprobaron las tesis de Ortega de perfilar el ideario socialista del Frente, que en 1992 fue admitido en la Internacional Socialista en buena parte gracias a las relaciones personales que Ortega y Ramírez tenían con líderes de la socialdemocracia europea.

Precisamente, en torno a Ramírez se aglutinó el sector renovador del partido y para finales de 1993 el FSLN volvía a presentar un cuadro de corrientes de opinión enfrentadas. Por un lado, se articuló una facción en torno a la plataforma Izquierda Democrática Sandinista, impulsada por sindicalistas y militantes históricos resueltos a no transigir con los amagos fondomonetaristas del Gobierno de la UNO, y que en apariencia contaba con el respaldo de los hermanos Ortega y de Borge.

Por otro lado, surgió a la luz la plataforma Por un Sandinismo que vuelva a las Mayorías, que defendían Ramírez y Luis Carrión Cruz. Ampliamente divulgada por el diario Barricada, esta corriente postulaba la apertura ideológica hacia el centro del espectro político y una estrategia de concertación con el Ejecutivo que facilitaran un amplio consenso nacional en torno a los grandes problemas del país, donde la pobreza, la desnutrición infantil, la incidencia de enfermedades infecciosas y el subdesarrollo en su más amplia acepción seguían estando omnipresentes. Un número significativo de diputados sandinistas respaldó la propuesta renovadora, que en general caló entre intelectuales, empresarios, profesionales autónomos y otros exponentes de la clase media que se habían adherido al FSLN en 1979. En opinión de algunos observadores, una tercera facción se articuló en torno a Humberto Ortega, quien recalcó la necesidad de aliarse con los elementos progresistas del Gobierno de Chamorro.

La pugna entre renovadores y puristas se dirimió en el II Congreso Extraordinario, del 20 al 23 de mayo de 1994, en favor de los segundos. Ortega fue ratificado en su puesto y la Dirección Nacional fue ampliada a los 15 miembros, por primera vez con el voto directo y secreto de los congresistas, pero Ramírez fue excluido de la misma. La ortodoxia quedó preservada con la negativa a conferir rango orgánico a las distintas corrientes de opinión internas. Como consecuencia, el 10 de enero de 1995 Ramírez se dio de baja del partido y en mayo siguiente fundó su propia agrupación política, el Movimiento de Renovación Sandinista (MRS), de explícito ideario socialdemócrata. La crisis interna se ahondó en octubre de 1994 cuando el célebre Ernesto Cardenal Martínez, ex ministro de Cultura y sacerdote jesuita suspendido a divinis por el Vaticano por su defensa de la Teología de la Liberación, anunció su marcha también en protesta por el "caudillismo y la "corrupción" imperantes en el Frente.

La segunda derrota electoral y el escándalo desatado por su hija adoptada no dañaron el liderazgo de Ortega en el FSLN, que le reeligió como su secretario general en el II Congreso Nacional celebrado del 22 al 24 de mayo de 1998 con los votos de 418 de los 429 delegados participantes. Nadie salió a retarle, pese a que el partido continuaba afectado por profundas divisiones internas y los sectores renovadores venían exigiendo un cambio de trayectoria para no perder por tercera vez consecutiva unas votaciones generales. Ortega aseguró entonces que el Frente iba a buscar una "transformación" precisamente de cara a los comicios de noviembre de 2001, pero manteniendo el carácter socialista y antiimperialista de la agrupación. En la Comisión Ejecutiva fue renovado también como vicesecretario general el otro superviviente histórico, Borge, considerado un aliado de Ortega en la preservación de las esencias del sandinismo.


9. Una tercera apuesta presidencial fallida

A tenor de las encuestas de popularidad, Ortega sólo se benefició parcialmente del profundo descontento popular con las políticas económicas liberales de Alemán, el cual cristalizó en 1999 con una ola de protestas sindicales y disturbios callejeros. Pero el FSLN vislumbraba el regreso al poder, según se desprendía de los resultados de las elecciones municipales del 5 de noviembre de 2000, que otorgaron a la formación izquierdista las alcaldías de Managua, Granada, León y otras ciudades importantes, y que fueron el desencadenante del cruce de imprecaciones entre Ortega y Alemán antes comentado.

El 21 de enero de 2001 Ortega arrasó con el 71,8% de los votos en la consulta popular organizada por el partido para elegir sus candidatos a la Presidencia de la República y a la Asamblea Nacional, y el 24 y 25 de febrero el III Congreso Extraordinario le nominó por cuarta vez aspirante a aquella magistratura. A partir de ese momento, Ortega abandonó una década de inmovilismo ideológico y protagonizó un giro a la moderación en todos los sentidos, sabedor de que el empate técnico con el postulante del PLC, el empresario Enrique Bolaños Geyer, que avanzaban los sondeos podría decantarse en favor de éste a poco que se manifestara el voto del miedo en el segmento de electores del centro y la derecha por el recuerdo del intervencionismo económico y las levas militares de los años ochenta.

Por primera vez, el ex presidente desplazó de sus discursos la retórica revolucionaria (en los actos conmemorativos del vigésimo segundo aniversario de la Revolución rehusó presentarse a las concurrencias como el Comandante Daniel), trató de remover los temores de empresarios e inversionistas a una contracción de los flujos comerciales y financieros con Estados Unidos (cuya bandera llegó a ondear durante un mitin como gesto de reconciliación) o a un cuestionamiento de la propiedad privada bajo un gobierno del Frente, reconoció que entre 1979 y 1990 se había reprimido la libertad de expresión, y hasta escenificó su conversión religiosa en un templo evangélico con un ejercicio de "ayuno y oración".

La prensa nicaragüense comentó sorprendida la "mutación" de Daniel Ortega, pero Humberto Ortega terció con unas duras declaraciones en las que recriminaba a su hermano su desapego del ideario sandinista por razones de oportunismo electoral, llegando a vaticinar inestabilidad política y económica para el país si ganaba los comicios. El secretario general del FSLN salió al paso de estas acusaciones y reprochó al antiguo comandante en jefe del Ejército que se guiara desde 1990 "por unos intereses distintos de los del partido" y que renegara de los principios que motivaron la lucha contra el somocismo.

Durante la campaña electoral, un Ortega muy dulcificado escamoteó el rojo y el negro, los colores del sandinismo, por un rosa de regusto socialdemócrata que pretendía simbolizar el comedimiento, la honestidad y la fraternidad de todos los nicaragüenses. La propia sigla del FSLN perdió protagonismo en beneficio de la Convergencia Nacional, marca electoral concebida por Ortega para sumar adeptos a su plataforma pragmática y desideologizada. Su fichaje más sonado fue el de Antonio Lacayo, si bien la Convergencia no se constituyó como sujeto electoral, ya que las listas siguieron a nombre del FSLN. Haciendo hincapié en que un futuro mejor para todos los nicaragüenses aguardaba a la vuelta de la esquina, Ortega prometió crear 950.000 puestos de trabajo en los cinco años de ejercicio presidencial. Asimismo, ofreció un gobierno de unidad nacional con una importante representación del sector privado.

Justo al contrario, Bolaños, que como vicepresidente de la República con Alemán se había desenvuelto por unos cauces sosegados y de baja temperatura política, adoptó un tono beligerante que incidía en los desmanes cometidos por el régimen gobernante entre 1979 y 1990, y en los ataques personales a Ortega, al que pintó como un falso converso ideológico y pidió explicaciones por sus devaneos con personajes puestos en la picota como el cubano Castro, el venezolano Hugo Chávez, el irakí Saddam Hussein (al que había visitado en Bagdad dos veces desde que abandonó la Presidencia, en 1990 y 1993), el libio Muammar al-Gaddafi o el comandante Tirofijo de las FARC colombianas.

Ortega, sin entrar en este juego, se defendió pidiendo el voto en aras de la superación de un pasado de enfrentamientos ideológicos y apelando al respeto que merecían otros sistemas de gobierno a pesar de no alinearse con las tendencias internacionales mayoritarias. Los dos aspirantes llegaron al final de la campaña codo con codo en las encuestas, pero el 4 de noviembre Ortega, con el 42,3% de los sufragios, cayó derrotado ante Bolaños por nada menos que 14 puntos de diferencia. La elevadísima participación, que alcanzó el 90%, sin duda determinó este corrimiento de votos que los sondeos fueron incapaces de detectar.

El ex presidente, a diferencia de lo sucedido en 1996, fue rápido en reconocer los resultados y felicitar afectuosamente al vencedor. Claro que a Bolaños, que no representaba exactamente la continuidad del oficialismo saliente, no le aguardaba un cómodo ejercicio presidencial: los jefes de los dos grandes bloques parlamentarios, Alemán y Ortega, que merced a la reforma constitucional de 2000 tenían asegurado el escaño (el primero, por ser el presidente saliente, y el segundo, por ser el segundo candidato presidencial más votado) se aseguraron la llave que iba a permitir aprobar los presupuestos y sacar adelante las reprivatizaciones. El FSLN había elevado su representación a los 38 escaños, pero su capacidad de influir en los trabajos legislativos se antojaba más mermada porque el PLC había alcanzado una mayoría absoluta de 53 escaños

Ortega aseguró que el FSLN iba a colaborar desde la responsabilidad para la gobernabilidad del país, sumido en una pobreza cada vez más extendida y estructural, y expresó en amargos términos su convencimiento de que la situación internacional producida por la catástrofe terrorista del 11 de septiembre en Estados Unidos había jugado en su contra, ya que el "efecto bin Laden" (cuyas imágenes, al igual que las de Saddam Hussein, fueron maliciosamente mezcladas con las de Ortega en la propaganda del PLC) había levantado una ola de rechazo al terrorismo y el extremismo políticos que Bolaños, con sus hábiles insinuaciones e imputaciones, había dirigido letalmente contra él.

Además, la Administración estadounidense del republicano George Bush y los agentes económicos internacionales aventaron sin ningún disimulo su antipatía por Ortega no obstante los guiños conciliadores del opositor, hasta el punto de que el equipo sandinista habló de "campaña sucia" y de "injerencia". Tremendismos interesados contra Ortega aparte, un análisis compartido por muchos observadores era que el sandinismo seguía sin sacudirse de los lastres del pasado, aún vivos en la memoria de muchos nicaragüenses que no guardaban buen recuerdo de su etapa en el poder.


10. Protagonista de la crisis política nacional durante el quinquenio de Bolaños

Por el momento, el tercer fracaso presidencial consecutivo hizo mella en el FSLN, donde empezó a cuestionarse la idoneidad electoral de su líder y a barruntarse una crisis de liderazgo. Otro motivo de intranquilidad para Ortega se planteó en el ámbito privado, ya que días antes de los comicios, el 15 de octubre, la CIDH había decidido admitir a trámite la denuncia presentada por Zoilamérica Narváez contra el Estado nicaragüense por violación de su derecho como víctima a ser oída por un tribunal competente y a un juicio justo desde el momento en que el poder legislativo se abstuvo de tramitar su solicitud de levantamiento de la inmunidad del denunciado.

El 12 de diciembre de 2001 Ortega dio el paso de renunciar voluntariamente a su condición de aforado para poder defender su inocencia ante la juez titular del Distrito del Crimen de Managua, Juana Méndez, e insistió en que tras las alegaciones de Narváez había una operación para destruir su carrera política. Rosario Murillo se deshizo en denuestos a su hija, a la que llamó "mitómana enamorada del poder". Pero el 18 de diciembre la magistrada retiró los cargos de violación por considerarlos prescritos.

El sobreseimiento del caso fue valorado en términos muy negativos por los adversarios políticos de Ortega, que acusaron a Juana Méndez de parcialidad. La decisión judicial fue señalada también como una consecuencia del polémico pacto Ortega-Alemán del año 2000, cuyo principal objetivo no habría sido otro, aseguraban estos críticos, que garantizar la impunidad de los dos dirigentes: en el caso del sandinista, frente a la acusación de delincuente sexual; en el caso del liberal, quien ahora ostentaba la presidencia de la Asamblea Nacional, frente al tropel de denuncias de enriquecimiento ilícito de las que venían siendo objeto su entorno de allegados y él mismo, corruptelas que habrían alcanzado unas dimensiones gigantescas, de verdadero atraco a los caudales públicos. También manifestaron su repulsa al carpetazo judicial organizaciones de defensa de los derechos de la mujer y contra la violencia de género.

El desenlace favorable del caso Narváez marcó el inicio de una especie de renacimiento de Ortega en todos los ámbitos. El 17 de marzo de 2002 el III Congreso Nacional sandinista fue clausurado con la reelección por unanimidad del veterano dirigente como secretario general por otros cuatro años. El segundo de a bordo, Borge, también fue ratificado, y con él otras figuras históricas como René Núñez y el ex ministro de Exteriores y antiguo sacerdote Miguel D’Escoto Brockmann. El Congreso tuvo una lectura de continuidad, y su única novedad destacada consistió en la transformación orgánica de la ejecutiva con la sustitución de la Dirección Nacional por un Consejo Sandinista Nacional (CSN) aumentado a los 37 miembros: los 15 titulares elegidos por el Congreso (de los cuales cuatro eran debutantes), los 19 secretarios políticos departamentales y los coordinadores de la Juventud Sandinista, de la bancada en la Asamblea Nacional y de la bancada en el Parlamento Centroamericano (PARLACEN).

Ortega instó a sus camaradas a la reconciliación con los disidentes que habían ido abandonado el barco en la última década y se felicitó por la aprobación de un Programa y una Estrategia que incidían en la "lucha social" y la lucha también contra la corrupción, lo cual acercaba a los sandinistas "a las demandas diarias del pueblo". Un clamor y una furia populares que iba nutriendo el goteo de revelaciones sobre el volumen de dinero presuntamente robado a las cajas del Estado por Alemán, sus familiares y sus colaboradores en el quinquenio de 1997-2002. En agosto de 2002 el ex presidente fue formalmente acusado por el procurador penal nacional de lavado de dinero en perjuicio del Estado, malversación de caudales públicos, asociación para delinquir y proposición para cometer delito.

Mientras que el sector mayoritario del PLC se hacía una especie de haraquiri preelectoral con su defensa a capa y espada de la inmunidad parlamentaria de Alemán, quien por su parte adoptó una actitud muy agresiva y desafiante a pesar del peso abrumador de las pruebas en su contra, Ortega, tras algunas vacilaciones, optó por apoyar a la minoría liberal leal a Bolaños, que exigía el desafuero de su predecesor, y así desbloquear el sometimiento del imputado ante los tribunales de justicia. En septiembre de 2002 el grupo parlamentario sandinista votó a favor de la destitución de Alemán como presidente de la Asamblea. En octubre siguiente, el FSLN se convirtió en el gestor de la crisis política al ser el propio Bolaños, a la par que su vicepresidente, José Rizo Castellón, acusado por la Fiscalía General de violación de la ley electoral por un supuesto de ocultación de fondos para financiar la campaña del PLC en los pasados comicios generales. Ortega respaldó la iniciativa de la Fiscalía y manifestó: "La lucha contra la corrupción debe continuar de forma profunda, y, por lo tanto, sin excepciones ni negociaciones".

El desbarajuste político nicaragüense se agravó en el otoño de 2004, con Ortega encaramado a una posición más descollante que nunca, siendo ora elogiado por permitir un mínimo de gobernabilidad, ora criticado por contribuir a la parálisis del Ejecutivo. Una disparidad de valoraciones que ilustraba lo caótico de la situación, donde no se sabía muy bien quién pactaba con quién, sobre qué y por cuánto tiempo, con una nebulosa de chantajes, componendas y cambios oportunistas de opinión envolviendo a todos.

En octubre de 2004 la Contraloría General solicitó a la Asamblea la destitución de Bolaños por negarse a facilitar información sobre el origen de unos cuantos millones de dólares gastados en su campaña electoral de 2001. El presidente acusó al PLC, que ya se había declarado en oposición al Gobierno, y a Ortega, que a últimos de 2003 había reactivado su extraña alianza táctica con Alemán –no sin confesar sus dudas sobre la oportunidad de este nuevo "acuerdo nacional" bipartito, ya que el ex presidente le parecía un "tramposo" y un "marrullero"-, de hacer una pinza para obstaculizar a aprobación de los proyectos de ley del Ejecutivo y, en última instancia, para defenestrarlo a él. Ahora bien, el líder sandinista dio largas a la formación de una Comisión Especial parlamentaria para examinar la petición del contralor y dejó claro que su grupo no contemplaba la destitución.

A continuación, en noviembre, la alianza fáctica entre el FSLN y el PLC, que desde diciembre de 2003 tenía a su líder sirviendo una condena de 20 años de prisión como reo de corrupción, se manifestó a las claras al aprobar la Asamblea por 74 votos contra siete un paquete de enmiendas constitucionales que obligaba al presidente de la República a someter al Legislativo los nombramientos de los miembros del Gabinete y otras altas personalidades del Estado: en lo sucesivo, tales oficiales debían ser ratificados o podían ser vetados con una mayoría parlamentaria equivalente al 60% de los escaños.

La Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política de la República de Nicaragua fue ratificada en enero de 2005 y poco después vieron la luz sendas leyes para la creación de una Superintendencia de los Servicios Públicos (SISEP) y un Instituto de la Propiedad Reformada Urbana y Rural (INPRUR), dos organismos supeditado al Parlamento. No sólo Bolaños y sus escasos fieles pusieron el grito en el cielo. Por ejemplo, Sergio Ramírez, retirado de toda actividad política y dedicado a escribir, realizó cáusticos análisis de las tácticas políticas de Ortega y Alemán, a los que se refirió como "dos caudillos que manipulan las instituciones al propio gusto y según las necesidades de ambos".

El FSLN fue el gran triunfador en las elecciones locales del 7 de noviembre de 2004 al conquistar el 43,8% de los votos en todo el país y 83 de los 152 gobiernos municipales, entre ellos los de 13 de las 17 capitales departamentales. En Managua se impuso sin dificultad el candidato oficialista, Dionisio Marenco Gutiérrez, que se benefició de la gestión positiva de su conmilitón y alcalde saliente, Herty Lewites Rodríguez, un sandinista apartado del danielismo y con una destacada trayectoria de disidente que en 2000 había ganado el cargo de edil capitalino con el respaldo del MRS de Ramírez.

A comienzos de 2005, ante la creciente popularidad de Lewites, muy hostil a todo caso de corrupción sin importarle el partido al que perteneciera el corrupto de turno, y su demanda de celebrar unas elecciones primarias en el FSLN para la definición del postulante presidencial en 2006, la dirección del FSLN, férreamente controlada por el líder histórico, actuó de manera expeditiva: primero, el 26 de febrero, expulsó sin miramientos a Lewites del partido; luego, el 5 de marzo, celebró una sesión correspondiente al III Congreso Nacional en la que 800 delegados proclamaron por unanimidad la quinta postulación presidencial de Ortega. Próximo a cumplir los 60 años, el antiguo comandante revolucionario reclamó la validez del ideario "antiimperialista, anticapitalista y antioligárquico" del partido y con tono porfiado aseguró: "aquellos que pensaban que el FSLN había perdido su esencia ideológica, sus principios, pueden estar totalmente convencidos que el FSLN está más unido, fuerte y consciente que nunca en la historia como fuerza revolucionaria".

La reacción de Lewites fue, secundado por viejos militantes sandinistas y tres miembros de la dirección histórica del FSLN, Henry Ruiz, Luis Carrión y Víctor Tirado, poner en marcha el Movimiento por el Rescate del Sandinismo (MPRS). A su vez, el MRS rompió su alianza de un lustro de duración con el FSLN y endosó a Lewites como su candidato presidencial. El siguiente paso fue la creación por el MRS y el MPRS de la coalición Alianza Herty 2006.

El enfrentamiento entre Ortega y Bolaños continuó a lo largo de 2005, al ritmo de los intentos de los bloques sandinista y alemanista de desaforar al presidente y a otros miembros del Ejecutivo, como el ministro de Gobernación, Julio Vega Pasquier, y el viceministro de Agricultura, Mario Salvo Horvilleür, quienes efectivamente se vieron despojados de la inmunidad por la presunta comisión de delitos electorales durante la campaña electoral de 2001. La gravedad de la situación requirió la implicación de la Organización de Estados Americanos (OEA), pero Ortega acusó a la misión mediadora de parcialidad progubernamental.

El 14 de octubre, sin embargo, el jefe sandinista anunció la ruptura del Pacto con Alemán -quien desde agosto gozaba de un régimen de libertad condicional y limitada a la provincia de Managua tras conseguir zafarse de la cárcel e incluso del confinamiento domiciliario- porque el mismo "ya no tenía razón de existir". En concreto, el PLC exigía la aprobación por la Asamblea de una amnistía para su líder a cambio de su apoyo en una serie de acuerdos legislativos. En una reunión sostenida con Bolaños, Ortega aceptó posponer hasta el 20 de enero de 2007, es decir, hasta después de terminar la actual Administración, la aplicación de las enmiendas constitucionales dirigidas a recortar los poderes del presidente, que ya no podría emitir decretos ejecutivos en materia administrativa y que tendría que obtener la luz verde del Legislativo para sus nombramientos de altos cargos, así como de las leyes sobre el SISEP y el INPRUR. La denominada Ley Marco para la Estabilidad y Gobernabilidad del País, aprobada por la Asamblea el 19 de octubre, fijó en norma el nuevo pacto Ortega-Bolaños. La concesiones de Ortega al oficialismo permitieron rebajar la tensión política con las elecciones generales a un año vista.


11. Triunfo en las elecciones presidenciales de 2006

Para las elecciones del 5 de noviembre de 2006, Ortega, cuya candidatura los congresistas del partido ratificaron el 28 de mayo, adoptó una estrategia imaginativa que evocó las formas moderadas empleadas en la edición de 2001. Pero la plataforma proselitista de ahora, que tuvo a Rosario Murillo como principal diseñadora, mostró una mayor riqueza de matices, incorporando con pretensiones de armonía una serie de posicionamientos harto dispares.

Según un documento interno del partido sobre la estrategia de comunicación de la campaña que fue divulgado por la prensa nicaragüense, la oferta programática del Frente debía articularse como un "proyecto económico social más que político", en sintonía con "las necesidades apremiantes de la población". Al discurso y a la imaginería de la campaña, continuaba proponiendo el documento, les convenía ajustarse a una estrategia de "desandinización y desorteguización", recomendación que venía a reconocer el carácter polarizador de la figura de Ortega: aunque el FSLN podía beneficiarse del descrédito del liberalismo arnoldista, había un arco de electores muy amplio que jamás votaría al ex comandante y presidente.

De acuerdo con estos, el ex presidente enarboló de nuevo las banderas del pacifismo, el diálogo, la reconciliación y la concordia, volvió a esconder los colores y las divisas beligerantes del sandinismo, y atiborró sus discursos de referencias a Dios, prolongando la línea de connivencia espiritual con la Iglesia Católica que en el último bienio habían trazado su matrimonio religioso con Rosario Murillo y la petición de perdón del FSLN por el mal trato dado a algunos obispos durante la Revolución. Además, el 26 de octubre, en plena campaña electoral, los diputados del Frente, en una nueva convergencia con los sectores clericales y conservadores, hicieron posible la aprobación por la Asamblea de una reforma del Código Penal que tipificaba de nuevo como delito, derogando una ley permisiva vigente desde 1891, la práctica del aborto en cualquier circunstancia, incluidos los casos de violación y de riesgo para la vida de la madre. El ardiente planteamiento pro vida de Ortega y sus correligionarios suponía un giro de 180 grados con respecto a su anterior postura.

Para subrayar su mensaje no dogmático, Ortega escogió como compañero de fórmula para la Vicepresidencia a Jaime Morales Carazo, ex banquero prosomocista y portavoz de la Contra, ministro con Alemán, liberal a carta cabal y antigua víctima de las expropiaciones sandinistas; a mayor abundamiento, la vivienda de la familia Ortega en Managua no era sino una de las propiedades confiscadas a Morales, quien durante años había litigado infructuosamente para recuperarla.

Los mantras de la fraternidad y la reconciliación de los nicaragüenses los hilvanó Ortega con los mensajes propios de un partido de izquierdas. Así, expresó su preferencia por una economía mixta que otorgara plenas garantías jurídicas a la propiedad y la empresa privadas, pero que a la vez potenciara la "coinversión" productiva del Estado junto con el capital privado, nacional y foráneo, participación pública que se manifestaría sobre todo en servicios clave para la población, como la energía y las comunicaciones. La defensa de este modelo iba acompañada de una recia crítica a las privatizaciones acometidas por los gobiernos del liberalismo, que en opinión del Frente habían magnificado la corrupción y defraudado ingentes ingresos al erario público.

El programa del denominado Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN) apostaba por "revisar las políticas de ajuste estructural", ya que éstas, si bien habían "impulsado el crecimiento económico", al mismo tiempo habían generado "grandes desajustes" en el terreno social; en otras palabras, el crecimiento desaforado de la pobreza (el 78% de la población, al vivir con una renta diaria inferior a los dos dólares, la padecía, la mitad en sus formas más severas), el paro (el empleo y el subempleo daban una tasa conjunta del 46%) y la emigración (cerca de millón y medio de compatriotas residía en el extranjero, la mitad en Estados Unidos). Por lo demás, Nicaragua ostentaba la posición 120 en el Índice de Desarrollo Humano confeccionado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y, con una renta por habitante inferior a los 1.000 dólares, se trataba del país más pobre de América y del hemisferio occidental detrás de Haití. El reparto de sus magros recursos, procedentes sobre todo de las exportaciones agropecuarias, la cooperación internacional y las remesas de la emigración, era de los más desiguales del continente.

El GRUN, que encarnaba "una opción preferencial por los pobres", apostaba por pasar "de la dependencia externa a la soberanía nacional", y "del ajuste con pobreza al crecimiento con equidad", vislumbrando un escenario de desarrollo económico y humano que se fomentaría activamente mediante una "política masiva de créditos", capaz de aumentar la producción y de generar empleo. También, se conferiría un fuerte impulso al sistema público de salud, a la educación escolar y a las campañas de alfabetización. "Analfabetismo, cero; desempleo, cero; hambre, cero", proclamaba, optimista, el programa redactado por Ortega y sus camaradas.

En cuanto al Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, la República Dominicana y Estados Unidos (CAFTA), cuya ratificación parlamentaria en octubre de 2005 el FSLN había intentado impedir a golpe de protesta callejera, era aceptado en principio, pero tendría que ser renegociado para compensar a los productores locales perjudicados y en paralelo a la búsqueda de mercados alternativos en las áreas caribeña, sudamericana y asiática. Otros compromisos adquiridos por la formación opositora atañían a la seguridad ciudadana, la descentralización municipal, la sustanciación de la Autonomía de la Costa Caribe, la adopción de fórmulas de "democracia directa", como unas Asambleas de Poder Ciudadano, la protección del medio ambiente y la ejecución del proyecto, exorbitantemente oneroso pero con una rentabilidad potencial enorme, de construcción de un canal interoceánico, que funcionaría en paralelo al Canal de Panamá y que dinamizaría en grado superlativo la economía nacional.

El tercer elemento de la campaña electoral de Ortega y el FSLN, presente de manera explícita en el programa y motivo de fuerte controversia dentro y fuera de Nicaragua, era la cooperación con los países artífices de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), Venezuela y Cuba, con cuyos presidentes Ortega se codeó ostensiblemente este año electoral. El líder sandinista dio a entender que, de llegar a la Presidencia, metería a Nicaragua en ese marco de integración macrorregional de fuerte contenido político, social y solidario, concebido por Chávez para contrapesar y superar en alcance al proyecto del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), patrocinado por Estados Unidos, y de paso oponerse al FMI, el neoliberalismo –tachado por Ortega de "genocidio económico y social" en una entrevista publicada por Granma en enero-, la globalización y la urdimbre de tratados de libre comercio bilaterales entre Estados Unidos y varios países de América Latina.

El candidato presidencial no se detuvo a explicar la aparente contradicción que encerraba amistar con el ALBA y el proyecto continental chavista-bolivariano al tiempo que tendía la mano a Estados Unidos en pro de las más fructíferas relaciones comerciales y aceptaba el CAFTA. Claro que en el programa electoral se decía que el GRUN buscaría "promover y establecer las mejores y más respetuosas relaciones con todos los pueblos y gobiernos del mundo". Es decir, la política internacional estaría caracterizada por el pragmatismo en su sentido más amplio.

De todas maneras, Ortega no disimulaba sus simpatías y preferencias. Invocando los aspectos prácticos, a Nicaragua le convenía aproximarse al ALBA, argüía, para diversificar sus transacciones exteriores, beneficiarse con acuerdos de comercio justo e importar bienes a precios preferenciales. Es más, el FSLN ligaba de manera prácticamente exclusiva la realización de los prometidos saltos sanitario y educativo a la solidaridad cubana y venezolana; el primer país proporcionaría cuantiosos medios humanos (médicos especialistas y técnicos formadores), mientras que el segundo financiaría indirectamente las inversiones para construir hospitales y ampliar la red de atención en salud con sus exportaciones petroleras en condiciones de pago muy favorables. De hecho, Venezuela ya empezó a suministrar combustible barato a decenas de alcaldías del FSLN. Del Gobierno de Caracas, además, se esperaba una ayuda fundamental para la puesta en marcha de un sistema de créditos blandos orientados a los pequeños y medianos productores.

Los lazos personales entre Ortega y Chávez eran de lo más conspicuos. En agosto de 2005 el nicaragüense participó como invitado en una edición especial del programa televisivo Aló presidente que fue retransmitida desde La Habana. Ahora, en 2006, Ortega volvió a salir en un Aló presidente, en abril y desde Venezuela, ocasión en que recibió los deseos de victoria de su anfitrión, y a finales de mayo regresó a la capital cubana para asistir a la III Cumbre del ALBA, en la que Castro, Chávez y el nuevo presidente de Bolivia, el indígena socialista Evo Morales, suscribieron el Acuerdo para la Aplicación del ALBA y el Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP). De nuevo, Chávez dio su espaldarazo personal a un complacido Ortega.

El líder sandinista, con su estilo habitual, más bien apagado, desprovisto de una oratoria briosa y sin particular carisma, libró una campaña relajada, confiado –pese a la tradición de falibilidad de las encuestas preelectorales en Nicaragua- en la ventaja que le adjudicaban todos los sondeos. Sus perspectivas en las urnas eran óptimas desde el momento en que el liberalismo llegaba a las mismas irreversiblemente dividido. Así, el economista Eduardo Montealegre Rivas, ex banquero y ministro destacado de los gobiernos de Alemán y Bolaños, se había declarado en rebeldía en el seno del PLC y había arrastrado en su disidencia a un grupo de militantes descontentos con el férreo control que Alemán, un reo y convicto de la justicia, seguía ejerciendo sobre el partido, y contrarios también al pactismo entre Alemán y Ortega.

En 2005 Montealegre, tras ser expulsado del PLC, lanzó su apuesta presidencial, que a lo largo de los meses fue ganando las adhesiones de un rosario de formaciones de los arcos centro-derechista y liberal: el Partido Conservador (PC), el PLI, el Partido de la Resistencia Nicaragüense (PRN), el Movimiento de Salvación Liberal (MSL), la bolañista Alianza por la República (APRE), el Movimiento Democrático Nicaragüense (MDN), el Partido Social Conservador (PSOC) y el Partido Movimiento de Unidad Costeña (PAMUC). Todos estos partidos articularon la lista electoral Alianza Liberal Nicaragüense-Partido Conservador (ALN-PC), a la que el FSLN opuso una alianza forjada con el movimiento indígena Yatama, el Movimiento de Unidad Cristiana (MUC) y la Unión Demócrata Cristiana (UDC).

Montealegre contó con el apoyo explícito del Gobierno de Estados Unidos, cuya Embajada en Managua maniobró, infructuosamente, para que el liberalismo designara un candidato unitario y atizó sin pudor el sentimiento de miedo a la chavización de Nicaragua si Ortega se hacía con la Presidencia. En efecto, tanto en la Administración Bush como en la derecha nicaragüense cundía el temor a que el país centroamericano se convirtiera en otra ficha del tablero del eje neosocialista y comunista Caracas-La Habana, que acababa de incorporar a Bolivia con la victoria electoral de Evo Morales y que en junio estuvo a punto de hacer otro tanto con Perú, donde el candidato nacionalista Ollanta Humala no consiguió imponerse en la segunda vuelta de las presidenciales al socialdemócrata Alan García. El secretario estadounidense de Comercio, Carlos Gutiérrez, advirtió que un triunfo sandinista pondría en riesgo las relaciones bilaterales y ahuyentaría el comercio y la inversión.

En el campo de la izquierda, la súbita desaparición del popular Herty Lewites, muerto en julio, cuatro meses de las elecciones, a causa de un infarto, dejó a Ortega sin un peligroso rival que durante meses le había superado en los sondeos y que a buen seguro habría capturado voto sandinista. Ortega necesitaba imponerse en la primera vuelta, en la que debía sacar el 40% de los votos o bien el 35% más una diferencia de cinco puntos sobre su inmediato perseguidor, ya que no parecía factible que pudiera arañar muchos más votos en una segunda vuelta ante el rechazo que concitaba fuera del electorado del Frente.

El 5 de noviembre de 2006 Ortega ganó la Presidencia de la República para el período 2007-2012 con el 38,1% de los votos, derrotando a Montealegre (29%), a José Rizo Castellón por el PLC (26,5%), a Edmundo Jarquín Calderón, reemplazo del malogrado Lewites, por el MRS (6,4%), y al mítico, pero en estas lides testimonial, Edén Pastora, por Alternativa por el Cambio (0,3%). Paradójicamente, el sandinista era el ganador con un porcentaje de votos sensiblemente inferior a los cosechados en 1990 y 2001. En los comicios a la Asamblea, el FSLN, con 38 diputados, los mismos que tenía hasta ahora, se convirtió en la primera fuerza parlamentaria, pero no por méritos propios –de hecho, perdió votos-, sino por la división del campo liberal-conservador en dos bloques casi iguales. El Gobierno estadounidense intentó emborronar el triunfo de Ortega denunciando "anomalías", pero el Consejo Supremo Electoral y las misiones de observadores de la OEA, la Unión Europea y el Centro Carter no detectaron irregularidades susceptibles de ensombrecer la certificación democrática.

Incluso antes de ser proclamado vencedor al cabo de un lento escrutinio, Ortega se apresuró a tranquilizar a los operadores económicos y al Gobierno de Estados Unidos, que recibieron los mensajes de la estabilidad macroeconómica y la garantía para las inversiones. Empresarios, financieros, fuerzas políticas y el conjunto de la sociedad nicaragüense recibieron el llamado del presidente electo a "trabajar juntos para erradicar la pobreza", "darle seguridad al sector privado y a los inversionistas nacionales y extranjeros", y "desarrollar y mejorar las relaciones con toda la comunidad internacional".

El 10 de enero de 2007 una quincena de jefes de Estado y de Gobierno de América Central, el Caribe y América del Sur presenció la toma de posesión de Ortega, que a la edad de 61 recibió la banda presidencial por segunda vez en su vida 17 años después de portarla por última vez. Con este hito, el nicaragüense seguía la estela de otros veteranos estadistas regionales que, como el peruano Alan García y el costarricense Óscar Arias, viejos colegas de mandato en los años ochenta del pasado siglo, acababan de regresar a las jefaturas de los ejecutivos de sus países.

Tras la ceremonia de investidura, realizada en la Plaza de los No Alineados Omar Torrijos, frente al edificio de la Asamblea Nacional, y en la que estuvo presente Arnoldo Alemán, el flamante presidente y su esposa, la desde ahora primera dama Rosario Murillo, se desplazaron a la Plaza de la Fe Juan Pablo II. Allí, flanqueado por unos jubilosos Chávez y Morales, Ortega dirigió un acto que fue a la vez de celebración popular y de confraternización ideológica, con homenajes al ausente Castro y coros a favor del socialismo y en contra de imperialismo.

En su encendido discurso a los miles de simpatizantes congregados, Ortega arremetió contra el neoliberalismo y el "capitalismo salvaje", se comprometió a darle batalla a la pobreza, denunció la privatización del sector eléctrico, que no había subsanado el grave problema de los cortes de energía y, lo más importante, anunció la incorporación de Nicaragua al ALBA, arranque de una nueva era de cooperación con Venezuela cuyos frutos llegaban ya mismo, con la inmediata entrega por el país sudamericano de las primeras plantas generadoras de electricidad, en apoyo al plan de emergencia del GRUN para solucionar el déficit energético. La ayuda bolivariana abarcaba también la lucha contra el hambre y la desnutrición infantil, el apoyo a la creación de cooperativas populares y la puesta en marcha de programas de desarrollo en salud, educación e infraestructuras. Como guinda al desembarco de la ayuda venezolana, Chávez anunció la condonación de la deuda bilateral de Nicaragua, que ascendía a 33 millones de dólares.

En los días posteriores a su asunción, Ortega anunció el establecimiento con Cuba de "relaciones diplomáticas plenas" en los ámbitos "diplomático, comercial y político", recortó drásticamente su salario presidencial y los salarios de los miembros del Gabinete, decretó la puesta en marcha de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), restableció, pese a la falta de recursos, la gratuidad de los servicios de salud y educación, y recibió en visita oficial al presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, con el que firmó varios acuerdos de cooperación e inversión. Asimismo, la Asamblea decidió prorrogar hasta el 20 de enero de 2008 la vigencia de la Ley Marco de 2005, luego los poderes presidenciales de Ortega, a recortar por la Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política de la República, quedaban intactos por el momento. Por otro lado, Rosario Murillo, prefigurada como una primera dama de lo más influyente, fue nombrada coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía.

(Cobertura informativa hasta 1/3/2007)