Ricardo Maduro Joest

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Datos relevantes

Actualización: 6 de Junio de 2011
Crédito fotográfico: © Secretaría General de la OEA/Juan Manuel Herrera
Ricardo Rodolfo Maduro Joest

Honduras

Presidente de la República

Duración del mandato: 27 de Enero de 2002 - 27 de Enero de 2006

Nacimiento: Provincia de Panamá, Panamá , 20 de Abril de 1946

Partido político: PNH

Profesión: Empresario

Crédito fotográfico: © Secretaría General de la OEA/Juan Manuel Herrera

Resumen

En noviembre de 2001, luego de dos presidencias consecutivas del Partido Liberal, ganó las elecciones presidenciales en Honduras el candidato del conservador Partido Nacional, cuya principal divisa era la lucha contra la ola de criminalidad que estaba asolando el país, lacra de la que él era víctima preclara por haber sufrido el asesinato de su hijo a manos de unos secuestradores en 1997. Ejemplo de político-empresario de mentalidad pro-mercado -un perfil habitual en la región centroamericana-, Maduro combatió con resultados dudosos la violencia de las bandas juveniles, las temibles maras, y obtuvo éxitos más visibles en la estabilización de la economía y la reducción de la deuda externa, pero dejó intacto el problema de una pobreza de enorme magnitud. De puertas afuera, adhirió a Honduras al CAFTA y despachó tropas al Irak. En enero de 2006 finalizó su mandato cuatrienal, tomándole el relevo el liberal Manuel Zelaya.

Biografía

1. Un próspero empresario aupado a la dirigencia del Partido Nacional
2. Aspirante presidencial con un programa de lucha contra la delincuencia
3. Un cuatrienio de gobierno dominado por la violencia de las maras
4. Economía y política exterior: la reducción de la deuda, el CAFTA e Irak
5. Transmisión del mando al liberal Zelaya


1. Un próspero empresario aupado a la dirigencia del Partido Nacional

Según su biografía oficial, Ricardo Maduro nació en Panamá, de padre panameño y de madre nacionalizada hondureña, aunque nativa de Guatemala. Toda vez que la Constitución de 1982 establece (artículo 238) que para ser presidente de la República hay que ser "hondureño de nacimiento", la controversia estuvo asegurada antes, durante y después del año electoral de 2001. Una polémica que no consiguió zanjar la comisión especial de juristas nombrada un año antes de las votaciones para estudiar el caso; este panel, basándose en unos razonamientos un tanto alambicados, resolvió que Maduro era de nacionalidad hondureña, y que lo era de nacimiento.

La argumentación de la comisión especial se resumía como sigue. En virtud de la legislación vigente en cada ocasión y en cada país involucrado, la madre, María Cristina Joest Midence (a su vez, hija de un inmigrante alemán y de una hondureña perteneciente a una influyente familia nacional de financieros, que entre otras actuaciones había promovido el Banco emisor de Honduras), era hondureña de nacimiento en aplicación del derecho de sangre, aun cuando no solicitó expresamente adquirir esa nacionalidad hasta 1980. Al convertirse en ciudadana hondureña a todos los efectos, su hijo Ricardo, que por aquel entonces ya contaba con 34 años de edad, adquirió automáticamente la nacionalidad hondureña por nacimiento, también por derecho de sangre.

La confusión la alimentaba también el hecho de que Maduro, repitiendo la parsimonia de su madre, no tramitó su registro formal como nacional hondureño hasta 1981, aunque a efectos jurídicos ello fuera irrelevante. Eso, por lo que se refería al derecho hondureño, ya que según el derecho vigente en Panamá, el entonces precandidato presidencial era sin lugar a dudas un ciudadano panameño, conformándose un caso, perfectamente legal, de doble nacionalidad.

Maduro vino al mundo en el país del istmo porque de allí era oriundo y tenía la actividad profesional su padre, Osmond Levy Maduro Cardoze, miembro de una familia de empresarios y políticos panameños cuyos ancestros eran judíos holandeses emigrados al continente americano. A finales de los años cuarenta, estando aún el niño sin escolarizar por su corta edad, el matrimonio Maduro-Joest se movió a Honduras y fijó la residencia familiar en Tegucigalpa. El futuro presidente realizó los estudios primarios en la capital antes de ser enviado por su progenitor a Estados Unidos, concretamente a Pennsylvania, para cursar la secundaria. Maduro prolongó su estancia en el país norteamericano hasta obtener en 1969 la licenciatura en Economía por la Universidad californiana de Stanford, a la que añadió una cualificación de posgrado en Ingeniería Industrial. Tantos años de formación en Estados Unidos le permitieron aprender el inglés como si fuera otro idioma innato.

De vuelta a Honduras, emprendió una boyante carrera empresarial en el sector privado. Fue gerente general de la delegación en Honduras de la compañía de fotocopiado Xerox, director ejecutivo de Inversiones la Paz y, finalmente, patrón de sus propios negocios, hasta conformar a comienzos de los años ochenta un emporio familiar que en el momento de su postulación presidencial incluía la importación de equipos de consumo, el comercio en los ramos de la alimentación y la automoción, y la acuicultura de camarones, sin descuidar las inversiones en proyectos turísticos e inmobiliarios. En 1983 la Cámara de Comercio Hondureño-Americana (HAMCHAM) le distinguió como Empresario del Año en reconocimiento a su trayectoria innovadora, y en 1997 Gerentes y Empresarios Asociados de Honduras (GEMAH), una institución dedicada a la capacitación de recursos humanos de empresas, le otorgó el premio Boris Goldstein.

Maduro arrancó en las filas del Partido Nacional de Honduras (PNH) una actividad política de relieve en torno a 1984, rigiendo la administración presidencial de Roberto Suazo Córdoba, primer presidente democrático tras una década de dictaduras castrenses y perteneciente al Partido Liberal de Honduras (PLH), adversario inveterado del anterior, si bien ambos partidos compartían intereses oligárquicos y cultivaban por igual el clientelismo político. El PNH era una fuerza conservadora, de larga tradición promilitar y con un pasado autoritario, que había gobernado directa o indirectamente durante buena parte de la historia reciente del país, aunque ahora se encontraba en la oposición. El empresario irrumpió en el PNH articulando la corriente interna Unidad y Cambio, con el propósito declarado de renovar las estructuras de una formación que durante muchos años había exhibido actitudes de la derecha más reaccionaria.

La facción de Maduro se afianzó con rapidez en el PNH, imbuyéndolo de pragmatismo proempresarial y consiguiendo que uno de los suyos, el técnico agrónomo y ex ministro Rafael Leonardo Callejas Romero, fuera seleccionado para contestar a los liberales en las urnas. El empresario dirigió las campañas presidenciales de Callejas de noviembre de 1985 y noviembre de 1989; en la primera convocatoria resultó vencedor José Simón Azcona Hoyo; pero en la segunda, Callejas se impuso a Carlos Roberto Flores Facussé, de manera que el 27 de enero de 1990 el candidato nacionalista estrenó para el partido la primera Presidencia desde el efímero ejercicio de Ramón Ernesto Cruz Uclés entre 1971 y 1972.

El flamante mandatario retribuyó a su eficiente colaborador nombrándole presidente del Banco Central de Honduras (BCH) y coordinador del Gabinete Económico de la Presidencia. Defensor del libre mercado y de las desregulaciones gratas al modelo neoliberal, Maduro fue el encargado de diseñar y luego de supervisar las medidas cambiarias y fiscales decididas por el Gobierno en aras del ajuste estructural de la economía que demandaba el FMI.

La profunda devaluación de la moneda nacional, el lempira, la liberalización de los precios, la reducción de los gastos del Gobierno y los despidos en el sector público tuvieron un reflejo discreto en las variables macroeconómicas, pero las implicaciones sociales fueron extremadamente negativas en un país relegado a la condición de tercero más depauperado de América tras Haití y Nicaragua, además de desencadenar una fuerte contestación sindical. Al finalizar el cuatrienio, la pobreza iba a golpear a cerca del 70% de la población, mientras que el 33% iba a encontrarse desempleada o subempleada.

En las elecciones generales del 28 de noviembre de 1993 el candidato nacionalista, José Oswaldo Ramos Soto, un antiguo presidente de la Corte Suprema de Justicia, fue fácilmente batido por el liberal Carlos Roberto Reina Idiáquez. La derrota del oficialismo reflejó el profundo malestar que las reformas liberales habían generado en la población, además de que agravó en el PNH la división interna ya aflorada antes de los comicios. Los nacionalistas volvieron a tropezar cuatro años después con la candidatura de Alba Nora Gúnera de Melgar, alcaldesa de Tegucigalpa cuando la Administración de Callejas y viuda del dictador militar Juan Alberto Melgar Castro (1975-1978), esta vez frente a Flores Facussé, que se tomó así la revancha de su derrota de 1989.

En la antesala electoral de 1993 Maduro hubo de aparcar su propósito de conquistar el mandato de diputado nacional a petición de Callejas, que quería mantenerle al frente del BCH, aunque el presidente no puso impedimento a su inscripción para los comicios al Parlamento Centroamericano (Parlacén), donde sí obtuvo el escaño. Tras el cambio de Gobierno en enero de 1994, regresó a sus negocios empresariales y dentro del PNH se desempeñó como primer vocal de su supremo órgano dirigente, el Comité Central (CCPN).


2. Aspirante presidencial con un programa de lucha contra la delincuencia

La muerte el 1 noviembre de 1998 del respetado alcalde de Tegucigalpa, César Castellanos Madrid, al estrellarse el helicóptero desde el que inspeccionaba la devastación causada en el Distrito Central por el huracán Mitch a su paso por América Central, quien entonces se perfilaba como el aglutinador de las distintas facciones del nacionalismo y como el precandidato cabecero de cara a las presidenciales de 2001, dejó un hueco que Maduro accedió a ocupar. El 4 de agosto de 1999 el empresario anunció su decisión de presentarse a las primarias del PNH, y las encuestas rápidamente le colocaron, con amplia diferencia sobre sus contrincantes, a la cabeza de los presidenciables.

Esta muestra de la popularidad y la respetabilidad de que gozaba Maduro tenía mucho que ver con la tragedia personal que le había tocado vivir dos años atrás: el 23 de abril de 1997 su hijo Ricardo Ernesto, de 25 años y regente de la cadena de supermercados que la familia tenía en San Pedro Sula, había sido tiroteado, gravemente herido y raptado por unos delincuentes cuando conducía su vehículo en compañía de un guardaespaldas en las proximidades de esta ciudad sita a 165 km al norte de Tegucigalpa. El doloroso incidente habría podido terminar con el secuestrado liberado a cambio de un suculento rescate, que llegó a ser reclamado a la familia y que la Policía cuantificó en tres millones de lempiras, al cambio 235.000 dólares; sin embargo, dos días más tarde, el cadáver de Ricardo Ernesto Maduro, muerto seguramente por los disparos que le habían efectuado durante el asalto, fue encontrado en una zona próxima a Choloma, en el departamento de Cortés.

El país entero se solidarizó con Maduro, que había implorado a los secuestradores (la banda de los hermanos Padilla, posteriormente desarticulada) el respeto a la vida de su hijo, y el funeral del joven se convirtió en una masiva manifestación de duelo e indignación populares por el último episodio de una ola de delincuencia que, en forma de atracos, secuestros, robos de vehículos, asaltos callejeros y crímenes no esclarecidos, asolaba por igual a pobres y a ricos. La familia erigió luego la Fundación para la Educación Ricardo Ernesto Maduro Andréu (FEREMA), que, con el lema educar para vivir, se ha centrado hasta el día de hoy en la promoción de estudios sobre la situación de la enseñanza en Honduras, donde una cuarta parte de la población es analfabeta. Maduro padre, al que le quedaban las otras tres hijas -Cecilia, Carolina y Lorena- fruto de los 25 años de matrimonio con la salvadoreña Miriam Andreu, de la que se había divorciado en 1996, presidió esta fundación consagrada a la memoria de su infortunado hijo hasta que entró en la carrera presidencial.

El 24 de mayo de 2000 la plataforma de Maduro, Arriba Honduras, se registró para concurrir en la elección primaria que el PNH debía celebrar a finales de año. Pero en ese momento, su principal preocupación radicaba en la ofensiva que el oficialismo liberal, con el ex presidente Reina Idiáquez y su hermano Jorge Arturo a la cabeza, dirigía contra su precandidatura con la tesis de que no era hondureño de nacimiento. La cuestión acaloró extraordinariamente el debate político y puso a prueba los cauces de la democracia hondureña para el desenvolvimiento del juego partidista.

A instancias del presidente Flores, el 3 de noviembre de 2000 los principales líderes del PLH, el PNH -incluido Maduro-, el Partido Demócrata Cristiano de Honduras (PDCH) y el Partido Innovación y Unidad-Social Democracia (PINU) firmaron un "acuerdo patriótico" para el establecimiento de una comisión especial de juristas que dictaminara sobre la nacionalidad del precandidato liberal. El 30 de noviembre dicha comisión resolvió, con los argumentos precisados arriba, que Maduro poseía efectivamente la nacionalidad hondureña por nacimiento y que por tanto cumplía con los requisitos constitucionales para ser presidente de la República.

Maduro delegó en su jefe de campaña, Luis Cosenza Jiménez, la conducción de Arriba Honduras a la espera de que el Tribunal Nacional de Elecciones (TNE) tomara en consideración el dictamen jurídico y le permitiera inscribirse. En las primarias nacionalistas del 17 de diciembre Cosenza arrasó a sus tres rivales, Héctor René Fonseca, por Patria Nueva, Elías Asfura, por Avance, y Carlos Kattán Salem, por Nueva Estrella. El 12 de marzo de 2001 la mayoría liberal del Congreso aprobó una lectura constitucional que validaba la aspiración de Maduro y al día siguiente el TNE aceptó la renuncia de Cosenza e inscribió al primero como ganador de las primarias nacionalistas. De inmediato, la Convención Nacional del partido aclamó formalmente a Maduro como su candidato a la presidencia de la nación y de paso le eligió presidente del CCPN, donde tomó el relevo a Porfirio Lobo Sosa, al que reclutó para su plataforma.

Durante la campaña electoral, Maduro se destacó en su perfil de economista competente, bilingüe y con perspectiva internacional, capaz de vender Honduras hacia el exterior y de atraer inversiones para los sectores del turismo y el ensamblaje industrial, las maquiladoras, así como de atender con un conocimiento de primera mano las necesidades del microempresariado nacional.

El aspirante nacionalista propuso un gobierno que sentara las bases de una "verdadera transformación nacional" y presentó un programa que incluía las siguientes metas: la participación pública y la toma de responsabilidades por la ciudadanía como medios para controlar el poder estatal y fortalecer la democracia; la apertura de las instituciones a la sociedad; la descentralización administrativa; la estabilidad macroeconómica; la competitividad y la productividad como fórmulas impostergables para insertar a Honduras en las tendencias globalistas; y, la prioridad de las necesidades sociales, si bien en este capítulo, por lo demás de obligada inclusión en un país que presentaba una larga serie de déficits de desarrollo humano y agudos desequilibrios en la distribución de la renta nacional, Maduro fue menos explícito, con excepción del ámbito educativo, donde sin duda hizo su aportación intelectual la FEREMA.

Aunque ferviente partidario de la apertura económica y del rigor financiero, Maduro señaló que Honduras debía recibir un tratamiento asimétrico del FMI, que instaba a la reconversión de los sectores bancario, energético y de las telecomunicaciones, amén del servicio civil y el sistema tributario, unida a una cautelosa política de salarios. Y esto debía ser así, estimaba el candidato, para no dañar la frágil estructura productiva del país, ampliamente basada en las exportaciones agrícolas, en especial el banano y el café, que a su vez eran tremendamente vulnerables frente a los desastres naturales.

El opositor consideró factible alcanzar un crecimiento económico del 7% anual, lo que supondría mejorar en un punto la tasa registrada en 2000 y en tres puntos y medio la de 2001, y rebajar el déficit fiscal del 7,5% al 3%. Esta apuesta por el crecimiento se antojaba harto optimista, a menos que cambiara radicalmente una coyuntura poco propicia en la que se combinaban los bajos precios del café, el descenso de la producción agroalimentaria como consecuencia de una pertinaz sequía y la deceleración del ritmo de expansión de las maquiladoras.

La necesidad que tenía el Estado de aumentar sus ingresos resultaba imperiosa desde el momento en que el servicio de los 5.100 millones de dólares de deuda externa requería cada año desembolsos equivalentes a un quinto del exiguo producto nacional, que andaba por los 18.000 millones de dólares. Con todo, se tenían depositadas fundadas esperanzas de alivio deudor en el marco fondomonetarista de la Iniciativa para los Países Pobres Altamente Endeudados (PPAE/HIPC), que condicionaba la concesión de condonaciones parciales de deuda a la aplicación de reformas estructurales, al mantenimiento de una estabilidad macroeconómica, y a la adopción y puesta en práctica de una Estrategia de Lucha contra la Pobreza (plan que ya había elaborado el Gobierno de Flores).

Pero los temas estrella del programa de Maduro eran la corrupción y la inseguridad de las personas y las propiedades, para cuyo tratamiento el empresario ofrecía credibilidad por su imagen de honestidad y por haber padecido en sus carnes los estragos de la delincuencia. Estas cuestiones conformaron el eje de la campaña, y ahí Maduro, con su plan de "tolerancia cero" con la inmunidad legal de los corruptos y con la impunidad de los criminales comunes, supo contactar con un electorado para el que el principal problema del país era, por delante de la endémica precariedad socioeconómica, el flagelo del crimen organizado. Maduro razonó que sin resolver el gravísimo problema de la inseguridad interna no habría posibilidades para el desarrollo y la prosperidad.

Ahora bien, el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH) lamentó que los programas electorales del PNH y el PLH no pusieran el mismo énfasis en la denuncia de un subfenómeno violento tanto o más dramático como era el asesinato, sólo en los dos últimos años, de cerca de un millar de niños y adolescentes callejeros por verdaderos escuadrones de la muerte que estaban claramente conectados con fuerzas y cuerpos de seguridad tanto privados como públicos. En agosto de 2001 la relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Asma Jahangir, corroboró las denuncias de la CODEH y puso el dedo en la llaga de una matanza silenciosa que debía analizarse separadamente de los desmanes criminales cometidos por las temibles maras o pandillas de delincuentes juveniles, que tanto sembraban el terror arbitrario por su cuenta como cometían delitos de cierta envergadura por encargo del crimen organizado y bandas de narcotraficantes.

El candidato oficialista, Rafael Pineda Ponce, un educador de 70 años de extracción rural y actual presidente del Congreso, no acertó a replicar los eslóganes de su contrincante del PNH, de regusto populista pero acertados desde la perspectiva de la campaña, como el de que había que "terminar con la fiesta de los delincuentes", ni a capitalizar la relativamente buena nota sacada por el presidente saliente por su actuación durante la emergencia nacional provocada por el Mitch. En opinión de los observadores, los liberales se desacreditaron con su agresivo intento de apartar de los comicios a Maduro, a quien más bien convirtieron en un mártir.

De esta manera, el 25 de noviembre de 2001 Maduro se alzó con la victoria con el 52,2% de los votos; Pineda obtuvo el 44,2% y los otros tres candidatos de los partidos minoritarios que tradicionalmente se han disputado las migajas dejadas por los partidos hegemónicos, apenas sumaron el 4%. En las legislativas, el PNH obtuvo 61 de los 128 diputados del Congreso Nacional, esto es, mayoría simple. El 27 de enero de 2002 Maduro tomó posesión como sexto presidente constitucional de Honduras y como el segundo nacionalista desde la restauración de la democracia en 1982, en una ceremonia a la que asistieron los mandatarios de Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Belice. Los líderes centroamericanos aprovecharon para sostener una reunión en la Acrópolis maya de Copán, de la que salió una declaración sobre la estabilidad política, el crecimiento económico y la promoción del desarrollo humano en la región.


3. Un cuatrienio de gobierno dominado por la violencia de las maras

El flamante jefe del Estado se puso a trabajar de inmediato para llevar a la práctica su principal divisa electoral. A los pocos días, la Presidencia ya pudo dar cuenta de resultados espectaculares, esperando acallar a quienes habían tachado de demagógicas las promesas de campaña: el 8 de febrero la Policía se incautó del formidable arsenal, incluidos lanzacohetes, que escondía una banda de secuestradores y atracadores que operaba en coordinación con los cárteles de la droga de México y Colombia, y que tenía su base de operaciones en Lempira, cerca de la frontera salvadoreña. Al capturado jefe de la organización, el salvadoreño José Benedicto Villanueva Ortiz, se le imputó nada menos que un frustrado plan para asesinar a Maduro el 25 de enero en San Pedro Sula, aprovechando su venida a la ciudad para presenciar la toma de posesión del nuevo alcalde.

Este éxito inicial alentó al Ministerio de Seguridad Pública, encabezado por Óscar Álvarez Guerrero, para aplicarse en la persecución de las maras, aunque muy pronto quedaron en evidencia lo limitado de los medios policiales del Gobierno y la fortaleza y osadía de los delincuentes. En junio de 2002 el país quedó conmocionado con el asesinado por unos secuestradores, a pesar de cobrar a la familia un copioso rescate, de Reginaldo Panting, quien fuera ministro liberal en los Gobiernos de Azcona y Flores, y que actualmente servía a su partido como diputado.

El 7 de agosto de 2003 el Congreso, donde el oficialismo gozaba de mayoría absoluta merced al pacto de legislatura sellado el 23 de mayo de 1992 por el PNH y el PDCH, aprobó un instrumento legal con el que el Ejecutivo esperaba obtener resultados inmediatos en este frente de lucha, la denominada ley anti-maras, que suponía un drástico endurecimiento del Código Penal: en adelante, cualquier integrante de una de estas pandillas podía ser detenido, juzgado y encarcelado a penas de entre 5 y 12 años de prisión, dependiendo de si era un jefe o sólo un miembro, por el mero hecho de pertenecer a las mismas, no sobre la base de delitos habituales probados. Tomando como referencia los tatuajes empleados por los pandilleros para distinguir su condición, la Policía lanzó una vasta redada que sin embargo produjo dos efectos perniciosos.

Por un lado, las detenciones masivas de mareros multiplicaron la población carcelaria y aumentaron el riesgo de estallido de sangrientos motines y enfrentamientos entre reclusos de bandas rivales, como el que en abril de 2003 devastó la Granja Penal El Porvernir, próxima a La Ceiba, donde 70 reos perecieron víctimas de los disparos o de las llamas en unas circunstancias que no quedaron del todo esclarecidas. Un año después de esta tragedia, en mayo de 2004, un incendio declarado en el Centro Penal de San Pedro Sula mató a 104 internos, todos miembros de la misma banda, la poderosa Mara Salvatrucha, que junto con su mortal enemiga, la Mara 18, integraba, según los poderes públicos, a más de 100.000 jóvenes, cifra inaudita en un país de siete millones de habitantes. Aunque las autoridades insistieron en que la matanza había sido puramente accidental, a raíz de un fuego iniciado en una de las celdas de la saturada prisión, los familiares de los muertos manifestaron sus sospechas de una "acción de exterminio" causada por los celadores, por acción o por omisión.

Por otro lado, las propias maras desafiaron al Gobierno con actos de salvajismo gratuito, como el asesinato indiscriminado de pasajeros de autobuses de transporte urbano, tomados al asalto por comandos de pistoleros que disparaban contra los ocupantes a quemarropa. La peor de estas atrocidades, que dejó 28 cadáveres, sin distinción de edad o de sexo, y a otras tantas personas hospitalizadas con heridas de diversa consideración, tuvo lugar en San Pedro Sula el 23 de diciembre de 2004, sólo tres días después de que Maduro, en una alocución presidencial sin precedentes, revelara que él y su familia habían recibido amenazas de muerte de grupos criminales de dentro y fuera de Honduras, y que ya se habían tomado las medidas oportunas para garantizar su seguridad. Ahora, el mandatario volvió a comparecer ante la horrorizada ciudadanía para condenar un "hecho de barbarie y cobardía" que constituía un "ataque contra todos los hondureños", y para prometer el castigo de los responsables. La Policía acusó del crimen múltiple a la Mara Salvatrucha y, en efecto, las confesiones de personas detenidas y llevadas ante la justicia confirmaron ese punto ulteriormente.

La masacre de San Pedro Sula propició un acalorado debate político sobre la oportunidad y necesidad de endurecer aún más el Código Penal, para castigar a los jefes de las maras con penas de hasta 30 años de cárcel e incluso restablecer la pena de muerte –derogada en 1946- para los condenados por delitos de extrema gravedad. El principal abogado de unas medidas que de hecho traslucían sensación de impotencia era el presidente del Congreso y precandidato presidencial del PNH, Porfirio Lobo. La declaración de guerra lanzada por Maduro contra las maras consiguió reducir su presencia y desafueros a la luz del día. Pero llegado el final del cuatrienio, la impresión general era que el poder de estas bandas no estaba quebrado en absoluto, y que las fechorías de los distintos gremios del delito, tras algún reflujo pasajero, habían recobrado la omnipresencia de antes.


4. Economía y política exterior: la reducción de la deuda, el CAFTA e Irak

Una cierta atonía caracterizó la actividad económica hondureña en los dos primeros años de la presidencia de Maduro, que sólo a partir de 2004, con una tasa anual del 5%, seguida del 4,2% registrado de 2005, pudo acercarse, aunque no cumplir, el desmesurado objetivo de crecimiento formulado en la campaña electoral. A esta notable mejora contribuyeron el robustecimiento de la industria de la maquila y las exportaciones agropecuarias, y en menor medida el turismo. La inflación repuntó en 2004 debido al encarecimiento del petróleo –que obligó al Gobierno a decretar alzas en los precios de los combustibles-, pero en 2005 volvió a situarse por debajo del 8%, una tasa, con todo, lo suficientemente elevada como para causar mucho quebranto al bolsillo del hondureño promedio, cuyo poder adquisitivo ya estaba muy constreñido.

El mandatario, acusado frecuentemente de entregar la gestión de la economía a un equipo de corte tecnocrático y de retraer su liderazgo político en este terreno, antepuso a la lucha activa contra la pobreza la estabilidad macroeconómica y la reducción de la deuda externa. La segunda actuación estaba íntimamente vinculada a la liberación de dicha carga, pero, al menos sobre el papel, también lo estaba la primera. Así, el FMI aceptó conceder nuevos beneficios a Honduras dentro de su Iniciativa para la Reducción de la Deuda de los PPAE a cambio de una vigorosa disminución del déficit presupuestario mediante el incremento de los recursos fiscales y la reducción de la masa salarial de los empleados del sector público.

El ajuste aplicado por el Gobierno concitó el rechazo y la movilización de los sindicatos y las organizaciones sociales, que imputaron el déficit a otras causas, como las desgravaciones y exenciones fiscales para los empresarios y los desembolsos destinados a paliar las pérdidas de los ahorradores ante la quiebra de varios bancos privados. La evasión fiscal estaba a la orden del día y de hecho era el trasfondo de varios escándalos de corrupción que afloraron en el período presidencial, como el gasolinazo y el pasaportazo, dos vastas tramas de tráfico de combustibles y pasaportes mantenidas por funcionarios corruptos que lucraron a empresarios sin escrúpulos y que ocasionaron grandes pérdidas económicas al Estado.

Para el Ejecutivo, podar el déficit público era prioritario. Aquí, la promesa electoral, combinando un aumento de la recaudación y una restricción del gasto, fue satisfecha con creces: en 2005 las autoridades económicas y monetarias anunciaron a bombo y platillo que el desequilibrio contable se había reducido al 2,7%. El FMI, otros organismos crediticios internacionales y los gobiernos acreedores reunidos en el Club de París premiaron este esfuerzo con sucesivas condonaciones de tramos de deuda: de su suma se desprendía que el 64% de la deuda externa hondureña había sido liquidada. En febrero de 2004 Tegucigalpa suscribió con el FMI un programa trienal en virtud del Servicio para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza (PGRF, en su sigla en inglés). Sin embargo, las partes parecieron poner más énfasis en el primer objetivo, de relativamente fácil consecución a corto plazo, que en el segundo, que planteaba rebajar la pobreza hasta el 40% en 2015, conforme a las denominadas Metas del Milenio.

El otro logro que llenó de satisfacción a Maduro fue la participación de Honduras en el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica, Estados Unidos y la República Dominicana (CAFTA-RD). El 28 de mayo de 2004 el ministro de Industria y Comercio, Norman García, se unió en Washington a sus colegas representantes de Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Costa Rica para la firma de un acuerdo de desarme arancelario multisectorial -agricultura, industria alimentaria, inversiones, servicios y propiedad intelectual- que el Congreso hondureño, respondiendo al llamado del presidente, ratificó con presteza el 3 de marzo de 2005 con el voto afirmativo de 100 legisladores, aunque en medio de una fenomenal trifulca causada por trabajadores del sector público que exigían mejoras salariales.

Como en los demás países de la región, numerosos colectivos de la sociedad civil manifestaron su rechazo al CAFTA, o por lo menos a determinados mecanismos del mismo, por temor a que la apertura a la libre competencia de la pequeña y mediana empresa agrícola y manufacturera tuviera sobre la producción local unos efectos nocivos que las previsibles inversiones foráneas generadoras de empleo y subcontratas, sobre todo en el sector de la maquila, no conseguirían compensar. Sin embargo, en Honduras, Maduro tenía a su favor el respaldo al tratado por el principal partido de la oposición, el PLH, y la inexistencia de un partido de izquierda importante capaz de movilizar un repudio popular que de todas maneras estuvo lejos de alcanzar la magnitud observada en naciones vecinas como Costa Rica y El Salvador.

Dos meses después de emitir el Parlamento hondureño la preceptiva luz verde al CAFTA, defendido por Maduro como un excelente instrumento que traería crecimiento y riqueza para todos, el presidente viajó junto con sus homólogos centroamericanos y de la República Dominicana a Estados Unidos para, haciendo causa común con su anfitrión, George W. Bush, animar a los congresistas y senadores de la superpotencia norteña, quienes mostraban reticencias bajo la influencia de grupos económicos de presión nacionales, a ratificar el tratado, permitiendo así a éste entrar en vigor.

Las excelentes relaciones entre las administraciones de Maduro y Bush se cimentaron en una decisión de calado del mandatario hondureño, obedientemente validada por el Congreso, como fue el envío en agosto de 2003 al Irak ocupado de un contingente de 370 soldados para nutrir, junto con fuerzas de España, El Salvador, Nicaragua y la República Dominicana, la Brigada Plus Ultra, comandada por España y a su vez integrada en la División Multinacional Centro-Sur, cuyo mando Estados Unidos adjudicó a Polonia. Los brigadistas se desplegaron en la provincia meridional de Najaf, considerada entonces de bajo riesgo, y en los nueve meses en que contribuyeron a velar por la seguridad local no tuvieron que lamentar ninguna baja.

La participación del Ejército hondureño en una costosa misión internacional que hasta octubre careció de una legitimidad precisa emanada del Consejo de Seguridad de la ONU y desarrollando labores, según el presidente, de "preservación de la paz, salvaguarda de los Derechos Humanos, reconstrucción y ayuda humanitaria", encerraba un valor fundamentalmente diplomático, ya que permitía subrayar la cooperación con Estados Unidos en un terreno complicado e ingrato, y la implicación del país centroamericano, en la medida de sus limitadas posibilidades, en la campaña global de Washington contra la doble amenaza que representaban el terrorismo islamista y la proliferación de armas de destrucción masiva. Sin embargo, la misión no gozó de popularidad: los sondeos periodísticos mostraron que una mayoría de hondureños pensaba que a su empobrecido país nada se le había perdido en Irak y que el Gobierno se había doblegado ante una exigencia de Estados Unidos.

Maduro ordenó al Ministerio de Defensa el "retorno inmediato y en el menor tiempo posible" de los soldados hondureños destacados en Irak el 19 de abril de 2004, un día después de que el nuevo presidente del Gobierno español, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, anunciara la repatriación de los 1.300 soldados de esta nacionalidad. La llamativa concatenación entre lo decidido en Madrid y Tegucigalpa levantó un cascada de interrogantes, obligando a Maduro a aclarar, aunque sin resultar convincente, que el mandato de la misión aprobado por el Congreso fijaba el mes de julio como fecha de expiración, y que en modo alguno había pesado en su decisión el cambio de actitud del Gobierno de España.

De todas maneras, la Casa Blanca estaba satisfecha. No por casualidad, en junio de 2005 Honduras fue el primer país del hemisferio en firmar con Estados Unidos un convenio dentro del programa Cuenta del Reto del Milenio (Millennium Challenge Account), que en su caso suponía la recepción en los próximos cinco años de 215 millones de dólares en inversiones para mejorar las infraestructuras viales, diversificar la producción agrícola y mejorar la competitividad del sector.

Por lo que se refiere al multilateralismo centroamericano, Maduro fue el anfitrión de varias cumbres presidenciales. El 18 de marzo de 2003 los mandatarios suscribieron en Roatán, Islas de la Bahía, una declaración de respaldo al CAFTA, entonces en fase de negociación, por, entre otras razones, parecerles el mejor mecanismo para combatir la pobreza. 2005 fue un año de especial protagonismo para Maduro al tocarle organizar cuatro encuentros de alto nivel, todos en Tegucigalpa: una reunión extraordinaria de gobernantes del Sistema de la Integración Económica Centroamericana (SICA), el 1 de febrero; una segunda reunión de este ámbito y también extraordinaria, que estuvo centrada en la discusión de la coordinación de políticas contra las maras (un fenómeno extendido a todos los países del istmo), el 1 de abril; la VII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla Gutiérrez, con la incorporación de México, el 29 de junio; y, a remolque de la anterior cita, la XXVI Reunión Ordinaria del SICA, el 30 de junio.


5. Transmisión del mando al liberal Zelaya

Las elecciones generales del 27 de noviembre de 2005 se celebraron dentro de un marco jurídico modificado por una serie de reformas votadas por el Congreso en septiembre de 2003 y mayo de 2004, luego del pacto alcanzado en 2001 por los cinco partidos con representación parlamentaria. La nueva normativa electoral retrasó la celebración de las elecciones primarias de los partidos hasta el 20 de febrero de 2005 –acortando, por tanto, la duración de la precampaña-, transformó el Tribunal Nacional de Elecciones (TNE) en un Tribunal Supremo Electoral (TSE) teóricamente despolitizado, desvinculó el Registro Nacional de Personas (RNP) de la anterior institución y codificó el plebiscito y el referéndum como instrumentos de consulta popular.

Este paquete de medidas destinado a perfeccionar los mecanismos de la democracia hondureña no aseguró, empero, el correcto desarrollo de la segunda fase de unos comicios a los que el candidato del Gobierno y nuevo presidente del CCPN, Lobo Sosa, llegó agitando la bandera del favorito que los sondeos demoscópicos, engañosamente, le habían adjudicado. Una vez cerradas las urnas, inopinadamente, el aspirante del PLH, José Manuel Zelaya Rosales, se declaró ganador sobre la base de los resultados ampliamente favorables que le concedía un sondeo a pie de urna.

Las únicas cifras que valían eran las del TSE, pero la institución, fracasando clamorosamente a las primeras de cambio, tardó casi un mes en escrutar el 100% de las papeletas, tiempo en el cual realizó prematuras proclamaciones de victoria de Zelaya y confundió a la opinión pública con incomprensibles chapuzas de carácter técnico. En cuanto a su supuesta independencia política, quedó seriamente cuestionada desde el momento en que cundió la sensación de que se había plegado a ralentizar el conteo para permitir ciertas componendas secretas entre el PNH y el PLH. Maduro, que en la jornada electoral había exhortado a los hondureños a votar "con confianza absoluta", recibió duros reproches de Zelaya por negarse a reconocerle como presidente electo.

El 7 de diciembre, con el 10% de las papeletas todavía pendiente de computar, Lobo, en un súbito cambio de actitud, reconoció su derrota. Hasta el 23 de diciembre el TSE no publicó los resultados finales: Zelaya se llevaba la Presidencia con el 49,9% de los sufragios, seguido de Lobo con el 46,2%. El 27 de enero de 2006, regresado el país a la normalidad y ultimado el proceso de transferencia institucional, Maduro entregó la banda blanquiazul al nuevo titular del Congreso, Roberto Micheletti Bain, quien a su vez se la colocó a Zelaya.

Para Maduro, el final del cuatrienio como presidente de Honduras coincidió con la conclusión también de los algo más de tres años de matrimonio con la española nacionalizada hondureña Aguas Santas Ocaña Navarro, escribiendo el último capítulo de una relación sentimental que había hecho correr ríos de tinta y hecho de ella un personaje enormemente popular, superando en estima a la suscitada por su esposo, quien se despidió de la jefatura del Estado con unos índices de aprobación bastante discretos, aunque no del todo reprobatorios.

Nacida en 1963 en la provincia de Sevilla, educada en la Universidad Complutense de Madrid y diplomática de carrera en la plantilla del Ministerio de Asuntos Exteriores español, Ocaña conoció a Maduro en una fiesta en octubre de 2001, cuando él libraba la campaña presidencial y ella fungía de canciller de la Embajada de España en Tegucigalpa. El idilio surgió con trazas de flechazo, pero aquel fue puesto a prueba cuando Ocaña fue destinada al puesto de cónsul en Nápoles.

El 20 de junio de 2002, ya instalado en la Presidencia, Maduro, a escondidas y anulando su esperada asistencia en Granada, Nicaragua, a la XXI cumbre ordinaria del SICA (en su lugar acudió el vicepresidente Vicente Williams Agasse), voló desde Roatán a la ciudad italiana para reunirse con su amada. Durante una semana el país tuvo a su presidente en paradero desconocido, y al regresar de su furtiva escapada Maduro afrontó un alud de críticas. El mandatario reconoció su "error" por haber ocultado a la opinión pública el viaje a Italia y al poco anunció sus nupcias con Ocaña, las cuales acaecieron el 10 de octubre en Tegucigalpa. La boda y el convite tuvieron un carácter familiar y privado, aunque también la lógica repercusión social. Maduro era el primer presidente de Honduras que rompía su soltería en el ejercicio de sus funciones.

Ocaña se convirtió en una primera dama extremadamente mediática por su físico llamativo (alta, esbelta y con una larga melena rubia), su porte elegante y refinado, y su carácter abierto y empático, pero sobre todo porque desarrolló una intensa labor social, auspiciando el programa Cero Niños en las Calles (que se volcó en la recogida -a veces personalmente por la sevillana, acudiendo a los barrios al volante de su vehículo- de niños vagabundos para cobijarlos en albergues), repartiendo entre los indigentes ayuda conseguida de numerosos donantes nacionales y foráneos, y escuchando las penas de madres solteras. Lo que no la hizo inmune ante las acusaciones de que su hiperactividad, más que caritativa, propia de una ONG, aun siendo sincera, ponía una fachada efectista útil al Ejecutivo de su esposo, que así desviaría recriminaciones por no hacer gran cosa a la hora de reducir las bolsas de pobreza y subdesarrollo.

Ella, sin embargo, no se prodigó en alabanzas progubernamentales y de hecho no dudó en denunciar cuantas anomalías detectaba en el terreno de la asistencia social. Así, acusó a una organización estadounidense de participar en una presunta trama de venta de niños por Internet a parejas desesperadas por adoptar. Predicando con el ejemplo, ella misma, conjuntamente con Maduro, adoptó legalmente a cinco menores huérfanos y procedentes de familias desvertebradas y sumidas en la miseria, Leidy Jackeline, Kevin Josué, Francis, Joan y Jackie.

En julio de 2003 los hondureños asistieron a la exteriorización de una tormenta conyugal que de paso alcanzó ribetes de escándalo político. Inesperadamente, Ocaña acudió a los medios para decir que le parecía un "error" la presencia en el Gabinete, desde la toma de posesión en enero de 2002, como ministra de Cultura, Artes y Deportes de Mireya Batres Mejía, quien se trataba de una antigua novia con la que Maduro había mantenido relaciones inmediatamente antes de conocerla a ella. Con tono de despecho, la primera dama recriminaba a Batres por estar poco menos que acosándola y por continuar en un puesto que "por vergüenza" debió haber rechazado en su momento. La peripecia se caldeó con la reacción enojada del padre de la interpelada, César Augusto Batres Gaelano, antiguo ministro de Relaciones Exteriores, quien dimitió como asesor presidencial, y, ya en agosto, con la abrupta marcha de Honduras de la todavía ciudadana española –hasta 2004 no solicitó y obtuvo la doble nacionalidad-, quien permaneció en su país natal por una temporada.

La exhibición de celos de Ocaña no cayó en saco roto: en enero de 2004 Batres, después de negar que tuviera la intención de arrojar la toalla, presentó la dimisión, aunque no sin convocar una rueda de prensa y de divulgar a los medios una carta pública dirigida a Maduro en la que acusaba al presidente de haberla descolgado de la lista de invitados a un acto institucional celebrado recientemente, y a Ocaña de ser la instigadora de ese veto. Seguidamente, Maduro terció en la polémica para reconocer que había sido un "error" meter a su ex novia en el Gobierno; sin embargo, daba el asunto por zanjado, máxime porque el Ministerio de Cultura, Artes y Deportes quedaba suprimido en virtud a una remodelación gubernamental anunciada de antemano.

En mayo de 2005 Ocaña reconoció a una cadena local de radio que existían problemas en su matrimonio, aunque no tan graves como para "pensar en una separación". El mentís se produjo en medio de insistentes rumores sobre una seria crisis conyugal. Al parecer, Ocaña estaba dolida por la asistencia de Batres a la boda de su hijastra Cecilia, en tanto que ella, por respeto a la madre de la novia, Miriam Andreu, había declinado la invitación cursada por la familia. La relación sentimental entre Maduro y Ocaña registró su epílogo el 25 de enero de 2006, tan sólo dos días antes de abandonar él la Presidencia, con la publicación por la revista ¡Hola! de una entrevista en la que ella confirmaba que la separación matrimonial era un hecho y que el divorcio era inevitable. Maduro no ocultó su malestar porque la disolución de su matrimonio trascendiera en vísperas de la entrega del poder.

Producida ésta, Ocaña se marchó junto con sus hijos adoptivos a Nicaragua, donde tenía previsto abrir la sede una ONG dedicada a rescatar niños de la calle. Maduro puso un punto y aparte a su carrera política para retomar la dirección ejecutiva de la empresa Inversiones la Paz y desarrollar actividades en la fundación FEREMA. En abril siguiente, mientras el divorcio de Ocaña estaba en trámite, se divulgó que Maduro mantenía un romance con la italiana Francesca Hanh Firovanti.

(Cobertura informativa hasta 1/1/2007)