Manuel Zelaya Rosales

Compartir:

Datos relevantes

Actualización: 6 de Junio de 2011
Crédito fotográfico: © UN Photo/Evan Schneider
José Manuel Zelaya Rosales

Honduras

Presidente de la República

Duración del mandato: 27 de Enero de 2006 - 28 de Junio de 2009

Nacimiento: Catacamas, departamento de Olancho , 20 de Septiembre de 1952

Partido político: PLH

Profesión: Empresario agropecuario

Crédito fotográfico: © UN Photo/Evan Schneider

Resumen

En enero de 2006 arrancó en Honduras la presidencia del empresario agropecuario Manuel Zelaya, popularmente llamado Mel, del centroderechista Partido Liberal, con cuatro años por delante para cumplir las promesas de combatir la delincuencia de las maras, la pobreza y la corrupción. Una vez en el poder, el mandatario protagonizó un inesperado viraje: entró en tratos petroleros con el venezolano Chávez, se declaró de izquierdas, se alejó de Washington y metió a Honduras en el ALBA. Su siguiente proyecto, abrir un proceso constituyente, terminó de enemistarle con los poderes tradicionales del país –políticos conservadores, empresarios, judicatura-, quienes, con la complicidad del Ejército, le acusaron de querer cambiar la ley para renovar su mandato y declararon ilegal su encuesta-consulta del 28 de junio de 2009. Ese día, los militares depusieron a Zelaya y el Congreso eligió para sustituirle al también liberal Roberto Micheletti.

Durante meses, primero desde Nicaragua y luego refugiado en la Embajada brasileña en Tegucigalpa, Zelaya luchó por conseguir su restitución, confiado en el reconocimiento de su legitimidad por la comunidad internacional y en el firme apoyo de los gobiernos latinoamericanos de izquierda, pero la condescendencia de la OEA y Estados Unidos con un golpe de Estado consumado y el fracaso de las negociaciones directas con Micheletti por la irreductibilidad del gobernante de facto terminaron haciéndole perder la partida. El 27 de enero de 2010, en la compleción de su mandato electoral, Zelaya se exilió en la República Dominicana, dejando atrás un país profundamente dividido, nada más asumir el presidente salido de las elecciones generales de noviembre, Porfirio Lobo, del derechista Partido Nacional.

Biografía

1. Un empresario agropecuario con raíces conservadoras
2. Primera experiencia gubernamental en las administraciones de Reina y Flores
3. Aspirante presidencial del Partido Liberal
4. Victoria en 2005 frente al postulante del Gobierno nacionalista
5. Los desafíos y actuaciones de la primera parte del mandato
6. Un giro diplomático inesperado: la adhesión a la América Bolivariana
7. La crisis nacional de 2009: plan de reforma constitucional y expulsión golpista del poder
8. Un pulso fracasado con el Gobierno de facto de Micheletti
9. Vicisitudes en el exilio


1. Un empresario agropecuario con raíces conservadoras

El mayor de los cuatro hijos tenidos por el terrateniente de Olancho Manuel Zelaya Ordóñez, penúltimo eslabón de una familia con ancestro vasco que desde el siglo XVIII ha dado a Honduras un buen número de notables en los ámbitos de la política, la judicatura, la milicia y la literatura, y la señora Hortensia Rosales Sarmiento, recibió la educación escolar en los colegios Niño de Jesús de Praga y Luis Landa, y en el Instituto Salesiano San Miguel, en Tegucigalpa, donde terminó el bachillerato. Emprendió la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), pero en el cuarto curso abandonó la facultad para dedicarse por completo a las actividades empresariales en el sector agroforestal, no llegando a obtener el título universitario.

En junio de 1975, recién llegado al poder, por vía golpista, el Gobierno de facto del general Juan Alberto Melgar Castro, los Zelaya se vieron envueltos en un luctuoso suceso que a don Manuel le acarreó un período de detención por su presunta implicación en el mismo: los asesinatos por hombres armados, aparentemente sicarios enviados por los terratenientes de la zona, y en el término de la finca Los Horcones, una propiedad de la familia en el valle de Lepaguare, de dos sacerdotes, estadounidense uno y colombiano el otro, y 13 activistas campesinos que participaban en una marcha de protesta por la represión militar en el departamento de Olancho y en demanda de tierras. Pese a las sospechosas circunstancia de la masacre, la familia Zelaya defendió con vehemencia, y ha seguido defendiendo hasta el día de hoy, su más completa inocencia y su nula relación con aquellos crímenes, alegando que fue una desgraciada casualidad que los asesinos dejaran los cuerpos de sus víctimas en terrenos de su propiedad.

Llamado por la familia Melito para diferenciarle de su padre tocayo, Mel, cuyo apelativo heredó de adulto y popularizó en su carrera política, Zelaya dedicó las décadas de los setenta y los ochenta a cimentar sus negocios madereros y ganaderos, hasta convertirse en 1987 en directivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y en presidente de uno de los gremios integrados en esta confederación patronal, la Asociación Nacional de Empresas Transformadoras de la Madera (ANETRAMA). En enero de 1976 contrajo matrimonio con la joven Xiomara Castro Sarmiento, natural de Tegucigalpa; la pareja fundó su hogar en la Catacamas natal de él y tuvo cuatro hijos, dos chicas y dos chicos.

Afiliado al Partido Liberal de Honduras (PLH) desde 1970, Zelaya empezó a desarrollar en sus filas labores orgánicas y representativas hacia 1980, como coordinador de organización y consejero departamental en Olancho, y más tarde en los departamentos también orientales de Gracias a Dios y Colón. Adscrito, continuando con la filiación de su padre, al Movimiento Liberal Rodista (MLR), entonces la facción dominante en el PLH, de planteamientos conservadores y defensora del retorno a la democracia civil pero manteniendo unas relaciones deferentes con los militares, se situó, por consiguiente, en la órbita del dirigente Roberto Suazo Córdova, ganador de las elecciones presidenciales de noviembre de 1981, primeras en una década.

Posteriormente, Zelaya se pasó al Movimiento Azconista, una nueva facción del PLH en el poder que tomaba su nombre del ingeniero José Simón Azcona Hoyo, quien en 1983 abandonó el Gobierno y rompió con el MLR por la negativa de Suazo a respaldar su precandidatura presidencial. En noviembre de 1985 Azcona ganó las elecciones presidenciales y Zelaya obtuvo su primer mandato como diputado por Olancho en el Congreso Nacional, donde le fue encomendada las presidencias de las comisiones legislativas de Recursos Naturales y Petróleo, funciones a las que en 1987 sumó la de secretario de la Junta Directiva de la Cámara. En los comicios de noviembre de 1989 renovó su escaño por otra legislatura, que ahora ejerció como diputado de la oposición al Ejecutivo de Rafael Leonardo Callejas Romero, del derechista Partido Nacional de Honduras (PNH).


2. Primera experiencia gubernamental en las administraciones de Reina y Flores

Reelegido congresista por Olancho por segunda vez en noviembre de 1993, Zelaya volvió a mudar sus lealtades internas en el liberalismo; en esta ocasión, se orilló a la facción del jurista Carlos Roberto Reina Idiáquez, cabeza del sector más progresista, orientado al centroizquierda, del PLH. Con la asunción presidencial de Reina en enero de 1994, el empresario renunció a sus puestos en la patronal hondureña y estrenó su primer cometido en la administración del Estado, como director ejecutivo del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), cargo que tenía rango ministerial.

Como responsable del FHIS, Zelaya ejecutó los programas gubernamentales de promoción social, lucha contra la pobreza y descentralización de las administraciones locales. Aunque vertió críticas a las condiciones impuestas por el FMI para acceder a una línea de crédito, censuras que hizo extensibles al ajuste liberal decidido por Reina, el hecho fue que estableció un diálogo fructífero con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los cuales financiaron los proyectos del FHIS y alabaron la gestión de su director-ministro. Designado vicepresidente de la Red Social de América Latina y el Caribe (REDLAC) en 1996, en las elecciones generales de noviembre del año siguiente salió elegido diputado por Francisco Morazán y en enero de 1998 el nuevo presidente liberal, el empresario y economista Carlos Roberto Flores Facussé, le confirmó en el Gabinete.

La catástrofe provocada por el paso del huracán Mitch en octubre de 1998 complicó extraordinariamente el trabajo social de Zelaya, cuya condición de hombre de confianza de Flores quedó de manifiesto al ser nombrado asesor del Gabinete Especial de Reconstrucción Nacional, activado por el presidente en noviembre para reparar las devastaciones causadas por la inclemencia climática. Aquel año tomó asiento también en el Foro Nacional de Convergencia (FONAC), un marco en el que representantes del Estado y de la sociedad civil debatían con espíritu de consenso sobre diversas políticas nacionales.

En junio de 1999 Zelaya se dio de baja en el Ejecutivo y el Congreso para trabajar su precandidatura de cara a la elección interna del candidato presidencial del PLH en las elecciones de 2001, retomando de paso la actividad empresarial privada. Dentro del partido asumió la Secretaría de Organización y Propaganda del Consejo Central Ejecutivo y articuló su propia facción y plataforma, el Movimiento Esperanza Liberal, etiqueta buscada a propósito para que la sigla resultante, MEL, coincidiera con el nombre familiar por el que todo el mundo le conocía.

Las ambiciones presidenciales de Zelaya fueron frenadas en seco el 3 de diciembre de 2000, al ser su precandidatura ampliamente derrotada por la del septuagenario Rafael Pineda Ponce, el presidente del Congreso Nacional y adscrito a la facción liberal del Florismo, quien doce meses después de ganar la nominación liberal perdió frente al nacionalista Ricardo Rodolfo Maduro Joest en la liza presidencial.


3. Aspirante presidencial del Partido Liberal

En los cuatro años siguientes, Zelaya prolongó su doble faceta de empresario privado, dedicado a la explotación agropecuaria de sus posesiones en Olancho, y de político cimero del PLH. Bajo el estandarte del Poder Ciudadano, volvió a presentarse a las primarias del liberalismo el 20 de febrero de 2005 y esta vez se llevó la candidatura en una interna que enfrentó a ocho precandidatos, siendo sus contrincantes más potentes Jaime Rosenthal Oliva, que ya iba por su cuarto intento en estas lides, y Gabriela Núñez de Reyes, de la facción Movimiento Nueva Mayoría. Receptora del 52,5% de los votos, la candidatura de Zelaya fue proclamada por la Convención Extraordinaria que el PLH celebró en Tegucigalpa el 28 y el 29 de mayo. Allí se escenificó el cierre de filas con Mel de todos los líderes, sin faltar Rosenthal, Núñez y Pineda Ponce, y corrientes del liberalismo.

Impulsada por los eslóganes Poder Ciudadano es seguridad, sin odios ni muerte, Poder Ciudadano es transparencia y, el más aventado, Urge el cambio, urge Mel, Zelaya, que forzosamente llamaba la atención con sus casi 190 centímetros de estatura, su espeso mostacho negro, su sombrero de ala ancha y sus botas de vaquero –componiendo una estampa, por cierto, similar a la cultivada por el mexicano Vicente Fox cuando las elecciones presidenciales de 2000 en el vecino país del norte- desarrolló una campaña electoral colorista en la que explotó una imagen amable de ranchero desenfadado, sin pelos en la lengua, temeroso de Dios y amante de los caballos y de tocar la guitarra, que supuestamente estaría desapegado del establishment político tradicional y que presumía de honesto a carta cabal. Quien proclamaba que "mi negocio es ser honrado", aseguró que, de llegar al poder, sus ministros y él mismo tendrían que acudir a sus despachos en autobús urbano, ya que no había derecho a que "un país tan pobre como Honduras, con una deuda social rezagada, tenga los lujos con los que viven los gobernantes de ahora".

Orador limitado y con una línea mediática un tanto tornadiza, pero indudablemente carismático, Zelaya presentó un programa basado en promesas convencionales y en el concepto motriz del "poder ciudadano", que para él significaba un compromiso personal de satisfacer las demandas ciudadanas de democracia participativa, reformas políticas y "mano firme" contra la corrupción, demandas que la sociedad civil podría articular y comunicar al Gobierno a través de unas mesas comunitarias de composición totalmente plural. Uno de los grandes fracasos imputados a la Administración de Maduro, la omnipresencia de las maras o bandas juveniles organizadas, temidas protagonistas de la grave situación de violencia común e inseguridad ciudadana que afligía al país, daría paso, con Zelaya en la Presidencia, a soluciones realizadas "con hechos, no con palabras".

Metiéndose en el terreno de lo concreto, prometió reducir entre un 5% y un 10% los gastos corrientes del Gobierno, crear 400.000 puestos de trabajo en los sectores que más empleo generaban, el de la maquila manufacturera volcada a la exportación y el agroindustrial, construir 200.000 viviendas, dotar de ordenadores a todas las escuelas, conceder matrículas gratuitas a los más de dos millones de niños y jóvenes en edad escolar, erradicar enfermedades tropicales como el dengue y la malaria, y tomar medidas para frenar la deforestación y otros serios daños al medio ambiente.

Aunque el Gobierno de Maduro presumía de haber hecho bien los deberes macroeconómicos, con el recorte del déficit fiscal, la elevación de las reservas internacionales de divisas, la condonación parcial de la deuda externa y la obtención en el bienio 2004-2005 de un ritmo de crecimiento anual del PIB por encima del 4%, el aspirante liberal le acusó de "no haber hecho nada por combatir la pobreza, crear trabajo y combatir la inseguridad" desde que tomó posesión en enero de 2002.

La campaña de los liberales fue especialmente severa con la política fiscal del Gobierno saliente, que les parecía condescendiente con los repuntes inflacionarios y los consiguientes estragos en el poder adquisitivo de los ciudadanos. Zelaya ponía un dedo en la llaga cuando denunciaba que de los 7,4 millones de hondureños, vivían bajo el umbral de la pobreza 5,5 millones, de los cuales 2 millones padecían pobreza extrema.

Un gobierno suyo aprobaría una nueva Estrategia para la Reducción de la Pobreza a la vez que no descansaría hasta conseguir la condonación total de la deuda externa en el marco de la Iniciativa para los Países Pobres Altamente Endeudados (PPAE/HIPC). Las reducciones de deuda contempladas por el programa del FMI estaban ligadas a la elaboración y puesta en práctica de dicha estrategia contra la pobreza, pero el Gobierno saliente sólo se había concentrado en las otras dos condiciones fondomonetaristas, a saber, la aplicación de reformas estructurales y el mantenimiento de una estabilidad macroeconómica.


4. Victoria en 2005 frente al postulante del Gobierno nacionalista

Según la mayoría de las encuestas, el candidato opositor llegó a la cita con las urnas del 27 de noviembre de 2005, que escrutaban 6.800 observadores electorales, entre los que figuraban los 114 monitores de la misión de la OEA, a remolque de su adversario del PNH, Porfirio Lobo Sosa, un paisano olanchano y colega de profesión agropecuaria que no se había desprendido de la presidencia del Congreso Nacional -pese a que la Constitución prohibía expresamente al titular del Poder Legislativo postularse a la Presidencia de la República- y que libró una campaña centrada en la oferta de un "puño firme" para acabar con los desmanes criminales de las maras.

El representante de la derecha defendía el restablecimiento de la pena de muerte como fórmula de disuasión de los jóvenes violentos, mientras que Zelaya, la opción que por contraste con su adversario del nacionalismo podía calificarse de centro-derecha o de centro, sostenía la eficacia de combinar el endurecimiento de las condenas, llegando hasta la cadena perpetua, y la duplicación de la plantilla de policías, pasando de 9.000 a 18.000 los agentes en servicio, con los programas de rehabilitación de reos y la revisión de la penalización de la mera pertenencia a una mara, independientemente de si el imputado había cometido o no delitos relacionados con la seguridad de las personas y la propiedad, una política que estaba produciendo una peligrosa saturación de las prisiones.

Dando una sorprendente campanada que los últimos estudios demoscópicos no habían permitido vaticinar, Zelaya se proclamó vencedor la misma noche electoral, sin haber difundido aún el Tribunal Supremo Electoral (TSE) los primeros resultados, en virtud de los datos ampliamente favorables ofrecidos por un sondeo a pie de urna.

Aunque el 28 de noviembre Zelaya fue declarado "presidente electo" por el titular del TSE, Arístides Mejía Carranza, sobre la base de los resultados correspondientes a sólo 151 de las 5.312 urnas instaladas en el país, que atribuían al liberal un 50,7% de los votos, la lentitud del escrutinio, o más exactamente, el atoramiento del sistema de transmisión electrónica de datos, que también debía computar las papeletas de la elecciones a diputados y alcaldes, empujó a Lobo a instar a la autoridad electoral a completar el conteo y a no hacer proclamaciones prematuras y que a todas luces eran indebidas. En medio de una cacofonía de recriminaciones cruzadas, la tormenta política poselectoral empezó a aquietarse el martes 29 de noviembre con la publicación por el TSE de datos oficiales correspondientes al 19,4% escrutado y que confirmaban la tendencia ganadora de Zelaya, aunque por estrecho margen.

Ahora bien, el recuento se prolongó hasta bien entrado diciembre, una tardanza difícilmente justificable que hizo sospechar a más de un analista político que el PNH y el PLH se habían puesto a negociar el reconocimiento por Lobo de su derrota a cambio de ciertas garantías de Zelaya de que su Administración no promovería la acción de la justicia contra personalidades del Gobierno saliente por actos de corrupción; según esta hipótesis, hasta que los dos partidos principales no se pusieran de acuerdo, el TSE, cuya credibilidad como órgano independiente quedó por los suelos, no finiquitaría el interminable conteo.

La chapucera incompetencia del tribunal se puso especialmente de relieve los días 2 y el 3 de diciembre, cuando, con el 90% del voto escrutado y Zelaya aventajando a Lobo en 3,7 puntos, sus técnicos suspendieron dos veces seguidas el recuento, la primera vez porque el centro de cómputo se vio obligado a desalojar la planta del hotel de Tegucigalpa que ocupaba debido a que el inmueble estaba comprometido en esa fecha para un convite de boda.

El 7 de diciembre, con el 10% de las papeletas todavía pendiente de computar, Lobo, en un súbito cambio de actitud, reconoció su derrota, deseó un gobierno exitoso a Zelaya y anunció una "oposición constructiva". Fue el 23 de diciembre, casi un mes después de los comicios y cinco días antes de vencer el plazo legal que tenía para ello, cuando el TSE publicó los resultados finales: Zelaya se llevaba la Presidencia con el 49,9% de los sufragios, seguido de Lobo con el 46,2%, Juan Ángel Almendares Bonilla, de la izquierdista Unificación Democrática (UD), con el 1,5%, Juan Ramón Martínez, del Partido Demócrata Cristiano de Honduras (PDCH), con el 1,4% y Carlos Alejandro Sosa Coello, del Partido de Innovación y Unidad-Social Demócrata (PINU-SD), con el 1%.

En las legislativas, el PLH se quedaba al borde de la mayoría absoluta al obtener 62 de los 128 congresistas. A nivel departamental, Zelaya, donde más votos obtuvo no fue, contrariamente a lo que cabría suponer, en su Olancho natal, sino en los vecinos Colón (el 56%), El Paraíso (56%) y Gracias a Dios (59%). La participación electoral en todo el Estado fue baja, en torno al 46%.

Regresado el país a la normalidad y ultimado el proceso de transferencia institucional, el 27 de enero de 2006 Zelaya recibió del flamante presidente del Congreso, su correligionario Roberto Micheletti Baín, la banda blanquiazul que le convertía en el séptimo presidente democrático desde el retorno del orden constitucional en 1980 y, de entre ellos, el quinto del PLH.

En su discurso inaugural, que pronunció en el Estadio Nacional de Tegucigalpa ante los presidentes de México, Colombia, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Panamá, el primer ministro de Marruecos y el príncipe heredero Felipe de España, Zelaya prometió gobernar "con honradez y transparencia", se congratuló de la aprobación por los diputados, sólo unas horas antes, de la Ley de Participación Ciudadana (que preveía la creación de un Foro Nacional de Participación Ciudadana partiendo de las experiencias del FONAC y del Consejo Nacional Anticorrupción), expresó su respaldo sin matices al Tratado de Libre Comercio de Centroamérica, Estados Unidos y la República Dominicana (CAFTA-RD, que Honduras había ratificado en marzo de 2005 y cuya entrada en vigor debía producirse este mismo año), e instruyó a dos ministros con tareas concretas.

Al titular de Educación, Pineda Ponce, le ordenó suprimir la tasa de 10 dólares abonada por los estudiantes al ingresar en los centros de enseñanza públicos. Y al de Finanzas, Hugo Noé Pino, le encomendó la creación de un fondo de apoyo a la pequeña y mediana empresa y de un programa tendente a mejorar la producción alimentaria en el campo, así como la tarea de reservar el 1% del presupuesto nacional a la protección de los bosques y la reforestación de las áreas afectadas por las talas abusivas. El mandatario no se refirió expresamente a su promesa de campaña de bajar el galón de gasolina 10 lempiras, que iba a ser "ipso facto", en el "primer día de Gobierno": las compañías importadoras de combustible ya habían advertido que, en la actual coyuntura, ni eliminando los márgenes totales de la cadena de comercialización iba a ser posible tal rebaja.

Además de Pineda Ponce, recibieron carteras ministeriales otros conocidos nombres del liberalismo, como Yani Rosenthal Hidalgo (Presidencia), Jorge Arturo Reina Idiáquez (Gobernación y Justicia) y Lizzy Azcona Bocock (Industria y Comercio), quienes eran respectivamente el hijo de Jaime Rosenthal, el hermano de Carlos Roberto Reina y la hija de José Azcona. Milton Jiménez Puerto recibió Relaciones Exteriores, Arístides Mejía, el ex presidente del TSE, Defensa Nacional, y Álvaro Antonio Romero Salgado, general retirado del Ejército, Seguridad. Gabriela Núñez, la rival en las primarias de 2005, fue nombrada gobernadora del Banco Central.


5. Los desafíos y actuaciones de la primera parte del mandato

En su estreno en 2006 como presidente de Honduras, Zelaya se proyectaba como un político liberal socialmente concienciado, preocupado por las dimensiones de la pobreza estructural y el lastre de la deuda externa, y deseoso de invertir en el desarrollo humano de sus paisanos. Sus acentos eran progresistas, en la línea de su conmilitón y predecesor institucional Carlos Roberto Reina, aunque a diferencia del ya fallecido ex presidente del PLH, quien fuera un jurista de prestigio, Mel no tenía una hoja de servicios como luchador por la democracia y los Derechos Humanos en Honduras.

Ahora bien, tomando en cuenta sus orígenes familiares, su trayectoria empresarial y su filiación partidista, Zelaya no podía dejar de representar un centro-derecha más bien tradicional, firmemente asido a los principios de la libre empresa, la protección de la propiedad privada, el Estado burgués y las relaciones preferenciales con Estados Unidos. Su condición de terrateniente y su extracción social oligárquica complicaban sus intentos de presentarse como un hombre del pueblo ajeno a las élites que venían usufructuando el poder político y económico desde la independencia de España dos siglos atrás, mientras que sus promesas sociales podían fácilmente asimilarse a los mensajes populistas más estandarizados en la región.

Las cuestiones de política exterior apenas habían merecido atención en la campaña del aspirante del PLH, más allá de la pregonada fe en las bondades del CAFTA, que entró en vigor el primero de abril, y de la obligada mención a la integración centroamericana. El asunto de Hugo Chávez y su geopolítica bolivariana, tan candente en otras partes del continente, generaba un debate limitado en el segundo país más extenso y más poblado de Centroamérica.

En apariencia, el presidente venezolano, sabedor de que en la conservadora Honduras la izquierda política era sumamente débil y que su modelo de alternancia democrática entre liberales y nacionalistas funcionaba como un bipartidismo hegemónico que impedía los grandes cambios de tendencia, se abstuvo de deslizar preferencias por ningún candidato y ni siquiera asistió a la toma de posesión del vencedor, pese a recibir la invitación de éste (Zelaya invitó también a Fidel Castro, quien tampoco acudió). Ahora mismo, Honduras parecía no interesar al eje de la izquierda radical latinoamericana que formaban Caracas y La Habana, y al que pronto iban a incorporarse La Paz y Managua.

No obstante, algunos sectores derechistas de Honduras, incluidos dirigentes del PNH, y del resto de Centroamérica, a tenor de unos temores aireados en la misma campaña electoral, no las tenían todas consigo con respecto a Zelaya: según ellos, la noción de poder ciudadano olía a "izquierda extremista" hábilmente camuflada, y hasta aventuraron que el liberal se apoyaba en unos "aliados muy poderosos": estos serían, en la región más inmediata, el sandinista nicaragüense Daniel Ortega y el comunista salvadoreño (fallecido tres días antes del cambio de guardia en Tegucigalpa) Schafik Hándal; fuera de ella, por supuesto, el bolivariano y neosocialista Chávez.

Esta cuestión no mediatizó el primer tramo de la presidencia de Zelaya, quien arrancó su mandato lanzando una embestida contra el Gobierno de Maduro por haber dejado "completamente quebrada" la administración central y "literalmente saqueadas" las instituciones del Estado (los nuevos inquilinos de la Casa Presidencial denunciaron que habían encontrado el edificio "semivacío" de ordenadores, escritorios, documentos y hasta de ajuar de servicio), y por haber provocado un "dramático aumento" de la pobreza, que había engrosado sus filas con "560.000 nuevos pobres". A finales de febrero, el Gobierno, acuciado por las últimas noticias sobre graves carencias en los hospitales de la red pública, decretó el "estado de emergencia en el sistema de salud" y la liberación de una partida urgente de 156 millones de lempiras, unos ocho millones de dólares, para la adquisición de medicinas.

Por otra parte, el nuevo jefe del Estado ofreció un diálogo a las más poderosas y brutales pandillas delictivas, la Mara Salvatrucha y la Mara 18, para que escogieran entre la cárcel o bien el desarme seguido de la reinserción social. Pero la violencia marera y, en general, la escalada de secuestros, asesinatos y asaltos, continuó sin freno, viéndose obligado el Ejecutivo a ordenar el despliegue de efectivos militares en las calles de las principales ciudades del país para ayudar a la Policía en la vigilancia de la seguridad.

El Gobierno, además, fue acusado de pasividad, e incluso de complicidad, en la ola de asesinatos impunes de menores de edad, por lo general chicos marginales de comunidades pobres, en los que defensores de los Derechos Humanos advertían procedimientos similares a los usados por grupos de exterminio políticos, los escuadrones de la muerte, activos en las pasadas décadas en Centroamérica. La credibilidad del Gobierno en la lucha contra el crimen resultó minada por el rosario de fugas carcelarias de delincuentes de alta peligrosidad, como la que en junio de 2006 protagonizó, escapándose con sus compinches de la Penitenciaría Nacional próxima a Tegucigalpa, el cabecilla Santos Padilla, quien era uno de los autores del secuestro y asesinato del hijo del ex presidente Maduro en 1997.

En sus primeros meses de mandato, Zelaya afrontó asimismo una marejada contestataria de diversos sectores laborales. A la cabeza de los mismos se puso el colectivo de docentes de la escuela pública, que protagonizó marchas y huelgas en demanda de mejoras salariales, reivindicación que el Gobierno satisfizo en agosto. En política exterior, Zelaya, en su primera actuación relevante en un terreno donde iba a mostrarse muy dinámico, zanjó con su homólogo de El Salvador, Antonio Saca, una añeja disputa bilateral (trasfondo que fue de la tristemente célebre Guerra del Fútbol hondureño-salvadoreña de 1969) con la demarcación satisfactoria de la frontera común. El 18 de abril los mandatarios rubricaron, en una ceremonia celebrada en la aduana de la Frontera El Poy, en el lado salvadoreño, el acta de un acuerdo que contemplaba además la apertura de espacios de desarrollo compartido, con un proyecto inicial para la construcción de una central hidroeléctrica binacional.

Con todo, los capítulos que más horas reclamaron a la agenda de Zelaya, con su correspondiente dimensión exterior, fueron el energético y el deudor, cuyas cargas financieras y bajo rendimiento (el primero) limitaban drásticamente cualquier plan de inversión social.

El presidente decretó el "estado de emergencia energética" el 31 de enero, a los cuatro días de asumir el cargo y un mes antes de declarar idéntica situación en la sanidad. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), primera compañía del país, se asomaba a la bancarrota, con pérdidas anuales superiores a los 160 millones de dólares y deudas del Estado con ella por valor de 28 millones, y el suministro a los abonados corría peligro. El agravamiento de la situación en ENEE, incapaz de abastecer toda la demanda, empujó a Zelaya a asumir en persona el control de este monopolio distribuidor en febrero de 2007, medida que preludió, en diciembre siguiente, el encarecimiento de las tarifas eléctricas un 10%. Paralelamente, el FMI presionaba a Tegucigalpa para que liberalizara y privatizara servicios básicos, como los prestados por la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), mejorara la recaudación de impuestos y recortara la partida social de los presupuestos.

Pero las prioridades del mandatario iban en otra dirección. Con el fin de conjurar la crisis energética en ciernes, al converger por una parte el déficit nacional en la producción de electricidad y por la otra los altos precios internacionales del petróleo, que el país tenía que importar en su totalidad, Zelaya planteó un abanico de opciones: abrir un concurso internacional de licitaciones públicas para la importación de carburantes, que sería adjudicada a quien ofreciera los precios más ventajosos; emprender negociaciones con Venezuela para la compra de derivados petroleros a precios preferenciales dentro del ámbito Petroamérica, que era uno de los instrumentos de integración continental creado por Chávez en el marco de su Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA); y buscar la asesoría de Brasil para desarrollar la producción local de biocarburantes, particularmente etanol.

El Gobierno emprendió pasos firmes en los tres ámbitos, obteniendo resultados positivos en todos ellos. Aunque las transnacionales petroleras que desde hacía décadas operaban en Honduras –Esso (ExxonMobil), Texaco (Chevron) y Shell- rehusaron presentarse a la licitación internacional como una forma de presionar al Gobierno para que no abriera la puerta a la competencia en este sector del mercado, el concurso no quedó, ni mucho menos, desierto, presentándose al mismo 13 compañías, si bien algunas variedades de combustibles no recibieron ofertas.

En noviembre de 2006 las autoridades se decantaron por la estadounidense ConocoPhillips, para la provisión de gasolina y gasoil (diésel), y la mexicana Gas del Caribe (que luego se dedicó a incumplir decenas de normativas medioambientales), para el gas licuado. Los contratos de operación fueron firmados en enero de 2007, permitiendo a Zelaya introducir una sustancial rebaja en los precios al consumo de los carburantes. El presidente, además, ordenó intervenir de manera temporal las terminales y los tanques de almacenamiento de las tres multinacionales arriba citadas, así como los de la local Dippsa, poniendo sus instalaciones a disposición de ConocoPhillips, tras acusarlas de "chantaje", por "boicotear" el concurso internacional, y de "terrorismo energético", por "sabotear" el abastecimiento de combustibles reteniendo deliberadamente su distribución, cuya exclusividad quedaba ahora cercenada. Pero el embajador estadounidense emitió una protesta oficial y el Gobierno revirtió la medida confiscatoria a los pocos días.

En agosto de 2007, la visita a Tegucigalpa del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva supuso la firma de un acuerdo de asistencia técnica para la producción en el país centroamericano de etanol a partir de caña de azúcar.

De todas maneras, la estrategia de diversificación energética aplicada por Zelaya que más dio que hablar, dadas sus connotaciones políticas, fue la carta petrolera venezolana. Autorizado expresamente en junio de 2006 por el mismo presidente George Bush, anfitrión de Zelaya en una reunión en la Casa Blanca en la que se discutieron también cuestiones sobre inmigración y el empleo, solicitado por el centroamericano, de la base aérea estadounidense de Palmerola para el intercambio de mercancías, el "acercamiento comercial" hondureño-venezolano comenzó a sustanciarse en diciembre de 2007 con el anuncio del próximo ingreso de Honduras en Petrocaribe, iniciativa subregional perteneciente a Petroamérica, puesta en marcha por Chávez en 2005 y de la que formaban parte, además de Venezuela, Cuba, la República Dominicana, Nicaragua, Haití y casi todos los países anglófonos del CARICOM.

Petrocaribe ofrecía a Honduras productos de refino baratos y con amplias facilidades de pago, mediante financiaciones muy ventajosas e incluso fórmulas de trueque mercantil, de manera que el país centroamericano podría abonar una parte importante de la factura del hidrocarburo con productos agrícolas. El ministro de Defensa, Arístides Mejía, respondiendo afirmativamente a la "oferta generosa" del Gobierno de Caracas, asistió como invitado a la IV Cumbre de Petrocaribe, celebrada en la ciudad cubana de Cienfuegos el 21 y el 22 de diciembre, donde vio aceptada la petición oficial de su país de ingresar en el pacto de cooperación energética.

El 15 de enero de 2008 Chávez visitó a Zelaya en Tegucigalpa para discutir los detalles de la operación. Los presidentes acordaron que Venezuela empezara suministrando a Honduras 20.000 barriles de carburantes al día, por de pronto durante dos años. El cliente se comprometía a adquirir al proveedor el 100% del fueloil (búnker) para generación eléctrica, el 30% del gasoil y el 30% de la gasolina que consumía. A cambio, Venezuela asumía una deuda bianual de 750 millones de dólares, de la que Honduras pagaría el 60% contra entrega y en efectivo, y el 40% restante en 23 años y con un interés del 1% anual. Además, Chávez instó a su nuevo socio centroamericano a abonarle el 40% de la factura en especie, con productos agropecuarios, incluso leche (producto que, precisamente, Honduras tenía que importar de Nicaragua y Costa Rica para cubrir sus propias necesidades).

El ingreso en Petrocaribe fue recibido en Honduras con disparidad de criterios, aunque por el momento las posiciones no estaban muy encontradas. Las cabeceras de prensa de línea conservadora y la patronal reconocían que las condiciones ofertadas por Chávez eran demasiado atractivas como para desaprovecharlas, aunque expresaron su inquietud de que una operación "puramente financiera" de suministro energético terminara acarreando "compromisos políticos" con Venezuela y su "proyecto socialista".

En el campo de la oposición partidista, surgieron voces más críticas. En el partido del Gobierno, Roberto Micheletti, el presidente del Congreso y florista reconocido, que ambicionaba la candidatura del oficialismo para suceder a Zelaya en 2010 y que ya estaba mal encarado con el jefe del Estado por una serie de encontronazos institucionales, reclamó transparencia y ciertas garantías antes de echar la firma al convenio. El 24 de enero, la Comisión Especial del Congreso autorizó a Zelaya a rubricar el documento, cosa que éste hizo cuatro días después. El 13 de marzo, finalmente, el pleno del Congreso aprobó por mayoría simple el convenio con Petrocaribe. A favor del mismo votaron los diputados del PLH, la UD y el PINU, y en contra el PDCH; el PNH de Porfirio Lobo, como reflejo de sus dudas, se abstuvo.

A estas alturas de su recorrido presidencial, alcanzado el ecuador del mandato, Zelaya hacía un balance positivo del mismo: la situación económica había mejorado; cerca de 4.000 millones de dólares de deuda externa habían sido condonados, tras arduas negociaciones, por los organismos multilaterales, los países acreedores del G8 y el Club de París (si bien se habían iniciado nuevos procesos de endeudamiento, como con el BID, por cientos de millones); los nuevos recursos de que disponía el Gobierno ya estaban haciendo sentir sus efectos positivos en la lucha contra la pobreza, que, según él, se había reducido un 6,5%, en números absolutos, "500.000 hondureños que han salido de la pobreza"; y la campaña de reforestación marchaba a todo trapo. Por último, la inminente llegada de combustible barato de Venezuela iba a traducirse en un mayor desahogo financiero del Estado y en una mejora de la calidad de vida de la población.

Para la oposición, sin embargo, el rosáceo panorama que Zelaya describía, en realidad, presentaba unos tonos bastante sombríos. Los delitos violentos habían aumentado, lo que ponía un marchamo del fracaso al plan de seguridad del Gobierno. Las instancias contempladas por la Ley de Participación Ciudadana, que eran el Foro Nacional de Participación Ciudadana, los Consejos de Desarrollo Municipal y Departamental, y las Mesas Comunitarias de la Participación Ciudadana, no estaban plenamente desarrolladas, y su organización y composición tendían a estar dominadas por activistas del PLH y personas afines al Gobierno, con menoscabo de su naturaleza plural y su autonomía cívica, una queja que era compartida por ONG como el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH).

Otra de las grandes promesas electorales de Zelaya, el combate a la corrupción, y esta era una impresión general, ni siquiera se habría intentado llevar a cabo. La profusión de escándalos por fraude y malversación en la función pública mereció las preocupadas advertencias, junto con acusaciones de pasividad al presidente, desde instancias tan dispares como el Consejo Nacional Anticorrupción, la Iglesia Católica hondureña, la organización Transparencia Internacional, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y hasta la OEA.

Claro que no todos los escándalos eran por corrupción: en enero de 2008 el canciller Milton Jiménez se vio obligado a abandonar el Gobierno tras pelearse con unos policías que lo detuvieron en la capital cuando conducía su vehículo en estado de ebriedad (el país vio, en un video grabado con teléfono móvil, cómo el ministro, fuera de sí, la emprendió a puñetazos con los agentes, quienes procedieron a reducirlo a golpes también). La dimisión de Jiménez, que hacía la novena baja ministerial en dos años, fue aprovechada por Zelaya para realizar una remodelación en el Gabinete.

Al mismo tiempo, Zelaya entabló un crudo enfrentamiento dialéctico con los medios de comunicación de línea conservadora críticos con su gestión. El presidente arremetió contra unos "poderosos oligopolios" que se habían hecho "los dueños de Honduras" y cuyos intereses empresariales "limitaban" el derecho de información y la libertad de expresión. En mayo de 2007, para "contrarrestar la desinformación" y dejar de ser "el presidente más atacado, vituperado y calumniado de la historia de este país", el mandatario ordenó que una decena de cadenas de radio y televisión privadas transmitieran, de manera simultánea, durante 10 días, entre las 10 a las 12 horas de la noche y sin pago alguno, aquellas noticias que los periódicos dejaban de publicar, empezando por la labor que realizaba el Gobierno y otros contenidos oficiales, ("lo que realmente sucede en Honduras"). La medida fue tachada por los propietarios mediáticos de "totalitaria" y "chavista". Por su parte, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y un relator de la ONU llamaron la atención al Gobierno por los casos de asesinatos impunes de periodistas.


6. Un giro diplomático inesperado: la adhesión a la América Bolivariana

Ya antes de meter a Honduras en Petrocaribe, Zelaya empezó a realizar declaraciones muy críticas con el Gobierno de Estados Unidos por su política sobre inmigración, que estaba dando pie a una "persecución infame" y a una "cacería" de inmigrantes ilegales hondureños para expulsarlos de su territorio. También, fustigó las prácticas del mercado libre por tratarse de una "política económica despiadada, insensible y proteccionista para muchos sectores", tal como denunció en septiembre de 2006 en su discurso ante la Asamblea General de la ONU.

Aunque censuraba determinados aspectos de la globalización y la liberalización del comercio mundial, él mismo era un firme defensor de los procesos librecambistas multilaterales y bilaterales que implicaban a Honduras. El CAFTA no se tocaba, y Zelaya, además, suscribió en 2007 sendos TLC con Taiwán, en mayo, con Panamá, en junio, y con Colombia, en agosto, éste ya como país integrante (junto con Guatemala y El Salvador) del llamado Triángulo Norte Centroamericano. No obstante, la visión del dirigente hondureño de los procesos de construcción centro y mesoamericana era decididamente integral. Así, Zelaya urgió a los presidentes vecinos a avanzar hacia la unión política y el establecimiento de un pasaporte y una moneda únicos, y a cooperar estrechamente en la lucha policial contra las maras y el pandillerismo organizado, que causaban estragos en mayor o menor medida en toda la región.

En añadidura, Zelaya manifestó su interés en las posibilidades desarrollistas e integracionistas del Plan Puebla-Panamá (PPP), liderado por México, y el 29 de mayo de 2008 se apuntó un importante tanto diplomático al reunir en San Pedro Sula a sus colegas Antonio Saca de El Salvador, Álvaro Colom de Guatemala y Felipe Calderón de México en el marco de una Cumbre sobre Cambio Climático y Medio Ambiente Centroamérica y el Caribe, en la que el hondureño volvió a exponer una de sus principales preocupaciones: la urgente necesidad de que todos los países, y en particular los del Norte industrializado, aplicaran medidas efectivas para reducir las emisiones de efecto invernadero y frenar el calentamiento global, conforme a los parámetros del Protocolo de Kyoto.

Fuera de estos esquemas multilaterales y de contenido comercial, las relaciones políticas bilaterales en la región centroamericano-caribeña también estaban marchando bien. A la resolución del contencioso territorial con El Salvador en 2006 se le sumaron en 2007 la normalización completa de las relaciones diplomáticas con Cuba (ya reanudadas por Flores Facussé en 2002 tras 41 años de ruptura) con la designación de un embajador en La Habana y el recibimiento al canciller cubano Felipe Pérez Roque en el mes de marzo, a los que siguió un histórico viaje de Zelaya a la capital cubana en octubre, así como la solución también, ese mismo mes, del litigio fronterizo marítimo con Nicaragua en virtud de una sentencia inapelable del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, la cual produjo gran satisfacción en Tegucigalpa. Las relaciones personales entre Zelaya y Ortega, regresado a la Presidencia de su país en enero de 2007, adquirieron un tono de excelencia desde que en julio de ese año el hondureño asistió en Managua a los actos del 28 aniversario de la Revolución Sandinista.

Eran, sin embargo, las relaciones con Venezuela las que desde la entrada en Petrocaribe comenzaron a señorear la orientación de la política exterior hondureña en el transcurso de 2008, con profundas repercusiones políticas en casa y, a la postre, traumáticas consecuencias para Zelaya.

El 5 de junio atracó en Puerto Cortés el primer buque con 82.000 barriles de fueloil venezolano para su venta a Hondupetrol, empresa encargada de suministrar combustible a las centrales térmicas. El 13 de julio Zelaya asistió en Maracaibo a la V Cumbre Extraordinaria de Petrocaribe, donde aseguró que el pueblo hondureño estaba "reconociendo la importancia" de este convenio energético y que había sido "un error haber confiado, en casi dos décadas, en que la economía global resolvería nuestros problemas". Una semana más tarde, el mandatario viajó a Nicaragua para participar en el 29 aniversario de la caída de la dictadura somocista, donde volvió a encontrarse con Chávez y proclamó que "la Revolución Sandinista está viva y coleando en Centroamérica". Ese mismo día, 19 de julio, Chávez informaba que el Gobierno de Honduras, siguiendo los pasos de Nicaragua, deseaba sumarse al ALBA.

El 22 de julio, ya en Tegucigalpa, Zelaya confirmó la impactante noticia: Honduras se adhería al ALBA, de la que de hecho ya era "miembro observador" desde hacía "cuatro o más meses", y estudiaba su incorporación completa al bloque. La decisión se tomó con rapidez. El 30 de julio, el presidente, en la clausura en Tegucigalpa de una reunión de ministros de Agricultura de Petrocaribe, anunciaba que Honduras, en su búsqueda de "mejores alternativas para los problemas históricos del país", era desde ya mismo miembro pleno de la América Bolivariana.

A partir de este momento, Zelaya recrudeció sus críticas a Estados Unidos, acusándole de "no parar el tráfico y consumo salvaje de drogas", e indicándole que Honduras no era "un protectorado sometido a un solo criterio". En septiembre, el presidente iba a suspender temporalmente la recepción de cartas credenciales del nuevo embajador nombrado por Washington como gesto de solidaridad con Bolivia y Venezuela por la presunta injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de estos dos países convertidos en socios y aliados de Honduras. Pero mientras tenía lugar este roce diplomático, Zelaya no dejó de repetir que su apuesta por el ALBA no iba a traducirse en "represalias" de la superpotencia norteña, como la no prórroga del Estatuto de Protección Temporal que amparaba a 70.000 hondureños residentes allí (lo que precarizaría su situación migratoria y arriesgaría, en consecuencia, sus remesas, principal fuente de ingresos del país), y menos aún en una "ruptura".

Por si quedaban dudas sobre la convicción y la profundidad de este giro copernicano en las orientaciones diplomáticas de Honduras, país que durante la Guerra Fría había sido el portaaviones de Estados Unidos para la contención del izquierdismo revolucionario en toda Centroamérica (y precisamente bajo las presidencias de dos liberales, Suazo y Azcona), Zelaya adoptó como propio el lenguaje político común a los líderes del ALBA.

El 25 de agosto, tras elevar un llamado al pueblo hondureño para que respaldara un "proyecto social de solidaridad entre países de América" que representaba "beneficios para los pobres", declarar superado el modelo neoliberal y subrayar la ubicación de su Gobierno en el "centro-izquierda", Zelaya firmó en la Casa de Gobierno de Tegucigalpa el documento que convertía a su país de manera oficial en el sexto miembro del ALBA, en una ceremonia que contó con las presencias de Chávez, Ortega, el presidente boliviano Evo Morales y el vicepresidente cubano Carlos Lage.

El máximo protagonista de la jornada, en su alocución a unas miles de personas congregadas en el exterior, se congratuló de que su país no hubiera pedido "permiso a ningún imperialismo" para suscribir un acuerdo que representaba la emergencia del "socialismo del sur" ("ya perdieron la lucha nuestros enemigos", añadió) y que el pueblo hubiera demostrado ser "valiente, generoso, revolucionario y entregado a causas justas y nobles". Asimismo, proclamó la "instalación de la Tercera República", la vuelta a la "planificación del Estado para favorecer el crecimiento y desarrollo", y el giro social e ideológico de su Gobierno hacia la izquierda ("quítele lo de centro, si cree que es peligroso", glosó con un punto de ironía) y a un "liberalismo socialista, para que los beneficios del sistema vayan a los que más lo necesitan".

Chávez elogió el "coraje" de Zelaya, al que otorgó el sobrenombre de "comandante vaquero", y aseguró que Honduras tenía garantizado el suministro petrolero a precios preferenciales por los próximos 100 años. Hasta la fecha, Venezuela había fletado tres embarques de derivados petroleros que totalizaban 224.000 barriles. Pero el país sudamericano, en añadidura, estaba listo para donar a Honduras un centenar de tractores para su entrega a las comunidades rurales y aportar 132 millones de dólares al Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), de los que, según se supo más tarde, 100 millones los embolsaría la entidad financiera a partir de una compra por Caracas de bonos de deuda pública emitidos para la ocasión por el Estado hondureño y los 32 restantes en concepto de crédito a un tipo de interés blando. Cuba, por su parte, se disponía a cooperar en los terrenos educativo y sanitario. El huésped venezolano, además, se permitió tachar de "vendepatrias" e "ignorantes" a aquellos hondureños que se oponían al ingreso en el ALBA, actitud que no era sino "contraria a los intereses" de su propio país, sentenció.

El 15 de septiembre, en su discurso institucional con motivo del 187 aniversario de la emancipación nacional de la Corona española, Zelaya presentó la entrada en el bloque bolivariano como la "segunda independencia" de Honduras. En este solemne acto, el orador hubo de escuchar algunos abucheos. Días después, en la Asamblea General de la ONU, el mandatario dijo basta a "más recetas y lecciones" del mundo desarrollado, porque no habían servido para eliminar la pobreza, y afirmó que el sistema capitalista estaba "devorando a los seres humanos". Un mes más tarde, a últimos de octubre, en su intervención en la XVIII Cumbre Iberoamericana, en San Salvador, pidió a los participantes una condena al "capitalismo insaciable".

La espectacular reorientación de las afinidades continentales de Honduras, decidida por Zelaya como un envite básicamente personal, desató la caja de los truenos en la nación centroamericana, que se dividió en dos. En contra del ALBA se posicionaron nítidamente el PNH, el COHEP ("es una alianza política y militar de carácter ideológico que conspira contra la libertad de comercio, el ejercicio de las libertades individuales y la libre determinación", advirtió con tono catastrofista la principal confederación patronal hondureña), la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), la Asociación Nacional de Industriales de Honduras (ANDI), la Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM), destacados hacedores de opinión y analistas, y las principales empresas de comunicación escrita, propietarias de periódicos tan influyentes como La Prensa, El Heraldo y La Tribuna, los cuales se hicieron eco de unos sondeos de opinión que decían que un gran mayoría de ciudadanos desaprobaba la coalición con Chávez, amén de suspender la gestión de Zelaya en su conjunto.

A favor del ALBA se manifestaron parte del PLH, los pequeños partidos de izquierda, y movimientos sindicales y populares como el Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras (COCOCH). Las descalificaciones de Chávez a los hondureños refractarios a su proyecto bolivariano generó un profundo malestar en las filas liberales, parte de las cuales, sobre todo los cuadros dirigentes, comenzaron a abandonar al presidente. Pero el statuo quo parlamentario era todavía ampliamente favorable al oficialismo, tal que el 9 de octubre el ingreso en el ALBA recibió el visto bueno del Congreso con el voto de 73 diputados: todos los de las bancadas del PLH, la UD, el PDCH y el PINU. Como habían hecho con respecto a Petrocaribe, los legisladores nacionalistas no votaron en contra, sino que se abstuvieron.

Tras este triunfo, Zelaya negó que figurara entre sus pretensiones implantar en Honduras un modelo similar al de Chávez en Venezuela, cuyo "socialismo del siglo XXI" era expresamente revolucionario y venía manifestándose en la nacionalización de empresas industriales, la socialización del agro y las búsquedas del control informativo y de la hegemonía política dentro de un sistema constitucional profundamente transformado que combinaba los mecanismos electorales tradicionales con otros de democracia directa, todo ello bajo una égida presidencial de signo fuertemente personalista y populista.

En los meses siguientes, Zelaya fue ahondando, con nuevas declaraciones y acciones concretas, su nueva línea política de izquierdas que, resultaba obvio, tomaba como referencia la experiencia bolivariana en Venezuela. Ya el 22 de noviembre planteó la celebración, junto con las elecciones generales de 2009, de un plebiscito para decidir una convocatoria a Asamblea Constituyente en 2010. Dicha Asamblea tendría como misión elaborar una Constitución que reemplazara la Carta Magna vigente desde la restauración democrática en 1982 y alumbrara "leyes más claras, mandatos totalmente congruentes con la realidad que le permitan al país un ordenamiento jurídico, político, social, económico y cultural". En caso de abrirse el proceso constituyente, a lo largo del mismo, el Congreso no sería disuelto y las facultades del Ejecutivo no serían modificadas. La actual Administración tampoco buscaría prolongar su mandato cuatrienal, que expiraba el 27 de enero de 2010.

El 26 de noviembre el presidente asistió en Caracas a su primera cumbre del ALBA, la III Extraordinaria en la historia del bloque. Una vez en Tegucigalpa, presenció el resultado de la elección primaria de su partido para la definición del candidato presidencial del liberalismo en noviembre de 2009. La votación interna fue ganada a Roberto Micheletti por Mauricio Villeda Bermúdez, que concurría en nombre del verdadero precandidato y su jefe de facción, el vicepresidente de la República Elvin Ernesto Santos Ordóñez, cabeza del Movimiento Liberal Elvincista, de tendencia conservadora, quien aguardaba a resolver su incompatibilidad constitucional antes de ser inscrito por el TSE. Puesto que Micheletti, no obstante su nula simpatía por el ingreso en el ALBA, contaba con el respaldo expreso de Zelaya, su fracaso ante Santos fue interpretada como otro desplante del liberalismo al curso político decidido por el jefe del Estado.

El 24 de diciembre el Gobierno dispuso un incremento del salario mínimo interprofesional del 39,4%, de manera que el sueldo de los trabajadores urbanos quedó fijado en 5.500 lempiras, al cambio 289 dólares, y el de los trabajadores del campo en 4.055 lempiras, 213 dólares. Los gremios patronales pusieron el grito en el cielo por una medida de fuerte calado social que les parecía "populista" e "inmadura", y que iba a tener efectos "desastrosos" para la economía, en forma de cierres de centros de producción y despidos. Algunos dirigentes empresariales acusaron también a Zelaya de imponerles esta importante subida salarial como represalia por su oposición al ALBA.

Doblado el fin de año, el 6 de enero de 2009, el presidente aprovechó la baja de Santos en la Vicepresidencia para realizar una remodelación gubernamental consistente en los nombramientos de Patricia Isabel Rodas Baca, presidenta del Consejo Central Ejecutivo del PLH y una entusiasta del nuevo planteamiento de izquierdas del oficialismo, como ministra de Relaciones Exteriores, de Arístides Mejía Carranza como delegado presidencial con funciones de vicepresidente de la República y del hasta ahora canciller, Ángel Edmundo Orellana Mercado, como ministro de Defensa en sustitución del anterior. Los nuevos titulares prestaron juramento el 31 de enero. El 2 de febrero Zelaya tomó parte en Caracas en la IV Cumbre Extraordinaria del ALBA, que conmemoró el décimo aniversario de la Revolución Bolivariana de Chávez, y justo un mes después recaló en La Habana, donde se reunió con el convaleciente Fidel Castro, el cual retrató a su visitante como un "hombre bueno", dotado de una "inteligencia asombrosa".


7. La crisis nacional de 2009: plan de reforma constitucional y expulsión golpista del poder

El 23 de marzo de 2009, Zelaya, tal como había adelantado el año anterior, convocó por el decreto ejecutivo PCM-005-2009 una "amplia consulta popular", a celebrar en junio del año en curso y a cargo del Instituto Nacional de Estadística (INE), para decidir si en las elecciones generales de noviembre de 2009 se instalaría una "cuarta urna" -junto con las de las elecciones a presidente, congresistas y alcaldes-, que a su vez se pronunciaría sobre la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente para aprobar una nueva Constitución Política. Aunque no explicó con claridad los contenidos de la Carta Magna que saldría del proceso constituyente si este recibía la luz verde de los ciudadanos, el mandatario ya había manifestado su interés en continuar en el poder más allá de 2010, acogiéndose a un mecanismo de reelección que sólo un nuevo articulado constitucional podía establecer.

Los planes del presidente fueron inmediatamente repudiados por la Fiscalía General de la República, que demandó el decreto PCM-005-2009 ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por, entre otras razones, encomendar al INE la organización de una consulta que era competencia del TSE, así como por el PNH, el alto empresariado y parte de la cúpula liberal. Particularmente beligerante fue el presidente del Congreso, Micheletti, quien no sólo rompió con Zelaya, sino que acusó al "poder ejecutivo" de ser el instigador de unas amenazas de muerte que estaba recibiendo y de urdir en su contra un plan criminal para repetir un magnicidio como el perpetrado contra el vicepresidente del Congreso y colega de bancada Mario Fernando Hernández, abatido por pistoleros en noviembre de 2008. Zelaya se revolvió contra su ex aliado, quien, a tenor de sus palabras, debía estar "delirando" y padecer la "fiebre porcina".

El presidente desechó la denuncia de Micheletti desde Managua, donde asistía a la XXXVI Cumbre del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). Una vez en casa, el panorama se le tensó considerablemente. El movimiento político y judicial para parar sus planes constituyentes tomó la forma de una ofensiva de las instituciones del Estado al colocarse en el mismo lado la Fiscalía General, la Procuraduría General, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) y la Comisión Nacional Anticorrupción, que se sumaron al frente de rechazo formado por el PNH y otros partidos, las iglesias cristianas, las organizaciones patronales y el Colegio de Abogados.

El 26 de mayo, Zelaya, anticipándose a una probable sentencia adversa del Juzgado de lo Contencioso Administrativo, emitió otros dos decretos, el primero (PCM-019-2009) anulando el decreto impugnado por la Fiscalía y el segundo (PCM-020-2009) encargando al INE, en base a la Ley de Participación Ciudadana de 2006, la realización de una "encuesta nacional de opinión", a celebrar el 28 de junio, en la que se preguntaría a los ciudadanos por la cuestión de la cuarta urna. Al día siguiente, en efecto, el Juzgado dictó sentencia interlocutoria favorable al Ministerio Público y ordenó suspender la aplicación del decreto del 23 de marzo, que de hecho no había sido publicado en el diario oficial La Gaceta. Por el momento, tampoco los decretos presidenciales del 26 de mayo fueron publicados. El 29 de mayo el Juzgado puntualizó su fallo de la antevíspera, aclarando que la orden de suspensión de la consulta alcanzaba a todo acto administrativo relacionado con la misma y emitido a posteriori.

El presidente se mostraba decidido a llevar adelante "contra viento y marea" su proyecto de encuesta-consulta con horizonte constituyente, aún al precio de enzarzarse en una inquietante batalla institucional y de enfrentarse a una formidable coalición de poderes, legales y fácticos. El mismo 29 de mayo el Ejecutivo dio cuenta de un cuarto decreto, el PCM-027-2009, por el que instruía a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional para que prestaran apoyo logístico al INE con el fin de realizar la consulta del 28 de junio.

Zelaya siguió defendiendo también su apuesta por la integración bolivariana. Una vez iniciado junio, en la sesión inaugural en San Pedro Sula de la XXXIX Asamblea General de la OEA, Zelaya se refirió a los "sistemas alternativos", no meramente comerciales, como el ALBA, "un proyecto de solidaridad que ha desarrollado muy bien entre nuestra región". En añadidura, reclamó a la organización que reparara el "error" y la "infamia" cometidos con Cuba hacía casi medio siglo, cuando la expulsó de su seno; los cancilleres así lo hicieron, revocando, en una decisión histórica, la medida suspensiva de 1962, aunque La Habana se negó a reincorporarse.

Faltando pocos días para la celebración de la "encuesta de opinión", a la que el presidente confería un carácter "no vinculante", los acontecimientos se precipitaron. En las principales ciudades del país se sucedieron las manifestaciones, arropadas por las principales compañías mediáticas privadas, de varios miles de ciudadanos opuestos a la consulta. En el bando contrario, las organizaciones de obreros, campesinos e indígenas y otros movimientos populares advirtieron que si las disposiciones del presidente no se cumplían, ellos llamarían a la "insurrección" y la "desobediencia civil".

El 16 de junio Zelaya vio rechazada por la Corte competente su apelación contra el fallo judicial del 27 de mayo y la "aclaración" del 29 de mayo. Tres días más tarde, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema emplazó a las Fuerzas Armadas, a las órdenes del jefe del Estado Mayor Conjunto, general Romeo Orlando Vásquez Velásquez, y a la Policía Nacional, sujeta al ministro de Seguridad, coronel Jorge Rodas Gamero, a desobedecer el decreto PCM-027-2009 porque abundaba en una decisión "ilegal". Vásquez, en efecto, rehusó ordenar al personal bajo su mando la distribución del material de la encuesta, desacato que fue castigado el 24 de junio por su superior civil con un anuncio de destitución por radio y televisión. Una vez conocido el despido de Vásquez, el ministro de Defensa, Orellana, y los comandantes de los tres ejércitos presentaron sus renuncias al presidente, quien se las aceptó.

En la jornada anterior, el Congreso, en la primera decisión radicalmente hostil al Ejecutivo, había aprobado una Ley Especial para la regulación de plebiscitos y referendos que prohibía expresamente la aplicación de las citadas figuras 180 días antes y después de las elecciones generales. Se trataba de una norma elaborada a toda prisa, con el único objeto de torpedear las maniobras de Zelaya, aunque este, como no otorgaba los rangos de plebiscito o referéndum al objeto de su llamada a las urnas, no se dio por avisado. Ahora, 25 de junio, el poder legislativo respondió a la última medida del mandatario votando la desaprobación del cese de Vásquez y aprobando por contra una moción para investigar la "capacidad mental" de aquel para gobernar. Al mismo tiempo, la Sala Constitucional de la CSJ ordenó mantener en su cargo al general, quien de hecho seguía en la jefatura del Estado Mayor Conjunto: ni él había abierto vacancia ni Zelaya le había nombrado un sustituto.

Todo en un día, el TSE ratificó que la encuesta del domingo 28 era "ilegal" e instruyó a las Fuerzas Armadas para que no se prestaran a movilizar los materiales electorales, al tiempo que la Fiscalía General solicitaba a la CSJ una orden de detención contra el presidente por la presunta comisión de los delitos contra la forma de Gobierno, traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de funciones. El Ejecutivo escogió esta jornada de crispación y confusión para publicar en La Gaceta los decretos PCM-019-2009 y PCM-020-2009.

El presidente y sus partidarios, por un lado, y el TSE y la Fiscalía General, por el otro, con los militares en medio en su papel equívoco de sujetos no alineados pero vigilantes, se disputaron físicamente el control de los materiales electorales, sin los cuales no podía haber consulta. El 26 de junio, mientras Zelaya, reforzado por el apoyo recibido de los gobiernos del ALBA y otros estados de la OEA así como europeos, advertía por la televisión que se había "desencadenado un proceso de golpe en Honduras" y pedía una reunión urgente del Consejo Permanente de la OEA para analizar la situación creada en el país, la CSJ, a través de un juez designado para la ocasión, daba la razón a la Fiscalía y dictó orden de captura y allanamiento contra el jefe del Estado por los antedichos delitos.

Los soldados, con la explicación oficial de que velaban por la seguridad, estaban desplegados alrededor de los principales edificios institucionales de la capital, incluida la sede de la Presidencia. Zelaya ordenó a Vásquez que retirara a sus hombres a los cuarteles y el general reculó. El día 27 ya no se vieron soldados en las calles, haciendo creer al presidente que el Ejército se había sometido a su autoridad. Sin duda, Zelaya, en un mal cálculo del balance de fuerzas, pensó que había ganado el crudo forcejeo por la encuesta sobre la cuarta urna, toda vez que el Gobierno ya tenía bajo su control y dispuestos los materiales electorales, aunque sobre él pesaba el interdicto de la Corte Suprema.

El domingo 28 de junio de 2009 amaneció en Tegucigalpa con una alta incertidumbre sobre lo que depararía la jornada electoral cuando un nutrido destacamento de soldados fuertemente armados penetró en el Palacio de Gobierno, a punta de fusil sacó a Zelaya de la cama y en pijama lo introdujo en un vehículo para conducirlo a la base de la Fuerza Aérea en la capital. Una vez allí, el comando captor subió al atribulado mandatario a un avión militar que lo trasladó a la capital de Costa Rica, San José.

En el aeropuerto de San José, Zelaya fue recibido por una autoridad de protocolo costarricense, luego de avisar los pilotos a la torre de control de la inminente llegada del deportado pasajero cuando el avión se disponía a aterrizar. Instantes después, se personó en las instalaciones el presidente Óscar Arias y, por él acompañando, Zelaya compareció ante los medios en una improvisada rueda de prensa donde afirmó haber sido "ultrajado" por unos soldados que le trataron "con violencia y brutalidad", y denunció ser "víctima de un secuestro de algún grupo de militares hondureños". La cúpula de las Fuerzas Armadas le había "traicionado" y tras el golpe de fuerza advertía "un complot de una élite muy voraz". Sin embargo, él seguía siendo el "presidente legítimo de Honduras", subrayó.

Entre tanto, importantes acontecimientos políticos tenían lugar en Tegucigalpa. Reunido en sesión de urgencia y custodiado desde el exterior por las tropas que permanecían apostadas en los puntos estratégicos de la ciudad, el Congreso, en primer lugar, escuchó la lectura de una supuesta carta de renuncia firmada y sellada por Zelaya y con fecha del 25 de junio, en la que el presunto cesante –desde Costa Rica, Zelaya negó rotundamente la autoría de esa misiva- justificaba su dimisión por el "conflicto nacional" y "la situación polarizada" que vivía el país, y también por ciertos "problemas insuperables de salud", que le habían "impedido concentrarme en los asuntos fundamentales del Estado".

A continuación, los congresistas, aprobaron "por unanimidad" destituir al presidente al considerar que sus acciones de gobierno habían violado las leyes y la Constitución. Declarada vacante la suprema magistratura, los congresistas invistieron nuevo presidente titular de la República al jefe del hemiciclo, Micheletti, con el compromiso de terminar el mandato constitucional en enero de 2010. Por su parte, el Poder Judicial, en un comunicado, hizo constar que los sucesos de las últimas horas se ajustaban al imperio de la ley. En las calles, los zelayistas, entre el estupor y la indignación, amagaron con protagonizar los primeros actos de resistencia popular. Entre los movimientos sociales que habían apoyado la consulta popular, comenzaron a difundirse consignas de huelga general.

La drástica mudanza de poder en Honduras fue rápidamente condenada por el Consejo Permanente de la OEA, los gobiernos americanos y los europeos, que la calificaron sin ambages de golpe de Estado. Estados Unidos se apresuró a sumarse a las censuras y negó tener cualquier implicación en unos hechos "ilegales". Había unanimidad exterior en valorar la remoción de Zelaya como una acción antidemocrática que violaba el orden constitucional y debía ser revertida sin demora, pero los países del ALBA fueron más contundentes y animaron a la población a rebelarse cívicamente contra los golpistas. Desde Caracas, Chávez incluso amenazó con intervenir militarmente para impedir la compleción del derrocamiento de su aliado ("Ese golpe lo vamos a quebrar desde dentro y desde fuera (…) Si juramentan a Micheletti, o a Peleletti o Gafetti o a Goriletti, lo derrocaremos", advirtió); días después, el dirigente venezolano iba a ordenar la suspensión de los envíos de fueloil.

El 29 de junio Zelaya arribó desde San José a Managua para reunirse con los presidentes amigos en una batería de reuniones urgentes. En la capital nicaragüense se congregaron los mandatarios del ALBA, el SICA y el Grupo de Río con el fin de estudiar la crisis hondureña y expresar su postura inequívoca, exigiendo la inmediata reposición del colega depuesto. Allí, arropado por Chávez, Ortega, Morales y Rafael Correa de Ecuador, Zelaya volvió a explayarse sobre la traumática experiencia sufrida en la víspera, de la que había salido "vivo por una gracia de Dios". Los miembros del ALBA acordaron desconocer al Gobierno de facto de Micheletti y retirar a sus embajadores de Tegucigalpa hasta nueva orden.

Ese mismo día condenaron el golpe en Honduras, aunque no en términos tan duros como el ALBA, el Grupo de Río, el SICA y el Parlamento Centroamericano (Parlacen). Los vecinos centroamericanos, así como México, Brasil, Colombia y Chile, decidieron retirar a sus embajadores o bien llamarlos a consultas; al otro lado del Atlántico, les secundaron España, Francia e Italia, antes de hacerlo el resto de socios de la Unión Europea. El 30 de junio la condena vino de la Asamblea General de la ONU, antes de escuchar la alocución de Zelaya desde la tribuna de Nueva York, donde el mandatario fustigó al "grupo de usurpadores" que había dado un "zarpazo a la democracia". La ONU puso énfasis en la solicitud a los estados miembros de que se abstuvieran de reconocer al Gobierno de Micheletti.

En Tegucigalpa y las principales ciudades del país, ya se vivían escenas de gran tensión por la profusión de manifestaciones y contramanifestaciones. A favor de Micheletti hizo bandera la Unión Cívica Democrática (UCD), formada por políticos, empresarios, religiosos y organizaciones sociales. Los zelayistas, numerosos también aunque más dispersos, comenzaron a movilizarse en serio, pero toparon con la represión de las fuerzas del orden.


8. Un pulso fracasado con el Gobierno de facto de Micheletti

En los primeros días posteriores a su defenestración, todo parecía contar a favor de Zelaya, que gozaba del pleno reconocimiento internacional y confiaba en regresar al poder de manera inminente. Para su antagonista visceral, Micheletti, confrontado con la condena unánime y el aislamiento diplomático del exterior, la situación pintaba muy mal. Sin embargo, una mezcla de intransigencia, bravata y astucia dilatorias por su parte, estimulada por la percepción de que una parte considerable de la sociedad hondureña –según, él "el 80% de la población"-, incluidos todos los poderes y sectores de influencia tradicionales, estaba de su parte y no quería que Zelaya retornara, y de que en la comunidad internacional y en particular en la OEA empezaban a aflorar el titubeo y la laxitud, hizo deslizar sutilmente el curso de los acontecimientos a favor de su Gobierno, que fue consolidándose en el poder.

En sus primeras disposiciones, Micheletti decretó el toque de queda, que vino acompañado de restricción de libertades, cortes telefónicos y el enmudecimiento de los medios no adictos –las principales cabeceras de la prensa nacional se pusieron a informar con una línea descaradamente favorable al poder de facto, actuando como voceros de sus mensajes y ocultando las movilizaciones de los zelayistas-, tomó juramento a nuevos ministros y lanzó una campaña de defensa de la legitimidad de su posición, sustentada en la premisa de que Zelaya había sido desalojado por los militares siguiendo el mandato de los tribunales de justicia, por pretender celebrar una consulta ilegal. Según él, lo que le había sucedido a su antiguo compañero de barco era una "operación legal" y una "sucesión constitucional". Además, se congratuló porque el país se hubiera librado de un gobernante "que nos quería llevar a la izquierda", cuando ellos, los hondureños, querían "vivir en una derecha progresista".

La intención de Zelaya era volver a Tegucigalpa cuanto antes para retomar el mando. El 1 de julio la Asamblea General de la OEA, reunida en sesión extraordinaria y con el derrocado presente, condenó enérgicamente el golpe de Estado, dio al Gobierno de Micheletti un plazo de 72 horas para restituir a Zelaya e instruyó al secretario general de la organización, el chileno José Miguel Insulza, para que realizara las gestiones diplomáticas conducentes a "restaurar la democracia y el Estado de derecho", según lo previsto en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana.

Micheletti desoyó el ultimátum: Zelaya no tenía "la más remota posibilidad" de recuperar el poder y, lo que era más, si ponía un pie en Honduras sería detenido en el acto. Una primera ronda de gestiones de Insulza con las autoridades de Tegucigalpa fracasó. Como consecuencia, Honduras vio suspendida la membresía en la OEA por voto unánime de su Asamblea General el 4 de julio, aunque el Gobierno de facto se adelantó a la medida en la víspera anunciando el "abandono" de la organización. En cuanto a Zelaya, que excluyó la posibilidad de un segundo mandato aun cuando ese escenario no tenía cabida en la Constitución, pospuso unos días su anunciado aterrizaje en el país, anunciado a bombo y platillo para el 2 de julio, cuando debía regresar escoltado por los presidentes Correa de Ecuador y Cristina Fernández de Kirchner de Argentina.

Fue el día en que la Fiscalía General anunció que ya se había cursado a la Interpol una orden internacional de búsqueda y captura contra Zelaya. Más tarde, un grupo formado por trece diputados liberales y los seis de la UD (expuesta a partir de ahora a una persecución asesina digna de los escuadrones de la muerte de otras épocas) emitió una declaración rechazando rotundamente el golpe de Estado y negándose a reconocer a Micheletti como presidente de la República; con su proceder, explicaban, se "rompía con la falacia de que hubo unanimidad" en la actuación del Congreso del 28 de junio.

Zelaya, viniendo de Washington, lo intentó el 5 de julio. Su avión, de nacionalidad venezolana, se dispuso a aterrizar en el aeropuerto capitalino de Toncontín, pero el fuerte dispositivo militar y policial que rodeaba el aeródromo cargó y disparó contra los miles de partidarios congregados para recibirle y la efusión de violencia le obligó a desviarse a Managua. La represión se cobró la vida de dos personas, primeras víctimas mortales del golpe. Según el frustrado pasajero, las autoridades de facto advirtieron a los pilotos de su avión que o abandonaba el territorio hondureño o "sería bajado a tiros". En El Salvador permanecían aguardando el desenlace del peligroso intento de arribada Insulza, Correa, Fernández y el paraguayo Fernando Lugo, desplazados hasta allí en un avión aparte. Al día siguiente, la esposa de Zelaya, Xiomara Castro, que permanecía escondida desde el 28 de junio, reapareció para ponerse al frente de una gran manifestación en Tegucigalpa en favor de la reposición de su marido.

Tras esta alarmante confrontación de fuerzas, Zelaya y Micheletti aceptaron someterse a un oficio de mediación del presidente costarricense, Arias, quien recibió para su difícil misión el respaldo de la OEA y Estados Unidos. Los dos protagonistas de la crisis hondureña, Zelaya flanqueado por su canciller Patricia Rodas y viniendo de una reunión en Washington con la secretaria de Estado Hillary Clinton, acudieron a San José el 9 de julio para reunirse por separado con su anfitrión.

Calentada por las declaraciones previas de Zelaya, que tachó a su archienemigo de "presidente golpista con crímenes en su espalda", y el numantinismo de Micheletti, más decidido que nunca a impedir la restitución de Mel, la primera ronda de diálogo concluyó sin ningún acuerdo. El 13 de julio Zelaya dio un ultimátum a la "dictadura golpista" para que abandonara el poder: su "inmediato, seguro e incondicional" retorno al mismo, cumpliendo con las resoluciones de los organismos internacionales, era un punto innegociable –de hecho, el primer punto de la "hoja de ruta" de Arias- de las conversaciones de San José. Si Micheletti no claudicaba, él procedería a tomar "otras medidas". Dos jornadas más tarde, desde Guatemala, el mandatario invitó al pueblo hondureño a la "insurrección" para "hacer valer sus derechos constitucionales", forma de protesta que amparaba la Carta Magna en su artículo 3. El llamamiento empujó al Gobierno de facto a restablecer el toque de queda nocturno.

La inflexibilidad de las partes hizo encallar la facilitación de Arias. El 18 de julio expiró el ultimátum de Zelaya y Micheletti rechazó la propuesta del costarricense de crear un gobierno de "unidad y reconciliación nacional" liderado por el presidente depuesto en el que se sentarían los sectores en pugna. A lo más que estaba dispuesto era a acortar su mandato y entregar el poder a una tercera persona. Zelaya primero hizo saber que apreciaba la idea del gobierno de reconciliación, pero el 19 de julio, horas antes de comenzar la segunda ronda de diálogo entre las delegaciones y Arias, se retractó, expresando su negativa a compartir el poder con quienes le habían derrocado, si bien no veía problema en adelantar la conclusión de su mandato mediante anticipo electoral. Además, insistió en acometer la reforma constitucional prevista, lo que contravenía otro de los puntos de la propuesta de Arias. Zelaya dio por agotadas las negociaciones conducentes al Acuerdo de San José, por más que, en el otro bando, el Congreso y la Corte Suprema se pusieron a deliberar sobre su contenido.

Con las fichas devueltas prácticamente al casillero de salida, consciente de que cada día que transcurría se hacía más complicada su vuelta al país y sospechoso de que la suspensión de las ayudas europeas y estadounidenses a Honduras no iba a resultar suficiente para forzar el restablecimiento de la legalidad por él representada, Zelaya optó de nuevo por el lance puramente personal, a saber, tantear la porosidad de las fronteras hondureñas con vistas a regresar unilateralmente a un país que ya vivía un estado de "guerra civil" por culpa de los golpistas.

El 24 de julio, tras preparar el terreno con nuevos llamamientos a la "resistencia" y la "desobediencia civil", y encomendándose a Dios para no ser asesinado por los militares, Zelaya partió por tierra desde la ciudad nicaragüense de Estelí acompañado de una comitiva de partidarios y periodistas que incluía al ministro de Exteriores de Venezuela, Nicolás Maduro, se plantó en la frontera a la altura de Las Manos, en el departamento de El Paraíso, se asomó fugazmente a la parte hondureña y con presteza volvió sus pasos al país vecino ante el riesgo de ser detenido por los mismos oficiales con los que conversó. Por su "temeraria" iniciativa, que tuvo más de finta propagandística que de verdadera intentona de penetración, Zelaya recibió las críticas de Estados Unidos y de Arias.

Al día siguiente, el presidente volvió a arrimarse a la demarcación internacional en el puesto de Las Manos, donde anunció la instalación de un campamento "para organizar la resistencia". Sin embargo, prefirió hospedarse en un pequeño hotel de la localidad nicaragüense de Ocotal, a 25 km del borde, desde donde aleccionó a los paisanos partidarios que habían conseguido traspasar la demarcación y reunirse con él.

A continuación, se internó en las montañas y anunció la organización de unas "Milicias Populares de Resistencia", asunto que alarmó a la oposición nicaragüense, ya irritada por el generoso hospedaje dado al hondureño por el Gobierno sandinista de Ortega, y del que no volvió a saberse más. Zelaya anunció también que demandaría a Micheletti ante la Corte Penal Internacional, auguró "violencia generalizada" si aquel no se plegaba al punto de su reposición y, marcándole un gol a su oponente, sostuvo en Managua una cordial reunión con el embajador estadounidense en Tegucigalpa, Hugo Llorens, al que pidió el endurecimiento de las presiones al Gobierno de facto, cosa que el país norteamericano haría el 26 de agosto con la interrupción la emisión de visados a todos los ciudadanos hondureños y el 3 de septiembre con el bloqueo permanente de toda la ayuda no humanitaria.

En la primera quincena de agosto Zelaya fue galvanizado por el recibimiento que le tributó el presidente Calderón en México, donde manifestó su disposición a zanjar la crisis "por métodos pacíficos", la decisión de los países de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), a cuya II Cumbre en Quito asistió como invitado especial, de no reconocer ninguna convocatoria a elecciones por el Gobierno de facto, su recepción igualmente cálida por Lula da Silva en Brasilia y por Michelle Bachelet en Santiago de Chile, y la intensificación del movimiento de apoyo popular en casa, al sucederse las más concurridas manifestaciones del llamado Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado, entre cuyos conductores destacaban la primera dama Xiomara Castro y su hija Hortensia Zelaya.

Sin embargo, la esterilidad de la vía diplomática ya le estaba impacientando. A finales de agosto, la misión de cancilleres de la OEA encabezada por el secretario general Insulza, que hizo suyo el plan Arias sobre el Acuerdo de San José, no hizo cambiar de opinión a los representantes políticos e institucionales hondureños con los que se entrevistó. Iniciado septiembre, se puso en marcha la campaña de las elecciones presidenciales del 29 de noviembre, a las que se presentaban Lobo por el PNH y el ex vicepresidente Elvin Santos por el PLH. La cuenta atrás electoral no se vio alterada por el consenso de los 33 países activos de la OEA sobre el no reconocimiento de sus resultados.

El 21 de septiembre de 2009 Zelaya imprimió a la enquistada crisis hondureña un formidable golpe de efecto al colarse en Honduras de manera subrepticia y tomar refugio en la Embajada de Brasil en Tegucigalpa. El inesperado movimiento, efectuado por tierra y siguiendo una ruta discreta pero tortuosa, cogió completamente desprevenido al Gobierno de facto, que reaccionó declarando el toque de queda en todo el territorio nacional. En sus primeras alocuciones desde la legación diplomática, el huésped en su propio país declaró que había regresado a Honduras para "iniciar un gran diálogo", pidió, como "comandante general electo por el pueblo", a las Fuerzas Armadas que evitaran los actos de violencia y llamó a sus simpatizantes a llenar las calles, cosa que estos hicieron, dando lugar a una nueva ola de choques con las fuerzas del orden. Centenares de soldados y policías levantaron un cerco alrededor de la representación brasileña, aislando a su ocupante.

Lo que en un primer momento podía interpretarse como un factor decisivo de presión a Micheletti y su bando, no tardó en volverse contra el protagonista, que se encontró atrapado, con mínima capacidad para hacer campaña internacional de su causa, en un recinto extraterritorial. De poco sirvió que el presidente Lula, desconocedor de las intenciones de Zelaya hasta que este las materializó, diera su más absoluto respaldo a la permanencia del homólogo hondureño en la legación y pasara a capitanear la defensa continental de su restitución. Claro que Lula pidió también a Zelaya que se abstuviera de hacer cualquier gesto o declaración que pudiera encrespar los ánimos más de lo que ya estaban, llamado que el centroamericano no acató.

Compartiendo fortuna con unas cuantas decenas de paisanos ingresados en la Embajada tras ser dispersada por efectivos antidisturbios su protesta en el exterior del edificio, Zelaya se encontró con que las autoridades de fuera le cortaron el agua y la electricidad, aunque no el teléfono, su único canal de comunicación con el mundo, y le sometieron a tácticas de acoso psicológico, como impedirle dormir con estruendos deliberados y sobresaltarle a cualquier hora con repentinas exhibiciones de fuerza militar que parecían indicar un asalto inminente. El mandatario denunció además ser víctima del lanzamiento de gases tóxicos y de unas insidiosas "radiaciones de alta frecuencia", emitidas por "aparatos electrónicos" capaces de "afectar al cerebro humano".

Lo cierto era que los ocupantes de la Embajada habían de ser aprovisionados de alimentos, bebidas y útiles de aseo por voluntarios de la sociedad civil, pertrechos que debían superar el control policial. Además, Micheletti, en un nuevo giro de tuerca en su intransigencia y autoritarismo, decretó el 27 de septiembre un estado de sitio encubierto por un plazo de 45 días. Varias garantías constitucionales, incluidas las libertades de circulación, reunión y difusión, quedaron suspendidas y funcionarios de una misión de avanzada de la OEA vieron impedido el acceso al país.

El irreductible mandatario de facto estaba tomando buena nota de la decisión de algunos estados que habían retirado o llamado a consultas a sus embajadores de hacerlos regresar en un intento de contribuir al diálogo. También, del tono cada vez más matizado de Arias e Insulza, en el sentido de que el poder ejecutivo instaurado el 28 de junio era una realidad que no se podía ignorar y con la que había que negociar. En un llamamiento que denotaba nerviosismo y cansancio, Zelaya solicitó a la ONU todo su apoyo para "revertir el golpe de Estado", tras el cual además se estaba "instalando una dictadura fascista".

Cada vez más seguro de su posición, Micheletti levantó el toque de queda el 30 de septiembre y el 5 de octubre derogó el decreto de suspensión de las garantías constitucionales. Fueron unas medidas que permitieron la vuelta a la escena de la diplomacia, alumbrado de repente unas perspectivas razonablemente optimistas de una próxima solución de la crisis, aunque no se sabía en qué términos. Zelaya, no muy convencido pero consciente de la precariedad de su situación se apresuró a aceptar un proceso de diálogo con Micheletti con la doble facilitación de la OEA y el Departamento de Estado de Estados Unidos.

El 30 de octubre, al cabo de tres semanas de tortuosas negociaciones sobresaltadas varias veces por las manifestaciones de enfado de Zelaya con la actitud de la otra parte y los anuncios de ruptura, las delegaciones consiguieron finiquitar un texto de consenso que aparentemente ponía término a la crisis. El denominado Acuerdo Tegucigalpa-San José para la reconciliación nacional y el fortalecimiento de la democracia en Honduras establecía el sometimiento al Congreso de la decisión de reponer a Zelaya, quien a cambio renunciaba a convocar una Asamblea Constituyente o reformar la Constitución "en lo irreformable".

Se formaría, no más tarde del 5 de noviembre, un Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional, el cual funcionaría hasta la inauguración del ejecutivo electo el 27 de enero de 2010 y estaría integrado por "representantes de los diversos partidos políticos y organizaciones sociales". Sin embargo, no se decía quién debía presidirlo. Se crearían además una Comisión de Verificación de los compromisos asumidos en el Acuerdo y una Comisión de la Verdad para esclarecer los hechos ocurridos antes y después del 28 de junio. Asimismo, se instaba a la comunidad internacional a normalizar sus relaciones con Honduras y a cancelar sus sanciones, en particular las que afectaban a la cooperación al desarrollo.

Dos puntos del Acuerdo llamaban la atención, por cuanto suponían una derrota objetiva de Zelaya: primero, su restitución no iba a ser automática porque no era imperativa, sino que quedaba al arbitrio de la misma institución, la legislativa, que había validado su remoción; segundo, las elecciones de noviembre iban a tener lugar sin novedad, no estando condicionada su celebración al cumplimiento de los restantes puntos del Acuerdo. También, se hacía notar la ausencia de referencias a cualquier tipo de amnistía, luego Zelaya seguiría siendo un prófugo de la Corte Suprema.

De inmediato, Zelaya advirtió que para dar su aval al Gobierno de Unidad, antes él debía ser repuesto; de lo contrario, consideraría roto el Acuerdo. Su interpretación del punto del Acuerdo relativo al poder ejecutivo era que las partes, implícitamente, "recomendaban" al legislativo que retrotrajera la titularidad de dicho poder a su estado previo a los sucesos del 28 de junio hasta la conclusión del mandato salido de las elecciones de 2005.

La interpretación de Micheletti era estrictamente literal, sin lecturas entre líneas, pero además el maniobrero presidente de facto no dudó en instrumentar a su favor las imprecisiones y lagunas del Acuerdo. Micheletti dejó claro que él debía ser el encargado de encabezar el Gobierno de Unidad y a continuación invitó a Zelaya a que le presentara una lista de diez personas que podrían integrar el nuevo Gobierno. Zelaya se negó, pero eso no impidió a Micheletti anunciar la renuncia en pleno de sus ministros para dar paso a un ejecutivo presidido por él mismo. Airado, Zelaya dio por muertas las negociaciones. El Acuerdo Tegucigalpa-San José se fue a pique el mismo día en que debió entrar en vigor el primero de sus puntos.

Llegado este momento decisivo, ni la OEA ni Estados Unidos, que se planteaba ya reconocer al ganador de las elecciones de noviembre (implícitamente se inclinaban por hacerlo también Colombia, Perú y Costa Rica, mientras que Panamá ya había dejado claro que daría ese paso), reaccionaron con la contundencia que Zelaya requería para tener una esperanza de retornar al Palacio de Gobierno y, aun con su capacidad de mando fuertemente mermada, completar en ejercicio lo poco que le quedaba de su mandato de cuatro años.

Sintiéndose burlado por las "trampas", las "malicias" y la "mala fe" de Micheletti a la vez que desahuciado por Washington, Zelaya se abandonó al negativismo, como dando su causa por perdida. Así, rechazó una oferta de su antagonista de repartirse el Gobierno de Unidad al 50 por ciento –sin él al frente, por supuesto-, anunció la impugnación del resultado de un proceso electoral "ilegal" y "antidemocrático", y declaró inaceptable cualquier acuerdo de retorno a la Presidencia que sólo serviría para "encubrir este golpe de Estado". En esos términos se lo dijo al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en una extensa carta que difundió a los medios el 14 de noviembre. Dos días después, empero, puntualizó que no había renunciado a ser restituido, sino sólo a volver a entablar diálogo con el Gobierno de facto. Posteriormente, el presidente fue más franco y ante la prensa se declaró "traicionado" por Obama.

La derrota de Zelaya era total y presentaba visos de humillación añadida. El Congreso se había escabullido de lo que le competía del Acuerdo Tegucigalpa-San José y había pasado la pelota a la Corte Suprema. Esta se pronunció sobre la vuelta al poder de Zelaya el 26 de noviembre en el sentido, no sorprendente para nadie, de que la recuperación por aquel de la oficina presidencial no era posible porque había emprendidas acciones penales en su contra. Tres días después tuvieron lugar, en un ambiente de relativa calma y con el boicot de los liberales zelayistas y del Frente Nacional de Resistencia, las elecciones presidenciales, que ganó Lobo con el 56,6% de los votos. El 2 de diciembre, el Congreso Nacional saliente, por 111 votos contra 14, considerando los informes adversos de la Corte Suprema, la Procuraduría General y la Fiscalía General, y entre invocaciones a Dios y justificaciones patrióticas, cerró de manera definitiva la puerta a la restitución de Zelaya por los dos meses escasos que le quedaban de mandato constitucional.

La única puerta que se le abría a Zelaya era la del exilio, y empezó a sondearla. Primero se planteó la posibilidad de marchar a México, y de hecho el Gobierno de este país fletó un avión destinado a recoger al hondureño, pero el plan no prosperó por los desacuerdos entre las partes interesadas sobre las condiciones para la emisión del pertinente salvoconducto.

Entonces se abrió paso la alternativa de la República Dominicana, cuyo presidente, Leonel Fernández, negoció directamente con Lobo, todavía presidente electo, un plan de acogida de Zelaya según el cual el mandatario depuesto y su familia podrían salir de Honduras con un permiso especial nada más producirse el traspaso de poderes con Micheletti. Los Zelaya viajarían con Fernández en calidad de "huéspedes distinguidos" a bordo del avión que traería al dominicano de vuelta a casa tras asistir a la toma de posesión de Lobo. El acuerdo fue cerrado por Fernández y Lobo en Santo Domingo el 20 de enero.

Dicho y hecho, el 27 de enero de 2010 Lobo recibió la banda presidencial y Zelaya, tras 129 días de encierro en la Embajada brasileña, salió del recinto al encuentro de Fernández, se reunió con su esposa Xiomara y su hija Hortensia, y todos juntos partieron, formando un convoy de un veintena de automóviles protegido por un fuerte dispositivo de de seguridad y al que se incorporó el propio Lobo, al aeropuerto de Toncontín. Tras prometer a sus partidarios allí presentes que regresaría, Zelaya despegó rumbo a Santo Domingo, en cuya base aérea de San Isidro aterrizó dos horas después.

Una vez en tierra, el ex presidente agradeció a su anfitrión el haber hecho posible "este rescate histórico" y permitir salir a su familia de lo que denominó "una terrible tragedia". Sus intenciones eran permanecer en la República Dominicana como "huésped distinguido" durante unas semanas, antes de partir para México, donde pensaba vivir de forma permanente (dicho escenario no se materializó), aunque esperaba "volver lo más pronto posible" a Honduras para participar en un "proceso de reconciliación nacional", sin el cual el Gobierno de Lobo, no obstante reconocerle su buen gesto para con él, no podría establecer "un verdadero orden democrático".


9. Vicisitudes en el exilio

A finales de febrero, la Fiscalía General volvió a solicitar la captura de Zelaya, esta vez por unos supuestos de fraude en perjuicio de la fe pública y la Administración Pública, falsificación documental y abuso de autoridad (dos casos). La imputación de corrupción recayó también en cuatro altos funcionarios de su Gobierno: el ex ministro de la Presidencia Enrique Flores Lanza, la ex ministra de Finanzas Rebeca Patricia Santos Rivera, el ex viceministro de Finanzas José Antonio Borjas Massis y el ex ministro del FHIS César Salgado Sauceda.

El 6 de marzo, Chávez, quien, al igual que Lula da Silva, se mostraba dispuesto a reconocer al Gobierno de Lobo si este concedía al ex mandatario una repatriación con garantías y sin restricciones políticas, nombró al "valiente soldado" Zelaya, arribado a Caracas en el curso de una gira regional, al frente de un nuevo órgano de Petrocaribe, el denominado Consejo Político por la Defensa de la Independencia y la Democracia. Días después, el hondureño interpuso denuncia contra el Estado de su país ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual comunicó que en la nación centroamericana se seguían produciendo violaciones de los Derechos Humanos y no se daban las condiciones para el regreso del demandante.

El 18 de marzo, Lobo, con tono conciliador, aseguró que su predecesor en el cargo podía regresar "cuando quisiera" y que debía ser "tratado con dignidad". Comenzado mayo, el presidente reiteró la oferta y añadió que Mel, si se decidía a dar ese paso, no sería detenido. Zelaya rechazó el ofrecimiento, que condicionó a la anulación de los procedimientos judiciales y las órdenes de detención. Entonces, Lobo le reprochó que reclamara una "amnistía para cualquier tipo de delitos".

Acto seguido, el fiscal general, Luis Alberto Rubí Ávila, terció en la cuestión advirtiendo que los cargos contra el ex presidente seguían en pie y que los procesos en su contra no serían anulados sin más. El fiscal exhortó a Zelaya a regresar, a comparecer ante la justicia "y, si tiene la razón, que se le absuelva". Rubí también recordó que los delitos de tipo político, como el imputado a raíz de la convocatoria de la consulta sobre la cuarta urna, estaban sujetos a un decreto de amnistía vigente desde febrero, tras su aprobación por el Congreso Nacional y su sanción por Lobo en enero, pero insistió en que Zelaya debía presentarse a los jueces para que esa gracia se le pudiera aplicar.

En relación con esta acusación, la Interpol desistió de emitir la orden de captura internacional por entender que el delito imputado era de naturaleza política. Lobo insistió en que Zelaya si no volvía era "porque no quería", y hasta se ofreció a ir a buscarle a Santo Domingo para "traerle" con garantías de que no sería encarcelado. Sin embargo, las contradicciones del Ejecutivo quedaron de manifiesto al recalcar el ministro de Seguridad, Óscar Álvarez Guerrero, que sí habría detención.

A últimos de junio, la Fiscalía, en aplicación del decreto de amnistía, retiró las acusaciones formuladas por la convocatoria de la consulta preconstituyente, pero mantuvo las de los delitos comunes de corrupción. No obstante, la Fiscalía se mostró dispuesta a solicitar "medidas cautelares sustitutivas de prisión" en caso de que su acusado se presentara en Honduras. En julio, el Juzgado de Letras de lo Penal de Tegucigalpa comunicó el sobreseimiento de uno de los procesos por abuso de autoridad, quedando abiertas otras tres causas.

En mayo, Zelaya anunció en Quito la presentación de un plan para la "libertad democrática" de los hondureños. Insulza señaló que Honduras sólo volvería al seno de la OEA si el ex presidente regresaba a su casa, perspectiva que Zelaya veía bloqueada en buena medida por culpa de una actitud de "oposición" de Estados Unidos, a cuyo Comando Sur acusó de planear el golpe que lo removió.

En julio, el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) eligió a Zelaya su coordinador general. El 17 de septiembre del mismo año el ex presidente se convirtió en diputado del Parlacen, lo que fue visto como otro guiño posibilista de Lobo. En noviembre, un estudio realizado por la universidad estadounidense de Vanderbilt concluyó que la mudanza institucional del 28 de junio de 2009 había concitado el rechazo del 58,3% de los hondureños; el mismo estudio, titulado Barómetro de las Américas: Cultura política de la democracia en Honduras 2010, indicaba que el 61,1% consideró la salida de Zelaya del poder un golpe de Estado y no una sucesión constitucional, y que un 72,7% estuvo en contra de la decisión de los militares de expulsar al derrocado al exilio.

(Cobertura informativa hasta 1/12/2010).


Ampliar información