Vinicio Cerezo Arévalo

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Datos relevantes

Actualización: 6 de Junio de 2011
Vinicio Cerezo Arévalo
Marco Vinicio Cerezo Arévalo

Guatemala

Presidente de la República

Duración del mandato: 14 de Enero de 1986 - 14 de Enero de 1991

Nacimiento: Ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala , 26 de Diciembre de 1942

Partido político: DCG

Resumen

Hijo del magistrado de la Corte Suprema Marco Vinicio Cerezo Sierra y miembro de una familia de tradición liberal y democrática, terminó el bachillerato en el Colegio Salesiano Don Bosco y posteriormente realizó la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad de San Carlos (USAC), sita igualmente en la capital del país, por la que se licenció en 1968 con sendas habilitaciones para abogado y notario.

Biografía

Interesado en la política desde temprana edad, en la primavera de 1962 fue elegido miembro de la Coordinadora Estudiantil de la USAC, organización que jugó un papel señero en la protesta nacional contra el Gobierno del general José Ramón Ydígoras Fuentes, del derechista Partido de la Redención Democrática Nacional (PRDN), llegado al poder en las confusas elecciones de 1958 con un programa democrático y cuya presidencia se consideraba fracasada por su incapacidad para poner coto a la crisis económica, la corrupción la subversión de las izquierdas revolucionarias, las provocaciones de la extrema derecha y los ruidos de sables en los cuarteles. Ciertamente, en marzo de 1963 las Fuerzas Armadas, en la persona del ministro de Defensa, coronel Enrique Peralta Azurdia, se hicieron con el control directo del país a través de un golpe de Estado, uno más entre tantos, de los habidos y por haber.

En aquella época, Cerezo era un inquieto universitario con ideas progresistas y reformistas. Luego de presidir la Asociación de Estudiantes de la USAC, en 1964 ingresó en el partido con el ideario más afín al suyo, la Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG). Desde su surgimiento en junio de 1955, durante la dictadura del coronel Carlos Castillo Armas, con los auspicios del Arzobispado de Guatemala, esta pequeña formación animada por profesionales liberales de la clase media, burgueses urbanos y miembros de la Juventud Obrera Católica había tenido muy poco éxito en sus envites electorales y encontraba grandes dificultades para vender su programa centrista de tímidas reformas sociales y de apuesta por las fórmulas democráticas, en un país que desde el derrocamiento del presidente izquierdista Jacobo Arbenz Guzmán en 1954 por instigación de Estados Unidos vivía en un estado de efervescencia política permanente, alimentada por extremismos de izquierda y de derecha.

Precisamente, cuando Cerezo se incorporó a la DCG, la agrupación experimentó una escisión por su derecha, dando lugar al Partido Institucional Democrático (PID), el cual pasó a ocupar el espacio político del PRDN, mudanza que aclaró el perfil centrista y moderado de la DCG. La nueva dictadura de Peralta desató una fuerte represión sobre todos los partidos, no ya de izquierda, sino cualesquiera que mostraran un mínimo asomo de progresismo. La DCG fue una de las fuerzas que vio vetada su participación en las elecciones presidenciales del 6 de marzo de 1966, en las que el candidato del PID que contaba con el aval de Peralta fue derrotado por Julio César Méndez Montenegro, del Partido Revolucionario (PR), que, a pesar de su nombre, se trataba de otro partido de derecha. Luego de recobrar, en julio de 1968, el reconocimiento como partido legal, la DCG eligió a Cerezo su secretario de Organización en 1970.

En las elecciones presidenciales que se celebraron el 1 de marzo de aquel año, los democristianos guatemaltecos, con el apoyo del entonces proscrito Frente de Unidad Revolucionaria Democrático (FURD, socialdemócrata) de Manuel Colom Argueta, presentaron la candidatura del coronel Jorge Lucas Caballeros, personalidad abiertamente conservadora que se había integrado en la DCG luego de prohibirle el Gobierno su Partido Social Guatemalteco (PSG). Lucas Caballeros obtuvo un meritorio 21,7% de los votos, aunque no existía ninguna posibilidad de batir al postulante de los poderes fácticos, el Ejército y la élite político-económica ultraconservadora, el general Carlos Manuel Arana Osorio.

Con el patrocinio del PID y el ultraderechista Movimiento de Liberación Nacional (MLN), Arana se llevó la Presidencia frente a Lucas Caballeros y el aspirante del PR, Mario Fuentes Pieruccini. Su asunción inauguró la más sombría etapa en la historia contemporánea de Guatemala, que iba a durar hasta la llegada de Cerezo a la suprema magistratura 16 años después y a caracterizarse por la institucionalización del poder político de los militares, primero tras una fachada pseudodemocrática de pluralismo restringido y elecciones fraudulentas, y más adelante directamente con el Gobierno de facto, no dejando de aumentar la virulencia de la represión y las violaciones de los Derechos Humanos en todo el período. Lucas Caballeros mismo fue una víctima preclara de la violencia política rampante, y el hueco de su liderazgo fue llenado por Cerezo y otros dos dirigentes de verdadero ideario democristiano, Danilo Barillas y León Schotter.

Cerezo, en lo que no difirió de otros líderes políticos de actitudes moderadas y, no puede dudarse en su caso, sinceras, fue copartícipe y legitimador de un sistema tan restrictivo de las opciones ideológicas y las reglas del juego que generales y coroneles eran quienes copaban las palancas del poder, los liderazgos partidistas y las principales candidaturas electorales, no habiendo diferencias en ese aspecto entre el Gobierno y la oposición de turno. Tan arriesgado era ser un demócrata en Guatemala que la supervivencia política y física de Cerezo y sus compañeros se antojaba más perentoria que la exigencia nítida a los militares del establecimiento en Guatemala de una democracia verdadera, con autoridad civil y Estado de derecho.

Quien adoptaba un tono contundente o recriminatorio sobre estas cuestiones dibujaba sobre sí una diana de tiro, así que Cerezo, notable orador que se destacaba más entre los pésimos comunicadores que eran los jerifaltes del poder, desarrolló un discurso político característico en el que las formas articuladas y calmosas se combinaban con un estilo lleno de retórica, generalidades patrióticas y rodeos semánticos, destinado a no herir susceptibilidades. Sin embargo, la autocontención no le sirvió de nada.

El estado de cosas en Guatemala, rigiendo con todo vigor las servidumbres geopolíticas y los esquemas mentales de la Guerra Fría, que hacían del anticomunismo casi una precondición para participar en la política legal, hacía imposibles los cambios rupturistas –si no cualquier cambio- dentro del sistema; la alternativa era la subversión revolucionaria, y ello sólo podía repugnar a un allegado a los legalismos y un cauteloso reformista social como Cerezo, aunque el mero hecho de mostrar estas veleidades ya le hizo parecer sospechoso de izquierdista, incluso de marxista, ante los círculos de la extrema derecha, en un país donde estas etiquetas políticas se adjudicaban a la ligera como exabruptos estigmatizadores.

En la Guatemala del pistolerismo político y la impunidad criminal de las organizaciones paraestatales, portar el sambenito de izquierdista entrañaba un alto riesgo para la integridad física, algo de lo que Cerezo, uno de los hombres más amenazados del país, que debía hacer sus desplazamientos rodeado de guardaespaldas con un pequeño arsenal de armas cortas a cuestas, iba a dar buena fe a comienzos de la década siguiente con tres intentos de asesinato. El más peligroso fue el que sufrió el 14 de febrero de 1981, siendo ya secretario general del partido, cuando su furgoneta blindada fue atacada con granadas y metralletas en el centro de la capital por un comando que, apenas podía dudarse, actuó por orden o al menos bajo la protección del presidente militar de turno, el general Fernando Romeo Lucas García.

De cara a las elecciones generales del 3 de marzo de 1974, la DCG se coaligó con el Partido Revolucionario Auténtico (PRA) de Alberto Fuentes Mohr y el Frente Unido de la Revolución (FUR) de Colom Argueta bajo el paraguas del Frente Nacional de Oposición (FNO) y postuló la candidatura presidencial del general José Efraín Ríos Montt, quien, a fuer de un grosero fraude, fue derrotado por el también general Kjell Eugenio Laugerud García, el nominado por la alianza oficialista PID-MLN.

Aunque este intento de desbancar al régimen con los mecanismos electorales disponibles fracasó, a Cerezo y su partido les fue muy bien en los comicios al Congreso de la República, ya que él obtuvo el escaño de diputado y la DCG triplicó su representación, convirtiéndose, con 14 curules, en la primera fuerza de la oposición parlamentaria. En las siguientes dos elecciones generales la DCG tampoco presentó candidato propio y Cerezo, previa reconfiguración de sus alianzas partidistas, sostuvo las aspiraciones de otros dos prebostes de la élite político-militar que, presuntamente, tenían en sus agendas reformas democráticas y sociales.

En la elección del 5 de marzo de 1978 la plataforma partidista de la DCG se denominó Cruzada de Unidad Nacional (CUN), en compañía sólo del PRA, y el presidenciable el general Ricardo Peralta Méndez, quien, siempre según el poco fiable escrutinio oficial, obtuvo un insuficiente 25,8% de los votos y fue superado por el candidato oficialista, el general Lucas García, postulado por el PID y el PR, y por el ex dictador Peralta Azurdia, que concurrió con un programa abiertamente fascista por cuenta del MLN, ahora separado del frente gubernamental. En el Congreso la representación democristiana se redujo a siete diputados.

Luego, el régimen de Lucas García se reveló verdaderamente letal para la DCG: más de 150 militantes y cargos electos fueron asesinados con absoluta impunidad, no teniendo, al igual que la pléyade de dirigentes políticos de otros partidos de mayor o menor signo progresista (como Fuentes Mohr y Colom Argueta, asesinados en enero y marzo de 1979, respectivamente), la fortuna de Cerezo. Acosada por esta verdadera campaña de exterminio de los escuadrones de la muerte, la DCG se vio obligada a retirar sus tres representantes supervivientes del Congreso, a clausurar todas sus sedes y a refugiarse en lo que la prensa llamó las “catacumbas” políticas.

Cerezo se presentó, por tanto, con sus huestes diezmadas a la cita electoral del 7 de marzo de 1982. Articuló la Unión Nacional Opositora (UNO) con el derechista Partido Nacional Renovador (PNR) y abrazó la candidatura del líder de este partido escindido del MLN, Alejandro Maldonado Aguirre. Sin sorpresas, a Maldonado se le dio por derrotado con el 22,7% de los votos ante el general Ángel Aníbal Guevara Rodríguez, ministro de Defensa de Lucas y candidato del PID, el PR y el Frente de Unidad Nacional (FUN), agrupados los tres en el Frente Democrático Popular (FDP). Además, a la UNO le fue francamente mal en las legislativas y únicamente metió dos congresistas.

Confrontados con unos resultados electorales que no podían creerse, Cerezo, Maldonado y el líder y candidato del MLN, Mario Augusto Sandoval Alarcón, un anticomunista frenético relacionado con la proliferación de la violencia paraestatal, lanzaron una campaña de protestas callejeras por lo que, consideraban, había sido una pantomima de elecciones. Aunque Guevara no llegó a tomar posesión de su cargo electo el 1 de julio, porque el 23 de marzo un grupo de oficiales jóvenes del Ejército derrocó con absoluta facilidad a Lucas y elevó a la Presidencia de facto a Ríos Montt.

Pese a que el ex candidato presidencial se erigió en dictador sin tapujos derogando la Constitución, disolviendo el Congreso, declarando el estado de sitio y prohibiendo las actividades de los partidos, la DCG, al igual que el MLN (en paradójica connivencia, tratándose de dos partidos antitéticos) salieron a respaldarle, incluso le montaron manifestaciones populares de adhesión en las que Cerezo compartió tribuna con el filofascista Sandoval, porque, con la contundencia discursiva del mesiánico evangelista que era, Ríos anunció su determinación de combatir sin tregua el subdesarrollo nacional, la miseria que afligía a extensas capas de la población y la corrupción y las depredaciones de la casta político-militar teóricamente descabalgada, a la par que la subversión rampante de los grupos guerrilleros revolucionarios.

Sin embargo, bien pronto se vio que tamaño proyecto apuntaba únicamente a una cruzada de erradicación de los focos guerrilleros, con su espeluznante cohorte de asesinatos en masa de campesinos e indígenas presuntamente ligados a la insurgencia. Sin llegar a denunciar los desmanes genocidas de Ríos, Cerezo sí le retiró su apoyo político (por otra parte, no esencial para la supervivencia del Gobierno de facto), exigiéndole la convocatoria de elecciones generales y uniendo su voz disconforme a la de otros dirigentes políticos que, al igual que numerosos mandos militares, se sentían más molestos e inquietos por el extraño redentorismo político-religioso del dictador y el excesivo personalismo de su régimen que por los horrores de las tácticas de tierra quemada en las áreas rurales.

Así las cosas, en agosto de 1983 la DCG acogió con una mezcla de satisfacción y de cautela el golpe de Estado del ministro de Defensa, general Óscar Humberto Mejía Víctores, quien no obstante ser un oficial de la línea dura derechista y mostrar el mismo desprecio que sus antecesores por los Derechos Humanos, sí aceptó emprender un proceso controlado de institucionalización a cuyo término se restituyera el poder a un Gobierno civil salido de elecciones. A pesar de que los escuadrones de la muerte le seguían teniendo en el punto de mira, Cerezo brindó su colaboración al enésimo dictador militar.

Cerezo concurrió con su partido en las elecciones del 1 de julio de 1984 a la Asamblea Nacional Constituyente convocada por Mejía; por primera vez en sus tres décadas de existencia, la DCG se convirtió en el primer partido de Guatemala con el 21,2% de los votos y 20 de los 88 escaños en juego, seguido muy de cerca por la novísima Unión del Centro Nacional (UCN) de Jorge Carpio Nicolle, en un contexto de retroceso de las opciones más derechistas en beneficio de aquellas más moderadas que jugaban las cartas de la civilidad democrática y el posibilismo en el conflicto con las guerrillas, en la práctica una guerra civil cuyo mortífero balance de bajas se registraba fundamentalmente en la retaguardia.

Después de este éxito, Cerezo presentó su candidatura para las elecciones presidenciales que debían celebrarse el año siguiente al amparo de la nueva Carta Magna. Con el respaldo oficioso de las pequeñas formaciones centristas Frente Cívico Democrático (FCD) y Acción Democrática (AD), el líder democristiano comenzó una campaña de promoción nacional que incidía en el arranque del diálogo con la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), esto es, la coordinadora de las tres guerrillas (Fuerzas Armadas Rebeldes –FAR-, Ejército Guerrillero de los Pobres -EGP- y Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas –ORPA-) y su brazo político, el Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT, comunista), simultáneamente a un proceso de reformas políticas, económicas y sociales, ya que, en su análisis, la única manera de reducir la subversión sin poner al mismo tiempo en peligro el sistema democrático era corrigiendo los agudísimos desequilibrios de toda índole. En definitiva, Cerezo vinculaba a factores internos, y no externos (la injerencia del comunismo internacional), la emergencia del fenómeno guerrillero.

De todas maneras, Cerezo, consciente de que los militares consentían en abandonar la dirección formal de las tareas de Gobierno sólo porque daban por hecho que los nuevos gobernantes civiles no iban a cuestionar su autonomía total en la lucha antiguerrillera y su autoridad en todo lo referente a la seguridad nacional, se guardó de hablar de la reforma agraria (a todas luces, urgente, ya que un puñado de familias de terratenientes poseía el 70% de la tierra cultivable) o de cualquier otra reforma estructural de calado que pudiera interpretarse como una claudicación ante los subversivos.

Cerezo sólo se comprometía a introducir una reforma fiscal centrada en el aumento de la tributación directa de las rentas más altas, pero tratando de no dañar las inversiones productivas, ya de por sí nimias en un país que se adentraba en su cuarto año de crecimiento negativo del PIB. Por lo demás, Cerezo, no obstante su calvario particular, era partidario de hacer borrón y cuenta nueva del legado de atrocidades de los militares, siendo así que se le atribuía la aseveración de que el pasado debía ser olvidado en Guatemala o de lo contrario habría que llevar a los tribunales a las Fuerzas Armadas enteras.

Los guatemaltecos que vencieron el miedo y acudieron a votar se volcaron con las opciones centristas y moderadas frente a las extremistas de derecha, siendo así que en la histórica jornada del 3 de noviembre de 1985 Cerezo, seductor por su aspecto de hombre bienintencionado y confiable, y por la lógica de sus exposiciones, se adelantó con el 38,6% de los sufragios a sus dos rivales inmediatos, Carpio por la UCN y Jorge Antonio Serrano Elías por cuenta del PR y el Partido Democrático de Conciliación Nacional (PDCN). El 8 de diciembre tuvo lugar la segunda ronda y Cerezo batió al ucenista, no obstante los intentos de éste de descalificarle tachándole de “izquierdista peligroso”, con un arrasador 68,4% de los votos. La espectacular victoria de Cerezo tuvo su reflejo en las legislativas, donde la DCG vio reforzada su primacía con 51 de los 100 escaños del Congreso abiertos a competición, así como en las municipales.

El 14 de enero de 1986, coincidiendo con la entrada en vigor de la nueva Constitución, Cerezo y el vicepresidente electo, Roberto Carpio Nicolle (hermano de Jorge Carpio) tomaron posesión de su mandato quinquenal. En su caso, se trataba del primer presidente elegido democráticamente (dentro del marco restrictivo del pluralismo ideológico, naturalmente), a la vez que el primer civil, desde 1966.

La inauguración de la nueva administración aconteció en un ambiente de elevada esperanza popular, que el flamante mandatario espoleó con sus entusiastas declaraciones sobre que, en lo sucesivo, las fuerzas oscurantistas de la derecha no iban a poder quebrar el orden democrático impunemente sin “tener que enfrentarse al pueblo, al aislamiento internacional y al riesgo de una guerra”, y que bajo su presidencia las Fuerzas Armadas iban a tener que acatarle a él, en tanto que comandante en jefe, así como subordinar al Gobierno las llamadas coordinadoras interinstitucionales, que eran unos organismos mandados por militares con competencias en la política de desarrollo económico dentro de la estrategia contrainsurgente.

Ciertamente, existían varios factores que invitaban al optimismo en este país golpeado como pocos por el subdesarrollo endémico, la ruina económica, el paro generalizado, la subversión guerrillero-terrorista de izquierdas y, sobre todo, la pesadilla del Estado del terror que habían impuesto el Ejército y las bandas paramilitares con el patrocinio de los partidos de extrema derecha y la oligarquía terrateniente, seguramente los más cerriles del continente. Además del masivo respaldo del electorado, deseoso de paz y de desmilitarización, Cerezo contaba con el apoyo exterior de Estados Unidos y los partidos y gobiernos ligados a la Internacional Democristiana, y encontraba muchas adhesiones entre el empresariado urbano que deseaba un sistema económico más eficiente y racional.

Adicionalmente, asomó una actitud receptiva en la URNG, que, mientras seguía librando su guerra a muerte con el Ejército, otorgó un margen de confianza al nuevo Gobierno y notificó un prolijo pliego de condiciones para empezar a negociar, entre las que figuraban el esclarecimiento de los miles de asesinatos y desapariciones de signo político perpetrados en los últimos años, la investigación de las masacres en las áreas campesinas y la depuración de responsabilidades penales de los altos jefes militares y policiales involucrados en la represión.

No fue parco Cerezo en iniciativas de su parte. A las dos semanas de posesionarse, se descolgó con la audaz promesa de “cambiar” Guatemala en 126 días, sin aclarar el porqué precisamente de este plazo tan exiguo. El 5 de febrero decretó la disolución del infame Departamento de Investigaciones Técnicas (DIT), con el argumento clamoroso de que este órgano de seguridad que hacía las funciones de Policía secreta se había dedicado a asesinar, torturar y robar como si de una brutal organización de delincuentes se tratara. El 4 de junio, vencido el primer plazo arriba citado con el resultado de un Plan de Reordenamiento Económico que no difería sustancialmente de los programas adoptados por anteriores gobiernos y que además tampoco tuvo efectos tangibles sobre la inflación y el déficit fiscal, el presidente impuso un segundo plan de 126 días, éste centrado en la lucha contra la corrupción, en el aumento del poder adquisitivo de los asalariados y en la reducción de los niveles de violencia política.

Marcando la que iba a ser la tónica hasta el final de su presidencia, aquel último anuncio presidencial lo que provocó, al punto, fue una nueva ola de terror, con decenas de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones, que se abatió sobre sindicalistas, activistas humanitarios, campesinos e indígenas. La herencia intacta de un cuarto de siglo de violencia institucional ejercida por el Estado hacía sentir todo su peso no obstante la instauración de una democracia formal, pero Cerezo, impávido, no alteró su discurso positivo, nunca airado, incluso risueño, que hacía abstracción de los desafueros criminales de los uniformados teóricamente bajo su autoridad a la vez que opinaba sobre la lucha de las guerrillas con regusto benevolente.

Estas suertes de distanciamiento del conflicto, que en 1986, según la ONG Americas Watch, segaba vidas al ritmo de un centenar por mes, y de determinación de convertirse en el pivote central de la pacificación y el arraigo de la democracia en Guatemala, no convencieron ni a tirios ni a troyanos, aunque el público pronto apreció que la actitud de Cerezo generaba más malestar en el seno del Ejército, donde las camarillas ultras pasaron a presionar para que el Gobierno no hiciera la mínima concesión a las guerrillas y adoptara el discurso ideológico del anticomunismo beligerante.

Cerezo trasladó esta su supuesta equidistancia a la política exterior, expresando su apoyo a las gestiones del Grupo de Contadora, que intentaba reconducir los conflictos centroamericanos a la salida negociada, y declarando la “neutralidad” de Guatemala en las guerras civiles de Nicaragua y el Salvador, neutralidad “política”, que no “ideológica”, como se encargó de matizar, ya que su país siempre estaría del lado de Estados Unidos y las democracias del mundo libre, aseguró. Mandatario viajero, Cerezo realizó varias giras internacionales que principiaron o reforzaron las relaciones con Estados Unidos y numerosos países de Europa occidental y Asia. En estos destinos, el mandatario buscó sobre todo el aumento de las ayudas nacionales al desarrollo y condonaciones de la deuda externa guatemalteca.

Sus visitas a los países latinoamericanos, en cambio, estuvieron centradas en obtener apoyos para un proyecto muy personal, la creación del Parlamento Centroamericano (Parlacén), que debía ser el instrumento vivificador del comatoso Mercado Común Centroamericano (MCCA) de 1961. Las inquietudes supranacionales e intergubernamentales de Cerezo cristalizaron en la I Cumbre de presidentes centroamericanos, en la localidad de Esquipulas, en el departamento de Chiquimula, el 25 de mayo de 1986.

En esta cita pionera el mandatario guatemalteco se reunió con sus colegas de Costa Rica, Óscar Arias, El Salvador, José Napoleón Duarte (a la sazón, correligionario democristiano y con quien mantuvo una estrecha relación), Honduras, José Simón Azcona, y Nicaragua, Daniel Ortega, para pronunciarse con una sola voz sobre la paz, la democracia, los Derechos Humanos y el desarrollo en la subregión. En particular, los declarantes se comprometieron a firmar el Acta de Contadora para la Paz y la Cooperación en Centroamérica, y a crear el Parlacén.

Calificada por Cerezo de “primer paso para la federación de Centroamérica”, la expectación generada por Esquipulas I palideció ante su trascendental continuación, Esquipulas II, en el mismo escenario el 7 de agosto de 1987. En esta ocasión, los cinco presidentes adoptaron el Procedimiento para Establecer la Paz Firme y Duradera en Centroamérica, un detallado cronograma con plazos y compromisos que, en síntesis, buscaba alcanzar sendos altos el fuego con las respectivas oposiciones armadas, otorgar una amnistía política, avanzar en la democratización interna y asentar marcos de reconciliación nacional en cada país.

Cerezo era el anfitrión, pero toda vez que lo signado fue el Plan elaborado por Arias, quien acaparó las felicitaciones mundiales y se llevó los laureles fue el presidente costarricense. El proceso de Esquipulas había arrancado a iniciativa de Cerezo, pero el Gobierno de San José, con su diplomacia emprendedora y no alineada, se erigió en su principal impulsor y propagandista.

En Guatemala no eran menos impostergables que en Nicaragua o El Salvador las medidas de pacificación, diálogo y concordia nacional asumidas en Esquipulas II. Cerezo, que en enero y marzo de ese año ya había ratificado la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura -Guatemala fue el primer Estado signatario de la OEA en hacerlo- y aceptado la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), empezó a aplicar lo que le atañía de Esquipulas con talante resolutivo y con fuertes expectativas de resultados tangibles, más allá de las expresiones habituales de buenos propósitos que habían hecho del citado sometimiento al Sistema de Derechos Humanos de la OEA meros papeles mojados.

Diez días después de Esquipulas II Cerezo nombró al primer procurador de Derechos Humanos de Guatemala, el jurista Gonzalo Menéndez de la Riva. El 11 de septiembre se constituía la Comisión Nacional de Reconciliación (CNR). Y el 7 de octubre comenzaba en Madrid, España, la primera ronda de diálogo entre el Gobierno y la URNG.

La guerrilla demandó a Cerezo una profunda reestructuración de los aparatos represivos del Estado y el desmantelamiento de las estructuras de control sobre la población indígena y campesina que operaban al socaire del orwelliano Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo (PNSD) lanzado por Ríos Montt en 1982. Éstas eran: los somatenes paramilitares de los Comités Voluntarios de Defensa Civil (CVDC), que era como se llamaban ahora las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) organizadas por el dictador, que en el momento presente tenían movilizados a medio millón de campesinos en labores de contrainsurgencia; las eufemísticamente llamadas “aldeas modelo”, verdaderos campos de concentración rurales concebidos como cordones sanitarios contra la influencia guerrillera; y, la sección S-5 del Ejército, que tenía jurisdicción sobre asuntos civiles y comunales.

El 9 de octubre terminó la primera ronda de diálogo y el Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMDN) se apresuró en adelantarse al Gobierno en la notificación que no se aceptaban las demandas guerrilleras y que las conversaciones quedaban suspendidas. Dócilmente, Cerezo asumió entonces el lenguaje de su ministro de Defensa y jefe del EMDN, general Héctor Alejandro Gramajo Morales, y entró en la dinámica de solicitar más ayuda militar a Estados Unidos, acelerar el rearme de las Fuerzas Armadas e intensificar las ofensivas contrainsurgentes, con la esperanza de derrotar a la URNG y evitar tener que hacer concesiones políticas. Con todo, el 28 de octubre el Congreso aprobó una amnistía para delitos políticos y el 3 de noviembre se activó la Comisión Asesora de la Presidencia de la República en Materia de Derechos Humanos (COPADEH).

Pero entre Cerezo y los uniformados la armonía era sólo aparente, siendo así que tras el comienzo del diálogo de Madrid acontecieron una serie de sucesos que apuntaron a una relación de fuerzas en la que el presidente no sería más que un rehén, o un títere al decir de los más críticos, de la institución castrense. El año terminó con ominosas informaciones, algunas avaladas desde el Gobierno, sobre la existencia de descontento en los cuarteles y complots para asesinar al presidente.

Simultáneamente, arreciaba el pulso con la Coordinadora de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), el poderoso gremio de los patronos empresariales, que presionaba al Gobierno con paros para obligarle a rectificar en la reforma tributaria, que aumentaba los gravámenes de las rentas más altas y penalizaba la evasión fiscal. Paradójicamente, todo esto acontecía cuando la economía ofrecía unos balances esperanzadores; según los datos oficiales, 1987 terminó con un crecimiento del 2% del PIB, una tasa de inflación reducida al 25%, y sensibles recuperaciones en los niveles de empleo y salarios.

El 11 de mayo de 1988 dos coroneles, al frente de una exigua tropa de soldados y vehículos blindados, protagonizaron una intentona golpista de opereta cuando se lanzaron a la captura de los edificios gubernamentales de la capital antes de ser interceptados y reducidos por tropas afectas sin disparar un tiro. Los medios ubicaron a los exaltados oficiales en los sectores “cavernícolas” del Ejército y rastrearon la conexión civil de la aventura involucionista. Satisfecho por el desenlace, Cerezo volvió a expresarse con displicencia autocomplaciente y valoró los hechos como una “reacción emocional”, como si conspirar e intentar remover gobiernos legítimos fuera un defecto profesional de los militares guatemaltecos que las instituciones civiles hubieran de encajar con paciencia y compresión.

Más inquietante resultó el pronunciamiento, ocho días después, de una unidad de la Fuerza Aérea, que, además de una serie de demandas corporativas sobre el cese de mandos locales y mejores dotaciones de armamento, planteó exigencias políticas: el Gobierno debía suspender las relaciones con los países alineados con la URSS, terminar los contactos con la guerrilla, neutralizar a los sindicatos y prohibir el retorno de los exiliados y refugiados, mayormente instalados en México.

Semejante injerencia no se antojó casual. Se habló de aviso del EMDN a Cerezo, quien se apresuró a dar satisfacción a la cúpula militar como una suerte de retribución por su protección frente a las insidias golpistas de oficiales recalcitrantes. El propio presidente reconoció que había tenido que ceder ante algunas presiones de los militares para impedir que el orden democrático fuera violentado.

Oficialmente, las concesiones se limitaron a la adquisición de seis helicópteros de combate y diversos repuestos para la Fuerza Aérea, pero la proyectada reunión con la guerrilla, que debía celebrarse en cuestión de días en Costa Rica, fue cancelada con demasiada precipitación como para no relacionarlo con las asonadas. En agosto, el ambiente se enrareció más con la huelga general de tres semanas organizada por los sindicatos en protesta por la liberalización de los precios de los combustibles. A la vez, la ONG Comisión de Derechos Humanos de Guatemala (CDHG) ponía el grito en el cielo por la proliferación de los estragos de los paramilitares, de los que hizo cómplice pasivo a Cerezo.

El comienzo de 1989 estuvo sembrado de los más negros presagios. La violencia política creció dramáticamente y sólo en el primer semestre del año se contabilizaron 1.600 asesinatos y 800 secuestros o desapariciones. Escuadrones de la muerte como los del grupo La Mano Blanca, que se creían evaporados, reaparecieron con furia, mientras dejaban siniestra carta de presentación otros nuevos. Por lo que se refiere al frente insurgente, la URNG, no sólo supero la durísima ofensiva del Ejército en El Quiché, Sololá y San Marcos, sino que se sintió lo bastante fuerte como para lanzar la primera incursión contra la capital. Ni uno ni otro estuvieron presentes en la mesa de Gran Diálogo Nacional que la CNR inauguró el 1 de marzo, arrojando la sombra de la inutilidad a lo que decidieran la cuarentena de organizaciones y partidos participantes; en el país, quienes portaban y usaban armas imponían su ley y sólo ellos tenían la capacidad de hacer cesar la violencia.

El 9 de mayo Cerezo sorteó otro intento de golpe de Estado de elementos civiles y militares retirados del servicio. Los responsables fueron detenidos por tropas leales y en noviembre un tribunal les condenó a fuertes penas de cárcel: en enero de 1990 ya estaban en libertad después de que una corte de apelaciones anulase las sentencias. El suma y sigue no conocía tregua, y el 1 de agosto Danilo Barillas, que fuera secretario general de la DCG, cayó mortalmente tiroteado en la capital, magnicidio que prologó unas semanas particularmente crudas en las que la obsesión criminal de los paraestatales se cebó en los dirigentes universitarios.

Confrontado a la sensación general de retroceso, el presidente intentó recuperar la iniciativa política presentando, el 25 de agosto, un programa de 500 días destinado a “renovar la gestión pública por la consolidación democrática”, mensaje que sonó a pura retórica y que únicamente podía vender el buen rendimiento de la macroeconomía, con un crecimiento para el conjunto del año del 4% del PIB y un índice de inflación francamente mejorado, en torno al 12%.

En 1990, último de la presidencia de Cerezo, se apreció una relativa inversión de las tendencias. Mientras la economía empezó a renquear por la caída de los precios de los productos agrícolas que Guatemala exportaba, la situación política interna experimentó una modesta descompresión. Lo más positivo fue la reactivación del proceso de paz, que todavía no había producido ningún acuerdo. El 29 de marzo, las delegaciones de la CNR, por cuenta del Gobierno, y la URNG alcanzaron en Oslo, Noruega, el llamado Acuerdo Básico para la Búsqueda de la Paz por Medios Políticos, en torno a un proceso de negociaciones integrales que desembocara en la firma de un acuerdo de paz firme e internacionalmente verificable.

Poco después, el 28 de mayo, nueve partidos políticos (inclusive el MLN) y la URNG firmaron otro documento en San Lorenzo de El Escorial, cerca de Madrid, por el que los primeros se comprometían a impulsar reformas constitucionales y la segunda se sometía a los dictados de Esquipulas II y a la Constitución nacional, a la vez que se comprometía a no perturbar el normal desarrollo de las próximas elecciones. Por lo que le concernía a él personalmente, el 17 de junio el mandatario fue el anfitrión en la ciudad de Antigua de la VIII Cumbre Centroamericana, que, como las seis anteriores, estuvo dedicada a evaluar el proceso de Esquipulas y a avanzar en la integración subregional.

Cerezo se aferró a aquellos avances para recapitular positivamente sobre su presidencia. El ansiado acuerdo de paz final con la guerrilla aún iba a tardar seis años, pero las semillas habían sido plantadas en el quinquenio que ahora acababa. Lo más convincente que Cerezo podía decir era que, a trancas y barrancas, con innúmeros obstáculos y sobresaltos, legaba un edificio democrático, en cuanto a formas, instituciones y mecanismos; había conseguido llegar hasta el final de su mandato constitucional e iba a entregar la banda presidencial a otro civil elegido en las urnas, algo inédito desde 1951. Ahora bien, en el camino quedaban los miles de asesinados, torturados y desaparecidos bajo su administración, que pasaron a engrosar el increíble balance de 140.000 víctimas mortales de 30 años de violencia política, en un país de nueve millones de habitantes.

Todavía el 1 de diciembre un pelotón de soldados cometió una matanza de 24 campesinos indígenas al disparar indiscriminadamente contra una multitud desarmada en la localidad de Santiago Atitlán, en Sololá. Irritado por la persistencia de estas atrocidades en Guatemala cuando en Nicaragua los sandinistas ya habían sido descabalgados del poder por la vía electoral y la Contra dicho adiós a las armas, y en El Salvador se fraguaba también el final de la guerra civil, el Gobierno de Estados Unidos anunció la supresión de su ayuda militar a Guatemala. Por impotencia o por falta de voluntad, pero siempre por omisión, Cerezo y sus colaboradores civiles se iban con un expediente sobre Derechos Humanos tan nefasto que cabía interrogarse sobre qué democracia era ésa de la que tanto discurseaban.

La DCG llegó muy desgastada por la gestión de Cerezo a los comicios del 11 de noviembre de 1990. Su candidato salido de un proceso de primarias, Alfonso Cabrera Hidalgo, secretario general del partido y ministro de Exteriores entre 1987 y 1989, sólo recibió el 17,4% de los votos y quedó eliminado para la segunda ronda del 6 de enero de 1991, que disputaron Serrano Elías y Carpio Nicolle, resultando vencedor el primero. En las legislativas, el partido experimentó un fuerte retroceso y su representación se redujo a los 27 congresistas, siendo desbancado por su rival inveterado, la UCN.

Tras el relevo por Serrano el 14 de enero de 1991, Cerezo se mantuvo activo en la política nacional. Los democristianos apoyaron al Gobierno de Serrano, quien en mayo de 1993 intentó un autogolpe de Estado que le costó la Presidencia y le forzó al exilio. Este respaldo al mandatario caído en desgracia, más las acusaciones de corrupción contra varios de sus diputados, pasaron factura a la DCG en las elecciones anticipadas parciales del 14 de agosto de 1994, cuando su cuota se contrajo hasta los 13 escaños, siendo superada por el Frente Republicano Guatemalteco (FRG) de Ríos Montt y el Partido de Avanzada Nacional (PAN) del empresario Álvaro Enrique Arzú Yrigoyen, las dos fuerzas emergentes de la derecha que fueron desplazando a las formaciones que ostentaron la primacía en la década anterior.

Por entonces fungía de secretario general adjunto de la DCG Alfonso Antonio Portillo Cabrera, y Cerezo delegó en este político más joven mucha de la estrategia política del partido, a todas luces errónea, según fueron avisando las sucesivas citas electorales. El ex presidente estaba volcado con el Parlacén, que con mucho retraso inició su andadura el 28 de octubre de 1991 con sede en Ciudad de Guatemala. Elegido diputado en el primer quinquenio (1991-1996) del Parlacén, Cerezo fue acusado de refugiarse en la inmunidad que brindaba esta institución frente a eventuales acciones judiciales por irregularidades cometidas durante su mandato.

Precisamente, la controvertida inauguración del Parlacén, considerado por algunos un proyecto excesivamente dispendioso, coincidió con el curso de varios antejuicios e investigaciones contra el ex presidente por presuntos delitos en una serie de casos bien dispares: la adquisición a Jordania de helicópteros para la guardia presidencial a través de una compañía que estaba demandada en Guatemala por fraude fiscal; el encubrimiento del asesinato de la antropóloga Mirna Mack Chang, que la Procuraduría General de la Nación imputaba a un miembro del Estado Mayor Presidencial; la cesión de una enorme extensión agrícola a la organización conservacionista Fundaeco, que presidía uno de sus hijos, Marco Vinicio Cerezo Blandón; y, determinados puntos oscuros en el proceso de privatización de la aerolínea nacional, Aviateca. Cerezo salió airoso de todas estas pesquisas judiciales, y hasta entonces no dejó de defender su honorabilidad ni el derecho a la inmunidad de todos los ex presidentes guatemaltecos, con el fin de "no ser objeto de vendettas de carácter político o personal".

El apoyo brindado, ahora, al proyecto político de Ríos Montt, que en diciembre de 1994 se convirtió en presidente del Congreso con el voto de la DCG, más el aumento de las controversias sobre las prácticas corruptas en el grupo parlamentario, fueron asuntos que ahondaron en la división interna del partido del que Cerezo seguía siendo el referente principal. En abril de 1995 la facción de Portillo Cabrera se pasó, primero, al grupo mixto, y luego, al FRG, arrastrando en la defección a ocho de los 13 diputados de la DCG.

Confrontado a un nuevo desaguisado electoral en noviembre, Cerezo se aproximó a la UCN, que había perdido a Jorge Carpio en 1993 en un atentado terrorista (el magnicidio vino a singularizar al ex presidente como el gran superviviente del centro-derecha guatemalteco), para, superando viejas disputas por el mismo nicho ideológico, cerrar filas en torno a un proyecto de centro que se llamó Alianza Nacional (AN), al que se sumó el minúsculo Partido Social Democrático (PSD), sucesor del antiguo PRA. La AN elaboró un programa en torno a una “economía social de mercado” y postuló como candidato presidencial a Fernando Andrade Díaz-Durán, antiguo servidor diplomático de los dictadores Lucas y Ríos.

El 12 de noviembre el electorado respondió mal a las propuestas de un partido con crisis de identidad y Andrade quedó tercero, con el 12,9% de los sufragios, frente a Arzú y Portillo, quien no era sino el candidato del FRG en sustitución de Ríos, vetado de presentarse por su condición de ex dictador. La AN sólo arañó siete de los 80 curules del nuevo Congreso de la República, de los que la DCG aportó cuatro.

Recuperadas las riendas del partido, como presidente de su Comisión Técnico-Política, y teniendo cerrado a cal y canto, por prescripción constitucional, el retorno a la liza de las presidenciales, Cerezo decidió presentarse a las legislativas del 7 de noviembre de 1999 para asegurarse una cuota de influencia en la política parlamentaria y de paso para ofrecer al electorado una lista electoral con gancho. Por primera vez, el partido no registró candidato para las presidenciales. Cerezo obtuvo su escaño, pero ésta y otra banca, la ganada por Mario Roberto Chang Bravo, fue todo lo que quedó de la otrora abundante representación congresual de la DCG. En el ámbito de representación local, el partido retuvo 10 alcaldes.

En la legislatura del período 2000-2004 Cerezo ha venido presidiendo la Comisión parlamentaria de Turismo, ha librado nuevas porfías por el liderazgo de la DCG como la competición de febrero de 2002, cuando fue renovado como secretario general frente al rival José Fernando Lobo Dubón –ex presidente del Congreso de la República y quien, dicho sea de paso, fue asesinado en enero de 2003 en plena oleada de criminalidad común-, y ha diseñado nuevas estrategias preelectorales para impedir que su partido, al que todos los analistas locales pintan como en vías de extinción, se convierta en una fuerza extraparlamentaria en los comicios de noviembre de 2003.

En noviembre de 2002, secundado por personalidades de la sociedad civil guatemalteca, Cerezo presentó la plataforma Movimiento Integral, concebida como una “tercera vía” alternativa a las propuestas del FRG y el PAN, que incidía en la lucha contra la inseguridad ciudadana y la corrupción y que sirvió de argumento contra quienes señalaban a Cerezo como proclive a contemporizar con el impopular Gobierno portillista. El 26 mayo de 2003 la DCG proclamó su candidato presidencial en la persona del empresario Ricardo Bueso Bueso, pero éste renunció a la postulación en agosto, dejando el camino expedito para la nominación alternativa, el 1 de septiembre, de Jacobo Arbenz Vilanova, hijo del ex presidente Jacobo Arbenz Guzmán.

Vinicio Cerezo pertenece al Consejo de Presidentes y Primeros Ministros del Programa de las Américas del Centro Carter de Atlanta, Estados Unidos.

(Cobertura informativa hasta 1/9/2003)