Jorge Serrano Elías

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Datos relevantes

Actualización: 21 de Febrero de 2012
Jorge Serrano Elías
Jorge Antonio Serrano Elías

Guatemala

Presidente de la República

Duración del mandato: 14 de Enero de 1991 - 01 de Junio de 1993

Nacimiento: Ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala , 26 de Abril de 1945

Partido político: MAS

Profesión: Funcionario público

Resumen

La corta presidencia de Jorge Serrano en Guatemala, entre 1991 y 1993, es recordada mucho menos por las aportaciones de su Gobierno al lento proceso de paz con la guerrilla que por su final traumático y prematuro, a causa de un fracasado autogolpe de Estado. En el tercer año de su mandato, éste antiguo servidor institucional del dictador Efraín Ríos Montt, de fe evangélica y fundador del partido de derecha moderada Movimiento de Acción Solidaria, decretó la disolución del Congreso y la judicatura y anunció una Asamblea Constituyente pretextando las amenazas de la corrupción y el crimen organizado, pero el rechazo de todos los actores políticos y sociales le obligó a renunciar y a exiliarse en Panamá. Desde entonces, ha conseguido eludir todos los intentos de extradición de la justicia guatemalteca, que pretende procesarle por diversos cargos de corrupción.

Biografía

1. Servidor público y primeras actividades políticas
2. Llegada a la Presidencia en mitad de un proceso de paz
3. El fracasado autogolpe de 1993
4. Exilio en Panamá e intentos de procesamiento en Guatemala


1. Servidor público y primeras actividades políticas

Hijo del abogado y político Jorge Adán Serrano, notorio opositor a la dictadura del general Jorge Ubico Castañeda (1931-1944), y de Rosa Elías Serrano, cursó el bachillerato en el Liceo Guatemala, una prestigiosa institución educativa regida por la orden católica de los Hermanos Maristas, y posteriormente estudió en la Universidad Nacional de San Carlos (USAC), donde perteneció a la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), y en la californiana Universidad de Stanford, por las que obtuvo sendas licenciaturas en Ingeniería Industrial y Desarrollo Económico. Completó su currículum con un doctorado en Ciencias de la Educación realizado en la casa de estudios estadounidense.

El ingeniero no ejerció esta profesión técnica y tampoco se metió a empresario privado, sino que desarrolló una carrera de servidor público, antes de hacer el salto a la política. Siendo militante de la Democracia Cristiana (DCG), en 1976, cuando el gran terremoto que arrasó el país, se dio a conocer con un plan de reconstrucción en colaboración con varias iglesias protestantes de Estados Unidos.

La publicación de un documento sobre las miserables condiciones de vida de la población indígena le valió ser amenazado de muerte desde círculos ultraderechistas y hubo de exiliarse al país norteamericano, donde amplió sus estudios y del que sólo regresó tras el golpe de Estado perpetrado en marzo de 1982 por el general Efraín Ríos Montt, como él, un converso a la fe protestante evangélica, el cual le nombró presidente del Consejo de Estado. Serrano desempeñó esta función hasta el derrocamiento en agosto de 1983 del régimen riosmonttista, tras un año largo de férula dictatorial en el que los Derechos Humanos fueron violados a una escala nunca vista en este país sumido en la subversión guerrillera y la represión del Estado desde hacía dos décadas, en el golpe del general Óscar Humberto Mejía Víctores.

Serrano concurrió a las elecciones presidenciales del 3 de noviembre de 1985, primeras teóricamente libres tras 15 años de gobiernos militares, ya fuesen constitucionales pero pseudodemocráticos o de facto, como el candidato del Partido Democrático de Cooperación Nacional (PDCN) y el Partido Revolucionario (PR), con Mario Fuentes Pieruccini como compañero de fórmula, quedando en tercer lugar con el 12,6% de los votos tras Jorge Carpio Nicolle, de la Unión del Centro Nacional (UCN), y Marco Vinicio Cerezo Arévalo, de la DCG, quien se adjudicó la victoria en la segunda vuelta. Desde septiembre de 1987 y representando a los partidos políticos, fue uno de los cuatro miembros de la Comisión Nacional de Reconciliación (CNR), instituida por el Gobierno de Cerezo en cumplimiento del Acuerdo de Esquipulas II para la superación de los conflictos centroamericanos.

El 29 de marzo de 1990 Serrano encabezó la delegación gubernamental de la CNR que firmó en Oslo con los representantes de la coordinadora de los cuatro movimientos guerrilleros, la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), el llamado Acuerdo Básico para la Búsqueda de la Paz por Medios Políticos, el cual, no obstante, no supuso el final de un conflicto que duraba ya tres décadas y que se iba a prolongar todavía por unos años más.

En el mudable sistema de partidos guatemalteco, conformado por una pléyade de agrupaciones que representaban desde la extrema derecha pura y dura hasta el centroderecha y que excluía todavía a las fuerzas de la izquierda (diezmadas tras muchos años de persecución sistemática por los sucesivos gobiernos dictatoriales), Serrano relanzó su proyecto personal de cara a las elecciones generales del 11 de noviembre de 1990 y no tuvo dificultades para hacerse con un hueco en el plantel de ofertas electorales.

Surgió así el Movimiento de Acción Solidaria (MAS) como uno de los nuevos partidos conservadores, rivales de las rancias formaciones ultraderechistas y de la desprestigiada DCG. El MAS de Serrano esgrimió un discurso modernizador y liberal, y, para no desentonar con el nuevo ambiente nacional, incorporó a su programa la defensa del Estado de derecho y el respeto de los Derechos Humanos, en un país donde éstos habían sido pisoteados con tal saña por los militares y por los escuadrones de la muerte paraestatales que las represiones habían adquirido un nivel de verdadero genocidio, tanto étnico, exterminando a comunidades indígenas, como político, liquidando a los partidos de izquierda y, en general, cualquier organización o persona con un talante mínimamente progresista.

La plataforma de Serrano, para sustraer votos a las formaciones contrincantes de derecha, incidió también en los conceptos tradicionales de familia, ley y orden, y no obstante estar relacionada con algunos círculos empresariales, no fue vista como valedora de estos intereses corporativos. En un país depauperado y psicológicamente devastado tras 30 años de guerra civil, cuya población era especialmente sensible a las promesas de paz y de prosperidad, Serrano supo captar la atención del electorado de tal suerte que en la primera vuelta, contra todo pronóstico, se puso en cabeza con el 25,7% de los votos frente al avezado Jorge Carpio y los otros dos aspirantes que contaban con posibilidades, Alfonso Cabrera Hidalgo, de la DCG, y Álvaro Enrique Arzú Yrigoyen, del Partido de Avanzada Nacional (PAN).

A pesar de tener delante a un candidato potente, por su perfil centrista y moderado, susceptible de atraer votos de múltiples segmentos (además, el líder ucenista era la apuesta particular de un poderoso lobby de la patronal, el Grupo Pirámide), en la segunda vuelta del 6 de enero de 1991 Serrano batió a Carpio con un contundente 68,1% de los votos. Medios de comunicación aseguraron entonces que Serrano había recibido el voto de los numerosos partidarios de Ríos Montt, al frente de la Agrupación Nacionalista Guatemalteca (ANG) y favorito en los sondeos, que vio invalidada por la justicia su pretensión presidencial a causa de su estigma golpista.


2. Llegada a la Presidencia en mitad de un proceso de paz

El 14 de enero de 1991 Serrano tomó posesión de la Presidencia de la República con un mandato de cinco años en sustitución de Cerezo, convirtiéndose en el primer presidente no católico que llegaba al poder por la vía electoral en América Latina y, lo más importante, en el primero en protagonizar un relevo democrático en Guatemala desde 1951, cuando Juan José Arévalo Bermejo fue sucedido por Jacobo Arbenz Guzmán.

Serrano formó un Gobierno de unidad nacional, tanto más necesario cuanto que su partido sólo había cosechado 18 de los 116 escaños del Congreso de la República en las elecciones legislativas, y prometió culminar las negociaciones con la guerrilla ofreciéndole (3 de abril) un "plan total de paz", así como progresar sustancialmente en la situación de los Derechos Humanos, aún impunemente violados por elementos presuntamente incontrolados de las fuerzas de seguridad del Estado y paramilitares de extrema derecha.

A pesar de la inquietud que habían suscitado en organizaciones sociales la pasada trayectoria y los actuales vínculos de Serrano con el entorno de Ríos Montt, no se produjo el drástico agravamiento en la situación de los Derechos Humanos por algunos temida, pero tampoco se apreció la tendencia inversa. Sólo en el primer año de la Presidencia de Serrano se registraron, en cifras facilitadas por el Arzobispado de Guatemala, más de un millar de casos de ejecuciones extrajudiciales, asesinatos, desapariciones y torturas de naturaleza política. Que entonces semejante balance se valorara en términos no excesivamente infaustos daba una idea de las dimensiones de la violencia institucional en los años precedentes.

Por lo que se refiere a las negociaciones con la URNG, éstas se reactivaron en México el 24 de abril de 1991 y dieron lugar a sucesivas rondas sectoriales en las que se discutieron las distintas problemáticas inherentes al añejo conflicto: Derechos Humanos, identidad y derechos de los pueblos indígenas, fortalecimiento del poder civil, definición de la función de las Fuerzas Armadas en la democracia, situación socioeconómica y agraria, reformas constitucionales, incorporación de la guerrilla a la vida civil y política y, finalmente, los aspectos puramente militares, esto es, el alto el fuego, el desarme y la desmovilización de los contendientes.

Como muestra de la buena voluntad del Gobierno, en su primer año de mandato Serrano instituyó dos organismos directamente supeditados a la oficina presidencial y dirigidos a estimular el curso positivo de las negociaciones con la URNG: el Fondo Nacional para la Paz (FONAPAZ), creado el 28 de junio, cuya misión era contribuir al desarrollo integral de las comunidades rurales a través de la implementación de programas y proyectos de interés social, y la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (Copredeh), creada el 12 de julio.

Pese al optimismo de Serrano, el proceso de paz no produjo logros concretos fuera de los acuerdos del 26 de julio de 1991, sobre democratización, y del 7 de agosto de 1992, sobre la desmovilización de miles de patrulleros de los Comités Voluntarios de Defensa Civil (CVDC), asistidos por el Ejército y compuestos principalmente por campesinos indígenas, a los que se hacía responsables de algunas de las peores violaciones de los Derechos Humanos. El 14 de enero de 1993 Serrano volvió a insistir en su disposición a terminar con la guerra civil y ofreció a la URNG un acuerdo integral de paz en el plazo de 90 días con la aceptación de la verificación de los compromisos por la ONU y la consideración de la guerrilla como actor beligerante en su más amplio sentido.

Ahora bien, esta última propuesta tropezó con las propias inercias del conflicto, las diferencias de criterio en la mesa de diálogo sobre el concepto de Derechos Humanos y, sobre todo, con la resistencia de un núcleo duro de militares a someterse a la autoridad civil. Para entonces, la cúpula del Ejército había quedado en manos de un grupo de generales dispuesto a ganar tiempo sobre las estancadas negociaciones para desgastar a la guerrilla todo lo que se pudiese, con nuevas ofensivas en los diversos frentes de combate, antes de firmar con ella el alto el fuego definitivo.

La línea belicista quedó certificada con las llegadas, en enero de 1992, de los generales José Domingo García Samayoa al Ministerio de Defensa y Jorge Roberto Perussina Rivera a la jefatura del Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMDN); estos dos nombramientos se tradujeron en un empeoramiento de la violencia política y de los desmanes de los militares en las retaguardias rurales, dejando a Serrano en evidencia.

En el ámbito de la política exterior, destacó el reconocimiento por el Gobierno guatemalteco de la independencia y la soberanía del vecino Estado de Belice en septiembre de 1991, movimiento que permitió el intercambio de embajadores, pendiente desde la emancipación de la antigua colonia británica en 1981, pero que no canceló el desacuerdo de Guatemala con el trazado fronterizo terrestre y marítimo, un asunto que centró en adelante el inveterado diferendo entre los dos países.


3. El fracasado autogolpe de 1993

Al despuntar 1993, las presiones internacionales (en el caso de Estados Unidos, muy irritado por la connivencia de mandos militares con el narcotráfico, recurriendo a la suspensión de la ayuda militar) a Serrano para que mejorara el deplorable cuadro de los derechos y libertades de sus gobernados, más los regateos parlamentarios a varias de sus propuestas de gobierno y la reafirmación del sector duro del Ejército, parece que crearon un estado de frustración en un mandatario que siempre fue percibido por la opinión pública como débil. Otro análisis apuntaba a una interpretación excesivamente optimista por el presidente del nivel de confianza popular en su gestión luego de obtener el MAS una notable mayoría en las elecciones a alcaldes celebradas el 9 de mayo en 276 municipios. En la víspera de los comicios locales, las conversaciones con la URNG quedaron suspendidas sine díe ante las profundas diferencias sobre la forma en que debía aplicarse el alto el fuego.

Este era el contexto político del movimiento personalista que iba a costar a Serrano su puesto. El 25 de mayo de 1993, emulando al peruano Alberto Fujimori en su célebre autogolpe del año anterior y, con toda seguridad, partiendo de un cálculo erróneo de su fuerza, Serrano anunció a la nación de manera inesperada que suspendía la Constitución de 1985 y clausuraba el Congreso, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Corte de Constitucionalidad, y justificó estas medidas como la única solución para terminar con las mafias del narcotráfico y la corrupción que, según él, se habían instalado en los altos órganos del Estado. Asimismo, anunció la celebración de elecciones a una Asamblea Constituyente en un plazo de 90 días.

El propio Serrano alimentó la analogía con el caso peruano declarando que iba a llamar por teléfono a Fujimori (quien desde Lima se apresuró a desvincularse de los sucesos en Guatemala) "porque todos los periodistas extranjeros me preguntan por él". Con tono de salvador de la nación, explicó que él no era un "dictador", sino un "demócrata que ama la democracia", y vaticinó que "pronto" habría "muchos regímenes similares en toda Latinoamérica", animando de paso a sus colegas del hemisferio a "depurar los sistemas de control democráticos para que no les pase lo mismo que a Guatemala".

A pesar de sus porfiadas palabras, el movimiento anticonstitucional del presidente, registrado en la historia contemporánea de Guatemala como el Serranazo, levantó un formidable movimiento de protesta y resistencia en todos los ámbitos de la sociedad, los partidos, las ONG de Derechos Humanos, el movimiento indígena, la Iglesia Católica, el nuevo empresariado y las principales cabeceras de prensa, amén de la unánime condena internacional. Irónicamente, con sus propuestas formales para acabar con la impunidad, Serrano había espoleado el protagonismo de los actores de la sociedad civil, hasta hacía muy poco amordazados por las castas militares, políticas y empresariales tradicionales que detentaban el poder fáctico, generando un estado de conciencia democrática sin precedentes que no iba a tolerar este tipo de rupturas. Serrano no suscitaba tanto miedo en sí mismo como los capitostes militares que tal vez le influenciaban en la sombra y que se dispondrían a sacar réditos de poder institucional. De la noche a la mañana, cundió la sensación de que Guatemala podía retornar a los años negros de la represión y la dictadura.

El 30 de mayo, Serrano, apurado por el clamor popular en su contra y evidenciado sus dificultades para controlar la situación que él mismo había provocado, anunció una concertación nacional, abierta a la guerrilla, para elaborar una nueva Constitución y celebrar un referéndum sancionador con los objetivos de establecer "unas normas provisionales de Gobierno" y sacar adelante las reformas políticas que el país precisaba. Pero los actores sociales, unidos en un Frente Amplio, rechazaron la propuesta, mientras que el Tribunal Electoral, como días antes la Corte de Constitucionalidad -que dirigía el magistrado Epaminondas González Dubón, posteriormente asesinado- con respecto a los decretos ejecutivos del día 25, declaró nula cualquier convocatoria electoral en las actuales circunstancias.

El 1 de junio, confrontado con su soledad política, la imposición de sanciones financieras por Estados Unidos y la Comunidad Europea, y la reluctancia del grupo militar de los generales García Samayoa y Perussina a arriesgar su posición interna en las Fuerzas Armadas saliendo a sostenerle, el presidente no tuvo otro remedio que renunciar al cargo y abandonar precipitadamente el país camino de El Salvador. Según todos los indicios, fue García Samayoa el que ejerció sobre Serrano las presiones decisivas por mediación del general Francisco Ortega Menaldo, jefe del Estado Mayor Presidencial (EMP).

Tras la malhadada aventura autoritaria de Serrano, que abocó a un peligro fatal a la frágil democracia guatemalteca, el país centroamericano quedó sumido en el caos político e institucional durante unos días, ya que el grupo militar ultraconservador intentó colocar como presidente constitucional al vicepresidente Gustavo Adolfo Espina Salguero, que había sido coautor del movimiento del 25 de mayo; frustrada esta maniobra por la oposición radical de los principales partidos y el Frente Amplio, el 5 de junio el Congreso declaró vacantes la Presidencia y la Vicepresidencia, e invistió en el primer cargo a una personalidad prestigiosa a la que atribuía la capacidad de reunir los necesarios consensos, el destituido procurador general de los Derechos, Humanos Ramiro de León Carpio: él fue el encargado de completar el mandato de Serrano, que vencía el 14 de enero de 1996.


4. Exilio en Panamá e intentos de procesamiento en Guatemala

Días después de llegar a El Salvador, Serrano se trasladó a Panamá, donde el gobierno de Guillermo Endara le concedió el asilo político. En el país del istmo, el ex mandatario pasó a desarrollar una actividad como empresario privado, poniéndose al frente de negocios tales como la cría de caballos de carrera, inversiones inmobiliarias y la explotación de una cantera, y se abstuvo de implicarse en actividades políticas o de realizar declaraciones que comprometieran su estatus de asilado.

Esta cautela, sin embargo, no le ahorró las acciones penales que en su contra se emprendieron en Guatemala. Ya el 15 de junio de 1993 la Procuraduría General le acusó de corrupción masiva, activándose una larga fase de investigación procesal que fue incorporando los supuestos de violación de la Constitución, usurpación de funciones, abuso de autoridad, abandono del cargo, fraude, peculado, malversación de fondos reservados, apropiación y retención indebida de fondos públicos, usurpación de terrenos y así hasta una quincena de delitos políticos y económicos.

En los nueve años siguientes, el Ministerio de Relaciones Exteriores guatemalteco, tomando como base los pliegos de cargos elaborados por la fiscalía, dirigió tres demandas de extradición de Serrano al Gobierno panameño, en 1993, 1994 y 1998. Ninguna de ellas prosperó, de manera que el 4 de junio de 2002, a petición del Ministerio Público e involucrando a la Interpol, el Juzgado IV de Primera Instancia Penal emitió una orden internacional de detención y captura contra el ex presidente por los delitos económicos arriba citados. Por ejemplo, al antiguo mandatario se le acusaba de la supuesta malversación de al menos 134 millones de quetzales (17,3 millones de dólares) de fondos reservados.

Con motivo de esta iniciativa en su contra, Serrano, acompañado de su esposa y madre de sus cinco hijos, Magda Bianchi Lazzari, rompió su mutismo y se despachó a gusto en varias ruedas de prensa en las que defendió su inocencia y se desvinculó de cualquier manejo corrupto, aseguró ser víctima de una "persecución política, injusta y sistemática" orquestada por ciertas familias empresariales, y negó tener relaciones con el entonces presidente del país, Alfonso Antonio Portillo Cabrera, miembro del riosmonttista Frente Republicano Guatemalteco (FRG).

También, aseguró que la decisión de disolver las instituciones legislativa y judiciales en 1993 le había sido obligada por el descubrimiento de una "conspiración" contra su Gobierno y hasta contra su vida en la que tomaron parte "poderosos e influyentes personajes del sector privado" conchabados con la temida Dirección de Inteligencia Militar (D-2), entonces dirigida por el coronel Otto Pérez Molina, futuro jefe del EMP con de León Carpio. Además, precisó que él "no renunció ni se apartó" de la Presidencia, sino que fue "depuesto" por militares mandados por el general Mario René Enríquez Morales, luego nombrado ministro de Defensa por de León.

En junio de 2003 Serrano comunicó que preparaba su retorno a Guatemala "para limpiar mi nombre y para aclarar tanta difamación de la que he sido víctima", pero el regreso nunca se materializó. En mayo de 2005, siempre desde Panamá, donde según la prensa guatemalteca estaba amasando una considerable fortuna gracias a sus lucrativos negocios multisectoriales, el ex presidente afirmó "no estar arrepentido de nada" de lo hecho durante su breve ejercicio presidencial, si bien reconocía haberse "equivocado" en la disolución del Congreso y la CSJ porque ello le menoscabó apoyo popular. Desdiciéndose del anuncio hecho dos años atrás, aseveró: "No voy a ser tan estúpido de presentarme a enfrentar acusaciones que ni siquiera conozco". Ese mismo año, su abogado reclamó al Juzgado IV de Primera Instancia Penal que cerrara el caso, pero el tribunal lo rechazó en una resolución que fue confirmada por la Corte de Constitucionalidad.

En marzo de 2006 el ex presidente concedió al periódico Prensa Libre una entrevista en la que afirmaba que la justicia de Guatemala estaba "secuestrada" y que la economía nacional vivía "de los regalos que recibe del exterior y de las remesas". Simultáneamente, siguiendo el procedimiento anual, la fiscal de Delitos Administrativos Ana Patricia Lainfiesta reclamó de nuevo la captura y entrega de Serrano para poder incoar en su contra un proceso criminal, perspectiva que parecía ya muy improbable tras las repetidas negativas panameñas.

(Cobertura informativa hasta 1/1/2007)