1. Un oficial del Ejército sedicioso y regeneracionista
2. Traslado del proyecto político bolivariano al frente civil
3. Arribo espectacular al poder por vía electoral en 1999
4. Instauración de la República Bolivariana y primera reelección presidencial
5. Resuelto activismo exterior y excepcionales relaciones con Cuba
6. Sucesión de contestaciones internas y auge de la oposición
7. La crisis de abril de 2002: derrocamiento, contragolpe y restauración del chavismo
8. Prolongación del cisma político y social e inclemencias económicas
9. La batalla del referéndum revocatorio en 2004 y las legislativas de 2005
10. La ofensiva internacional de Chávez: el ALBA, la baza del petróleo y alianzas estratégicas con Brasil y Argentina
11. Cruzada contra Bush y captación de nuevos aliados: Irán, Bolivia, Ecuador y Nicaragua
12. Despegue económico y triunfal segunda reelección en 2006
13. Se acelera la revolución: nacionalizaciones, construcción de un partido socialista y deriva autocrática
14. Multiplicación de los desencuentros diplomáticos y derrota en el referéndum constitucional de 2007


1. Un oficial del Ejército sedicioso y regeneracionista
El segundo de los seis hijos de un matrimonio de maestros rurales de ascendencia zambo-mestiza y con escasos recursos económicos, los señores Hugo de los Reyes Chávez y Elena Frías –quien era nieta del célebre bandolero revolucionario Pedro Pérez Delgado, alias Maisanta-, cursó los estudios primarios en el Grupo Escolar Julián Pino y los secundarios en el Liceo Daniel Florencio O'Leary del estado de Barinas.

Muchacho inquieto y espabilado, manifestó habilidades deportivas, como jugador de béisbol y sofbol, y artísticas, como autor de pequeños relatos, poemas y dramas teatrales. En la escuela mostró vivo interés por la vida, la ideología y los escritos del Libertador Simón Bolívar, punto de partida de una devoción icónica convertida en la piedra angular de una de las carreras militar y política más arrolladoras en la historia de América Latina. También, bajo la influencia de su muy católica madre, que se lo imaginaba ordenado sacerdote, ejerció de monaguillo en su Sabaneta natal. Sin embargo, el joven quería seguir formándose a la vez que labrarse una profesión en la milicia.

En 1971, una vez obtenido el título de bachiller en Ciencias, con 17 años, comenzó estudios superiores en la Academia Militar de Venezuela. En las aulas castrenses, tomando como referencias las experiencias militar-revolucionarias de los generales Omar Torrijos en Panamá y Juan Velasco Alvarado en Perú -a quién conoció personalmente en 1974 cuando, viajando en compañía de un grupo de cadetes de la Academia, asistió en la nación andina a los actos del 150º aniversario de la batalla de Ayacucho-, desarrolló una perspectiva crítica de la realidad latinoamericana del momento y fue perfilando un pensamiento de corte nacionalista y socialista. Era la génesis de una ideología sui géneris que él denominó "bolivariana", la cual, estableciendo como núcleo la filosofía y los ideales del prócer de la independencia nacional, se enriquecía con nociones tomadas del guevarismo, el castrismo cubano, el velasquismo peruano y el allendismo chileno, amén de los escritos del historiador marxista venezolano Federico Brito Figueroa. Incluso la figura de Jesucristo inspiraba a este profundo creyente, quien una vez instalado en el poder iba a definir al Mesías cristiano como "el primer socialista" de la historia.

En julio de 1975 Chávez terminó sus estudios con la licenciatura en Ciencias y Artes Militares, especialidad de Comunicaciones Terrestres, y con el grado de subteniente. Fue el octavo de una promoción de 75 cadetes. Comenzaban para él 17 años de servicio activo en el Ejército venezolano, siendo su primer destino el mando de un pelotón de comunicaciones asignado al Batallón de cazadores de montaña Manuel Cedeño, una unidad con cuartel en Cumaná, en el oriente caribeño, y que estaba movilizada en el combate a las subversiones armadas que entonces hostigaban, con bien escasa efectividad, al Gobierno democrático del presidente Carlos Andrés Pérez Rodríguez, concretamente los frentes marxista y maoísta de Bandera Roja y el también comunista Partido de la Revolución Venezolana. Paradójicamente, quien defendía al Estado con el uniforme de soldado podía simpatizar con las motivaciones, menos con el sustrato ideológico leninista, de estas insurgencias ultraizquierdistas. El caso era que los comportamientos corruptos y negligentes que observaba en la Fuerza Armada Nacional le disgustaban profundamente.

En 1977, tras recibir capacitación en la Escuela de Comunicación y Electrónica de la Fuerza Armada, obtuvo nombramiento como oficial de comunicaciones en el Centro de Operaciones Tácticas (COT) sito en San Mateo, estado de Anzoátegui. Fue el año en que contrajo matrimonio con una paisana de Sabaneta, Nancy Colmenares; la pareja iba a tener tres hijos en los 15 años que duró su vínculo conyugal, Rosa Virginia, María Gabriela y Hugo Rafael. En el COT, Chávez recibió adiestramiento en tácticas de guerra contrainsurgente y psicológica, lo que requería familiarizarse con la literatura revolucionaria que propagaban los grupos rebeldes. No por casualidad, fue ahora cuando el teniente veinteañero acometió su primer intento de organizar un movimiento doctrinal en el seno de la institución armada, lo que entraba en contradicción con el estatus apolítico de los militares. Lo llamó el Ejército de Liberación del Pueblo de Venezuela (ELPV), grandilocuente calificación de lo que no era más que una célula integrada por un puñado de oficiales camaradas que compartían sus preocupaciones por la situación de la Fuerza Armada y en el general por el curso político del país.

Mientras en secreto celebraba reuniones de contenido político que le exponían a ser sancionado y hasta expulsado del Ejército, Chávez fue enriqueciendo una notable hoja de servicios, digna de un soldado profesional altamente cualificado. En 1978 sirvió como oficial tanquista en el Batallón Blindado Bravos de Apure, acuartelado en Maracay, cuya comandancia asumió posteriormente, poniendo bajo sus órdenes a una treintena de carros de combate del modelo AMX-30 con sus respectivas dotaciones. En 1980 fue comisionado en la Academia Militar de Venezuela, donde en los cuatro años siguientes se desempeñó sucesivamente como jefe del Departamento de Educación Física, jefe del Departamento de Cultura y comandante fundador de la Compañía José Antonio Páez. En todo este tiempo no dejó de jugar al béisbol y el sofbol en campeonatos y ligas tanto militares como civiles, ni de de escribir literatura en prosa y en verso, dando lugar a títulos como Vuelvan caras, Mauricio y El genio y el centauro, siendo esta última una obra de dramaturgia que en 1987 ganó el tercer premio de un certamen convocado por el Teatro Histórico Nacional. Tenía maña incluso para las artes plásticas, siendo un ejemplo de la misma la escultura Sombra de Guerra en el Golfo, realizada en 1980.

Con todo, era la política de enfoque castrense lo que más le estimulaba. Sus convicciones nacionalistas le empujaron a fundar el 17 de diciembre de 1982, junto con otros oficiales del Ejército de Tierra y a partir de la experiencia del ELPV, el Ejército Bolivariano Revolucionario 200 (EBR-200); el dígito aludía al bicentenario del Libertador, nacido en 1783. El EBR-200 nacía como un grupo de reflexión y agitación en el que jóvenes oficiales se reunían "para estudiar el pensamiento de Simón Bolívar y discutir sobre la situación del país", según explicaba el propio colectivo. Los oficiales bolivarianos rehusaron la clandestinidad y se presentaron a cara descubierta. Aunque aseguraban no albergar ambiciones políticas, sino la pretensión de dignificar la milicia y combatir la corrupción e ineptitud de unos gobiernos civiles proclives a dilapidar los ingentes ingresos del petróleo sin hacer verdadera justicia social, lo cierto era que hacían proselitismo en los cuarteles y que denunciaban con virulencia la presunta venalidad de la cúpula castrense.

Por aquel entonces regía la Administración presidencial de Luis Herrera Campins, del partido socialcristiano COPEI, agrupación conservadora que para Chávez no era ni mejor ni peor que su rival socialdemócrata, la Acción Democrática (AD) de Carlos Andrés Pérez, sino coartífice de un sistema bipartidista democrático pero excluyente que cada vez le disgustaba más. Precisamente, activo militante del COPEI era su propio padre, don Hugo, que se convirtió en director de programas educativos en el estado de Barinas, punto de arranque que fue de su propia carrera política. Aunque con ideas contrapuestas, los tocayos nunca iban a permitir que la política se interpusiera en las relaciones familiares; transcurridas dos décadas, una vez llegado a presidente de la República, el hijo arrastraría al padre a su campo ideológico.

Por el momento, la actividad parapolítica de Chávez no debía de alarmar a sus superiores, que en 1985, tras realizar un cursillo en la Academia Militar, le confiaron la comandancia del Escuadrón de Caballería Francisco Farfán, en Elorza, estado de Apure, y un año más tarde la comandancia del recién creado Núcleo Cívico-Militar del Desarrollo Fronterizo Arauca-Meta. Más aún, en 1988, con el rango de capitán, fue nombrado jefe de Auxiliares del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa y tomó despacho en el palacio presidencial de Miraflores, cuyo inquilino era, cumpliendo el penúltimo año de su mandato, el adeco Jaime Lusinchi. Ese año, además, asistió en Guatemala a un Curso Internacional de Guerras Políticas.

Chávez fue confirmado en este cargo tras la toma de posesión el 2 de febrero de 1989 de Carlos Andrés Pérez, que había ganado en las urnas su segundo mandato presidencial. Una vez instalado en Miraflores, Pérez, en un intento de atajar la aguda crisis de la deuda externa en un contexto de bajos ingresos petroleros, decretó un draconiano plan de ajuste de corte neoliberal y fondomonetarista que provocó un furibundo estallido social con epicentro en Caracas. Turbas de incontrolados, en muchos casos pobres a los que la liberalización de los precios había puesto en una situación límite, se lanzaron al asalto y saqueo de cuantos comercios tuvieron a su alcance, sobre todo en las barriadas populares. Las algaradas se extendieron rápidamente a otras ciudades del país y, al amparo del estado de emergencia, se produjo la intervención del Ejército, que disparó a mansalva contra los revoltosos. El tristemente célebre Caracazo se saldó con aproximadamente 400 muertos e incontables pérdidas materiales, y aunque las violencias terminaron, los rescoldos del enojo popular continuaron activos.

Chávez y sus compañeros, hombres jóvenes o de mediana edad que se habían destacado entre los más brillantes de sus promociones y que representaban a una escala de mandos intermedios, de capitán a teniente coronel, comprendieron la oportunidad que les brindaba este ambiente de profundo descontento, dirigido no ya contra el Gobierno de turno, fuera adeco o copeyano, sino contra la clase política tradicional en su conjunto. Lo que estaba en crisis era el mismo sistema político fundado por el Pacto de Punto Fijo de octubre de 1958, cuando la AD, el COPEI y la actualmente eclipsada Unión Republicana Democrática (URD) sentaron las bases del nuevo orden democrático tras la caída de la dictadura militar del general Marcos Pérez Jiménez.

El capitán debió de realizar algún movimiento sospechoso, ya que en diciembre de 1989 fue arrestado junto con otros oficiales acusado de conspirar contra la República y de planear el asesinato de las altas autoridades del Estado. Liberado rápidamente por falta de pruebas, fue sin embargo apartado del servicio en Miraflores. A comienzos de 1990 sus superiores le alejaron de Caracas dándole un destino de oficial para asuntos civiles en la Brigada de Cazadores de la guarnición de Maturín, en Monagas. Por otro lado, no vieron inconveniente en que realizara un máster en Ciencias Políticas en la Universidad Simón Bolívar de Caracas. Siempre preocupado por absorber conocimientos teóricos, Chávez inició esta formación, pero, limitado por sus obligaciones militares, dejó la tesis pendiente de defender y por lo tanto no recibió el título.

En julio de 1991, luego de terminar un curso de Comando y Estado Mayor en la Escuela Superior del Ejército, Chávez fue ascendido a teniente coronel y asumió el mando del Batallón de Paracaidistas Coronel Antonio Nicolás Briceño, con base en Maracay. Estar al frente de esta unidad militar de élite y en un acuartelamiento próximo a Caracas facilitaba la ejecución de sus planes, que eran abiertamente sediciosos. El EBR-200 ya había sido renombrado como MBR-200 mediante la sustitución del término ejército por el de movimiento, lo que sugería la incorporación de elementos civiles a una trama que hasta ahora había sido puramente militar.

Chávez y sus compañeros tomaron la resolución de ejecutar su plan secreto, codificado como Operación Ezequiel Zamora, que no era otro que la toma del poder ejecutivo nacional en un audaz y sorpresivo golpe de Estado. El teniente coronel se erigió en comandante en jefe de la operación militar, en la que se involucraron más de 2.000 uniformados entre oficiales, suboficiales y tropa pertenecientes a diversas unidades del Ejército, y también puso la mente intelectual, como autor de dos documentos programáticos que debían guiar la acción de gobierno de la futura junta golpista: el Proyecto de Gobierno de Transición y el Anteproyecto Nacional Simón Bolívar.

En la noche del 3 al 4 de de febrero de 1992, unos 300 efectivos de élite del batallón paracaidista de Chávez se trasladaron a Caracas y tomaron posiciones alrededor de la residencia presidencial de La Casona y la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, popularmente llamada La Carlota, mientras que otras unidades sediciosas se hicieron con el control de centros neurálgicos en Maracaibo, Maracay y Valencia. Tras unas horas de confusión y entablados los primeros tiroteos entre soldados rebeldes y leales, Pérez, por cuya integridad física se temió en un principio, ya que el sobresalto le pilló justo cuando regresaba de una reunión en Davos del Foro Económico Mundial y en el trayecto desde el aeropuerto podía ser interceptado por los facciosos, recondujo resueltamente la situación desde el Palacio de Miraflores.

En la madrugada del martes 4 el presidente se dirigió a la nación por la televisión, sorprendentemente no intervenida por los golpistas, para anunciar el fracaso del levantamiento y la lealtad al orden constitucional manifestada por el Alto Mando de la Fuerza Armada. Pocas horas después, el propio Chávez, tocado con boina roja y vistiendo el uniforme de camuflaje de los paracaidistas, comparecía ante una nube de cámaras y micrófonos y con tono sereno exhortó a sus hombres con estas palabras: "Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital, es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder (…) ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar, y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor (…) por favor, reflexionen y depongan las armas, porque ya en verdad los objetivos que nos hemos trazado a nivel nacional es imposible que los logremos (…) yo, ante el país y ante ustedes asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano".

La intentona golpista de Chávez, sin precedentes en 34 años de historia democrática de Venezuela, se saldó con 19 muertos y un millar de detenidos, la mayoría soldados y reclutas, los cuales, según afirmaron los medios de comunicación, fueron conducidos a engaño por un centenar largo de militares profesionales, los verdaderos autores del golpe. Aunque aplastada, la tentativa de derrocar a Pérez fue acogida con indisimulado júbilo por una parte considerable de la población, sobre todo entre las clases desfavorecidas, a pesar de que Chávez procedía del más completo anonimato y de que sus intenciones posgolpistas, ya nunca realizables, constituían un misterio más bien inquietante. En cuanto a su ideología bolivariana, mencionada de pasada y de la que nada de sabía, suscitó especulaciones sobre si bebía de la izquierda o si por el contrario encerraba un autoritarismo y un nacionalismo de derechas.

Ya llegaría el tiempo de conocer el pensamiento y el proyecto de país de un personaje que de la noche a la mañana se hizo famoso y popular. Por de pronto, nada más hacer su alocución mediática, Chávez fue detenido y encarcelado en un anexo de la prisión de Yare. Contra él incoó proceso criminal un tribunal militar caraqueño por el delito de rebeldía, imputación relativamente benigna toda vez que el movimiento de febrero había sido un verdadero intento de golpe de Estado. Lo cierto era que el Gobierno de la AD había salido muy debilitado de la crisis y no se encontraba en situación de hacer un escarmiento ejemplar con los militares del MBR-200. Quedaba descartado un juicio sumarísimo contra Chávez y sus camaradas. El COPEI atacó duramente la gestión económica y social del presidente mientras crecía la sensación de una corrupción generalizaba en las instancias del poder.


2. Traslado del proyecto político bolivariano al frente civil
Mientras su denostado Pérez afrontaba acusaciones de corrupción que no iban a tardar en abismar su carrera política, Chávez, desde su celda de Yare, suscribió un manifiesto titulado Cómo salir del laberinto. Formulación del Proyecto Político Bolivariano Simón Bolívar. El texto pretendía explicar la naturaleza del bolivarianismo, pero la singular doctrina, más allá de una serie de tópicos regeneracionistas y antipuntofijistas, siguió sin ser clarificada. Es más, ciertas propuestas de reorganización política y social sugerían un corporativismo de resabios fascistas.

El 27 de noviembre de 1992 el reo fue testigo de una nueva rebelión protagonizada por sus compañeros uniformados, quienes bombardearon los edificios de las principales instituciones del poder político y durante unas horas tuvieron el control de acuartelamientos clave y de la casa de la televisión. Desde allí, los alzados retransmitieron un mensaje sedicioso de Chávez, alimentando la percepción de que la intentona en curso era un epílogo superior en fuerza del movimiento abortado en febrero. Con posterioridad a los hechos se supo que los golpistas, de hecho, intentaron liberar a Chávez. Fuera como fuere, esta asonada revistió más peligro para Pérez, ya que la lideraron oficiales de mayor graduación, en particular los contraalmirantes Hernán Grüber Odremán y Luis Enrique Cabrera Aguirre y el general del Aire Efraín Francisco Visconti Osorio, e involucró a las tres fuerzas armadas y a la Guardia Nacional. Además, en la misma estuvieron implicados elementos civiles de los partidos políticos Bandera Roja y Tercer Camino. Unos y otros actuaron coordinados bajo el marchamo de Movimiento Cívico Militar 5 de Julio, con el contralmirante Grüber como responsable en jefe.

El día 28, un centenar de militares rebeldes, encabezados por el general Visconti, escapó a Perú, mientras que otros muchos fueron desarmados y detenidos por fuerzas leales al orden establecido. El Gobierno reconoció 171 muertos en los combates (aunque balances extraoficiales elevaron la cifra a los tres centenares), mientras que la Organización de Estados Americanos (OEA) y la comunidad internacional expresaron su rotunda condena a la nueva irrupción castrense. El segundo sobresalto militar de 1992 fracasó en su propósito de mudar violentamente la titularidad del poder, pero tuvo muy serias consecuencias políticas: la popularidad del teniente coronel de paracaidistas, que como estaba encarcelado no podía ser acusado otra vez de rebelión, se disparó, mientras que Pérez se hundió en el descrédito.

En el terreno personal, la estancia en prisión de Chávez perjudicó su matrimonio con Nancy Colmenares, que ya vendría resintiéndose por la relación adúltera de él con la profesora de Historia Herma Marksman, con la que habría iniciado relaciones en 1984. Obtenido el divorcio de Colmenares y terminado también el vínculo sentimental con Marksman, Chávez iba a contraer segundas nupcias en 1997, en pleno trajín de su incipiente carrera política, con la periodista Marisabel Rodríguez Oropeza, quien en 1998 iba a darle su tercera hija, Rosa Inés. Ella ya tenía un hijo, Raúl, fruto de un anterior matrimonio.

El 26 de marzo de 1994, menos de un año después de producirse la destitución de Pérez por el Congreso bajo la acusación de malversación de fondos, el nuevo presidente de la República, el veterano estadista Rafael Caldera Rodríguez -quien había ganado en las urnas su segundo mandato presidencial como candidato, no del COPEI, la fuerza política que había fundado medio siglo atrás, sino del partido Convergencia-, firmó el sobreseimiento del caso del militar rebelde. A cambio de la libertad sin cargos, a Chávez se le exigió su baja del Ejército por la obvia incompatibilidad que entrañaba portar el uniforme y exhibir actitudes contrarias a las instituciones del Estado.

La indulgencia con el oficial que dos años atrás había atentado contra el orden constitucional y causado, con su golpe de fuerza, víctimas mortales, fue máxima. Además, al ser obligado a abandonar la milicia, Chávez recibía vía libre para desarrollar todo su activismo político en el ámbito civil y desde la más rigurosa legalidad. Antes de terminar el año, el 13 de diciembre, se desplazó a Cuba, donde fue recibido con todos los honores por el dictador Fidel Castro, quien le elogió como un discípulo aventajado de Bolívar y José Martí. Paradójicamente, Castro había condenado la intentona de febrero de 1992 contra Pérez, al que entonces seguía considerando un estadista amigo.

Esta visita de Chávez marcó el inicio de una relación personal extremadamente cálida y de una alianza política que con los años iba a alcanzar un calado estratégico de enorme magnitud, sobre todo para Cuba. En mayo de 1995 el venezolano se inscribió en Montevideo en el conocido como Foro de Sao Paulo (FSP), un marco de encuentro de partidos y organizaciones de izquierda de América Latina y el Caribe montado en 1990 por Castro y el entonces dirigente opositor brasileño Luiz InácioLula da Silva, de ideología socialista.

Lejos de mostrar gratitud a Caldera, al que no consideraba diferente del resto de los políticos tradicionales, y refrenar su tendencia oposicionista, Chávez se dedicó de inmediato a contactar con sus antiguos camaradas del movimiento de 1992, destacando entre todos Diosdado Cabello Rondón, futura mano derecha del Chávez presidente, y con políticos profesionales de trayectoria izquierdista que simpatizaban con el bolivarianismo, como el veterano Luis Miquilena Hernández, para formar un frente político concentrado en un objetivo fundamental: derrocar a la vieja clase partidista, que el común de los venezolanos identificaba con los abusos cleptocráticos y los despilfarros que habían dilapidado los ingentes ingresos obtenidos en los años del boom petrolero y en general de las vacas gordas de las exportaciones primarias de un país con vastos recursos naturales. Chávez y su círculo estaban decididos a laminar las viejas siglas (AD, COPEI) y las nuevas pero animadas por viejos rostros (Convergencia), aunque esta vez no por la vía insurreccional, sino usando los instrumentos democráticos y electorales que el mismo sistema que fustigaban ponía a su disposición.

De este proceso de conciliábulos y asambleas surgió el Movimiento Quinta República (MVR), suerte de versión civil del MBR-200 que recogía y actualizaba su programa de cambios radicales. Como apoyo doctrinal a su proyecto político renovado, Chávez divulgó la Agenda Alternativa Bolivariana (AAB), la cual debía guiar la primera fase de la revolución que tenía en mente. El MVR prometía restaurar el "honor perdido de la nación", gestionar la explotación económica de la riqueza nacional de manera honrada y eficiente, en aras del interés social, y aplicar medidas eficaces contra la inseguridad ciudadana. Su mayor ambición era la reforma de la Carta Magna partiendo de la convocatoria de una Asamblea Constituyente.

Erigido en director general del MVR, Chávez recorrió el país con un discurso fieramente populista, pródigo en mensajes de tono redentorista y reiteradamente asido a los conceptos de misión y de servicio a la patria, tomando la figura de Simón Bolívar como un referente casi hagiográfico. Enarbolando un izquierdismo que todavía resultaba bastante nebuloso e incluso, para muchos observadores, dudoso, el movimiento chavista aspiraba a abrir una tercera vía en un subcontinente que ya había experimentado el estatalismo de mayor o menor sesgo socialista y más recientemente, prácticamente sin excepciones en todos los países, el capitalismo neoliberal.

Chávez mismo dijo sentirse de izquierdas, pero también se definió como un católico devoto a quien la Biblia le inspiraba tanto como su idolatrado prócer de la independencia nacional. Podía encontrarse en el movimiento del antiguo teniente coronel venezolano, a falta de referencias doctrinales cercanas en el tiempo y de naturaleza cívico-democrática, algún eco de las experiencias terceristas de Torrijos en Panamá (1968-1981), Velasco Alvarado en Perú (1968-1975), Juan José Torres en Bolivia (1970-1971) y Guillermo Rodríguez Lara en Ecuador (1972-1976), excepcionales en América Latina por adoptar unas posiciones nacionalistas, populistas y revolucionarias, pero carentes de una ideología articulada, amén de autocráticas y violadoras de las libertades de principio a fin. El símil con Salvador Allende y el socialismo chileno de principios de los setenta parecía más peregrino. Otros observadores describían su estilo como neocaudillista, en alusión a otra forma de hacer política igualmente periclitada en la región e indefectiblemente propensa a posiciones conservadoras.

Aunque al principio de su andadura política rehusó optar a cualquier mandato representativo para no legitimar un sistema que juzgaba caduco, Chávez inscribió a su partido en el registro electoral el 29 de abril de 1997 con la intención de concurrir en los procesos electorales en ciernes y librar la batalla con las formaciones tradicionales en su propio terreno. Los resultados de este envite iban a ser espectaculares. En las elecciones legislativas del 8 de noviembre de 1998, el MVR, carente, más allá de un elenco de figuras experimentadas, de cuadros profesionales y de una maquinaria engrasada, se convirtió en el segundo partido del país al obtener 49 de los 189 escaños de la Cámara de Diputados y el 21,3% de los votos, sólo cuatro décimas menos que la AD. El COPEI se hundió a la cuarta posición, mientras que la Convergencia del presidente Caldera, devastada por las medidas de choque aplicadas por el Gobierno para enfrentar la crisis económica, tuvo que conformarse con un testimonial 2,4% de los votos y tres diputados. El zarpazo dado por el MVR hizo estremecer el sistema político venezolano, pero la briosa irrupción de Chávez era la consecuencia, no la causa, de una crisis terminal que se nutría de situaciones como el auge imparable de la pobreza y las desigualdades sociales.


3. Arribo espectacular al poder por vía electoral en 1999
Chávez acudió a las elecciones presidenciales del 6 de diciembre de 1998 montado en una ola triunfalista, confiado en la enorme popularidad de que gozaba entre los numerosísimos desfavorecidos tras una década de políticas económicas de austeridad que habían sido letales para el poder adquisitivo de las clases medias y bajas, y bien arropado por un Polo Patriótico en el que además del MVR estaban el Movimiento al Socialismo (MAS), el Partido Comunista de Venezuela (PCV), Patria para Todos (PPT), el Movimiento Electoral del Pueblo (MEP) y otros cinco partidos menores, esto es, la izquierda en bloque. Presentándose como un hombre del pueblo, de extracción social humilde, empleando un lenguaje colorista y lleno de expresiones coloquiales, y acusando un estilo directo y cáustico, la puesta en escena de Chávez caló hondo en las masas populares esperanzadas con un cambio a mejor. Para sus detractores, aturdidos por tamaño éxito, en cambio, se trataba de un burdo demagogo proclive al autoritarismo paramilitar y, dados sus antecedentes sediciosos, de más que dudoso pedigrí democrático.

Finalizada la más ruidosa campaña electoral en décadas de democracia venezolana, el carismático ex militar arrolló con el 56,2% de los votos válidos –que, contando la abstención, representaban el 33% del censo electoral- a sus dos únicos adversarios de relieve, el economista conservador Henrique Salas Römer, que contaba con los apoyos de AD y COPEI y que obtuvo el 39,9% de los sufragios, y la ex miss universo Irene Lailin Sáez Conde, que no llegó a las 200.000 papeletas.

El 2 de febrero de 1999 Chávez, con 44 años, tomó posesión de la Presidencia de la República para el quinquenio que terminaba en 2004 ante una nutrida representación de mandatarios regionales, entre los que figuraban el boliviano Hugo Banzer, el peruano Alberto Fujimori -un presidente autoritario y neoliberal que sin embargo encontró un amigo afectuoso en Chávez, quien no olvidaba el refugio concedido a los camaradas bolivarianos que protagonizaron la tentativa golpista de noviembre de 1992- y Fidel Castro, al que, por cierto, acababa de ver en La Habana dos semanas atrás, en su segundo viaje a la isla.

Castro felicitó efusivamente a Chávez y saludó su elección como un triunfo para toda América Latina. El intercambio de cumplidos iba a prolongarse en los próximos meses y años, con Chávez retratando a Castro como un "campeón de las libertades" en el continente, y el líder cubano llamando al venezolano el "mayor demócrata de América". Para consternación de la clase política heredera del puntofijismo y para extrañeza de casi todo el mundo, a la ceremonia de investidura fue invitado nada menos que Marcos Pérez Jiménez, la bestia negra de los demócratas venezolanos de la segunda mitad del siglo, pero el octogenario ex dictador derechista no interrumpió su residencia permanente en Madrid.

Tras añadir a la fórmula legal la apostilla "juro sobre esta moribunda Constitución", el flamante presidente pronunció un áspero discurso inaugural lleno de citas bolivarianas y de alusiones a la "catástrofe" en que estaba sumido el país, en el que vindicó la rebelión militar de febrero de 1992 ("era inevitable como lo es la erupción de los volcanes") y arremetió contra Caldera, que acababa de transferirle la banda presidencial y le escuchaba compungido, y contra los diputados electos de la oposición.

A continuación fueron juramentados los ministros del Gobierno, un equipo heterogéneo de tecnócratas, académicos, políticos profesionales y antiguos militares cuyos nexos eran la fidelidad a Chávez y una orientación izquierdista más o menos definida en las filas de partidos como el MAS y el PPT. Destacaban las presencias, en Interior, de Miquilena, considerado a estas alturas como el preceptor intelectual y el principal asesor de Chávez, al que además sucedió ahora como director general del MVR, y, en Exteriores, de José Vicente Rangel Vale, otro gran veterano de la política y tres veces candidato presidencial por el MAS (1973 y 1978) y por el PCV y el MEP (1983).

Una vez instalado en su despacho del Palacio de Miraflores, a Chávez le faltó tiempo para firmar su primer decreto, que no fue otro que el que llamaba a los venezolanos a referéndum para decidir sobre la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Si la consulta prosperaba, las consecuencias implícitas serían la anulación de la Carta Magna de 1961 y la disolución del Congreso, donde los partidos del Polo Patriótico sólo reunían algo más de un tercio de los escaños. Se trataba, según él, de una insoslayable exigencia popular que había que asumir "con coraje y con valentía", ya que, como había afirmado en el discurso inaugural, "o le damos cauce a la revolución venezolana de este tiempo o la revolución nos pasa por encima".

Asimismo, reclamó al Legislativo la aprobación de una Ley Habilitante o de poderes especiales para permitir al Ejecutivo enfrentar el estado de "emergencia social" que vivía el país en los ámbitos de la salud, la vivienda y la educación, donde asomaban estadísticas propias de los países subdesarrollados, y anunció una campaña contra la evasión tributaria para reducir el abultado déficit fiscal, que alcanzaba los 9.000 millones de dólares, equivalente al 9% del PIB. La deuda externa era casi cuatro veces superior, y aunque existía la voluntad de pagarla, no podía asumirse sin negociación estructural, advertía. El caso era que todas las luces de la economía estaban en rojo: la recesión arreciaba, la inflación superaba el 30% anual y el paro oficial marcaba el 12%, aunque el desempleo real era varios puntos mayor y el subempleo afectaba a la mitad de la población activa.

Abonando su atribuida fe en el tercerismo económico, que renegaba del neoliberalismo pero descartaba el intervencionismo de tipo socialista, propugnó "tanto Estado como sea necesario y tanto mercado como sea posible", sentencia que irradiaba pragmatismo. El mandatario añadió que los militares saldrían de los cuarteles para desempeñar tareas de apoyo a la población. Dicho y hecho, el 27 de febrero el Gobierno presentó el Plan Bolívar 2000, llamado a movilizar a alrededor de 40.000 soldados y voluntarios civiles en labores sociales como vacunaciones de niños, distribución de alimentos, construcción de carreteras y facilitación de servicios educacionales. Fue la génesis de lo que años más tarde iba a conocerse como las Misiones Bolivarianas. A través de las fases Propatria, Propaís y Pronación, el Plan Bolívar 2000 arrancó formalmente el 27 de febrero de 2000 como una estrategia, novedosa en Venezuela, para revertir las tendencias negativas en lo social y medioambiental. En cuanto a la política exterior, Chávez afirmó que aspiraba a sacar de Venezuela de su postración y a convertirla en la nueva abanderada continental, como lo había sido en los lejanos tiempos de El Libertador.

En la campaña electoral Chávez había prometido emprender una drástica reforma de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), el emporio estatal que aportaba el 80% de las exportaciones, el 40% de los ingresos del presupuesto nacional y el 27% del PIB, con el objeto de erradicar la mala gestión y las prácticas corruptas. Ahora bien, lo que se perseguía no era un saneamiento típicamente liberal susceptible de desembocar en una segmentación o privatización, sino precisamente lo contrario: hacer más eficiente el funcionamiento de una empresa clave para fortalecer su aportación financiera a las arcas del Estado y de paso encadenar su titularidad pública.

Chávez, a falta de mayor precisión, dio a entender que no acometería renacionalizaciones, pero tampoco avanzaría en las privatizaciones. La misión más perentoria ahora era estabilizar la economía, aunque no a costa de devaluar la moneda o de imponer un sistema de control de cambios. Precisamente, eran sus planes económicos, y desde luego los que afectaban al petróleo, tratándose Venezuela del sexto productor mundial y el tercero de la OPEP tras Arabia Saudí e Irán, lo que más inquietaba a la comunidad internacional. De hecho, Chávez culpó al petróleo -bendición a la vez que maldición para las perspectivas del progreso nacional- de las patologías que afectaban al desarrollo de los sectores industrial, agrícola, minero y de servicios, y subrayó la necesidad de estrenar un modelo que escapara de la dependencia de este recurso natural como la única fuente generadora de riqueza.

Antes de asumir la Presidencia, Chávez realizó una gira por Europa para tranquilizar a las multinacionales de la energía que operaban en Venezuela y a los gobiernos de los países con intereses allí, pero fue tajante en que su intención era revisar todos los contratos de explotación firmados en el último septenio, durante la llamada apertura petrolera. Asimismo, si bien aseguró que iba a respetar los acuerdos firmados con la OPEP, no ocultó su intención de propiciar un cambio en la filosofía de esta organización para hacerla menos complaciente con los países importadores del mundo desarrollado. Al hablar así, Chávez tenía presente el hecho de que el desplome de los precios del barril de crudo a lo largo de 1998 había causado mucho daño a la endeudada economía venezolana.

El 22 de abril el Congreso le concedió los poderes especiales que había solicitado para gobernar por decreto en materia económica durante seis meses y para negociar con el FMI la reestructuración de la deuda externa, cuyo monto de 32.000 millones de dólares devoraba el 40% del presupuesto nacional. No obstante, se esperaba que el FMI le exigiese a cambio el recorte del gigantesco aparato estatal, un millón de trabajadores públicos sobre una población total de 24 millones. Cauto y conservador en sus primeras decisiones económicas, que supeditó a su programa de reforma política, en el mes de marzo Chávez se apuntó un primer éxito exterior al conseguir que la OPEP decidiera una nueva reducción de la producción con el consiguiente encarecimiento de los precios, lo que iba a aportar miles de millones de dólares extra muy necesarios para corregir el desequilibrio presupuestario y hacer frente a los compromisos de la deuda.


4. Instauración de la República Bolivariana y primera reelección presidencial
Aunque Chávez, haciendo referencias a la unidad y la reconciliación nacionales, quiso remover los temores a una forma suya de gobernar excluyente o despreciativa de las fórmulas de consenso básicas en democracia, al reincidir en declaraciones lapidarias sobre la "muerte" del Estado tradicional y el nacimiento de una "verdadera democracia" provocaba ansiedad en los compatriotas que no le habían votado y preocupación en varios gobiernos extranjeros. El gran interrogante era el rumbo que podría tomar el sistema político y económico venezolano si se abría paso la tantas veces anunciada revolución bolivariana.

El caso fue que el presidente, impertérrito ante las crispaciones que sus modos y su lenguaje iban generando, se mostró muy diligente en la realización de su promesa de "barrer" los viejos "poderes oligárquicos". Otras disposiciones, como la instrucción premilitar de todos los estudiantes de primaria y secundaria, la apertura en los cuarteles de cientos de Escuelas Bolivarianas (centros dedicados al estudio de la obra de El Libertador) y la participación de la Fuerza Armada en misiones de instrucción civil y servicios comunitarios, levantaron bien pronto airadas protestas de la oposición, que alertó contra una deriva marcial de la sociedad civil.

El populismo de Chávez, solemne y mesiánico a veces, cordial y dicharachero las más, desmedido o extravagante en todo momento, se expresó a través de medios tan insólitos en las democracias normales como un programa televisivo de emisión semanal, Aló presidente, en el que él en persona atendía solícito las peticiones y consultas de los televidentes, hacía apología de su pensamiento político y defendía la obra de su Gobierno, manteniendo un canal de comunicación directa con el pueblo por encima de las instituciones y de toda estructura formal de poder.

El 25 de abril de 1999, tres días después de concederle el Congreso la Ley Habilitante para atajar la crisis económica, Chávez ganó el referéndum sobre la elección de la ANC con un 92,3% de síes, si bien con sólo un 37,8% de participación, lo que venía a suponer que en la consulta votaron a favor los mismos electores que se habían decantado por Chávez en las presidenciales. Aunque se había establecido que el referendo sería válido sólo si superaba el 50% de participación, el Consejo Nacional Electoral (CNE) dictaminó que bastaba una mayoría de votos afirmativos.

Así legitimado, Chávez siguió adelante con su programa político. El 25 de julio los venezolanos acudieron de nuevo a las urnas para elegir la ANC. El Polo Patriótico arrasó al conseguir 120 de los 131 asambleístas con el 62% de los votos, lo que no dejaba dudas sobre el desenlace de la catarata de cambios abierta por Chávez. La ANC, o Soberanísima, como la llamaba su promotor, emprendió el 3 de agosto los trabajos de debate y redacción del proyecto de Constitución bajo la presidencia del omnipresente Miquilena, si bien los detractores del oficialismo acusaron a dicha asamblea de limitarse a certificar un borrador que ya había sido elaborado por el equipo del presidente y que de hecho fue entregado a la institución constituyente por el propio Chávez con el nombre de Ideas Fundamentales para la Constitución Bolivariana de la V República.

Los puntos más significativos de la nueva Carta Magna eran: el establecimiento de la V República Venezolana, incluyendo el cambio del nombre del país, que pasaría a llamarse República Bolivariana de Venezuela; la ampliación del mandato presidencial de cinco a seis años y la posibilidad de su renovación consecutiva una sola vez; la adición a los tres poderes clásicos -ejecutivo, legislativo y judicial- de otros dos nuevos: el moral, aplicado en la lucha contra la corrupción, y el electoral, entendido como el ejercicio de fórmulas de democracia directa, destacando muy especialmente el instrumento del referendo revocatorio del mandato de todos los cargos de elección popular; la sustitución del Congreso bicameral por una Asamblea Nacional de 165 miembros elegida cada cinco años y despojada de escaños vitalicios para los ex jefes del Estado; el refuerzo del poder ejecutivo del presidente, que ahora podría decidir los ascensos militares, nombrar al vicepresidente, convocar referendos y disolver el Parlamento; vagas referencias al modelo de economía planificada; el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas; y, un especialmente espinoso artículo sobre la participación de los militares en la vida pública.

El 5 de agosto Chávez proclamó en la ANC la defunción de la "IV República" y reclamó la aprobación de una declaración de "emergencia nacional" que facultase a la asamblea para intervenir en todas las instituciones del Estado. La oposición, que parecía incapaz de reaccionar ante el huracán chavista, lanzó débiles denuncias de "ilegalidad" y de "golpe de Estado". La comunidad internacional seguía el controvertido proceso con una mezcla de aprensión y estupefacción. Reincidiendo en su ambigüedad económica, Chávez apostrofó contra "un dogma de mercado que pretende ser Dios" y propuso un modelo intermedio de carácter "autóctono". En los días siguientes, la ANC consagró la victoria total de Chávez, a través de cuatro decretos consecutivos.

Primero, el 9 de agosto, en respuesta a su maniobra de someter su cargo a disposición del cuerpo, la Soberanísima ratificó a Chávez como presidente de la República, a lo que siguió una segunda jura de la suprema magistratura, pero esta vez ante el Acta de la Independencia de 1811. Con esta escenificación, Chávez pretendía dejar clara la autoridad suprema de la ANC sobre todos los poderes constituidos de la sentenciada IV República. A continuación, el 12 de agosto, la ANC, "considerando que la República vive una grave crisis política, económica, social, moral e institucional, que ha llevado al colapso a los órganos del Poder Público y mantiene a la mayoría de la población en un inaceptable estado de empobrecimiento, con el cual se vulneran los más elementales derechos humanos", y "en razón de la emergencia nacional existente", declaró la "reorganización de todos los órganos del Poder Público".

Tercero, el 19 de agosto, la ANC, "en ejercicio del poder constituyente originario otorgado por éste mediante referendo aprobado democráticamente", y con el fin de "transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que permita el funcionamiento efectivo de una democracia social y participativa", decretó la Reorganización del Poder Judicial (decreto de emergencia judicial), que suponía la creación de una Comisión de Emergencia Judicial de nueve miembros escogidos por la propia Asamblea y con las competencias, entre otras, de nombrar y destituir a cualesquiera magistrados, "evaluar" y "reorganizar" el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Judicatura y las demás instituciones del sistema de justicia, y "proponer" a la ANC las medidas "necesarias" en este ámbito. Puesta ante el hecho consumado, la Corte Suprema, el 24 de agosto, accedió a autodisolverse, acto que fue calificado por su presidenta, Cecilia Sosa Gómez, de "suicidio" de la institución para evitar así su "asesinato".

Ya sólo quedaba intervenir un poder, el legislativo, cuya institución titular era mayoritariamente desafecta y se había declarado en rebelión; en realidad, el Congreso estaba resignado a su destino, tal como indicaba su decisión del 28 de julio, cuando los diputados resolvieron "suspender" sus actividades para no obstruir la labor de la ANC. El 25 de agosto los constituyentes dieron luz verde a la Regulación de las funciones del Poder Legislativo (decreto de emergencia legislativa), que en la práctica liquidaba las dos cámaras establecidas por una Constitución que aún seguía en vigor. El penúltimo día del mes el Congreso fue declarado en situación de "cierre técnico". Chávez, el MVR y sus aliados completaron así su monopolio sobre los tres poderes nacionales, creándose una clamorosa anomalía político-jurídica y precisamente en mitad de un proceso constituyente que tenía legitimidad democrática.

El 19 de noviembre la ANC entregaba el borrador final de la nueva Constitución a Chávez, quien aprovechó la ocasión para anunciar su candidatura reeleccionista en los nuevos comicios presidenciales del año siguiente. El 15 de diciembre, coincidiendo con las catastróficas riadas en Vargas, el peor desastre natural sufrido por Venezuela en el siglo XX, que provocaron entre 10.000 y 30.000 muertos –aunque algunas estimaciones no oficiales elevaron la cifra a 50.000- y arrasaron este estado costero, un segundo referéndum sancionó la Carta Magna bolivariana con un contundente 71,2% de votos favorables. En contra se pronunció el 28,8% de los votantes, alcanzando la participación el 45,9%; el porcentaje fue sensiblemente superior al registrado en la consulta de abril, pero se trataba todavía de un índice muy mediocre. El 20 de diciembre de 1999 la ANC promulgó solemnemente la nueva Constitución, que fue publicada por la Gaceta Oficial y entró en vigor el 30 de diciembre.

El 30 de julio de 2000, culminando el arrollador proceso de transformación de las estructuras políticas y jurídicas del Estado, y luego de suspender el CNE (con gran polémica) su celebración en la primera fecha convenida, el 25 de mayo, con el argumento de que no se reunían las condiciones técnicas, tuvieron lugar las elecciones generales. En las legislativas, el MVR confirmó su supremacía al capturar 91 de los 165 escaños que componían la nueva Asamblea Nacional con el 44,4% de los sufragios. Además, el MAS metió seis diputados, lo que producía una mayoría oficialista de 98 parlamentarios.

En las presidenciales, Chávez se deshizo sin problemas con el 59,8% de los votos de sus dos solitarios contrincantes, de los cuales no era testimonial Francisco Javier Arias Cárdenas, un antiguo camarada del MBR-200 (fue el cabeza del golpe de febrero de 1992 en Maracaibo, tras lo cual compartió con él arresto y prisión) convertido más tarde en gobernador de Zulia en las filas de La Causa Radical. El 19 de agosto, cumpliendo con lo prometido cuando su inauguración presidencial de año y medio año atrás, Chávez arrancó su segundo mandato, esta vez con fecha de conclusión en enero de 2007, prestando juramento ante un ejemplar de la Constitución bolivariana. Antes de terminar el año, el 3 de diciembre, el chavismo ganó sus primeras elecciones locales y su tercer referéndum, una consulta de menor calado que las anteriores aunque políticamente muy reveladora, sobre la renovación obligatoria de los funcionarios de las centrales sindicales.


5. Resuelto activismo exterior y excepcionales relaciones con Cuba
El debut presidencial de Chávez estuvo acompañado también de una agresiva política exterior, insólita en un mandatario latinoamericano en muchos años, que le convirtió en uno de los personajes más conspicuos del panorama político internacional. Como en el ámbito de casa, la agenda diplomática estaba impregnada de pensamiento bolivariano, expresado en una suerte de nacionalismo hemisférico.

El 27 de mayo de 1999 el mandatario asistió en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias al XI Consejo Presidencial de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), organización de la que Venezuela era miembro fundacional -en marzo de 1996, a partir del anterior Pacto Andino-, donde llamó a crear en las próximas décadas una federación de estados latinoamericanos y caribeños que, luego de resolver los más perentorios problemas domésticos, pudiera dotarse de una política exterior común.

El 21 de septiembre siguiente, con motivo de su alocución en la Asamblea General de la ONU en Nueva York y luego de concederle Estados Unidos el visado de entrada (durante largo tiempo denegado, por considerarle un subversivo, y por su procastrismo), Chávez departió con el presidente Bill Clinton, quien le expresó el respaldo de su Administración al proceso emprendido en Venezuela, y de nuevo con el colombiano Andrés Pastrana, con el que se había indispuesto a raíz de ofrecerse para mediar entre el Gobierno de Bogotá y las guerrillas comunistas colombianas, las cuales, se opinaba en las altas esferas políticas y militares del país vecino, mantenían ciertos tratos provechosos con el Gobierno de Caracas.

Días antes de producirse estos encuentros en Nueva York, Chávez mantuvo en Manaos una cordial entrevista con el presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso (un socialdemócrata que era preclaro partidario de avanzar en la integración multisectorial de los países sudamericanos antes de proceder a la liberalización de los mercados de todo el continente bajo la batuta de Estados Unidos), y ambos se manifestaron rotundamente en contra de una eventual intervención militar estadounidense en Colombia para combatir el narcotráfico.

En la I Cumbre Sudamericana, celebrada en Brasilia del 1 de septiembre de 2000 y de la que salió una Declaración sobre la convergencia económica y política del subcontinente, Chávez advirtió que la región sería "aniquilada" si sus integrantes no daban pasos decisivos hacia la unidad antes de conformarse en 2005 la proyectada Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), uno de los grandes proyectos geopolíticos perseguidos por el Gobierno de Washington, que esperaba ponerlo en marcha en enero de 2005. Fue la primera y más clara declaración de hostilidades de Chávez contra el ALCA, a la que iban a seguir muchas más. En la II Cumbre Sudamericana, celebrada en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil el 26 y el 27 de julio de 2002, el líder venezolano propuso la creación de "una especie de Petroamérica" y un "Fondo Humanitario Internacional" dirigidos por y para los países del subcontinente, para escapar del modelo neoliberal dictado por la OPEP y el FMI.

En cuanto a las relaciones personales con Castro, adquirieron el lustre y la notoriedad que otorgaba el manto institucional. Chávez volvió a La Habana el 15 de noviembre de 1999, dos semanas después de su primera visita oficial a España, con motivo de la IX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, y de nuevo el 12 de abril de 2000, para participar en la primera cumbre de estadistas del Grupo de los 77 (G-77). En la primera ocasión fue personalmente condecorado por su anfitrión con la Orden José Martí. El 26 octubre de 2000 los papeles se invirtieron y Chávez tributó a su huésped en Caracas la bienvenida propia de un héroe, tratándose de la primera visita de Estado de Castro a Venezuela desde la realizada en 1959, nada más triunfar la Revolución, cuando el comandante se acogió a la hospitalidad del entonces presidente adeco Rómulo Betancourt, antes de que éste le incluyera en su elenco de enemigos. En esta ocasión, los mandatarios firmaron un Acuerdo de Cooperación Integral por el que Venezuela abastecería a Cuba con 53.000 barriles de crudo al día –la tercera parte del petróleo consumido por la isla- a precios ventajosos y con facilidades financieras a cambio de servicios profesionales y técnicos cubanos en las áreas educativa, sanitaria y deportiva.

Esta diplomacia de prestigio, que perseguía subrayar la independencia nacional a contracorriente de lo que Estados Unidos consideraba aceptable, quedó bien patente en la maratoniana gira realizada por Chávez del 10 al 14 de agosto de 2000 por los otros diez estados de la OPEP, con el objeto de invitar a sus respectivos mandatarios a una cumbre a celebrar en Caracas encaminada a fortalecer la unidad de criterio en la organización energética y a estabilizar el precio del barril de crudo, que entonces cotizaba al alza, en torno a los 30 dólares . Más aún, Chávez propuso dar entrada en la OPEP a países exportadores como Rusia, Noruega y Omán. Durante el itinerario, Chávez calificó a la OPEP de "arma" para los Países en Vías de Desarrollo, una "especie de instrumento estratégico" que "no se puede dejar escapar". En Libia estuvo de acuerdo con Muammar al-Gaddafi en que si se producía un nuevo desplome de los precios no habría más remedio que recortar drásticamente la producción.

Por otro lado, al no excluir de la lista de capitales visitadas a Bagdad, Teherán y Trípoli, Chávez suscitó un considerable malestar en el Gobierno estadounidense. El líder venezolano, convertido en el primer jefe de Estado que visitaba a Saddam Hussein desde la guerra del Golfo en 1991 y hacía caso omiso del ostracismo internacional que pesaba sobre el dictador árabe, rechazó las críticas y advirtió que Venezuela era un país soberano al que nadie podía dictaminar su política exterior.

Las aparentes ganas de Chávez de institucionalizar la OPEP fueron interpretadas en Estados Unidos, sobre todo tras la asunción en enero de 2001 de la administración republicana de George W. Bush, y la Unión Europea (UE) como un intento de politizar el organismo regulador o de convertirlo en un cártel del petróleo verdaderamente corporativo y metido en una dialéctica Sur-Norte, si bien Washington no estaba en condiciones de ir más allá de las amonestaciones verbales porque importaba de Venezuela 1,4 millones de barriles al día, lo que representaba más de la mitad del total de las ventas venezolanas y el 14% del consumo petrolero estadounidense. Por el momento, la escalada alcista en el precio del barril iniciada en abril de 2000, que alcanzó el pico de los 36,4 dólares en la segunda semana de agosto, una cotización sin precedentes desde la ocupación irakí de Kuwait en 1990, amortiguó los efectos de la crisis económica en Venezuela.

Así, el año 2000 registró una inflación para el conjunto del año del 13,4%, siete puntos menos que 1999 y la tasa más baja desde 1986, mientras que la cuenta corriente consignó su mayor superávit en un lustro y el déficit fiscal se redujo hasta el 2%. Igualmente, el segundo año de la Presidencia de Chávez se saldó con un crecimiento positivo del PIB del 3,2%, cuando 1999 había padecido una recesión brutal, del 7,2%.

La segunda cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la OPEP desde la celebrada en Argel en 1975 tuvo como escenario Caracas el 28 de septiembre de 2000. En ella, Chávez invitó a los países consumidores de petróleo a discutir fórmulas para contener el alza de los precios. Pero los saudíes hicieron valer su peso tradicional, así que la denominada Declaración de Caracas no extremó las críticas a los países desarrollados (fundamentalmente, se les demandó el alivio de las cargas fiscales sobre los carburantes para mitigar el daño a sus consumidores), y aparcó para ulteriores encuentros toda decisión sobre cuotas de producción.

A mediados de 2001 Chávez protagonizó otro período de hiperactividad foránea. Primero, realizó una gira que le llevó por Rusia, Irán, India, Bangladesh, China (país que, al igual que Irak y Cuba, no estaba siendo condenado por Venezuela a la hora de votar en la ONU los informes sobre la situación interna de los Derechos Humanos), Malasia e Indonesia. En Yakarta, el 30 y el 31 de mayo, no se perdió la XI Cumbre del Grupo de los Quince (G-15).

A continuación, el 23 y el 24 de junio, presidió en Valencia el XIII Consejo Presidencial Andino, en cuya clausura anunció en primicia la captura en Caracas del que fuera principal colaborador del dimitido presidente Fujimori, Vladimiro Montesinos, y su inmediata entrega a las nuevas autoridades peruanas que lo reclamaban para juzgarlo por diversos crímenes. Ahora bien, la disputa con Lima estalló al punto cuando el ministro del Interior peruano, Antonio Ketin Vidal, desplazado a Caracas para coordinar la búsqueda y captura de Montesinos, fue amonestado por violar la soberanía nacional, mientras que el Gobierno del país andino acusó a su homólogo venezolano de haber protegido al prófugo durante meses. La crisis culminó el 29 de junio con la retirada de los respectivos embajadores.

Con Colombia, los rifirrafes continuaron por la insistencia de Chávez en declarar una posición neutral y potencialmente mediadora en el tortuoso proceso de paz (por lo demás, fracasado en febrero de 2002) entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC, cada vez más percibida fuera y dentro de Colombia como una organización básicamente criminal y terrorista no obstante su discurso revolucionario.

Las actitudes de proteccionismo comercial y de freno a la integración regional percibidas por Colombia, Perú y Ecuador en el seno de la CAN, la denuncia por el antiguo cónsul venezolano en París, Nelson Castellano Hernández, de que el mandatario, supuestamente, había intentado que Francia excarcelara al sangriento terrorista internacional de los años setenta Ilich Ramírez Sánchez, más conocido por sus alias de Carlos y Chacal y venezolano de nacimiento, y la furibunda reacción de Estados Unidos, con la llamada a consultas a su embajadora en Caracas, frente a la demanda del presidente de que cesaran los bombardeos contra los talibanes de Afganistán porque no se podía "combatir el terror con el terror", fueron otros tantos episodios que aparejaron a Chávez el perfil de outsider y destemplado rebelde contra la hegemonía estadounidense en el proscenio internacional.

Del 11 al 13 de agosto Chávez agasajó a Castro en Ciudad Bolívar y en Santa Elena de Uairén con motivo de su 75 cumpleaños –entre otros honores le concedió la Orden Congreso de Angostura-, y de paso amplió el convenio petrolero suscrito el año anterior las áreas agrícola y turística. Este nuevo ejercicio de desembozo con el anciano dictador ahondó las suspicacias en sectores de la sociedad civil venezolana que atisbaban indicios de "cubanización" del país y que por otro lado desconfiaban de iniciativas presidenciales como el Plan Bolívar 2000, cuyo acento en el voluntarismo social recordaba las movilizaciones dirigidas por el Partido Comunista de Cuba.

En octubre de 2001 Chávez, incansable, desarrolló otra prolongada gira por las capitales de la OPEP más París, Roma, Bruselas, Lisboa, Moscú, Londres -donde sostuvo, el día 23, una reunión con el primer ministro Tony Blair-, Ottawa y México. La consigna del periplo era intentar fraguar un consenso entre los países exportadores e importadores de petróleo en torno a unos precios estables con unos niveles de extracción bajos. El 11 y el 12 de diciembre Isla Margarita brindó el escenario para la III cumbre de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), a la que no faltó el incondicional mentor cubano.


6. Sucesión de contestaciones internas y auge de la oposición
Si la controvertida actuación de Chávez en el exterior no daba tregua a observadores y analistas, el sosiego tampoco arraigaba en el interior. El incremento a ojos vista de la corrupción, la pobreza -que afectaba ya a tres cuartas partes de los venezolanos-, el paro -el 25% de la población activa- y la criminalidad común -de proporciones insoportables en los núcleos urbanos-, municionaron los argumentos de la aún deshilvanada oposición (los "escuálidos", en la expresión de Chávez), igualmente presta a criticar los citados acercamientos a líderes y organizaciones mundiales de pedigrí democrático más que dudoso, en detrimento de los interlocutores tradicionales de Venezuela.

Ya en los primeros meses de 2000, antes de las primeras elecciones generales bajo la nueva Constitución, el chavismo afrontó su primera crisis importante al declararse desafectos varios antiguos comandantes de las aventuras golpistas de 1992, quienes acusaron a su ex camarada de laxitud frente a los comportamientos corruptos de algunos mentores políticos del MVR. Este malestar, extensible a sectores en activo de la Fuerza Armada, debido a ciertos errores y precipitaciones del Gobierno y a denunciados relajos que distaban de cumplir el espíritu bolivariano, hacía suponer la configuración de una oposición interna a Chávez, cuando paradójicamente la oposición nominal se hallaba fuera de juego y carecía de una voz influyente.

En mayo de 2001, la constatación de la desazón y la impaciencia sociales indujo a Chávez a sopesar la declaración del estado de excepción para combatir por decreto la corrupción y la pobreza, lo que motivó la ruptura con el MAS, primera baja de un Polo Patriótico llamado a disgregarse. El 9 de junio, en un acto con estética guevarista convocado en su honor por el PCV, el presidente urgió a sus seguidores a unirse bajo la bandera de la "revolución antiimperialista", y a estar listos para parar la "avalancha de ataques desde todos los frentes" y derrotar a la "contrarrevolución" en marcha.

Después, el 8 de septiembre, Chávez presidió la entrega de 105.000 acres de latifundios baldíos del estado de Zulia al Instituto Agrario Nacional (IAN). Anticipando la ultimada Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (LTDA), la medida fue vista como el arranque de una reforma agraria de tipo radical, más ambiciosa que la ahora derogada Reforma Agraria de 1960, para acabar con una situación absurda: que el país tuviera que importar dos tercios de los alimentos que consumía a pesar de la feracidad de su suelo tropical y mientras unos cientos de propietarios acaparaban el 70% de las tierras cultivables. No en vano, Chávez instó a los terratenientes, so pena de afrontar subidas de impuestos o expropiaciones forzosas por ley, a que entregaran las fincas incultas al Estado, el cual dispondría su distribución entre las comunidades rurales más necesitadas.

A finales de noviembre, con las encuestas de opinión muy desmejoradas y en un ambiente enrarecido que auguraba más protestas e inestabilidad, el presidente negó que hubiera riesgo de golpe de la Fuerza Armada. El titular de Defensa, José Vicente Rangel (quien en febrero anterior había reemplazado al general Ismael Eliécer Hurtado Sucre, convirtiéndose en el primer civil al frente del Ministerio desde 1929), alertó de la existencia de "gente que quiere reeditar en Venezuela lo que pasó en Chile con Salvador Allende". El propio Chávez, incapaz de moderar su predisposición a la confrontación y de elaborar un solo consenso político, advirtió: "esta revolución está armada".

El 10 de diciembre de 2001 marcó el punto de no retorno en una etapa de contestación en las calles, a través de marchas masivas, caceroladas al estilo argentino y paros nacionales, convocados por un arco creciente de partidos, organizaciones sectoriales, ONG y demás componentes de la sociedad civil. Hecho insólito, los empresarios privados, a través de la Federación Venezolana de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción (Fedecámaras), por cuyas manos pasaba el 90% del PIB no petrolero, y los sindicatos, con la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) -ligada a AD y que Chávez había intentado, sin éxito, descabezar mediante el referéndum del año anterior- en primer lugar, unieron fuerzas para propiciar una revuelta civil que forzara, sin esperar al referéndum revocatorio contemplado en la Constitución, la dimisión del presidente.

Aquel día, una huelga general al grito de "¡fuera el loco!" abucheó la promulgación, en virtud de la Ley Habilitante aprobada el 13 de noviembre de 2000, de 49 decretos-leyes, entre los que figuraban la ya comentada Ley de Tierras y la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos, que perseguía aumentar la tributación de las corporaciones extranjeras hasta el 30% y reservar al Estado una participación mayoritaria, del 51%, en las sociedades mixtas formadas con las empresas concesionarias privadas. El cambio de rumbo en PDVSA trataba de compensar la inesperada merma de la renta petrolera, a causa de la caída del precio del barril por debajo de los 19 dólares tras los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, que a su vez había desbaratado los presupuestos de 2002.

En opinión de Fedecámaras, pero también de la CTV, los propietarios agropecuarios y los medios de comunicación privados, este paquete legal ponía en peligro el derecho a la propiedad privada y la misma estructura de la economía de mercado, considerando claramente inconstitucionales algunas de las disposiciones. Por lo que respecta a los cambios realizados en PDVSA, los detractores del Gobierno denunciaron su carácter estatista y centralizador, y en un análisis general, vaticinaron el derrumbe de las inversiones privadas, cuyos preámbulos serían la fuga de capitales en curso y, de nuevo, el incremento de los débitos del Estado. El déficit fiscal se acercaba entonces al 10% del PIB, lo que representaba unos 9.000 millones de dólares.

El 23 de enero de 2002, sendas marchas populares de uno y otro signo (si bien sólo la antigubernamental fue verdaderamente multitudinaria) midieron sus fuerzas en Caracas en el cuadragésimo cuarto aniversario del derrocamiento de Pérez Jiménez. Sólo un día después, Chávez destituyó como ministro del Interior a Luis Miquilena, aparentemente por defender una posición de diálogo y acercamiento a sectores de la sociedad más allá del MVR y sus socios de la izquierda, si bien era cierto que el segundo hombre fuerte del Gobierno junto con Rangel había sido para la oposición una verdadera bestia negra al ofrecer un talante autoritario cuando estuvo al frente de la ANC. La proclamación por Chávez el 4 de febrero, en el décimo aniversario del intento de golpe de 1992, "día de celebración nacional" ante 100.000 partidarios fue considerada un "ultraje a la democracia" por la oposición.

El creciente número de militares, en activo o retirados, que entraban a ocupar altos cargos en el Gobierno y la Administración, en vez de anular la capacidad de la Fuerza Armada para perturbar el orden constitucional de la República Bolivariana, la estimuló. La dedicación de los uniformados a menesteres no propiamente castrenses, los discretos vínculos del chavismo con las guerrillas colombianas, la promoción de la ideología bolivariana en los cuarteles, los indicios de entregas de armas a chavistas organizados como Círculos Bolivarianos (a imitación de los Comités de Defensa de la Revolución cubanos) y la sucesión de mudanzas en el escalafón para asegurar la lealtad al Gobierno, generaron un resentimiento en varios mandos intermedios que cristalizó, primero, en expresiones de descontento más o menos contenidas en el perímetro de los cuarteles, y luego, en desafecciones públicas.

Quien abrió la más peligrosa caja de Pandora para Chávez fue, el 7 de febrero de 2002, el coronel de Aviación Pedro Luis Soto, que en un programa de televisión, asegurando hablar en nombre del "70% de la Fuerza Armada", demandó la sustitución de su antiguo colega de armas por un presidente civil y la celebración de elecciones anticipadas, ya que Chávez no había sido elegido "para que se adueñara de Venezuela" e "impusiera un sistema con una ideología que en otros países ha fracasado, trayendo miseria y pobreza".

Soto fue castigado con la expulsión de la Fuerza Armada y el Alto Mando Militar ignoró su llamamiento a la sublevación, pero recibió la solidaridad de otros oficiales de diverso rango, como el capitán de la Guardia Nacional Pedro José Flores y el contralmirante Carlos Molina Tamayo, que en los días y semanas siguientes le secundaron con sus propias proclamas sediciosas. Los generales de brigada Ovidio Poggioli Pérez y Guaicaipuro Lameda Montero fueron asimismo apartados del servicio, el primero por pertenecer a la disidencia y el segundo por expresa voluntad, al discrepar con la reforma de PDVSA, de la que era presidente.

A la vez que encajaba estos desafíos desde el estamento militar, Chávez hubo de hacer frente al imparable deterioro de la situación económica, damnificada en parte por la incertidumbre política y por la misma retórica beligerante del presidente. El 13 de febrero, tras varias semanas de intervenciones infructuosas del Banco Central (BCV) en defensa del bolívar frente al dólar, el Gobierno eliminó la banda de fluctuación vigente desde 1996 y dejó en libre flotación a la moneda nacional, que sólo en las primeras 24 horas se devaluó un 31,4%, y anunció el ajuste fiscal, grato al FMI, para enjuagar el déficit. De entrada, los presupuestos generales del Estado serían podados en un 22%.

Las borrascas militar y económica animaron a la oposición civil a intensificar la campaña de protestas, de manera que el 5 de marzo, Fedecámaras, la CTV, la Conferencia Episcopal y el rectorado de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) firmaron un Pacto Democrático contra Chávez en el que convocaban a la unidad de todos los sectores del país para rescatar el diálogo social y acometer medidas urgentes contra los múltiples y graves problemas que arrastraba el país.


7. La crisis de abril de 2002: derrocamiento, contragolpe y restauración del chavismo
La CTV realizó una huelga general el 9 de abril y, al constatar su seguimiento desigual (en PDVSA se trabajó sin novedad, no obstante la crispación causada por los recientes despidos de ejecutivos rebelados contra el nombramiento de la nueva dirección y contra la revisión de los criterios de gestión mercantilistas del holding), decidió prolongarla al día siguiente. En la segunda jornada de paros la tensión se disparó, con la llamada por la CTV y Fedecámaras a la huelga general indefinida, la desautorización de Chávez por otros dos generales y la advertencia del Gobierno de que estaba en marcha una conspiración para derribarlo.

El día 11, jueves, los acontecimientos se aceleraron. En respuesta al llamamiento de Fedecámaras y la CTV, varios cientos de miles de caraqueños, en torno al medio millón, se manifestaron para exigir la renuncia inmediata de Chávez. La marcha, pacífica y protagonizada por las clases medias, se encaminó hacia la sede de PDVSA en Chuao, en el sector este de la ciudad, pero luego cambió el itinerario y se dirigió hacia el Palacio de Miraflores, en cuyas inmediaciones estaba congregada también una muchedumbre de partidarios del presidente. Las dos manifestaciones no llegaron a tocarse, pero esto no evitó que corriera la sangre por la irrupción de individuos que, blandiendo pistolas y armas de cañón largo, comenzaron a disparar. Lo que sucedió después estuvo trufado de confusión y dio pábulo a una encendida controversia llamada a durar años.

Según las informaciones iniciales, los marchistas opositores fueron tiroteados indiscriminadamente por miembros de la Guardia Nacional y por francotiradores de paisano, aparentemente chavistas armados, que se encontraban apostados en los márgenes de la riada humana. Más tarde, sin embargo, se acumularon testimonios que apuntaban a elementos de la Policía Metropolitana, cuerpo de orden público hostil al Gobierno, como los iniciadores del tiroteo. Como resultado del intercambio de disparos, 17 personas perdieron la vida y más de un centenar resultaron con heridas de diversa consideración. Contrariamente a lo divulgado en los primeros momentos, varias de las víctimas resultaron ser partidarios del presidente, lo que alimentó las dudas sobre la verdadera autoría de estos crímenes, si fueron obra exclusiva de uno u otro bando, o si fueron perpetrados por los dos.

Con posterioridad a tan dramáticos hechos, en los medios oficialistas cundió la convicción de que la matanza fue planificada por aquellos que estaban interesados en crear una situación de caos, provocando víctimas en las dos manifestaciones, para desacreditar al Gobierno y justificar su derrocamiento. Para la oposición, en cambio, no cabían dudas de que su marcha se topó con una encerrona de elementos chavistas que dispararon a matar.

Fuera como fuere, la masacre sucedida en el Puente Llaguno y la Avenida Baralt, en pleno corazón de Caracas, desencadenó en las horas siguientes una cascada de declaraciones de rebeldía o de condena por parte de un grupo de generales encabezados por el jefe del Estado Mayor de la Armada, vicealmirante Héctor Ramírez Pérez, del alcalde metropolitano de Caracas, Alfredo Antonio Peña –un reciente tránsfuga del MVR-, de varios gobernadores estatales y del ex ministro Miquilena, mientras que los medios de comunicación privados, ya mal encarados con el Gobierno por el acoso de los Círculos Bolivarianos a sus trabajadores y las trabas oficiales a la libertad de expresión, pusieron el grito en el cielo por el corte de sus emisiones.

El viernes 12, pródigo en informaciones confusas, se produjo la caída de Chávez como consecuencia de la desautorización pública del Alto Mando Militar, inclusive el comandante en jefe del Ejército, general Efraín Vásquez Velasco, y el inspector general y comandante en jefe de la Fuerza Armada, general Lucas Rincón Romero. Éste, no sin ambigüedad sobre su postura personal (de hecho no se le tenía por antichavista), leyó ante las cámaras de la televisión un comunicado en el que informó a la nación de que la cúpula militar había pedido la dimisión de Chávez y que éste había asentido. "Los miembros del Alto Mando Militar de la Fuerza Armada de la República Bolivariana de Venezuela deploran los lamentables acontecimientos sucedidos en la ciudad capital en el día de ayer. Ante tales hechos, se le solicitó al señor presidente de la República la renuncia de su cargo, la cual aceptó ", explicó el que era el oficial de mayor rango de la Fuerza Armada venezolana.

En lo que tenía todo el aspecto de ser un golpe de Estado, Chávez, vestido con su uniforme de teniente coronel de paracaidistas, fue puesto bajo arresto por el general de brigada Néstor González González (quien el día 10 se había anticipado a los hechos acusando de "traidor" al mandatario por proteger a las FARC colombianas) en el Fuerte Tiuna, sede de la Comandancia General del Ejército, después de que, según parece, viera frustrado un intento de escapar del país al estar tomados los aeropuertos por soldados rebeldes. Trascendió que el mandatario había quedado confinado a la espera de comparecer ante la justicia por la matanza del día anterior. Asimismo, circularon versiones contradictorias sobre si llegó a firmar o no la carta de dimisión aludida por el general Rincón.

Entretanto, el presidente de Fedecámaras y principal rostro de la oposición en los últimos meses, el empresario petroquímico Pedro Francisco Carmona Estanga, anunció que contaba con el apoyo de los militares para formar un Gobierno Transicional de seis miembros, de hecho una junta cívico-militar. Carmona, arrogándose el título de presidente de la República –en flagrante violación de las previsiones sucesorias en la jefatura del Estado establecidas por la Constitución si faltare el titular del Ejecutivo-, y su gabinete de "transición democrática y unidad nacional" tomaron posesión la tarde del viernes en el Palacio de Miraflores, en un clima de euforia en las filas opositoras, que, con la consigna de "ni un paso atrás", creían asistir al final del régimen bolivariano.

Carmona precisó que su mandato era interino, prometió gobernar para reponer "la pluralidad democrática civil" y asegurar "el pleno imperio de la ley", así como castigar a los elementos de las "hordas chavistas" responsables de los asesinatos de la víspera, desconvocó la huelga general, nombró un nuevo Alto Mando Militar y se lanzó a emitir un torrente de decretos ejecutivos, dirigidos a desarticular toda la institucionalidad vigente desde 1999, entre los que figuraban: la disolución y remoción de la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la Fiscalía General, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y el CNE; la celebración de elecciones generales en un año a más tardar; la retirada de la condición de Bolivariana del nombre de la República; la dotación al presidente de potestad para cesar y designar a todos los representantes públicos, desde ministros a alcaldes pasando por gobernadores, en el período de transición; el desarme de las organizaciones civiles adictas al poder derrocado; y, la suspensión de los polémicos 49 decretos-leyes autorizados por la Ley Habilitante.

Esgrimiendo el artículo 350 de la Constitución de 1999, que faculta al pueblo, en tanto que depositario del poder constituyente originario, para "desconocer cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los Derechos Humanos", Carmona parecía tener la situación bajo control, pero en menos de un día confluyeron una serie de circunstancias que precipitaron la desbandada de su gobierno y la reposición triunfal de Chávez en la Presidencia.

En tan sorpresivo y vertiginoso vuelco en la correlación de fuerzas resultó decisiva la retirada de la confianza a Carmona por los mismos militares que lo habían aupado, por intentar blindar su autoridad civil en el período de transición y por el alcance, de regusto revanchista y totalitario, de algunos de sus decretos, así como el comienzo de la persecución sistemática por los cuerpos de seguridad de figuras del régimen depuesto y de miembros de los Círculos Bolivarianos. La fractura de la institución armada, como la del conjunto de la sociedad, polarizada hasta el borde de la guerra civil (según algunos análisis fatalistas de observadores locales), era un hecho.

Primero, el ostentoso distanciamiento de los generales titubeantes, segundo, el malestar de partidos políticos y sindicatos por lo que veían era un volantazo a la derecha, y tercero, la disparidad de reacciones en la comunidad internacional ante el forzado relevo, con Estados Unidos congratulándose sin disimulos, España deseando la pronta recuperación de la "calma y solidez democrática", y el resto de Latinoamérica, a través de la XVI Reunión en Costa Rica del Grupo de Río, condenando la "interrupción del orden constitucional" en Venezuela (los presidentes de Argentina, Eduardo Duhalde, Paraguay, Luis Ángel González Macchi, México, Vicente Fox, y Chile, Ricardo Lagos, amén de Cardoso desde Brasilia, se expresaron en términos duros, mostrándose distantes y cautos otros mandatarios), animaron a los apesadumbrados partidarios de Chávez, muy numerosos en los suburbios pobres, a adueñarse de las calles céntricas de Caracas y, con cólera desatada, a exigir la liberación de su ídolo.

En la tarde del sábado 13, Carmona, después de decir el general Vásquez (a su vez, presionado por unidades salidas en defensa de Chávez, como los paracaidistas de Maracay, comandados por el general de división Raúl Isaías Baduel) que el Gobierno de transición había cometido "errores", anunció correcciones a los decretos del día anterior y restituyó los poderes legislativo y judicial del Estado, pero los partidarios de Chávez, civiles y militares, ya habían iniciado el contragolpe. Mientras Caracas era devastada por disturbios y pillajes, y una decena de personas moría a manos de las fuerzas del orden público, que no estaba claro si disparaban para contener a los saqueadores o por motivos políticos contra los chavistas, el vicepresidente ejecutivo Diosdado Cabello, nombrado el 13 de enero anterior en sustitución de Adina Bastidas Ramírez luego de servir a Chávez como ministro secretario de la Presidencia, emergió de la clandestinidad para restaurar el régimen.

Al final del día, Cabello prestó juramento como presidente provisional en el Palacio de Miraflores, ya ocupado por los ministros y demás hombres fieles a Chávez con la ayuda de la guardia de la Casa Militar, ante el presidente de la Asamblea Nacional, Willian Lara, quien en todo este tiempo se había negado a obedecer a Carmona. El empresario reconoció al punto a Cabello y presentó la dimisión, siendo a continuación arrestado y confinado en el Fuerte Tiuna por efectivos del Batallón Caracas. Ya en la madrugada del domingo 14, Chávez partió en helicóptero desde su lugar de cautiverio, la isla caribeña de La Orchila, a 100 km del continente, y aterrizó directamente en Miraflores, en cuyas inmediaciones le esperaban cientos de miles de enfervorizados partidarios.

Acto seguido y vestido de civil, retomó la jefatura del país de manos de Cabello y Lara, y, en una atmósfera de euforia apenas contenida, pronunció un discurso inesperadamente mesurado y conciliador, en el que declaró sentirse "estupefacto" por el triunfo de la "contra-contrarrevolución" y que regresaba "sin odio ni rencor". Asimismo, llamó a la "calma" y la "cordura" de todos, y negó que el Gobierno fuera a desatar una "caza de brujas" en la oposición, a la necesitaba "leal con el país y el pueblo". Con todo, la larga intervención televisada comenzó con unas palabras enigmáticas, "a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César, y al pueblo lo que es del pueblo", y, a modo de advertencia, sentenció que era hora de "tomar decisiones y ajustar muchas cosas", exhortando directamente a los medios de comunicación para que hicieran "profundas rectificaciones".


8. Prolongación del cisma político y social e inclemencias económicas
La tentativa golpista de abril de 2002 terminó, contrariamente a lo pretendido por sus autores, con Chávez sólidamente restituido en el poder, pero no canceló la tensión política en la sociedad venezolana, que entró en un período de polarización si cabe más agudo y con abundantes dosis de violencia. Por de pronto, el presidente se afanó en aplicar las "decisiones" y los "ajustes" anunciados el día 14, que presentaron un cariz de sanción y de represalia por otra parte consecuente en cualquier régimen constituido que ha superado un intento de derrocamiento. Además, Chávez manifestó su convicción de que la inteligencia militar de Estados Unidos había estado implicada en la asonada.

Se procedió a la detención, en previsión de que se formularan en su contra cargos criminales por rebelión y conspiración, de varios altos mandos militares que habían voceado su insubordinación, entre ellos el general Vásquez, el vicealmirante Ramírez y el contralmirante Molina. El presidente reforzó el control sobre la Fuerza Armada usando los mecanismos internos de promoción y relevo, lo que se tradujo en abundantes depuraciones. El generalato fue renovado a conciencia. Oficiales de confianza coparon los puestos clave de la Fuerza Armada, como la Comandancia General del Ejército, que pasó al general de división Julio José García Montoya. El caso más llamativo fue el del general Rincón, que pese a su alocución del 12 de abril había sido destituido por Carmona: Chávez lo repuso inmediatamente en la Inspectoría General de la Fuerza Armada y el 5 de mayo lo nombró ministro de Defensa como parte de una remodelación gubernamental que supuso también el paso de Rangel a la Vicepresidencia y de Cabello al Ministerio de Interior y Justicia.

Paralelamente, el presidente, solventando sus mensajes conciliadores, abrió un proceso de diálogo con la oposición que encalló casi desde el principio por las precondiciones de ambas partes: el oficialismo supeditaba la búsqueda de un consenso nacional al acatamiento estricto de las instituciones emanadas de la Constitución, empezando por el Consejo Federal de Gobierno, el órgano escogido para canalizar las conversaciones, mientras que la oposición partidista, sindical y patronal, reunida en la Coordinadora Democrática, exigía el levantamiento de las sanciones y la completa exoneración de todas las personas, militares y civiles, que habían participado en el movimiento de abril, así como el cese del acoso a los medios de comunicación y las intimidaciones de los Círculos Bolivarianos.

El diálogo de sordos y los reproches mutuos, sobre todo en torno a la identidad de los pistoleros causantes de la masacre del 11 de abril, desembocaron en una nueva ola de confrontación a partir de junio, con Caracas convertida en el ágora de manifestaciones masivas exigiendo la renuncia del presidente y el adelanto electoral, contramanifestaciones de desagravio de igual magnitud, declaraciones hostiles de militares afectados por las purgas en la Fuerza Armada y rumores sobre la inminencia de otro golpe. Partidarios y detractores llegaron a las manos y a mediados de agosto, tras conocerse el fallo del TSJ –acatado por Chávez pese a considerarlo una "aberración jurídica"- que eximió de procesamiento a los mandos militares acusados por la fiscalía de rebelión por su participación en unos sucesos que el Tribunal no consideraba constitutivos de intento de golpe de Estado, los primeros estremecieron la urbe con violentos enfrentamientos que arrastraron a la Guardia Nacional.

La marejada también invadió las relaciones conyugales del presidente: el 2 de junio, Marisabel Rodríguez, confirmando lo que ya era un secreto a voces, informó al diario El Universal que estaba separada de su marido –era de dominio público que en febrero anterior la primera dama había abandonado La Casona junto con sus hijos para escapar de las protestas opositoras que se desarrollaban en el exterior- y que se disponía a obtener la nulidad matrimonial. El presidente "había cambiado" desde que se conocieron y la política había "influido mucho" en la relación, explicaba Rodríguez, quien añadía que "no estaba casada con la revolución bolivariana" y que "no podía seguir sometiendo a los niños al estrés de vivir en un sitio del que hemos salido tres veces corriendo".

El 4 de octubre Chávez afirmó que los servicios de inteligencia habían abortado una conspiración de "sectores golpistas, fascistas y desesperados" de la oposición a punto de ser ejecutada y cuyo cabecilla era el octogenario ex canciller adeco Enrique Tejera Paris. Días después, la Coordinadora Democrática sacó a un millón de personas a la calle contra el presidente, el cual fue rápidamente confortado por otra gigantesca demostración popular. El 21 de octubre la CTV y Fedecámaras ensayaron una huelga general. 24 horas después, 14 altos mandos militares, la mayoría involucrados en la intentona de abril y el resto no sancionados y en activo, se declararon en desobediencia al Gobierno y acamparon en la Plaza de Altamira.

A las crisis política, militar y social se le solaparon las crisis económica y financiera, con la producción nacional en caída libre, el bolívar depreciándose a toda velocidad y los capitales huyendo del país a un ritmo igualmente dramático. El año fatídico de la presidencia de Chávez iba a terminar con una recesión del 8,9% (frente al crecimiento positivo del 2,7% registrado en 2001) y el doble de inflación que el año anterior, el 22,4%. El desplome habría sido todavía mayor de no haberse mantenido en un nivel relativamente aceptable, entre los 20 y los 30 dólares el barril, los precios internacionales del petróleo. Los desempleados censados rozaban los dos millones y la pobreza se extendía por doquier. Para Chávez, cabía hablar de un "golpe económico" sobre la marcha ante la sospechosa coincidencia de los ataques especulativos a la moneda, las expatriaciones de capitales, la retención de inversiones, los paros sectoriales y las amenazas constantes de una huelga general por parte de las cúpulas empresarial y sindical.

La apertura el 8 de noviembre de una mesa de negociación auspiciada por el secretario general de la OEA, César Gaviria, con el fin de encontrar una salida "electoral, constitucional, democrática y pacífica" a la crisis no detuvo los choques sectarios en las calles y la violenta acción antidisturbios de los cuerpos del orden. El caballo de batalla ahora era la celebración a principios de 2003 de un referéndum consultivo sobre la continuidad de Chávez en el poder. La Coordinadora Democrática exigía esta consulta amparada en la recogida de millón y medio de firmas y en virtud del art. 71 de la Constitución. El Gobierno la rechazaba alegando que invadía el instrumento participativo (art. 72) del referéndum revocatorio con carácter vinculante, el cual sólo podía tener lugar tras cumplirse la mitad del periodo presidencial, es decir, a partir de agosto de 2003, y siempre que lo reclamara más del 20% del cuerpo electoral. A finales de noviembre el CNE convocó el referéndum consultivo para el 2 de febrero, pero la decisión fue inmediatamente anulada por el TSJ. La negativa del oficialismo a lanzar el referéndum antes del 4 de diciembre empujó a la Coordinadora Democrática a declarar un "paro cívico" dos días antes de vencer su ultimátum. La huelga general tenía una duración inicial de 24 horas, pero se convirtió en indefinida.

Durante 63 días, el presidente, aferrado a la comunicación directa con sus partidarios a través de Aló presidente (donde, entre otras cosas, afirmó: "Chávez se va de aquí primero cuando Dios quiera, porque estoy en manos de Cristo, el Señor de Venezuela; él es el comandante, cuando él diga, obedezco (…); y segundo, el pueblo, y asumo que la voz del pueblo es la voz de Dios"), aguantó el embate opositor, que incluyó descomunales marchas diurnas, caceroladas nocturnas, confusos tiroteos con víctimas mortales, y que, al conseguir paralizar las actividades de PDVSA, desde los campos de extracción hasta buques de la flota de petroleros pasado por las refinerías, se tradujo en el desabastecimiento energético de hogares, comercios y fábricas, y en una radical caída de las exportaciones de crudo, causando a la economía nacional pérdidas multimillonarias (calculadas en más de 7.600 millones de dólares) y obligando al Gobierno a importar gasolina. En mitad de esta situación crítica, Chávez tuvo que soportar las públicas recriminaciones de su esposa Marisabel, con la que estaba en un proceso de divorcio que iba a producir la nulidad matrimonial en enero de 2004. En una entrevista televisada y acompañada de sus hijos, la todavía primera dama exigió a su cónyuge que asumiera la "responsabilidad" por el proceso de "destrucción" que vivía el país.

A mitad de enero de 2003 el pulso político empezó a inclinarse a favor del mandatario con la entrada en escena del denominado Grupo de Países Amigos de Venezuela, en el que participaban Brasil, Chile, México, España, Portugal y Estados Unidos, así como del ex presidente Jimmy Carter, que traía toda su experiencia en la resolución de conflictos. El citado Grupo era una iniciativa del recién inaugurado presidente brasileño, Lula da Silva, al que Chávez tenía por un buen amigo, lo que testimonió asistiendo a su toma de posesión en Brasilia el 1 de enero y, sin terminar el mes, al III Foro Social Mundial, celebrado en Porto Alegre.

Aunque Chávez rechazó la propuesta de Carter de acudir al referéndum revocatorio y tampoco veía con buenos ojos las presencias en el Grupo de Amigos de dos gobiernos, el estadounidense y el español, que habían enviado señales positivas a Carmona Estanga en abril del año anterior, la implicación internacional en ayuda de la OEA tuvo el efecto de refrenar la beligerancia de la oposición. El 3 de febrero, apremiada por las presiones internacionales y por los síntomas de cansancio de sus huestes, la Coordinadora Democrática arrojó la toalla y, sin anunciarlo oficialmente, canceló el paro nacional. El Gobierno no se anduvo por las ramas a la hora de castigar a los huelguistas y demás "traidores" en el sector público: sólo en PDVSA despidió a 17.000 trabajadores, cerca de la mitad de la plantilla. Otra medida expeditiva fue la intervención del mercado monetario con la fijación del tipo de cambio del bolívar en las 1.600 unidades por dólar, una cotización apreciada con respecto al último tipo de cambio variable oficial, que había sido de 1.853 bolívares, aunque en el mercado negro se estaban comprando dólares a 2.500 bolívares.

El 18 de febrero la Mesa de Negociación y Acuerdos de Venezuela dio su primer fruto, la Declaración contra la Violencia, por la Paz y la Democracia, por la que Gobierno y oposición se comprometían a rehuir toda manifestación de violencia e intolerancia, e incluso rechazaban "la intemperancia verbal, las recriminaciones mutuas, el lenguaje hiriente y cualquier retórica que de cualquier manera contribuya o estimule la confrontación". Este último punto parecía redactado pensando especialmente en destacadas figuras de los dos bandos, llevándose la palma en el caso del oficialismo el mismo Chávez. Dos días después, la Fiscalía General, para satisfacción del jefe del Estado, ordenaba las detenciones de los presidentes de Fedecámaras, Carlos Fernández Pérez ("un golpista, un saboteador, un fascista, un asesino", según Chávez), y la CTV, Carlos Ortega Carvajal (que había pasado a la clandestinidad para luego obtener asilo político en Costa Rica), como sospechosos de cometer los delitos de rebelión civil, instigación a delinquir, agavillamiento (conspiración), traición a la patria y devastación.

El 29 de mayo de 2003, tras año y medio de enfrentamientos que habían costado la vida a 50 personas, y más de seis meses de complejas negociaciones mediadas por la OEA, las partes firmaron un acuerdo de 19 puntos para poner fin a la violencia, desarmar a los civiles y convocar el referéndum revocatorio, posible constitucionalmente a partir del 19 de agosto. Ahora bien, el pacto no fue sino un intermedio que anunciaba el siguiente asalto en la formidable pelea doméstica que sostenían el chavismo y sus enemigos políticos.


9. La batalla del referéndum revocatorio en 2004 y las legislativas de 2005
La campaña de recogida de firmas de la Coordinadora Democrática, el firmazo, completó su primer acto el 20 de agosto de 2003, en un ambiente caldeado por enésima vez por la profusión de multitudinarias manifestaciones de uno u otro signo, con la entrega al CNE de 3.236.320 firmas, casi un millón por encima del padrón electoral, como exigía la Constitución, para celebrar el referéndum revocatorio. Chávez desafió a la oposición asegurando que se presentaría a la reelección en 2006 con el objeto de gobernar hasta 2013. Rápidamente, voces del oficialismo negaron la validez de las firmas alegando que se habían recogido antes de terminar la primera mitad del mandato presidencial, un tecnicismo legal en el que se amparó el CNE para declarar, el 12 de septiembre, inadmisible la solicitud de referéndum por "extemporánea".

Entre tanto, la crisis económica tocaba fondo: 2003 iba a terminar con una recesión del 9,2%, la peor en la historia del país, y un 31% de inflación. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el 49% de la población se encontraba en una situación de pobreza y otro 21% vivía en el límite de la misma. Contrastando crudamente con tan desastroso cuadro, en 2003 Venezuela fue el octavo productor mundial de petróleo y el quinto exportador. Según cifras del Gobierno, el país producía 3,2 millones de barriles diarios, aunque fuentes independientes rebajaban ese volumen a la mitad. No cabía duda de que la huelga en PDVSA había resultado devastadora para la economía. En febrero de 2004 el Gobierno devaluó el bolívar un 20% para incrementar los ingresos petroleros y disponer de más dinero para sufragar los programas sociales y las Misiones Bolivarianas, que eran el motor principal de la inmensa popularidad del presidente entre las clases con ingresos más bajos. Esta medida, y más la imparable escalada del precio internacional del barril de crudo iniciada en julio de ese año –superación de los 40 dólares en esa fecha, de los 50 en octubre siguiente y de los 60 en agosto de 2005-, auguraban una rápida recuperación económica.

Tras el revés del firmazo la oposición lanzó una segunda campaña de recogida de firmas, el reafirmazo, que se desarrolló en un plazo muy corto, entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre. En esta ocasión, los promotores del referéndum entregaron al CNE el 19 de diciembre 3,08 millones de rúbricas, pero el 2 de marzo de 2004 el organismo electoral volvió a rechazar la petición con el argumento de que sólo 1,83 millones de las firmas eran válidas, mientras que 876.000 suscitaban serias dudas, ya que la mayoría presentaban caligrafías repetitivas, quizá obra de mismas manos, y 377.000 eran completamente inválidas, abundando entre ellas las de personas fallecidas, menores de edad y residentes extranjeros. Las 876.000 rúbricas "bajo observación" eran susceptibles de ser ratificadas por la vía del "reparo", consistente en la confirmación por los firmantes de la autenticidad de la rúbrica y por ende de su apoyo al referéndum. Sólo así se alcanzaría el mínimo exigido de 2,43 millones de firmas.

La decisión del CNE radicalizó las algaradas callejeras, que se saldaron con nueve muertos por heridas de bala, pero la oposición no se privó de litigar en los tribunales. Tras una apelación a la Sala Electoral del TSJ, la corte incluyó como válidas la mayoría de las 876.000 rúbricas puestas en cuestión, con lo que el total de firmas aptas llegó a 2,7 millones; sin embargo, una semana más tarde, la Sala Constitucional del mismo tribunal rechazó la decisión de la Sala Electoral al dictaminar que ésta había obrado fuera de su jurisdicción. Para salir del atolladero, el CNE aceptó abrir un proceso de reparo de cinco días de duración en el mes de mayo, al cabo del cual el número de firmas validadas superó en 15.700 el listón exigido por la Constitución. En consecuencia, el CNE, el 3 de junio, aceptó la solicitud del referéndum, que fue convocado para el 15 de agosto.

Lejos de achicarse por lo que objetivamente era una derrota táctica, Chávez reivindicó como una "victoria" la puesta en práctica de la figura constitucional del referéndum revocatorio y advirtió a la oposición que lo verdaderamente difícil para ellos venía ahora. El presidente se mostraba convencido de que la Coordinadora Democrática no lograría su propósito, bien porque no superase los 3.757.774 votos, uno más de los obtenidos por él en las presidenciales de 2000, bien porque, aun mejorando esa cifra, fuesen más los votos contrarios a la revocación. Además, en el caso de ser expulsado del poder, ninguna ley impedía a Chávez volver a presentarse en las elecciones que tendrían que convocarse en el plazo de 30 meses, de las que saldría el mandatario que terminaría el sexenio. Y sin un líder opositor capaz de hacerle sombra, su triunfo en ese hipotético escenario sería casi seguro. Para robustecer sus posibilidades en las urnas, el presidente ordenó un fuerte incremento del gasto social con cargo a los fondos petroleros y fuera del control del BCV.

Los pronósticos triunfalistas de Chávez (se declaró "imperturbable, serenísimo y segurísimo" de su victoria) fueron cumplidos al pie de la letra: el 15 de agosto, con una participación del 69,9%, los partidarios del no a la revocación sumaron 5,80 millones de votos, el 59,1%, frente a los 3.98 millones, el 40,6%, sacado por el sí. La oposición, vivamente consternada por este varapalo, denunció un "gigantesco fraude" y anunció que apelaría, pero los equipos de observación de los tribunales electorales latinoamericanos, la OEA y el Centro Carter avalaron sin reparos los datos del escrutinio. Con todo, el CNE realizó una auditoría de más de la mitad de los votos, cotejando la información electrónica con sus respaldos en papel, pero no halló ningún indicio de fraude.

Chávez saboreó con exultación su octava victoria electoral consecutiva y se permitió ser magnánimo con la oposición, a la que invitó a "trabajar juntos" por el futuro del país sin tener en cuenta las "heridas" del pasado, pero a la que también pidió que tuviera un poco de "sentido del ridículo" y dejara de impugnar los resultados del referéndum. Para mitigar los temores estadounidenses a otra huelga en PDVSA, el presidente garantizó que Venezuela mantendría los suministros petroleros acordados. Sin embargo, el ruido político no cesó, ya que nuevos desafíos electorales aguardaban a corto plazo. Además, Chávez, infatigable, se dispuso a abrir un abanico de medidas destinadas a "profundizar la revolución" y a "construir el socialismo del siglo XXI", metas que traerían implícitos el desarrollo de la democracia participativa, el arraigo de un modelo económico alternativo al capitalismo y una mayor implicación de los militares en la vida civil sirviendo a la comunidad.

Así, el presidente mandó acelerar la aplicación de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, lo que se tradujo en expropiaciones por decreto de "tierras ociosas" pertenecientes a grandes terratenientes y su entrega a campesinos pobres dispuestos a trabajarlas. "La guerra contra el latifundio es esencia de la revolución bolivariana", manifestó el mandatario en enero de 2005, mes en el que el Gobierno expropió también la procesadora de papel Venepal luego de que sus propietarios pretendieran declarar el negocio en bancarrota. En julio siguiente, Chávez anunció que las fábricas privadas que, estando paradas por las razones que fueran, no se reactivaran serían adquiridas por el Estado y puestas a funcionar bajo la modalidad de Empresas de Producción Social (EPS), es decir, de propiedad compartida entre el Estado y organizaciones cooperativas de los trabajadores.

Por otro lado, el 7 de diciembre de 2004 la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Ley RESORTE), que prohibía la difusión en determinadas franjas horarias de contenidos considerados inapropiados para el público infantil por su carácter violento o sexual, obligaba a las cadenas a transmitir los mensajes y alocuciones que el Gobierno considerase necesarios, inclusive spots culturales y educativos patrocinados por el Estado, y otorgaba funciones de vigilancia mediática a un Directorio de Responsabilidad Social dentro de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL). Para los partidos opositores, el sector privado, sindicatos y ONG relacionadas con la comunicación social y los Derechos Humanos, la Ley RESORTE evidenciaba el deseo de Chávez de estrangular la libertad de expresión y de imponer su línea de pensamiento al conjunto de la sociedad.

Tras el rotundo no a la revocación presidencial, Chávez recobró toda su capacidad para arrollar políticamente a sus adversarios. En las elecciones del 31 de octubre de 2004 a 23 gobernadores estatales, 229 diputados de los Consejos Legislativos o parlamentos regionales y 336 alcaldes, los candidatos chavistas obtuvieron resonantes victorias en Caracas, donde resultó elegido Juan Barreto Cipriani, y en los estados de Anzoátegui, Monagas, Bolívar y Carabobo, todos ellos sedes de importantes industrias petroleras, siderúrgicas y agropecuarias. La única plaza codiciada que se le resistió al oficialismo fue el también estado petrolero de Zulia, al que pertenece la ciudad de Maracaibo, donde el ex adeco Manuel Rosales Guerrero, quien había respaldado la proclama golpista de Carmona Estanga en 2002, derrotó a Alberto Gutiérrez. En añadidura, el chavismo perdió una de las gobernaciones que tenía desde 2000, Nueva Esparta.

La decisión tomada el 29 de noviembre de 2005 por los principales partidos opositores (AD, COPEI y Proyecto Venezuela, amén de otras fuerzas menores), alegando que no se daban las mínimas condiciones de transparencia (entre las que citaron la politización del CNE, la opacidad del padrón electoral y el funcionamiento sospechoso de las llamadas máquinas captahuellas, que podrían conculcar el voto secreto), de no participar en las elecciones legislativas faltando sólo cinco días para su celebración, además de servir en bandeja de plata al MVR la victoria hegemónica que estaba buscando, puso de manifiesto la convicción, no confesa, de que poco era lo que podían hacer los integrantes de la Coordinadora Democrática ante un oficialismo que había conseguido fidelizar a millones de votantes a golpe de gratificaciones populistas, emocionales y materiales, fomentando el Estado paternalista e incidiendo en un discurso de división y enfrentamiento que incorporaba nociones de la lucha de clases y algún sesgo etnicista, contraponiendo lo mestizo y lo blanco de estirpe española. No cabía duda de que el caudillo bolivariano era visto por muchos de sus partidarios como el artífice justiciero de una especie de revancha histórica, en la que los pobres iban a desquitarse, estaban desquitándose ya, de los ricos.

Lo que sucedió el 4 de diciembre fue que el MVR obtuvo 116 diputados en la Asamblea Nacional, una mayoría de más de dos tercios, suficiente para introducir reformas constitucionales a placer, y eso sin contar con los 35 escaños sacados por los partidos prochavistas PCV, PPT y Por la Democracia Social (Podemos, una escisión del MAS), pero con una abstención elevadísima, del 74,7%. Este dato aguó las muestras de contento del oficialismo, más después de haberse desgañitado Chávez en los llamamientos a la participación. Pero el resultado fundamental de los comicios fue que el nuevo Parlamento presentaba un único color, el rojo bolivariano, y que la oposición, sin liderazgo homogéneo ni estrategia o proyecto alternativo coherente, se había desvanecido en una forma políticamente organizada.


10. La ofensiva internacional de Chávez: el ALBA, la baza del petróleo y alianzas estratégicas con Brasil y Argentina
El triunfo en el referéndum de 2004 espoleó la ambición de Chávez de transformar drásticamente la geopolítica continental, que pretendía inclinar a favor de su opción bolivariana, y de paso propiciar el surgimiento de, nada menos, un nuevo orden internacional de carácter multipolar, todo ello en detrimento de Estados Unidos. El proceder exterior de Chávez tomó la forma de una ofensiva en toda regla, empleando como armas más contundentes el sensacionalismo viajero y declarativo de un mandatario que, a fuerza de golpes de efecto y pronunciamientos explosivos, se convirtió en uno de los estadistas más influyentes y polémicos del planeta, capaz de hacer girar sobre si mismo una parte considerable de la actualidad mundial y de generar titulares informativos a un ritmo casi diario.

Pero los inagotables voluntarismo y verborragia del mandatario no eran meros brindis al sol o bravuconerías de cara a la galería; muchas de sus ideas y propuestas adquirieron sustancia bien palpable con la activación de un marco de integración continental radicalmente político, el ALBA, y de una pléyade de consorcios interestatales donde Venezuela se reservó la voz cantante: PetroSur, PetroCaribe, PetroAndina, TeleSur, el Banco del Sur y el Gran Gasoducto del Sur, por citar sólo los más importantes. Todas estas iniciativas debían articular la bolivarianización del hemisferio, entendida por Chávez como la emancipación de las naciones del Sur de los mecanismos económicos y financieros controlados por los países ricos del Norte, y como la actualización del viejo sueño unificador del subcontinente concebido por Francisco de Miranda y Simón Bolívar 200 años atrás.

Un poco a semejanza del yugoslavo Tito décadas atrás, Chávez, líder de una nación más bien pequeña que hasta entonces no había tenido ningún protagonismo o ascendiente dignos de reseñar sobre el concierto de las potencias, parecía empeñado en otorgar a Venezuela una importancia decisiva en la política internacional y en particular la de América Latina, cuestionando paradigmas y propiciando nuevos equilibrios en las relaciones multilaterales. Desde la Segunda Guerra Mundial, sólo Juan Domingo Perón en Argentina y, por supuesto, Castro en Cuba habían proyectado una sombra tan alargada sobre la política regional.

En 2003 y la mayor parte de 2004, mientras maduraba el lanzamiento de su propio instrumento de integración regional, Chávez se dedicó a cortejar, buscando la membresía, al Mercado Común del Sur (MERCOSUR), donde tenía al brasileño Lula como mejor abogado, y a arremeter contra el ALCA y su patrocinador señero, Estados Unidos. El venezolano asistió en agosto de 2003 en Asunción, con ocasión de la toma de posesión del nuevo presidente paraguayo, Nicanor Duarte, a la primera cumbre conjunta de mandatarios del MERCOSUR y la CAN, que preludió la firma en diciembre siguiente de un Acuerdo de Complementación Económica entre los cuatro países del primer bloque (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y tres países del segundo (Colombia, Ecuador y Venezuela).

Esta convergencia histórica entre el MERCOSUR y la CAN respondía a una estrategia del eje argentino-brasileño para potenciar la integración de los sudamericanos antes de que empezara a funcionar el ALCA, pero Chávez tenía otros planes para la región, ampliada en su visión a América Central y el Caribe. El 16 de agosto, un día después de la cita en Asunción, el presidente avanzó en la sede en Montevideo de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) las líneas maestras de su Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), un nuevo esquema de integración regional que había mencionado por primera vez en diciembre de 2001 y al que se había referido en múltiples ocasiones desde entonces.

Chávez concebía el ALBA como un instrumento de convergencia integral, que aunara los aspectos económicos y sociales y que tuviera un fuerte contenido político y solidario. Se opondría al neoliberalismo, la globalización, el FMI, la Organización Mundial del Comercio (OMC), la urdimbre de tratados de libre comercio bilaterales con Estados Unidos y, por supuesto, el ALCA, con el que sería radicalmente incompatible, ya que firmar éste equivaldría a "firmar el acta de defunción de nuestros pueblos". El ALBA abordaría la implementación de políticas comunes para ir creando "zonas libres" de analfabetismo, desnutrición infantil, personas sin vivienda y destrucción medioambiental en el subcontinente.

Más aún, Chávez proponía un debate sudamericano para decidir de forma coordinada el no pago de la deuda externa sujeto a las directivas fondomonetaristas, la creación de un "Fondo Latinoamericano de Reservas" a modo de "Fondo Financiero Sudamericano", la formación de un "Banco de América del Sur" mediante la fusión de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata), y la unión de todas las compañías petroleras estatales de la región para dar lugar a un "Petrosur o Petroamérica, una especie de OPEP sudamericana". "La unión económica es mucho más lenta, lleva décadas; en cambio, para la unión política basta un instante para asumirla, basta la voluntad", aseguraba el presidente.

En enero de 2004, luego de referirse al 12 de octubre, Día de la Hispanidad, como el "día de la resistencia indígena" y de comparar implícitamente la conquista española de América con el exterminio nazi ("yo me niego a referirme a España como la madre patria (…) el descubrimiento no fue tal cosa, sino una conquista, un saqueo, un robo y un genocidio (…) el comienzo de una operación que arrasó con civilizaciones enteras"), Chávez saboreó la génesis de un nuevo eje Caracas-Brasilia-Buenos Aires fundado en el común rechazo al próximo arranque del ALCA, postura que determinó el resultado devaluado de la Cumbre Extraordinaria de las Américas celebrada los días 12 y 13 en Monterrey, México.

El nuevo aliado de Chávez era el mandatario argentino Néstor Kirchner, exponente de un peronismo de centroizquierda y firme defensor de la autonomía y fortaleza del MERCOSUR. El 7 de julio de 2004, en el prólogo de la XXVI Cumbre del MERCOSUR celebrada en la localidad argentina de Puerto Iguazú, Chávez y Kirchner firmaron una carta de intención para crear la compañía sudamericana de energía PetroSur, primera piedra en el proyecto chavista de fundar una gran transnacional petrolera latina, la citada PetroAmérica. PetroSur nacía como un mero marco, sin personalidad jurídica por el momento, con la participación de PDVSA y su equivalente argentino recién creado, Enarsa, pero Chávez deseaba sobre todo incorporar a la Petrobrás brasileña, una empresa semipública; Lula, por el momento, se limitó a notificar que estudiaría la idea.

En la Cumbre de las Américas en Monterrey, en presencia de un indiferente Bush, Chávez realizó un vibrante homenaje a Fidel Castro, el gran ausente de la cita, y a la revolución cubana; acabada la cumbre, el dictador caribeño recibió con los brazos abiertos en el aeropuerto José Martí a su encendido paladín continental.

Chávez y Castro lanzaron oficialmente el ALBA, con el nombre de Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, el 14 de diciembre de 2004 en La Habana, en la undécima visita del venezolano a la isla. Fue mediante una declaración fundacional cuyo contenido más sustancioso era un nuevo convenio de cooperación cubano-venezolano que ampliaba los lazos ya existentes; así, se suprimían todos los aranceles y cualquier barrera no arancelaria al comercio bilateral; se otorgaban grandes facilidades fiscales a las inversiones; Cuba podría comprar a Venezuela petróleo a un "precio mínimo" de 27 dólares el barril –la cotización internacional entonces rondaba los 40 dólares-, y su sector energético e industria eléctrica obtendrían financiación estatal de su socio; a cambio, la educación y la sanidad venezolanas recibirían más becas y cooperantes cubanos. Al sellar su alianza estratégica e ideológica con Castro, Chávez se refirió al ALCA con estas palabras: "El proyecto perverso y neocolonial que nos quieren imponer ha muerto".

En la II Cumbre del ALBA, celebrada en La Habana el 27 y el 28 de abril de 2005, los presidentes y su séquito ministerial firmaron la Declaración Conjunta y el Plan Estratégico de Aplicación, por el que se constituía efectivamente el ámbito, amén de cinco decenas de documentos entre acuerdos gubernamentales y cartas de intención sobre inversiones y creación de empresas mixtas, convenios energéticos y contratos comerciales. Anfitrión y huésped inauguraron las oficinas de PDVSA y el Banco Industrial de Venezuela (BIV) en la capital cubana, y se manifestaron muy satisfechos de poner los cimientos de un proyecto de integración regional de "carácter verdaderamente independiente y solidario".

Ahora mismo, Venezuela suministraba a Cuba entre 80.000 y 90.000 barriles de petróleo diarios, liberando prácticamente al régimen castrista de la necesidad de comprar crudo a los elevados precios del mercado mundial, y el intercambio de bienes ascendía ya a los 2.300 millones de dólares anuales, convirtiendo a Venezuela en el pr