1. De funcionario del PRI a cofundador del PRD
2. Presidente del partido y jefe de Gobierno del Distrito Federal
3. La carrera de obstáculos de la candidatura presidencial
4. Reñida liza en las urnas con el panista Calderón y rebeldía poselectoral


1. De funcionario del PRI a cofundador del PRD
Primogénito de los ocho hijos e hijas tenidos por los señores Andrés López Ramón, un campesino que se ganaba la vida como vigilante de un depósito de la compañía Petróleos Mexicanos (PEMEX), y Manuela Obrador González, hija de un inmigrante español oriundo de Cantabria, nació y creció en el interior rural de Tabasco antes de mudarse con su familia a la capital de este estado sureño, Villahermosa, donde los padres abrieron un comercio de telas y zapatos. Aunque no destacaba en los estudios, se sentía atraído por la figura de Benito Juárez y más tarde se inició en la lectura de filosofía marxista. Fuera de las aulas, jugaba con asiduidad al béisbol y, motivado por sus convicciones católicas, ocasionalmente ejercía de monaguillo.

En 1969, siendo un mozalbete de 15 años, encajó la muerte de su hermano un año más joven, José Ramón, a consecuencia del disparo accidental de una pistola, propiedad de don Andrés, con la que al parecer los muchachos, o bien únicamente José Ramón, estaban jugando. Andrés Manuel fue interrogado por la Policía para aclarar el incidente y despejar la sospecha de un posible homicidio involuntario. Tras esta tragedia la familia abandonó Tabasco y, tras una estadía en Agua Dulce, Veracruz, emprendió una nueva vida en la localidad de Palenque, en el estado de Chiapas, no lejos de Villahermosa, donde retomaron el negocio de tenderos y años después incursionaron en el ramo de la hostelería. A mediados de la década de los setenta Andrés Manuel se trasladó a la Ciudad de México para matricularse en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ni las biografías oficiales ni las semblanzas publicadas por la prensa mexicana dan cuenta de actividades profesionales del futuro dirigente tras realizar la educación secundaria; el suyo es, por tanto, un perfil puramente político, el cual comenzó a dibujar como militante de base del entonces todopoderoso Partido Revolucionario Institucional (PRI), paradigma del partido-Estado en el siglo XX.

El bautismo de López Obrador en la política proselitista se remonta a las elecciones federales de 1976, a caballo entre las administraciones priístas de Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo, cuando una vez afiliado al PRI tomó parte en la campaña electoral del insigne poeta y pedagogo tabasqueño Carlos Pellicer Cámara, que aspiraba al escaño de senador por el estado. Algunas fuentes informan que antes de fallecer en febrero de 1977, al poco de tomar posesión de su asiento en la Cámara alta, Pellicer presentó a su discípulo al nuevo gobernador de Tabasco, Leandro Rovirosa Wade. Con tan buenos contactos López Obrador no tardó en hacerse un hueco en la función pública de Tabasco a través del sistema de colocaciones directas del PRI.

En el mismo 1977 le fue encomendada la delegación del Instituto Nacional Indigenista (INI) en La Chontalpa, subregión tabasqueña formada por los cinco municipios más occidentales del estado y que toma su nombre del grupo étnico chontal, así como la dirección de Estudios Sectoriales de la Secretaría de Promoción estatal. En 1978 empezó a fungir de delegado en el estado de la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados de la Presidencia de la República (COPLAMAR). Asumiendo quehaceres como la edición de publicaciones en lengua indígena y la ejecución de programas de impulso agrícola, el joven oficial priísta tomó conciencia de primera mano de los déficits sociales endémicos en un estado de la Federación particularmente rico en recursos naturales, pero acuciado por la pobreza y el subdesarrollo. Por otro lado, aunque tenía la licenciatura por la UNAM a medio cursar, fue invitado a dar clases de Pedagogía en la Universidad Autónoma de Tabasco. Allí inició con una de sus alumnas, Rocío Beltrán Medina, una relación sentimental que acabó en matrimonio en marzo de 1980. La pareja alumbró a tres varones, José Ramón (1982), Andrés Manuel (1987) y Gonzalo Alfonso (1991).

En 1982 López Obrador se integró en el equipo de la campaña para gobernador de Enrique González Pedrero, antiguo senador y secretario general del partido, quien se encargó de que fuera nombrado director del Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales (CEPES), el equivalente estatal del Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales (IEPES) del PRI federal. El primero de enero de 1983 González tomaba posesión del ejecutivo de Villahermosa y entre sus primeras decisiones estuvo designar a su colaborador presidente del Comité Directivo Estatal del PRI tabasqueño. Como jefe nominal de partido en Tabasco, López Obrador se puso al frente de la organización interna y, apoyándose en los comités de base, sobre todo en el campesinado, comenzó por supervisar la gestión de los cargos municipales, para asegurarse de que se ajustaba al programa electoral. Esta actitud celosa le granjeó de inmediato numerosas enemistades en el partido estatal, donde adquirió una reputación de priísta dogmático y situado en el ala más a la izquierda.

Las prontas quejas por su forma de trabajar lesionaron la relación de confianza que mantenía con González Pedrero, quien al cabo de unos meses le destituyó del cargo. En 1984, tras rechazar varios puestos alternativos pero de menor rango en el PRI tabasqueño, López Obrador optó por regresar al Distrito Federal, donde se hizo con un buen puesto funcionarial, la Dirección de Promoción Social del Instituto Nacional del Consumidor. Ese mismo año publicó el libro Los primeros pasos; Tabasco 1810-1867, un repaso histórico a su estado natal desde la independencia hasta la revolución juarista y al que en 1986 iba a seguir una segunda parte titulada Del esplendor a la sombra: la República restaurada; Tabasco 1867-1876. En 1987, transcurrida una década larga desde que inició la carrera, egresó de la UNAM con una licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública apoyada en la tesis Proceso de formación del estado nacional en México, 1821-1867.

Fue también en 1987, discurriendo el penúltimo año de la Administración de Miguel de la Madrid Hurtado, cuando se unió a otros priístas del sector crítico de corte izquierdista y nacionalista para articular la denominada Corriente Democrática del PRI, cuya principal denuncia era que el partido se había alejado, hasta el punto de pervertirlos, de los principios democráticos y de justicia social que habían alumbrado su nacimiento en 1929 como un pacto político de las diversas facciones salidas de la Revolución de 1910-1917 para poner término a las luchas sectarias que continuaban martirizando el país y repartirse los cotos de poder. Los miembros más destacados de esta facción disidente eran Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, hijo del ex presidente (1934-1940) Lázaro Cárdenas del Río –otra figura de la historia nacional admirada por López Obrador- y ex senador y gobernador de Michoacán, y Porfirio Muñoz Ledo, quien había sido presidente del partido entre 1975 y 1976 así como secretario (ministro) del Gobierno Federal con Echeverría y López Portillo.

A Cárdenas le debió causar muy buena impresión el trabajo social realizado por López Obrador con los indios chontales, ya que no dudó en encomendarle la organización de la Corriente Democrática en Tabasco con la mirada puesta en las elecciones federales y estatales de 1988. Los cardenistas aglutinaron fuerzas con una pléyade de pequeños partidos del centroizquierda y la izquierda, principalmente el Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), el del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (PFCRN) y el Popular Socialista (PPS), dando lugar a la coalición Frente Democrático Nacional (FDN). Cárdenas se postuló a la Presidencia de la República mientras que López Obrador lanzó el envite gubernamental en Villahermosa, rivalizando así con los candidatos designados por el oficialismo priísta, Carlos Salinas de Gortari y Salvador Neme Castillo, respectivamente.

Los dos fracasaron en sus tentativas, pero salieron de las mismas aferrados a la victoria moral que entrañaba sentirse las víctimas de una estafa a la democracia. El 6 de julio Cárdenas se convertía en el gran damnificado por la caída del sistema, el más que sospechoso colapso del sistema informático de escrutinio que prologó la publicación de unos resultados finales que dieron la victoria a Salinas. El 9 de Noviembre era López Obrador el batido por Neme Castillo, que tenía de su lado toda la maquinaria del partido, con un apabullante 81% de los votos. Como Cárdenas en la Ciudad de México, el tabasqueño puso el grito en el cielo en Villahermosa: denunció haber sido objeto de un fraude masivo y para respaldar su afirmación dio cuenta de un largo número de irregularidades, desde la expulsión de representantes del FDN de los colegios electorales donde estaban acreditados hasta la destrucción de papeletas con su candidatura marcada. Un análisis pormenorizado de las elecciones a gobernador de Tabasco iba a aparecer en su siguiente libro, de título más que explícito: Tabasco, víctima del fraude electoral.

Los escandalosos comicios de 1988 aceleraron el cisma en el PRI. El 5 de mayo de 1989, bajo el liderazgo carismático de Cárdenas, y con el firme propósito de ahondar la brecha abierta en la larguísima hegemonía de una estructura política que parecía tener ya muy poco de revolucionaria y todo de institucional, era fundado el Partido de la Revolución Democrática (PRD) a partir de la fusión de la Corriente Democrática con algunos aliados del FDN, principalmente el Partido Mexicano Socialista (PMS), el cual tenía un importante componente ex comunista. López Obrador fue designado al punto presidente del PRD en Tabasco. Allí ensanchó su red de simpatizantes, aunque no hasta el punto de poner en peligro la supremacía del PRI estatal.

Dos años y medio más tarde López Obrador adquirió su primera notoriedad a nivel nacional como el cabeza del llamado éxodo por la democracia, una marcha pacífica de medio millar de paisanos de Tabasco y Veracruz que el 20 de noviembre de 1991 partió de Villahermosa y que el 11 de enero de 1992 llegó a la plaza de la Constitución o Zócalo de la Ciudad de México, entre los vítores de 30.000 perredistas capitalinos, portando la denuncia del caos que había presidido las elecciones municipales celebradas recientemente en ambos estados, y que con indicios de fraude había penalizado las candidaturas perredistas.

Al día siguiente de concluir la marcha, la Secretaría de Gobernación de la Administración salinista zanjó el conflicto a favor de los opositores, que vieron reconocida su victoria en ayuntamientos tan significativos como Cárdenas y Nacajuca, donde se pactó la formación de sendos gobiernos de coalición PRD-PRI. Con esta protesta política y cívica, y más con otras movilizaciones reivindicativas que le siguieron, López Obrador se dio a conocer a la opinión pública nacional como un tribuno combativo y radical, que se encontraba a gusto haciendo política en la calle y que parecía preferir la relación directa con las masas populares frente al trabajo interno en los despachos de los partidos o en las instituciones del Estado para llevar a la práctica sus objetivos.


2. Presidente del partido y jefe de Gobierno del Distrito Federal
El segundo intento de López Obrador de conquistar la gobernación de Tabasco también resultó infructuoso. Fue en las elecciones estatales del 20 de noviembre de 1994, en un momento particularmente tenso de la política nacional, a rebufo del alzamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas y de los asesinatos de los dirigentes priístas Luis Donaldo Colosio Murrieta y José Francisco Ruiz Massieu, y cuando ya asomaban los nubarrones de una tormenta financiera que iba a descargar un mes más tarde sobre el Gobierno del por el momento presidente electo de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León, el candidato destapado por Salinas y cómodo triunfador de la cita electoral de agosto frente a Cárdenas –que el año anterior se había desprendido de la presidencia del PRD, la cual ostentaba ahora Muñoz Ledo- y el panista Diego Fernández de Cevallos. En Villahermosa, con el 38,7% de los votos, el jefe del perredismo tabasqueño perdió su pulso particular con Roberto Madrazo Pintado, antiguo diputado federal y senador del PRI, quien recibió el 57,5% de los sufragios.

Reeditando su actitud de un sexenio atrás y anticipando el que iba a ser su proceder contestatario tras las elecciones presidenciales de doce años más tarde, López Obrador impugnó los comicios como fraudulentos, presentó a la Procuraduría General de la República (PGR) un prolijo informe en el que documentaba la violación por la candidatura priísta del tope legal de los gastos de campaña, y lanzó una campaña de movilizaciones y de resistencia civil que incluyó, en abril y mayo de 1995, una segunda marcha al DF, la caravana por la democracia, seguida de la creación de una Alianza Nacional Democrática que elevó la bandera del rechazo a la segmentación de PEMEX, la cual parecía preludiar la privatización de la compañía. Esta vez, sin embargo, López Obrador no arrancó la menor concesión de las autoridades federales. El balance de esta lucha quedó consignado en su cuarto libro, Entre la historia y la esperanza, donde arremetía contra Madrazo, considerado en lo sucesivo un acerbo antagonista y el primero de una lista de enemigos personales a la que también se incorporó el ex presidente Salinas, referido habitualmente por él como el El Innombrable.

La gran popularidad adquirida entre las bases perredistas por López Obrador, erigido en paladín de pobres y excluidos, le catapultó a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido en la elección interna celebrada en julio de 1996, después de acaudillar a los indígenas de La Chontalpa en una protesta contra la gestión de PEMEX en Tabasco, y en un contexto de profundo descontento por el balance de resultados del presidente saliente, Muñoz Ledo, que en términos electorales podía calificarse de desastroso: el partido había sido derrotado por el PRI en todos los comicios estatales y seguía sin contar con un solo gobernador (mientras que la principal fuerza de la derecha, el PAN, ya gobernaba en cuatro estados). López Obrador se distinguió como el más izquierdista, a la luz de su praxis radical, de entre una terna de aspirantes que completaban el senador Heberto Castillo Martínez, antiguo dirigente del PMS –y quien iba a fallecer meses después-, y Amalia García Medina, con una trayectoria también socialista y antes comunista. El 19 de julio, sin sorpresas, el tabasqueño fue proclamado presidente del partido con el 73,9% de los votos, 264.565 papeletas en términos absolutos.

El 2 de agosto de 1996 López Obrador se posesionaba del liderazgo orgánico del PRD lanzando mensajes de aliento y confianza de cara a las próximas citas electorales. El primer y sensacional éxito, ya que la plaza ganada, por su peso demográfico, político y económico, constituía un centro de poder sólo superado por el propio Ejecutivo federal, no se hace esperar: se trata, el 6 de julio de 1997, de la primera elección por sufragio universal del nuevo cargo de jefe de Gobierno del DF –sustituyendo al de jefe departamental o regente capitalino, cuyo nombramiento había sido prerrogativa del presidente de la República-, que gana Cárdenas con el 47,6% de los votos.

En la elección para la Asamblea Legislativa del DF el PRD da también la campanada y obtiene 38 de los 66 escaños en juego. Y en las votaciones a la Cámara de Diputados del Congreso, celebradas el mismo día, el partido asciende a los 125 curules, sobrepasando al PAN y convirtiéndose en el principal beneficiario de la pérdida por el PRI de la mayoría absoluta. En los 19 meses siguientes, la presidencia de López Obrador iba a apuntarse la conquista de otras tres entidades federadas, los gobiernos de los estados de Zacatecas, Tlaxcala y Baja California Sur, idos respectivamente para Ricardo Monreal Ávila (julio de 1998), Alfonso Sánchez Anaya (noviembre de 1998) y Leonel Cota Montaño (febrero de 1999).

El 10 de abril de 1999 López Obrador entregó la presidencia del CEN al diputado federal Pablo Gómez Álvarez, quien asumió el cargo con carácter interino con la única misión de convocar una nueva elección interna del titular, después de tener que ser anulada una primera y caótica votación ante el resultado de empate técnico entre los dos pretendientes cabeceros, Amalia García y Jesús Ortega Martínez, y la denuncia de un sinfín de irregularidades y corruptelas; en otras palabras, las secciones perredistas incurrieron en el mismo proceder fraudulento que tantas veces habían echado en cara al PRI. El escándalo interno, alimentado por las imputaciones a Cárdenas y Muñoz Ledo de supuesta injerencia interesada en el proceso electoral, y en paralelo a unas nada entusiastas conversaciones con el PAN sobre la posibilidad de presentar contra el PRI un candidato unitario de la oposición en las presidenciales de 2000, emborronó la hoja de servicios de López Obrador justo cuando se despedía de la conducción partidaria para lanzar nuevos envites políticos.

La renuncia por Cárdenas el 29 de septiembre de 1999 a la jefatura del Gobierno del DF con el objeto de preparar su candidatura presidencial situó a López Obrador, no obstante detectarse ya indicios de unas frías relaciones personales entre los dos dirigentes, como el único jefe perredista capaz de mantener el tirón electoral del líder fundador, aunque antes tendría que vencer el escepticismo de muchos cuadros locales del partido a los que extrañaba que el tabasqueño, que a fin de cuentas todavía no se había estrenado en la política representativa con apoyo en un mandato electoral, pretendiera gobernar una urbe con la que no tenía especiales lazos de unión. Además, la ley establecía un mínimo de cinco años de residencia para los candidatos a jefe de Gobierno.

Por de pronto, publicó las conclusiones de su investigación al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA), instrumento del Estado creado por la Administración Salinas con el fin de ayudar a los ahorradores afectados por situaciones de insolvencia bancaria pero que tras la debacle financiera de diciembre de 1994 se había concentrado en rescatar las pérdidas sufridas por conocidos banqueros y empresarios, inclusive mediante la conversión en deuda pública de su colosal pasivo. Para López Obrador, y así lo expuso en su nuevo libro-denuncia, Fobaproa, expediente abierto, la actuación del fondo era abiertamente inconstitucional.

El 15 de noviembre de 1999, tras negociar el apoyo de las dos principales familias perredistas en el DF, las apadrinadas por René Bejarano Martínez y Armando Quintero Martínez, López Obrador ganó la elección primaria del candidato a alcalde capitalino con el 75,5% de los votos, dejando en la estacada a Demetrio Sodi de la Tijera, Pablo Gómez –una vez terminada su presidencia interina del partido, luego de la elección en julio de Amalia García- e Ifigenia Martínez Hernández, miembro de la cúpula fundacional del PRD. En las elecciones generales del 2 de julio de 2000, mientras el candidato presidencial del PAN, Vicente Fox Quesada, hacía historia al batir a su adversario oficialista, Francisco Labastida Ochoa, y Cárdenas, con un muy mediocre 16% de los votos, se limitaba a confirmar la tercera posición registrada en 1994, López Obrador salvaba la honra del partido imponiéndose a dos contrincantes manifiestamente menos populares, el panista Santiago Creel Miranda y el priísta Jesús Silva Herzog.

No se trató, con todo, de una victoria cómoda. Pese a gozar del respaldo del Partido del Trabajo (PT), la Convergencia por la Democracia (CD), el Partido Alianza Social (PAS) y el Partido de la Sociedad Nacionalista (PSN) –integrantes los cinco de la Alianza por México, que tan decepcionantes resultados tuvo en las votaciones federales-, amén del candidato del Partido del Centro Democrático (PCD), Marcelo Luis Ebrard Casaubón –luego de cancelar su postulación, aunque su nombre no fue retirado de las papeletas electorales-, López Obrador se proclamó jefe de Gobierno del DF con menos de cuatro puntos de ventaja, el 37,3% de los votos, sobre su más cercano seguidor, Santiago Creel.

El 5 de diciembre de 2000 López Obrador recibió de su correligionaria Rosario Robles Berlanga –futura presidenta del PRD, de 2002 a 2003- el despacho de gobernante capitalino e inauguró su mandato electoral de seis años, asumiendo jurisdicción sobre una población de ocho millones de personas, más que muchos países del mundo. Dos días después fallecía su padre, don Andrés López Ramón, a causa de una dolencia renal, a los 87 años de edad. Éste fue el segundo de los tres decesos consecutivos de seres queridos que desolaron a López Obrador justo cuando su carrera política ascendía con brío: el 6 de mayo del presente año había perecido su también anciana madre, doña Manuela, y el 13 de enero de 2003 la muerte iba a llevarse, a los 46 años, a su esposa Rocío, que llevaba años enferma de lupus.

El lustro comprendido entre 2000 y 2005 fue un período decisivo en la trayectoria de López Obrador, que sólo ahora cimentó las bases populares de un poder y una influencia a nivel nacional que iban a convertirle en uno de los políticos más conspicuos y controvertidos del México contemporáneo. Para sus cada vez más numerosos simpatizantes y partidarios se trataba de un regidor voluntarioso y esforzado, casi hiperactivo, sinceramente entregado a las causas sociales y a la mejora del bienestar de la ciudadanía, a la vez que austero, como atestiguaban su sencillo apartamento de clase media y el coche utilitario que le llevaba de casa al trabajo. Los posibles déficits en su preparación profesional y su bagaje intelectual los suplía con creces con una innata capacidad para diagnosticar certeramente los problemas y conectar con la gente. Unos atributos de tenacidad y astucia que el imaginario popular asociaba al pejelagarto, pez depredador de agua dulce de aspecto reptiliano muy común en el sudeste mexicano y particularmente en Tabasco, así que al gobernante se le quedó el mote, aplicado en sentido positivo, del Peje. Tampoco tardaría en generalizarse el apelativo de AMLO, acrónimo formado con su nombre y apellidos.

Por el contrario, para sus adversarios y detractores, en número creciente también, López Obrador era un extremista y un populista sin la cualificación necesaria para gobernar una megalópolis como el DF y que no dudaba en blandir los más censurables instrumentos de agitación y demagogia con tal de aferrarse al poder y de realizar sus ambiciones, que parecían no detenerse en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento de la Ciudad de México. Orador deficiente, carente de la soltura retórica de adversarios con un currículum universitario y profesional más vistoso -y por este motivo constante objeto de burla desde las filas del PAN y el PRI, decididamente proclives a formar una pinza contra quien en el fondo temían-, acertó sin embargo a modular su discurso al lenguaje que entendían las clases populares y además hizo un uso intensivo de los medios de comunicación. Sus conferencias de prensa a la temprana, por no decir intempestiva, hora de las seis de la mañana, conocidas popularmente como las mañaneras, generaron invariablemente una inusitada expectación periodística y marcaron la agenda política del país.

Los resultados de la gestión municipal del dirigente fueron el reflejo de esta valoración tan profundamente ambivalente de su persona. Por un lado, el DF conoció una vigorosa campaña de obras públicas para la mejora y ampliación de una serie de infraestructuras urbanas y por otro lado se benefició de varios programas de protección social, el más destacado de los cuales fue la Pensión Universal Alimenticia para Adultos Mayores. El Gobierno municipal se resistió a implementar el Seguro Popular, aprobado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y basado en la aportación de cuotas por los beneficiarios, aduciendo que los capitalinos ya recibían de sus instituciones municipales la necesaria cobertura social y además gratuita. Según la oposición, ejercida fundamentalmente por el PAN, el ejecutivo encabezado de López Obrador se dedicaba a derrochar el presupuesto del DF con mano populista y sin preocuparse de las deudas. Los efectos de la lucha contra la criminalidad, uno de los más graves problemas de la urbe, merecieron asimismo valoraciones dispares.


3. La carrera de obstáculos de la candidatura presidencial
A principios de 2004 López Obrador mantenía, a la luz de las encuestas efectuadas entre los residentes del DF, un índice de popularidad muy elevado. La gran mayoría de los capitalinos le tenía por un regidor competente y trabajador, y aceptaba su reputación de abanderado de la decencia. La opinión pública daba por hecho que acariciaba la candidatura perredista para las elecciones presidenciales de 2006, pero él se limitaba a repetir que su único interés residía en el buen gobierno de la Ciudad de México.

En marzo de aquel año, en un momento que a muchos no les pareció casual, estalló el llamado videoescándalo, la emisión televisiva de unas grabaciones de vídeo clandestinas mostrando a prominentes políticos y funcionarios, la mayoría miembros del PRD y colaboradores estrechos de López Obrador, en situaciones altamente comprometedoras. La serie de filmaciones comenzó como una filtración hecha a los medios por el diputado federal panista Federico Döring Casar y tenía como principal protagonista al empresario Carlos Ahumada Kurtz, en cuyas oficinas sucedían casi todas de las escenas y quien se apresuró a presentar contra los implicados una denuncia por extorsión antes de darse él mismo a la fuga.

Ante las cámaras desfilaban el secretario de Finanzas del Gobierno del DF, Gustavo Ponce Meléndez, el ya citado René Bejarano, hasta 2002 secretario particular de López Obrador y luego coordinador del PRD en la Asamblea Legislativa, y Carlos Ímaz Gispert, jefe de la delegación capitalina de Tlalpan, dedicados a actividades lúdicas como jugarse a la ruleta miles de dólares en un lujoso casino de Las Vegas y a otras mucho más alarmantes, como negociar con Ahumada la compra de favores políticos o recoger de sus manos ingentes sumas de dinero, efectuando un pasmoso trasiego de fajos de billetes que terminaban en el tradicional maletín.

La divulgación mediática en formato sensacionalista de estos presuntos actos de corrupción que incluían detalles del más puro estilo mafioso golpeó con la fuerza de un terremoto al Gobierno del DF y al PRD, que tuvo que romper amarras con los involucrados, contra los que la justicia no tardó en abrir cargos por fraude y lavado de dinero, y en cursar las correspondientes órdenes de arresto y prisión provisional. Rosario Robles, muy malparada tras escucharse el reguero de conversaciones y testimonios que la situaban como una de los cerebros de la trama, no tuvo más remedio que dimitir como presidenta del CEN, y su sustituto, Leonel Godoy Rangel, se vio obligado a pedir disculpas públicamente a la estupefacta ciudadanía. En realidad, resultaba difícil imaginar que López Obrador no estuviera al corriente de los chanchullos de una persona tan allegada como Bejarano, quien había sido su mano derecha.

Pese a la fea turbiedad de los hechos y a la identidad de los implicados, que eran algunos de sus lugartenientes de mayor confianza, López Obrador no fue salpicado por este escándalo hasta el punto de ver peligrar su posición institucional. El regidor capitalino manifestó su rechazo a las presuntas corruptelas sacadas a la luz, pero su reacción fue más bien tardía y tibia. El énfasis lo reservó para un contraataque de tipo político, ya que políticas le parecían las motivaciones del videoescándalo. En su opinión, lo que allí había era una conspiración para minar la popularidad de su partido y su gobernación en el DF, y como supuestos conjurados señaló al ex presidente Salinas (al que calificó de "jefe de jefes", con mando tanto en el PRI como en el PAN), al ex candidato presidencial del PAN Fernández de Cevallos y al entorno del presidente Fox. Hasta el Gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento del Tesoro y la Agencia Antidrogas, la DEA, estaba confabulado contra él, aseguró.

La razón, el victimismo o la manía persecutoria, que todo ello se le adjudicaba, de López Obrador se cargaron de fuerza a partir del 18 de mayo de 2004, cuando la PGR dio el paso de solicitar a la Cámara de Diputados el desafuero de López Obrador por presuntos abuso de autoridad y desacato judicial en relación con un hecho de trascendencia menor y que venía coleteando desde hacía años, un pleito sobre la expropiación de un terreno en el DF, concretamente en la delegación de Cuajimalpa.

El asunto se remontaba a noviembre de 2000, cuando el Gobierno capitalino, entonces encabezado por Rosario Robles, expropió la parcela para construir en parte de ella una vía de acceso a un hospital privado; quienes aseguraban ser los dueños del terreno, la empresa inmobiliaria Promotora Internacional Santa Fe, demandaron al Gobierno ante los tribunales, iniciándose un litigio por desamparo que en marzo de 2001 dio lugar a la orden de la suspensión definitiva de las obras por el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa. La empresa propietaria volvió a denunciar al Gobierno del DF por continuar adelante con las obras, logrando de los tribunales un rosario de autos favorables y finalmente la intervención de la PGR.

La reactivación de este caso, precisamente ahora, cuando no parecía que los coletazos del videoescándalo fueran a dañar seriamente a López Obrador, llenó de indignación al PRD. Su presidente, Leonel Godoy, acusó a la PGR de "poner en riesgo la transición democrática y la estabilidad de México", y denunció una "embestida" que buscaba "desaforar, destituir y meter en la cárcel" al Peje "para inhabilitarlo como eventual candidato presidencial en las elecciones de 2006 e impedir que la izquierda llegue al poder". En agosto, 200.000 simpatizantes del PRD se manifestaron en el Zócalo de la capital federal en apoyo de López Obrador. Sin con la iniciativa de desafuero del Ministerio Público Federal el oficialismo pretendía, en verdad, torpedear la posible aspiración presidencial de López Obrador –la ley establecía que una persona con causas judiciales abiertas no podía registrar su candidatura a la jefatura del Estado-, tal artimaña podía tornarse un peligroso bumerán, ya que los sondeos de opinión perfilaron al imputado como el presidenciable con más posibilidades de ganar en las urnas. En octubre presentó el libro , que recogía y ampliaba los veinte puntos programáticos presentados en una marcha realizada el 29 de agosto.

2004 no terminó sin un nuevo sobresalto, la destitución por Fox, de acuerdo con sus prerrogativas, del secretario de Seguridad Pública del DF, el antiguo líder del PCD Marcelo Ebrard, como responsable de un fallo de omisión de autoridad en un violento incidente registrado en la delegación capitalina de Tláhuac, en el que una turba de paisanos linchó hasta la muerte a dos agentes de la Policía Federal Preventiva a los que confundió con delincuentes. López Obrador protestó por la decisión presidencial, pero repescó a Ebrard para su gobierno nombrándole secretario de Desarrollo Social.

La batalla político-judicial por la defensa de su inmunidad penal, otorgada por el artículo 111 de la Constitución a las altas magistraturas del Estado, y, por ende, de su ya oficial postulación presidencial, la libró López Obrador en la primavera de 2005, al cabo de varias semanas de movilizaciones populares en las que se comparó con Martin Luther King y dirigió su dedo acusador a Fox y Salinas. El 7 de abril encajó un primer desenlace adverso; se trató, en realidad, de una derrota temporal, de la que a la postre emergió como triunfador. Aquel día, el pleno de la Cámara de Diputados, por 360 votos contra 127 más dos abstenciones, dio luz verde a lo solicitado en el suplicatorio de la PGR. Votaron a favor del desafuero las bancadas del PAN y el PRI (que desde las elecciones legislativas de julio de 2003 gozaba de una mayoría simple reforzada), y en contra las del PRD, el PT y la Convergencia. La mitad de los diputados del Partido Ecologista Verde de México (PVEM, aliado del PRI) y un puñado de diputados priístas también votaron en contra. La PGR ya podía requerir a un magistrado el arresto y el procesamiento penal del regidor del DF por presunto desacato de orden judicial.

Tal como había anunciado anticipándose a la decisión de los parlamentarios, López Obrador convocó un "movimiento de resistencia civil pacífica" que tuvo su epicentro en el Zócalo y que en los días siguientes movilizó a cientos de miles de personas. Mientras el protagonista de la fenomenal polémica nacional encabezaba las protestas contra el "atropello a las libertades ciudadanas" y reiteraba su disposición a ir a la cárcel sin admisión de fianza pero no a renunciar a inscribir su candidatura presidencial, la Asamblea Legislativa del DF, controlada por su partido, provocó un conflicto constitucional al reclamar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que se garantizara el cumplimiento estricto de la Carta Magna en el sentido de que un servidor público no podía ser separado de su cargo hasta que un juez no le abriera proceso penal; los diputados federales del PAN y el PRI se amparaban en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos para reclamar el cese inmediato del alcalde por estar ya desaforado. Los alegatos jurídicos presentados a la Sección Instructora de la Cámara de Diputados para defenderse de la acusación de que era objeto los transcribió López Obrador en el que era su séptimo libro, Contra el desafuero; mi defensa jurídica, publicado este mismo año.

La incapacidad de la PGR para lograr que un juez incoara diligencias procesales envalentonó a López Obrador, que el 25 de abril, horas después de saborear una impresionante demostración de fuerza popular en el centro de la ciudad, regresó a su despacho oficial. El gesto de desafío irritó a la Presidencia de la República, pero Fox, temeroso del coste político de la empecinada postura de su partido, se avino a dar una salida política a la crisis. El 27 de abril el presidente aceptaba la dimisión del procurador general, Rafael Macedo de la Concha, y un día más tarde comunicó personalmente a la nación que el líder perredista podría concurrir a las elecciones; en otras palabras, López Obrador tenía asegurados sus derechos políticos. El 4 de mayo, el nuevo fiscal general, Daniel Cabeza de Vaca, informó que el Ministerio Público, pese a considerarle "probable responsable" de desacato, retiraba los cargos contra el regidor capitalino y archivaba la causa. El conflicto quedó definitivamente zanjado con una reunión de 20 minutos entre Fox y López Obrador en la residencia presidencial de Los Pinos, en la que los dirigentes expresaron su compromiso para celebrar unas elecciones "limpias, libres y en paz".

El 29 de julio de 2005 López Obrador pidió licencia de descargo como jefe de Gobierno del DF para consagrarse a la elección primaria del PRD. Alejandro Encinas Rodríguez, el secretario del Gobierno, le sustituyó al frente de la entidad federada. En el cenit de su popularidad, AMLO se encontró sin rivales internos luego de la retirada del veterano Cárdenas, que aunque conservaba intacta su aureola de probidad se sentía incapaz de pugnar con el beligerante conmilitón tabasqueño. Las relaciones personales entre los dos dirigentes no habían hecho más empeorar en los últimos tiempos, y más a raíz del videoescándalo de 2004, cuando Cárdenas cerró filas junto con la cúpula del partido pero sin esconder su malestar. En su carta de autodescalificación dirigida al CEN, cuyo nuevo presidente era Leonel Cota Montaño, el líder histórico del PRD censuraba la "ausencia de debate" en la precampaña electoral del partido.

El 19 de septiembre, con el PRD rendido a sus pies, por convicción o –los sectores más moderados- en asunción del que era el deseo prácticamente unánime de las bases, López Obrador, único precandidato, fue designado candidato presidencial por el Servicio Electoral y Membresía del partido. El 10 de diciembre tuvo lugar en el Zócalo el acto de su rendición de protesta o proclamación como candidato de la coalición Por el Bien de Todos, formada por el PRD, el PT y la Convergencia. Sus máximos adversarios electorales iban a ser, por el PAN, Felipe Calderón Hinojosa, ex secretario de Energía con Fox, y por el PRI, su detestado Roberto Madrazo. En su discurso a los presentes, puntualizó que sus diferencias no eran con los empresarios generadores de empleo, los cuales merecían "protección y apoyo", sino con "los saqueadores y los corruptos que aprovechan los cargos públicos para hacerse ricos". Por último, el 8 de enero de 2006, cumplimentó el trámite de registrarse ante el Instituto Federal Electoral (IFE).


4. Reñida liza en las urnas con el panista Calderón y rebeldía poselectoral
Tras salir airoso de la peripecia del desafuero, López Obrador no estaba dispuesto a dejar de librar en 2006 una campaña presidencial dura y áspera, en la que Calderón vendría a encarnar todos los abusos y trapacerías del poder panista, y, pese a sus gestos de distanciamiento del foxismo, a representar una opción completamente continuista de la línea "neoliberal" que el principal partido de la izquierda mexicana remontaba a los años de la Administración priísta de Miguel de la Madrid. La militancia del PRD endilgó a Calderón el mote insultante de FeCal, que justificaba por tratarse de un acrónimo construido con las primeras letras de su nombre y apellido. Definitivamente, a la izquierda mexicana no le gustaba un aspirante del oficialismo que exudaba elitismo social y económico, y que se expresaba con articulada suficiencia.

Ahora bien, aunque Calderón no era un candidato especialmente seductor y millones de mexicanos, especialmente los de las clases más humildes, no encontraban motivos para votar al representante de un partido gobernante con un balance de resultados que les parecía negativo, sus posibilidades electorales cobraron ímpetu porque el radicalismo de que hacía gala López Obrador, tachado machaconamente de populista, suscitaba aprensión y rechazo entre las clases medias y acomodadas de las grandes urbes –con la clamorosa excepción del DF, donde El Peje gozaba de un respaldo masivo- y en los estados más desarrollados del norte. Para estos electores, Calderón proyectaba seguridad, preparación y fiabilidad.

A finales de abril, después de que López Obrador rehusara participar en el primero de los dos debates televisados a los que estaban convocados los candidatos cabeceros, el panista tomó la delantera al perredista en la batalla de los sondeos para luego retroceder levemente; llegado el verano e iniciada la campaña electoral propiamente dicha, los dos líderes se encontraban prácticamente empatados en las intenciones de voto, con oscilaciones en un sentido u otro que prometían unas elecciones extraordinariamente reñidas. En junio, el aspirante perredista levantó mucha polvareda al esgrimir contra su adversario del PAN unos documentos que supuestamente le implicaban en actos de nepotismo, abuso de funciones y tráfico de influencias cuando fue director del BANOBRAS y secretario de Energía del Gobierno Federal.

Asimismo, López Obrador echó en cara al PAN y al PRI que el FOBAPROA llegara a convertirse en un instrumento de "privatización de las ganancias y socialización de las pérdidas". En el último tramo de la carrera presidencial, el aparato propagandístico del PAN perjudicó indudablemente las posibilidades de López Obrador con una serie de spots en los que se fomentaba el miedo a un hombre capaz poco menos que de "hundir" al país con sus políticas económicas heterodoxas. El más difundido de estos anuncios sentenciaba con tono catastrofista: "López Obrador es un peligro para México".

El programa de la coalición Por el Bien de Todos, expresión que como lema de campaña incluyó el latiguillo primero los pobres, se situaba nítidamente en la izquierda, etiqueta ideológica que López Obrador reivindicó expresamente. Varias eran las lacras observadas en México, y su eliminación marcaba las prioridades. En primer lugar, había que poner fin al estado de "privilegios", "corrupción" y "saqueo" patrocinado desde la Administración federal. Puesto que se trataba de un andamiaje piramidal que empezaba en lo más alto, el Ejecutivo nacional, las corruptelas tendrían que ser barridas "como se barren las escaleras, de arriba para abajo", afirmó López Obrador. A la vez, urgía combatir el fraude y la evasión fiscal, así como recortar drásticamente los gastos corrientes, siendo el primer paso la reducción a la mitad del sueldo del presidente de la República. Las actividades del FOBAPROA serían investigadas por una Comisión de la Verdad.

En segundo lugar, recurriendo a los fondos ahorrados gracias a la austeridad en el Gobierno y la función pública -que sólo el primer año de ejercicio podrían sumar los 100.000 millones de pesos- y a los nuevos ingresos fiscales como resultado de una recaudación más eficaz, el Gobierno del PRD impulsaría una serie de programas de desarrollo social, extendiendo los servicios públicos a áreas degradadas y atendiendo las necesidades de colectivos vulnerables como los ancianos, los parados y las madres solteras, y otros de fomento de actividades productivas, especialmente en los sectores agropecuario, turístico y de construcción de obras públicas. En cuanto al sector energético, sólo experimentaría reformas en el sentido de mejorar la eficiencia de su organización empresarial y la prestación de servicios; cualquier proceso que condujera a la privatización de PEMEX quedaba completamente descartado. El PRD defendía el derecho constitucional de todo trabajador a percibir un salario "justo" y "digno", aunque no especificó la cantidad.

En el ámbito exterior, AMLO reclamó la inclusión en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) de un capítulo de cooperación para el desarrollo y de correcciones para proteger a los productores agrícolas nacionales. También, concebía unas buenas relaciones con el imprescindible socio estadounidense, pero en las que el primer tema de la agenda fuera el tema migratorio, asunto que no se resolvía "con muros ni con la militarización fronteriza". Por otra parte, López Obrador no quiso hacer comentarios sobre política continental que pudieran dar pábulo a la sospecha de algún tipo de conexión con el presidente venezolano Hugo Chávez (quien por ejemplo llamó a Fox "cachorro del imperio norteamericano"), supuestos vínculos que los medios panistas no dejaron de aventar, aunque con muy escasa convicción. En realidad, López Obrador no tenía ninguna relación personal o institucional con Chávez, al que no conocía, aseguraban dirigentes de su partido, siquiera por contacto telefónico. Además, el PRD veía con distanciamiento la estrategia bolivariana para América Latina impulsada por el Gobierno de Caracas, aunque sí era cierto que sectores de la militancia simpatizaban abiertamente con el modelo chavista y sus acentos socialistas y de dirigismo estatal.

El 23 de junio fue el último día habilitado por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) para la divulgación de encuestas. De los cinco sondeos hechos públicos ese día por periódicos y televisiones, tres otorgaban a López Obrador una ventaja sobre Calderón de entre uno y tres puntos, uno daba empate y el quinto concedía la victoria al candidato del Gobierno por dos puntos. Las respectivas cuotas de voto se movían entre el 33% y el 36%. El tercero en discordia, Madrazo, no contaba con ninguna posibilidad de victoria el 2 de julio. La campaña ya había alcanzado unas altas cotas de aspereza y de polarización en el sentido ideológico tradicional de izquierda contra derecha. Pero la verdadera tormenta política estaba por venir. Ya en la misma noche electoral, tras cerrarse las urnas, los dos candidatos, primero López Obrador y luego Calderón, desoyeron el llamamiento hecho por el IFE de que se abstuvieran de proclamarse ganadores hasta que no hubiera resultados oficiales. Los primeros sondeos a pie de urna reflejaban un empate en torno al 36% de los votos.

Al día siguiente, 3 de julio, el conteo del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), que no tenía validez legal pero que sí reflejaba con escaso margen de error el resultado de los comicios al ser sus fuentes copias de todas las actas electorales de país, otorgó a Calderón una ventaja de algo más de 400.000 votos con el 98,4% de las urnas computadas. En datos porcentuales, el panista habría sacado el 36,38% y su contrincante del PRD el 35,34%, una diferencia de sólo el 1,04%. Sin embargo, López Obrador insistió en que él manejaba otros datos que le concedían sin lugar a dudas la Presidencia y que el conteo preliminar estaba trufado de "irregularidades" y "manipulaciones". La misión de observadores de la Unión Europea (UE) terció para descartar "cualquier posibilidad de fraude". Por segunda vez, los dos candidatos se proclamaron vencedores. El 4 de julio, después de que el IFE agregara a los resultados preliminares las actas que presentaban inconsistencias, el PREP redujo la ventaja de Calderón al 0,64%.

El 5 de julio el IFE comenzó el conteo oficial en los 300 consejos distritales. Concluido el procedimiento al cabo de 30 emocionantes horas, el instituto dictaminó que Calderón era el ganador con el 35,89% de los votos, seguido por López Obrador con el 35,31% y por Madrazo con el 22,26%. Al final, la diferencia sacada por el panista al perredista se quedó en un muy exiguo 0,58%, esto es, 243.934 papeletas. En realidad, se trataba de un vuelco espectacular, ya que los primeros resultados parciales del conteo oficial habían puesto a López Obrador en cabeza con hasta un millón de votos de diferencia.

Este drástico cambio de tendencia fue suficiente para que el aspirante del PRD reclamara un recuento voto a voto, ya que tenía constancia de que en alrededor de 50.000 de las 130.477 casillas o mesas electorales las papeletas computadas superaban al número de electores empadronados en cada una de ellas, algo que de ser verdad supondría un fraude de dimensiones colosales, y anunciara su decisión de impugnar los resultados ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE o TEPJF). Sin embargo, todas las misiones de monitores electorales (entre ellas las de la UE, la OEA y la ONU) ratificaron la limpieza del proceso y la solidez de las instituciones electorales mexicanas. Algunos gobiernos extranjeros, como los de Estados Unidos y España, no aguardaron al fallo del TRIFE, que tenía de plazo para resolver los recursos hasta el 31 de agosto, y enviaron sus felicitaciones a Calderón.

Ahora bien, el PRD no extendió sus impugnaciones a las elecciones legislativas ni a las estatales, donde la formación izquierdista y sus socios de coalición, en adelante denominada Frente Amplio Progresista (FAP), habían logrado unos resultados francamente buenos: en el Congreso de la Unión metieron a 157 diputados (34 más que la Alianza por México formada por el PRI y el PVEM, aunque 49 menos que el PAN) y a 36 senadores. Éste fue uno de los argumentos esgrimidos por los demás partidos para descalificar las reclamaciones de "fraude selectivo" hechas por López Obrador.

El 8 de julio el pretendiente de la Presidencia mexicana principió una batalla total, en las instituciones y en la calle, para "demostrar" que el ganador había sido él. El Zócalo capitalino se convirtió, otra vez, en el escenario y punto de convergencia de gigantescos mítines, marchas y concentraciones en los que AMLO, con tono crecientemente radical, arengó y enardeció a sus partidarios bramando contra el "fraude a la antigüita" y el "retroceso democrático", y arremetiendo contra el IFE, Fox y Calderón, a los que llamó "ariete del partido de la derecha", "traidor a la democracia" y "pelele", respectivamente. El 16 de julio, como en el año anterior cuando el movimiento de desafuero parlamentario, convocó a sus seguidores a una "resistencia civil pacífica" a escala nacional que incluía actos de desobediencia civil y bloqueos viales.

El 5 de agosto, el TRIFE, por voto unánime de sus siete magistrados, desestimó la demanda de Por el Bien de Todos de escrutar otra vez la totalidad de los votos y optó por ordenar un recuento parcial en 11.839 casillas electorales, esto es, el 9% del total, correspondientes a 149 distritos ubicados en 26 estados. López Obrador, desoyendo las recomendaciones de moderación y sosiego que le hacían algunos colegas del partido –Cárdenas, por ejemplo, mostró a las claras su desaprobación de la campaña de protestas- y sus aliados electorales, rechazó el fallo del tribunal y llamó a intensificar los actos de resistencia contra la proclamación presidencial del "espurio" e "ilegítimo" Calderón, y para "cambiar esta realidad de injusticias y opresión". "El triunfo de la derecha es moralmente imposible", sentenció, parafraseando a Juárez, el perredista, que el 15 de agosto, subiendo otro peldaño en su desafío, e invocando el artículo 39 de la Constitución, exhortó a "todos los mexicanos, hombres y mujeres libres, conscientes y preocupados por el destino de la nación, a poner fin a la República simulada y a construir las bases de un verdadero Estado social y democrático de derecho para llevar a cabo las reformas profundas que el país necesita".

El 28 de agosto el TRIFE, una vez resueltas las 375 impugnaciones presentadas por los partidos, anunció los resultados del recuento parcial: de las aproximadamente cuatro millones de papeletas afectadas, quedaban anuladas 237.000. Las demás eran validadas por no presentar indicios de fraude. Como la supresión de votos afectaba proporcionalmente a Calderón y a López Obrador (el primero perdió 81.000 y el segundo 77.000), la condición de presidente in péctore del panista no fue alterada. Su ventaja porcentual sobre el perredista apenas se movió: pasó del 0,58% al 0,56%.

La reacción de López Obrador fue furibunda: "Se abre el camino a un usurpador que pretende ocupar la Presidencia de la República mediante un golpe de Estado", llegó a decir de Calderón, quien, impertérrito, continuó negociando con el PRI, el PVEM y el Partido Nueva Alianza (PNA) el reparto de las mesas directivas de las cámaras del Congreso. El 1 de septiembre los diputados del PRD tomaron la tribuna del Congreso para impedir que Fox leyera su informe anual, en el que tenía que haber sido el último discurso del presidente saliente ante el Legislativo. Sin embargo, el grupo parlamentario del PRD aceptó integrarse en las negociaciones legislativas con el PAN, lo que contradecía la amenaza de boicot institucional lanzada por el candidato presidencial. Llegado este punto, López Obrador sólo aceptaba la victoria de su candidatura o la anulación de los comicios.

El 5 de septiembre, por fin, el TRIFE validó las elecciones y declaró presidente electo a Calderón, que recibió la notificación correspondiente un día más tarde. El fallo era inapelable. Lejos de arrojar la toalla, López Obrador continuó adelante con su escalada y advirtió: "Ese atentado a la legalidad constitucional y a la vida democrática obliga a reasumir el ejercicio de la soberanía popular y abolir de una vez y para siempre el régimen de corrupción y privilegios que impera en el país. Por eso, aunque no les guste a mis adversarios, ¡al diablo con sus instituciones!". Sus siguientes –y, en opinión de un número creciente de responsables políticos y observadores, peligrosos- pasos fueron convocar una Convención Nacional Democrática (CND) y dotarse de un gobierno "itinerante" o "alterno" integrado por 12 ministros. A continuación, el 16 de septiembre, cientos de miles de ciudadanos, más de un millón según los convocantes, congregados en el Zócalo del DF en calidad de miembros de la CND le aclamaron a mano alzada como "presidente legítimo de México". La asamblea popular fijó la fecha del 20 de noviembre para la "toma de posesión" de López Obrador, que aprovechó para insistir en la "abolición del actual régimen de corrupción y privilegios" y anunciar el asiento de las bases "para la construcción y el establecimiento de una nueva República".

El 20 de noviembre, siempre en la plaza del Zócalo, en un estrado engalanado con emblemas republicanos, ante una inmensa muchedumbre, y tras serle colocada por la senadora Rosario Ybarra de Piedra (quien había sido elegida en la lista del PRD pero que ocupaba su escaño en representación del PT como parte de los acuerdos tripartitos signados bajo el paraguas del FAP) la preceptiva banda tricolor, López Obrador recitó la fórmula de juramento que simbolizaba una asunción de funciones carente de toda validez más allá de la solemnidad y de la fuerte carga política que rodeaba a la insólita ceremonia. Los siguientes puntos en la agenda del presidente paralelo de México eran una gira personal por todo el país para dar a conocer su programa alternativo y el desarrollo de actos de protesta para boicotear la toma de posesión de Calderón el 1 de diciembre en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados, un escenario del que sin embargo disintieron abiertamente algunos legisladores del PRD.

(Cobertura informativa hasta 20/11/2006)