1. El ascenso de un militante discreto pero sin altibajos
2. Encumbrado al liderazgo del PP como sucesor de Manuel Fraga
3. La victoria electoral de 1996 y el salto a la jefatura del Gobierno
4. Programa económico liberal con la mirada puesta en el euro y la reducción del Estado
5. Continuismo sin estridencias en política exterior
6. Defensa de los intereses nacionales en la Unión Europea
7. Los desencuentros con los nacionalismos periféricos y la fallida tregua de ETA
8. Proclamada orientación al centro ideológico
9. La mayoría absoluta de 2000 y las expectativas para la segunda legislatura. Las problemáticas de la inmigración
10. Los éxitos y los puntos flacos de la gestión económica. El retroceso del diálogo social
11. Avances en la lucha contra ETA y agudización de las tensiones con el nacionalismo vasco
12. La mala gestión de las crisis y la intemperancia de un estilo de Gobierno
13. Viraje en las relaciones internacionales de España: Europa, Estados Unidos y el terrorismo global
14. La guerra de Irak: arriesgada apuesta personal contra la opinión mayoritaria de la población
15. Doble rechazo al Plan Ibarretxe en Euskadi y al proyecto de Maragall en Cataluña
16. Autoexclusión del tercer mandato y designación de Mariano Rajoy como sucesor
17. La tragedia nacional del 11-M y su impacto en las generales de 2004
18. Una despedida del Gobierno deslustrada por el inesperado varapalo en las urnas


1. El ascenso de un militante discreto pero sin altibajos
El que ha sido el cuarto presidente del Gobierno de la España democrática procede de una familia de origen navarro con dos destacados representantes en la diplomacia, el periodismo y la cultura al servicio del régimen político de Francisco Franco.

Su abuelo, Manuel Aznar Zubigaray (1894-1975), hablaba el idioma euskera y en origen fue un entusiasta seguidor del nacionalismo vasco de Sabino Arana que luego, en los años de la II República, evolucionó hacia posturas del conservadurismo español. Aznar Zubigaray se desempeñó como embajador de España ante la ONU (1964-1967), Marruecos, Argentina y la República Dominicana, y como ministro plenipotenciario en Estados Unidos; fundó o dirigió varias cabeceras de prensa en el País Vasco, Madrid y Barcelona, incluido el diario La Vanguardia, así como la agencia EFE, y escribió libros de historia contemporánea.

El padre del futuro presidente, Manuel Aznar Acedo (1916-2001), bilbaíno de nacimiento y falangista, participó en la guerra civil como oficial del Ejército nacional encargado de tareas de radiodifusión y propaganda. Tras la contienda, Aznar Acedo llevó la programación de la cadena SER (1942-1962), dirigió Radio Nacional de España (1962-1965) y fue director adjunto de Radiodifusión en el Ministerio de Información y Turismo (1964-1967). En los primeros años cuarenta fundó los periódicos Hoja Oficial de Alicante, Avance y Levante, y en 1967 se convirtió en el primer director de la Escuela Oficial de Radiodifusión y Televisión, dependiente del citado ministerio.

El joven Aznar cursó el Bachillerato en el Colegio Nuestra Señora del Pilar, un afamado centro privado religioso de la capital, y la carrera de Derecho en la Universidad Complutense, también en Madrid. En sus años de bachiller, Aznar militó en el Frente de Estudiantes Sindicalistas (FES), una organización ultraderechista de impronta católica, con presencia en universidades, institutos y escuelas de formación profesional. Desde su aparición en 1963, el FES funcionaba como el sindicato estudiantil del partido único que era instrumental en el entramado ideológico de la dictadura de Franco, la Falange Española de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalistas (FE-JONS). Ahora bien, muchos responsables del FES dirigieron una actitud sumamente crítica hacia el franquismo postrero y su fachada política, el Movimiento Nacional, y reivindicaron el pensamiento original del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera. Aznar era uno de estos jóvenes falangistas identificado con las ideas joseantonianas.

Tras obtener la licenciatura en 1975, año de la muerte de Franco, Aznar se presentó con éxito a oposiciones al cuerpo de inspectores de finanzas del Estado. En 1976 entró en el funcionariado del Ministerio de Hacienda y dos años después, en la etapa constituyente que guiaban el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez González, y el rey Juan Carlos I, fue destinado a Logroño, ciudad donde se dio a conocer en los ambientes políticos y a través de una serie de artículos publicados en la prensa local en los que deslizó opiniones reticentes con la Constitución democrática aprobada por las Cortes en octubre de 1978 y sancionada en referéndum dos meses después. En sus comentarios periodísticos Aznar se mostraba como un nacionalista español al que inquietaba particularmente el título de la Constitución que organiza territorialmente al Estado como un ente descentralizado, ni unitario ni federal, compuesto por comunidades autónomas dotadas de amplias competencias en detrimento del poder central. En un determinado escrito, calificaba de "charlotada intolerable" el nuevo marco autonómico,

En 1977 Aznar contrajo matrimonio con Ana Botella Serrano, también licenciada en Derecho por la Complutense y a la que había conocido en el viaje de fin de carrera a Turquía. Mientras su esposo se labraba la carrera funcionarial y luego política, Botella ejerció como técnica de la Administración del Estado en Madrid y Valladolid. La pareja tuvo tres hijos: José María, en 1978, Ana, en 1981, y Alonso, en 1988. En enero de 1979, Aznar, meses después de hacerlo su esposa, se afilió a Alianza Popular (AP), partido profundamente derechista constituido el 5 de marzo de 1977 por ex ministros de Franco que hasta enero de 1978 había funcionado como una federación de siete agrupaciones. AP era ahora una fuerza unitaria bajo el liderazgo de Manuel Fraga Iribarne, ex ministro de Información y Turismo (el mismo a cuyas órdenes había trabajado Manuel Aznar Acedo), y más recientemente, en el primer gobierno preconstitucional de la Monarquía, ex vicepresidente para asuntos del Interior.

Incapaz por el momento de captar al electorado conservador, que se decantaba en masa por la Unión de Centro Democrático (UCD) de Suárez, AP, como integrante de la Coalición Democrática (CD), capturó en las elecciones legislativas del 1 de marzo de 1979 sólo el 6% de los sufragios y nueve diputados, quedando por detrás incluso de su antípoda ideológico, el Partido Comunista de España (PCE). Ese mismo mes en que AP encajó peores resultados que los obtenidos en su primera prueba ante las urnas, las constituyentes de junio de 1977, Aznar fue designado secretario general de AP en La Rioja por decisión del II Congreso Provincial de partido, cargo que ocupó hasta 1980. El político madrileño estrenó el acta de diputado, por la provincia de Ávila, en las elecciones legislativas del 28 de octubre de 1982, que produjeron la victoria aplastante del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Felipe González Márquez y en las que AP, aliada al Partido Demócrata Popular (PDP) de Óscar Alzaga Villamil, desbancó ampliamente a una UCD en vías de extinción y parte de cuyos votos succionó, y se alzó como la segunda fuerza del Congreso de los Diputados con el 26,5% de los sufragios y 106 escaños.

En la II legislatura de la democracia Aznar se desempeñó como secretario segundo de la Comisión Constitucional y vocal de las comisiones de Presupuestos, Régimen de las Administraciones Públicas y Mixta para asuntos relacionados con el Tribunal de Cuentas. Por lo que respecta a la organización interna del partido, en febrero de 1981, por resolución del IV Congreso Nacional, hizo el salto al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de AP como vicesecretario para las Comunidades Autónomas y Regiones. El 21 de febrero de 1982 el V Congreso Nacional le eligió adjunto al secretario general, a la sazón Jorge Verstrynge Rojas, en enero de 1984 asumió la coordinación general en el área de Política Autonómica y Local, y el 22 de junio de 1985 ganó la presidencia de AP en Castilla y León.

Renovado el escaño en las elecciones del 22 de junio de 1986, muy frustrantes para el partido al quedar completamente estancado -la Coalición Popular (CP) que lideraba cosechó el 26,1% y los 105 diputados- y no poder rentabilizar el desgaste del PSOE –el trasvase de votos sólo afluyó al Centro Democrático y Social (CDS) de Suárez-, Aznar fue testigo del desgarro que para los aliancistas supuso la emocional dimisión de Fraga al frente del partido el 2 diciembre de 1986, al cabo de cinco meses de fortísimas divisiones internas espoleadas por los sucesivos fracasos electorales en el Estado y en la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV).

Tratándose entonces de un dirigente de la segunda línea, Aznar tomó partido por el grupo crítico que animaba el vicepresidente ejecutivo, y por ende presidente del partido en funciones, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, antiguo ucedista que proponía para AP una doctrina de "liberalismo popular" firmemente anclada en la derecha, amén de uno de los padres de la Constitución española. En enero de 1987, en un clima de verdadera guerra intestina, Aznar brindó su respaldo a Herrero en la liza por la sucesión de Fraga. Sin embargo, en el VIII Congreso Nacional, celebrado con carácter extraordinario el 7 de febrero, Herrero perdió holgadamente ante el protegido de los fraguistas, Antonio Hernández Mancha, hasta entonces presidente de AP en Andalucía; como consecuencia, Aznar fue descabalgado de la portavocía en la Comisión parlamentaria de Asuntos Sociales y tampoco fue renovado en la Secretaría General adjunta del partido, aunque continuó en el CEN desde el puesto de secretario de Formación Política.


2. Encumbrado al liderazgo del PP como sucesor de Manuel Fraga
El 10 de junio de 1987, luego de cesar en su escaño en Madrid, Aznar salió elegido procurador en las Cortes (Parlamento) de dicha comunidad autónoma en representación de Valladolid, y el 21 de julio, dado que era el cabeza de lista de AP, fue investido sin mayoría propia pero con el respaldo del CDS presidente de la Junta o Gobierno, cargo del que tomó posesión seis días más tarde en sustitución del socialista José Constantino Nalda. El éxito de la AP castellano-leonesa situó a Aznar en el punto de mira de la dirección del partido de cara a una próxima renovación generacional. El retorno de Fraga a la presidencia nacional en el IX Congreso, celebrado en Madrid del 20 al 22 de enero de 1989 luego de constatarse el fracaso total de la experiencia renovadora de Hernández Mancha, acusado por doquier de hacer una oposición inconsistente al PSOE y de ser incapaz de imponer su liderazgo interno, posibilitó la promoción de Aznar, que fue elegido primer vicepresidente para Asuntos Autonómicos.

El IX Congreso pasó a la historia del partido como el Congreso de la Refundación, ya que los dirigentes hicieron el esfuerzo de aparcar definitivamente sus luchas cainitas y de presentar al electorado un proyecto en firme del arco conservador. AP adoptó el nombre de Partido Popular (PP) y de paso absorbió a elementos de la Democracia Cristiana (DC, antiguo PDP), liderada por Javier Rupérez Rubio, e íntegramente al Partido Liberal (PL) de José Antonio Segurado García, de manera que se enriqueció con unos matices ideológicos menos conservadores que no figuraban en su ideario fundacional. El antiguo ucedista y rostro señero de la débil ala democristiana del partido, Marcelino Oreja Aguirre, ministro de Exteriores con Suárez, recibió el mandato de aglutinar al centro-derecha español bajo la sigla del PP y preparar la campaña de las elecciones europeas de junio.

En los meses siguientes, Aznar, que nunca había militado en la UCD, pertenecía a la primera generación de dirigentes aliancistas sin bagaje franquista en su currículum y contaba con el valor añadido de la juventud -36 años-, fue configurándose como el candidato ideal a la Presidencia del Gobierno nacional en las elecciones generales anticipadas al otoño, máxime desde el momento en que Fraga certificó que su único objetivo era alcanzar la presidencia de la Xunta autonómica de Galicia. Fraga no le tuvo en cuenta a Aznar su alineamiento con Herrero en 1987 y le otorgó el aura de favorito que durante un tiempo rodeó a Isabel Tocino Biscarolasaga, una incondicional suya en la que los comentaristas encontraban semblanzas thacheristas.

El 4 de septiembre de 1989 el CEN, con 211 votos a favor y cinco en blanco, confirmó que Aznar era el delfín del líder fundador del partido al elegirle responsable de la campaña electoral y candidato a la Presidencia del Gobierno, lo que le obligó a cesar al frente de la Junta de Castilla y León el 16 de septiembre en favor de Jesús María Posada Moreno. A todos los efectos, desde entonces Aznar ejerció como el dirigente rector del PP, si bien Fraga continuaba siendo el presidente nominal, a la vez que el miembro más conspicuo del llamado clan de Valladolid, formado por cuadros jóvenes ligados a la política castellana.

El 29 de octubre de 1989 el PSOE obtuvo su tercera victoria consecutiva en unas generales y, por los pelos, retuvo la mayoría absoluta. El primer intento presidencial de Aznar produjo en los populares una satisfacción moderada: cierto era que el 25,8% de los votos y los 107 diputados recibidos suponían en términos objetivos un abandono muy poco convincente de la inercia electoral, pero propios y ajenos convinieron en señalar que el aspirante a descabalgar a González no lo había hecho nada mal dadas las circunstancias: era un neófito en las lides con González, no había transcurrido el tiempo necesario para que la opinión pública le conociera debidamente y fuera del partido era tildado por doquier de persona inexperta y gris, nada que ver con un líder carismático –aunque agotado a nivel nacional- como Fraga y con un perfil muy inferior al del experimentado presidente socialista. Con todo, Aznar se enorgulleció de haber roto "el techo electoral" del partido y se aprestó a liderar la oposición al PSOE como primer diputado por Madrid y portavoz del grupo parlamentario popular.

El X Congreso Nacional del PP, celebrado en Sevilla el 31 de marzo y el 1 de abril de 1990, marcó la consagración de Aznar, quien recibió en bandeja la presidencia nacional del partido una vez que Fraga ya se había posesionado de la Xunta gallega. En su discurso de proclamación, Aznar ofreció a los españoles un "proyecto de libertad" y puso énfasis en el mensaje tranquilizador de que la llegada al poder de los populares, vistos por muchos votantes del PSOE y el CDS poco menos que como unos neofranquistas o unos falsos demócratas susceptibles de poner en solfa el Estado de las Autonomías y el marco de libertades, no iba a entrañar en absoluto "traumas o peligros". El XI Congreso Nacional, el 5 y el 6 de febrero de 1993, reforzó el carácter presidencial del partido y abordó la renovación de la dirección.

El nuevo liderazgo de Aznar cohesionó los sectores derechistas tradicionales, democristianos y liberales en torno a un proyecto común, menos ideologizado que en la etapa precedente, para el que el propio Aznar reivindicó el centro del espectro político. De hecho, el lema del X Congreso fue "Centrados con la Libertad". Esta lenta inflexión desde una derecha tradicional española pura y dura, reaccionaria y frecuentemente autoritaria, a un centro-derecha más pragmático en lo político y muy liberal en lo económico, de tipo europeo, se tradujo en un fatigoso, pero en progresión constante, avance electoral que Aznar, ganándose a pulso los calificativos de político correoso y tenaz, acertó a pilotar con perseverancia. Tener paciencia y no caer en el desaliento eran las consignas de Aznar dirigía a sus correligionarios. El líder popular tenía claro que el Gobierno les iba a caer en las manos más tarde o más temprano como fruta madura, toda vez que el PSOE era asolado por los escándalos de corrupción.

Desde el Parlamento, Aznar, que aunó sendas vicepresidencias de la Internacional Demócrata Cristiana (IDC, a la que el PP accedió en noviembre de 1990) y la Unión Democrática Europea (UDE) en 1992, y del Partido Popular Europeo (PPE, del que era miembro desde octubre de 1989) en 1993, no desperdició la oportunidad de segarle a un PSOE a la defensiva más hierba a sus pies. Así, reiteró las exigencias de dimisión de González, acosado por escándalos tan graves como el de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), trama clandestina presuntamente organizada por el Ministerio del Interior y que en la década anterior había librado una suerte de guerra sucia, con varios asesinatos y secuestros, contra activistas del independentismo vasco y terroristas de la banda ETA (acrónimo de Euskadi Ta Askatasuna, divisa que en idioma euskera significa Patria Vasca y Libertad). El PP prometió que si llegaba al Gobierno desclasificaría los documentos del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID), el servicio secreto español, relacionados con el tema.

Aznar trazó con machaconería la equivalencia del PSOE con el trinomio "despilfarro, paro y corrupción", sentencia simplificadora pero que caló hondo en un sector del electorado cada vez más disgustado con los casos de deshonestidad que afectaban a un buen número de políticos socialistas y personalidades de la empresa y la banca privadas a ellos ligados, y como sus acusaciones se acompasaron con las del coordinador general de Izquierda Unida (IU, coalición permanente encabezada por el Partido Comunista de España, PCE), Julio Anguita González, quien tendió a superarle en el grosor de los calificativos dirigidos a González, los socialistas denunciaron ser víctimas de "la pinza" parlamentaria que formaban las principales fuerzas de la oposición a su derecha y a su izquierda. Lo cierto era que la profunda crisis económica y la debilidad de la peseta contribuyeron a que el Gobierno del PSOE no tuviera un momento de respiro y muy poco que ofrecer de positivo al electorado más allá de las grandes realizaciones de los años ochenta en la Sanidad, la Educación y el sistema de pensiones.

El PP ganó la batalla al CDS (fuerza que quedó abocada a la extinción) por la conquista del voto moderado en las elecciones autonómicas y municipales del 26 de mayo de 1991. En las legislativas del 6 de junio de 1993 Aznar volvió a batirse con González, y, aunque esta pugna volvió a resolverse en favor del segundo, el PP dio el verdadero gran salto nacional al acaparar el 34,8% de los sufragios y los 141 escaños, mientras que el PSOE retrocedió a una incómoda mayoría simple. Sin embargo, estos comicios dejaron una sensación amarga en el PP, ya que la mayoría de los sondeos preelectorales, e incluso algunos de los muestreos de las primeras papeletas escrutadas, le habían otorgado la victoria. Con todo, las esperanzas de Aznar y su equipo no tardaron en ser reconfortadas.

En las elecciones al Parlamento Europeo del 12 de junio de 1994 el PP avasalló al PSOE con el 40,2% de los votos y 28 de los 64 escaños, y la rotundidad de la mayoría popular fue incluso mayor en las municipales y autonómicas del 28 de mayo de 1995, elecciones que desataron la euforia en el partido. En las votaciones a los órganos locales, el PP ganó el 35,3% de los sufragios en el cómputo nacional (esto es, un millón de papeletas más que el PSOE) y 24.700 concejales (3.500 más), pero en las votaciones a las asambleas autonómicas la cifra se elevó hasta el 44,6%, cuota espectacular que suponía una ventaja sobre el PSOE de 13 puntos porcentuales. El PP fue la lista más votada en 44 de las 52 capitales de provincia y también en nueve de las 13 comunidades autónomas donde se renovaron los legislativos; en cinco de ellas, inclusive Madrid, lo fue por mayoría absoluta.


3. La victoria electoral de 1996 y el salto a la jefatura del Gobierno
El PP, después de seis envites fracasados, al principio frente a la UCD y el PSOE y más tarde frente al PSOE en exclusiva, se impuso finalmente en las elecciones legislativas del 3 de marzo de 1996, aunque por la mínima. Por primera vez desde 1933, en los tumultuosos años de la II República, una opción cuyo principal referente doctrinal seguía estando en la derecha -eso sí, con la mirada puesta en el centro, según sus dirigentes- recibía el mandato popular para formar el Gobierno de la nación y rompía una especie de resistencia psicológica, presente en muchos electores como consecuencias de las experiencias negativas de la guerra civil y la dictadura franquista, a dar una oportunidad al turnismo.

La efeméride era indudablemente histórica, más porque el país asistía al primer relevo verdadero entre siglas políticas que conformaban un bipartidismo llamado a representar, todo lo hacía suponer, un modelo de alternancia clásico, como el estilado en las principales democracias mundiales. Y el protagonista indiscutible de esta mudanza no era otro que José María Aznar. Eso sí, la victoria del PP en 1996 no tuvo nada que ver con el triunfo arrollador del PSOE 14 años atrás. La lectura hecha de las locales y autonómicas de 1995 como si se trataran de unas primarias de las generales del año siguiente se quedó a menos que a medio camino, ya que, comparativamente, el PSOE no sólo no ahondó su imparable erosión sino que se recuperó levemente.

Quizá contribuyó a ello la tregua dada en los últimos meses por la economía, que avanzó firme por la senda de la recuperación, y por el frente político-judicial, que no alumbró nuevos escándalos tumultuosos. Aunque la victoria no por goleada del PP también pudo tener que ver con la estrategia del PSOE de asimilar al partido de Aznar con el franquismo emboscado, reprochándole tener un "programa oculto" y azuzando el miedo a "la derecha de siempre". Objetivamente, a la elevada crispación política de la V Legislatura de la democracia habían contribuido tanto González, con su actitud de atrincherarse y de negar todas las irregularidades que se le achacaban a él y a su partido -hasta las que resultaban evidentes y probadas-, como Aznar, al apostar por el mero desgaste del adversario sin ofrecer contrapartidas constructivas, estrategia que para los socialistas no era sino la parte pública y política de una verdadera operación de acoso y expulsión del poder ejecutada con el concurso de medios de comunicación privados ligados a intereses conservadores.

El PP recibió 9,4 millones de votos, es decir, el 37,6% del total, y su distancia del PSOE consistió en menos de 300.000 votos y 1,2 puntos porcentuales. El partido de Aznar tuvo que conformarse con una mayoría simple de 154 diputados frente a los 141 del PSOE en un Congreso de 350 miembros. El diferencial invertido de fuerzas en la Cámara baja era incluso menor que en la legislatura saliente, en la que el PSOE aventajaba al PP en 18 diputados. Por todo ello, González no dudó en referirse al resultado como una "dulce derrota" para ellos, mientras que en los dirigentes del PP, no obstante el hito alcanzado, la decepción era evidente. Para asegurar la viabilidad parlamentaria de su programa, Aznar no tenía otro remedio que pactar con los partidos nacionalistas regionales de centro-derecha que sumaban 25 escaños en el Congreso y que se encontraban gobernando en sus respectivas comunidades autónomas, solos o en coalición, desde el arranque de las mismas en 1980. La experiencia era inédita: el partido mayoritario del conservadurismo español y los nacionalismos periféricos, comprometidos en la gobernabilidad del Estado y explorando puntos de encuentro para la profundización del marco autonómico.

El PP cerró acuerdos bilaterales con los catalanes de Convergencia y Unión (CiU, conservadora), el Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV, conservador democratacristiano) y la Coalición Canaria (CC, liberal centrista), si bien el pacto sellado el 26 de abril con CiU era el que entrañaba más importancia al ofrecer la formación -en realidad, una coalición permanente de dos partidos, Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) y Unión Democrática de Cataluña (UDC)- que lideraba Jordi Pujol i Soley la aritmética indispensable, 16 legisladores, para asegurar la mayoría absoluta. En el acuerdo de legislatura entre Aznar y el presidente de la Generalitat catalana se destacaron los contenidos económicos, con el compromiso de cumplir los exigentes criterios de convergencia para acceder a la culminación de la Unión Económica y Monetaria (UEM) europea y de sostener políticas de estabilidad y crecimiento sin arriscar el Estado del Bienestar, que era una realización histórica de los gobiernos de González. En este terreno, las negociaciones no fueron complicadas porque se trataban de metas compartidas por los programas de convergentes y populares.

Tratándose de CiU el interlocutor, lógicamente, hubo también concesiones del PP en materia autonómica. La más importante era el acuerdo para desarrollar en el plazo de dos años un nuevo modelo de financiación según el cual, siguiendo la noción no asimétrica del "café para todos", las 17 comunidades y no únicamente aquellas con el rango, tácitamente adjudicado, de históricas (cuales son, Cataluña, Galicia y el País Vasco, si bien esta última, al igual que Navarra, goza de un Concierto Económico específico basado en la tradición foral; las cuatro citadas más Andalucía, Valencia y Canarias conforman el grupo de comunidades de vía rápida, es decir, las legisladas por el art. 151 de la Constitución o en su defecto por disposiciones de sus propios estatutos que habilitan la misma asunción temprana de más competencias), podrían recaudar el 30% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y adquirir capacidad normativa sobre la base imponible de ese tramo, lo que inauguraba la corresponsabilidad fiscal entre el Estado y las comunidades autónomas. En este clima tan positivo, Aznar pronunció una de sus frases más recordadas, por lo demás harto peregrina: "hablo catalán en la intimidad".

Garantizados los apoyos, el 4 de mayo Aznar fue investido por el Congreso con los 181 votos de populares, convergentes, peneuvistas y canarios; en contra votaron los 166 diputados del PSOE, IU y los cuatro del grupo mixto, mientras que el único representante de la Unión Valenciana (UV, regionalistas conservadores) se abstuvo. Al día siguiente, 5 de mayo, Aznar cumplimentó el juramento constitucional en presencia del rey Juan Carlos en el palacio de la Zarzuela, residencia del monarca. En la toma de posesión de su cargo en el palacio de La Moncloa, el líder popular anunció un nuevo estilo de Gobierno basado en el "diálogo abierto" con todos los actores sociales y en un programa que definió como "centrado y centrista, reformista y reformador".

En el primer Gobierno del PP, monocolor como todos los que le habían sucedido desde la restauración democrática, Aznar se rodeó de sus hombres de confianza. Para ocupar la Vicepresidencia Primera y el Ministerio de la Presidencia, luego número dos de facto del Ejecutivo, el escogido fue Francisco Álvarez-Cascos Fernández (1947), asturiano, secretario general del partido desde el IX Congreso y militante del aliancismo original, considerado muy próximo a Aznar en el terreno personal y llamado a convertirse en fustigador incansable de los socialistas y en uno de los duros del Gobierno, situándose en el vértice de no pocas polémicas. La decisiva cartera de Economía y Hacienda amén de la Vicepresidencia Segunda del Gobierno fueron para Rodrigo Rato Figaredo (1949), madrileño, nuevo vicesecretario general del PP, hasta ahora portavoz del grupo parlamentario (amén de miembro de la Ejecutiva desde 1979, antes que Aznar) y miembro de una conocida familia de empresarios con múltiples intereses en el sector privado. El Ministerio del Interior, igualmente fundamental, quedó en manos del otro vicesecretario general salido del XII Congreso, Jaime Mayor Oreja (1951), vasco, procedente de la UCD y visto como uno de los dirigentes que mejor respondían al reclamado perfil centrista.

Otros responsables destacados eran: en Asuntos Exteriores, Abel Matutes Juan (1941), próspero empresario balear y superviviente emblemático de la cúpula rectora en la etapa fraguista; en Trabajo y Asuntos Sociales, Javier Arenas Bocanegra (1957), presidente del PP andaluz, ex ucedista y exponente de la corriente democristiana del partido; y, en Administraciones Públicas, Mariano Rajoy Brey (1955), gallego, aupado al CEN en 1989, después de haber servido como vicepresidente de la Xunta de Galicia, y a una de las tres vicesecretarías generales del partido en 1990, a quien aguardaba una trayectoria ascendente por su carácter reacio a la confrontación, sus aptitudes polivalentes y su habilidad para gestionar conflictos o crisis de manera que las repercusiones negativas para el PP fueran parcas o efímeras.


4. Programa económico liberal con la mirada puesta en el euro y la reducción del Estado
Aznar llegó al poder como un político no proclive a suscitar reacciones desmedidas sobre su persona, ni a favor ni en contra. La opinión pública veía en él a un hombre sumamente sobrio, introvertido, muchas veces desangelado y siempre alejado de la facundia mitinera. Su puesta en escena no deslumbraba y su discurso era escueto y monocorde, aunque contundente cuando era necesario, un rasgo de pugnacidad del que había dado sobradas muestras en sus alocuciones parlamentarias. Ofreció también varios ejemplos de contención y prudencia, y por ejemplo, apelando a la responsabilidad de Estado, se desdijo de la promesa de desclasificar los llamados "papeles" del CESID sobre la lucha antiterrorista con el objeto de esclarecer la relación entre los mandos policiales del Ministerio del Interior y los GAL (sin embargo, en abril de 1997 el Tribunal Supremo, a petición de la Audiencia Nacional, obligó al Gobierno a proceder con ese levantamiento de secreto documental).

Aunque acababa de negociar con los nacionalistas catalanes y vascos (al igual que lo había hecho en la década anterior con el CDS en Castilla y León) e invocaba al diálogo, Aznar no traía una fama de forjador de consensos interpartidistas, característica ésta de los políticos que protagonizaron la transición democrática de 1976-1979. El factor generacional y personal iba a pesar sobre su gestión tanto o más que las capacidades objetivas o la balanza de poder -progresivamente inclinada a su favor- existentes en un momento dado. Por su edad, su cultura y sus vivencias, Aznar tenía muy poco que ver con personajes clave en la historia política más reciente como el rey Juan Carlos, González o Pujol, y de hecho él mismo se encargó de avisar que su estilo era otro: "no tengo los tics de la transición", deslizó.

En el desapasionamiento formal de Aznar, con esa calculada economía de gestos, sus oponentes veían simplemente una limitación de propuestas y contenidos, aunque la característica no dejó de resultar atractiva para un amplio sector del electorado que ansiaba asistir a una nueva etapa destensada en la que los responsables políticos refrenaran sus aspavientos, cesaran en los ataques viciosos de artillería verbal y no dieran más sorpresas desagradables de corrupción. Los populares decían ofrecer todo ello, se adjudicaban una probidad sin tacha y, de paso, prometían solvencia en la gestión de la cosa pública. Con todo, su debut en el Gobierno estuvo acompañado de acusaciones de carecer de ideas claras sobre los problemas nacionales, de plantear compromisos excesivamente genéricos y de suscitar confusión, debido a las declaraciones contradictorias que hacían algunos ministros.

Al asumir el Ejecutivo, Aznar se fijó como tareas básicas recortar el déficit de las cuentas del Estado -del 4,4% del PIB-, liquidar deudas, asfixiar la inflación –el 3,5% interanual- y estimular la actividad generadora de empleo en el sector privado; entonces, la tasa de paro sobre población activa era, según la encuesta oficial, del 22,9%, un valor elevadísimo que no tenía parangón en Europa occidental. Las fórmulas aplicadas eran liberales de principio a fin: desregulación normativa, reducción del peso del Estado en la economía, eliminación de altos cargos de la administración, privatización general de las empresas públicas -dando culminación a un proceso emprendido en la etapa socialista- y énfasis en la liberalización monetaria, empezando por una bajada de los tipos de interés.

Aunque ya heredó una coyuntura en la buena dirección, el equipo económico de Aznar la condujo por una senda que pronto produjo resultados positivos en forma de crecimiento estable y saneamiento financiero, permitiendo al país afrontar con confianza el cumplimiento de los cinco criterios de convergencia requeridos para participar en la tercera fase de la UEM el 1 de enero de 1999 -algo que parecía más que incierto a comienzos de 1996-, a saber: déficit de las administraciones públicas inferior o igual al 3% del PIB; deuda pública acumulada inferior o igual al 60% del PIB; inflación promedio no superior en 1,5 puntos a la media de los tres estados miembros con la tasa más baja; tipo promedio de interés nominal a largo plazo no superior en dos puntos a la media de los tres estados con los precios más reducidos; y, mantenimiento de la peseta en la banda de fluctuación fijada por los mecanismos de cambio del Sistema Monetario Europeo (SME), al menos durante dos ejercicios anuales.

En el Consejo Europeo de Bruselas de mayo de 1998 España fue certificada como uno de los once estados de la futura zona del euro, con lo que se lograba un objetivo económico, pero también político, primordial de Aznar, que calificó de "revolución silenciosa" el giro experimentado por la economía nacional. Sobre este punto hay que precisar que el cumplimiento por España de todos los requisitos para acceder a la tercera y última etapa de la UEM no fue en el sentido estricto y que el Consejo de Bruselas hizo una "interpretación flexible" de los diversos cuadros de la convergencia. Este criterio laxo se aplicó a todos los países excepto Finlandia y Luxemburgo, únicos que realizaron los ajustes a rajatabla, y obedeció a una decisión final eminentemente política, ya que ni Francia ni Alemania iban a cumplir estrictamente.

Por otro lado, el desempleo comenzó a disminuir sensiblemente luego de adoptar el Gobierno medidas para la flexibilización del mercado laboral y al consolidarse la actividad económica. No obstante la tendencia a la precarización de los contratos y la extrema austeridad presupuestaria (que en 1997 supuso la congelación de los salarios de los trabajadores públicos), el nuevo bienestar traído por el aumento de las rentas familiares tuvo el efecto de desactivar muchos conflictos sociales, mientras que los sindicatos alcanzaron con el Ejecutivo un nivel de diálogo, superior al de otros agentes, que permitió satisfacer las reclamaciones inmediatas a costa de postergar reivindicaciones de más calado, como la introducción de la semana laboral de 35 horas.

En 1999, la Seguridad Social, sometida al ahorro del gasto pero también beneficiada por el aumento del número de cotizantes, convirtió su déficit que en 1996 había sido de 320.126 millones de pesetas (1.924 millones de euros) en un superávit de 66.719 millones (407). Doce meses después el saldo positivo era ya de 449.075 millones (2.699), equivalente al 0,4% del PIB, de manera que el Gobierno pudo crear un fondo de reserva susceptible de engrosarse con aportaciones anuales y se sintió autorizado para asegurar la continuidad del sistema público de pensiones por lo menos durante tres décadas.

En la primera legislatura gobernada por el PP se ventiló también, con inusitada presteza y no pocas polémicas por los procedimientos empleados, la privatización de las llamadas joyas de la corona del parque empresarial de titularidad pública, proceso que básicamente estuvo finiquitado en la primavera de 1999. Para entonces, tres años de privatizaciones intensivas habían reportado a las arcas del Estado unos 4,8 billones de pesetas (cerca de 29.000 millones de euros). El Gobierno Aznar completó la entrega al capital privado de las compañías más emblemáticas mediante sucesivas ofertas públicas de venta de acciones en bolsa (OPV). La privatización de Telefónica puso final de iure a un monopolio hasta entonces intocable y prologó la liberalización del mercado nacional de telecomunicaciones, que quedó completa el 1 de diciembre de 1998; desde ese momento, otros operadores fueron autorizados a prestar servicios de telefonía fija. La liberalización llegó también a los mercados de la electricidad y el gas.

Las otras grandes empresas sometidas a esta transformación fueron: Endesa, en el sector eléctrico; la petrolera Repsol, principal compañía industrial española que en 1999 adquirió la argentina YPF, convirtiéndose en la séptima petrolera privada del mundo, junto con Gas Natural en el sector de los hidrocarburos; CSI-Aceralia, en la siderurgia; la Corporación Bancaria de España (CBE), que en 1998 pasó a llamarse Argentaria al cabo de un proceso interno de fusiones de entidades de crédito y que en octubre de 1999 desembocó en el gigante BBVA al unirse al Banco Bilbao Vizcaya, en el sector de los servicios financieros; Indra, en las tecnologías de la información; y, Tabacalera, verdadera mina de ingresos fiscales del Estado antes, durante y después de su privatización, que en diciembre de 1999 se unió a la francesa Seita y dio lugar al grupo Altadis. En cuanto a la aerolínea Iberia, empezó a vender su paquete accionarial asimismo en 1999 y su privatización iba a quedar completada al 95% en 2001. Hacia el final de la primera legislatura del Gobierno Aznar, únicamente continuaban en manos del Estado los ferrocarriles (Renfe, si bien en noviembre de 2003 iba a comenzar el proceso de privatización aquí también), la minería del carbón asturiano (Hunosa), los astilleros IZAR, el servicio de Correos, y los puertos y los aeropuertos; el Estado seguía teniendo participación en otras empresas menores, pero no de manera exclusiva.

En paralelo a las privatizaciones, se continuó con el proceso de reestructuración y simplificación, igualmente emprendido por los gobiernos de González, del sistema de holdings y agencias públicos que gestionaban el patrimonio del Estado. En julio de 1996 las dos divisiones de la Sociedad Estatal de Participaciones Accionariales (SEPA I y SEPA II) dieron lugar a la Sociedad Estatal de Participaciones Patrimoniales (SEPPA), con funciones conductoras de la campaña de privatizaciones. En septiembre de 1997 se procedió a disolver la Agencia Industrial del Estado (AIE), cuyas empresas y responsabilidades fueron transferidas a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), entonces dependiente del Ministerio de Industria y Energía. En abril de 2000 la SEPI fue puesta bajo la jurisdicción del Ministerio de Hacienda y en mayo de 2001, con la asunción de nueve sociedades hasta entonces pertenecientes a la Dirección General de Patrimonio, entre ellas la SEPPA (que desapareció), se convirtió en el único grupo estatal accionista en empresas industriales y de servicios, en muchas de ellas con cuotas de participación mínimas.

La privatización de las empresas de servicios tenía como objetivos declarados que las firmas recapitalizadas de cada ramo invirtieran en desarrollo tecnológico, multiplicaran la oferta de sus prestaciones a los usuarios y entraran en régimen de libre competencia por el mercado nacional con empresas nacionales de nuevo cuño u otras foráneas con licencia de operación en España (en las telecomunicaciones y los combustibles), con el previsible descenso de las tarifas para los consumidores. De paso, las grandes empresas privatizadas de España estarían en condiciones de pujar fuerte en licitaciones para participar en mercados liberalizados del exterior. Los bocados más apetecidos estaban en América Latina, donde muchos gobiernos venían conduciendo campañas de desnacionalización y privatización, y, en efecto, la potente expansión de las compañías y bancos españoles en lugares como Brasil, Argentina o Chile en los últimos años del siglo convirtieron al país europeo en el segundo inversor de capital privado en el subcontinente tras Estados Unidos. Las llamativas operaciones en el extranjero de las antiguas joyas de la corona tendieron a ser presentadas en la prensa como el reflejo del dinamismo de la España de Aznar.

Se dio la particularidad de que, a diferencia de las empresas industriales (altos hornos, automoción, textiles, astilleros) vendidas directamente al mejor postor en los años del Gobierno del PSOE y también en la primera legislatura popular, muchas de las cuales arrastraban pérdidas económicas o adolecían de obsolescencia, las compañías transferidas mediante sucesivas OPV eran de alta rentabilidad, gozaban de una posición preeminente en el mercado y su proyección internacional era notable. Puede decirse, por tanto, que Aznar y su equipo privatizaron por convicciones liberales, en asunción de los principios de la racionalidad económica y de unos retos que España debía alcanzar en la economía global.

Ahora bien, esta ardiente fe liberal de Aznar, pregonada de viva voz y demostrada con los hechos hasta evocar a Margaret Thatcher, presentó la aparente contradicción de que el Estado no renunciaba a intervenir en las decisiones estratégicas o en las políticas de tarifas de algunas grandes empresas recientemente privatizadas. La llamada acción de oro, contenida en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado, reservaba al Gobierno la autorización de operaciones de compraventa que afectaran a más del 10% del capital, para cerciorarse de que la empresa en cuestión iba a seguir prestando adecuadamente sus servicios. La normativa afectaba a Telefónica, Repsol-YPF, Endesa, Indra e Iberia, y expiraba, según los casos, entre 2004 y 2007. En mayo de 2003 el Tribunal de Justicia de la UE iba a sentenciar que la acción de oro contravenía la libre circulación de capitales del Mercado Interior Único, obligando al Gobierno a modificar la norma.

Por otro lado, muy pronto surgieron críticas a las pautas de las privatizaciones y quejas sobre sus resultados. El caso de Telefónica fue paradigmático, con el mantenimiento de un cuasi monopolio de hecho en la prestación integral de servicios telefónicos (infraestructura de red, soporte y comunicación); transcurridos unos años, el Gobierno hubo de reconocer que la desregulación de este sector del mercado no había dado los resultados apetecidos. Otra fuerte distorsión de la competencia fue observada por los consumidores en los combustibles, ya que teniendo a su disposición miles de gasolineras de un amplio abanico de compañías los precios apenas diferían entre una u otra. Más aún, las petroleras con más surtidores, Repsol-YPF, Cepsa y BP, dieron la sensación de funcionar como un oligopolio encubierto, y las mismas prácticas de precios concertados fueron denunciadas por el propio Ejecutivo en el sector eléctrico, afectando ahora a Endesa, Iberdrola y Unión Fenosa.

Para destacar las ventajas de la liberalización, el Gobierno insistió en que, con una perspectiva diacrónica, las tarifas habían caído en la telefonía fija, la telefonía móvil y la electricidad, pero las asociaciones de consumidores hicieron hincapié en el encarecimiento de las cuotas de abono de Telefónica -que a muchos usuarios les invalidaban los descuentos en la tarificación-, en la falsedad de poder elegir proveedor de gas y electricidad en las viviendas, y en la retórica de la libre competencia.

A mayor abundamiento, el Gobierno de Aznar concedió las presidencias de las empresas que todavía no habían completado su privatización a personas de su entera confianza; en el caso de Telefónica, el agraciado fue Juan Villalonga Navarro, compañero de colegio de Aznar, amigo del jefe del Gobierno y paladín de la polémica política corporativa de las stock options (opciones sobre acciones para los altos ejecutivos de la compañía con intención especulativa en bolsa y disfrazadas de incentivos laborales). En resumidas cuentas, el Gobierno de Aznar hacía retroceder ampliamente el peso del Estado en la economía, pero por otra parte, como si intentara subsanar su limitación de poder político en el Parlamento, se afanaba en controlar indirectamente los principales resortes productivos, y también algunos bancarios, del país, es decir, buscaba obtener influencia en el terreno de los poderes fácticos.

En relación con este punto, es preciso señalar dos características del ente público Radio Televisión Española (RTVE) bajo los gobiernos populares: fue la excepción espectacular del manejo ortodoxo de las cuentas del Estado, ya que su colosal deuda acumulada se disparó hasta los 6.300 millones de euros a finales de 2003, y también alcanzó unos niveles insospechados de manipulación y sectarismo en favor del partido gobernante. La ausencia de imparcialidad y objetividad en el tratamiento de las noticias por TVE (amén de la pobre calidad de su parrilla de contenidos) fue puesta en la picota en innumerables ocasiones dentro de España, inclusive por los propios trabajadores del medio. Además, su cobertura de la huelga general de junio de 2002 fue denunciada por el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) a la Audiencia Nacional, la cual le dio la razón al gremio y declaró probado que la cadena había vulnerado los derechos fundamentales de huelga y libertad sindical.

Fuera del país, en enero de 2004 la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa citó a RTVE como ejemplo de "clientelismo político" en un sistema de "Estado paternalista", y criticó que el director del ente fuera nombrado por el Consejo de Ministros. En resumidas cuentas, la política de Aznar con la información de procedencia pública fue radicalmente continuista de la ejecutada en la etapa de González. Pero, más allá del férreo control sobre RTVE, a lo largo del período de Aznar fue una constante la voluntad del Ejecutivo de remodelar el panorama de los medios de comunicación privados para aumentar y reforzar las líneas editoriales progubernamentales, valiéndose para ello de los grupos empresariales afines y de los propios resortes del Estado.

El partido de Aznar, pese a las garantías electorales de que su partido era ajeno a estos comportamientos, tampoco fue inmune a los escándalos de corrupción. Si bien es cierto que las intrincadas tramas fraudulentas denunciadas ante la justicia en los ocho años del Gobierno aznarista -además de que recibieron en los medios informativos un tratamiento menos sensacionalista y pugnaz- no se acercaron, ni en número ni en espectacularidad, a las afloradas cuando el poder estuvo en manos del PSOE, los fraudes denunciados en la sociedad de valores Gescartera, la quebrada empresa Ercros o las subvenciones comunitarias a las plantaciones de lino y cáñamo, que afectaron respectivamente y en mayor o menor grado a los ministros Cristóbal Montoro Romero (Hacienda), Josep Piqué i Camps (Industria y Energía, y luego Asuntos Exteriores) y Loyola de Palacio del Valle-Lersundi (Agricultura, Pesca y Alimentación), arrojaron graves sospechas de colusiones entre intereses privados y públicos en los ámbitos más cercanos al partido del Gobierno.

El escándalo político-financiero Gescartera, desarrollado a lo largo de 2001, ya en la segunda legislatura, pudo acarrear un alto coste al ejecutivo de Aznar, pero éste fue capaz de mitigar completamente el impacto político de un caso donde, insistió, las responsabilidades eran únicamente por estafa y estaban limitadas a unas pocas personas por las que el Gobierno no tenía que rendir cuentas ni ante al Congreso ni ante la opinión pública. A pesar de que el Ministerio de Hacienda había realizado varias investigaciones e impuesto multas por una serie de irregularidades a las empresas del grupo que se dedicaban a gestionar patrimonios y a asesorar en bolsa, y de la más que sospechosa documentación sobre el estado de sus cuentas bancarias entregada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Gescartera fue inscrita como agencia de valores en febrero de 2001. Sin embargo, la CNMV resolvió que Gescartera no cumplía los requisitos para seguir operando con ese estatus jurídico y en junio siguiente la intervino, destapando un fraude cuyas cuantías reclamadas sumaron los 94 millones de euros, al parecer evadidos a bancos del extranjero, y que dejó sin ahorros a 1.400 inversores, entre ellos clientes corporativos como congregaciones religiosas, fundaciones y cuerpos de la seguridad del Estado, además de un largo número de empresarios, políticos y funcionarios.

El presunto delito económico alcanzó ramificaciones insospechadas cuando la juez de la Audiencia Nacional que instruía el caso no sólo ordenó el ingreso en prisión del principal accionista de Gescartera y el cerebro del desfalco denunciado, Antonio Camacho Friaza, sino que llamó a declarar como imputados a la presidenta de la agencia, Pilar Giménez-Reyna (también encarcelada temporalmente), y a su hermano, Enrique Giménez-Reyna, una vez presentada su dimisión como secretario de Estado de Hacienda. La presidenta de la CNMV, Pilar Valiente (a la sazón, amiga de la esposa del presidente del Gobierno), quien ordenó la intervención y puso sobre aviso a la Fiscalía Anticorrupción, también hubo de renunciar al quedar en evidencia sus relaciones personales con los principales encausados. Por otro lado, un ex diputado popular, Luis Ramallo García, había sido vicepresidente de la CNMV antes de prestar servicios notariales a Gescartera.

Los ministros de Economía, Rato, y de Hacienda, Montoro, no fueron tampoco ajenos al escándalo: el primero, al conocerse que una empresa de su familia había recibido un crédito ventajoso del banco de Gescartera, el Honk Kong & Shanghai Banking Corporation (HSBC); el segundo, por la insistente defensa de su subalterno Giménez-Reyna a pesar de los fuertes indicios de tráfico de influencias que rodeaban su gestión en el Ministerio en relación con Gescartera, y por su negativa a explicar por qué la Agencia Tributaria había suspendido cuatro expedientes abiertos al grupo. En noviembre de 2001 la Comisión parlamentaria de investigación del caso exoneró al Ejecutivo de cualquier responsabilidad política por lo sucedido al negar que las actuaciones de Enrique Giménez-Reyna y Valiente contuvieran trato de favor a Gescartera. El dictamen, que provocó la airada pataleta del PSOE y otros grupos de la oposición, iba a ser el heraldo de una actitud instalada en el Ejecutivo de Aznar como el molusco a su roca: el rechazo sistemático a asumir responsabilidades políticas por los errores o sombras en la gestión e incluso la reluctancia a reconocer que el Gobierno pudiera haberse equivocado en alguna decisión.


5. Continuismo sin estridencias en política exterior
En la escena internacional, Aznar prolongó en su primer mandato gubernamental la línea socialista de normalidad y de participación en todas las organizaciones e iniciativas en las que España podía desarrollar un papel, así como de concesión de prioridad a las áreas de interés especial, en Europa, América Latina, la cuenca del Mediterráneo y el mundo árabe, si acaso reduciendo las fórmulas originales e intensificando la cooperación multilateral a la hora de adoptar una postura frente a un determinado acontecimiento internacional. El programa electoral del PP hablaba de respetar los compromisos exteriores de España, hasta la fecha apoyados en un amplio consenso partidista, y de orientar la política exterior hacia la defensa de los intereses económicos nacionales, intención esta última que iba a flotar sobre las relaciones con los principales países latinoamericanos y sobre la penetración en una zona, Asia oriental, con escasa presencia española hasta la fecha. Llegada la hora de gobernar, aquellas declaraciones fueron ejecutadas casi sin excepciones, mientras que las salidas unilaterales fueron sistemáticamente arrinconadas.

Ahora bien, dos decisiones de alcance, el lanzamiento del proceso de ingreso de España en la estructura militar integrada de la OTAN, aprobado por el Congreso el 16 de noviembre de 1996 y culminado el 1 de enero de 1999 con la plena funcionalidad de España en el Comité Militar de la Alianza, y, sobre todo, el endurecimiento de la política hacia Cuba, traducido en la suspensión de partidas de la cooperación al desarrollo, la cancelación de líneas de crédito y exigencias de reformas democráticas en la isla, fueron presentadas por la oposición socialista como muestras del proamericanismo de Aznar. Sin embargo, el antiguo partido gubernamental no cuestionó la participación española en las operaciones bélicas desde el aire, con aviones de la Fuerza Aérea Española integrados en la flota de bombardeo Allied Force, y de pacificación terrestre, Joint Guardian, realizadas por la Alianza Atlántica en Kosovo a lo largo de 1999 y en lo sucesivo. A principios de 2000, el Ejército español tenía comprometidos en la pacificación de la antigua Yugoslavia a cerca de 3.000 efectivos, repartidos en las misiones comandadas por la OTAN en Kosovo (KFOR) y Bosnia-Herzegovina (SFOR).

Por otro lado, Aznar fue el anfitrión en Madrid los días 8 y 9 de julio de 1997 de la reunión del Consejo Atlántico al nivel de jefes de Estado y de Gobierno que aprobó el ingreso en la OTAN de Polonia, Hungría y la República Checa en 1999. En ese preciso momento, España participaba con 325 soldados en la Fuerza Multinacional de Protección (FMP) para Albania, que, bajo mando italiano, fue autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU en marzo de 1997 para contribuir a restablecer el orden y proteger los suministros humanitarios en un país sumido en el caos de las revueltas sociales y políticas. La llamada Operación Alba, también integrada por efectivos franceses, griegos y de otros países aliados, se desarrolló en el destrozado país balcánico entre abril y agosto de 1997. Precisamente, la nada desdeñable implicación en los dispositivos militares de la OTAN estaba en las líneas de reasignación de tareas, definición de nuevas misiones y profesionalización de las Fuerzas Armadas españolas tanto en los ejércitos de la OTAN como en el Cuerpo de Ejército Europeo (Eurocuerpo), que, en una de las reformas del Gobierno de Aznar de más trascendencia social, dejaron de basarse en los reclutas de reemplazo. Esta histórica transformación merece ser comentada en un punto y aparte.

La supresión del Servicio Militar obligatorio de nueve meses (la popular o impopularmente llamada mili, vigente nada menos que desde 1770), que no constaba en el programa electoral del PP y que estuvo relacionada con los pactos con CiU, y la transición al Ejército profesional fueron instituidas en el proyecto de ley del Régimen del Personal Militar aprobado por el Consejo de Ministros en agosto de 1998, luego de que el Congreso diera luz verde a la desaparición de las penas de cárcel para los insumisos que se negaban a realizar tanto el Servicio Militar como la Prestación Social Sustitutoria (PSS) reservada a los objetores de conciencia. En realidad, no se trataba de una abolición, sino de una suspensión, ya que en la Constitución quedó intacto el artículo que recoge el deber de los ciudadanos de defender España, luego el llamado a la movilización general en caso de necesidad quedaba salvaguardado.

El plan inicial del Gobierno consistía en la reducción paulatina del contingente de hombres en armas de los 200.000 actuales a un máximo de 48.000 mandos (entre oficiales y suboficiales) y de 120.000 soldados, aviadores y marinos voluntarios al cabo de cinco años, período que terminó acortándose en un año. Sin embargo, el paso a las nuevas Fuerzas Armadas topó con dos serios imponderables: no se cubrieron todas las plazas ofertadas, ya que muchos jóvenes potencialmente interesados no encontraban atractivo destinar unos años cruciales de su vida al desempeño de una actividad muy mal remunerada y con un bagaje formativo que les parecía dudoso, y además quedó de manifiesto la urgente necesidad de incrementar el presupuesto del Ministerio de Defensa, para pagar las soldadas acometer drásticas modernizaciones de instalaciones y armamento, cuando la tendencia en Europa desde el final de la Guerra Fría era precisamente la contraria.

Además, tan pronto como el Gobierno anunció sus intenciones, las declaraciones de objeción de conciencia y las insumisiones se dispararon. En noviembre de 2000 se celebró el último sorteo de quintos, en marzo de 2001 se presentaron en sus cuarteles de destino los últimos 1.800 reclutas (de los 12.000 llamados a alistarse este mes), el 31 de diciembre siguiente fueron formalmente suprimidos el Servicio Militar y la PSS, y el 1 de febrero de 2002 quedaron eliminados del Código Penal los delitos de insumisión y de deserción referidos a los soldados de reemplazo.

Aznar viajó a Marruecos el 27 de mayo de 1996 para entrevistarse con el rey Hasan II y el primer ministro Abdellatif Filali. Fue su primera salida al exterior como presidente del Gobierno y el detalle dejó a las claras la importancia máxima que seguían teniendo las relaciones hispano-marroquíes, considerando aspectos tan sensibles como los acuerdos pesqueros, la inmigración ilegal de ciudadanos del país magrebí, los flujos de narcotráfico en ambos lados del estrecho de Gibraltar y la reivindicación para la soberanía marroquí de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, amén de la malquistada divergencia sobre el Sáhara. En su segunda visita a Rabat, en abril de 1998, Aznar discutió con el primer ministro Abderrahman El Youssoufi la reconversión en inversiones privadas de la deuda contraída por Marruecos, la concesión de preferencias a las empresas españolas en el proceso de privatizaciones conducido en el reino alauí y la búsqueda de soluciones para los pescadores españoles tras la expiración, el 30 de noviembre de 1999, del Acuerdo Pesquero iniciado con la UE el 1 de diciembre de 1995. La misma agenda presidió la entrevista entre los dos gobernantes en Madrid el 28 de abril de 1999.

Sobre el particular, el Gobierno marroquí ya había advertido que deseaba explotar su propia capacidad pesquera y que aquel era el último acuerdo de "primera generación" (consistente en el pago de un canon por faenar en los caladeros marroquíes), teniendo en lo sucesivo la UE, y España en particular, que avenirse a otras formas de cooperación, inclusive a través de sociedades mixtas. Ahora, Rabat vinculó la eventual renovación del convenio pesquero al aumento de las cuotas de exportación hortofrutícola marroquí al mercado español. El rechazo del Gobierno Aznar a las pretensiones de Rabat impidió la vigencia de una normativa sobre pesca cuando el acuerdo comunitario llegó a su fin en la fecha estipulada.

El caso fue que en los meses siguientes, las relaciones hispano-marroquíes se resintieron de la falta de sintonía entre Youssoufi, que era como decir Palacio, y Aznar. A pesar de que Madrid se esforzó en transmitir normalidad, no se consiguió avanzar en la solución de los problemas de fondo ni se pudo superar la desconfianza personal y política entre los gobernantes de uno y otro lado del Estrecho. La crisis diplomática estalló en la segunda legislatura, el 29 de octubre de 2001, cuando Rabat retiró por sorpresa a su embajador en Madrid. La cesura en el diálogo repercutió inmediatamente en los programas bilaterales de cooperación.

En 1996 Aznar realizó sus primeros viajes a Francia (1 de junio), Alemania (12 de junio), México (5 a 7 de septiembre), Portugal (29 y 30 de octubre) y el Reino Unido (27 de noviembre). Para más tarde quedaron las primeras visitas a Brasil (16 a 19 de abril de 1997), Argentina (19 a 22 de abril de 1997), Estados Unidos (28 de abril a 1 de mayo de 1997), Japón (29 a 31 de octubre de 1997), Rusia (16 a 19 de mayo de 1999) y China (25 a 29 de junio de 2000). En su primera visita oficial a Estados Unidos en 1997 Aznar recibió la gratitud de la mayoría republicana del Congreso opuesta a la administración demócrata de Bill Clinton por el giro, al parecer, inequívoco de las relaciones entre España y Cuba. No obstante, el gobernante español se sumó -aunque sin vehemencia- al rechazo europeo de las leyes Helms-Burton, que sancionaba las inversiones de terceros países en la isla, y Kennedy-D'Amato, que contemplaba iguales medidas punitivas para Libia e Irán.

El primer encuentro de Aznar con Fidel Castro, al que hizo saber la posición crítica del Gobierno español sobre la situación de los disidentes y, en general, sobre la falta de libertades en el país caribeño, fue con motivo de la VI Cumbre Iberoamericana, celebrada en Santiago de Chile y Viña del Mar el 10 y el 11 de noviembre de 1996, días después de crear en Madrid dirigentes del PP y de la Fundación Nacional Cubano-Americana de Jorge Mas Canosa la Fundación Hispano-Cubana, presentada como un verdadero lobby anticastrista. Poco después España intentó que la UE endureciera la política común de los Quince hacia Cuba y el dictador, airado, ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores retirar el plácet al embajador español. Cabe identificar, por tanto, a Cuba como el único objeto de la diplomacia española donde sí se apreció un cambio de tendencia.

A lo largo de 1997 y 1998 las relaciones hispano-cubanas se destensaron un tanto, aunque la cordialidad siguió brillando por su ausencia. El nombramiento por Aznar de un nuevo embajador, que esta vez sí recibió el plácet cubano, en abril de 1998 sirvió para desbloquear el diálogo bilateral. En octubre siguiente los presidentes se entrevistaron en Oporto, en el contexto de la VIII Cumbre Iberoamericana, y en el mismo Palacio de la Moncloa de Madrid. Entonces, se habló de “realismo” para normalizar las relaciones bilaterales. Pero la falta de sintonía por las diferencias ideológicas de fondo no tardó en resurgir. El 15 de noviembre de 1999 Aznar, horas después de afirmar que no se daban las condiciones para una visita oficial del rey Juan Carlos, recaló en La Habana junto con el monarca para asistir a la IX Cumbre Iberoamericana; en una atmósfera sumamente enrarecida, las relaciones entre dos estadistas antitéticos que ni simpatizaban mutuamente ni eran capaces de establecer conexiones personales de ningún tipo volvieron a brindar todo un repertorio de gestos llenos de frialdad. El desapego llegó a su clímax con motivo de la X Cumbre Iberoamericana, en noviembre de 2000 en Panamá, cuando el cubano fue el único presidente que se negó a suscribir una declaración de condena del terrorismo de ETA porque en la misma no se censuraba también el terrorismo practicado por los exiliados anticastristas más extremistas.

El 30 de octubre de 1996 Aznar recibió en Madrid a Yasser Arafat, al que confirmó el respaldo español a la exigencia de la Autoridad Nacional Palestina de que Israel cumpliese lo que le concernía de los acuerdos firmados sobre la retrocesión de territorios, la transferencia de competencias y la evacuación de tropas. En septiembre de 2000 Arafat y el entonces primer ministro israelí, Ehud Barak, aceptaron al presidente español como interlocutor compartido, pero el estallido en Jerusalén oriental de la segunda intifada palestina complicó las ya de por sí limitadas posibilidades mediadoras de España en la región, teniendo presente además que cualesquiera esfuerzos diplomáticos debían subordinarse al consenso intergubernamental que presidía la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) de la UE, la cual intervenía en el moribundo proceso de paz a través de un enviado especial, español a la sazón, Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé.

La propuesta hecha por Aznar en El Cairo en febrero de 2001 de celebrar una segunda conferencia multilateral de Madrid para relanzar el proceso de paz -de hecho, volado en mil pedazos desde el estallido de los combates entre palestinos e israelíes en los territorios autónomos y ocupados-, fue rechazada por el presidente egipcio Hosni Mubarak por innecesaria, ya que ese encuentro, en su opinión, significaría dar por inútiles todos los acuerdos suscritos desde 1993 y arrojar dudas sobre el principio básico de paz por territorios.


6. Defensa de los intereses nacionales en la Unión Europea
Aznar comulgaba con las sensibilidades europeístas de su partido, donde en el pasado habían aflorado posturas fuertemente euroescépticas, y en su etapa de consolidación como líder del PP en los años en la oposición consiguió persuadir a los últimos vacilantes sobre esta cuestión crucial. Ahí quedaba, por ejemplo, su defensa a ultranza de la UEM, aceptando entregar a un poder supranacional, el Banco Central Europeo, lo esencial de un atributo clásico de la soberanía de los Estados como es la política monetaria. Sin embargo, en sus participaciones en los consejos europeos se hicieron patentes una serie de particularidades de esta vocación dirigida a Europa, que de hecho quedó matizada, si no cuestionada, en opinión de sus detractores de dentro y fuera de la política.

En Aznar se observó desde el principio la determinación de batallar por los intereses nacionales de España, aun a riesgo de que ese celo generase tensiones con otros gobiernos y entrase en contradicción con las percepciones de la mayoría sobre cuál era el objetivo general de la Unión en un determinado momento. Para Aznar, había una serie de cuestiones invariablemente relacionadas con las dotaciones financieras y los subsidios en las que España, país receptor de recursos comunitarios netos por antonomasia y en los cuales hacía descansar una parte nada desdeñable de su crecimiento económico, no podía perder bajo ningún concepto, dando la sensación de que ponía una especial insistencia no tanto en el concepto de la construcción europea, que equivale a dar su brazo a torcer los gobiernos en un sinfín de ocasiones en aras del interés común, como en la maximización de las ventajas materiales que conlleva la condición de Estado miembro.

El presidente del Gobierno español tendió a aferrarse al estatus del momento, a las cuotas de poder institucional y al peso político de España mensurable en esos términos, y a esgrimir el derecho a bloquear decisiones del Consejo Europeo –donde todo ha de acordarse por unanimidad- si advertía un perjuicio severo para su país. No fueron pocas las veces en que trascendió el malestar de algunos gobiernos presentes en el Consejo y de funcionarios de la Comisión Europea por el estilo negociador duro y correoso de Aznar, al que achacaban escasa capacidad para ofrecer alternativas o fórmulas de compromiso con el objeto de que la Presidencia del Consejo pudiera publicar unas conclusiones fructíferas. La expresión "renacionalización" de la política española en la UE fue insistentemente empleada por analistas y comentaristas.

No cabe duda de que Aznar se sintió autorizado para hacer valer sus posturas en el Consejo Europeo después de haber conseguido cuadrar el balance de ingresos y de gastos, satisfacer los criterios de convergencia y meterse en el euro, sin pasar grandes apuros de última hora y sin provocar alteraciones de la paz social, al contrario que en Francia, Alemania o Italia. A partir de la fecha clave del 1 de enero de 1999, Aznar se convirtió en el más preclaro abogado del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), por el que los países de la UE se comprometen a prolongar indefinidamente la disciplina presupuestaria, manteniendo el déficit público por debajo del 3% del PIB a corto plazo, y aproximándolo al equilibrio o alcanzando el superávit a medio y largo plazo. Los operadores financieros se quitaron el sombrero ante el éxito de España, que rompió el tópico de país sureño manirroto o heterodoxo en el manejo de los dineros públicos, y los principales líderes de la UE aprendieron a respetar la seriedad y el aplomo de su colega español.

Sin embargo, voces de la oposición española advirtieron en reiteradas ocasiones que la preferencia de la cooperación intergubernamental frente a la dimensión comunitaria y la defensa intransigente de los intereses materiales de España podían, ciertamente, reportar ventajas en el momento, pero a la larga el país perdía influencia, y de alguna manera, poder, al alejarse progresivamente de las posiciones de avanzada y granjearse la desconfianza de las instancias que mejor representaban las nociones comunitarista y federalista. Hostil al concepto del núcleo duro de la UE representado por el eje franco-alemán, Aznar no tenía ninguna intención de hacer política europea a rebufo de lo que decidieran París y Berlín, y para ello, ya en la segunda legislatura y con muy discretos resultados, se afanó en construir una suerte de alineamiento de contrapeso con el Reino Unido y la Italia de Silvio Berlusconi. Del Gobierno español emanó una constante preocupación por las consecuencias financieras de la ampliación a los países de la antigua Europa comunista, ya que el pastel de los fondos iba a tener que repartirse entre más comensales, y también en el equilibrio de poderes, dado que el centro de gravedad de la UE iba a desplazarse hacia el este, concretamente a Alemania y el área de influencia germana.

España protagonizó en diciembre de 1998 en Viena una dura pugna con Alemania a propósito de la negociación de los presupuestos comunitarios para el sexenio 2000-2006, también conocidos en la jerga de la casa como las Perspectivas Financieras. Entonces, hacía sólo unas semanas que en la Cancillería Federal el veterano democristiano Helmut Kohl, al que Aznar destinó un tratamiento deferente nada más llegar a Moncloa pero con el que no acertó a conectar a nivel personal, había sido desplazado por el socialdemócrata Gerhard Schröder, un líder que por trayectoria personal, pensamiento político y visión de la construcción europea aún tenía menos posibilidades de congeniar con el español.

El presidente advirtió en el Consejo de Viena que no iba a aceptar la ampliación de la UE en los primeros años del siglo XXI si se imponía el criterio de Alemania, compartido por otros estados miembros esencialmente contribuyentes (Austria, Suecia, Países Bajos), de retirar las subvenciones comunitarias a los países de la eurozona. Las tesis de Aznar quedaron debilitadas al unirse Francia al plan alemán, aunque en el Consejo Europeo extraordinario de Berlín en marzo de 1999 los mandatarios apuraron un acuerdo sobre la reforma del Fondo de Cohesión (instrumento de ayuda y solidaridad ligado al éxito de la UEM y destinado a los países cuyo PIB por habitante es inferior al 90% de la media comunitaria), del que España había recibido nada menos que el 55% del total en 1998, la Política Agraria Común (PAC) y los demás Fondos Estructurales.

Confuso en sus resultados, Aznar consideró el apaño alcanzado en Berlín favorable a los intereses nacionales al postergar los cambios pretendidos por el canciller Schröder y asegurarse España, según sus cálculos, un beneficio neto de 50.000 millones de euros en las nuevas Perspectivas Financieras después de recortarse el Fondo de Cohesión a los 18.000 millones y los Fondos Estructurales a los 213.000 millones, si bien el documento de conclusiones que publicó la Presidencia alemana no recogió expresamente el compromiso de elevar al 62% la cuota española de los Fondo de Cohesión. Madrid daba por supuesto que la ampliación debía realizarse sin someter a las actuales políticas comunes al ahorro generalizado y se mostró abierto a negociar la aportación por cada Estado de partidas adicionales al presupuesto comunitario para cubrir los costes de la gran oleada de ingresos en ciernes; entre los países candidatos, hubo quienes acusaron al Gobierno español de no admitir ningún sacrifico propio y de estar dispuesto a obstaculizar los procesos de adhesión.

El cordial encuentro a tres celebrado por Aznar, Schröder y el primer ministro socialista francés Lionel Jospin en Madrid el 2 de diciembre de 1999, para la firma de un acuerdo de colaboración entre empresas que alumbraba a la Compañía Europea de Aeronáutica, Defensa y el Espacio (EADS), sirvió para limar ante la opinión pública sus diferencias en cuestiones europeas, entre las que, además de las relatadas, figuraba la posibilidad de avanzar hacia una política común de empleo desde la coordinación de las respectivas políticas nacionales. El eje franco-alemán hablaba de establecer un contrapeso "social" del PEC, pero España no quería oír hablar del asunto: para Aznar, las políticas de creación de empleo debían seguir siendo competencia exclusiva de los estados.

Aznar también consideró "inviable" la formación de un "grupo pionero", obviamente, Francia y Alemania, según la fórmula expresada por el presidente galo Jacques Chirac, un aliado natural suyo por compartir familia ideológica conservadora (desde julio de 1999 fue, además, colega en el PPE) con quien, sin embargo, rara vez se entendió. Chirac promocionó este grupo pionero como un elemento dinamizador fundamental de la UE, a la vez que Aznar encontraba un aliado, aún no estaba claro si meramente coyuntural o de carácter más sólido, en el primer ministro laborista británico, Tony Blair, al que empezó a referirse como "mi amigo" en las lides europeas y con el que el 10 de abril de 1999 realizó en Chequers una declaración conjunta sobre la reforma neoliberal del mercado de trabajo que sepultó las últimas esperanzas de Jospin de que Bruselas adquiriese competencias en empleo y que destacó el buen momento de las relaciones hispano-británicas, pese al sempiterno problema de Gibraltar. En cambio, las relaciones entre Aznar y Chirac, descolocadas por dos visiones contrapuestas en aspectos clave de la construcción europea y en grandes orientaciones internacionales, iban a empeorar de año en año, pudiendo hablarse sin exagerar de una animadversión mutua cuando el primero abandonó el Ejecutivo español en 2004.

En los meses previos y posteriores al Consejo Europeo de Biarritz, el 13 y el 14 de octubre de 2000, que debía sacar adelante la reforma de las instituciones dejada sin tocar por el nuevo Tratado de la Unión Europea (TUE) -aprobado en Amsterdam en junio de 1997, firmado en octubre siguiente y entrado en vigor el 1 de mayo de 1999 después de completarse el proceso de ratificaciones nacionales (España depositó los instrumentos el 5 de enero de 1999)-, y que era, junto con la readecuación del presupuesto comunitario, la otra gran transformación imprescindible antes de admitir a nuevos estados miembros, Aznar defendió la conversión de España en un país grande, saltando desde su situación singular de país medio-grande y compartiendo estatus con Alemania, Francia, el Reino Unido e Italia, a fin de asegurar su proyección en la toma de decisiones, tanto en el Consejo de la UE (en el caso de que se hiciera una reponderación del voto igualitaria para los países más populosos) como en la Comisión (si se decidiera que los países pequeños dejasen de tener al menos un comisario).

En la ciudad francesa Aznar informó que su país no tendría inconveniente en extender a nuevas materias el sistema de voto por mayoría cualificada, así como las denominadas cooperaciones reforzadas, es decir, la posibilidad de que un número determinado de miembros decida progresar más que el resto en la integración, a los ámbitos intergubernamentales de la PESC y de justicia e interior. Pero puso como límite las políticas comunes en la cohesión social, los mercados agrícolas y el desarrollo regional, donde los estados, en su opinión, deberían mantener el derecho de veto. La posición española en Biarritz fue sólo una más de las perfiladas con criterios de pura defensa nacional. La urgente reforma institucional para hacer operativa una UE de 25 miembros a partir de 2004 quedó postergada hasta el Consejo de Niza, que debía cerrar la Presidencia francesa en 2000. La trascendental cita ("la madre de todos los consejos") tuvo una duración sin precedentes: del 8 al 11 de diciembre.

En Niza, luego de cuatro días de reuniones contrarreloj y de múltiples tarascadas, los mandatarios cerraron un acuerdo de Tratado y de Declaración que para España supuso el mantenimiento del Fondo de Cohesión hasta 2013 (una concesión de Alemania), la consolidación como quinto país grande y el recorte del diferencial de fuerzas en el Consejo de la Unión con los cuatro estados más potentes, fuertemente distanciados de España en cuanto a población y PIB. Pasando de 8 votos a 27, España fue el Estado miembro que más vio crecer su cuota decisoria en el nuevo sistema de voto ponderado, quedando de hecho absolutamente sobre representado en relación con Alemania, Francia, Reino Unido e Italia, que saltaron de 10 a 29. Desde el 1 de noviembre de 2004 (el resto del Tratado iba a entrar en vigor el 1 de febrero de 2003) y en los cinco años siguientes, España podría bloquear las decisiones ministeriales aprobadas por mayoría cualificada (232 votos) de los 25 estados miembros con el apoyo de dos países grandes y un cuarto mediano. Claro que España perdía un comisario (tenía dos) y 10 escaños en el nuevo Parlamento de 732 miembros (tenía 64), y en el Consejo iba a tener que compartir con Polonia la condición singular de país medio-grande. Para Aznar, los resultados de Niza fueron "equilibrados y muy favorables" para España.

Hasta aquí, las reluctancias, las aprensiones y las porfías de Aznar, que, como se ha visto, se circunscribieron al llamado primer pilar de la Unión, esto es, las cuestiones propiamente supranacionales o del acervo común. Por el contrario, el dirigente español siempre mostró un gran interés en avanzar sin complejos en el pilar segundo de la Unión, la PESC, y, sobre todo, en el pilar tercero, la cooperación en los asuntos de justicia e interior. El Gobierno de Madrid estuvo entre los impulsores de la Política Europea de Seguridad y de Defensa (PESD), enunciada en el Tratado de Amsterdam y comenzada a desarrollar en los consejos europeos de Colonia y Helsinki en 1999. La PESD era concebida como parte integral de la PESC y sostenía la pretensión de que la UE fuera asumiendo un rango de capacidades tradicionalmente reservadas a la UEO y la OTAN, pero siempre y cuando se coordinara (y, en la práctica, se subordinara) con esta última. Aznar opinaba que la OTAN debía seguir siendo el único marco de la defensa colectiva de los estados que tenían la doble membresía, pero ello no era óbice para que Europa se dotara de una fuerza militar, autónoma de Estados Unidos y de tamaño limitado, para hacer frente a situaciones de crisis en el continente.

En el Consejo Europeo de Dublín de diciembre de 1996, Aznar expuso su parecer de que la concesión de asilo por razones políticas a ciudadanos de la UE por gobiernos de la UE era una contradicción insostenible. Bélgica, que albergaba a varios miembros de ETA, y otros países se opusieron a que esta abrogación fuese incluida en el articulado del nuevo TUE. Aznar hubo de conformarse con un protocolo anejo que restringía la posible concesión del asilo político a nacionales de la UE a los casos en que el Estado del nacional demandante hubiese cometido violaciones "graves y persistentes" de los Derechos Humanos, las libertades fundamentales y los principios democráticos.

Las propuestas de Aznar en la materia tuvieron una mejor concreción en el Consejo Europeo extraordinario de Tampere, en octubre de 1999, que acuñó el concepto de Espacio Europeo de Libertad, Seguridad y Justicia (ELSJ) y aprobó una serie de medidas para la lucha contra el crimen organizado, el control coordinado de los flujos inmigratorios y la definición de un Sistema Europeo Común de Asilo. Sus denodados esfuerzos para conseguir la orden de detención europea, o euroorden, instrumento destinado a reemplazar los prolijos procedimientos de extradición por la captura y la entrega directa sobre la base del mutuo reconocimiento de las decisiones judiciales de naturaleza penal, se vieron coronados con éxito en diciembre de 2001 en el Consejo Europeo de Laeken, celebrado semanas después de que Aznar resultara elegido presidente de la IDC y en un contexto internacional favorable a este tipo de iniciativas, con los macroatentados islamistas de Nueva York y Washington aún recientes. La euroorden debía entrar en vigor el 1 de enero de 2004. Al margen de los asuntos de la UE, en las agendas de los viajes de Aznar a países europeos y americanos fueron unas constantes la cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo y la firma de acuerdos de extradición bilaterales, o de agilización de los ya existentes, que afectaban a activistas de ETA refugiados en estos países.


7. Los desencuentros con los nacionalismos periféricos y la fallida tregua de ETA
Las relaciones de Aznar con sus principales socios parlamentarios, CiU y el PNV, siempre estuvieron expuestas a desavenencias por las dificultades de conciliar los proyectos políticos de fondo, que obedecían a unas visiones radicalmente diferentes de lo que era o debía ser España, pero también por el difícil trato personal del presidente del Gobierno, quien no tenía por costumbre complacer a sus interlocutores, ni siquiera con pequeños gestos de valor simbólico, si entendía que la razón estaba de su parte y que aquellos únicamente acudían con demandas y exigencias a costa del Estado y los intereses generales. Las diferencias con los nacionalistas catalanes y vascos no hicieron más que agrandarse en los ocho años de gobierno, y con los segundos, acaudillados por Xavier Arzalluz Antía y embarcados en un proyecto soberanista, el PP alcanzó cotas de enfrentamiento tan inusitadas que al final del período el mero diálogo normal entre instituciones, los respectivos gobiernos, había desaparecido.

De entrada, Pujol y Arzalluz se dieron cuenta de que Aznar era hostil a completar el techo competencial previsto en los estatutos de autonomía de sus respectivas comunidades. Tras llevar a cabo en la primera legislatura el pleno cumplimiento de los pactos autonómicos PP-PSOE de 1992 para ejecutar y armonizar las nuevas transferencias a las 10 comunidades autónomas de vía lenta (aquellas que se habían acogido al autogobierno sobre la base del art. 143 de la Constitución), y luego de establecer en 1997 el modelo de financiación autonómica basado en la cesión de hasta el 30% del IRPF a las tesorerías de todas las comunidades y que debía regir hasta 2001, el Gobierno del PP expresó el parecer de que lo esencial de los procesos de desarrollo autonómico ya estaba realizado.

Esta actitud vigilante ante las aspiraciones de los nacionalistas catalanes, vascos y también gallegos -si bien éstos no gobernaban en su comunidad, donde el sentir nacionalista es menor-, que apuntaban a la superación del statu quo autonómico, así como la renuencia a satisfacer otras reivindicaciones de las comunidades comúnmente no consideradas históricas, las justificó Aznar en aras de la homogeneidad jurídica del Estado en terrenos de interés general y de la salvaguardia de la solidaridad entre los entes que lo componen. Pronto surgieron críticas, y no sólo desde los medios nacionalistas, hacia un modelo de Estado de Aznar en el que no encajarían debidamente las diversas realidades nacionales, con una historia, una lengua y unos símbolos aglutinantes, en las que el Gobierno del PP, al contrario, observó suficientes puntos en común como para reclamar el distintivo español para todas ellas.

La interpretación compartida de los términos nacionalidades y regiones que la Constitución, dicho sea de paso que con bastante imprecisión (la Carta Magna no especifica cuál es cuál, no relaciona claramente esa distinción con las categorías de comunidad de vía rápida o lenta, y ni siquiera parcela a priori las 17 autonomías), emplea en su título preliminar para referirse a los entes que integran la nación española, estaba detrás de la Declaración de Barcelona, suscrita el 16 de julio de 1998 por CDC, UDC, PNV y el Bloque Nacionalista Galego (BNG, izquierda). Los firmantes proclamaron en la capital catalana que "al cabo de veinte años de democracia continúa sin resolverse la articulación del Estado español como Estado plurinacional", un manifiesto de insatisfacción que hacía lectura de España como nación de naciones culturales, entendidas por tales las nacionalidades enunciadas en la Constitución. La visión plurinacional de España era divulgada por muchos juristas y constitucionalistas, y en el PSOE se trataba de un concepto asumido por algunos dirigentes. Esto no parecía suceder en el PP, y ciertamente Aznar jamás se expresó en términos de plurinacionalidad española como tampoco aceptó el concepto de federalismo asimétrico barajado por los socialistas catalanes.

Pero los debates sobre el traje autonómico del Estado causaban un desasosiego incomparablemente menor que la grave situación focalizada en el País Vasco, donde las exigencias de los independentistas más fanatizados se valían de la dialéctica del tiro en la nuca y el coche bomba, por emplear una expresión habitual en los partidos democráticos. Frente a la perpetuación de la violencia de ETA, que en 1998 cumplió sus tres décadas de asesinatos, el Gobierno de Aznar esgrimió desde el primer momento una política invariablemente firme y templada en los momentos difíciles que mereció el respaldo de una parte muy mayoritaria de la opinión pública y de una ciudadanía movilizada en contra el terrorismo.

En el período relatado, varios concejales del PP de dentro y fuera del País Vasco fueron víctimas de disparos a bocajarro o de ataques con explosivos que acabaron con sus vidas, y hay que recordar que el propio Aznar a punto estuvo de perecer el 19 de abril de 1995, cuando era jefe de la oposición, en el estallido de un coche bomba al paso de su vehículo blindado, experiencia dramática que ha tendido a olvidarse cuando se ha entrado a valorar su postura de combatir el terrorismo sin descanso y si la mínima concesión. Los 80 kilos de amosal y de metralla colocados por el comando Madrid de ETA provocaron heridas de diversa consideración a varios viandantes (uno de los cuales, una mujer, falleció meses después), pero el líder popular, su chófer y su escolta salieron ilesos del atentado porque el blindaje del utilitario aguantó la onda expansiva. En las imágenes ofrecidas por las televisiones, Aznar, con una sangre fría y una entereza impresionantes, apareció abandonando el lugar del siniestro por su propio pie para dirigirse a una clínica próxima donde le fue curado un pequeño corte en la barbilla.

La movilización ciudadana contra ETA vivió un punto de inflexión los días 10, 11 y 12 de julio de 1997 con el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco Garrido, joven concejal del PP en el ayuntamiento de la localidad vizcaína de Ermua. La ejecución temporizada en 48 horas fue presentada por la banda como un ultimátum al Gobierno para que en ese tiempo trasladara a todos los presos etarras a cárceles del País Vasco, plazo de imposible cumplimiento que más bien hizo pensar en un acto de cruel venganza por la exitosa liberación, días atrás por la Guardia Civil, del funcionario de prisiones burgalés José Antonio Ortega Lara, mantenido secuestrado en un zulo (cubículo camuflado) en Mondragón, Guipúzcoa, en condiciones infrahumanas desde enero de 1996. Otro secuestrado de ETA, el abogado vizcaíno Cosme Delclaux Zubiria, también había recobrado recientemente la libertad, pero en su caso fue soltado por sus captores después de pagar la familia un millonario rescate. El asesinato de Blanco el 12 de julio desató una ola de indignación sin precedentes en el País Vasco y el resto de España, donde millones de manifestantes corearon el grito "¡basta ya!".

La rebelión civil contra la barbarie de ETA empujó a un cierre de filas de todos los partidos que habían suscrito (12 de enero de 1988) el Acuerdo para la Normalización y la Pacificación de Euskadi, más conocido como la mesa o el pacto de Ajuria Enea, consistente en un consenso básico de los partidos democráticos vascos contra el terrorismo y en defensa del Estatuto de Autonomía de Gernika de 1979. Sin embargo, como había sucedido en el pasado e iba a seguir sucediendo en el futuro frente a los hechos consumados de ETA, no tardaron en emerger las divisiones entre los partidos nacionalistas y no nacionalistas –estos últimos, referidos desde su campo como constitucionalistas o estatutarios, y llamados con deje despectivo españolistas por los primeros- sobre las fórmulas para acabar con la violencia en el País Vasco. El PNV por un lado y el PP por el otro adoptaron las posturas más pugnaces, y las divergencias entre los partidos que gobernaban en Vitoria y en Madrid tomaron la forma de un antagonismo irreconciliable. Aznar y el polémico y polemista Arzalluz exhibieron una mutua animadversión que no había sido de siempre y sepultaron las formas de cortesía que rodearon las negociaciones parlamentarias de 1996.

El PP acusó al PNV de ser incapaz de plantarle cara a ETA y de romper todos los lazos con Herri Batasuna (HB, Unidad Popular), la expresión política legal del llamado Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV, a su vez, una sigla englobadora del entramado de organizaciones del mundo radical, con ETA, el brazo armado, situado en la cúspide), el cual funcionaba como un partido que concurría a elecciones y tenía cargos electos en todos los niveles de representación popular. También, los populares acusaron a los peneuvistas de no involucrar a fondo a la Consejería del Interior del Gobierno Vasco y a la Policía autonómica que estaba a su cargo, la Ertzaintza, en la persecución del terrorismo y de su faceta de sabotaje urbano o lucha callejera (kale borroka), perpetrado por jóvenes de HB, así como de trazar paralelismos imposibles entre la llamada izquierda abertzale y el propio PP.

Finalmente, el partido de Aznar no podía aceptar que los dirigentes nacionalistas tendieran a hacer lo que les parecía una abstracción de la realidad cotidiana de asesinatos, extorsiones económicas y amenazas que afectaban a miles de vascos de variada condición ideológica, si bien los militantes y cargos electos del PP y el Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra (PSE-EE, rama del PSOE en la Comunidad), así como los miembros de los cuerpos de seguridad desplegados en la CAPV, incluida la Ertzaintza, eran con creces los blancos preferidos. El PNV insistía en la existencia de un "conflicto vasco no resuelto", al margen de ETA, que hundía sus raíces en la falta de reconocimiento pleno por el Estado español de unos derechos colectivos del pueblo vasco

Por su parte, el PNV y su socio de gobierno nacionalista, Eusko Alkartasuna (EA, Solidaridad Vasca, escisión progresista sufrida por el centenario partido en 1986, de ideario abiertamente independentista, aunque pacífico y respetuoso con las instituciones), denunciaron la formación de un "frente españolista" y acusaron al PP de exhibir un monolitismo funesto y de obstaculizar cualquier cauce para el final dialogado de la violencia. Asimismo, de extralimitarse en la "criminalización" del conjunto de la izquierda abertzale al "presionar" al Tribunal Supremo para que condenara a penas de prisión, cosa que sucedió en diciembre de 1997, a los miembros de la Mesa Nacional de HB por apología del terrorismo y colaboración con banda armada. Estos delitos fueron detectados por la justicia en la incorporación del vídeo propagandístico de ETA Alternativa Democrática en el espacio electoral gratuito a que HB había tenido derecho durante la campaña de las generales de 1996. Sobre este particular, hay que añadir que en julio de 1999 el Tribunal Constitucional anuló la sentencia del Supremo y excarceló a los dirigentes batasunos, auto que los nacionalistas vascos interpretaron como una derrota política del Gobierno popular.

Lo cierto fue que Arzalluz y sus incondicionales en el Euskadi Buru Batzar (EBB), máximo órgano ejecutivo peneuvista, se desvincularon del compromiso asumido por la mesa de Ajuria Enea, que de hecho pasó a mejor vida, de aislar políticamente a HB y, por el contrario, lanzaron una estrategia soberanista que contemplaba un escenario pacificado en el País Vasco por la vía de la negociación política sin exclusiones de interlocutores y sin condiciones de partida, y sobre la base del principio de autodeterminación. En resumidas cuentas, reclamación de soberanía territorial e inhibición de ETA iban de la mano para el PNV y EA. En estas circunstancias, era inevitable la colisión con el Gobierno de Aznar y, más allá del titular circunstancial del Ejecutivo español, con el propio Estado, ya que el PSE-EE, que el 30 de junio de 1998 puso fin a la experiencia del Gobierno de coalición con el PNV y EA en Vitoria (dejándoles en minoría parlamentaria), y un buen número de altos cargos institucionales apartidistas también censuraron sin paliativos el viraje político del partido de Arzalluz y del presidente del Gobierno Vasco o lehendakari, José Antonio Ardanza Garro.

Dicho plan quedó inscrito en el Pacto de Estella o Pacto de Lizarra-Garazi, firmado en esta localidad navarra el 12 de septiembre de 1998 por el 23 organizaciones políticas, sociales y sindicales del País Vasco, la práctica totalidad de signo nacionalista y sin faltar HB, las cuales se inspiraron en el acuerdo de paz de Viernes Santo en Irlanda del Norte. Los dirigentes populares vascos y nacionales pusieron el grito en el cielo: el documento de Estella suponía poner un "precio político" para alcanzar la paz, dinamitaba el consenso antiterrorista de los partidos democráticos, no exigía la disolución de ETA y daba a la banda un formidable balón de oxígeno justo cuando el rechazo social al terrorismo más se hacía sentir, enfilaba "el camino de la independencia" del País Vasco y forzaba a "hacer las maletas a 35.000 vascos". A Estella el nacionalismo vasco llegó tras meses de conversaciones secretas o reconocidas entre representantes del PNV y HB.

Consecuencia directa e inmediata del Pacto de Estella fue el anuncio por ETA el 16 de septiembre de una tregua unilateral e indefinida. El último crimen de la banda se había producido el 25 de junio, siendo la víctima Manuel Zamarreño Villoria, el único concejal que el PP tenía en el ayuntamiento de Rentería, Guipúzcoa, y que en diciembre anterior había sustituido a un colega de partido igualmente asesinado. Aznar, que conoció la noticia de viaje oficial en Perú, comunicó al punto que no sería "insensible" a las expectativas de cese de los atentados, pero tampoco aventó las ilusiones. A pesar de las fuertes suspicacias sobre la verdadera voluntad de la banda de terminar con la violencia, el Gobierno central se mostró dispuesto a realizar una "oferta seria", empezando con la modificación de la política penitenciaria, si los terroristas confirmaban con "hechos" que el alto el fuego era definitivo, no un subterfugio táctico para reorganizarse y rearmarse, o un mero reclamo electoral para favorecer a la izquierda abertzale en las próximas elecciones autonómicas de la CAPV. Si ETA acreditaba que no iba a volver a matar, entonces el Gobierno español emprendería un proceso de paz donde se hablaría del desarme y de los presos. Sin dar mayores precisiones, Aznar aseguró que el Estado sería "generoso" en este delicado proceso.

Uno de los dirigentes populares más escépticos, si acaso más que el propio Aznar, era el ministro Mayor Oreja, adalid de la persecución de ETA y su entorno violento con todos los instrumentos al alcance de la ley y quien pronto iba a convertirse en la bestia negra del nacionalismo vasco por sus durísimas declaraciones tendentes a establecer una relación de igualdad entre el proyecto añejo ETA y el proyecto nuevo del PNV. El hierático responsable de Interior advirtió contra una "tregua trampa" que buscaría impeler al Estado a bajar la guardia en la lucha antiterrorista, y en este análisis el tiempo iba a darle la razón. Aznar anunció el inicio de contactos directos con el entorno de ETA el 3 de noviembre. Días antes, el 25 de octubre, se habían celebrado las elecciones al Parlamento Vasco. El PP pasó a ser la segunda fuerza de la CAPV con el 19,8% de los votos (su cuarto crecimiento consecutivo desde 1986, cuando no recogió ni el 5% de los sufragios), el PNV retrocedió ligeramente pero retuvo la primacía y Euskal Herritarrok (EH, traducible por Nosotros, los del Pueblo Vasco), la nueva plataforma electoral de HB y pequeñas formaciones afines, batió al PSE-EE en la pugna meramente estadística por el tercer puesto al obtener el 17,3%.

En lo que quedó de 1998 y a lo largo de 1999, el Gobierno del PP simultaneó las aportaciones posibilistas en el ámbito penitenciario, con el acercamiento de un centenar largo de presos a cárceles peninsulares o directamente a centros del País Vasco, y la excarcelación de casi dos centenares de activistas sin delitos de sangre (mediante autos de libertad provisional dictados por la Audiencia Nacional a quienes estaban en situación de prisión preventiva y el otorgamiento por el Gobierno del tercer grado a reos con sentencia), la prosecución de la acción policial en colaboración de las autoridades francesas y la defensa invariable del principio de Estado, evitando que la sociedad percibiera a ETA como una parte fáctica que negociaba en pie de igualdad con el Gobierno.

Entre tanto, las relaciones entre el PP y el PNV iban de mal en peor. El 29 de diciembre de 1998 el candidato peneuvista a suceder a Ardanza y protegido de Arzalluz, Juan José Ibarretxe Markuatu, fue investido con los votos de EH -que había prometido participar normalmente en el Legislativo de Vitoria e insistía en su carácter de fuerza política autónoma de ETA-, convirtiéndose en el primer lehendakari que obtenía el poder gracias al respaldo parlamentario de los simpatizantes de la formación terrorista. Colocada en abierta minoría y al no prosperar las conversaciones con el PSE-EE, la coalición PNV-EA, necesitaba de los diputados de EH, quienes en mayo de 1999 aceptaron firmar un pacto de legislatura cuyo alcance preciso quedó envuelto en niebla.

El acuerdo en sí y el hecho de que no fuera acompañado de una condena por los tres signatarios de la violencia política en el País Vasco era completamente inaceptable para Aznar, quien lo describió como una "cesión a todas las exigencias de HB" y como la "plasmación institucional de Pacto de Estella, el reflejo parlamentario de una política frentista y de imposición". Al presidente del Gobierno español no le mereció mejor criterio la denominada Udalbiltza o Asamblea de Ayuntamientos y Electos Municipales de los siete territorios históricos que componen la Euskal Herria geográfica y cultural (esto es, las tres provincias de la CAPV, más Navarra, y Zuberoa, Lapurdi y Behe Nafarroa en Francia), lanzada por los nacionalistas en septiembre de 1999 en Bilbao: "es un desafío a la lógica" que "no tiene ni legitimidad ni representatividad". Aznar sostuvo tres reuniones institucionales con Ibarretxe este año, la última tras el final de la tregua, pero el PP se negó a acudir a las rondas de conversaciones interpartidistas convocadas por el lehendakari a menos que su partido no rompiera el Pacto de Estella y se desvinculara de organismos en los que, como Udalbiltza, compartía estrado con HB en ejercicio del "ámbito vasco de decisión" que pregonaban los nacionalistas.

Del encuentro celebrado por los delegados del Gobierno y ETA en Zürich en mayo de 1999 no emanó resultado alguno, y en el verano la opinión pública entendió que se había instalado un inquietante diálogo de sordos. Después del fracasado contacto en la ciudad Suiza las partes no volvieron a verse las caras. ETA parecía más atenta al proceso de "construcción nacional" del País Vasco y al cumplimiento por el PNV del compromiso, alcanzado, al parecer, al cabo de una serie de conversaciones secretas sostenidas directamente con la banda, no con HB, antes de la tregua y que afloraron a la luz pública a finales de septiembre, de que se adoptarían pasos decisivos hacia la autodeterminación de Euskadi, lo que para los extremistas pasaba inexcusablemente por la ruptura con el Estado español.

Aunque había indicios para el pesimismo, la comunicación por ETA el 28 de noviembre de 1999 del final de la tregua y la reanudación de su lucha armada a partir del 3 de diciembre no dejó de sorprender en los medios políticos de todo el Estado, y desencadenó una conmoción social en el País Vasco, donde existía una opinión muy extendida de que el parón terrorista no tenía vuelta a atrás. ETA ligó su decisión a la "reacción represiva" de los gobiernos español y francés, y al incumplimiento por el PNV y EA de un presunto documento firmado en junio de 1998 por el que estos partidos habían pactado crear una "institución con una estructura única y soberana" que representara a los territorios vascos y de paso romper con las "fuerzas españolas" que se mostraban como "enemigos de Euskal Herria"; más aún, ETA acusó al PNV de "intentar vender el proceso que tendría que ser para la construcción nacional como un proceso de paz".

Desde Madrid, Aznar explicó que ETA se había visto forzada a anunciar su alto el fuego "por la actitud firme de los ciudadanos, la presión de las fuerzas de seguridad, y la unión de los partidos democráticos", vaticinó el fracaso de aquellos que intentaran "imponer mediante el terror" un modelo "totalitario" y demandó a Arzalluz e Ibarretxe que tomaran nota de lo que el ministro Mayor definió como un "órdago" de ETA al nacionalismo vasco en su conjunto. Para el PP, sostener el Pacto de Estella si ETA volvía a matar sería un "suicidio político". Los partidos se enzarzaron en recriminaciones mutuas de intransigencia, y por su parte el PNV acusó a Aznar de "desaprovechar una oportunidad histórica" para traer la paz al País Vasco y el resto de España. El partido de Arzalluz, aferrado a Estella, se resistía a romper sus acuerdos parlamentarios y municipales con EH mientras la ruptura de la tregua no se hiciera efectiva, pero el 9 de diciembre anunció la caducidad del pacto de legislatura con el PP y que su grupo en el Congreso votaría en contra los Presupuestos Generales del Estado de 2000.

El 21 de enero de 2000 ETA reanudó en Madrid su campaña de asesinatos en la persona de un teniente coronel del Ejército e Ibarretxe dejó en suspenso el acuerdo parlamentario con EH hasta que se desmarcara de la violencia terrorista, pero el lehendakari no rompió el pacto hasta un mes después, cuando ETA mató en Vitoria a Fernando Buesa Blanco, portavoz del PSE-EE en el Parlamento Vasco y uno de los políticos más conocidos de la Comunidad. Los radicales reaccionaron anunciando su decisión de acudir al Parlamento de Vitoria sólo en ocasiones concretas. El 30 de abril de 2000, año fatídico en los anales terroristas, ETA iba a dar la razón al Gobierno Aznar al reconocer que la tregua había sido una trampa. El retorno furioso de los atentados, lejos de acercar a los partidos democráticos vascos a una postura común, exacerbó sus discrepancias sobre cómo resolver el grave problema de seguridad, de orden público y de Derechos Humanos.


8. Proclamada orientación al centro ideológico
El giro al centro del PP iniciado en 1990 continuó en el XII Congreso Nacional, celebrado del 19 al 21 de enero de 1996, en vísperas de las elecciones generales, y culminó en el XIII Congreso, que con el lema "El proyecto para un nuevo siglo; la España de las oportunidades, tuvo lugar en Madrid del 29 al 31 de enero de 1999. El XIII Congreso quedó en los anales del partido como la segunda gran renovación interna desde 1989, no de cuadros sino de discurso, y la primera vez que se asumía una definición ideológica, el "centro reformista", del que venía hablando con insistencia Aznar en los últimos meses y al que con menor énfasis se sumaron consideraciones del humanismo cristiano. El liberalismo, incluso ultraliberalismo, en las cuestiones económicas estaba implícito en la proclamación de la confianza en las posibilidades individuales, el libre desenvolvimiento de la persona y el achicamiento del Estado en aras de su "eficacia". Además, se definió a España como "nación plural", pero para los nacionalistas vascos y catalanes tal acepción no reflejaba apropiadamente la visión de Estado plurinacional que ellos defendían.

Para ejemplificar las mudanzas doctrinales, Aznar aceptó la salida del CEN del último dirigente procedente del tardofranquismo, Rodolfo Martín Villa (se aseguró que la baja del ex ministro de Suárez fue a petición propia, por considerar incompatible el puesto partidario con la presidencia de la compañía Endesa), y dispuso el abandono de la Secretaría General por Álvarez-Cascos, cuyo perfil derechista no encajaba bien con la orientación proclamada; Cascos iba a continuar en la Vicepresidencia Primera del Gobierno hasta el final de la legislatura, tras la cual su influencia política decreció a ojos vista desde un puesto de segundo orden, el de ministro de Fomento. Su sustituto en la oficina burocrática del partido fue el democristiano Arenas, que quedó liberado de sus funciones en el Gobierno por el momento. El ministro catalán de Industria y Energía, Josep Piqué, personalidad claramente moderada, ex militante comunista nada menos, y poco sospechoso de nacionalista español, recibió de golpe el carné del partido y el asiento en el CEN.

Por lo demás, el XIII Congreso fue empleado por Aznar para hacer una demostración de poder. El presidente del PPE y ex primer ministro belga Wilfried Martens se refirió con tono admirativo a la España de ahora como "la más firme referencia para los partidos que integran el PPE" ante el siglo XXI, en un momento en que los partidos laboristas y socialdemócratas presidían o integraban como socios de coalición la mayoría de los gobiernos de Europa occidental (España, Irlanda, Islandia y Noruega eran las únicas excepciones). El decálogo-ponencia redactado por Aznar de su puño y letra fue aprobado por los congresistas con tintes aclamadores, proporcionando imágenes de unidad monolítica en torno al líder que comentaristas de izquierda presentaron, malévolamente, como propias de los "congresos a la rumana". Esto estaba en las antípodas de la característica de los años del Gobierno socialista, cuando hubo períodos de verdadero divorcio entre el Ejecutivo y el aparato del partido.

1 Para socialistas y comunistas, el XIII Congreso del PP fue un "ejercicio de autocomplacencia", una "operación de marketing" y la "unanimidad sobre la nada". El presidente fundador, Fraga, no tuvo inconveniente en asegurar que el PP, en realidad, no estaba realizando ningún "viaje al centro" porque "siempre ha estado en él" y era un "producto natural" de ese nicho ideológico. El septuagenario político gallego reclamó la presencia del partido "en el mismo espacio medio" de la sociedad, luego la asunción del centro ideológico era también la captación del codiciado centro sociológico de los españoles, el mismo sentir, reacio a los extremos derechistas e izquierdistas y a veces identificado con la mayoría silenciosa, que habían sabido movilizar a su favor Suárez en los años setenta y González en los ochenta.

Por otra parte, se conocía la atracción que suscitaban en Aznar el pensamiento de los filósofos germánicos Karl Popper y Jürgen Habermas, con su concepto del patriotismo constitucional, así como la obra política del estadista nacional Antonio Cánovas del Castillo, restaurador de la monarquía en 1974, alumno del parlamentarismo bipartidista británico, modelo que intentó importar, y máxima figura del liberalismo conservador español en el último tercio del siglo XIX. Paradójicamente, dado que el personaje en cuestión se asentaba en una tradición liberal, jacobina y afrancesada, que era antitética de la canovista, Aznar hizo saber su interés por Manuel Azaña Díaz, político republicano de la izquierda no marxista, notorio masón, anticlerical y antimilitarista, uno de los artífices de la II República en 1931 que hasta 1939, con su derrumbe ante los ejércitos de Franco, encabezó como jefe del Gobierno o como presidente.

Para Aznar, un anglófilo -y al mismo tiempo, daba la impresión, un francófobo apenas disimulado- que tenía muy presente la profunda transformación socioeconómica realizada en su país por Thatcher en la penúltima década del siglo XX y que quedó vivamente impresionado con la figura histórica de Winston Churchill tras leer sus memorias, el proyecto nacional de centro que auspiciaba tenía un punto de convergencia con la Tercera Vía de Blair, quien desde planteamientos ideológicos opuestos había conducido a su partido hacia un nuevo laborismo de tipo reformista y reconciliado con el liberalismo económico hasta el punto de exaltar varios de sus postulados. El encuentro de los dos dirigentes en la residencia del británico en Chequers en abril de 1999 produjo, se recordará, una declaración que recogía las coincidencias de pensamiento.

A la hora de reafirmar ese centrismo del PP, Aznar prefirió no renegar del período franquista -como se vio, en el XIII Congreso el PP ni siquiera reconoció haber tenido un pasado derechista-, una de tantas actitudes reprobadas por la oposición de izquierda y los nacionalismos periféricos. Y sin embargo, objetivamente podía considerarse al voto aliancista como una amalgama variopinta de electores, entre ellos una mayoría que en su fuero interno respondería a la etiqueta del centro-derecha, un grupo, tal vez menor sobre el conjunto pero en absoluto despreciable, que se sentiría plenamente identificado con la definición de derecha sin más aditamentos, y un segmento de votantes más reducido todavía que estaban a caballo entre la nostalgia del franquismo y las simpatías ultraderechistas. Ahora bien, el PP tenía millones de electores que en el pasado habían votado a la UCD y al mismo PSOE, inclusive algunos progresistas con asomos socialdemócratas seducidos por el bienestar material que estaba dejando la gestión popular.

Precisamente, la inexistencia