1. Dirigente peronista con base política en el conurbano porteño
2. De vicepresidente de la República a gobernador de Buenos Aires
3. Enfrentamiento con Menem por la nominación presidencial en 1999
4. Envite fallido en las urnas y reanudación del pulso con Menem
5. Designado de compromiso para dirigir interinamente un Estado en quiebra
6. Gobernando en la cuerda floja: el dilema del corralito financiero
7. Primeros frutos de la nueva política económica sobre un fondo de desastre social
8. Las maniobras para impulsar un favorito en las elecciones de 2003


1. Dirigente peronista con base política en el conurbano porteño
En 1971 aún no había obtenido el segundo de los títulos cuando contrajo matrimonio con Hilda Beatriz González, en lo sucesivo inseparable compañera de andanzas políticas con el sobrenombre de Chiche Duhalde. Según la prensa argentina, la pareja, que ha tenido cinco hijos, se conoció en una piscina cuando él trabajaba de socorrista para pagarse las clases.

Siendo un admirador del general Juan Domingo Perón, Duhalde se estrenó en la política representativa en 1973, el año de la restauración democrática tras un septenio de regímenes militares y también del final de la proscripción del Movimiento Justicialista y de su estructura partidaria, el Partido Justicialista (PJ), vigente desde el golpe militar de 1955. Duhalde entró primero a trabajar en el Departamento de Asuntos Legales del consistorio de Lomas de Zamora y luego, a instancias del Sindicato de Trabajadores Municipales del que era afiliado, salió elegido concejal. En 1974 se convirtió en intendente (alcalde) para completar el mandato del titular fallecido. Fue el año en que pereció Perón, al que sustituyó en las presidencias de la República y PJ su viuda, María Estela (Isabel) Martínez de Perón.

Duhalde perdió su condición de edil a raíz del golpe militar de marzo de 1976 y regresó a su despacho de abogado, desde donde defendió a compañeros peronistas represaliados por la dictadura y, ya en la clandestinidad, prosiguió su activismo político. Las elecciones del 30 de octubre de 1983, que marcaron la vuelta de la democracia, le devolvieron el antiguo puesto municipal mientras que la Unión Cívica Radical (UCR) de Raúl Alfonsín se impuso a nivel nacional y provincial. El 10 de diciembre Duhalde reanudó sus funciones en Lomas de Zamora como el resto de cargos electos en todas las escalas institucionales.

Regidor dinámico y buen conocedor de la realidad de la calle, Duhalde volcó sus inquietudes sociales en un barrio golpeado como el resto del conurbano porteña por el desempleo y la marginalidad, en un contexto de apabullante crisis económica. Creó una oficina municipal de prevención y asistencia a los drogadictos, pionera en Argentina, y aplicó un plan alimentario municipal, que redujo los índices de mortandad y malnutrición infantil en los segmentos más desfavorecidos. Por lo que respecta al ámbito interno del partido, su adscripción al sector renovador que lideraban Carlos Saúl Menem, gobernador de La Rioja, y Antonio Francisco Cafiero y que estaba enfrentado a la vieja guardia peronista le acarreó su expulsión de la sección bonaerense del PJ.

El castigo del oficialismo no fue óbice para que Duhalde continuara recogiendo apoyos y viera crecer su popularidad en Lomas de Zamora y otros distritos del conurbano, de suerte que en 1986 consiguió ser elegido presidente local del partido y en los comicios legislativos nacionales del 6 de septiembre de 1987 se convirtió en uno de los representantes que el electorado peronista de la provincia de Buenos Aires colocó en la Cámara de Diputados. En estas elecciones, pese a la grave merma de credibilidad del Gobierno alfonsinista por su incapacidad para enderezar la economía y detener la espiral inflacionaria, el PJ no machacó a la UCR, aunque sí le superó en porcentaje de voto y le arrebató la mayoría absoluta en la Cámara baja.

Los excelentes resultados cosechados por los candidatos renovadores del peronismo en los distintos niveles de representación institucional precipitaron la promoción de Menem a la presidencia del Consejo Nacional del PJ, barriendo a los viejos peronistas y recuperando la unidad del partido en torno a un programa modernizador. Duhalde se convirtió entonces en uno de los hombres de confianza del nuevo jefe del justicialismo y su carrera política se adentró en una senda ascendente.

En diciembre de 1987 le fue otorgada la Vicepresidencia primera de la Cámara de Diputados y poco más tarde Menem le llamó para secundarle en las primarias partidarias del 9 de julio de 1988, de las que había de salir la nominación para las elecciones presidenciales de 1989. La fórmula Menem-Duhalde se impuso a la formada por Cafiero, a la sazón gobernador de Buenos Aires desde el año anterior, y José Manuel de la Sota, entonces jefe del peronismo de Córdoba en la oposición, en las primeras elecciones internas del justicialismo que se realizaron con el voto directo de los afiliados.


2. De vicepresidente de la República a gobernador de Buenos Aires
La personalidad arrolladora y las promesas populistas de Menem concedieron al peronismo los resortes del poder ejecutivo y legislativo nacionales en las elecciones del 14 de mayo de 1989. Los aspirantes radicales batidos con el 49,3% de los votos por la fórmula del PJ fueron Eduardo César Angeloz, gobernador de Córdoba, en la lid por la Presidencia y Juan Manuel Casella, ministro de Trabajo de Alfonsín, por la Vicepresidencia. Por petición expresa de Alfonsín, que no se sentía con fuerzas para contener el estallido social y la pesadilla de la hiperinflación, el traspaso de poderes se adelantó al 8 de julio. En el poder legislativo, Duhalde cesó como diputado y asumió la función de presidente del Senado, inherente al puesto de vicepresidente de la República.

Al frente de una oficina sin rango político y con funciones más bien representativas y protocolarias (fundamentalmente, la sustitución del presidente por ausencia o incapacidad), Duhalde aprovechó para sacar adelante la Secretaría de Programación y Coordinación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico, un organismo llamado a aplicar en el ámbito federal las políticas que él había venido promoviendo como diputado nacional y antes implementado en su distrito. Pero su ambición apuntaba a más altas cumbres y, por de pronto, se postuló para gobernador de Buenos Aires, considerado el segundo puesto más poderoso de la nación tras la Presidencia al concentrar esta provincia el 38% de la población, el 32% del PIB y el 49% de los puestos de trabajo.

En agosto de 1991 Duhalde ganó la primaria justicialista a Carlos Brown y el 8 de septiembre se deshizo de su contrincante radical, Juan Carlos Pugliese, con el 47,7% de los votos. El 10 de diciembre siguiente, días después de dimitir en la Vicepresidencia (que quedó vacante), Duhalde tomó posesión de la gobernación bonaerense en lugar de Cafiero con la promesa de regir para todos los ciudadanos sin distinción de siglas y declarando rota "la vieja y equívoca antinomia oficialismo-oposición".

La gestión del Cabezón, como era conocido por sus paisanos y simpatizantes (en irónica referencia tanto a este su rasgo físico como a su carácter contumaz), en la provincia más rica del país suscitó vigorosas polémicas, ya que si bien lanzó un vasto programa de obras públicas con un fuerte acento social que generó empleo y extendió los servicios sociales, ello se hizo a costa de multiplicar los gastos mucho más allá del nivel de ingresos, hasta dejar exangües las arcas provinciales.

También menudearon contra Duhalde las denuncias de corrupción e ineficacia, mientras que en el voluntarismo social de su esposa, que se encargó de levantar una red caritativa atendida por amas de casa, las llamadas manzaneras, en las villas miseria del gran Buenos Aires, la oposición radical encontró estomagantes remembranzas del populismo a pie de acera de Eva Perón. Este servicio, encuadrado en el Plan Vida, fue obviamente recibido con entusiasmo de sus beneficiarios, y de hecho siguió adelante después de que Duhalde dejara el puesto.

Las clases trabajadoras estaban con el gobernador, así que el 2 de octubre de 1994 Duhalde ganó con el 61,5% de los votos un plebiscito sobre su habilitación para optar a la reelección. Duhalde promovió la enmienda específica de la Constitución provincial siguiendo la pauta de Menem en el Estado. Ciertamente, el mandatario riojano acababa entonces de sacar adelante una reforma de la Carta Magna argentina para permitirle renovar en la Casa Rosada por un segundo período, cuatrienal, en lugar del mandato sexenal no prorrogable. Precisamente, Duhalde fue uno de los convencionales constituyentes elegidos el 10 de abril de 1994 con el mandato de redactar los cambios en la ley suprema, cuyo nuevo articulado fue promulgado el 23 de agosto.

Exonerada de competir en una interna del justicialismo por no presentársele rivales, en las elecciones generales del 14 de mayo de 1995 la fórmula de Duhalde y Rafael Edgardo Romá fue revalidada con un contundente 56,7% de los sufragios, ganando en todos los distritos de la provincia a los candidatos de la UCR, Pascual Cappelleri, y el Frente del País Solidario (Frepaso), Carlos Auyero.

El éxito sensacional de Duhalde en Buenos Aires contrastó con el 23% de votos obtenido por el PJ en las elecciones al Congreso Nacional en la Capital Federal, donde la fuerza mayoritaria era el pujante Frepaso que lideraban los ex peronistas Carlos Chacho Álvarez y José Octavio Bordón. La propia UCR, pese a su declive general desde 1987, se quedó a solo tres puntos del PJ en una urbe que antaño fue su baluarte frente al peronismo dominante en el resto de la provincia. En las presidenciales, Menem venció al frepasista Bordón y el radical Horacio Massaccesi y coronó la estrategia continuista arrancada en el Pacto de Olivos de noviembre de 1993 con Alfonsín.


3. Enfrentamiento con Menem por la nominación presidencial en 1999
Duhalde inició su segunda gobernación el 10 de diciembre de 1995. El abogado, que en 1994 ya se había tragado el sapo de la segunda postulación de Menem para un puesto que él ambicionaba, aceptó ayudar a su superior institucional y partidista en la lid presidencial a cambio de la devolución del favor en 1999, pero bien pronto vio que aquel no estaba por la labor. Fue el comienzo de una malquerencia mutua, por razones tanto personales como ideológicas, ya que Duhalde, peronista tradicional en el sentido del apego a la noción del Estado providente y dinamizador de la economía, tenía dificultades para comulgar con el neoliberalismo sin complejos que venía aplicando Menem. En los años siguientes, los encontronazos entre ambos líderes iban a adquirir tintes de verdadera animadversión.

Duhalde se dispuso a reforzar su base de poder provincial frente a Menem y su círculo de en el Gobierno federal, dentro de una tendencia global que estaba otorgando a los caudillos territoriales del peronismo, a fin de cuentas, los detentadores del capital electoral de un partido en claro retroceso a nivel nacional, un peso creciente en los órganos de dirección internos.

Como presidente del PJ en el distrito provincial de Buenos Aires y amigo del nuevo vicepresidente de la República, Carlos Federico Ruckauf, Duhalde entró en un regateo muy bronco con Menem, que salió a entorpecer el rumbo presidencial de su antiguo allegado. Por su parte, Duhalde refutó la pregonada "candidatura natural" de Menem, sostuvo la necesidad de conducir en 1999 unas primarias abiertas y democráticas, y, aunque no era miembro del Consejo Nacional, máxima instancia ejecutiva del partido, se invistió con el rol de líder moral y conciencia del peronismo.

Duhalde perdió puntos en su pugna particular con Menem con motivo de las elecciones legislativas del 26 de octubre de 1997, cuando la recién creada Alianza entre el Frepaso y la UCR batió al PJ, en su primera derrota en las urnas desde 1987 y en la primera estando en el Gobierno desde 1946. Para Duhalde, el histórico varapalo resultó doblemente amargo. En primer lugar, porque su esposa ganó el escaño de diputada nacional por Buenos con un margen de votos mucho menor del esperado, el 41,3%, y fue batida en esta particular pugna con siete puntos de diferencia por la aliancista Gabriela Fernández Meijide. Y en segundo lugar, porque, algo impensable hasta hacía bien poco, en el conjunto de la provincia la Alianza, con el 48,2% de los votos, superó ampliamente al PJ. Entonces se creía que Chiche González de Duhalde aspiraba a sustituir a su marido en 1999 sobre la hipótesis de que él se hiciera con la Presidencia de la República.

Menem eludió toda responsabilidad por el revés electoral con el argumento de que él no había sido candidato, pero Duhalde, que pudo haber dicho lo mismo, fue quien dio la cara ante la opinión pública, mitigando con su sinceridad el daño sufrido por su precandidatura presidencial. El enfrentamiento dentro del partido se avivó cuando Menem confirmó lo que muchos habían sospechado (y temido), su deseo de optar a la "re-reelección" presidencial en 1999 recurriendo si era preciso a una segunda modificación constitucional ad hoc.

Duhalde reaccionó coléricamente y con él se alinearon con mayor o menor definición el vicepresidente Ruckauf, el también bonaerense Felipe Solá, el santafesino Carlos Alberto Reutemann, el santacruceño Néstor Carlos Kirchner y otros barones provinciales del partido (entre los cuales no faltaban pretendientes más o menos velados de la suprema magistratura de la nación), obligando a Menem a dar marcha atrás en julio de 1998.

En apariencia, Duhalde, investido presidente del Congreso Nacional Justicialista hasta 2002, ya tenía el camino despejado para su nominación en las primarias de la primavera de 1999, pero en febrero de ese año Menem volvió a la carga recabando apoyos políticos para su propósito. Con el índice de aceptación hundido en las encuestas, a esas alturas casi ningún peso pesado del partido deseaba siquiera que se presentara a las primarias, y el 10 de marzo de 1999 la aspiración de Menem fue definitivamente anulada al rechazar la Cámara de Diputados la segunda reelección presidencial por 159 votos sobre 257.

Duhalde empezó a saborear la revancha: el 9 de mayo de 1999 Ruckauf avasalló a Cafiero con el 80,2% de los votos en la interna para la nominación del candidato a gobernador de Buenos Aires y el 16 de junio él mismo fue proclamado candidato presidencial por el partido sin necesidad de disputar la primaria, convocada para el 4 de julio, ante la ausencia de retadores. Su compañero de fórmula era Ramón Palito Ortega, ídolo de la canción popular argentina en la década de los setenta y gobernador de Tucumán entre 1991 y 1995.


4. Envite fallido en las urnas y reanudación del pulso con Menem
Duhalde gozaba de indudable estima en las populosas ciudades fabriles del cinturón porteño pese a haber dejado la provincia de Buenos Aires en virtual bancarrota, y sus posibilidades de victoria en las urnas el 24 de octubre de 1999 parecieron ganar ímpetu desde el momento en que la Alianza, en noviembre de 1998, había preferido para enfrentársele al radical Fernando de la Rúa, el austero y monocorde gobernador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre la altamente popular Fernández Meijide, temida por el peronismo.

El todavía gobernador elaboró un programa electoral que trataba de ofrecer respuestas a todas las demandas de la ciudadanía, en especial esas amplias clases medias que habían cargado con el coste devastador de los ajustes monetario y salarial y que hacía hincapié tanto en las cuestiones economicistas como en las sociales, en ostensible desmarque de las políticas menemistas, concentradas en la apertura, desregulación y privatización de la estructura económica nacional, el monetarismo y la meta de la deflación.

La premisa de Duhalde era que el modelo de Menem de liberalismo a ultranza estaba agotado y que había que aplicar recetas nuevas para ahuyentar los nubarrones de crisis económica que amagaban con descargar furiosamente tras una década de crecimiento y estabilidad. En cuanto a las hipotecas con el FMI, Duhalde advirtió que el país no podía seguir "ajustando, ajustando y ajustando" como condición para acceder a su asistencia financiera.

En efecto, 1999 iba a terminar con una recesión del 3,1% del PIB, provocada por la caída de las exportaciones como consecuencia de la tasa de cambio fija entre el peso y el dólar, sobre un fondo de déficit fiscal de 7.000 millones de dólares, una deuda externa pública de 145.000 millones y una tasa de paro del 14%. Frente a este panorama, Duhalde propuso un plan de signo expansionista consistente en la bajada de los impuestos al consumo y la congelación de los despidos en las empresas zarandeadas por la crisis a cambio de beneficios fiscales para los patronos.

Durante meses, el aliancismo fue a remolque en las encuestas de opinión, pero al final prevaleció la erosión del peronismo tras una década en el poder en la persona de Menem y la fórmula de la Rúa/Álvarez venció a la Duhalde/Ortega con el 48,5% de los votos, una diferencia de más de diez puntos, sin precedentes en la historia electoral del justicialismo. El mazazo pareció poner fin a la carrera política de Duhalde, que, liberado de sus funciones de gobernador el 10 de diciembre con la toma de posesión de Ruckauf, anunció su dedicación preferencial a la actividad privada, concretamente a la docencia universitaria y a la gestión de una empresa inmobiliaria de su propiedad.

La espantada se quedó en una finta. Duhalde no sólo se mantuvo plenamente activo en la arena política sino que reorientó sus apetencias al escaño de senador federal por Buenos, excelente trampolín para una nueva e hipotética aventura presidencial. En las elecciones legislativas del 14 de octubre de 2001, que otorgaron al PJ la mayoría en ambas cámaras del Congreso, Duhalde ganó el codiciado escaño senatorial con un buen resultado, el 37,5% de los votos. Instantáneamente, los comentaristas se pusieron a hacer cábalas sobre una postulación para la Presidencia en 2003, suposición que él se encargó de devaluar aunque sin pronunciarse categóricamente.

Los comicios parciales de 2001 acontecieron en un momento muy delicado para de la Rúa, incapaz de revertir la gravísima crisis económica y financiera, e impugnado desde el Frepaso y la propia UCR, cuya alianza, desde la dimisión del vicepresidente Chacho Álvarez el año anterior, estaba haciendo aguas. Puesto que el PJ ostentaba el control del Legislativo y podía decidir la suerte de un Ejecutivo muy debilitado, la figura del senador bonaerense ganó muchos enteros.

Con franqueza sorprendente, por no decir con negro sarcasmo, Duhalde afirmó que el país padecía una coyuntura dramática por la iliquidez financiera, pero apuntó a un problema más de fondo, la crisis del sistema en su conjunto, que ligó a un "oficialismo desarticulado" y a un "partido de oposición inorgánico y fraccionado". En su particular análisis político, Duhalde remató: "Somos una dirigencia de mierda en la que me incluyo. Éste es mi pensamiento. Y la gente dice cosas peores de nosotros: nos llaman corruptos, delincuentes, incapaces, mediocres, vendepatrias".

Sobre el espectacular aumento en las legislativas de octubre del denominado "voto bronca", esto es, las papeletas en blanco y nulas, Duhalde estableció su procedencia en sectores de clase media que estaban siendo "aniquilados" y convertidos en "nuevos pobres" antes inexistentes, fenómeno que constituía un "drama individual y para toda Argentina". En cuanto a sus diferencias con el todavía presidente nominal del partido, indicó que no pretendía diferenciarse del menemismo por la sencilla razón de que él, un "peronista biológico", nunca se había inscrito en aquella tendencia.


5. Designado de compromiso para dirigir interinamente un Estado en quiebra
El 19 de diciembre de 2001 se produjo el temido estallido social en Buenos Aires y otras ciudades del país tras 16 días de máxima tensión por la entrada en vigor de la inmovilización parcial (limitación de los reintegros en efectivo a los 250 pesos o dólares por semana, tope luego incrementado a los 1.000) y temporal (por 90 días, en principio) de todos los saldos bancarios como medida desesperada para evitar la fuga masiva de depósitos, desencadenándose una vorágine política e institucional sin precedentes en la Argentina contemporánea.

El 20 de diciembre, de la Rúa, después de aceptar la dimisión del ministro de Economía Domingo Felipe Cavallo y de serle desoída por el peronismo la súplica de un gobierno de concentración nacional, resignó a su vez, decisión que tuvo el efecto de apaciguar la protesta social y los saqueos incontrolados de comercios de la alimentación. Las algaradas, muy violentas, dejaron un total de 27 muertos.

El 21, la Asamblea Legislativa -esto es, las dos cámaras del Congreso reunidas en sesión conjunta- dispuso la asunción en funciones de la Presidencia por el presidente provisional del Senado, el peronista Federico Ramón Puerta, quien convocó otra sesión de la Asamblea para designar un presidente interino con mandato hasta el 5 de abril de 2002, fecha en que debía entregar el mando al presidente salido de unas elecciones adelantadas al 3 de marzo. El puesto recayó en Adolfo Rodríguez Saá, gobernador peronista de San Luis desde 1983, por consenso de los gobernadores provinciales del PJ más influyentes que sostenían, o se sospechaba que sostenían, ambiciones presidenciales y que deseaban elecciones sin demora. Éstos eran Ruckauf, Reutemann, Kirchner, de la Sota y el pampeano Rubén Marín.

En principio, Duhalde estaba fuera del conciliábulo, pero también hizo oír su voz en favor del puntano. Como distanciándose de la carrera por el poder arrancada en el partido, el senador federal objetó la ley de lemas que Rodríguez Saá, Reutemann y de la Sota deseaban aplicar al procedimiento electoral, según la cual cada partido (lema) puede presentar varios candidatos (sublemas), el más adelantado de los cuales se lleva la totalidad de los votos de su formación política. El mecanismo concedía satisfacción a los varios postulantes sorteando una eventual descalificación en la elección primaria, pero para Duhalde sólo favorecía la dispersión del voto peronista.

En el efímero interinato de Rodríguez Saá, quien le encargó la misión de transmitir "mensajes reservados" a dirigentes políticos del mundo para explicar su programa y aunar apoyos, Duhalde se distanció de algunas de las controvertidas medidas pensadas para superar el desastre económico, en especial la puesta en circulación de una tercera moneda con un tipo de cambio libre, el argentino, cuyos objetivos eran inyectar liquidez al sistema y sustituir los distintos bonos emitidos por los gobiernos provinciales para afrontar el pago de salarios y pensiones, los denominados patacones y las Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales (Lecop).

Rodríguez Saá recibió múltiples críticas por su análisis poco riguroso del calamitoso estado de cosas, las promesas en lo social de imposible cumplimiento, el anuncio intempestivo de la suspensión de pagos de la deuda externa y el nombramiento para ministros de políticos peronistas sospechosos de corrupción. Sintiéndose engañada, la ciudadanía desató el 29 de diciembre una segunda ola de disturbios que forzó a Rodríguez Saá, el 30, a anunciar su dimisión entre amargos reproches a los jefes peronistas por haberle abandonado.

Correspondía a Ramón Puerta de nuevo tomar la jefatura de la Nación en funciones, pero dado que se apresuró a dimitir como presidente provisional del Senado el testigo pasó al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Óscar Camaño, también peronista y además duhaldista. Camaño se convirtió en presidente en funciones de iure el último día del año con la aceptación por la Asamblea Legislativa de la dimisión de Rodríguez Saá.

Se estableció entonces un amplio consenso en el peronismo (incluido el sector menemista) y la oposición para que Duhalde pilotara el país, sumido en la confusión de una crisis terminal, en el ínterin preelectoral. El 1 de enero de 2002 Duhalde fue investido por los diputados y senadores con 262 votos a favor, 21 en contra y 18 abstenciones, y con mandato hasta el 10 de diciembre de 2003, esto es, hasta agotar el ejercicio cuatrienal para el que había sido elegido de la Rúa. No habría, por tanto, comicios anticipados, siendo la opinión mayoritaria de los legisladores que lo que urgía ahora era obtener un Ejecutivo estable con el máximo apoyo partidista.


6. Gobernando en la cuerda floja: el dilema del corralito financiero
El 2 de enero, en compañía de su esposa y sin alharacas (su talante circunspecto contrastó con la pose triunfalista de Rodríguez Saá en el mismo estrado días atrás), y con la ausencia tanto de de la Rúa como de Menem, Duhalde recibió de Camaño los atributos que le convertían en el quinto presidente de Argentina en trece días y con la misión extraordinariamente delicada de recomponer un país fracturado por la ruina de su edificio económico, el hundimiento del poder adquisitivo de la mayoría de la población y el divorcio entre la clase política y los ciudadanos. No fueron pocos entonces los que señalaron al flamante mandatario como uno de los principales culpables de la debacle, por su heterodoxia financiera en los años en que gobernó Buenos Aires.

Duhalde, que en vísperas de la asunción presidencial había expresado su temor a que se produjera una "guerra civil" en Argentina, empezó por reconocer que el país estaba "quebrado" y "fundido", y anunció un Gobierno de unidad nacional con la triple misión de "reconstruir la autoridad política e institucional, garantizar la paz social y sentar las bases para el cambio del modelo económico y social". A la espera de conocer los pormenores de su programa, adelantó que tanto el ferozmente impopular corralito sobre los ahorros como la moratoria en el pago de los intereses de la deuda seguirían en vigor. Pero también dejó claro que iba a haber una nueva política cambiaria, ya que la Ley de Convertibilidad de 1991, que fijaba la paridad exacta del peso y el dólar y prohibía la emisión de moneda sin el debido respaldo en las reservas internacionales de divisas del Banco Central (BCRA), había quedado "arrasada" por la avalancha que ella misma había provocado.

Así, se iba a fijar un nuevo tipo de cambio entre el peso y el dólar que supondría la devaluación de la moneda nacional, si bien moderada y controlada, para alejar el espectro de la hiperinflación y evitar el desabastecimiento de productos de primera necesidad importados. La medida perseguía mejorar la competitividad de la producción local en los mercados interno y externo, y atraer inversiones industriales, un cambio de dinámicas que podría sacar al país de la brutal recesión. Ahora bien, estos efectos positivos sólo se iban a dejar sentir a medio o largo plazo, mientras que con carácter inmediato el poder adquisitivo de asalariados, pensionistas y ahorradores iba a sufrir menoscabo. Se asumía un alto riesgo de escalada en los precios, y, de hecho, algunos productos y servicios ya empezaron a encarecerse tan sólo con anunciar Duhalde el fin del uno por uno.

Duhalde era de la opinión de que el esquema que hacía diez años había terminado con las devaluaciones y la hiperinflación en el camino "arrojó a la indigencia a dos millones de argentinos, destruyó a la clase media, quebró nuestras industrias y pulverizó el trabajo de los argentinos". Los comentaristas destacaron que el nuevo presidente siempre había mantenido buenas relaciones con los sindicatos peronistas y los industriales autóctonos, en detrimento de los intereses de la banca, los movimientos de capital extranjero y los servicios públicos privatizados, sector este último en el que se concentraban las cuantiosas inversiones españolas (superando los 40.000 millones de dólares, en 2000 la antigua metrópoli colonial desbancó a Estados Unidos como principal inversor en Argentina).

Duhalde se comprometió asimismo a destinar todas sus energías a completar su mandato y a no presentarse a la reelección, pues "la responsabilidad en el ejercicio de un gobierno es incompatible con la pretensión de competir por una candidatura presidencial". Se tenía presente el caso de Rodríguez Saá, y para Duhalde su autoexclusión electoral era el mejor aval de una presidencia sin fecha de caducidad anticipada por trastornos políticos emanados de su propio partido

El 3 de enero, mientras el país entraba oficialmente en suspensión de pagos por el vencimiento sin amortización de un eurobono de 28 millones de dólares emitido en liras italianas, el Ejecutivo duhaldista prestó juramento. Destacaban las presencias del senador y economista peronista Jorge Capitanich como jefe de Gabinete (varios gobernadores del partido declinaron hacerse cargo de esta oficina), de Ruckauf en la Cancillería, de Jorge Remes Lenicov al frente del ingrato Ministerio de Economía y del radical Horacio Jaunarena en Defensa, que ya encabezara con Alfonsín y de la Rúa.

La esposa del presidente recibió responsabilidades de Gobierno como ministra interina de Desarrollo Social y Medio Ambiente, área que por de pronto se limitó a funcionar como un dique de contención de la desesperación de los más golpeados por la crisis; en cifras facilitadas por el propio Duhalde, la pobreza afectaba ya a 15 de los 36 millones de argentinos. Sólo dos radicales, un frepasista y un independiente fueron incluidos en un gabinete dominado por los justicialistas, y más concretamente por militantes de la sección bonaerense, decepcionando a los que habían imaginado un Gobierno de salvación nacional sin preponderancias partidistas.

El 4 de enero el Ejecutivo certificó la desaparición de la convertibilidad al dar luz verde a una devaluación del peso que, se estimaba, iba a oscilar entre el 25% y el 30%. Este tipo de cambio fijo y oficial afectaba a las principales operaciones comerciales y financieras: las exportaciones, la mayoría de las importaciones y el abono de las deudas pública y privada. El turismo, las importaciones consideradas no vitales y algunos pagos financieros como la compra de dólares para ahorro, tendrían que liquidarse con el tipo de cambio flotante existente en el mercado libre, donde el precio del dólar venía regulado por la oferta y la demanda.

El proyecto de la denominada Ley de Emergencia Económica y de Reforma del Régimen Cambiario establecía también la pesificación sin devaluación (esto es, en este caso seguía rigiendo la cotización del uno por uno) de todos los créditos de hasta 100.000 dólares, lo que afectaba al 92% de la población, ya que los que en la década anterior habían pedido préstamos lo habían hecho en la moneda estadounidense por ofrecer unos tipos de interés considerablemente más bajos que los del peso.

Asimismo, la nueva Ley desindexaba (esto es, congelaba) y pesificaba las tarifas de los servicios públicos; permitía al Gobierno federal fijar precios máximos para productos esenciales como medicinas y combustibles, y a los gobiernos provinciales emitir nuevos bonos Lecop; prohibía los despidos laborales sin justificación durante tres meses; y, determinaba un presupuesto para 2002 respetuoso con el equilibrio fiscal. Conocidas las propuestas de Duhalde, los comentaristas destacaron su signo proteccionista y regulador, pero que no renegaba de principios básicos del liberalismo como el déficit cero, perseguido al menos sobre el papel.

Los distintos colectivos afectados por esta legislación (es decir, todos y cada uno de los argentinos) lo acogieron con distintos grados de aprensión y temor: los consumidores, por la segura merma en su poder adquisitivo; los acreedores, porque en lo sucesivo iban a cobrar sus débitos en moneda desvalorizada; los patronos, porque no iban a poder compensar los descensos de beneficios o las pérdidas con reajustes laborales; y los proveedores privados de servicios (como los españoles Telefónica, Endesa y Repsol-YPF, que controlan una parte considerable de los mercados de comunicaciones, energía eléctrica e hidrocarburos, respectivamente), porque iban a perder cientos de millones de dólares por la suspensión de pagos, la devaluación y la pesificación de sus tarifas.

Duhalde intentó tranquilizar a las empresas afectadas con fórmulas de compensación económica y el inicio de negociaciones multisectoriales. A la población le aseguró que el corralito era una medida, si bien ciertamente dolorosa, temporal, y que en su momento podría retirar los ahorros en la moneda en que los depositó, aunque no dio fechas. Por de pronto, la intervención del Estado sobre estos dineros se flexibilizó con la ampliación de 1.000 a 1.500 pesos la cuota de retiro para las nóminas de los asalariados y de 1.000 a 1.200 la del resto de los reintegros.

En su primer encuentro con empresarios y sindicalistas, Duhalde anunció el nacimiento de una "nueva alianza de la comunidad productiva" y, haciendo profesión de fe nacionalista, recalcó la imperiosa necesidad de proteger la producción nacional. Se lamentó de que "ya no quedaran" empresas argentinas porque el proceso de desnacionalizaciones había sido "terrible", y emplazó a consumir preferentemente artículos argentinos como prefacio de ese resurgimiento. Con un tono fatídico que empezó a ser habitual en él, urgió a la concertación patriótica de todos los agentes sociales, ya que "bajamos cada vez más abajo, escalón tras escalón: recesión, depresión, estado preanárquico, caos. Un escalón más abajo y habrá un baño de sangre"

El 6 de enero el Congreso aprobó por amplia mayoría la Ley de Emergencia Económica, que adicionalmente facultaba a Duhalde para tomar decisiones en política económica, financiera y social hasta el final de su mandato sin consultar al Legislativo, y acto seguido el ministro Remes Lenicov anunció que el nuevo tipo de cambio fijo oficial iba a ser de 1,40 pesos por dólar. El paquete legal entró en vigor el 11 de enero y en su primer día de flotación en el mercado libre el peso cotizó a 1,70 unidades por dólar, lo que suponía una devaluación del 41%.

Ahora, Duhalde se concentró en negociar con las compañías privadas su cuota en el reparto general de sacrificios, tarea harto complicada desde el momento en que miembros de su gabinete y él mismo estaban denunciando ser objetos de presiones de lobbies al servicio de los intereses españoles. La autoridad económica se disponía también a explicar el plan anticrisis al FMI y otros proveedores de fondos, que no cejaban en sus exigencias de un presupuesto sin déficit y de nuevas reformas estructurales, empezando por la del fisco. Por su parte, la Comisión Europea y los gobiernos de Washington y Madrid reclamaron un plan "creíble" y "sostenible" para salir de la crisis.

Eso sí, para Duhalde la presión más acuciante venía de la calle. A pesar del cambio de gobernantes, la población se negó a que la protesta decayera y condujo una campaña de caceroladas sostenidas. Los desengañados manifestantes tenían porciones de denuestos y abucheos para todos, ya fueran el conjunto de la clase política, la judicatura o los poderes financieros. Precisamente, la divisa reina de las movilizaciones, expresión insuperable del hartazgo y el escepticismo reinantes, era "Que se vayan todos".

Aunque peronistas y radicales (estos últimos, liderados en el trance por el veterano Alfonsín), e incluso no pocos frepasistas, cerraron filas con el Gobierno y sus medidas, los participantes en las marchas populares estaban resueltos a seguir "respirándole en la nuca" al Gobierno hasta ver qué se hacía con sus ahorros, qué sucedía con los precios y cómo se actuaba frente a corruptos y patrimonialistas del poder, dando la impresión de que a Duhalde se le otorgaba un plazo de gracia, pero sumamente volátil. La verdad es que durante unos cuantos meses Duhalde y su equipo, con sus idas y venidas económicas, sacando adelante algunas disposiciones, teniendo que suspender otras, poniendo parches aquí y allá las más de las ocasiones, estuvieron haciendo puro funambulismo político, con el miedo a que en cualquier momento estallara otra ola de furia popular y se los llevara por delante.

El 20 de enero, luego de declarar el estado de Emergencia Alimentaria Nacional y advertido de la cruda realidad por su equipo económico, Duhalde anunció algo que se veía venir a pesar de lo asegurado en el discurso de investidura presidencial: que la devolución de los 46.400 millones de dólares del corralito (el 71% de todo el dinero atrapado, estando los restantes depósitos en pesos, lo que afectaba a dos millones de ahorradores) se haría en la moneda nacional, por cuotas máximas de 5.000 dólares convertidos además con el tipo de cambio oficial de 1,40, cuando en el mercado libre el cambio ya superaba el 2 por 1. Nóminas, pensiones, indemnizaciones por despidos y seguros de accidentes laborales eran excepciones e iban a poder retirarse de los bancos sin restricciones. El Gobierno explicó que esta desagradable revisión de las condiciones de liquidación de lo que Duhalde vino en denominar "bomba de tiempo activada" era la única manera de evitar una quiebra bancaria en cadena y la misma evaporación de los depósitos intervenidos.

El anuncio de la flexibilización pesificada del corralito tuvo la virtud de agudizar la tensión en la calle, donde a las caceroladas y marchas de corte cívico y de masiva participación en los principales núcleos urbanos se les fueron superponiendo modalidades de protesta y resistencia populares más contundentes y perturbadoras del orden público. Así, cobró auge el fenómeno del movimiento piquetero, formado por grupos de parados, pensionistas y otros colectivos golpeados por la crisis, que protagonizaron jornadas de lucha, cortes de carreteras y campañas de boicot, en algunos casos con desenlaces muy violentos.

A mayor abundamiento de sus contratiempos, Duhalde se topó con el fallo de inconstitucionalidad del corralito emitido por la Corte Suprema de Justicia. Aparentemente, el alto tribunal se hacía eco de la cólera popular por una medida considerada arbitraria e injusta, pero no pasó desapercibida la circunstancia de lo que formaran, empezando por su presidente, Julio Nazareno, varios magistrados nombrados en su momento por Menem, quien, por cierto, estaba tachando de "ineptos" a Duhalde y sus colaboradores como parte de su marcaje de posiciones con la mirada puesta en las elecciones presidenciales de 2003.

Duhalde valoró la decisión de la Corte Suprema como "un verdadero golpe institucional, casi un golpe de Estado", y la ligó a las maniobras de poderes fácticos interesados en "desestabilizar" el Ejecutivo. En un desafío a la instancia judicial y en un nuevo giro de tuerca a su política económica, el 4 de febrero el presidente decretó la pregonada batería de medidas "de necesidad y urgencia", que, por una parte, reforzaba la pesificación del sistema financiero y, por otra parte, conformaba el plan económico viable que estaba demandando el FMI.

A la pesificación total de los depósitos (con el tipo devaluado del 1,40) y parcial de los créditos (con el antiguo tipo paritario) se les añadió la pesificación voluntaria de la deuda pública interna sobre la base también del 1,40. Pero, fuera de estas situaciones financieras, el tipo de cambio fijo quedaba abolido, de manera que en las transacciones comerciales con el exterior pasaba a regir el tipo de cambio que estableciera el libre mercado. El primer día de vigencia de la liberalización total del régimen cambiario, el 11 de febrero, el peso aguantó y dejó su cotización en los 2,00 dólares. Para curarse de espantos después del fallo del Supremo, en un decreto aparte Duhalde suspendió por seis meses la tramitación de todos los procesos judiciales, medidas cautelares y ejecutorias contra aquellas medidas económicas.

Duhalde buscó asimismo la recomposición de relaciones comerciales con Brasil en el seno del MERCOSUR, organización que atravesaba su período más delicado al hallarse Uruguay y Paraguay también golpeados por las desventuras económicas, y buscar todos sus miembros salidas individuales (proteccionismo, devaluaciones monetarias), con la consiguiente distorsión de la unión aduanera y las metas de integración. Aquel espíritu presidió las dos cumbres celebradas en Argentina durante la presidencia de Duhalde, la extraordinaria del 18 de febrero y la ordinaria XXII del 5 de julio, ambas en Buenos Aires, aunque por el momento prevalecieron los intereses nacionales.

Simultáneamente y con carácter más perentorio, Duhalde se afanó en obtener la vital ayuda del FMI, que el 12 de febrero reanudó el diálogo con Buenos Aires. El organismo financiero internacional se negó a otorgar créditos frescos a Argentina; lo más que aceptaba discutir era la reanudación de la entrega de préstamos ya comprometidos y la reprogramación de los pagos por Argentina de intereses de anteriores créditos próximos a vencer, y, además, supeditándolo a una larga lista de condiciones que se resumían en dos imperativos: más ajuste financiero y más reformas estructurales.

Las iniciativas del Gobierno se dirigieron, por tanto, a satisfacer las demandas del FMI. A comienzos de marzo, cuando la deuda externa total se hallaba en los 132.000 millones de dólares, el presidente obtuvo el respiro de la aprobación por la Cámara de Diputados de los presupuestos de 2002, que descansaba en un pacto de coparticipación federal con las provincias para disminuir el gasto, recortar el déficit fiscal y combatir el fraude.

Pero en las semanas siguientes un rosario de malas noticias volvió a ennegrecer el panorama, colocando al Duhalde al filo del precipicio político. La desvalorización del peso, que el 25 de marzo cotizó al mínimo histórico de 4,00 unidades por dólar, repercutió directamente en los precios al consumo y provocó sendas avalanchas de compras de dólares y de reintegros bancarios. Las tomas de efectivo se hicieron apurando cualquier resquicio dejado por el corralito, cuando no, en miles de casos, sorteándolo por las buenas, al amparo de recursos judiciales concedidos a los ahorradores, unas dinámicas que dejaron en agua de borrajas el decreto gubernamental del 4 de febrero.

El Gobierno se vio obligado a reintroducir controles en el mercado del dólar y luego, el 20 de abril, el BCRA dispuso la suspensión de la actividad bancaria y del mercado cambiario. Tres días después, el fracaso de las negociaciones en el Congreso para dar luz verde a una reedición el Plan Bonex aplicado por Menem en 1990 precipitó las dimisiones de Remes Lenicov, Capitanich y los ministros del Interior, Rodolfo Gabrielli, y de Producción, José Ignacio de Mendiguren. El proyecto de ley frustrado hacía obligatorio el canje de los depósitos a plazo fijo en dólares por bonos de deuda pública en pesos, con vencimientos a cinco y diez años y con la garantía del Estado, si bien no se sabía muy bien qué aval podría ser ése en una situación de iliquidez crítica y de continuos cambios legales.

De nada sirvió, pues, la amenaza de Duhalde a los legisladores de abrir los bancos "y que sea lo que Dios quiera", a menos que se aprobara el plan de conversión de bonos, considerado por el presidente la última oportunidad para escapar de un dilema angustioso: o el colapso financiero, sentido más cercano que nunca ante la avalancha de retiros de depósitos por orden judicial, o la repetición de los sucesos de diciembre, que se temía también como inminente.


7. Primeros frutos de la nueva política económica sobre un fondo de desastre social
De todas maneras, contra el pronóstico de muchos, Duhalde aguantó el temporal y en los meses siguientes, a trancas y barrancas, fue sacando adelante una serie de medidas que satisficieron varias -que no todas- de las exigencias del FMI, medidas en las que la izquierda y los movimientos sociales entrevieron una supeditación de la política y los derechos de los ciudadanos frente a la macroeconomía y el gran capital. Así, el 24 de abril, a rebufo del fracaso del Plan Bonex y la renuncia de Remes Lenicov, Duhalde alcanzó un pacto político con los gobernadores provinciales y los líderes parlamentarios para cumplimentar en el Congreso el paquete de reformas legales que figuraba en la agenda del Ejecutivo.

Este consenso de emergencia permitió, sucesivamente: la aprobación de la denominada ley antigoteo o ley tapón, con el objeto de demorar la ejecución por los particulares de los amparos favorables de la justicia a la retirada de sus depósitos hasta no haber sentencia firme de un tribunal superior (25 de abril); la reforma del régimen de quiebras, para permitir a los acreedores de una empresa en proceso de liquidación quedarse con los activos del deudor como parte del pago (15 de mayo); y, la derogación de la Ley de Subversión Económica, vigente desde 1974, de suerte que la persecución de actos culposos o dolosos cometidos por banqueros, empresarios o funcionarios en perjuicio de la economía nacional quedaba sujeta exclusivamente a lo tipificado en el Código Penal, el cual, de paso, fue revisado para eliminar la expresión "con ánimo de lucro" (30 de mayo). Además, el 9 de junio el nuevo ministro de Economía, Roberto Lavagna, puso en marcha el llamado Plan Bonos, que se diferenciaba del fracasado plan de abril en el carácter voluntario de la conversión de los ahorros en títulos de deuda.

En el tintero de Duhalde se quedaron las muy polémicas reformas de la Ley de Entidades Financieras y de la Carta Orgánica del BCRA, destinadas a blindar la autonomía del BCRA frente al poder político y a desregular el funcionamiento de la banca en general, así como una reforma general de las instituciones políticas y judiciales del Estado, anunciada a bombo y platillo por el presidente en febrero en un intento de apaciguar las demandas populares, que entre otros puntos contemplaba la reducción en una cuarta parte de los diputados nacionales, la eliminación del tercer senador de cada provincia, la supresión de cuatro de los nueve magistrados de la Corte Suprema y de 14 de los 19 miembros del Consejo de la Magistratura, la reducción a la mitad de la plantilla de la administración federal y drásticos recortes en los presupuestos de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Claro que aquel ambicioso proyecto lo lanzó Duhalde con el calendario político de sus dos años de mandato. Sin embargo, el 2 de julio, después de unos violentos disturbios en los que murieron dos piqueteros a manos de las fuerzas de seguridad, el presidente anunció el adelanto de las elecciones presidenciales de septiembre a marzo de 2003. El 18 de noviembre, por acuerdo de los poderes políticos, se estableció el 27 de abril como fecha definitiva de los comicios.

El 22 de noviembre, con el país conmocionado por las noticias del fallecimiento de varios niños en Tucumán como consecuencia de déficits alimentarios y con los operadores financieros más preocupados por el default de 805 millones de dólares en el que Argentina había incurrido con el Banco Mundial ocho días atrás, el Gobierno anunció el levantamiento total del corralito de las cuentas corrientes a partir del 2 de diciembre coincidiendo con el aumento de las tarifas del gas y la electricidad. Las restricciones sobre las cuentas a plazo fijo, el llamado corralón, fueron a su vez levantadas el 27 de marzo de 2003, momento en que el dólar cotizaba en torno al 3,00.

El final de las interdicciones sobre los ahorros sorprendió gratamente a propios y extraños, pues el pesimismo incardinado había trasladado a un desmoralizador sine díe el momento de aquella medida. La misma se realizó previa aceptación por el FMI, con el que el 24 de enero el Gobierno adoptó un acuerdo transitorio, valedero hasta agosto, el cual, según Duhalde, preveía "plata fresca" por valor de 2.900 millones de dólares y una reestructuración de plazos de entre tres y cinco años para los impagos de deuda. Argentina se comprometía también a avanzar hacia la unificación monetaria, eliminando los distintos bonos sustitutos de moneda emitidos por las provincias y el Gobierno federal, y a obtener un superávit fiscal primario del 2,5% del PIB en 2003, algo que se consideraba bastante factible a tenor de la vigorosa recuperación de la recaudación tributaria.

Y es que en el arranque de 2003 los efectos moderadamente positivos del cambio de rumbo económico impulsado por Duhalde y últimamente gestionado por Lavagna ya estaban haciéndose notar en las macromagnitudes. La actividad económica resurgía gracias a que el peso devaluado estaba espoleando el comercio exportador y la producción industrial local en detrimento de las importaciones de bienes, de manera que la brutal recesión -la mayor en un siglo- registrada en 2002, el 10,9% del PIB, dio paso a un crecimiento del 5% en el primer trimestre de 2003. Los precios al consumo treparon hasta el 41% en aquellos doce meses, pero ahora el índice interanual se hallaba estabilizado en el 15%.

Duhalde organizó también los planes de Emergencia Alimentaria, Trabajar y Jefas y Jefes de Hogar Desempleados, que asignaron ayudas directas a los colectivos más afectados por la crisis. No obstante esta atención prioritaria a las penurias de la ciudadanía, en el año largo del Gobierno duhaldista la pobreza y el paro explotaron en Argentina: en abril de 2003 el primer quebranto social golpeaba ya al 54% de la población, esto es, unos 20 millones de argentinos, de los cuales por lo menos 10 eran considerados indigentes, mientras que el segundo alcanzaba la tasa histórica del 21,5% de la población activa.


8. Las maniobras para impulsar un favorito en las elecciones de 2003
En el ámbito de las intrigas políticas internas del justicialismo, Duhalde diseñó una estrategia de contención de las expectativas electorales de Menem, y, de paso, las de Rodríguez Saá, que comenzó por la búsqueda de un candidato peronista capaz de batir a quienes en diferentes momentos encabezaron las encuestas de posibles ganadores en una primera vuelta. Además de Menem y Rodríguez Saá, Kirchner, de la Sota y el gobernador de Salta, Juan Carlos Romero, anunciaron su intención de participar en un proceso de elecciones primarias del PJ que se fue retrasando hasta febrero de 2003.

Inicialmente, Duhalde apostó por el lanzamiento de la precandidatura de Reutemann, pero el ex piloto de Fórmula 1 declinó competir en estas condiciones de atomización de las postulaciones justicialistas. Entonces, Duhalde trasladó sus preferencias a de la Sota, pero el 15 de enero de 2003 anunció que su apuesta para la sucesión presidencial recaía en Kirchner, hasta hacía bien poco relegado en los sondeos, porque compartía "sus ideas vinculadas a la defensa de la producción" y porque figuraba entre los que no querían "volver atrás", en alusión a las políticas de ajuste menemistas.

El apoyo de Duhalde implicaba para Kirchner tener detrás, no sólo el núcleo oficialista del partido y la institución presidencial, sino todo el aparato peronista de la provincia de Buenos Aires, como se apuntó arriba, de largo el distrito político y económico más importante del país. El 24 de enero, Duhalde, con el acuerdo de Kirchner, remachó su estrategia al obtener la aprobación del Congreso del partido a su moción para suspender la elección partidaria interna y trasladar la liza del santacruceño y los dos ex presidentes directamente a la elección presidencial del 27 de abril. La decisión fue tomada por los congresistas en ausencia del sector menemista y pese al fallo de una juez federal con competencia electoral prohibiendo la reforma de la Carta Orgánica del PJ con aquel objeto.

Con el argumento de que los tres aspirantes, de hecho, presentaban programas contrapuestos, el aparato del partido controlado por el duhaldismo resolvió que Kirchner, Menem y Rodríguez Saá concurrieran bajo un régimen llamado de neolemas, es decir, con la autorización de exhibir los símbolos partidarios comunes y los lemas específicos de cada lista, pero sin adjudicación de todos los sufragios justicialistas al más votado de entre ellos, de suerte que, desde el principio hasta el final, los tres iban a enfrentarse como si pertenecieran a partidos diferentes.

Kirchner llegó a las urnas detrás de Menem en los sondeos y, efectivamente, el ex presidente fue el más votado con el 24,3% de los votos, sacándole algo más de dos puntos porcentuales al gobernador. Dado que Menem concitaba un amplio rechazo fuera de sus simpatizantes, todo apuntaba a una contundente victoria de Kirchner en la segunda ronda del 18 de mayo. Pero cuatro días antes de la votación definitiva el antiguo inquilino de la Casa Rosada anunció su retirada invocando la superación de las "falsas antinomias" y sin desperdiciar la oportunidad de lanzar aguijonazos contra Duhalde, a quien implícitamente acusó de "frustrar una voluntad de renovación política expresada por la amplia mayoría de la ciudadanía argentina" cuando suprimió las elecciones internas del peronismo, y de dirigir contra él "una campaña sistemática de difamación y de calumnia", lo que, a su parecer, no garantizaba el objetivo de "contar con un poder político imbuido de la más plena y transparente legitimidad democrática".

El aludido no se mordió la lengua en la réplica a Menem y se sumó al coro de censuras a una decisión que no tenía precedentes en la historia electoral argentina. Duhalde dijo de Menem que "no le interesaba defender las instituciones", que "siempre concibió el poder como algo personal", que "al no poder llegar (con posibilidades a la segunda vuelta) trató de hacer el peor de los daños", y que era "parte de un pasado que debemos sepultar". En cuanto a él, informó que se iba a tomar "un largo descanso" y que no iba a "participar partidariamente en el justicialismo", unas palabras que se antojaron destinadas a desmentir a quienes presentaban a Kirchner como un gobernante sometido al ascendiente de su favorecedor.

En vísperas de la transferencia de poderes en sesión solemne de la Asamblea Legislativa el 25 de mayo, Duhalde decretó el indulto a los dos últimos condenados por el pasado de violaciones de los Derechos Humanos y violencia, Enrique Gorriarán, cerebro del asalto guerrillero al cuartel La Tablada de enero de 1989, y el coronel ultraderechista Mohamed Alí Seineldín, cabecilla de la asonada carapintada de diciembre de 1990. La excarcelación de estos dos personajes, justificada por Duhalde en aras de un "corte para un tema del pasado", resultó polémica y el propio Kirchner expresó su desacuerdo.

Eduardo Duhalde está en posesión, entre otras, de las órdenes de Boyacá, otorgada por el Gobierno de Bolivia (1989), la brasileña de Cruceiro do Soul (1991), la guatemalteca de Quetzal (1991) y la chilena de Bernardo de O'Higgins (1992). Su trayectoria en las problemáticas de la drogodependencia le fue reconocida con sendos doctorados honoris causa por las universidades de Génova, Hebrea Argentina Bar Ilán de Buenos Aires, y el Salvador (USAL). Un apasionado del juego del ajedrez y seguidor del Club de fútbol Atlético Banfield de Buenos Aires, Duhalde ha publicado los libros La revolución productiva (1987, en coautoría con Menem), Los políticos y las drogas (1988), Hacia un mundo sin drogas (1994), Política, familia, sociedad y drogas (1997) y Otro Estado es posible (1999).

En sus tres décadas de actividad política y jurídica ha encontrado tiempo para la docencia como profesor titular de las asignaturas de Instituciones de Derecho Público e Introducción al Derecho en la Universidad de Lomas de Zamora y en la cátedra de Drogadicción de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de la USAL. Durante años fue presidente el Centro de Abogados Peronistas de la Capital Federal y vicepresidente del Congreso de Abogados Peronistas de la provincia.

(Cobertura informativa hasta 1/6/2003)