Juan Manuel Santos Calderón

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Datos relevantes

Actualización: 6 de Junio de 2011
Crédito fotográfico: © US Department of Defense/R. D. Ward

Colombia

Presidente de la República

Duración del mandato: 07 de Agosto de 2010 - En funciones

Nacimiento: Bogotá Distrito Capital , 10 de agosto de 1951

Partido político: Partido de la U

Profesión: Economista y periodista

Crédito fotográfico: © US Department of Defense/R. D. Ward

Resumen

El heredero político del presidente Álvaro Uribe es un economista y miembro de la más conocida dinastía periodística de Colombia, aunque su perfil se asocia sobre todo al combate contra la guerrilla de las FARC. Antiguo ministro de Comercio con César Gaviria y luego de Hacienda con el conservador Pastrana, Juan Manuel Santos abandonó el Partido Liberal y se puso al servicio de Uribe, quien en 2006 le nombró ministro de Defensa y para el que creó una formación oficialista, el Partido de la U. Tras dos mandatos de su jefe, Santos se presentó a las elecciones del 30 de mayo de 2010 con la promesa de progresar en las políticas del uribismo y sus éxitos en la lucha contra la violencia narcoterrorista, haciendo que la Seguridad Democrática desemboque en una "Prosperidad Democrática". El escándalo de los falsos positivos no comprometió su envite en las urnas, fructificado con su victoria sobre el verde Antanas Mockus por una aplastante mayoría en la segunda vuelta del 20 de junio.

Biografía

1. Vástago de una familia de propietarios periodísticos
2. Salto a la política con el Partido Liberal y ministro de Gaviria
3. Hostilidad al liberal Samper y cooperación con el conservador Pastrana
4. Artífice del Partido de la U y aparejador de la Seguridad Democrática del presidente Uribe
5. El escándalo de los falsos positivos y la intriga de la candidatura presidencial de 2010
6. Masivo triunfo en las urnas sobre el verde Mockus


1. Vástago de una familia de propietarios periodísticos

La suya es una de las familias más esclarecidas e influyentes de Colombia, creadora de opinión pública, que desde hace un siglo viene identificando el apellido Santos con la alta política y la profesión y la empresa periodísticas. A partir del patriarca, el jurista Francisco Santos Galvis, a su vez sobrino de Antonia Santos Plata, conocida por la historiografía del país sudamericano como La Heroína de la independencia, dos generaciones de personalidades han antecedido a nuestro biografiado.

Hijos de Santos Galvis fueron Eduardo Santos Montejo, abogado del Partido Liberal (PL) que dirigió el diario bogotano El Tiempo entre 1913, fecha en que lo adquirió a su fundador dos años atrás, Alfonso Villegas Restrepo, y 1938, año en que resultó elegido presidente de la República con mandato hasta 1942; y su hermano Enrique Santos Montejo, durante más de cuatro décadas célebre columnista con el pseudónimo de Calibán, amén de jefe de redacción de un matutino que terminó convirtiéndose en el principal altavoz mediático del PL. Tres hijos de este último, Enrique Santos Castillo (1917-2001), Hernando Santos Castillo (1922-1999) y Enrique Santos Molano (1942), continuaron la saga periodística de El Tiempo, donde fungieron respectivamente de editor, director y articulista.

Juan Manuel Santos Calderón es el tercero de los cuatro retoños tenidos por Enrique Santos Castillo y Clemencia Calderón Nieto (1922-2000), dama perteneciente a otra linajuda familia bogotana. Durante más de medio siglo, mientras ejercieron la dirección del diario Roberto García Pena y su hermano Hernando, don Enrique fue el jefe de redacción y el editor general del rotativo familiar. Su oficio fue heredado por Juan Manuel y dos de sus hermanos, Enrique, el mayor, y Luis Fernando, mientras que el benjamín, Felipe, se labró una carrera empresarial como promotor de espectáculos. Igual dedicación a la prensa han tenido varios primos carnales, hijos de don Hernando, los más conocidos de los cuales son Rafael y Francisco Santos Calderón; este último, al igual que Juan Manuel aunque años más tarde, se retiraría del periodismo para dedicarse a la política representativa.

El futuro aspirante presidencial cursó el grueso de su educación escolar en el Colegio San Carlos de Bogotá, aunque terminó el bachillerato en la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla de Cartagena de Indias. Tras graduarse, emprendió dos carreras, Economía y Administración de Empresas, en la estadounidense Universidad de Kansas.

En 1972, recién obtenido su primer título universitario y gobernando la Administración conservadora de Misael Pastrana Borrero, Santos fue reclutado por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC, cuyo gerente era Arturo Gómez Jaramillo, creador del mundialmente famoso Juan Valdez, icono publicitario de la industria cafetera nacional) para que la representara ante la Organización Internacional del Café (OIC), con sede en Londres. El economista desempeñó esta labor durante nueve años, tiempo en el cual, informa su currículum oficial, participó en una serie de rondas negociadoras que favorecieron la posición comercial de su país en el mercado mundial del producto agrícola.

En esta época de servicio en el extranjero, Santos siguió construyendo su currículum académico, que incorporó cursos de posgrado en Desarrollo Económico y Administración Pública por la London School of Economics (LSE), Periodismo por la John F. Kennedy School of Government de la Universidad Harvard de Cambridge y Diplomacia y Derecho por la Fletcher School of Law and Diplomacy de la Universidad Tufts de Medford. Las dos formaciones en el estado de Massachusetts fueron costeadas con sendas becas concedidas por las fundaciones Nieman y Fulbright.

En 1981 Santos regresó a Colombia para asumir el cargo de subdirector de El Tiempo, coincidiendo con la llegada de su tío Hernando a la dirección del medio. Según apuntan fuentes de la prensa colombiana, Juan Manuel fue reclamado por sus mayores para que tomara el relevo a su hermano Enrique, cuyas inquietudes izquierdistas le llevaron a apartarse temporalmente de la línea marcada por el padre y el tío, incursionando en el periodismo independiente y participando en los procesos de negociación abiertos por el Gobierno conservador de Belisario Betancur Cuartas con las guerrillas del M-19 y el EPL.

En 1983 el menor de los Santos pasó a presidir también el Comité Editorial del periódico y dos años después ganó el Premio Internacional de Periodismo Rey de España, en la modalidad de prensa escrita, por una serie de reportajes sobre la actualidad de la Nicaragua sandinista y publicada por El Tiempo con el título genérico de Crónicas de Nicaragua. Juan Manuel compartió con su hermano Enrique un galardón que recogieron en octubre de 1985 en San Juan de Puerto Rico, en una ceremonia organizada por la Agencia EFE y el Instituto de Cooperación Iberoamericana (ICI), convocantes y patrocinadores de los premios. También en 1985, el periodista colombiano fue elegido vicepresidente de la Comisión para la Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

En septiembre de 1990 la familia fue sobresaltada por el secuestro del primo Francisco Santos Calderón, entonces jefe de redacción de El Tiempo, por la organización del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria, quien buscaba arrancar al nuevo presidente de la República, el liberal César Gaviria Trujillo, garantías legales de la no extradición de los jefes de los cárteles de la droga reclamados por la justicia de Estados Unidos. Francisco Santos, Diana Turbay Quintero (hija del ex presidente Julio César Turbay Ayala, quien resultó muerta en una operación policial de rescate) y otros periodistas permanecieron cautivos durante meses, mientras duró el forcejeo entre el Gobierno y el cártel de Medellín; en su caso, fue liberado en mayo de 1991, semanas antes de entregarse Escobar a las autoridades en las condiciones por él fijadas.


2. Salto a la política con el Partido Liberal y ministro de Gaviria

Aunque su carrera parecía sólidamente encarrilada en el periódico familiar, como era el caso de la mayoría de sus hermanos y primos, Santos mostraba apetencias políticas ortodoxas, es decir, sin salirse de los cauces del PL. Apoyado en sus excelentes contactos en las altas instancias del liberalismo, donde mantenía relaciones de amistad con el ex presidente (1974-1978) Alfonso López Michelsen y otras personalidades, tras el feliz desenlace del secuestro de su primo aceptó la oferta de Gaviria de servir en el Gobierno como titular de la cartera de Comercio Exterior. Se trataba de un ministerio nuevo, cuya creación se enmarcaba en la inminente entrada en servicio de la Zona de Libre Comercio (ZLC) de los países del Grupo Andino y en el acercamiento entre Colombia y Brasil para unificar posturas en el mercado mundial del café, con el fin de restringir la oferta y elevar los precios.

El 1 de enero de 1992, coincidiendo con el arranque de la ZLC, Santos cesó en todas sus funciones directivas y editoriales en El Tiempo (la subdirección quedó en manos de su hermano Enrique) para debutar en la función gubernamental. Hasta la conclusión de la Administración Gaviria en agosto de 1994, el ministro negoció las dinámicas de liberalización comercial e integración regional de Colombia en diversos ámbitos bilaterales y multilaterales. Así, acordó con sus homólogos de Venezuela y Ecuador la aplicación del Arancel Externo Común (AEC) del Grupo Andino, con los de Venezuela y México la conformación de otra área de libre comercio subregional, la del llamado Grupo de los Tres, y con los del CARICOM un instrumento de alcance parcial. También, adoptó sendos acuerdos de alcance parcial con Chile y Panamá, facilitó la aplicación por Estados Unidos de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (ATPA) y negoció el ingreso de Colombia, parte contratante del GATT, en la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Fueron 32 meses de intensa actividad en los que Santos, además, ayudó a dar forma al Banco de Comercio Exterior (Bancoldex), al organismo público de promoción comercial, inversora y turística Proexport, y a la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior (Fiducoldex); presidió con un mandato cuatrienal la VIII Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas sobre Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), celebrada en Cartagena en febrero de 1992; y presidió el XXV Período de Sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), arrancado en la capital bolivarense en abril de 1994.

No todo fueron responsabilidades de tipo técnico. El 11 de agosto de 1993, el pleno del Congreso, acatando la decisión tomada por la Junta de Congresistas Liberales, que lo escogió por delante del ministro de Comunicaciones, William Jaramillo Gómez, eligió a Santos designado a la Presidencia, puesto de fuerte dimensión política que, a falta de la institución vicepresidencial, confería a quien lo desempeñaba la capacidad de suplir en funciones al jefe del Estado. Santos fue, de hecho, el último designado a la Presidencia, ya que las elecciones de mayo y junio de 1994 rehabilitaron el cargo de vicepresidente de la República, abolido en 1910 pero introducido de nuevo por la Constitución de 1991. Así, el 7 de agosto de 1994 asumió la oficina Humberto de La Calle Lombana, colega del partido a quien Santos había sucedido como designado.


3. Hostilidad al liberal Samper y cooperación con el conservador Pastrana

El nuevo presidente liberal, Ernesto Samper Pizano, no contó para su Administración con Santos, quien abrió una especie de paréntesis profesional, desvinculado del servicio de Estado y alejado también de la labor editorial en El Tiempo. Al parecer, el ex ministro se postuló para el puesto de embajador de Colombia en Washington, pero el Ejecutivo debutante no quiso complacerle. En septiembre de 1994 Santos presentó la Fundación Buen Gobierno, entidad dedicada a la investigación en el campo de la gestión pública, y al año siguiente se integró en la Dirección Nacional Liberal, la cúpula dirigente del PL.

En este período, Santos fue uno de los protagonistas de las fuertes tensiones políticas que sacudieron la presidencia de Samper a lo largo del llamado narcoescándalo, atizado por las denuncias, elevadas primero por el candidato presidencial derrotado del Partido Conservador (PCC), Andrés Pastrana Arango, y luego confirmadas por destacados colaboradores del propio Samper, de que el mandatario había financiado su campaña electoral de 1994 con dinero del cártel de Cali. El Congreso investigó a Samper y en junio de 1996 le absolvió por falta de pruebas, pero luego el presidente siguió haciendo frente a la hostilidad manifiesta del sector gavirista del PL, donde Santos, quien aseguró haber recibido unas amenazas de muerte por su postura crítica con el poder, asumió la voz cantante.

Santos subió otro peldaño en su enfrentamiento con Samper al oficializar su precandidatura para las elecciones presidenciales de 1998, envite que desafiaba la aspiración del precandidato del oficialismo, el ministro del Interior Horacio Serpa Uribe, quien era el más ardiente defensor con que contaba el presidente.

En octubre de 1997 Santos desató una tormentosa polémica al exponer junto con el escritor Gabriel García Márquez una iniciativa de proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) que presentaba tres características especiales: la creación de una "zona de distensión y diálogo", o área desmilitarizada, en una parte del territorio nacional previamente acordada con estas guerrillas de confesión marxista-leninista; el arranque en dicha zona de un diálogo integral entre los insurgentes y representantes de la sociedad civil y los partidos, pero no del Gobierno (considerado ilegítimo por aquellos); y la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. El ofrecimiento de paz se hacía extensible a los grupos paramilitares de extrema derecha, responsables de algunas de las peores atrocidades del interminable conflicto armado, una guerra atomizada en múltiples frentes y no declarada, que padecía Colombia.

La propuesta de Santos y García Márquez dio pie a Serpa, ya apeado del Gobierno, y pese a que él mismo era favorable a negociar con las FARC, para denunciar la existencia de un "complot" que tendría como objetivo derrocar a Samper, el cual dio crédito a esta hipótesis y declaró sentirse "escandalizado". Santos negó que su propuesta escondiera ninguna maniobra inconstitucional (al contrario, la valoró como una "fórmula constitucional para la paz"), aunque reclamó la dimisión del presidente. Sin embargo, tomó nota de sus escasos apoyos internos, de manera que el 20 de enero de 1998 retiró su precandidatura presidencial para dedicarse "de lleno a buscar la paz". Días después, Serpa fue proclamado por la Convención del PL director nacional del partido y candidato presidencial frente a su principal adversario, el ex fiscal general Alfonso Valdivieso Sarmiento.

Las elecciones de mayo y junio de 1998 las perdió Serpa ante Pastrana, quien arrancó su mandato en agosto siguiente. Al principio, Santos se mantuvo formalmente en la oposición a la nueva Administración conservadora y disminuyó un poco su actividad política. En 1999, mientras su hermano Enrique y su primo Rafael llenaban el hueco dejado en El Tiempo por el tío Hernando, fallecido el 20 de abril a los 76 años, asumiendo la dirección compartida del periódico, el ex ministro publicó el libro La Tercera Vía: una alternativa para Colombia, donde exponía su propuesta de adaptación al país sudamericano de la doctrina política centrista acuñada por el primer ministro laborista del Reino Unido Tony Blair, quien aceptó gustoso colaborar en el ensayo de su amigo colombiano.

En julio de 2000, cuatro meses después de marchar su primo Francisco a Madrid por temor a ser asesinado por las FARC, que le habían amenazado de muerte, Santos regresó al centro del proscenio al suceder al dimitido Juan Camilo Restrepo Salazar como ministro de Hacienda y Crédito Público. Santos aceptó el ofrecimiento hecho por Pastrana, quien se había embarcado en un ambicioso proceso de paz con las FARC sobre la base del concepto de la zona de distensión –42.130 km² de área selvática despejados por el Gobierno en los departamentos de Meta y Caquetá, y con centro en el municipio de San Vicente del Caguán-, un asentimiento que entraba en contradicción con las consignas oposicionistas de la Dirección Nacional Liberal, encabezada por Luis Guillermo Vélez Trujillo, y violaba su propia promesa, hecha en enero de 1998, de no tomar puestos en el Gobierno que sucediera al de Samper.

Rodeado de una aureola de hombre-providencia, que él mismo ha alimentando a posteriori cuando se le ha preguntado por esta etapa de vida política, el economista enfrentó una situación muy negativa, con el país saliendo de su primera recesión desde hacía casi siete décadas, la inflación al alza, el fisco acuciado por el déficit y la deuda externa aproximándose a los 40.000 millones de dólares. La ortodoxa gestión de Santos, quien durante un año estuvo al frente del Directorio de la Corporación Andina de Fomento (CAF), alumbró una serie de reformas legislativas en los regímenes de transferencias territoriales, pensiones e impuestos que ayudaron a estabilizar la situación financiera y tranquilizar a los acreedores internacionales, aunque el tejido social salió resentido con unos elevados niveles de paro y pobreza.


4. Artífice del Partido de la U y aparejador de la Seguridad Democrática del presidente Uribe

Con el final de la Administración de Pastrana el 7 de agosto de 2002, Santos se mantuvo activo en la política interna del PL, desgarrada por la fractura sin precedentes que había abierto la presentación de dos candidaturas presidenciales rivales: una oficialista y orientada al centro-izquierda, la de Serpa, y otra disidente, escorada al centro-derecha y autocalificada de "independiente", la del ex gobernador antioqueño Álvaro Uribe Vélez, a la postre vencedor de las elecciones y el nuevo jefe del Estado, con Francisco Santos de vicepresidente. Al principio, Juan Manuel Santos respaldó a Serpa y luego se mantuvo en la oposición a Uribe, a quien dirigió cáusticos comentarios desde su columna de opinión en El Tiempo. Pero esta postura no iba a perdurar.

Partidario de doblegar a las FARC con la fuerza de las armas y favorecido por el estrepitoso fracaso de la estrategia negociadora conducida por Pastrana, Uribe obtuvo una contundente victoria con un programa de seguridad pretendidamente inequívoco. Su consigna: la máxima firmeza contra los diversos grupos violentos y organizaciones armadas ilegales que venían ensangrentando Colombia, hasta neutralizarlos o, en el caso de las guerrillas y los paramilitares agrupados en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), debilitarlos y convencerles de lo ineluctable de una salida dialogada en las condiciones dictadas por el Gobierno.

Por lo que se refería a las poderosas FARC, si se obstinaban en su desafío subversivo y terrorista, advertía Uribe, encontrarían en el Estado una determinación aniquiladora; si se avenían a desarmarse, desmovilizarse y reinsertarse en la sociedad civil, tendría que ser con una tregua en firme y sin zona de distensión. La guerrilla despreció el mensaje de Uribe y contraatacó con cruel saña, pero los paras, ese mundo tenebroso sobre el pesaban fundadas sospechas de connivencia con personalidades de la política y los negocios (Uribe mismo era acusado de haber tenido vínculos inconfesables con figuras del paramilitarismo y el narcotráfico, y sobre el propio Santos iba a recaer similar imputación), aceptaron acogerse a los instrumentos adoptados por el Gobierno y el Congreso en el marco de la llamada Política de Seguridad Democrática.

Aunque él había abogado por unas fórmulas de diálogo con las guerrillas que exudaban posibilismo, Santos empezó a encontrar atractivos el discurso de mano dura de Uribe y su Seguridad Democrática. Su acercamiento al presidente se hizo patente a finales de 2004, cuando aquel, ya repuesto del fracasado referéndum de octubre de 2003 sobre la reforma política y tributaria, andaba a la búsqueda de apoyos parlamentarios para sacar adelante en el Congreso las enmiendas constitucionales que le permitirían optar a la reelección en 2006.

La purga de los congresistas liberales, desatada por la Dirección Nacional colegiada del partido, que votaron a favor de la reforma constitucional en la sesión del 1 de diciembre de 2004 animó a Santos a articular en el PL una disidencia propresidencial que halló un inmediato eco en varios representantes políticos con vocación "renovadora"; uno de los más renombrados era Luis Guillermo Vélez, el ex director nacional liberal. La idea era aglutinar a los dispersos sectores considerados uribistas bajo una sigla partidaria que diera un soporte sólido y permanente al presidente. Hasta ahora, Uribe venía contando con la asociación cívica Primero Colombia, un instrumento de impulso meramente electoralista, sin concreción parlamentaria, al que el mandatario recurría para inscribir su postulación al cargo.

Valiéndose de la personería jurídica de una agrupación preexistente, el Nuevo Partido, minúscula formación animada por los congresistas Óscar Iván Zuluaga Escobar y Adriana Gutiérrez Jaramillo y que pese a pregonar su condición de partido uribista no merecía el interés del mandatario, Santos y sus compañeros de viaje lanzaron el 31 de agosto de 2005 el partido Unidad Nacional, inmediatamente renombrado como Partido Social de Unidad Nacional (PSUN), pero más conocido como el Partido de la U. Uribe no sólo vio con buenos ojos la empresa de Santos, sino que le instruyó sobre el particular, dando lugar a un proyecto compartido, aunque formalmente el presidente, ni era miembro ni participaba en la estructura orgánica del partido que evocaba su apellido.

Con la adhesión inicial de 44 congresistas de las dos cámaras procedentes del viejo bipartito liberal-conservador, y con Santos y Zuluaga de coordinadores, el Partido de la U se proponía afianzar e impulsar "el pensamiento y la obra de gobierno" del presidente Uribe, vocación instrumental que prevalecía sobre cualquier precisión ideológica, más allá de una genérica reclamación del "centro" político. La primera prueba electoral del nuevo partido serían las generales de 2006, donde Santos esperaba obtener un sobresaliente resultado legislativo además de la reelección de su mentor. El PSUN se presentaba como la formación del oficialismo, si bien por Uribe apostaban otros seis partidos del centro y la derecha, los más destacados de los cuales eran el PCC –convertido en un mero satélite del poder sin oferta propia- y Cambio Radical.

De entre los partidos que aceptaban la etiqueta de uribistas, el PSUN alardeaba de ser el más uribista de todos, y aunque su plataforma era más corporativa que ideológica, los perfiles y trayectorias de algunos de sus miembros más notorios indicaban unos planteamientos derechistas. Esta sensación se reforzó y adquirió tintes de alarma en enero de 2006, coincidiendo con una de las etapas más intensas de la desmovilización de las Autodefensas, cuando el Partido de la U y Cambio Radical se vieron obligados a expulsar de sus filas a varios legisladores y candidatos al Congreso tras descubrirse que mantenían vínculos con el paramilitarismo. Fue la génesis del escándalo de la parapolítica, la criatura civil e institucional del fenómeno paramilitar.

El obvio favoritismo de Uribe hacia Santos levantó suspicacias y malestar en algunos uribistas de primera hora, que recordaron cómo el ex ministro se había pasado a su bando sólo en el tercer año de la Administración. Pero Santos se apuntó ante su jefe un tanto formidable en las elecciones legislativas del 12 de marzo de 2006, cuando el PSUN se encaramó como la primera fuerza de la Cámara alta con 20 senadores y desbancó al PCC como la segunda de la Cámara baja con 28 representantes, sólo tres menos que el PL. El oficialismo redondeó su triunfo el 28 de mayo al ganar Uribe la reelección con un aplastante 62,3% de los votos frente al izquierdista Carlos Gaviria Díaz, del Polo Democrático Alternativo (PDA), y un debilitadísimo Serpa por el PL.

El 7 de agosto de 2006 Uribe inauguraba su segundo –y, con la Constitución en la mano, último- mandato de cuatro años, pero antes nombró a los nuevos lugartenientes de su Ejecutivo. La remodelación ministerial fue comunicada el 11 de julio y entre los promocionados destacaba Santos, convertido en ministro de Defensa en sustitución de Camilo Ospina Bernal. Santos causó baja en la jefatura del Partido de la U junto con Zuluaga, nombrado ministro consejero de la Presidencia, dejando la coordinación dual en manos de Luis Guillermo Vélez y Martha Lucía Ramírez de Rincón.

El 19 de julio Santos se estrenó en los ministerios de los llamados de fuerza, en un momento incierto para el éxito de la PSD toda vez que el llamado Acuerdo Humanitario (el intercambio de guerrilleros presos por los llamados canjeables, o secuestrados de alto nivel) con las FARC, dispuestas a seguir luchando pese a los fortísimos reveses encajados en estos cuatro años (miles de bajas entre muertos en combate, capturas y deserciones, incluidas las de varios destacados comandantes), no terminaba de concretarse. El 19 de octubre, en respuesta al último atentado de las FARC con coche bomba, que no era precisamente uno de esos "hechos irreversibles de paz" exigidos por el presidente como preámbulo de cualquier negociación, Uribe comunicó que el Acuerdo Humanitario no era posible y que los secuestrados serían liberados manu militari.

Santos, que consideraba a las FARC "el cártel [de la droga] más poderoso del mundo", pasó a ejecutar la estrategia de lucha en firme contra la guerrilla en paralelo a la ofensiva antinarcóticos, que tenía como pilar el controvertido Plan Colombia, el cual incorporaba la asistencia militar de Estados Unidos y apostaba por la erradicación y la fumigación de las plantaciones ilícitas de coca. Sin embargo, hubo de salir en defensa de las Fuerzas Armadas, algunos de cuyos miembros estaban siendo acusados de montar falsos operativos antiterroristas y hasta de perpetrar atentados con oscuros fines de promoción personal, dejando un reguero de crímenes y violaciones.

En diciembre de 2006 el ministro fue puesto en guardia por la crisis abierta en el proceso de paz con los paramilitares debido a las amenazas al Gobierno por un grupo de comandantes paras descontentos con sus nuevas condiciones carcelarias y con la anulación por la Corte Constitucional de varios puntos polémicos de la Ley de Justicia y Paz, que otorgaban un rango político a sus crímenes y les protegían de las extradiciones a Estados Unidos. Santos negó que el proceso de paz con las Autodefensas, arrancado en 2003, estuviera yéndose a pique, aunque amenazó con la entrega a la justicia estadounidense a los jefes paramilitares aún prófugos si no se ponían a disposición de las autoridades colombianas y con la retirada de los beneficios de la Ley de Justicia y Paz a aquellos facciosos ya desmovilizados pero que volvieran a delinquir.

Simultánea e íntimamente ligado a lo anterior, arreció el escándalo de la parapolítica, o Paragate, luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se pusiera a investigar a decenas de legisladores departamentales y nacionales por sus presuntos nexos con el paramilitarismo y el narcotráfico.

Al principio, Santos eludió las salpicaduras desagradables en el plano personal. Conminó a congresistas y mandos militares a confesar si habían tenido nexos con las AUC y fue testigo de cómo se arruinaban las carreras políticas de muchos personajes del oficialismo, conmilitones del Partido de la U y hasta compañeros del Gabinete, que fueron obligados a dimitir antes de, no pocos de ellos, sufrir arresto y encarcelamiento por sospechas fundadas de actuaciones delictivas. Casos señalados fueron los de la ministra de Relaciones Exteriores, María Consuelo Araújo Castro, y del director único del Partido de la U (promovido al puesto por la primera Asamblea Nacional del partido, el 26 de noviembre de 2006), Carlos Armando García Orjuela, antiguo presidente del Senado.

Ahora bien, el 15 de mayo de 2007 el titular de Defensa fue arrastrado a la vorágine por Salvatore Mancuso Gómez, antiguo máximo jefe de las AUC junto con el asesinado Carlos Castaño Gil, quien desde la cárcel de máxima seguridad de Itagüí aseguró haberse reunido con él durante la Administración de Samper. Según Mancuso, el entonces dirigente del PL les había pedido a él y a Castaños "ayuda para tumbar" al mandatario liberal.

Santos se apresuró a negar la especie revelada por Mancuso haciendo una complicada puntualización ("claro que yo quería que Samper se fuera, por supuesto, pero siempre, siempre, por las vías legales", repuso) y valoró el movimiento de censura iniciado contra él en el Senado como un intento de "entregar una parte de mi cabeza" a Mancuso y "la otra parte" al presidente de Venezuela Hugo Chávez, habitualmente acusado por Bogotá de prestar apoyo a las FARC y en cuya desestabilización, a través de una supuesta conspiración orquestada por Estados Unidos, el ministro colombiano acababa de ser involucrado por el ex vicepresidente venezolano José Vicente Rangel (una imputación, por cierto, que fue desmentida por el propio Chávez).

El 13 de junio de 2007 el Congreso rechazó la moción de censura contra Santos, quien en octubre siguiente se complicó el ministerio al arremeter contra la mediación en curso, autorizada por Uribe, de Chávez con las FARC, cuyo propósito era lograr un intercambio humanitario de rehenes y prisioneros. Los portavoces de la Presidencia y el Ministerio de Exteriores salieron a contradecir a Santos, quien reaccionó poniendo su cargo a disposición de Uribe. El presidente, sin embargo, reiteró su confianza en el ministro. Semanas después, en noviembre, Uribe ordenaba el final de la misión mediadora de Chávez en el contexto de una ruidosa crisis diplomática.

Mientras sorteaba los coletazos del Paragate, Santos siguió conduciendo el combate contra las FARC, donde se adjudicó, y por ende lo hizo el presidente, un impresionante rosario de éxitos, que le reportó una fama de halcón y de obrador solvente de la PSD. Fue una sucesión de golpes certeros a una guerrilla degenerada al ritmo de sus iniquidades bandoleras, terroristas y narcotraficantes, que contó con la participación decisiva del aparato de seguridad puesto a disposición del Ejército colombiano por el Gobierno de Estados Unidos y que no estuvo exenta de episodios turbios.

A la mitad liberación, mitad fuga en diciembre de 2006, tras seis años de cautiverio, del ex ministro Fernando Araújo Perdomo -quien poco después sería nombrado por Uribe canciller para sustituir a María Consuelo Araújo-, le siguieron las muertes en operación militar de los jefes guerrilleros Milton Sierra Gómez, alias JJ, Tomás Medina Caracas, alias El Negro Acacio, y Gustavo Rueda Díaz, alias Martín Caballero, quienes fueron abatidos por el Ejército en junio, septiembre y octubre de 2007, respectivamente.

Marzo de 2008 fue un mes fasto para el Ministerio de Defensa al sufrir las FARC los fallecimientos sucesivos, en distintas circunstancias, de tres de sus máximos líderes, dos de ellos históricos de la guerrilla. El día 1 resultó muerto en una destructiva incursión aérea, codificada como Operación Fénix, Luis Édgar Devia Silva, alias Raúl Reyes, considerado el número dos de las FARC y su portavoz internacional.

La eliminación de Reyes junto con una veintena de guerrilleros y ciudadanos extranjeros en un campamento en un área fronteriza de la Amazonia ecuatoriana provocó las iras del Gobierno de Rafael Correa, que rompió las relaciones diplomáticas con Bogotá, y recrudeció la trifulca con Chávez, quien en enero anterior había calificado a Santos de "miembro de la más rancia oligarquía colombiana" y de "antibolivariano visceral" por haber rechazado su solicitud de retirarle a las FARC la consideración de terroristas como gesto para facilitar el diálogo humanitario. Santos se puso a la defensiva y, de ofrecer disculpas a Quito por la violación de su soberanía, pasó, basándose en información comprometedora para estos gobiernos hallada en los ordenadores de Reyes, a acusar a Ecuador y Venezuela de "abrir las puertas a los terroristas" y de "dificultar enormemente" una guerra que el Estado colombiano ya estaba "ganando".

El día 3, Manuel de Jesús Muñoz Ortiz, alias Iván Ríos, miembro también del Secretariado y el Estado Mayor Central de las FARC, fue asesinado por su propio jefe de seguridad, Pablo Montoya Cortés, alias Rojas, quien, deseoso de cobrar la jugosa recompensa ofrecida por el Gobierno a quien facilitara datos conducentes a su captura, entregó al Ejército como trofeos la mano derecha y el ordenador portátil de su víctima. Santos, tras alguna vacilación, accedió a transferir a Montoya y sus secuaces 2.400 millones de pesos en pago, según él, no por la liquidación de Muñoz, sino por la información suministrada. Por esta acción, Santos fue acusado por el PDA y sectores de la opinión pública de premiar el crimen y legitimar la pena de muerte, lo que resultaba incompatible con la Constitución y el Estado de derecho, pero el ministro alegó que no pagar la recompensa habría desalentado futuras delaciones en la guerrilla.

Finalmente, el día 26, moría, víctima de un infarto a los 77 años, el legendario Manuel Marulanda Vélez o Tirofijo, alias de Pedro Antonio Marín, fundador de las FARC en 1964, negociador en jefe con el Estado durante las administraciones de Betancur y Pastrana, y el número uno del Secretariado. La muerte de Marulanda fue anunciada por Santos y el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas el 24 de mayo y confirmada por la guerrilla al día siguiente. Entre medio, el 18 de mayo, se entregó Nelly Vila Moreno, Karina, la única mujer comandante de la guerrilla.

El 2 de julio de 2008, coronando esta secuencia de partes victoriosos, el país recibió alborozado la noticia de la liberación, en una espectacular operación de rescate, del más famoso de los canjeables, Íngrid Betancourt Pulecio, ex diputada liberal y ex senadora y candidata presidencial del partido verde Oxígeno, quien permanecía apresada por la guerrilla desde 2002. La fulminante operación de inteligencia militar rescató sanos y salvos a Betancourt y a otros 14 rehenes de las FARC, 11 soldados y policías, y tres contratistas estadounidenses, evacuados todos desde su lugar de cautiverio en la selva del departamento de Guaviare a bordo de unos helicópteros camuflados con los colores blanco y rojo de una ONG ficticia. En la operación no hubo que lamentar pérdidas humanas o heridos, y ni siquiera se produjeron disparos. Santos encabezó la comitiva de autoridades que escoltó a Betancourt en el avión que la trasladó desde Guaviare al aeropuerto militar bogotano de Catam, donde se reunió con sus familiares.

Santos sacó pecho y lustre al desenlace de la Operación Jaque, cuyos frutos políticos eran formidables: la ciudadanía y la opinión pública colombianas aplaudieron al Gobierno, la comunidad internacional transmitió su elogio unánime y la popularidad de Uribe se disparó a las nubes. A bombo y platillo, el ministro reveló algunos detalles de una operación "de película", "sin antecedentes en el mundo" y que "pasará a la historia por su audacia y efectividad". Jaque se había fundado en un sofisticado y rocambolesco engaño, por el que los captores de las FARC fueron convencidos por infiltrados del Ejército de que a Betancourt y los demás secuestrados se les iba a trasladar a un punto de reunión en la selva para proceder a un intercambio humanitario supuestamente ordenado por el sucesor de Marulanda, el comandante Alfonso Cano.

El responsable de Defensa se deshizo en elogios a la profesionalidad de las Fuerzas Armadas, recalcó que no había habido ninguna "participación extranjera directa" y que el operativo había sido "cien por cien colombiano". Sin embargo, días después, distintos medios de comunicación hicieron aflorar algunos entresijos que pusieron de relieve el carácter heterodoxo, cuando menos, de la operación, como que los rescatadores se habían valido del emblema de la Cruz Roja, del número de registro legal de una ONG real establecida en España y de los símbolos de dos televisiones de Venezuela y Ecuador, con los que algunos de ellos se hicieron pasar por periodistas. En 2009 Santos iba a publicar una crónica de los principales golpes asestados a las FARC durante su ministerio en el libro Jaque al Terror: los años horribles de las FARC, con prólogo del literato mexicano Carlos Fuentes.


5. El escándalo de los falsos positivos y la intriga de la candidatura presidencial de 2010

La Operación Jaque tuvo repercusiones a todos los niveles. En el frente de guerra, las FARC quedaron muy debilitadas en los planos logístico, político y propagandístico, haciendo cundir el desánimo en sus huestes y acelerando las deserciones; además, la guerrilla encajó la muerte en combate o la detención de más cabecillas, a saber, Ricardo de Jesús Agudelo, El Paisa, Álvaro Alfonso Serpa, Felipe Rincón, Jesús Marbel Zamora, Chucho, y Bernardo Mosquera Machado, El Negro Antonio. En el plano político nacional, Santos fue catapultado como el ministro más sobresaliente del Gabinete; en cuanto a Uribe, el país entero se planteó el escenario de su tercer mandato, la mayoría a favor.

El presidente fue ambiguo sobre sus intenciones. Hasta últimos de año, Uribe descartó consultar al pueblo en referéndum si deseaba repetir las elecciones de 2006 una vez que la Corte Constitucional ratificó la legalidad de la reforma que había facultado su reelección (fallo emitido en respuesta a la petición de evaluación realizada por la CSJ cuando condenó por cohecho a la ex congresista Yidis Medina Padilla), pero mantuvo un complaciente silencio durante la campaña de recogida de firmas conducida por el Partido de la U y cuyo fin era promover una consulta popular que decidiera sobre su habilitación para el tercer mandato mediante la oportuna enmienda constitucional, iniciativa a la que el Congreso dio luz verde el 17 de diciembre.

Pero mientras aguardaba la decisión que desharía la incertidumbre presidencial, el curso político fue sacudido por la declaración, con toda crudeza, del último escándalo de la etapa uribista, que tocó de lleno al Ministerio de Defensa: el de los falsos positivos, esto es, el secuestro y asesinato de cientos de jóvenes civiles ajenos al conflicto armado que luego eran consignados como guerrilleros abatidos. Los fines de esta trama criminal clandestina eran cumplir objetivos de capturas, inflar los partes públicos de resultados de la guerra antiterrorista o lograr condecoraciones, recompensas y otros emolumentos, en los que tanto confiaba la PSD. Las víctimas se escogían entre jóvenes urbanos desempleados, indigentes, drogadictos o con antecedentes penales, pero también había muchos sindicalistas y líderes campesinos de zonas rurales.

El 29 de octubre de 2008, ante la avalancha de denuncias judiciales interpuestas por familiares de desaparecidos, sectores críticos al Gobierno y defensores humanitarios, que apuntaban a masivas violaciones de los Derechos Humanos cometidas por la Fuerza Pública al socaire de la PSD, y con las evidencias obtenidas por una comisión de investigación de la Defensa, que determinó la ejecución extrajudicial de 19 jóvenes del municipio de Soacha, Uribe destituyó "por negligencia y falta de cuidado" a varios generales, coroneles y tenientes coroneles, 27 oficiales y suboficiales en total.

Seis días después, Santos admitía que uniformados del Estado estaban envueltos en cierto número de casos de ejecuciones extrajudiciales, aunque redujo el número de verdaderos falsos positivos, ya que, según él, se habían dado situaciones de muertes accidentales a manos de militares en el curso de operaciones que sus autores, por temor a ser castigados, reportaban como enemigos abatidos, así como maniobras de intoxicación de las FARC, que tanto asesinarían a civiles para hacerlos pasar por muertos por la Fuerza Pública como disfrazarían de tales a verdaderos guerrilleros caídos en combate. Al mismo tiempo, el comandante del Ejército, Mario Montoya Uribe, el tercer pilar de las operaciones Fénix y Jaque, presentaba la dimisión.

Con su renuncia, el general Montoya asumía sus responsabilidades castrenses, pero diversas ONG y sectores de la izquierda reclamaron a Santos que hiciera lo propio con las responsabilidades políticas. Sin embargo, el ministro arguyó que el Gobierno ya estaba haciendo lo que tenía que hacer: indagar, esclarecer, depurar y dejar actuar a la justicia, ya que los excesos denunciados eran incompatibles con la PSD. El Ministerio Público tenía bajo lupa a unos 2.300 funcionarios de la Fuerza Pública por su relación con un número similar de muertes de supuestos guerrilleros que podrían constituir delito. Algunos soldados ya estaban encausados y afrontaban proceso y juicio. El 16 de noviembre el ministro anunció la destitución de otros 13 militares bajo sospecha.

El 18 de mayo de 2009, con los ecos siniestros de los falsos positivos reverberando con fuerza, Santos comunicó su baja en el Gobierno, efectiva el día 23, con el fin de lanzar su candidatura presidencial para los comicios de mayo de 2010. El anuncio en sí no sorprendió a la opinión pública, y menos aún lo hizo la condición que lo acompañaba, a saber, que el dimisionario no daría un paso sin la aquiescencia de su jefe: "Si Uribe decide lanzarse, cuenta con mi total apoyo; si decide no lanzarse, yo seré candidato", indicó en la comparecencia. En ese momento, las encuestas concedían a Santos el tercer lugar en las preferencias del electorado, por detrás del imbatible Uribe y del popular ex alcalde de Medellín Sergio Fajardo Valderrama, un político que no se consideraba uribista ni adscrito a ideología alguna.

La de Santos se trataba, por tanto, de una candidatura "dormida", a la espera de que las instituciones dirimieran el futuro de Uribe. Además, en sentido estricto, lo era sólo por el Partido de la U, no por el uribismo en su conjunto, corriente política que seguía trascendiendo a esa agrupación y que incorporaba, por ejemplo, al PCC y Cambio Radical. El 19 de mayo la mayoría uribista del Senado, con el boicot del PL y el PDA, aprobó la celebración del referéndum pro reelección 2010 (el visto bueno de diciembre al tercer mandato se había referido al que comenzaría en 2014). Pero dos días más tarde, el interesado, en su intervención en un foro económico en Bogotá, calificó de "inconveniente" su reelección inmediata; no era cuestión de "perpetuarse" en el poder, explicaba Uribe, puesto que el país ya tenía "muchos buenos líderes". Santos era uno de los que tenía la "intuición" de que el mandatario, al final, no se presentaría a las urnas por tercera vez.

A últimos de junio, un magistrado de Ecuador dictó contra el ex ministro de Defensa colombiano una orden de arresto preventivo por su presunta responsabilidad, en tanto que coordinador de la Operación Fénix, en la muerte de un ciudadano ecuatoriano que se hallaba en el campamento de Raúl Reyes en el territorio sucumbeño de Angostura, muerte que para la fiscalía ecuatoriana cabía calificar de ejecución extrajudicial. El Gobierno de Correa, cuya irritación con el de Uribe fue a más –en paralelo a la furia de Chávez, que agitó los tambores de guerra regional- por su decisión de conceder al Ejército de Estados Unidos acceso a siete bases militares colombianas dentro de la lucha coordinada contra el narcotráfico, respaldó la acción penal y además presentó una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero las autoridades de Bogotá salieron a arropar a Santos.

En julio, Santos, en su intervención en el foro Tribuna Iberoamericana en Madrid, quiso dar carpetazo político al escándalo de los falsos positivos, una "práctica macabra" que nunca había sido una política de Estado y que, tras las "contundentes" y "transparentes" actuaciones de las autoridades, las más interesadas de que "los responsables no quedasen impunes", debía considerarse un "capítulo cerrado".

El 15 de diciembre de 2009 los 56 diputados y senadores del Partido de la U (cuota de poder parlamentario alcanzada tras varios casos de transfuguismo) proclamaron a Santos director único de la formación en sustitución del Luis Carlos Restrepo Ramírez, ex Alto Comisionado para la Paz, quien había dimitido menos de un año después de su designación. Santos recuperó las riendas del partido del que era artífice y que desde el escándalo de la parapolítica estaba sumido en el desconcierto, si no en el caos, lo cual era, hasta cierto punto, paradójico, ya que Uribe se hallaba en el cenit de su popularidad y el Gobierno irradiaba fortaleza.

Así, el anterior director, García Orjuela, estaba en prisión y hacía frente a un juicio bajo la acusación de conchabarse para delinquir con las autodefensas del Tolima. La campaña de recogida de firmas a favor de la reelección de Uribe, aunque completada con éxito, había estado trufada de trapacerías contables y tenía abierta una investigación de la Fiscalía por presunto fraude, escándalo que había forzado la marcha del secretario general, Luis Guillermo Giraldo Hurtado. Por si fuera poco, el aún joven partido ya había sufrido sus primeras disidencias y defecciones, protagonizadas por miembros a los que no gustaban los procedimientos de decisión interna. Precisamente, la candidatura presidencial de Santos estaba siendo criticada por quienes veían en ella lo más parecido a un "dedazo" de Uribe, al viejo estilo del PRI mexicano.


6. Masivo triunfo en las urnas sobre el verde Mockus

El referéndum sobre la reelección de Uribe superó los trámites parlamentarios postreros en agosto y septiembre de 2009. Pero el 26 de febrero de 2010, en el último escrutinio institucional, el Tribunal Constitucional falló la inexequibilidad, es decir, la inviabilidad, de la consulta. El alto tribunal fundaba su sentencia en la detección de vicios de forma en la ley del referéndum, entre otros haber sobrepasado el Partido de la U el tope de financiación para la recogida de firmas, la cual, definitivamente, había resultado ser una monumental chapuza.

Llegado este punto, las cosas se aclararon. Uribe acató al punto el fallo constitucional, Santos activó su candidatura, que incorporó como compañero de fórmula al ex gobernador vallecaucano Angelino Garzón, y el 8 de marzo una Asamblea General del Partido de la U confirmó, sin oposición, esa condición. Santos, empero, no iba a llegar a las urnas como el candidato unitario del uribismo, ya que el PCC presentó a Noemí Sanín Posada (antigua ministra de Exteriores que iba por su tercera tentativa presidencial y que se impuso en la primaria de su partido a Álvaro Leyva Durán y al ex ministro de Agricultura Felipe Arias Leiva, apodado Uribito por su devoción al presidente y su parecido físico con él, quien además le tenía en pública estima), mientras que Cambio Radical postuló a su conductor, Germán Vargas Lleras. Esta desunión podía arriscar la victoria del pretendiente oficialista en la primera vuelta, pero Santos se apuntó al triunfalismo tras conocer los resultados de las elecciones legislativas del 14 de marzo, que otorgaron a su formación la mayoría en las dos cámaras del Congreso, 47 diputados y 28 senadores, con el 26% de los votos.

Formulando el reto de "defender con total lealtad el legado" del presidente Uribe y la promesa de erradicar totalmente "la violencia narcoterrorista" (ya que "la culebra sigue viva", recordó, refiriéndose a las FARC), Santos presentó su Programa de Buen Gobierno, que apostaba por dar continuidad y profundidad a la Seguridad Democrática para alumbrar una era de Prosperidad Democrática. A lo largo de 109 propuestas, el candidato vislumbraba un futuro nacional muy en positivo y tocaba virtualmente todos los capítulos -políticos, administrativos, económicos, sociales, culturales y medioambientales- de la gestión de la cosa pública, que se caracterizaría por la "vocación de servicio y la búsqueda de la excelencia, la eficacia y la eficiencia".

Algunas de las actuaciones anunciadas eran: un plan de choque por el empleo para crear 2,4 millones de puestos de trabajo y sacar de la economía sumergida 500.000 puestos más hasta 2014, cuando la tasa de paro debería quedar por debajo del 9%, frente al 12% actual; mayores deducciones del impuesto sobre la renta y otras ventajas fiscales para las empresas; la definición de cinco "sectores locomotora" para "poner a Colombia a trabajar" (y recobrar las tasas vigorosas de crecimiento económico, que en 2009 sólo había alcanzado el 0,4%), a saber, la infraestructura, el agro, la vivienda, la innovación y la minería; asegurar la efectividad de los Planes Obligatorios de Salud (POS); introducir medidas de equidad para las mujeres; impulsar la seguridad alimentaria aprovechado la capacidad agropecuaria de Colombia, de manera que no hubiera "más hambre en un campo abundante"; e invertir en el programa Alianzas Productivas, lanzado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Y, por supuesto, estaba el "objetivo prioritario" de la "seguridad democrática y ciudadana", donde no habría "ni un paso atrás". "Derrotaremos al terrorismo, terminaremos el conflicto y construiremos la paz. Mantendremos una presión incesante sobre los violentos, organizados en bandas criminales, grupos guerrilleros y terroristas. No les dejaremos más opción que la rendición, la reinserción y la aceptación de la Constitución. Mantendremos la exitosa política del Presidente Álvaro Uribe Vélez, que combinó la mano tendida y el pulso firme", rezaba el Programa, que incluía también la creación del Ministerio de Justicia.

En extremo parcos fueron el manifiesto electoral del Partido de la U y su candidato presidencial sobre las relaciones internacionales y la política exterior. La continuidad aquí estaba fuera de toda duda, lo que significaba que Santos mantendría la estrecha cooperación con Estados Unidos en la lucha antidrogas con medios militares: la concesión a la superpotencia norteña de las siete facilidades logísticas las había empezado a negociar con Washington él. En abril, Santos volvió a ser vituperado por Chávez y Correa, que le pusieron de "amenaza" y "peligro", no sólo para sus países, sino "para toda Latinoamérica", por confesarse "orgulloso" de haber ordenado el bombardeo contra el campamento de Raúl Reyes.

Hasta finales de marzo, el principal competidor de Santos, de talla aunque en apariencia no capaz de causarle problemas, era la conservadora Sanín. Pero al despuntar abril, empezó a subir como la espuma el candidato del Partido Verde, Antanas Mockus Sivickas, un filósofo y matemático de ascendencia lituana con dos exitosas alcaldías de Bogotá a sus espaldas y que acertó a seducir a un sector del electorado, insospechadamente amplio, de perfil urbano, joven y orientado a la izquierda, con sus propuestas renovadoras.

Con un estilo personal muy poco convencional –transgresor, intelectual y colorista a partes iguales-, Mockus propugnaba un profundo cambio de gobierno, en la forma y en el fondo, para Colombia, un gobierno más comprometido socialmente, inasequible a las corrupciones y connivencias parapolíticas que debilitaban el Estado de derecho y tan eficaz en la lucha contra la violencia facciosa como la Administración saliente, pero sin atropellos humanitarios, lo que entrañaba contraponer a la Seguridad Democrática la "legalidad democrática". Además, Mockus fichó como candidato a vicepresidente al independiente Sergio Fajardo.

Para asombro general, el líder uribista hubo de disputar el último mes de la campaña electoral codo con codo con su adversario verde. Santos, el frío, tecnocrático y resolutivo ejecutor de la PSD que no necesitaba desplegar gracia personal para presentarse como el digno sucesor de Uribe, y Mockus, el heterodoxo, empático y reflexivo vendedor de alternativas humanistas, protagonizaron un apasionante toma y daca en los sondeos que prometía una primera vuelta electoral muy igualada; es más, en la recta final de la campaña, Mockus amagó con tomarle la delantera a Santos, quienes con seguridad iban a librar la segunda vuelta.

La votación del 30 de mayo de 2010 materializó, sin embargo, la sorpresa: Santos ganó con el 46,7% de los votos y por poco no se proclamó presidente en la primera vuelta. Mockus, con un inesperadamente pobre 21,5%, mantuvo vivas sus aspiraciones al obtener el paso a la segunda vuelta del 20 junio. Tercero fue el radical Vargas (10,1%), cuarto el polista Gustavo Petro Urrego (9,1%), quinta la conservadora Sanín (6,1%) y sexto, con un humillante 4,4%, Rafael Pardo Rueda, el candidato del histórico y otrora dominante PL. Tras conocer los resultados, Santos dio las gracias a los ciudadanos, a las Fuerzas Armadas y, en especial, a Uribe, a quien ofreció su triunfo provisional, y llamó a todos los partidos a forjar una "gran alianza nacional". Todos los sondeos auguraban una victoria arrasadora de Santos en la segunda vuelta, y así fue: el ex ministro se llevó el puesto a estrenar el 7 de agosto con el 69,1% de los votos, porcentaje que no tenía precedentes en la historia de la democracia nacional.

Juan Manuel Santos está casado en segundas nupcias con la diseñadora industrial María Clemencia Rodríguez Rivera, antigua directora de Relaciones Públicas del Banco de la República y directora del Museo de Arte Religioso de Bogotá, con la que ha tenido tres hijos, Martín, María Antonia y Esteban. De su primer matrimonio, con Silvia Amaya Londoño, no tuvo descendencia. Es miembro del Consejo Directivo de la Universidad de los Andes, donde ha impartido clases de Economía Política, y de la Junta de Gobernadores del Diálogo Inter-Americano, con sede en Washington.

(Cobertura informativa hasta 20/6/2010)