El muchacho retomó las clases escolares en Nueva York y concluyó su educación secundaria en la Louis D. Brandeis High School, sita en el Upper West Side de Manhattan. Tras retornar a la República Dominicana en 1968, cursó la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), por la que se doctoró magna cum laude en 1978 con una tesis titulada El delito de opinión pública, que luego se convirtió en un manual de obligada consulta por los estudiosos de los aspectos jurídicos de la labor periodística. También recibió el premio J. Humberto Doucudray como el alumno más destacado de su promoción.

Atraído desde su juventud por la problemática social e imbuido de ideas progresistas, Fernández ingresó en un comité de base del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) que dirigía el veterano político izquierdista Juan Emilio Bosch Gaviño, efímero presidente de la República en 1963 y que si no se hubiera metido en política habría pasado igualmente a la posteridad por sus aportaciones literarias y su condición de académico de la Lengua. En diciembre de 1973 Fernández secundó a Bosch en su decisión de separarse del PRD y fundar, el día 15, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), una fuerza originalmente calificada de marxista y antiimperialista pero que luego se deslizaría al centro del espectro político, si acaso con concesiones al progresismo social.

Fernández se destacó como líder estudiantil antes de alcanzar notoriedad en su triple faceta de jurista, docente y periodista. En la Escuela de Derecho ejerció de secretario general de la Asociación de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UASD, y participó activamente en las agitaciones reivindicativas contra el régimen derechista de Joaquín Antonio Balaguer Ricardo, aupado a la Presidencia de la República en 1966 y descabalgado de la misma en las elecciones de 1978 antes de recuperar el poder en 1986, al cabo de un interregno perredeísta de ocho años.

Dentro del PLD, Fernández desempeñó los cometidos sucesivos de responsable de la distribución de circulares, secretario de comité de base, miembro del Comité Central (1985), miembro del Comité Político (1990) y secretario de Asuntos Internacionales y de Prensa. Asimismo, dirigió la revista Política, Teoría y Acción, y colaboró en las tareas editoriales de Vanguardia del Pueblo, el órgano de prensa del partido. Como profesional privado, ejerció la abogacía, especializada en Derecho Civil, en diversos tribunales de la República, y, sobre todo, impartió docencia dentro y fuera del país. Durante dos décadas dio clases, seminarios y conferencias en la UASD, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), la Universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en Estados Unidos, siendo sus áreas lectivas la sociología de la comunicación, el derecho de prensa y las relaciones internacionales.

Al iniciarse la década de los noventa, Fernández era el paradigma del mulato (el 73% de la población presentaba esta variedad racial, frente a un 11% de negros descendientes de los esclavos traídos de África y un 16% de blancos de estirpe española, siendo éstos últimos por tradición los integrantes mayoritarios de la élite política nacional) ascendido por méritos propios a los escalafones altos de la sociedad. Personaje conspicuo en los círculos intelectuales y creadores de opinión pública, en estos años publicó los libros Los Estados Unidos en el Caribe: de la Guerra Fría al plan Reagan y Raíces de un poder usurpado, que se trataba de un análisis crítico del proceso electoral de 1990 que otorgó la victoria a Balaguer frente a Bosch, el cual puso entonces el grito en el cielo y denunció fraude. Fernández era autor también de un buen número de artículos sobre comunicación social, política internacional, historia contemporánea, cultura y derecho. Además del español, hablaba con fluidez el inglés y el francés.

Con un currículum profesional tan rico (aunque algunos echaron en falta una mínima experiencia en el ejercicio de funciones públicas, bien en la administración del Estado, bien en la política representativa), y siendo miembro de la plana mayor del PLD, no causó extrañeza que el octogenario Bosch, del que se consideraba un discípulo, le escogiera para acompañarle como candidato a vicepresidente de la República en las elecciones del 16 de mayo de 1994. Sin embargo, la votación fue ganada de nuevo, y de manera escandalosamente fraudulenta, por Balaguer, caudillo sempiterno del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y tan provecto como su inveterado adversario peledista, el cual se llevó su sexto mandato cuatrienal.

De cara a las presidenciales anticipadas de noviembre de 1995 (la fecha se trasladó luego a mayo de 1996), convocadas tras suscribir el 10 de agosto el PRSC, el PRD y el PLD el llamado Pacto por la Democracia con el fin de superar la grave crisis política generada por los comicios de 1994 y para reformar la Constitución con un espíritu de perfeccionamiento democrático del sistema, Fernández se convirtió en el centro de todas las miradas de sus conmilitones una vez que Bosch, imitando a Balaguer y acosado también por los achaques (padecía una aguda arteriosclerosis y un principio del mal de Alzheimer), anunció que no sería candidato de nuevo y que se retiraba de la conducción partidaria. El adiós nominal –que no real- de Bosch al liderazgo político se representó el 10 de octubre de 1994. Fue en el V Congreso del PLD, el cual le otorgó la presidencia vitalicia de la formación.

La consagración de Fernández vino el 21 de abril de 1995, cuando la Convención del PLD le proclamó su candidato presidencial para las elecciones del 16 de mayo de 1996. Tenía entonces 41 años. Sin pérdida de tiempo, puso en marcha una campaña proselitista en la que mostró sus grandes habilidades de comunicador. Capacitado, correcto en las formas y, en mayor o menor medida, convincente en el fondo porque se refería a problemáticas del presente y no se conformaba con las apelaciones trilladas del pasado, Fernández empleó un discurso de progreso que hacía hincapié en la modernización de las estructuras del país, ahora que el proceso político cobraba un interés extraordinario por el relevo generacional en las ofertas electorales del PLD y el PRSC.

Sus propuestas económicas no eran muy precisas, pero apuntaban a un liberalismo sin complejos aunque también incluyente, tal como indicaba la exhortación a asentar en la República Dominicana un modelo de "economía social de mercado". Más en el terreno de lo concreto, propuso fortalecer la industria manufacturera orientada a la exportación y lograr un crecimiento anual no inferior al 6% (en 1995 el PIB aumentó el 4,8%).

La presencia –atildado, bien parecido y sonriente- y los mensajes frescos de Fernández no podían contrastar más con la decrepitud física y el inevitable desfase cultural de Bosch y Balaguer, y resultaban atractivos para importantes sectores del electorado, fundamentalmente los jóvenes, las mujeres (los analistas de campaña subrayaron la soltería del candidato, ya divorciado de su primera esposa, como un elemento nada baladí) y los profesionales de las clases medias urbanas. La cuestión de la imagen y la mercadotecnia electoral irrumpieron con fuerza en la campaña. Por ejemplo, Fernández se publicitó con anuncios televisivos en los que aparecía jugando al baloncesto, deporte de enorme predicamento entre los jóvenes frente a la pasión que el béisbol levantaba en los adultos, con ritmos musicales de moda como telón de fondo. Los corresponsales internacionales no tuvieron inconveniente en endilgarle la etiqueta de populista por abusar de los llamamientos a terminar con la pobreza y la corrupción.

Gracias a Fernández, el PLD, que blandió el eslogan "Servir al partido para servir al pueblo", abandonaba la situación de tercero en las preferencias de voto, se metía en un competitivo segundo puesto y recuperaba la condición de principal alternativa al oficialismo balaguerista que había perdido en 1994. Ahora bien, su tirón electoral no era tan grande como para anular las posibilidades del aspirante del PRD, el veterano opositor izquierdista José Francisco Peña Gómez, líder negro con fama de honesto y aureola de mártir que lanzaba su tercera tentativa presidencial después de, literalmente, ver robada la victoria dos años atrás.

Fernández se mostró cauto en las críticas al partido del Gobierno y en cambio focalizó sus ataques en Peña, al que no tuvo ambages en presentar como un "peligro público" para la estabilidad del país, debido a su "personalidad indefinida" y a su condición de "hombre díscolo, emocionalmente inestable y con delirio de persecución". Había insinuaciones racistas en la propaganda contra Peña, pero el PLD aseguraba que lo que ponía en tela de juicio no era el color de su piel, sino sus aptitudes para gobernar y la cuna de sus progenitores, que él situaba en la República Dominicana cuando había fundados indicios del origen haitiano de, al menos, el padre. A su vez, el PRD arremetió contra Fernández por su inexperiencia en los asuntos de Estado, por articular un discurso que le parecía vacío de contenido y por aceptar la financiación del "anillo palaciego" en torno a Balaguer.

Esta última imputación la realizó el partido socialdemócrata sin aportar pruebas. No dejaba de ser una presunción, pero todo apuntaba a que el anciano mandatario saliente, en un ejercicio de maquiavelismo político que era audaz incluso para él, estaba en tratos con Bosch para apoyar a Fernández y cerrarle el paso al miembro de una raza, la negra, de siempre despreciada por las élites dominicanas, amén de tratarse el dirigente socialista del mayor enemigo político de ambos. De hecho, el postulante oficial del PRSC, el vicepresidente de la República Jacinto Peynado Garrigosa, se quejó por el escaso respaldo recibido desde su propio partido, pero luego se resignó a hacer de figurante en esta intriga de altos vuelos.

La coalición de intereses del PRSC y el PLD, insólita en dos formaciones que habían sido adversarias acérrimas durante décadas, se estrenó en las elecciones presidenciales de 1996 con éxito total. Las encuestas no erraron y el 16 de mayo Peña se puso en cabeza con el 45,9% de los sufragios seguido por Fernández con exactamente siete puntos de voto menos. Descalificado para la segunda vuelta, requerida al no alcanzar ningún candidato el 50% más uno de los votos (una de las novedades legales alumbradas por el Pacto por la Democracia), quedó Peynado, que sólo recabó el 15%.

Fue entonces cuando afloró el resultado del sorprendente conciliábulo de los dos patriarcas, otrora irreconciliables, de la política dominicana: Balaguer, próximo a entrar en su novena década de vida y medio ciego (físicamente apenas veía ya, pero sus maniobras demostraban que conservaba intacta su legendaria astucia), saltó a la palestra para anunciar un Frente Patriótico Nacional (FPN) entre su partido y el PLD, y para reclamar el voto para Fernández y su compañero de fórmula, el psiquiatra Jaime David Fernández Mirabal. El histórico acuerdo del FPN fue suscrito por Balaguer y Bosch el 2 de junio en olor de multitudes en el Palacio de los Deportes de Santo Domingo.

Espoleado por este formidable patrocinio, Fernández endureció su discurso contra Peña y le lanzó dardos verdaderamente deletéreos, como la acusación de ser "un hombre atado que responde a las directrices de dos ex presidentes condenados tanto en Venezuela como aquí por actos de corrupción", Se refería a Carlos Andrés Pérez, dos veces presidente de país sudamericano y antiguo líder del partido socialdemócrata Acción Democrática (AD), y Salvador Jorge Blanco, presidente de la República Dominicana entre 1982 y 1986, y figura descollante del PRD. La suerte parecía echada y el 30 de junio, en efecto, el peledista se impuso con un margen de votos que, sin embargo, fue más exiguo de lo que habría podido colegirse de la unión de fuerzas del centro-derecha: Fernández sacó el 51,2% y Peña el 48,7%.

El político izquierdista podía considerarse, por enésima vez, víctima de los tejemanejes de Balaguer, pero la victoria de Fernández era inobjetable porque los observadores locales e internacionales certificaron la limpieza de los comicios, seguramente los más depurados en la historia de la República Dominicana. Hasta la toma de posesión, Fernández puso mucho énfasis en desmentir que el FPN encerrase cláusulas secretas en forma de algún tipo de gratificación por el respaldo recibido del PRSC, negó que existiera un plan bipartito antes de la ronda del 16 de mayo y afirmó que se alió con Balaguer por puro pragmatismo político, por necesidad de la coyuntura y para satisfacer la "matemática" electoral.

Tras la firma del FPN, Fernández había elogiado al presidente saliente por su "talento" y "su intelecto agudo". Preguntado ahora por cómo valoraba que los balagueristas hubiesen distribuido "sobrecitos" con dinero al tiempo que solicitaban el voto para su candidatura, respondió que ése era "el estilo de Balaguer", una práctica clientelista que él no empleaba y que le parecería un "comportamiento reprobable" si se demostrara que los sobornos electorales habían involucrado a fondos públicos. Por otra parte, toda vez que el PLD venía experimentado una derechización en los últimos tiempos, el anuncio del frente con el PRSC podía ser percibido como el afianzamiento de la tendencia, en el partido que un día se calificó a sí mismo de marxista. El presidente electo insistió en que el PLD mantenía su identidad progresista y no salía desnaturalizado de la firma del FPN. En cuanto a él, en absoluto se veía como una suerte de "prisionero comprometido" del caudillo socialcristiano.

El 16 de agosto Fernández recibió la banda presidencial con mandato hasta 2000. En su discurso inaugural, entonó un llamamiento a la unidad de las principales fuerzas políticas del país y reiteró su oferta de formar un Gobierno de concentración para vertebrar un proyecto nacional dominicano, aunque del PRD ya tenía el no por respuesta. En cuanto al PRSC, sí iba a integrarse en el Gabinete, pero en grado mínimo, imposibilitando que pudiera hablarse de un Ejecutivo de coalición propiamente dicho.

El flamante mandatario volvió a enumerar sus prioridades: modernizar el Estado y la estructura productiva; incentivar la pequeña y mediana empresa, así como la inversión foránea, con un elenco de franquicias y estímulos fiscales; crear empleo y reducir los niveles de pobreza; salvaguardar la estabilidad macroeconómica sin dañar el poder adquisitivo de la población; combatir la corrupción a través de sendas reformas del sistema judicial y la administración pública; y, revisar las directrices de política exterior y el servicio diplomático para conseguir una presencia más activa del país en los foros internacionales y los organismos multilaterales.

Tan amigo como era de cuadrar los números, Fernández no podía pasar por alto la relación de fuerzas parlamentarias. Los dos partidos del FPN sumaban 63 diputados sobre 120 y exactamente la mitad de los 30 senadores. Toda vez que los peledistas sólo tenían 13 escaños en la Cámara baja y dependían completamente de sus socios socialcristianos para sacar adelante los proyectos de ley (al menos, hasta el final de la legislatura en 1998, cuando el Congreso sería renovado), en la nueva mayoría oficialista asomaba un cariz de precariedad e incertidumbre, ya que no se sabía el alcance del aval de Balaguer, o, viéndolo de otra manera, se desconocía hasta qué punto estaba dispuesto Fernández a concertar y, eventualmente, transigir.

Por de pronto, Fernández tomaba las riendas de un país de marcados claroscuros. Balaguer había dejado numerosos proyectos desarrollistas en curso, con muchas obras públicas centradas en la mejora de la red de carreteras y aeropuertos. El sector turístico, acogido al modelo de hotel y playa, y orientado a clientes de Europa y América con poder adquisitivo medio-alto, estaba en franca expansión y mostraba un potencial sin rival en el área caribeña. La pujanza de la construcción y el turismo coadyuvaban a obtener un crecimiento global en torno al 7% anual. En cuanto a la inflación, empezaba a abandonar la lista de preocupaciones.

Pero el panorama estaba lejos de ser idílico. Además de la pobreza estructural en extensas capas de la población, estaban el alto desempleo (el 20%), el dogal de la deuda externa (4.300 millones de dólares) y los números rojos del erario público, con un bajo nivel de ingresos fiscales y, lo más grave, la virtual bancarrota en que se encontraban la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) y el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), las empresas más emblemáticas del Estado.

El CEA, otrora considerado el espinazo de la economía nacional, llevaba años resintiéndose del declive de las cosechas de caña (zafras), la disminución de sus ingresos en divisas, el coste de mantener en nómina a una plantilla hipertrofiada como consecuencia de los compromisos clientelistas del PRSC, y las pérdidas ocasionadas por la corrupción interna. Arrastrando deudas por valor de 83 millones de dólares, este emporio había perdido incluso su capacidad de abastecer el mercado interno para poder mantener su cuota preferencial de exportación a Estados Unidos.

Los lastres estructurales de la CDE eran básicamente los mismos (obsolescencia de las instalaciones por la ausencia de inversiones, exceso de burocracia, ineficiencia y corrupción internas, deudas millonarias), pero su impacto social era mucho mayor porque repercutían directamente en el servicio que recibían los abonados, que eran toda la población. Debía hablarse, en realidad, de falta de servicio, ya que las plantas generadoras tenían por costumbre castigar a barriadas y ciudades enteras con apagones que podían durar un día o incluso más horas, de lo que no se libraban cientos de miles de habitantes de Santo Domingo.

El suministro de energía en la República Dominicana era verdaderamente calamitoso, propio de los países menos desarrollados, hasta el extremo de limitar la capacidad productiva de las industrias y erosionar el PIB. A mayor abundamiento, la corporación sólo facturaba la mitad de la energía que producía, llenando de cargas por subsidios a la tesorería pública. En la última presidencia de Balaguer, la CDE había estado debatiéndose entre acometer una drástica reestructuración en aras de la rentabilidad o venderse al capital privado. De hecho, tres distribuidoras privadas ya suplían hasta el 45% de la demanda de energía a través de las redes de la CDE, dependiendo de los niveles de producción de las centrales hidroeléctricas y de las unidades de generación de la propia firma estatal.

A la Administración de Fernández le faltó tiempo para decantarse por la segunda opción. El 18 de agosto, transcurridos dos días desde la toma de posesión, el Gobierno anunció un plan de privatización y reestructuración generales de la CDE, el CEA, la Corporación de Fomento de la Industria Hotelera (CORPHOTEL) y las 24 compañías que integraban la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE), en el pasado pertenecientes al patrimonio personal del dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina (1891-1961), la mitad de las cuales operaban con grandes déficits y la otra mitad ya habían suspendido toda actividad.

El presidente instó a los dos partidos mayoritarios que controlaban el Congreso a que trabajaran conjuntamente con el Gobierno y el PLD para la aprobación del nuevo marco legal de las citadas corporaciones. Los objetivos no eran otros que mejorar el suministro energético y librar de gastos al Estado. El PRSC y el PRD tomaron en consideración el vasto proyecto, pero, en cambio, pusieron múltiples objeciones al primer borrador de los presupuestos del Estado de 1997 que les presentó el Ejecutivo, obligando a Fernández a negociar las oportunas correcciones. No transcurrió, pues, mucho tiempo hasta poder dictarse el acta de defunción del FPN. Es más, los reformistas, guiados por Balaguer con su celo habitual, tendieron a alinearse con los perredeístas, generando la imagen de un presidente atado de pies y manos por el Legislativo.

La campaña anticorrupción, una de las banderas políticas del PLD, conoció sus limitaciones tan pronto como apuntó al entorno de funcionarios que debían sus prebendas al balaguerismo. Algo más de éxito tuvo el presidente en la extensión de su autoridad al estamento castrense, consiguiendo el cese de varios altos oficiales de alta graduación amonestados por asuntos de insubordinación o corrupción, así como el arresto, en marzo de 1997, de tres generales en la reserva, Joaquín Antonio Pou Castro, Salvador Lluberes Montás y José Isidoro Martínez González, por su presunta participación en el asesinato del periodista Orlando Martínez Howley en 1975, uno de los casos sin resolver de los ominosos doce años (1966-1978) de Balaguer.

Donde sí encontró Fernández el espíritu de consenso que reclamaba a los partidos fue en torno al plan de privatizaciones. Tras pasar el escrutinio de las dos cámaras del Congreso y obtener el respaldo unánime de la oposición, la llamada Ley General de Reforma de la Empresa Pública fue promulgada el 24 de junio de 1997 y a continuación se puso en marcha la Comisión de Reforma de la Empresa Pública (CREP) como el organismo encargado de conducir el proceso de capitalización. Pero los modos, mediante licitación, y los resultados de esta transformación histórica iban a ser harto discutibles, por no decir censurables.

Esta última valoración atañó sobre todo a la privatización de la CDE, que no fue total porque el Estado retuvo algunos servicios y se reservó una participación de capital en calidad de copropietario, a través de la nueva Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE). El patrimonio de la antigua CDE fue dividido en áreas de generación, transmisión, y distribución y comercialización, permitiéndose la entrada del capital privado en los ámbitos primero y tercero, y manteniendo el Estado la titularidad del segundo (así como las presas hidroeléctricas en la parte de generación). Se constituyeron dos empresas generadoras, EGE Haina y EGE Itabo, otorgadas al consorcio New Caribbean Investment, y tres de distribución, EDE Norte, EDE Sur y EDE Este (también llamadas Edenorte, Edesur y Edeeste), que fueron ganadas por dos transnacionales extranjeras, la española Unión Fenosa y la estadounidense AES Corporation. La CDEEE puso el 50% de capital de las EDE Norte y Sur, quedando la otra mitad en manos de Unión Fenosa.

La privatización de la CDE, consumada entre agosto y octubre de 1999, adquirió proporciones de fiasco, ya que las nuevas compañías energéticas se mostraron incapaces de garantizar el suministro. Los cortes de luz continuaron estando a la orden del día, prolongándose con frecuencia hasta 20 horas. Con todo, Fernández y su equipo, ya al final de su mandato, no se decidieron a tomar cartas en un asunto que presentaba las trazas de una estafa al Estado. Peor aún, las tarifas eran caras, todo lo cual concitó un sinfín de quejas por negligencia, abuso y desfachatez contra las compañías implicadas. Las distribuidoras replicaron defendiendo su derecho a cortar el suministro a los clientes morosos, en masa si era necesario, y exigiendo al Gobierno acciones vigorosas para impedir los robos a gran escala en la red eléctrica.

Al comenzar 1998, antes de completarse el proceso de privatizaciones y cuando Fernández se aproximaba al ecuador de su presidencia, el malestar estaba instalado en la calle. Fueron frecuentes los motines en los barrios populares por un hartazgo acumulado que no se nutría únicamente del desbarajuste eléctrico; también, de un suministro de agua deficiente, de las carencias en el transporte y otros servicios públicos, y de una subida incontrolada de precios que dejó la tasa de inflación de 1997 en el 9,6%, tres veces más que el año anterior. Las algaradas fueron reprimidas con severidad por unas fuerzas del orden proclives a reaccionar con brutalidad ante estas situaciones, aunque el Gobierno, para aquietar los ánimos, optó por autorizar importaciones urgentes de alimentos. En este sentido, la iniciativa presidencial de convocar, el 18 de noviembre de 1997, una mesa de Diálogo Nacional para integrar a la sociedad civil en la discusión de las grandes problemáticas del país no dio los frutos apetecidos.

Y sin embargo, el encarecimiento de la vida era el efecto indeseado de una coyuntura económica positiva en términos generales. La bonanza turística y constructora, el auge de la manufactura de exportación basada en las zonas francas industriales (cuyo número se incrementaba gracias a la acción del Gobierno) y el boom no menor de los servicios tecnológicos (hasta convertir a la República Dominica en un país puntero de América Latina en el desarrollo de las telecomunicaciones, creándose la paradoja de que mientras se levantaba una extensa y moderna red de telefonía y datos, el sistema eléctrico era presa del marasmo más desastroso), junto con la robustez de las remesas de divisas enviadas por la diáspora de emigrantes, se tradujeron en la obtención de las más altas tasas de crecimiento del continente: el 7,3% en 1996, el 8,2% en 1997, el 7% en 1998 y el 8,3% en 1999. En cambio, el sector agrícola no terminaba de levantar cabeza, hasta registrarse retrocesos generalizados en las exportaciones de azúcar, café y cacao al final del cuatrienio. Por todo lo anterior, empezaba a hablarse del "milagro económico del Caribe".

Con todo, el dominicano medio cargaba con las subidas de los precios de los alimentos y los combustibles. Había más trabajo que antes, pero en las clases populares se tendía a percibir como no equitativos los beneficios de la nueva prosperidad. En el terreno electoral este malestar se manifestó inapelablemente. En las legislativas del 16 de mayo de 1998, el PRD, beneficiado en añadidura por la corriente de simpatía que había levantado la muerte de Peña Gómez días atrás, se hizo con una mayoría absoluta de 83 escaños en la Cámara de Diputados (aumentada a los 149 miembros). El PLD metió 50 diputados y 4 senadores, lo que representaba una considerable ganancia con respecto a 1994 pero que en las actuales circunstancias sabía a derrota. El partido del poder vio frustradas sus esperanzas de obtener, no ya una mayoría suficiente para sacar adelante los presupuestos sin componendas, sino meramente el tercio de legisladores en ambas cámaras que permitiría a Fernández hacer valer su derecho de veto a las decisiones parlamentarias de la oposición.

Sin concesiones populistas y con estilo tecnocrático, tras los comicios de mayo de 1998 Fernández pisó el acelerador en sus políticas neoliberales, tal como eran calificadas por doquier. En el mes de junio, el Gobierno decidió una devaluación del peso del 8,5% para estimular las exportaciones, seguida en febrero de 1999 de la congelación de los gastos públicos para el resto del año. La macroeconomía siguió dando buenas noticias: en 1998 la inflación cayó por debajo del 5% y la subida del nivel de reservas internacionales del Banco Central permitió al Estado cumplir satisfactoriamente con los compromisos del servicio de la deuda externa, que se recortó hasta los 3.500 millones de dólares. La República Dominicana adquirió la fama de país solvente y de bajo riesgo para las inversiones de capìtal.

Antes de llegar al poder, Fernández había prometido dinamizar en los próximos cuatro años las relaciones exteriores de la República Dominicana. Pues bien, al finalizar el período, podía sacarse en limpio que los objetivos trazados en 1996 estaban cumplidos con creces, a tenor de una retahíla de éxitos diplomáticos y comerciales. En verdad, el estadista exudó activismo y se forjó un perfil bastante alto en política internacional, sintiéndose cómodo en un terreno sobre el que ya había asesorado en su partido e impartido magisterio en la universidad. De puertas afuera, Fernández fue considerado el "primer presidente moderno" de su país, haciéndose acreedor del elogio y el respeto generales.

Decidido a ensanchar los canales diplomáticos en todas las direcciones, Fernández intensificó la cooperación con España -cuyo presidente de Gobierno, el conservador José María Aznar, eligió precisamente la República Dominicana como destino de su primer viaje al continente americano en septiembre de 1996-, participó en las cumbres iberoamericanas anuales y asistió como invitado a la cumbre de presidentes de los cinco países del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) celebrada en San José el 8 de mayo de 1997. A la cita en la capital costarricense también acudió el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, que recibió a Fernández en la Casa Blanca con carácter privado el 10 de junio de 1998.

Entre el 5 y el 7 de noviembre de 1997 Santo Domingo fue el escenario de una cumbre especial con los presidentes de los siete estados centroamericanos dedicada a estudiar el inicio de negociaciones sobre un Tratado de Libre Comercio de bienes, servicios e inversiones entre el país caribeño y el istmo. Definido con suma rapidez, el TLC Centroamérica-República Dominicana fue firmado por Fernández y sus colegas en la misma ciudad el 16 de abril de 1998 y debía estar vigente para el 1 de enero de 1999, pero el proceso de ratificación, país por país, se ralentizó hasta el extremo de imposibilitar la entrada en servicio del tratado en la actual presidencia.

No menos relevante fue la actuación de Fernández en el espacio geográfico que era propio de la República Dominicana, el Caribe insular, donde, sin embargo, el país adolecía de un muy escaso nivel de integración comercial, ni a nivel bilateral ni a título multilateral. El presidente puso fin a esta desconexión histórica participando el 8 de julio de 1997 en Montego Bay, Jamaica, en la XVIII Cumbre de la Comunidad del Caribe (CARICOM), organización económica hasta entonces estrictamente anglosajona, y haciendo de anfitrión del 20 al 22 de agosto de 1998 en Santo Domingo de una cumbre especial del CARIFORO o el Foro del Caribe de los Estados ACP (Asia, Caribe y Pacífico), esto es, signatarios de la Convención de Lomé IV establecida en 1989 con la entonces Comunidad Europea para la recepción de la ayuda concedida por el Fondo Europeo de Desarrollo (FED).

El CARIFORO surgió por la necesidad que había de coordinar estas ayudas europeas en un entorno de cooperación e integración regionales a raíz de la participación de la República Dominicana y Haití, los dos estados que conforman la isla de La Española, en Lomé IV, toda vez que el país hispano y su vecino francófono no eran miembros del CARICOM y la Secretaría de este organismo ya no era suficiente para monitorizar los recursos FED destinados a la región.

En la reunión del CARIFORO en Santo Domingo, que coincidió con el quinto centenario de la fundación de la capital dominicana, Fernández firmó, el 22 de agosto, un Acuerdo de Libre Comercio con el CARICOM (que tampoco pudo entrar en vigor bajo la actual Administración) y además sostuvo un histórico encuentro con el dictador cubano Fidel Castro, que asistía a la cumbre a título de observador, escenificando el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, después de 39 años de incomunicación, producido el 16 de abril anterior. En noviembre de 1999 Fernández aprovecharía la asistencia a la IX Cumbre Americana para prestar una visita oficial al Gobierno de La Habana.

El mandatario participó también bajo la sombrilla del Centro Carter de Atlanta, del que se hizo miembro en 1997, en los trabajos de la Agenda para Las Américas, la iniciativa inaugurada en 1994 a instancias de Estados Unidos para crear una vasta área de libre cambio panamericana en torno a 2005. El 16 y el 17 de abril de 1999 volvió a captar la atención del hemisferio al dirigir en Santo Domingo la II Cumbre de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), foro que integra a 25 países ribereños y que en aquella ocasión sentó las bases para el establecimiento de una zona de libre comercio propia. Por otro lado, la República Dominicana fue admitida en el Grupo de Río en junio de 2000, coincidiendo con la XIV Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno en Cartagena de Indias, Colombia.

Mejoraron asimismo los tratos con Haití. Así, en junio de 1998 Fernández realizó en Puerto Príncipe la primera visita de un presidente dominicano desde hacía nada menos que 62 años, siendo recibido por su homólogo haitiano, René Préval. Esto fue posible pesar de que el Ejecutivo peledista prolongó (y practicó con fruición) la política tradicional con respecto al trato dispensado a los inmigrantes haitianos clandestinos, a saber, el lanzamiento de redadas y las expulsiones masivas al otro lado de la frontera con poca o ninguna consideración de la dignidad de los afectados, expuestos a sufrir malos tratos físicos como agravio añadido. Las operaciones, conducidas por el Ejército, afectaron también y no por error a un número incierto pero sin duda significativo de dominicanos de color.

Estas verdaderas deportaciones encubiertas de población propia, que habrían provocado un escándalo descomunal en un país más sensibilizado con los dramas de la inmigración ilegal (no menos dramática resultaba la emigración ilegal por mar de los boat people dominicanos, negros y no negros, a Puerto Rico), ilustraron el arraigo de los sentimientos de superioridad o los prejuicios raciales de ciertas élites nacionales, para las que, al parecer, no contaban para nada los derechos más elementales de un dominicano de nacimiento si se sospechaba que sus padres, sus abuelos o ancestros aún más lejanos eran oriundos de Haití.

El malestar social apuntado en las legislativas de 1998 volvió a pasarle factura al PLD en las presidenciales del 16 de mayo de 2000, que fueron ganadas por el candidato del PRD, Rafael Hipólito Mejía Domínguez, cuyo programa otorgaba prioridad al capítulo social. El postulante del oficialismo, Danilo Medina Sánchez, secretario de Estado de la Presidencia estos cuatro años, ex presidente de la Cámara de Diputados, responsable de la campaña electoral del PLD en 1996 y hombre de la máxima confianza de Fernández, sufrió una abultada derrota con el 24,9% de los votos, justo la mitad que los cosechados por el perredeísta.

Aunque técnicamente debía disputarse una segunda vuelta porque Mejía no alcanzó el preceptivo 50% más uno por unas pocas miles de papeletas, Medina arrojó la toalla tras constatar que no iba a recibir el apoyo del PRSC, es decir, a repetirse el escenario de 1996. Balaguer, en su novena liza presidencial (pese a estar ya completamente ciego, sordo e incapacitado para hablar o mantenerse en pie más que unos pocos minutos), quedó en un meritorio tercer lugar y a punto estuvo de desbancar a Medina. Balaguer iba a fallecer en julio de 2002, ocho meses después de extinguirse también el otro ilustre nonagenario de la política nacional, Bosch.

El 16 de agosto de 2000 Mejía relevó a Fernández en la suprema magistratura. En su despedida, el político peledista reconoció su fracaso en la solución del problema eléctrico (la enésima ola de apagones se había cebado con Santo Domingo las pasadas anteriores), pero reivindicó sus políticas de estabilidad y crecimiento, sus programas de modernización y su quehacer exterior centrado en la integración regional y la búsqueda de mercados sin derechos de aduana. El legado macroeconómico de Fernández incluía un ritmo de crecimiento del PIB ligeramente inferior al 8% anual, la estabilidad del peso, la moderación de la inflación, el alivio de la servidumbre de la deuda externa y un excelente nivel de reservas monetarias. Pero desde la perspectiva social, el batiburrillo economicista de tablas y cifras no decía gran cosa. Sobre todo, no se lo decía a ese 25% de la población que vivía bajo el umbral de la pobreza.

Fernández siguió muy atento el devenir del nuevo curso político desde su puesto en el Comité Político del PLD y al frente de un centro de estudios y reflexión puesto en marcha tan pronto como dejó el poder, la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE). Mitad think tank dominicano, mitad plataforma de promoción personal, para no perder ascendiente público, la FUNGLODE se definía como una institución privada sin afán de lucro dedicada a "formular propuestas innovadoras de naturaleza estratégica y coyuntural sobre temas relevantes de interés nacional, elevar la calidad del debate nacional y elaborar políticas públicas cruciales para la gobernabilidad y el desarrollo económico y social de la República Dominicana".

Apoyándose en la FUNGLODE, Fernández desarrolló una activísima agenda internacional, con continuos viajes a España, Estados Unidos y países de América Latina para participar en conferencias, jornadas y seminarios organizados por prestigiosos centros de investigación, universidades y fundaciones (inclusive la suya propia) de los dos continentes. Muy solicitado en los cenáculos académicos y políticos más selectos, siguió codeándose con estadistas, embajadores y altos responsables internacionales, y produjo abundantes ponencias sobre las problemáticas de la globalización, el concepto de gobernanza mundial, las interacciones entre los poderes estatales y los actores de la sociedad civil, la educación de los jóvenes y, con especial énfasis, las tecnologías de la información, que él consideraba un elemento imprescindible en cualquier estrategia de desarrollo social y de superación de la pobreza en los países latinoamericanos. En 2002 el Centro Carter le encargó la misión de evaluar la situación política en Venezuela a petición del presidente Hugo Chávez.

Todo este trajín no impidió a Fernández tomar el pulso a los acontecimientos en la República Dominicana, que empezaron a ofrecer un cariz preocupante. Una colusión de factores externos (contracción económica y de los intercambios comerciales en toda la región y Estados Unidos, impacto negativo de los atentados del 11 de septiembre de 2001, debilidad de los precios agrícolas, encarecimiento del petróleo) repercutió en los ingresos por el turismo, las exportaciones industriales y, sobre todo, las exportaciones agrícolas. El crecimiento del PIB inició la senda descendente, el montante de la deuda pública, interna y externa, apuntó a la dirección inversa, y la perpetuación de los insufribles cortes eléctricos junto con las alzas en los precios los combustibles decretadas por el Gobierno empezaron a concitar rechazo social a la presidencia de Mejía.

El 20 de enero de 2002, ya fallecido Bosch y quedado, por tanto, vacante el mando supremo del partido, Fernández se proclamó presidente del Comité Político del PLD con el 99,3% de los votos en una elección primaria abierta a los afiliados. Ya entonces dio a entender que sería aspirante presidencial en 2004, cosa que el actual articulado constitucional le permitía al estar de por medio el período de cuatro años en blanco. Hizo una profesión de fe del PLD, al que definió como una organización "progresista, humanista y solidaria", enmarcada en la línea del centroizquierda", y empezó a lanzar fuego graneado contra Mejía.

Para el líder peledista, la gestión del antiguo ingeniero agrónomo estaba siendo "catastrófica" y un "fracaso rotundo". "Arrogante", "atropellante", "irresponsable", "insensible", "cruel", "intolerante", "incompetente", "falto de visión" y "socialmente indiferente" fueron algunos más entre los muchos epítetos, a cual más hiperbólico, de que Fernández se sirvió para arremeter contra un ejecutivo que, en su opinión, comprometía seriamente el desarrollo y la estabilidad nacionales y dilapidaba el legado de su actuación entre 1996 y 2000. Merecían sus catilinarias fenómenos como la espiral del endeudamiento público, el crecimiento de la plantilla de funcionarios a sueldo del Gobierno y el desvío de partes sustanciosas del presupuesto nacional al gasto corriente. Y eso que la verdadera crisis económica y las mayores convulsiones sociales aún estaban por llegar.

Las legislativas del 16 de mayo de 2002 no sonrieron al PLD, que retrocedió a los 41 diputados y perdió dos de sus cuatro senadores. Cogido por sorpresa, Fernández se quejó de una serie de defectos de forma en el proceso electoral e incluso declaró que los resultados de los comicios no eran "enteramente confiables". En el mes de julio, el proyecto de reforma constitucional de Mejía para introducir la renovación presidencial por un segundo período de cuatro años no prorrogable (uno de los cambios alumbrados por el Pacto por la Democracia en 1994 había sido la remoción de la reelección indefinida introducida por y para Balaguer) salió adelante con los votos del PRD y el PRSC. Los asambleístas del PLD se posicionaron en contra de esta enmienda porque entendían que su objetivo inmediato era satisfacer la ambición reeleccionista de Mejía, por mucho que éste lo negara. Nominado candidato presidencial por su partido, Fernández denostó el carácter unilateral y partidista de la revisión de la Carta Magna, pero se hizo a la idea de que en mayo de 2004 iba a contender con Mejía.

A lo largo de 2003, Fernández continuó haciendo su precampaña sin dejar de poner de vuelta y media a Mejía. Estímulos para criticar el proceder del Gobierno no le faltaban. El año, uno de los más calientes, social y políticamente, de las últimas décadas, conoció tres olas de revueltas populares en Santo Domingo, con su cohorte de muertos y heridos, y una primera jornada de huelga general cuyos detonantes fueron la supresión de los subsidios a la electricidad, el descontrol alcista de los precios y los tipos de interés, el anuncio de nuevos impuestos y, en definitiva, las recetas de austeridad que se vio obligado a aplicar el Ejecutivo ante la caída general de los ingresos y la fuerte depreciación del peso con respecto al dólar, y para satisfacer las demandas del FMI.

El PLD, en lo que coincidió con el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP, la confederación patronal dominicana), acusó al Gobierno de descargar todo el peso del ajuste en el sector privado y en los ciudadanos, y de no apretarse el cinturón también él mediante un recorte vigoroso de los gastos corrientes. Fernández volvió a levantar su dedo acusador en la primavera con motivo de la quiebra del Banco Intercontinental (Baninter), fuente de dinero habitual de los partidos políticos y una de las más importantes entidades crediticias del país, que arrastró tras de sí al Banco Nacional de Crédito (Bancrédito) y el Banco Mercantil.

El mayor desastre financiero en la historia de la República Dominicana, que obligó al Estado a intervenir con desembolsos del orden de decenas de miles de millones de pesos para respaldar los depósitos de los tres bancos desahuciados, tuvo un impacto automático y extremadamente negativo en la economía nacional. Pero también aireó ante la opinión pública las complicidades de una clase política al completo en las prácticas fraudulentas de ciertos magnates financieros sin escrúpulos. Se supo así que el Baninter llevaba década y media engordando un déficit colosal –el agujero era de 55.000 millones de pesos, al cambio, 2.200 millones de dólares, en el momento de la intervención por el Banco Central- tapado por una artimaña contable; entre tanto, no había dejado de prestar dinero en condiciones favorables al PRSC, el PLD y el PRD, que los tres estuvieron en el poder en el período referido, a cambio de favores políticos.

Ni Mejía, que le tocó en suerte encajar el colapso del Baninter pero que hasta la víspera del mismo elogió la absorción de la entidad por el Banco Dominicano del Progreso (operación a raíz de la cual se destapó todo el escándalo), ni Fernández, bajo cuya presidencia tuvieron lugar importantes reestructuraciones del sector bancario y el mismo Baninter, en 1997, fue autorizado a comprar el Banco de Comercio (Bancomercio), aceptaron tener responsabilidad alguna en el desaguisado. 2003 iba a cerrar con un crecimiento negativo del PIB del 1,3%, y aunque Fernández podía esgrimir el balance de resultados de su primera presidencia, resultaba evidente que la actual crisis hundía sus raíces en un modelo económico apoyado en una estructura doméstica engañosa y, a la vez, sumamente vulnerable a los factores externos.

En lo personal, 2003 fue un año señalado para Fernández porque salió al mercado un libro recopilatorio de artículos periodísticos suyos llamado Nuevo Paradigma y, sobre todo, porque tuvo segundas nupcias y estrenó la paternidad. El 10 de febrero contrajo matrimonio con Margarita Cedeño Lizardo, una abogada titulada por la UASD que estaba divorciada también y que tenía dos hijos. Cedeño se había desempeñado de consultora jurídica de la Presidencia durante el primer mandato de Fernández, y ya entonces los medios se hicieron eco de ella como una influencia discreta pero muy importante en el Palacio Nacional. Se sabía que pertenecía al primer círculo de colaboradores del político desde antes de su salto al poder, y que en todo este tiempo Fernández la había resguardado del foco de la atención pública para ahorrar chismorreos a los dos. En septiembre nació el primer vástago del matrimonio Fernández-Cedeño, una niña a la que llamaron Yolanda en recuerdo a la madre de él.

La campaña de las elecciones presidenciales del 16 de mayo de 2004 estuvo regada de mutuas acusaciones de juego sucio y de invocaciones al fantasma del fraude. Gran favorito en las encuestas, que le otorgaban la victoria incluso en la primera vuelta, Fernández aseguró que los comicios debían tomarse como un plebiscito sobre Mejía y su "atroz" Gobierno, que habían "hundido" al PRD, en referencia a las graves fracturas que la postulación reeleccionista del mandatario, en un mentís espectacular de sus propias palabras, había abierto en el perredeísmo.

La propaganda peledista aventó eslóganes elementales pero muy eficaces, del tipo Estábamos mejor con Leonel, y Vuelve Leonel, vuelve el progreso, que apelaban al recuerdo de la prosperidad y la estabilidad económicas del período 1996-2000. En febrero de 2003 el dólar se cambiaba a 18 pesos, pero justo un año después la tasa se elevaba a los 51 pesos, lo que suponía un 65% de devaluación en doce meses. La inflación interanual marcaba el 43%, la tasa más elevada del continente, el paro era del 17% y la deuda externa alcanzaba los 7.600 millones de dólares, el doble que en 2000. El Banco Central acusaba una severa penuria de fondos a raíz de su intervención a los tres bancos comerciales quebrados el año anterior, y el déficit fiscal rondaba los 500 millones de dólares y seguía creciendo. Sin embargo, los signos de recuperación productiva ya asomaban en el horizonte, permitiendo calcular un balance anual sin recesión.

El 16 de mayo no hubo sorpresas y Fernández se proclamó presidente sin necesidad de disputar la segunda vuelta el 27 de junio. El peledista obtuvo el 57,1% de los sufragios y Mejía mereció la confianza del 33,6% de los votantes, número más elevado que el barajado por la mayoría de los sondeos y que no estuvo exento de mérito, dados la pésima situación económica y social dejada en herencia, el fuerte rechazo popular a las políticas del Ejecutivo y la división instalada, hasta el borde de la ruptura, en las filas del PRD. El hombre del PRSC, Eduardo Estrella Virella, sólo sacó el 8,6% de los votos. Mejía aceptó sin rechistar, con gesto de buen perder, el veredicto de las urnas y felicitó a su adversario.

Fernández, que se declaró contrario a la invasión unilateral de Irak en marzo de 2003 porque no consideraba que esa campaña militar, a diferencia de la sostenida en Afganistán, tuviera que ver con la lucha contra el terrorismo internacional, pero que recalcó que, al tratarse el país de un "patio trasero" de Estados Unidos dado el volumen de las relaciones económicas y migratorias, la República Dominicana no podía permitirse el mínimo enfrentamiento o desacuerdo bilateral, emprendió su segunda presidencia el 16 de agosto de 2004 en una ceremonia a la que asistieron ocho jefes de Estado o de Gobierno.

En su alocución inaugural, Fernández se lamentó por heredar un gobierno "sin un solo centavo", anunció la creación de un fondo de emergencia para cubrir los sueldos del personal de la administración pública y otras necesidades vitales, y decretó un período de austeridad "para recuperar la confianza". En primer lugar, la confianza de los fiadores internacionales, ya que el grueso del préstamo stand-by de 600 millones de dólares acordado con el FMI el año pasado estaba en suspenso tras considerar el organismo que el ejecutivo saliente había incumplido su carta de intenciones, y habida cuenta de la ineficacia de las medidas adoptadas para controlar la inflación y estabilizar el peso.

Las medidas de austeridad de ahora iban a consistir en la reducción en un 20% de los gastos del Estado, la supresión de cargos superfluos y sinecuras en el Gobierno y la administración, y un control estricto del endeudamiento con la banca local. Se pretendía ahorrar, pero también ingresar más. Así, el presidente instó al Congreso a que diera luz verde a un paquete de gravámenes, de entre el 10% y el 20%, sobre el tabaco, el alcohol y el consumo telefónico que el Gobierno iba a enviarle próximamente. La reforma fiscal era demandada por el FMI para reanudar su asistencia crediticia, y Fernández expuso que, de acuerdo con las estimaciones del Fondo, para lograr la estabilidad de la economía nacional se requería un ajuste fiscal del 4% del PIB, equivalente a 30.000 millones de pesos (750 millones de dólares). De ese 4%, el 2,5% correspondería al ingreso tributario extra y el 1,5 saldría de la austeridad en el gasto corriente y de la reducción de subsidios.

Asimismo, Fernández, a fin de normalizar inmediatamente el suministro de energía eléctrica, informó de su intención de contratar una línea de crédito a corto plazo por 50 millones de dólares para comprar combustible y de convocar una licitación internacional para adjudicar la administración de EDE Norte y EDE Sur a una empresa del sector privado. La nueva prestataria debía sustituir a Unión Fenosa, que se había retirado del negocio energético al vender a la CDEEE su participación en las dos distribuidoras; esta operación fue valorada por el FMI como una desprivatización que cargaba con nuevos gastos al Estado y por eso suspendió su ayuda de contingencia. Finalmente, el presidente se comprometió a meterle mano a las urdimbres de la corrupción estatal. Sobre el particular, puntualizó que su Gobierno no quería desatar persecuciones de tipo revanchista y político, aunque tampoco podía convertirse "en un nuevo abanderado del borrón y cuenta nueva."

Además de las entidades arriba citadas, Leonel Fernández es miembro de otros consejos e instituciones internacionales, como el Círculo de Montevideo (desde 1996), que anima el ex presidente uruguayo Julio María Sanguinetti, el Consejo de Jefes de Gobierno Libremente Elegidos, el Diálogo Inter-Americano (2001), con sede en Washington, el Club de Madrid (2001) y el Centro Norte-Sur Dante B. Fascell de la Universidad de Miami (2002). Fue elegido presidente en 2000 del Club de Ejecutivos Estados Unidos-Caribe, que tutela el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) de Washington, y en 2002 de la Asociación de las Naciones Unidas de la República Dominicana (ANU-RD). Está en posesión de doctorados honoríficos concedidos por las universidades de la Sorbona (1999), Harvard (1999), Nacional Pedro Henríquez Ureña (2000), Seton Hall de Nueva Jersey (2000) y South Florida en Tampa (2002), así como por el Lehman College de la Universidad de la Ciudad Nueva York (2002) y el Stevens Institute of Technology de Hoboken, Nueva Jersey (2004).

(Cobertura informativa hasta 14/2/2005)