Primero pasó por la Escuela de Artes y Ciencias de la Universidad de Hartford, en el estado de Connecticut, obtuvo el grado en Sociología y terminó la carrera en el Amherst College de Boston, Massachusetts, con la licenciatura en Ciencias Políticas. Después se marchó a Inglaterra para cursar un programa de Historia y Literatura en el Trinity College de la Universidad de Oxford, y a su retorno a Estados Unidos se sacó un máster en Filosofía en California y otro complemento de posgrado sobre Economía y Filosofía en la Universidad de Harvard, en Cambridge, Massachusetts. Su inquietud por las problemáticas sociales le llevó a realizar labores desinteresadas en hogares de acogida de inmigrantes hispanos sin recursos, a la vez que cursaba sus estudios.

Regresó a El Salvador en 1983, cuando el país atravesaba el cuarto año de la cruenta guerra civil que libraban el Ejército y la guerrilla del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), y comenzó su etapa de profesional de la docencia en la Universidad Dr. José Matías Delgado de la capital. Con 24 años, Flores se convirtió en un jovencísimo catedrático de Filosofía, disciplina que iba a impartir durante tres lustros de manera intermitente. Es más, el perfil de perito en humanidades que se labró era insólito entre las élites políticas salvadoreñas, casi sin exclusión formadas en la ingeniería, la dirección de empresas o la abogacía. Claro que en la mayor parte de los años ochenta, Flores no formó parte de la clase política nacional. Fuera de las aulas, participó en la gestión de proyectos de desarrollo agropecuario financiados con capital privado y estrenó la faceta de empresario.

Procediendo de una familia de la burguesía urbana conservadora, temerosa de la revolución en El Salvador y radicalmente anticomunista, Flores puedo encontrar natural militar en la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), partido de ultraderecha fundado el 30 de septiembre de 1981 por el mayor del Ejército Roberto D'Aubuisson Arrieta y que se situó en la oposición parlamentaria al Gobierno del presidente democristiano Napoleón Duarte Fuentes.

El carácter apacible, el hablar suave y la formación humanista del joven catedrático ofrecían un contraste, notable cuanto menos, con los modos virulentos y el extremismo ideológico de D'Aubuisson y su gente, los cuales, con la complicidad de las Fuerzas Armadas y el patrocinio de la poderosa oligarquía económica, se involucraron a fondo en la proliferación de los escuadrones de la muerte, las bandas paramilitares que sembraron el terror entre todos aquellos, políticos, sindicalistas, activistas sociales, religiosos o miembros de las mismas universidades donde ejercía Flores, que fueran mínimamente sospechosos de estar con la guerrilla o que simplemente mostraran actitudes progresistas.

En las elecciones generales de marzo de 1989 ARENA conquistó por primera vez la Presidencia de la República en la persona del empresario Alfredo Cristiani Burkard, quien tras tomar posesión el primero de junio reclutó a Flores, aún sin cumplir los 30 años, para el puesto de viceministro de Planificación. A los pocos días de estrenarse en el Gobierno, Flores fue golpeado por una tragedia familiar: José Antonio Rodríguez Porth, padre de su esposa desde 1985, Lourdes María Rodríguez, y colega del Gabinete por cuanto que era el flamante ministro de la Presidencia, cayó asesinado en la emboscada que un comando de hombres armados le tendió en San Salvador. Cristiani acusó de inmediato a la guerrilla. Posteriormente, Flores sirvió de viceministro de la Presidencia con funciones de asesor del jefe del Estado, y fue uno de los arquitectos del plan de acción gubernamental que debía dar cumplimiento a lo que atañía al Estado de los Acuerdos de Paz firmados con el FMLN en enero de 1992.

Flores salió elegido diputado de la Asamblea Legislativa en las generales del 20 de marzo de 1994, tras lo cual, el nuevo presidente arenero, Armando Calderón Sol, le retuvo en el Ejecutivo en calidad de secretario de Información adjunto a la Presidencia. El 5 de mayo de 1997 hizo su salto al más alto escalafón de la política nacional al ser elegido presidente de la Asamblea con los votos del FMLN, hecho que no resultó especialmente sorprendente luego de haberse ganado una fama de político conciliador y moderado, que había favorecido los trabajos parlamentarios y abierto cauces de comunicación entre la oposición y sus propios compañeros de la línea dura del partido. La ideología derechista más recalcitrante seguía estando bien presente en ARENA, aunque ésta tampoco era ya la formación quasi fascista de antaño. El hecho de que su suegro se encontrara entre las 75.000 víctimas mortales de la guerra civil le permitió a Flores ser identificado con los esfuerzos en pro de la reconciliación nacional.

La labor legislativa de Flores resultó providencial para que el cultor de filosofía metido a político coronara su carrera en este segundo terreno con la precocidad que había caracterizado todo su quehacer anterior. A principios de 1998 anunció su postulación a la Presidencia de la República, resignó al frente del poder legislativo y el 29 de marzo ARENA le escogió por aclamación su candidato para las elecciones del año siguiente, teniendo como compañero de fórmula a Carlos Quintanilla Schmidt. Nominando a Flores por delante de figuras más conocidas por el público, como por ejemplo el magnate cervecero Roberto Murray Meza, el partido buscaba proyectar un talante, ya esbozado durante la presidencias de Cristiani y Calderón, de sabor menos ideologizado y más amable, capaz de captar a votantes del Partido Demócrata Cristiano (PDC) que no podían digerir las expresiones de radicalismo derechista.

Claro que la Convención de ARENA no se privó de blandir toda la retórica anticomunista de la que era capaz, más propia de otros tiempos, y de complacerse en la mística que rodeaba al jefe fundador y "héroe de la patria", D'Aubuisson, fallecido de un cáncer en 1992. Flores fue proclamado por sus conmilitones a los sones del controvertido himno del partido, que entre otras cosas decía que "El Salvador será la tumba donde los rojos terminarán". En su discurso de agradecimiento ante los afiliados, el candidato comenzó haciendo la obligada salutación a D'Aubuisson, pero luego no se apartó de un tono comedido y posibilista. Aseguró que asumía el reto electoral con una "renovada expresión de cambio y compromiso", y se comprometió a "consolidar el único sistema que garantiza la libertad: la democracia".

Fanfarrias sectarias al margen, los areneros estaban preocupados por el rápido avance electoral del FMLN, transformado ya en un partido con corrientes internas en lugar de la federación de agrupaciones encabezada por el Partido Comunista de El Salvador (PCS) que había sido antes. Así, en las elecciones legislativas y municipales del 16 de marzo de 1997, ARENA había visto evaporarse su posición dominante en la Asamblea y arrebatada la alcaldía sansalvadoreña a manos del candidato conjunto del FMLN y la Unión Social Cristiana (USC), Héctor Ricardo Silva Argüello.

El oficialismo reaccionó a la progresión de los efemelenistas con dos estrategias: por un lado, propagando a los cuatro vientos que los ex guerrilleros eran unos marxistas emboscados, por mucho que dijeran haber reciclado su doctrina; por otro lado, y fórmula más efectiva que la anterior, incorporando al partido técnicas modernas de mercadotecnia electoral. Era la hora de cuidar la imagen, y la selección de Flores, la cara amable de ARENA y la garantía del relevo generacional, constituía la pieza clave de una operación cuyo único objetivo era asegurar la continuidad en el poder, hoy por hoy seriamente amenazada tras un lustro de impopulares políticas de estabilización económica y ajuste estructural.

Por otra parte, una lectura en clave puramente partidista presentó la designación de Flores como una maniobra diseñada por Calderón para frustrar la eventual aspiración de Cristiani, al frente del Consejo Ejecutivo Nacional de ARENA (COENA) desde 1997, a un segundo mandato presidencial, que al ser discontinuado del primero no estaba impedido por la Constitución. Fuentes areneras comentaron a medios informativos del país que la promoción del relativamente poco conocido intelectual había supuesto un doble jaque del mandatario saliente, a la oposición izquierdista y a sus rivales en el partido. De todas maneras, no dejó de sorprender la abultada victoria obtenida por Flores en la jornada del 7 de marzo de 1999. Con un contundente 51,4% de los votos, el postulante del oficialismo se proclamó presidente en la primera vuelta, algo que no había conseguido Calderón en 1994. Su inmediato rival, el ex comandante guerrillero Facundo Guardado, de la coalición del FMLN y la USC, obtuvo el 29%.

A mucha más distancia quedaron Rubén Ignacio Zamora Rivas, por el Centro Democrático Unido (CDU) -quien obligara a disputar a Calderón la segunda vuelta hacía cinco años, entonces como candidato del FMLN y la Convergencia Democrática (CD)-, Rodolfo Antonio Parker Soto, por un PDC en franco declive, y Rafael Hernán Contreras, por el ultraderechista Partido de Conciliación Nacional (PCN). Sobre el triunfo del arenero gravitó, empero, el índice de participación, preocupante por muy bajo, que fue del 35%. Según los observadores, la apatía del electorado reflejaba cuán extendido estaba el escepticismo con la capacidad de cualquiera de los candidatos para erradicar las principales lacras del país, a saber, la criminalidad común, la pobreza y la corrupción.

El 1 de junio de 1999, Flores, llamado informalmente Paco o Paquito, se convirtió en el tercer presidente consecutivo de ARENA desde 1989 y, con 39 años, en el más joven presidente en la historia de la República y también de todo el continente en ese momento. Entre la proclamación y la toma de posesión, repitió los mensajes aventados durante la campaña, abundó en las tesis de la tolerancia y la concordia, y se permitió insinuar un deseo de superación del pasado beligerante de su partido. Sin embargo, no mencionó la íntima relación de ARENA con los escuadrones de la muerte y con algunos de los peores excesos represivos en los años de la guerra civil. Asimismo, homenajeó a D'Aubuisson y alabó la gestión de sus predecesores, Cristiani y Calderón, actitud esta última que invitaba a pensar en la continuidad más que en el cambio de rumbo. De lo que no cabía dudar era que Flores no iba a apartarse un ápice de la ortodoxia económica y de las políticas de corte neoliberal.

En su discurso inaugural, Flores expuso su programa de Gobierno, denominado Nueva Alianza, cuyos ejes principales eran: la lucha contra la pobreza, con la expansión y la descentralización de los servicios de salud, agua, saneamiento, vivienda y educación; la estabilización del tipo de cambio del colón y la reducción del déficit presupuestario; la concesión de facilidades crediticias a la pequeña y la mediana empresa nacionales; y, descuentos fiscales para las inversiones productivas extranjeras. Las dos últimas eran unas medidas destinadas a generar puestos de trabajo, en un país donde el desempleo (la tasa oficial era del 7%) y, sobre todo, el subempleo, afectaban a más de dos terceras partes de la población activa, según las organizaciones de consumidores y los sindicatos.

Conocedor de la máxima preocupación de los salvadoreños, Flores prometió también terminar con la inseguridad ciudadana y la delincuencia rampante, que batían todos los récords: las víctimas anuales de la criminalidad común andaban entre las 7.000 y las 8.000, en un país de 6 millones de habitantes, y un estudio de la Universidad Centroamericana situaba a San Salvador a la cabeza de las ciudades más violentas de América Latina. En particular, el presidente habló de reformar el Código Penal para endurecer los castigos y de aumentar la capacidad del sistema de prisiones. La Nueva Alianza contemplaba asimismo un modelo de desarrollo económico respetuoso con el medio ambiente, vinculado a los procesos de integración comercial con los estados de la región, y que salvaguardase y ampliase la estabilidad monetaria y financiera lograda durante la presidencia de Calderón. Claro que el crecimiento económico debía ser superior a ese 1,8% interanual que legaba la administración anterior, un ritmo bastante insatisfactorio, si lo que se pretendía era erradicar la pobreza.

Los líderes de los partidos de la oposición, de todas las tendencias, acogieron con decepción las primeras alocuciones del nuevo presidente, en las que echaron en falta compromisos concretos y una definición de prioridades. Las izquierdas, en particular, le criticaron por abusar de la terminología ampulosa y por no especificar cómo iba a impulsar la agenda social, que exigía la intervención directa del Estado, sin renegar del rumbo económico intensamente liberal y privatizador mantenido en la etapa calderonista.

Por otra parte, causó perplejidad la continuidad de Mario Acosta Oertel como ministro del Interior y el nombramiento de Mauricio Sandoval como director de la Policía Nacional Civil. Eran dos rostros preclaros de la vieja guardia de ARENA y el primero estaba vinculado con el pasado escuadronero del partido, así que la preeminencia de ambos en el Ejecutivo podía interpretarse como un menoscabo a los planes de Flores, por él pregonados de manera más o menos explícita, de gobernar sin cortapisas desde dentro. Además, era necesario tener presente que al frente del COENA no estaba Flores, sino Cristiani, lo que esbozaba una situación de cierta bicefalia en el poder.

En los meses inmediatos a su asunción, la Administración de Flores tramitó varias medidas de alcance económico que dieron cumplimiento a determinadas ofertas de la Nueva Alianza. En especial, destacó el denominado Plan Nación, para, en aras de la descentralización territorial y la reconversión productiva, dividir el país en cinco grandes regiones ligadas a otros tantos polos de desarrollo. También, se puso en marcha otro plan para descentralizar el suministro de agua potable que debía mejorar la calidad y el alcance del servicio. En ese momento, más de la cuarta parte de la población no tenía acceso a este recurso esencial.

En el arranque de 2000, Flores empezó a confrontar un cúmulo de dificultades para sacar adelante su programa liberal. En la primera mitad del año, la subida del precio de la gasolina y la supresión de la excepción del IVA a los productos agropecuarios y las medicinas fueron contestadas por los sectores afectados, los empresarios del transporte público y el campesinado, que organizaron paros y marchas. El brote de malestar social coincidió con los comicios del 12 de marzo, que pasaron factura al partido del poder.

En las legislativas, ARENA, con el 36% de los votos, aventajó en sólo 0,8 puntos al FMLN, pero éste, por primera vez, le superó en escaños: 31 frente a 29. El sistema de dos partidos mayoritarios en paridad de fuerzas se asentaba en El Salvador, lo que no dejaba de ser un marchamo de democracia. En las municipales, al oficialismo le fue todavía peor, ya que los efemelenistas ganaron las principales alcaldías del país al tiempo que San Salvador, donde su aliado Héctor Silva obtuvo la reelección como primer edil, se confirmó como un bastión del centroizquierda. Consternado, Cristiani asumió toda la responsabilidad de los resultados electorales y dimitió como presidente del COENA. Le sustituyó Walter Araujo Morales, ubicado en el sector modernizador del partido. El gesto del antiguo jefe del Estado impidió que el actual titular sufriera una erosión irrecuperable por culpa del revés en las urnas.

La pujanza del frente opositor, que vio crecer sus expectativas de cara a las presidenciales de 2004, se expresó también en la calle, donde arreciaron las protestas y las huelgas contra el proyecto de supresión del monopolio del Instituto Salvadoreño de la Seguridad Social (ISSS) en la cobertura médica de los cotizantes, y en demanda de mejoras salariales y del final de los reajustes de plantilla y los despidos. Incluso, se articuló una Alianza Ciudadana contra las Privatizaciones (ACCP), animada por los trabajadores de la red de la ISSS, que fue instrumental en el mantenimiento de un clima de opinión fuertemente hostil a la privatización parcial del instituto.

Visto el panorama, Flores no se atrevió a acometer un plan que habría supuesto la cesión al capital privado de determinados servicios e instalaciones del ente público, el cual habría seguido operando, pero achicado y en paralelo a las gestoras de salud privadas. En octubre de 2002 la propia Asamblea, presionada desde la calle, se encargó de frenar el asunto mediante un decreto legislativo que, invocando la Constitución, garantizaba la naturaleza estatal del sistema de salud y de seguridad social, y prohibía cualquier modalidad de privatización del ISSS.

Por otra parte, seguían pesando las consecuencias del destructivo paso del huracán Mitch en octubre de 1998, siendo así que en 1999 la economía salvadoreña sólo creció el 2%, la mitad que el año anterior. Al menoscabo de la producción contribuyó también una política monetaria muy restrictiva para constreñir la inflación, que en el primer año de gestión de Flores quedó virtualmente eliminada. El panorama cambió un tanto en 2000, con una tasa de crecimiento del PIB del 3% y una recuperación de los precios al consumo que dejó la inflación anual en el 2,5%.

Pese a las acusaciones de prepotencia intelectual y de ambigüedad ideológica de que era objeto, al cumplirse el primer año del mandato las encuestas indicaban que el presidente seguía contando con la confianza de un porcentaje apreciable de la población. Pero la mayor controversia de la presidencia de Flores nació a raíz del anuncio de la dolarización de todas las operaciones económicas, financieras y comerciales. Consensuada con la banca y la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP, la confederación patronal salvadoreña), Flores justificó la trascendental reforma por la necesidad de conjurar definitivamente los riesgos de devaluaciones y repuntes inflacionarios, atraer más inversión foránea y estimular el crecimiento interno.

El plan se ejecutó con presteza. Luego de ser aprobada (30 de noviembre) por la Asamblea Legislativa con el imprescindible respaldo del PCN, el 1 de enero de 2001 entró en vigor la llamada Ley de Integración Monetaria. Comenzó entonces la retirada progresiva del colón y su sustitución por el dólar estadounidense, que debía funcionar como la principal unidad de cambio y cuenta al cabo de seis meses. No se trataba de una dolarización completa, ya que la centenaria divisa nacional seguiría siendo una moneda de curso legal, en régimen de cocirculación, aunque su arrinconamiento por las autoridades supondría que, en la práctica, nadie quisiera hacer transacciones con ella. El canje se fijó en 8,75 colones por dólar, que era el tipo de cambio definido por el mercado desde hacía tiempo.

El FMLN y amplios sectores de la sociedad salvadoreña objetaron o rechazaron de plano la relegación -que no, insistían las autoridades, desaparición- del colón, arguyendo que la economía nacional iba a quedar a expensas de las decisiones monetarias de la Reserva Federal de Estados Unidos, única entidad emisora del dólar, y, por ende, de los ciclos económicos del gigante norteamericano. Diversos observadores advirtieron que, en lo sucesivo, El Salvador iba a depender de la importación de dólares para cubrir sus necesidades de liquidez, convirtiendo en absolutamente vitales flujos tan fluctuantes como las remesas de los emigrados y los ingresos por las exportaciones. Los agentes económicos mostraron una actitud positiva y, por ejemplo, ya avizoraban una bajada de los tipos crediticios, esperada como agua de mayo en un momento en que el dinero se pagaba a un interés de casi el 13%.

A efectos comparativos con Ecuador, que se había adelantado un año en la aplicación de la medida, desde los ámbitos izquierdistas se adujo que en El Salvador no había una situación de emergencia en los sistemas monetario y financiero (antes, al contrario, la estabilidad caracterizaba las relaciones con los acreedores de la deuda externa, el mercado cambiario y, con matices, el comportamiento de la inflación), y concluyeron que la dolarización teóricamente parcial presentaba toda la traza de un experimento del gran capital estadounidense concertado con el Gobierno de ARENA que convertiría al país en una suerte de "conejillo de indias" para ulteriores actuaciones en el resto de América Latina.

Consideraciones de soberanía nacional y de dependencia internacional al margen, la dolarización debía hacer sentir sus efectos benignos en la macroeconomía y en las economías particulares de quienes, claro estaba, tenían colones para canjearlos por dólares con los que gastar e invertir. Para el bolsillo del trabajador por cuenta ajena, las ventajas de la dolarización estaban por demostrar, ya que los salarios continuaron estancados en niveles muy bajos y la conversión de colones en dólares generaba el efecto psicológico de poseer menos dinero que antes. Por de pronto, el Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR), que desde la entrada en vigor de la Ley de Integración Monetaria asumió el papel primordial de contribuir al mantenimiento de la estabilidad monetaria, propició bajadas de los tipos de interés muy sustanciales, hasta el 7% como media. Pero, por otra parte, la canasta de productos básicos se encareció por el efecto del redondeo, temido justificadamente por los salvadoreños con rentas bajas, a la hora de traducir los precios a dólares.

Sin embargo, en 2001, una sucesión de calamidades naturales, empezando por los dos terremotos del 13 de enero (el más devastador) y el 13 de febrero, que mataron a un millar de personas y dejaron sin hogar a otras 200.000, y continuando por una pertinaz sequía que diezmó las cosechas de café, desgracia que se solapó al hundimiento de los precios del producto en el mercado internacional -hasta niveles incluso inferiores al costo de producción-, arruinó las predicciones de crecimiento del Gobierno, invalidó el estímulo que habría supuesto el abaratamiento de los créditos y disparó el déficit fiscal por la aprobación de partidas especiales de gasto público para sufragar el socorro de los 1.400.000 damnificados (algo más de la quinta parte de la población total) por los movimientos telúricos y las labores de reconstrucción. Criticado en un primer momento por su lista de prioridades en la adjudicación de las ayudas tras la catástrofe, el presidente tuvo luego el acierto de involucrar a la comunidad internacional en la costosísima reconstrucción, en especial al Gobierno de España.

Los seísmos causaron pérdidas económicas por valor de 1.600 millones de dólares, a los que tenían que sumarse los 200 millones dejados de ingresar por la crisis cafetalera. Esto representaba una veinteava parte del producto nacional. El año que debió haber sido fasto por la puesta en marcha de la dolarización y el despegue económico, terminó dejando un muy mal sabor de boca: el PIB, de nuevo, no creció más allá del 2% y la inflación, cebada por el efecto del redondeo, trepó al 3,8%. Además, la fuerte dependencia comercial de Estados Unidos, destino del 57% de las exportaciones salvadoreñas y origen del 36% de las importaciones, suponía que la recesión experimentada por el vecino del norte aquel ejercicio, en el contexto de la deceleración mundial, no podía sino repercutir negativamente en el pequeño país centroamericano. Los agoreros de la dolarización y la inserción de El Salvador en los mercados globalizados se sintieron reivindicados, pero Flores y sus colaboradores no cejaron en la defensa de la Ley de Integración Monetaria, en la convicción de que la unificación de las divisas se traducía automáticamente en el impulso de los intercambios con Estados Unidos en todos los sectores.

A lo largo del quinquenio fue viéndose cómo el modelo de desarrollo económico auspiciado por Flores prolongaba e intensificaba la línea de las administraciones areneras anteriores consistente en priorizar a toda costa la industria de las maquiladoras urbanas. Estas plantas de montaje de bienes de consumo para la exportación –fundamentalmente, textiles con destino a Estados Unidos-, presentaban un fuerte ritmo de generación de empleo, pero, como en el resto de Centroamérica, basaban su lucrativo negocio en los horarios intensivos, los salarios extremadamente bajos y los contratos baratos.

Uno de los pocos terrenos donde Flores pudo hacer alarde de éxitos inobjetables fue el de la integración multisectorial con los países del entorno, cuajado de acuerdos licrecambistas y de armonización económica que, más allá del logro político que había supuesto su negociación e implementación, ofrecían un horizonte de repercusiones económicas que suscitaba grandes esperanzas (compartidas también por dirigentes políticos de la izquierda), pero también desconfianzas y aprensiones. Los conceptos de competitividad, productividad, generación de oportunidades, progreso compartido, deslocalización, desregulación y desarme arancelario estaban a la orden del día.

El primer acuerdo de esta naturaleza lo firmó Flores con sus colegas de Guatemala, Alfonso Portillo, y Nicaragua, Arnoldo Alemán, el 2 de mayo de 2000 en Managua. La Declaración Trinacional subrayaba la necesidad de reducir las asimetrías entre las economías nacionales, modular las políticas fiscales, unificar las medidas aduaneras y acometer proyectos comunes en los transportes, las telecomunicaciones y la energía. Nacía el informalmente llamado Triángulo del Pacífico, que sus integrantes declararon abierto a los demás países del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), a saber, Honduras, Costa Rica y Panamá.

Semanas después, el 29 de junio, Flores se unió a Portillo y al hondureño Carlos Roberto Flores Facussé, es decir, los presidentes de los tres países de otro alineamiento subregional conocido como el Triángulo Norte Centroamericano (TNC), para la firma en México capital junto con el mandatario anfitrión, Ernesto Zedillo, de un Tratado de Libre Comercio cuatripartito. El TLC México-TNC entró en vigor para El Salvador el 15 de marzo de 2001 e incluía, además del compromiso de remover las barreras al trasiego de mercancías, servicios, capitales y personas, una serie de acuerdos particulares sobre inversiones, protección de la propiedad intelectual y certificación de productos con preferencias arancelarias, entre otros temas. El Salvador y Guatemala ambicionaban un proceso de integración intrarregional más profundo, así que el 10 de marzo de 2004 Flores y el sucesor de Portillo, Óscar Berger, adoptaron un Protocolo en la localidad fronteriza de Pedro de Alvarado (Guatemala) para la inmediata puesta en marcha de una Unión Aduanera y un marco de Integración Migratoria, que apuntaban a la articulación de un mercado común salvadoreño-guatemalteco.

En su tercero y cuarto años de mandato, el presidente salvadoreño organizó en San Salvador tres cumbres multilaterales con los socios centroamericanos y la adición de un país especial. El 25 de mayo de 2001 tuvo lugar la III Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno entre la República de China (Taiwán) y los Países del Istmo Centroamericano. El 15 de junio del mismo año se celebró una cumbre extraordinaria del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, que incluyó a México como país no centroamericano de interés estratégico. El objeto de esta cita era poner en marcha el Plan Puebla-Panamá, considerado el principal instrumento impulsor del desarrollo y la integración regionales, desde el río Grande hasta la frontera de Colombia. Flores declaró que el Plan abría "una nueva era" para los países participantes, que compartían una "visión de integración".

Una trascendencia no menor revistió la cumbre extraordinaria del 24 de marzo de 2002 con el guatemalteco Portillo, el hondureño Ricardo Maduro, el nicaragüense Enrique Bolaños, el costarricense Miguel Ángel Rodríguez, el beliceño Said Musa y el estadounidense George W. Bush (Panamá estuvo representado por su embajador en San Salvador). Aunque no se adoptaron acuerdos, sino sólo una Declaración sobre el Fortalecimiento de la Gobernabilidad Democrática en Centroamérica, la cita permitió a Flores poner de manifiesto sus relaciones excepcionalmente buenas con el inquilino republicano de la Casa Blanca a la vez que hacer de heraldo del ansiado e inminente TLC entre Estados Unidos y Centroamérica, histórica mudanza que, junto con la dolarización, debía presidir el legado del mandatario salvadoreño en el capítulo de las transformaciones económicas. Asimismo, El Salvador firmó un TLC con Panamá el 6 de marzo 2002, mientras que el 4 de octubre de 2001 y el 3 de junio de 2002, respectivamente, entraron en vigor para el país los TLC multilaterales Centroamérica-República Dominicana y Centroamérica-Chile.

En 2000 el Gobierno de Flores se había puesto de acuerdo con el de Bill Clinton para que la Agencia Antidroga de Estados Unidos, la DEA, instalara en el aeropuerto de Comalapa, en el departamento de La Paz, un centro de monitorización del narcotráfico procedente de Sudamérica. Cabe recordar que el Mando Sur del Ejército de Estados Unidos (USSOUTHCOM) ya disponía en Comalapa de una base de operaciones avanzada. Ahora, las dos facilidades pasaron a servir a la logística del llamado Plan Colombia. Los lazos políticos entre los dos gobiernos se intensificaron tras la llegada al poder en Washington del Partido Republicano en enero de 2001, y desde San Salvador, Flores empezó a respaldar las decisiones de Bush en política internacional, habitualmente sesgadas de unilateralismo.

Otro rasgo distintivo, y directamente relacionado con lo anterior, de la política exterior salvadoreña en este período fue el pésimo cariz de los contactos con Cuba. Debido a la vigencia del régimen comunista, San Salvador no mantenía relaciones diplomáticas formales con La Habana desde la ruptura de 1961, siendo (además de Estados Unidos) el último país en negarse a revertir una postura adoptada por la Organización de Estados Americanos (OEA) hacía cuatro décadas. Flores y Fidel Castro dieron la nota durante la X Cumbre Iberoamericana, en Panamá en noviembre de 2000, al enzarzarse públicamente en una agria discusión suscitada a raíz de la denuncia por el dictador cubano de que en la ciudad se encontraba un conocido enemigo político de su régimen con el propósito de asesinarle (en efecto, los servicios de seguridad panameños detuvieron a un comando armado formado por cinco anticastristas, entre ellos el mentado) y portando pasaporte salvadoreño (lo que también resultó ser cierto).

Castró acusó a Flores de conocer de antemano el complot orquestado por el sujeto en cuestión, Luis Posada Carriles, con andanzas comprobadas por El Salvador, y de no haber hecho nada para frustrar sus propósitos. Flores, a su vez, le echó en cara a Castro que se negara a suscribir una declaración de la cumbre, por él propuesta, en la que los presidentes condenaron el terrorismo de ETA y se solidarizaron con España por la violencia de la banda vasca. Entre los asistentes estaba un agradecido José María Aznar. Hasta el final del mandato de ambos, Flores y el presidente del Gobierno español mantuvieron unas relaciones excelentes que descansaban en un enfoque común sobre multitud de temas. El salvadoreño se proyectó como un estadista muy ligado a España y a su gobernante conservador. Así, en dos ocasiones, Flores y su esposa viajaron a Madrid solamente para asistir a sendas bodas: la de la hija del propio Aznar, en septiembre de 2002, y la del príncipe heredero Felipe de Borbón y Letizia Ortiz, en mayo de 2004.

En cuanto a la Venezuela de Hugo Chávez, las relaciones también chirriaron, sobre todo después de que en abril de 2002, cuando el dirigente izquierdista fue depuesto por unas horas en un golpe de Estado, El Salvador, en el marco de la XVI Reunión del Grupo de Río (en el que el país centroamericano había ingresado en junio de 2000) en San José de Costa Rica, emitió un comunicado oficial como el único país latinoamericano que otorgaba su "voto de confianza" al Gobierno, efímero a la postre, del empresario Pedro Carmona.

En julio de 2001 Flores fue el único representante latinoamericano en la cumbre anual del G-8 en Génova, a la que también fueron invitados cuatro presidentes africanos y la primera ministra de Bangladesh. Los seis invitados dirigían naciones en vías de desarrollo deseosas de entablar un diálogo integral con los países del llamado primer mundo. Cabeceras de la prensa salvadoreña opinaron que a Flores se le emplazó a discursear en Génova tras causar una excelente impresión a la delegación estadounidense en la III Cumbre de Las Américas, celebrada en Quebec en abril anterior. En aquella ocasión, como ahora en la ciudad italiana, Flores subrayó la necesidad de que los países ricos abrieran sus mercados a las exportaciones -sobre todo, productos agrícolas y manufacturas para el consumo- de los países menos desarrollados; de esa manera, estas pequeñas economías podrían crecer y generar riqueza.

Tras los atentados islamistas del 11 de septiembre de 2001, El Salvador anunció su apoyo, en la medida de sus posibilidades, a Libertad Duradera, la operación militar desencadenada por la superpotencia contra el terrorismo internacional, y secundó el llamamiento hecho por Bush a que se formara una vasta alianza de naciones para encarar las nuevas amenazas a la paz y la seguridad. El compromiso adquirido por Flores con los designios de Estados Unidos en la escena internacional se materializó en serio tras la invasión –ilegal, a la luz del derecho emanado de la ONU- de Irak en marzo de 2003 con el envío a la provincia sureña de Najaf de 360 soldados del batallón Cuscatlán. En vísperas de la guerra, El Salvador fue uno de los 30 países que quisieron ser citados por el Departamento de Estado como valedores de los argumentos estadounidenses y británicos sobre los riesgos que comportaba el régimen de Saddam Hussein (Nicaragua y Colombia fueron los otros dos países latinoamericanos que aparecieron en la lista).

En agosto de 2003, el contingente salvadoreño, en misión humanitaria y de reconstrucción posbélica, insistía el Gobierno, se insertó junto con tropas de la República Dominicana, Honduras y Nicaragua en la Brigada Plus Ultra, liderada por España. Esta brigada hispana estaba supeditada al mando polaco de la División Multinacional Centro-Sur (MND-CS), que a su vez obedecía al mando supremo estadounidense. La decisión de Flores de participar con tropas en la ocupación de Irak, escenario que no obtuvo la legitimación del Consejo de Seguridad de la ONU sino a posteriori y que fue revelando de mes en mes los altos riesgos que comportaba para la seguridad por la multiplicación de los actos de insurgencia y terrorismo, fue eminentemente política, como una muestra de lo que para el presidente debía ser un alineamiento con Estados Unidos sin fisuras.

Sin embargo, en casa, el despacho de tropas a Irak concitó rechazos y, sobre todo, suscitó perplejidad e incomprensión. Muchos salvadoreños no entendían cómo un país con tan magros medios con el suyo podía permitirse el lujo de embarcarse en una misión militar en el extranjero que resultaba muy dispendiosa, estaba rodeada de controversias legales, afrontaba amenazas insospechadas y, además, carecía de fecha de conclusión.

La decisión de enviar al Ejército a Irak fue posterior a las elecciones legislativas y locales del 16 de marzo de 2003. Vistos los resultados de los comicios, cabe especular con una derrota aún más abultada del partido del presidente si la secuencia de hechos hubiese sido al revés. ARENA retrocedió hasta el 32% de los sufragios y los 27 legisladores, dos puntos de voto y cuatro escaños menos que el FMLN, quien si embargo se sintió decepcionado porque había contado con ganar por mayoría absoluta. San Salvador volvió a mostrarse como un baluarte inexpugnable de la izquierda y la arenera Ana Evelyn Jacir de Lovo perdió la contienda por la alcaldía ante el efemelenista Carlos Rivas Zamora. Para ARENA, los resultados de las legislativas eran los peores desde 1985.

A principios de abril, José Antonio Salaverría Borja se convirtió en el sexto presidente del COENA en tres años y Flores, luego de decir que había interpretado el mensaje lanzado por los salvadoreños en las elecciones, convocó un Foro de Solidaridad por el Empleo, a modo de mesa de concertación entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos, para negociar la urgente actualización de los salarios de los trabajadores.

La ANEP, cuyos vínculos con ARENA eran más intensos que nunca toda vez que el COENA estaba copado por los grandes empresarios y, viceversa, muchos responsables del gremio patronal eran miembros del partido, accedió a subir los salarios mínimos entre el 5% y el 10% en los sectores industrial, comercial y de servicios. El incremento era muy inferior al demandado por los sindicatos, pero éstos tuvieron que aceptar lo que se les daba porque la ANEP, con la anuencia del Ejecutivo, advirtió que un alza general media del 25% en todos los sectores, del campo y de la ciudad, desembocaría en "despidos masivos". El resto de salarios, los de los jornaleros agrícolas y todos los no mínimos, se quedaron sin tocar. La medida de alivio social, aunque cicatera, tuvo como gran beneficiario político a su artífice, Flores, quien demostró tener una extraordinaria habilidad para granjearse simpatías y respetabilidad, y para zafarse de un desgaste que recaía exclusivamente en ARENA. Daba la impresión de que la mayoría de la población no pesaba en la misma balanza al presidente y el partido.

En efecto, pese al estancamiento del PIB per cápita, a la consolidación del nivel de pobreza en un nivel tan descomunal como el 48% de la población, a la duplicación de la deuda pública total, al masivo fraude fiscal, al patente desinterés por las graves problemáticas del sector primario, al incumplimiento de la promesa de acabar con los desmanes delictivos de las maras o bandas de pandilleros juveniles (en julio de 2003 el Ministerio del Interior lanzó el Plan Mano Dura para producir resultados en este terreno antes de terminar el mandato de la Administración) y, finalmente, a pesar de la intervención en Irak (en abril de 2004 iba a morir un soldado en un fuego cruzado en Najaf), Flores pudo presumir de entrar en la recta final de su presidencia con unos niveles de aceptación de aprobado e incluso de notable. Lo decían los distintos sondeos de opinión, algo que para sí quisieran los presidentes en ejercicio de los países vecinos.

Aunque el crecimiento económico de 2002 y 2003 había estado ligeramente por encima del 2%, y la tasa prevista para 2004 era del 2,5%, se extendió la percepción de que estos valores, a primera vista mediocres, en realidad eran meritorios habida cuenta del cúmulo de adversidades ajenas a la gestión del Gobierno: desde los desastres naturales hasta el desplome de los precios del café, pasando por el encarecimiento del petróleo. Además, la inflación estaba controlada y no podía hablarse de penuria de dólares en un sentido general.

Flores dejaba "la casa en orden", titulaba un sector de la prensa salvadoreña, como si los enormes déficits sociales y la omnipresente violencia común no contasen, puntualizaban la oposición izquierdista, las organizaciones sociales y la misma Iglesia católica, y antes de dejar el cargo se anotó en su balance la conclusión, el 17 de diciembre de 2003 en Washington, de las negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica (CAFTA, en su sigla en inglés) con Estados Unidos, Honduras, Guatemala y Nicaragua. La firma formal por los ministros iba a tener lugar el 28 de mayo de 2004, también en Washington.

El CAFTA, al que aguardaba un complicado proceso de ratificación por los parlamentos de los estados signatarios (las mayores dificultades se barruntaban en el Congreso estadounidense) previo a su entrada en servicio, suponía la eliminación progresiva de los aranceles y otras barreras comerciales en los sectores de la agricultura, las industrias alimenticia y textil, las inversiones, los servicios y la propiedad intelectual. Iba a sustituir al Sistema General de Preferencias Arancelarias (SGP), vigente desde 1984 gracias a un programa unilateral de Washington llamado Iniciativa para la Cuenca del Caribe (ICC).

El CAFTA también debía facilitar el advenimiento del Área de Libre Comercio de Las Américas (ALCA), perseguida con denuedo por las administraciones de Estados Unidos y apoyada también por Flores, al encajar geográficamente con el TLC del Triángulo Norte Centroamericano y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA). En una entrevista, Flores afirmó que los adversarios de estos tratados de integración comercial podían esconderse "detrás del nuevo lenguaje demagógico que culpa a la globalización o a los países ricos", pero que posicionamientos como ésos, al final, "no ofrecen soluciones a sus países".

El 13 de julio de 2003, la primaria de ARENA, para satisfacción de Flores, proclamó candidato presidencial a Elías Antonio Saca González, antiguo locutor deportivo convertido en exitoso empresario de la comunicación y que hasta hacía un mes presidía la ANEP. Joven, liberal y alejado del derechismo militante de los areneros tradicionalistas (aunque durante la campaña, trufada de golpes bajos, no tuvo inconveniente en explotar el fantasma del miedo a una izquierda presuntamente intervencionista y reguladora), Saca, aupado al frente del COENA en noviembre, presentó una plataforma que en parte era de continuidad y en parte hacía hincapié en los aspectos sociales de la economía de mercado. El FMLN, que acudía a las urnas más potente y confiado en la victoria que nunca, presentó como candidato a su máximo dirigente, el ex comandante guerrillero Schafik Jorge Hándal Hándal.

Las encuestas eran favorables a Saca, quien resultaba atractivo al electorado y se benefició también del aprobado dado por los salvadoreños a Flores. Así que el 21 de marzo de 2004 ARENA conquistó su cuarta presidencia consecutiva y marcó un hito sin precedentes en la historia de las democracias latinoamericanas en un entorno competitivo y abierto a la alternancia. El éxito era más sensacional si se tomaba la referencia de las legislativas del año anterior, y una parte muy importante del mismo debía atribuírsele a Flores.

Hasta la transferencia del poder, el 1 de junio, Flores se topó con un aprieto de política exterior: la decisión del nuevo presidente del Gobierno español, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, de retirar al contingente militar del país en Irak, que en ese momento (18 de abril) era un campo de batalla entre las fuerzas de la coalición ocupante y una pléyade de grupos insurgentes. La marcha de los 1.300 españoles suponía la desarticulación de la Brigada Plus Ultra, que se encontraba acantonada en sus cuarteles ante la virulencia de la rebelión shií en las provincias de Najaf y Qadisiyah.

El movimiento del Gobierno de Madrid fue rápidamente secundado por sus homólogos de Tegucigalpa y Santo Domingo. Puesto que Nicaragua había retirado en febrero a su pequeño contingente por falta de fondos, El Salvador se quedó como el único país americano, aparte de Estados Unidos, con uniformados sobre el terreno. Flores rehusó ordenar el repliegue de los 380 soldados, que se pusieron a las órdenes directas de Polonia en el seno de la MND-CS.

En los primeros meses de 2004 Flores apareció insistentemente en las quinielas sobre el sucesor del colombiano César Gaviria al frente de la Secretaría General de la OEA. Aunque contaba con el público parabién de Estados Unidos, y pese a que él mismo se declaró listo para postularse si los gobiernos de los países miembros alcanzaban un alto grado de consenso sobre su persona (lo que ya se veía que no iba a suceder), Flores terminó anunciando con suficiente antelación que no le interesaba ocupar ese puesto de prestigio, ni tampoco el escaño en el Parlamento Centroamericano (Parlacén). Como nuevo secretario general de la ONU fue elegido el costarricense Miguel Ángel Rodríguez. Cosa nada habitual, Flores estrenaba la condición de ex presidente con sólo 44 años y, de acuerdo con sus declaraciones, en lo sucesivo iba a desempeñarse exclusivamente en el terreno privado.

(Cobertura informativa hasta 1/2/2005)