A continuación, se movió en las filas del Movimiento Reorganizativo del Partido del Proletariado (MRPP), una organización maoísta particularmente virulenta surgida en 1970 de la fusión del Movimiento de la Juventud y la Izquierda Democrática Estudiantil, y que hasta el golpe de los capitanes operó en la más estricta clandestinidad. Su educación primaria y secundaria discurrió en su Lisboa natal, en una Escuela Oficial y en el Liceo Camões, casa de estudios de mucha solera.

Su paso por la Facultad de Derecho de la Universidad de Lisboa, donde la captura del poder por el Movimiento de las Fuerzas Armadas le pilló cursando el primer año, coincidió con las turbulencias políticas posrevolucionarias, con los sectores de la izquierda y la derecha, presentes tanto en las Fuerzas Armadas, detentadoras del poder efectivo durante los dos años de Gobierno provisional, como en los partidos civiles, pugnando por sacar adelante sus respectivos proyectos en el nuevo orden constitucional.

Alumno brillante, Barroso se destacó como un dirigente estudiantil vociferante e intensamente ideologizado que lideró campañas de reforma educativa desde las aulas y como presidente, entre 1975 y 1976, de la Asociación Académica de la Facultad de Derecho. Pero en 1977 abandonó el MRPP, que el año anterior había añadido a su designación el nombre de Partido Comunista de los Trabajadores Portugueses (PCTP-MRPP), aparentemente para concentrarse en su formación académica. El caso fue que desde entonces realizó una notable mudanza de ideario, hacia posiciones conservadoras.

Obtenida la licenciatura en Derecho con las más altas calificaciones, en 1978 se desplazó a Suiza para cursar un máster en Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad de Ginebra, donde de paso iba a obtener un diploma en Estudios Europeos. Posteriormente, remató su bagaje académico con cursillos de especialización en Estados Unidos, en las universidades Georgetown de Washington y Columbia de Nueva York, y en los institutos universitarios de estudios internacionales y europeos de Luxemburgo y Florencia, antes de regresar a Portugal para impartir docencia jurídica como profesor asociado en su antigua facultad. En los años siguientes, Barroso produjo varios ensayos y artículos sobre aspectos del sistema de partidos y la economía portugueses, y, ya en la década de los noventa, extendió su haber lectivo en el campo de las relaciones internacionales a las universidades de Ginebra, Georgetown y Lusíada de Lisboa.

En diciembre de 1980, días después de perecer en un extraño accidente aéreo el primer ministro Francisco de Sá Carneiro, aupado al Gobierno tras las elecciones legislativas de diciembre de 1979, Barroso se dio de alta en la agrupación, orientada al centroderecha no obstante su nombre, que el malogrado político luso había fundado en mayo de 1974, el Partido Social Demócrata (PSD), cuya jefatura, junto con la del Gobierno, pasó a asumir Francisco Pinto Balsemão.

Barroso se vinculó al sector más conservador del partido, que reclamaba para sí la custodia del legado de Sá Carneiro. El cabeza visible de esta facción era el profesor de Economía y ex ministro de Finanzas Aníbal Cavaco Silva, quien venía presionando para poner término a la coalición poselectoral que el PSD mantenía desde junio de 1983 con el Partido Socialista (PS) de Mário Soares, y en su lugar vivificar la alianza fraguada por Sá Carneiro en julio de 1979 con el Centro Democrático y Social (CDS), la fuerza derechista que entonces dirigía Diogo Freitas do Amaral y últimamente Francisco António Lucas Pires.

Barroso fue elegido miembro del Consejo Nacional del PSD, órgano ejecutivo de 50 miembros, por el XII Congreso del partido, celebrado en Figueira da Foz del 17 al 19 de mayo de 1985. Fue entonces cuando Cavaco Silva se hizo con la presidencia de la formación, vacante desde la dimisión en febrero de Carlos da Mota Pinto, viceprimer ministro y ministro de Defensa de tendencia progresista (y fallecido, de manera súbita, el 7 de mayo), tras lo cual el economista declaró rota la coalición con Soares, precipitando la convocatoria de elecciones anticipadas.

En los comicios del 6 de octubre de aquel año, el PSD se apuntó la mayoría relativa con el 29,9% de los sufragios y 88 de los 250 escaños de que entonces constaba la Asamblea de la República, en uno de los cuales, representando a Lisboa, se estrenó Barroso, mandato que iba a renovar en las cinco legislaturas siguientes. A continuación, Barroso, con tan sólo 29 años, fue nombrado para ocupar la Secretaría de Estado adjunta al Ministerio de Administración Interna, teniendo como directo superior a Eurico de Melo, en el Ejecutivo monocolor que bajo la presidencia de Cavaco tomó posesión el 6 de noviembre.

Conquistada por el PSD la mayoría absoluta -marcando un precedente en la historia de la democracia portuguesa- en las elecciones anticipadas del 19 de julio de 1987 con unos impresionantes 50,2% de los votos y 148 escaños, el primer ministro volvió a formar gobierno el 18 de agosto. Barroso se hizo cargo entonces de la Secretaría de Estado de Cooperación en el Ministerio de Asuntos Exteriores, dirigido ahora por João de Deus Pinheiro, y como tal participó en los esfuerzos de la diplomacia lusa para implicar al Gobierno de Angola y a la guerrilla UNITA en un acuerdo de paz que pusiera fin a la guerra civil que devastaba el país africano desde el mismo día de su descolonización por Lisboa en 1975. En el XIV Congreso del PSD, en junio de 1988, el secretario de Estado entró a formar parte de la Comisión Política Nacional (CPN), la máxima instancia del partido, como uno de sus diez vocales.

Confirmado en su puesto en el tercer Gobierno alineado por Cavaco el 28 de octubre de 1991, 22 días después de renovar el PSD la mayoría absoluta en las urnas con el 50,6% de los sufragios y 135 escaños (sobre 230 ahora), el 12 de noviembre de 1992 Barroso fue ascendido a ministro de Asuntos Exteriores en sustitución de Pinheiro, que pasaba a formar parte de la Comisión Europea. En los tres años siguientes, Barroso volvió a demostrar sus habilidades como diplomático y político intergubernamental, ganándose el respeto de sus colegas del Consejo de Ministros de la UE.

El 23 de enero de 1995 Cavaco anunció que renunciaba a la presidencia de la CPN y, en consecuencia, a presentarse como el cabeza de los socialdemócratas a las elecciones generales del otoño. Barroso se lanzó entonces a la liza por la sucesión con una plataforma de renovación que perseguía restañar la dañada imagen del partido, tachado de prepotente y poco dialogante con los agentes sociales, pero el 19 de febrero, el XVII Congreso del PSD reunido en Lisboa se decantó por el entonces ministro de Defensa, Joaquim Fernando Nogueira, considerado un continuador del cavaquismo. De los 1.033 delegados, 519 votaron por Nogueira y 486 por Barroso, que tuvo que abandonar la ejecutiva del partido. A cambio, fue escogido para encabezar la lista de diputados por Lisboa.

Sin embargo, los malos augurios electorales se cumplieron y el 1 de octubre de 1995 el PSD, con el 34,1% de los votos y 88 escaños, fue derrotado por el PS de António Guterres, quien tomó posesión al frente del Gobierno el 28 de octubre. Terminada una década de experiencia gubernamental, Barroso siguió en la política representativa desde su escaño de diputado en la Asamblea, donde durante unos meses presidió la Comisión de Asuntos Exteriores. Descargado de trabajo político, aprovechó para retomar la actividad académica, pasando a dirigir el Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Lusíada.

En el ámbito partidista, compartió protagonismo en las vicisitudes de una formación en crisis por su incapacidad para reciclar la controvertida herencia de Cavaco Silva, estadista liberal que metió a Portugal por la senda de las grandes reformas estructurales y modernizadoras antes de sobrevenir la crisis económica en 1992, pero que nunca abandonó un estilo tecnocrático, frecuentemente tildado de socialmente insensible, así como, en el liderazgo partidista sobre todo, autoritario.

La renuncia de Nogueira por los resultados electorales de octubre precipitó la celebración del XVIII Congreso del PSD, en Santa Maria de Feira, del 29 al 31 de marzo de 1996. Allí se eligió como nuevo presidente de la CPN al politólogo Marcelo Rebelo de Sousa, tenido por un líder de carácter más enérgico que el ex ministro de Defensa. En esta ocasión, Barroso no disputó el puesto en aras del apaciguamiento de tensiones y para transmitir un mensaje de unidad a la opinión pública. Como premio a su no beligerancia, Rebelo le trajo de vuelta al Consejo Nacional con mando sobre el Comité de Relaciones Internacionales del partido.

Empero, las disputas internas volvieron por sus fueros con motivo de la decisión de Rebelo, renovado en la CPN el 19 de abril de 1998 en el XX Congreso reunido en Tavira, de suscribir una Alianza Democrática (AD) con el Centro Democrático y Social-Partido Popular (CDS-PP, refundación del viejo CDS en 1994 bajo la presidencia de Manuel Monteiro) y su nuevo líder, el muy conservador Paulo Cabral Portas, de cara a las legislativas del año siguiente. Barroso adoptó una postura hostil ante la AD, en realidad, un pálido remedo de la coalición homónima de 1979, y por ende volvió a quedarse fuera de los órganos ejecutivos del partido.

La falta de entendimiento con el CDS-PP precipitó el naufragio de la efímera AD, arrastrando de paso a su valedor, Rebelo, que dimitió el 26 de marzo de 1999. Barroso era el beneficiario natural de este desenlace y el 2 de mayo siguiente, el XXII Congreso del partido reunido en Coimbra le eligió presidente de la CPN con 634 votos por delante de su competidor Pedro Passos Coelho. El cambio de guardia no les deparó a los socialdemócratas el favor del electorado, que, antes bien, prefirió premiar la gestión de los socialistas.

Con Barroso a su frente, el PSD encajó tres derrotas electorales consecutivas antes de empezar a sacar partido del desgaste en el poder del PS: en los comicios al Parlamento Europeo del 13 de junio de 1999, cuando con un 31,1% de los votos fue superado en 12 puntos por los socialistas; en las legislativas del 10 de octubre del mismo año, que supusieron incluso, con el 32,3% de los sufragios y 79 escaños, un retroceso con respecto a 1995; y en las presidenciales del 14 de enero de 2001, cuando el candidato Joaquim Ferreira do Amaral cayó ante el titular reeleccionista y socialista a la sazón, Jorge Sampaio. Entre el segundo y el tercer revés, el partido ratificó su confianza en Barroso, reelegido líder con el 50,3% de los votos en el XXIII Congreso, en Viseu, del 25 al 27 de febrero de 2000.

Esta racha negativa tocó a su fin en las autárquicas (municipales) del 16 de diciembre de 2001, cuando el PSD arrebató al PS las alcaldías de las principales ciudades del país, con Lisboa, Oporto y Coimbra a la cabeza, y en total 160 de las 308 cámaras municipales. Eufórico, Barroso, que salió elegido presidente de la Asamblea de Valpaços, municipio del distrito de Vila Real, interpretó que el electorado había transmitido "una clara señal de cambio" y que su partido se había convertido "en una alternativa de Gobierno para Portugal". Minutos después, Guterres presentó su dimisión irrevocable como jefe del Gobierno y del PS, dejando expedito el camino para que Sampaio disolviera la Asamblea y llamara a elecciones generales anticipadas.

Durante la campaña de las legislativas del 17 de marzo de 2002, en la que tuvo como rival al nuevo secretario general del PS, Eduardo Ferro Rodrigues, Barroso defendió un programa económico absolutamente liberal, del tipo aplicado en la vecina España desde 1996 por el Partido Popular (PP) de José María Aznar, que era el referente inmediato. Así, el PSD proponía: bajadas selectivas de los impuestos directos para estimular el consumo y la inversión productiva, ya que la actividad económica estaba decreciendo a marchas forzadas; la supresión del déficit público, que según el Gobierno era del 2,2% del PIB, cifra que amenazaba con alcanzar el tope del 3% fijado por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) y que de hecho había motivado a finales del año anterior un aviso preventivo de la Comisión Europea, hasta, recurriendo exclusivamente al ahorro en el gasto, lograr la meta del equilibrio presupuestario; la mejora de los niveles de productividad industrial; la flexibilización del mercado laboral; la revisión a la baja del Rendimiento Mínimo Garantizado, o salario básico para las familias más desfavorecidas; el control del fraude y la evasión fiscales; y, una postura intransigente frente a la corrupción.

El aspirante socialdemócrata hizo suyas las exhortaciones de multitud de observadores nacionales y foráneos a lanzar una nueva ola de reformas estructurales en Portugal, que afectaran a la sanidad, la educación, la fiscalidad y la justicia. Con tono catastrofista, advirtió que el "descontrol financiero" de los socialistas preludiaba la "pérdida del tren europeo" por Portugal, asegurando además que la contabilidad creativa del Gobierno estaba lejos de dar cifras reales sobre el déficit de las administraciones públicas. En un sentido general, Barroso otorgaba primacía a "los valores del trabajo, la disciplina, el rigor, la competencia, la eficiencia y la búsqueda de la excelencia".

No obstante sus dudosas dotes para el carisma, Barroso no escatimó el discurso del miedo, alertando, un tanto en la línea demagógica cara al italiano Silvio Berlusconi, contra el advenimiento de un gobierno de izquierda intervencionista y dispensador de mediocridad. Los ataques se centraban en Ferro, socialista del ala izquierda y que declaró estar abierto a gobernar en coalición con el muy ortodoxo Partido Comunista (PCP) de Carlos Carvalhas. Tanto Barroso como Ferro calificaron de "desastre" la eventual llegada al poder del contrario.

Teniendo a su favor, si bien tímidamente, la mayoría de las encuestas, el 17 de marzo de 2002 el PSD se adjudicó ciertamente la victoria con el 40,1% de los votos y 102 escaños, si bien el PS aguantó la prueba mejor de lo esperado y retuvo 95 actas con el 37,8%. En las filas socialdemócratas cundió una cierta decepción por lo exiguo de esta mayoría. En una coyuntura económica sumamente preocupante, que hacía imprescindible un gobierno mayoritario y estable, Barroso no tenía otra opción que entenderse con el CDS-PP.

La formación, valedora de un democristianismo muy escorado a la derecha, había hecho bandera con tintes populistas de cuestiones como la inmigración, la delincuencia y la pérdida de los valores patrióticos, si bien su líder, Portas, había planteado un programa económico ultraliberal muy preciso, similar al del PSD. El CDS-PP aportaba 14 escaños, los justos para alcanzar la mayoría absoluta, pero entre los socialdemócratas estaba fresco el resentimiento por la negativa de Portas a formar una lista común para los comicios al ayuntamiento de Lisboa, lo que había puesto en peligro la conquista de tan codiciada plaza por el candidato del PSD, Pedro Santana Lopes.

El 20 de marzo de 2002, Sampaio, siguiendo el formulismo constitucional, pidió a Barroso que formara el nuevo Gobierno. El 28 de marzo éste y Portas suscribieron un pacto de legislatura en el que, sin precisar las recetas para superar la crisis, se comprometieron con la estabilidad del Ejecutivo y enumeraron los puntos negros heredados de la administración de Guterres, cuales eran el "grave desequilibrio de las finanzas públicas", una "profunda crisis de valores y en la autoridad del Estado", el "aplazamiento sistemático de las reformas estructurales" y los progresivos "alejamiento de los socios de la Unión Europea" y "pérdida de influencia de Portugal en el mundo". La declaración incluyó el valimiento de los resultados negativos de los referendos de 1998 sobre los proyectos de ley de liberalización del aborto y de reforma de la ordenación territorial. El 6 de abril juró el Gabinete presidido por Barroso, que finalmente incluyó a tres ministros del CDS-PP, uno de ellos, el propio Portas, en Defensa.

Lo primero que hizo el flamante Gobierno de Barroso fue someter a una auditoría el estado de las cuentas públicas, ya que no se tenía fe en los informes del anterior ejecutivo. La revisión del balance financiero produjo un resultado escandaloso: resultaba que el Estado portugués arrastraba un déficit global del 4,1% del PIB, lo que convertía al país ibérico en el primer miembro de la eurozona que rebasaba el valor de referencia del PEC. Como consecuencia, el 24 de septiembre, la Comisión Europea incoó contra Portugal un procedimiento por déficit excesivo, instándole a reducir éste por debajo del 3% en 2003 so pena de contraer una sanción.

Muy enfadado, Barroso acusó al PS de haber dejado el país "en tanga" y calificó la situación de "desastre nacional". Para salir del apuro, anunció la aplicación de un drástico recorte de gastos, política tanto más dolorosa porque la economía se adentraba rápidamente en una etapa recesiva. El primer ministro advirtió que todo el mundo tendría que ajustarse el cinturón, el Estado, las empresas y los trabajadores. La admisión de nuevos funcionarios en la administración quedaba congelada, y en cuanto a la prometida bajada de los impuestos sobre las rentas, que había sido uno de los estandartes electorales, era postergada a 2004 como muy pronto. Asimismo, se suprimiría una veintena de institutos u organismos públicos, se paralizarían varias grandes obras públicas -inclusive el nuevo aeropuerto de Lisboa- y se revisaría el proyecto del tren de alta velocidad con España.

Aunque al equilibrio financiero debía llegarse sobre todo por la vía del ahorro, insistía Barroso, el Gobierno no renunciaba a aumentar los ingresos, merced a un encarecimiento de los combustibles y a un acelerón en las privatizaciones. Así, saldrían a venta un canal público de la televisión y la aerolínea nacional, Transportes Aéreos Portugueses (TAP), así como Aguas de Portugal (AdP), Galp Energía SGPS (ex Petróleos de Portugal), Red Eléctrica Nacional (REN), la papelera Portucel y otras compañías sujetas al holding Inversiones y Participaciones del Estado (IPE). La transmisión de los últimos activos estatales debería generar 1.500 millones de euros al erario público.

La austeridad decretada por el Ejecutivo de Barroso fue lo suficientemente exigente como para que 2002 pudiera cerrarse con un dato de déficit anual, el 2,7%, colocado por debajo del fatídico listón del PEC. El nuevo documento sobre los compromisos anuales del Gobierno de Portugal con el PEC se llamó Plan de Estabilidad y Crecimiento Nacional (PECN). En cuanto a la inflación, ésta cayó del 4,4% al 3,7%, pero la moderación de los precios sólo reflejaba el desplome de la demanda interna y la recesión económica, siendo el crecimiento del PIB para el conjunto de 2002 de sólo el 0,4%, 1,2 puntos de contracción con respecto al ejercicio anterior. Y las perspectivas a corto plazo eran todavía más funestas.

Además, el paro aumentó en más de dos puntos en 12 meses, desde el 4,2% al 6,3%. Este pésimo comportamiento del empleo coincidiendo con el inicio de la desregulación del mercado de trabajo, más el lanzamiento de la nueva campaña de privatizaciones y, últimamente, las previsiones de despedir a 40.000 de los 700.000 trabajadores públicos hasta 2006 y de congelar en un 4% del gasto en la Seguridad Social y la enseñanza, pusieron en pie de guerra a la Confederación General de Trabajadores Portugueses (CGTP), que celebró una jornada de huelga general el 10 de diciembre. El PCP y el Bloque de Izquierda (BE) respaldaron la protesta sindical.

Al comenzar 2003, Barroso, que estaba resuelto a mantener contra viento y marea la austeridad financiera y las reformas estructurales, alcanzó protagonismo internacional con motivo de su ostensible alineamiento con Estados Unidos, el Reino Unido, España y otros aliados de la OTAN en los planes bélicos de los dos primeros países con respecto a Irak, no obstante carecer la guerra en ciernes del aval explícito del Consejo de Seguridad de la ONU. Primero, a finales de enero, suscribió, al igual que otros seis líderes europeos, un documento de respaldo irrestricto a las pretensiones del Gobierno de George W. Bush, texto del que fueron artífices el británico Tony Blair, el español Aznar y el italiano Berlusconi.

Poco después, el 16 de marzo, el primer ministro luso hizo de anfitrión –aunque se mantuvo en un segundo plano- de la controvertida cumbre tripartita de Bush, Blair y Aznar en Lajes, Azores, donde se leyó una declaración sobre el "compromiso con la solidaridad transatlántica" y poco menos se anunció que la invasión de Irak para encontrar las supuestas armas de destrucción masiva prohibidas por la ONU y, de paso, para derrocar al régimen de Saddam Hussein, era inevitable e inminente.

En noviembre de 2003, después de completadas la invasión y la ocupación de Irak, y tras haber legitimado el Consejo de Seguridad de la ONU la presencia de tropas extranjeras en el país árabe con las misiones de mantener la seguridad y de reconstruir infraestructuras, Lisboa despachó un centenar largo de agentes policiales de la Guardia Nacional Republicana, que en principio tenían previsto destacarse en Nasiriyah, en la zona de ocupación italiana, pero que por culpa de los golpes de la resistencia tuvieron que acuartelarse temporalmente en Basora, a las órdenes del mando británico. En cualquier caso, los efectivos portugueses estuvieron integrados en la llamada División Multinacional Sur-Este, que comandaba un general británico y que abarcaba las provincias meridionales de Muthanná, Basora, Dhi Qar y Maysan.

Aunque impopular en Portugal, la campaña bélica en Irak copatrocinada por Barroso no estuvo entre las actuaciones que más desgastaron al primer ministro y a su Gabinete. Bastante más daño causaron la profunda crisis económica, el descontrol del desempleo y, en no menor medida, el reguero de escándalos de corrupción, de tráfico de influencias y de índole sexual que hicieron estremecer al oficialismo y que conmocionaron a los portugueses, aunque el descrédito y las censuras por inmoralidad se hicieron extensibles al PS y al conjunto de la élite política, económica e incluso social del país.

Por de pronto, ya a finales de 2002 la atención del público luso fue captada por las denuncias de que la Casa Pía, un reputado orfanato lisboeta que llevaba muchos años prestando servicios educativos y de beneficencia a adolescentes desarraigados, había sido en las tres últimas décadas el escenario de reiterados abusos de menores con la complicidad de personal interno de la institución. La justicia intervino y tras las oportunas investigaciones fueron formulados cargos por pedofilia contra cuatro personalidades relevantes de la sociedad: un alto dirigente del PS, un antiguo embajador ante la UNESCO y dos estrellas televisivas. Este auténtico psicodrama nacional estuvo generando titulares de prensa todo el año 2003 y buena parte de 2004, acompañando la gestión de Barroso hasta el último día.

Aunque el Gobierno o el PSD no tuvieron a miembros incriminados en los presuntos actos de pederastia, la coincidencia en el tiempo del descomunal escándalo con otras revelaciones explosivas sobre prácticas corruptas o abusivas que sí alcanzaron de lleno al oficialismo funcionó como una caja de resonancia de los aspectos escabrosos del poder. La crisis llegó al Gabinete a comienzos de octubre de 2003 con motivo de la divulgación por una televisión privada de que la hija del ministro de Asuntos Exteriores, António Martins da Cruz, había ingresado en una facultad universitaria de Medicina sin necesidad de hacer los exámenes o poseer una nota mínima, y acogiéndose a la modalidad de acceso directo que la ley portuguesa otorga a los hijos de diplomáticos siempre que hayan completado sus estudios secundarios en el extranjero, cosa que no concurría en la joven. El asunto, torpemente manejado por el Ejecutivo, costó las dimisiones del ministro de Enseñanza Superior, Pedro Lynce, y del propio Martins da Cruz, quien era uno de los más estrechos colaboradores de Barroso desde hacía una década.

En las semanas siguientes, los portugueses se desayunaron con nuevas noticias económicas negativas, como que 2003 iba a cerrar con un crecimiento negativo superior al 1% del PIB, que el paro se aproximaba al 7%, que el déficit público volvía a rozar el 3% y que las deudas del Estado se acercaban peligrosamente al otro tope financiero del PEC, el 60% del PIB. Algunos analistas imputaron a Barroso exactamente lo mismo que éste les había echado en cara a los socialistas en 2001 y 2002: que el déficit real era muy superior, probablemente del 5% ya, y que la cifra oficial del 2,9% era el fruto de una ingeniería contable a todas luces abusiva. La propia Comisión Europea acogió con escepticismo el balance suministrado por Lisboa. Entre tanto, la oposición de izquierda acusó al Gobierno de obcecarse con el saneamiento financiero y de asistir impávido a los estragos sociales que estaba provocando la falta de inversiones y estímulos públicos en el sector productivo. El equipo gobernante se aferró a los datos de crecimiento de los dos primeros trimestres de 2004, que invitaban a pronosticar la próxima salida del túnel.

Las elecciones al Parlamento Europeo del 13 de junio de 2004 pusieron el altavoz al malestar de la mayoría de la población con la gestión de Barroso: la lista conjunta del PSD y el CDS-PP, Fuerza de Portugal, fue vapuleada por el PS, que con el 44,5% de los votos le sacó 11 puntos de ventaja. El oficialismo intentó quitar hierro a los resultados, cuestionando que se hubiera producido un voto de castigo con una participación de tan sólo el 38,9%. Con todo, Barroso se sintió obligado a decirles a los portugueses que había "comprendido" el "mensaje de exigencia" enviado al partido del poder. El primer ministro se guardó de insinuar un cambio de rumbo en la política económica y social del Gobierno, pero tampoco iba a saberse cómo lidiaría Barroso con los problemas nacionales de ahora en adelante, cuando había quedado meridianamente claro que los socialistas gozaban del favor de los electores, porque las más altas instancias de la Unión Europea llamaron a su puerta.

Mientras el país celebraba, y con muchos elogios a la organización, el campeonato de la Eurocopa de Fútbol de 2004, el nombre de Barroso empezó a circular con insistencia como el probable sucesor del italiano Romano Prodi al frente de la Comisión Europea, que tocaba renovar al término de su mandato de cinco años. El 29 de junio, los jefes de Estado y de Gobierno de la UE reunidos en Bruselas bajo la presidencia irlandesa y sin el formato de un Consejo Europeo anunciaron que habían llegado a un consenso unánime sobre la candidatura de Barroso, uno de los allí presentes, luego de vencer las reticencias de Francia, Alemania y Bélgica.

Los tres países no se habían olvidado del nítido posicionamiento proestadounidense del portugués durante la crisis que resquebrajó la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) de la UE ante la cuestión de Irak el año anterior, y tenían muy presentes su intenso proatlantismo en la cuestión de la defensa europea -aunque en ese ámbito la Comisión Europea no tiene ninguna competencia- y su ortodoxia liberal en el manejo de la economía. Esta suspicacia se planteaba cuando los gobiernos de París y Berlín hacían piña para flexibilizar el PEC, el cual ya venían violando flagrantemente, con el objeto de poder elaborar presupuestos muy deficitarios en tiempos de escaso crecimiento.

Antes de dar su brazo a torcer, estos tres estados miembros habían apostado por el actual jefe del Ejecutivo de Bruselas, Guy Verhofstadt, un adalid de la construcción europea con criterios federalistas y defensor también de un sistema de defensa propiamente europeo, autónomo de la OTAN. Pero Barroso contaba de partida con el respaldo del Reino Unido, Italia, Polonia y los países pequeños, amén, por el vínculo de vecindad geográfica y por compartir intereses financieros en el presupuesto comunitario, de España, no obstante gobernar allí ahora los socialistas de José Luis Rodríguez Zapatero, cuyo enfoque de la situación en Irak y de la estrategia antiterrorista global de Estados Unidos difería abiertamente de los puntos de vista de Aznar y Barroso.

Aunque Barroso no se ajustaba a ese perfil europeísta con arreglo al cual el elemento supranacional es enfatizado frente a los procesos intergubernamentales, que era característico en Prodi y sus inmediatos predecesores en el cargo, el luxemburgués Jacques Santer y el francés Jacques Delors, nadie en el Consejo ponía en duda ni la preparación ni la experiencia del portugués en los asuntos europeos, como tampoco sus dotes para la negociación. Además, dato no baladí, se expresaba en francés e inglés como si fueran sus idiomas nativos. Finalmente, cumplía otro requisito informal: pertenecer a una fuerza política que era parte del Partido Popular Europeo-Demócratas Europeos (PPE-DE), la lista más votada en las pasadas elecciones a la Eurocámara y titular de 268 escaños.

El primer ministro cogió al vuelo la oferta que le hacían sus colegas europeos, tal que emprendió los preparativos de su partida incluso antes de recibir la designación oficial del Consejo Europeo. El 30 de junio, cuatro días antes de la conclusión del torneo futbolístico con la victoria de la selección nacional portuguesa –éxito deportivo que desató la euforia popular a modo de paréntesis entre tanta desazón-, Barroso causó en Portugal lo más parecido a una tormenta política al anunciar que se despedía del Gobierno para presidir la Comisión Europea en Bruselas. El gobernante saliente trasladó al presidente Sampaio, que, con la Constitución en la mano, podía nombrar un nuevo primer ministro designado por el PSD o bien disolver la Asamblea y convocar elecciones anticipadas, su voluntad de ser sucedido sin solución de continuidad por el alcalde lisboeta, Santana Lopes, ya que existía una mayoría parlamentaria capaz de agotar la legislatura en 2006.

Aunque esperada, la renuncia de Barroso, que él justificó por "motivos de relevante interés nacional", motivó una riada de críticas desde diversos frentes. Los socialistas, que querían ir a las urnas sin dilación, le acusaron de abandonar el barco de la política doméstica en plena, si no galerna, sí al menos marejada económica, recordándole que el servicio a la nación empezaba por la Residencia Oficial de São Bento. Por otra parte, la preselección sucesoria de Santana Lopes, político controvertido por su estilo populista y su protagonismo en ciertos entornos frívolos de la televisión y la vida de sociedad, concitó rechazo popular y, sobre todo, abrió divisiones en el bloque socialdemócrata del Gobierno, donde el edil capitalino no andaba menguado de enemigos.

El sector liberal y tecnocrático del PSD temía que Santana, entre otras cosas, se desentendiera de las políticas de austeridad presupuestaria y ajuste fiscal sólo porque eran impopulares. Según parecía, Santana confiaba plenamente en un dirigente del partido con el que, empero, no siempre se había llevado bien. Entre los ministros discrepantes estaban las titulares de Exteriores, Teresa Gouveia, y Finanzas, Manuela Ferreira Leite, quien, de haberse seguido un procedimiento puramente institucional, en tanto que número dos del Gobierno, habría sido la encargada de cubrir el puesto de primer ministro por vacancia.

Barroso no se dejó amilanar por las presiones de este sector de su partido e impulsó decisivamente a Santana, que el primero de julio fue elegido presidente de la CPN por el Consejo Nacional del PSD. El 5 de julio, Barroso envió la carta de dimisión a Sampaio, el cual, venciendo las dudas que le inspiraban las capacidades de Santana, descartó el adelanto electoral porque le parecía que esa mudanza podía prolongar la inestabilidad. Una vez terminados los turnos de consultas formales con los responsables políticos y económicos, el presidente encargó el 9 de julio la formación del nuevo Gobierno de coalición a Santana, que tuvo que someterse a un pliego de condiciones, siendo la más importante el compromiso de preservar la ortodoxia financiera. Una vez recibido el preceptivo mandato de sus conmilitones, el nuevo presidente del PSD tomó posesión al frente del Gobierno el 17 de julio.

Barroso ya estaba liberado de responsabilidades en Lisboa, y ahora asumía las tareas de presentar sus credenciales al Parlamento Europeo para obtener la preceptiva ratificación personal y, a continuación, designar de común acuerdo con el Consejo Europeo al colegio de comisarios, el cual iba a ser sometido por los diputados a un minucioso escrutinio previamente a su investidura. Lo que ni él ni nadie sospechaba entonces era que el proceso de validación democrática iba a ser de lo más tortuoso, retrasando en cerca de un mes la asunción de la nueva Comisión. Como tampoco nadie habría podido imaginar que la inauguración de Barroso en su despacho de Bruselas casi iba a coincidir en el tiempo con la caída en Lisboa del Gobierno de Santana, dado por desahuciado por Sampaio en un tiempo récord.

En Bruselas, de entrada, Barroso encontró mucha frialdad. El Partido Socialista Europeo (PSE), que tenía 200 escaños y cuyo respaldo, aunque no indispensable, ya que la investidura podía ser ganada por mayoría simple, sí se antojaba muy deseable, manifestó tener "serias dudas" sobre la idoneidad para el puesto del ex primer ministro luso. Trascendieron los recelos de los diputados franceses y alemanes de este grupo por la "línea anglófila a ultranza" de Barroso, al que los españoles tampoco estaban dispuestos a ponerle las cosas fáciles debido a que en abril anterior había censurado la decisión de Zapatero de retirar las tropas españolas de Irak. El Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa (ADLE), que, con 88 parlamentarios, era el tercer bloque de la Cámara, quería cerciorarse de que el designado poseía una sólida visión europea. El Grupo de Los Verdes/Alianza Libre Europea se manifestó bastante escéptico, mientras que el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea (IUE) anunció que Barroso ya podía contar con su voto negativo.

Consciente de que las reticencias se centraban en su cercanía a la Casa Blanca en política exterior y su conservadurismo económico durante la etapa como gobernante, Barroso encaró los inquisitivos cuestionarios de los diputados con actitud de justificación de pasadas actuaciones, pero también de distanciamiento de dichas líneas. Sobre su apoyo a la invasión de Irak, aseguró que no le gustaba la guerra, pero que no podía quedarse al margen "si hay una guerra entre un aliado y un régimen como el de Saddam", añadiendo que aquella fue "la decisión más difícil de mi vida". Para que quedara bien clara su actitud al respecto, remachó: "Odio la arrogancia, odio el militarismo. No me gusta el unilateralismo, pero está en el interés de Europa intentar tener una relación constructiva con Estados Unidos". Y en cuanto a su ideología: "Soy un reformador, de centro; nunca he sido de derechas". En añadidura, reclamó para la UE mantener su liderazgo en la protección medioambiental y en la búsqueda de la ratificación del Protocolo de Kyoto de 1997 sobre el cambio climático, se mostró partidario de la entrada de Turquía en la UE y subrayó la prioridad de avanzar en la Europa social.

La elocuencia de Barroso convenció a los diputados menos escépticos, tal que el 22 de julio el Parlamento, bajo la presidencia del recién elegido Josep Borrell, español del PSE, ganó la investidura con 413 votos a favor, 251 en contra, 44 en blanco y 3 nulos, esto es, con el aval del 56,4% del hemiciclo. Barroso anunció una Comisión "fuerte e independiente", cuyos retos principales iban a ser la reforma del PEC –transigiendo con las exigencias de flexibilización de Berlín y París-, la elaboración del presupuesto de la Unión para el período 2007-2013, el remate de las negociaciones de adhesión con Bulgaria y Rumanía, y el arranque de las previstas con Croacia y Turquía.

En el primer tramo del mandato quinquenal de la nueva Comisión iba a discurrir también el complicado proceso de ratificación nacional, país por país, del Tratado de la Constitución Europea, cuya entrada en vigor, si todo salía bien, el 1 de noviembre de 2006, abriría las puertas a una importante reestructuración, en dos fases, de la institución legisladora por excelencia, así como ejecutora de las políticas comunes, de la UE. Sin embargo, esto sucedería sólo a partir del 1 de noviembre de 2009, es decir, empezando con la primera Comisión elegida estando vigente la Constitución y continuando con la que le tomara el relevo un quinquenio después.

La Comisión que se disponía a presidir Barroso se atendría a las disposiciones del Tratado de Niza de febrero de 2003, que en la composición limitaba el número de comisarios a uno por país (hasta ahora, los Estados miembros más poblados tenía derecho a dos comisarios). Ésto daba 24 comisarios, más su presidente portugués. La Constitución Europea preveía, a partir del 1 de noviembre de 2014, la reducción de la Comisión a dos tercios del número de Estados miembros y la elección de los comisarios de acuerdo con un sistema de rotación igualitario. Lo que empezaría a funcionar en 2009 sería la figura del ministro de Asuntos Exteriores de la Unión, denominación más institucionalizada del actual alto representante de la PESC, y que sería al mismo tiempo uno de los vicepresidentes de la Comisión.

A mediados de agosto, las consultas intergubernamentales entre Barroso y las capitales de la UE produjeron una lista de comisarios donde destacaban una serie de nombres ligados a las exigencias de alta competitividad en el mercado global y a la ortodoxia liberal. Restaba ahora el nihil obstat del Parlamento, y fue entones cuando empezaron los problemas para Barroso.

De entrada, los diputados socialistas, liberales, verdes e izquierdistas recusaron al asignado a la Comisaría de Justicia, Libertad y Seguridad, el democristiano italiano Rocco Buttiglione, por considerar que unas declaraciones suyas sobre el carácter pecaminoso de la homosexualidad y otras de tipo sexista ofensivas para la mujer le descalificaban para ocupar esa cartera. Barroso, en lo que fue respaldado por el PPE-DE, replicó que la Eurocámara no estaba facultada para vetar a comisarios individuales, sino al colegio en bloque, y se negó a tachar a Buttiglione de su lista. Además, los diputados manifestaron sus dudas sobre la capacitación o la compatibilidad de otros cuatro comisarios nombrados: el socialista húngaro László Kovács en Energía, la liberal holandesa Neelie Kroes en Competencia, la liberal danesa Mariann Fischer Boel en Agricultura y Desarrollo Rural, y la agraria letona Ingrîda Ûdre en Fiscalidad y Unión Aduanera.

El áspero tira y afloja entre Barroso y los parlamentarios se prolongó varias semanas, creándose una situación de bloqueo sin precedentes que los medios de comunicación calificaron de "crisis". El 27 de octubre tocaba realizar la votación de investidura, previa a la toma de posesión prevista para el 1 de noviembre, pero Barroso decidió a última hora no someter su propuesta de Comisión al veredicto parlamentario en el convencimiento de que iba a perder. Acribillado por las críticas, con acusaciones de inflexibilidad y de no tomarse en serio la opinión de la única institución de la UE emanada de las urnas, Barroso (y junto con él, el Consejo) se resignó a remodelar la lista de comisarios.

Finalmente, Barroso dispuso tres mudanzas: las bajas de Buttiglione, sustituido por el actual ministro de Exteriores de Italia, Franco Frattini, y de Ûdre, que venía siendo investigada en su país por presunta financiación irregular de su partido y que fue reemplazada por su compatriota Andris Piebalgs, pero en la Comisaría de Energía, más el cambio de cartera de Kovács, que pasó a una comisaría para la que se le consideraba más preparado, justamente la adjudicada inicialmente la política letona, Fiscalidad y Unión Aduanera. Fischer Boel y Kroes fueron confirmadas respectivamente en Agricultura y Competencia, a pesar de que la segunda tenía una trayectoria de asesora empresarial susceptible de generar un conflicto de intereses.

Con reservas todavía, pero en su mayoría dispuestos a no prolongar por más tiempo la porfía, los diputados aceptaron los cambios y el 18 de noviembre la Comisión de Barroso fue investida con una confortable mayoría de 449 votos a favor, 149 en contra y 82 abstenciones, sobre 680 diputados presentes. El 22 de noviembre, Barroso y los 24 comisarios tomaron posesión de sus puestos.

José Manuel Durão Barroso es autor de los libros Sistema de governo e sistema partidário (1980, en coautoría con Pedro Santana Lopes), Le système politique portugais face à la intégration européenne (1983, de hecho, su tesis vinculada al máster cursado en la Universidad ginebrina), Política de cooperação (1990), A política externa portuguesa 1992-1993 (1994), A política externa portuguesa 1994-1995 (1995), Uma certa ideia de Europa (1999), Uma ideia para Portugal (2000), Mudar de modelo (2002) y Reformar dois anos de Governo (2004).

(Cobertura informativa hasta 22/4/2005)