1. Los años como alto funcionario del Estado y el partido
2. El sexenio presidencial; batería de actuaciones para mejorar la coyuntura económica
3. Dinamización de las relaciones exteriores de México
4. Los contratiempos de la segunda mitad del mandato


1. Los años como alto funcionario del Estado y el partido
Nació en el seno de una familia media tradicional, varios de cuyos miembros habían desempeñado profesiones liberales o cargos en la función pública. El padre, Miguel de la Madrid Castro, un abogado de provincias que defendía a los pequeños propietarios rurales en sus pleitos con los terratenientes, falleció a los dos años de nacer su hijo, y a raíz de esta pérdida, la madre, Alicia Hurtado, se trasladó con el niño y su hermana menor a la Ciudad de México. El muchacho recibió las educaciones primaria y secundaria en escuelas de la capital y en 1952 se matriculó en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Al año siguiente, simultaneándolo con sus estudios, se puso a trabajar de pasante en el departamento legal del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), para ir adquiriendo experiencia profesional y de paso para contribuir a las rentas familiares.

En 1957 se licenció con una tesina sobre la dimensión económica de la Constitución de 1857 que mereció una mención de excelencia académica. Ese mismo año contrajo matrimonio con Paloma Cordero Tapia, con la que formó una familia numerosa de cinco vástagos. En 1959 comenzó a dar clases de Derecho Constitucional en la UNAM, donde se convirtió en una referencia lectiva como autor de un socorrido manual de estudios, y en 1960 fue contratado como consultor de gestión financiera por el Banco central de México (Banxico).

En esta época en que se presentaba como una joven promesa, de la Madrid empezó a darse a conocer en los círculos de influencia políticos y a recibir el patrocinio de personalidades como José López Portillo, profesor suyo en la UNAM y entonces un dirigente medio del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la formación que desde su fundación en 1929 ejercía una hegemonía política, a todos los efectos monopólica, sirviéndose de estructuras formalmente democráticas. En un sistema donde partido y Estado se imbricaban en un único andamiaje de poder, todavía claramente autoritario y luego ya más pragmático, no sólo estaba absolutamente vedada la alternancia política, sino que la mera competitividad electoral era más ficticia que real.

En 1963, siendo presidente de la República Adolfo López Mateos, de la Madrid se dio de alta en la militancia del PRI, vínculo formal que era la mejor garantía para la plasmación de sus aspiraciones profesionales en la administración y las finanzas federales. En 1964 Banxico le otorgó una beca para cursar una maestría en Administración Pública en la Universidad de Harvard, donde tuvo como docentes a Kenneth Galbraith y otros prestigiosos economistas. De regreso a México en 1965, la Administración de Gustavo Díaz Ordaz le reclutó para el Gobierno Federal y le nombró para el importante puesto de subdirector general de Crédito en la Secretaría (ministerio) de Hacienda.

En 1970, luego de tomar posesión de la Presidencia de la República Luis Echeverría Álvarez, de la Madrid fue transferido a la Subdirección de Finanzas del monopolio estatal de hidrocarburos, la compañía Petróleos Mexicanos (Pemex). En mayo de 1972 retornó a la Secretaría de Hacienda en calidad de director general de Crédito, teniendo a López Portillo como superior. En octubre de 1975, a la salida de López Portillo de la Secretaría de Hacienda tras ser designado candidato presidencial priísta y sustituido por Mario Beteta, de la Madrid pasó a ocupar la Subsecretaria de Hacienda y Crédito Público del ministerio. López Portillo le ratificó en esta oficina luego de tomar posesión de la Presidencia en diciembre de 1976 y el 17 de mayo de 1979 le promocionó al más alto puesto de su carrera de técnico burócrata, la titularidad de la Secretaría de Programación y Presupuesto.

Al frente del ministerio, de la Madrid impulsó el Plan Global de Desarrollo (PGD), dado a conocer en abril de 1980 y cuya meta tangible era obtener una tasa de crecimiento anual del 8% hasta el final del sexenio, si bien su filosofía subyacía en la planificación del crecimiento nacional a largo plazo, más allá de las fracturas sexenales. En todo este tiempo, el licenciado prestó labores de asesoría en numerosas comisiones técnicas relacionadas con las exportaciones y las finanzas, y representó a México en el diálogo con los principales organismos financieros multilaterales, como el FMI, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Considerado un miembro del ala liberal del PRI, el 25 de septiembre de 1981 de la Madrid fue destapado por López Portillo, su mentor desde hacía casi tres décadas, como candidato oficial a la Presidencia de la República en las elecciones generales del 4 de julio de 1982. La elección de De la Madrid a través del procedimiento del dedazo entonces vigente -la designación exclusiva e inapelable del candidato a la sucesión por el mandatario saliente-, no fue bien recibida por elementos de la vieja guardia priísta bien aposentada en el aparato del partido. Manteniendo las formas de una decisión colectiva, la VI Convención Nacional del PRI, celebrada del 9 al 11 de octubre de 1981, proclamó candidato a de la Madrid candidato contra las aspiraciones de dignatarios como Jorge de la Vega Domínguez, secretario de Comercio del Gobierno, y Javier García Paniagua, presidente saliente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido.


2. El sexenio presidencial; batería de actuaciones para mejorar la coyuntura económica
Revelarse como en el tapado del presidente titular equivalía, en el México de aquellos años, a ganar las elecciones, ya que el sistema brindaba los instrumentos de la representación (limitada) y la competencia (más limitada aún), pero no permitía la alternancia. Así las cosas, de la Madrid se adjudicó la victoria con el 74,3% de los votos, nada menos que 13 millones de papeletas más que las obtenidas por el rival más adelantado, Pablo Emilio Madero, del conservador Partido de Acción Nacional (PAN). No obstante ser unos resultados demoledores bajo el punto de vista de cualquier otro país dotado de un sistema más o menos competitivo, en México llamaron mucho la atención por tratarse del registro más bajo desde la elección de Adolfo Ruiz Cortines en 1952. Retrospectivamente, puede remontarse a los comicios de 1982 la génesis del lento declive electoral del PRI, el cual, empero, iba a retener el poder ejecutivo durante 18 años más.

El 1 de diciembre de 1982 de la Madrid tomó posesión del cargo con mandato hasta 1988, en un momento de "emergencia" económica, según la expresión que él mismo empleó. El hundimiento en junio de 1981 de los precios internacionales del petróleo -con mucha diferencia, el primer producto de exportación de México- debido a una saturación de la oferta en los mercados, había repercutido inmediatamente en toda la estructura productiva y financiera nacional, y reventado el engañoso auge desarrollista de los últimos años (merecedor en su momento del ditirambo de "milagro mexicano"), que basaba la industrialización en el endeudamiento. Para apagar la luz roja en todas las cuentas públicas, la escalada de los precios y la evaporación de las reservas de divisas, López Portillo había optado por ampliar el control estatal de la economía de modelo mixto mediante la nacionalización de la banca privada (1 de septiembre de 1982) y la implantación del control de cambios antes de fijar un tipo devaluado del peso.

Toda vez que estas medidas no dieron los resultados apetecidos, López Portillo hubo de decretar la moratoria en el pago de la deuda exterior. Cuando la transferencia del mando a de la Madrid, el país se encontraba ya en recesión económica, la inflación rozaba el 100% anual, la deuda exterior sobrepasaba los 80.000 millones de dólares y el sistema financiero estaba en virtual bancarrota por la caída de los ingresos de exportación y la fuga de capitales. El flamante mandatario mantuvo por el momento el intervencionismo financiero y monetario y anunció un plan anticrisis de diez puntos que incidía en la austeridad y la recuperación de la liquidez, y que postergaba la recuperación de la inversión, el consumo y el crecimiento. En líneas generales, dicho plan consistió en recortes en el gasto público, inversiones selectivas en actividades productivas y creadoras de empleo, subidas de los tipos de interés con el objeto de atraer los capitales financieros, alzas impositivas y tarifarias, y eliminación de subvenciones de productos básicos de la cesta de la compra.

Sin embargo, por talante personal y por su análisis del problema, en la actuación de De la Madrid asomaron discrepancias con algunos de los grandes rasgos característicos de la etapa lopezportillista. Una temprana y vigorosa depreciación del peso con respecto al dólar se interpretó como el primer paso para el levantamiento del control de cambios en el mercado monetario, y el presidente, aunque aseguró que la nacionalización y la reestructuración del sistema bancario eran irreversibles, solicitó al Congreso la apertura al capital privado de un tercio de los activos de la veintena de entidades a que la reforma había dado lugar.

En añadidura, de la Madrid lanzó una campaña de moralización en la función pública que incluyó reformas legales para fiscalizar y perseguir a los administradores corruptos. También, retomó el diálogo con los acreedores internacionales para reescalonar el servicio de la deuda y obtener un empréstito de 5.300 millones de dólares; a cambio, el Gobierno sistematizó sus medidas de ajuste con el denominado Programa Inmediato de Reordenación Económica (PIRE), presentado en enero de 1983. La cascada de iniciativas presidenciales incluyó la promulgación, el 30 de mayo de 1983, del Plan Nacional de Desarrollo (PND), que, con el aval del FMI, sustituyó al PGD de 1980 y supuso una confirmación de la fe en las políticas estatistas y planificadoras como garantes del desarrollo a largo plazo.

Transcurrido el primer bienio de gobierno, de la Madrid presentó un balance económico esperanzador en el que destacaban: la recuperación del crecimiento, un 3,6% del PIB frente al 4.2% de tasa negativa con que había cerrado 1983; la reducción del déficit de las finanzas del Estado del 16,9% al 8,6%; la duplicación de las reservas internacionales de divisas; un sensible recorte de la inflación hasta el 81% anual; y, el regreso del superávit a la balanza por cuenta corriente, inclusive, tras muchos años de dominio de las importaciones sobre las exportaciones, la balanza comercial. Además, se había logrado renegociar la deuda en términos viables y el Estado había amortizado el crédito de urgencia concedido en diciembre de 1982 por el FMI.

Por otro lado, la campaña anticorrupción se cobró dos notorias víctimas. A la cabeza, Arturo Durazo Moreno, alias El Negro, el todopoderoso y gansteril jefe de Policía y Tránsito del Distrito Federal entre 1976 y 1982, quien además había sido amigo desde la infancia y hombre de confianza de López Portillo. Durazo vio el final de su imperio personal con el tránsito a la nueva Administración y el 30 de junio de 1984 fue detenido en Puerto Rico por el FBI a requerimiento de las autoridades aztecas, que le procesaron por tráfico de drogas, tenencia de armas, extorsión, homicidio en múltiple grado y otros cargos por delitos presuntamente cometidos durante el sexenio lopezportillista, en el que amasó con escandalosa impunidad una colosal fortuna; extraditado en 1986, El Negro recibió una condena de 16 años de prisión de los que cumplió seis.

El otro preboste de la etapa precedente caído en desgracia fue Jorge Díaz Serrano, antiguo director de Pemex, destituido en 1981 por López Portillo por discrepancias en torno a la política de precios del petróleo. Díaz fue desaforado como senador y terminó también en prisión por las ilegalidades cometidas durante su gestión al frente del monopolio energético, entre las que destacó, en pleno boom petrolero, la venta de crudo en el mercado abierto de Ámsterdam por un valor sustancialmente superior a los precios oficiales establecidos por la empresa; Díaz y sus colaboradores descontaron estas transacciones del balance oficial de cuentas y las divisas obtenidas habrían terminado en sus bolsillos.


3. Dinamización de las relaciones exteriores de México
Mientras la situación interior tendía a estabilizarse, de la Madrid se desenvolvió en la política exterior sobre la base de los principios tradicionales de la diplomacia mexicana, cuales eran la no injerencia en la soberanía nacional de los estados, la defensa de la libre determinación de los pueblos, la defensa de la democracia y el respeto de los Derechos Humanos, la confianza en la solución pacífica de los conflictos y la promoción de la cooperación entre las naciones en el sentido más amplio. Las administraciones de Echeverría y López Portillo habían jugado a fondo la carta de la independencia nacional en política exterior, y la singular posición del país norteamericano, que tenía el estatuto de observador en el Movimiento de los No Alineados, había permitido a México explorar unos interesantes cauces de diálogo entre el Norte y el Sur.

En el sexenio delamadridista se apreció una reducción del interés de México en el activismo internacionalista y tercermundista, y una concentración del mismo en las problemáticas latinoamericanas, sobre todo en los conflictos centroamericanos. Así, el presidente mexicano se convirtió en un actor clave del Grupo de Contadora, foro informal de concertación política creado el 9 de enero de 1983 en esta isla panameña por los cancilleres de México, Colombia, Venezuela y Panamá con el objetivo de promover una salida pacífica y negociada en las guerras civiles de Nicaragua, El Salvador y Guatemala a través de negociaciones multilaterales.

De la Madrid y sus colegas situaron los conflictos armados de la región en sus contextos autóctonos, caracterizados por profundas contradicciones políticas, sociales y económicas, y rechazaron como simplista la visión de Estados Unidos, que los inscribía en la dialéctica global de la Guerra Fría y en el plano de confrontación Este-Oeste: para la Administración de Ronald Reagan, las guerrillas triunfantes en Nicaragua e insurgentes en El Salvador y Guatemala eran sobre todo expresiones del expansionismo comunista soviético en esta parte del mundo. Washington encontraba particularmente repudiable la actitud de México hacia el régimen sandinista de Managua, que le parecía complaciente, si no amparadora, a pesar de los fuertes déficits democráticos de la Junta de Gobierno que había derrocado a la dictadura somocista.

Los trabajos del Grupo de Contadora resultaron instrumentales para el arranque, tras la adopción de los Acuerdos de Esquipulas II (agosto de 1987), que se basaban en el proyecto de paz firme y duradera en Centroamérica elaborado por el presidente costarricense Óscar Arias, de procesos de paz civil y reconciliación nacional en todos los países citados en las postrimerías de la década de los ochenta.

Serias divergencias de criterio aparte, el caso fue que la Administración delamadridista desarrolló las relaciones bilaterales con Estados Unidos, a medida que los intercambios comerciales y la cooperación en diversos capítulos ganaban importancia. Como botón de muestra estuvieron las seis cumbres presidenciales celebradas por de la Madrid y Reagan en ambos lados de la frontera. También, se estrecharon las relaciones con España, país históricamente hermanado con el que la anterior administración había restablecido las relaciones diplomáticas coincidiendo con el regreso de la democracia tras la muerte del dictador Francisco Franco.

En añadidura, de la Madrid fue el anfitrión, el 29 de noviembre de 1987 en Acapulco, de la I Reunión de presidentes del Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política, o Grupo de Río, que entonces recibía el nombre de Grupo de los Ocho y que provenía de la fusión en diciembre del año anterior del Grupo de Contadora y de su Grupo de Apoyo. Los ocho presidentes participantes adoptaron el llamado Compromiso de Acapulco para la Paz, el Desarrollo y la Democracia, documento básico de un organismo concebido por sus fundadores como un foro regional de diálogo y concertación política, y como el interlocutor autorizado de los estados latinoamericanos con terceros países.


4. Los contratiempos de la segunda mitad del mandato
Los sacrificios económicos encajados por los mexicanos en 1983 y 1984, con una fuerte pérdida de poder adquisitivo no fueron suficientes para conjurar las repercusiones negativas de un año tan infausto como 1985. El pago de la siempre atosigadora deuda externa obligó al Estado a hacer fuertes emisiones de moneda que generaron desconfianza en el peso e inflación, mientras que la continuación de las penurias financieras situó al PIRE en la picota. El deterioro se vio acelerado por la tendencia bajista de las cotizaciones internacionales del petróleo, la debilidad también de los mercados de las materias primas no petroleras que México exportaba, y la carrera alcista del dólar.

En el ecuador de su mandato, de la Madrid, calificado a menudo de hombre gris y falto de visión, se sintió impulsado a adoptar otra hornada de medidas de inequívoco sabor liberal: nuevas y vigorosas podas de gastos y de personal en la vastísima administración federal; desaparición de departamentos y oficinas gubernamentales; clausura de fideicomisos; suspensión de proyectos de obras públicas; venta al capital privado de empresas no emblemáticas del Estado; remoción de barreras proteccionistas a las importaciones; más recortes en los programas y subsidios sociales; y, nuevas alzas también en las tarifas de los servicios públicos. En agosto de 1986 México suscribió el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT).

El terrible terremoto del 19 de septiembre de 1985, además del balance luctuoso en vidas humanas, cargó a las apuradas cuentas públicas los costos de la reconstrucción de las infraestructuras y prestaciones del devastado Distrito Federal. Eso sí, el PRI ganó con la contundencia habitual las elecciones del 7 de julio al Congreso y las asambleas de los estados, no sin recibir las impugnaciones de la oposición por el concurso de los tradicionales mecanismos de fraude. En 1986 retornó el saldo deficitario en las cuentas corrientes, las reservas de divisas descendieron a un nivel peligroso, el peso entró en caída libre con respecto al dólar y el crecimiento para el conjunto del año fue ampliamente negativo, del -3,8% del PIB. México experimentó por enésima vez las consecuencias de tener su estructura económica inscrita en el ciclo perverso del petróleo, que obligaba a endeudarse y a desequilibrar gravemente las balanzas de pagos y comercial para adquirir unos capitales y unas tecnologías de explotación de los que el país carecía.

A lo largo de 1987 el equipo presidencial dio pábulo al optimismo con la recuperación de las exportaciones no petroleras gracias al valor competitivo del peso y la firma de importantes acuerdos crediticios con la banca internacional. Además, se produjo una recuperación del precio del barril de crudo, lo que llenó de golpe el agujero en las reservas de divisas y elevó su nivel hasta el valor histórico de los 15.000 millones de dólares. El 5 de octubre de 1987 la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) vivió una jornada de euforia, pero en el lapso de unas breves horas las dinámicas especulativas actuaron con crudeza y explotó un proceso incontrolado de ventas que hasta el día 28 hizo perder al parqué bursátil hasta el 50% de su volumen de capitalización. El desfondamiento, coincidente con el crack de la Bolsa de Nueva York, sólo pudo ser detenido con la entrada urgente de la Nacional Financiera (Nafinsa) en las operaciones de compra.

El 18 de noviembre el Gobierno dispuso una devaluación del peso del 55% y fijó el tipo de cambio intervenido en las 2.278 unidades por dólar, haciéndolo coincidir con el tipo de cambio libre; al principio de sexenio, el dólar se había cambiado a 150 pesos, lo que da una idea del grado de depreciación sufrido por la moneda mexicana en estos años. Entre enero y diciembre de 1987 el peso perdió el 192% de su valor y la inflación para los doce meses registró la tasa del 160%. En diciembre de 1988 la moneda iba a acumular una devaluación del 3.270% desde diciembre de 1982.

El 15 de diciembre de 1987, urgido por las circunstancias, de la Madrid suscribió un Pacto de Solidaridad Económica (PSE) con los actores sociales para consensuar las medidas de contingencia antiinflacionaria y repartir cargas de responsabilidad y sacrificio. Sin embargo, el pujante sindicalismo independiente del PRI optó por las movilizaciones de protesta, asumiendo la portavocía de un profundo malestar social que se nutría tanto del interminable ajuste económico como de los excesos demagógicos de los responsables políticos, las endémicas redes de corrupción y clientelismo, la inepcia burocrática y, en definitiva, todos los vicios e inercias de un sistema que ya no daba más de sí sin profundas transformaciones tras más de medio siglo de vigencia.

De hecho, con de la Madrid se cerraba una época, pues el mandatario, a diferencia de sus predecesores, renunció a incrementar el presupuesto federal como fórmula para contener las presiones sociales; ahora, esas presiones, impelidas por el crecimiento demográfico, la industrialización, la urbanización y la mejora del nivel educativo, sumaban a las preocupaciones materiales de siempre unas exigencias sin precedentes de mayor apertura y pluralismo políticos, reflejando la emergencia de una sociedad civil más compleja y madura.

El hundimiento de la BMV se produjo un día antes de designar de la Madrid a su candidato para las elecciones de 1988. La codiciada distinción recayó en Carlos Salinas de Gortari, antiguo alumno suyo en la UNAM, protegido desde largo tiempo y factótum de la nueva política económica como responsable de la Secretaría de Programación y Presupuesto, la misma que había desocupado de la Madrid en 1982. No obstante estar bregado en las labores ideológicas del PRI, Salinas encarnaba las nuevas generaciones de cuadros tecnocráticos impregnados de pragmatismo economicista.

El destape de Salinas suscitó profundos descontentos en la vieja guardia priísta por el perfil del elegido, y también, por el método utilizado, en un sector renovador capitaneado por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, hijo del presidente Lázaro Cárdenas del Río (1934-1940) y ex gobernador de Michoacán, y Porfirio Muñoz Ledo, ex presidente del CEN, el cual venía propugnando una profunda reforma interna para que el partido se desprendiera de sus estructuras autoritarias y se abriera a la sociedad civil. Cárdenas y Muñoz articularon la Corriente Democrática en el seno del PRI, y cuando el primero lanzó su aspiración presidencial contra las advertencias del CEN los rebeldes quedaron formalmente excluidos del partido. La escisión del ala izquierdista del PRI era irreversible.

Con vistas a los comicios de 1988, el Gobierno Federal aprobó una serie de reformas institucionales y electorales por las que la Cámara de Diputados del Congreso fue aumentada de los 400 a los 500 miembros, y la cuota de elegibilidad por el sistema proporcional de 100 escaños a 200. También, se introdujo la llamada "cláusula de gobernabilidad", según la cual, al partido que obtuviera la mayoría relativa de diputados elegidos por el sistema mayoritario y al menos el 35% del voto nacional se le asignaban automáticamente los escaños necesarios para alcanzar la mayoría absoluta. Una y otra reformas reforzaron las posibilidades electorales tanto del PRI como de los partidos minoritarios.

En un contexto económico ligeramente menos sombrío (la inflación había emprendido una senda descendente) que unos meses atrás, tuvieron lugar las esperadísimas y trascendentales elecciones generales del 6 de julio de 1988, en las que Salinas iba a batirse con Cárdenas, lanzado a la lid presidencial como candidato de la coalición izquierdista Frente Democrático Nacional (FDN). Pues bien: los comicios supusieron un enorme baldón en el historial de De la Madrid justo en la recta final de su mandato, ya que luego de cerrarse las urnas y de avanzarse unos resultados que sonreían a Cárdenas, se produjo un incompresible y altamente sospechoso apagón en el sistema de computación del voto.

El 13 de julio, tras una semana de caos y de trifulca política, la Comisión Federal Electoral anunció que Salinas era el vencedor con el 50,4% de los votos frente al 31,1% de Cárdenas y el 17% del panista Jesús Clouthier del Rincón, unos resultados que hicieron poner el grito en el cielo a la oposición y que fueron tachados de fraudulentos dentro y fuera de México. Esta amañada elección fue, a la postre, uno de los últimos reflujos antidemocráticos de un partido en decadencia, que en lo sucesivo ya no podría llamarse hegemónico sino más bien predominante o mayoritario. Entonces, lo que quedó certificado fue que de la Madrid, si acaso un líder de transición en la transformación económica de México, no había sido el introductor de la, para muchos, todavía más urgente reforma política.

Sin más novedad, el 1 de diciembre de 1988 de la Madrid traspasó el testigo a Salinas y, próximo a cumplir los 54 años, el abogado colimense se acogió al peculiar retiro de los ex presidentes mexicanos, que, era la tradición, adquirían una tácita intocabilidad frente a eventuales exigencias de cuentas por su gestión a cambio de una dedicación exclusiva a las actividades privadas y la no interferencia en la labor política de la administración entrante. En la década de los noventa la prensa mexicana divulgó informaciones sobre la supuesta tenencia por el ex presidente de depósitos en bancos de Suiza o Luxemburgo por valor de cientos de millones de dólares. Estas denuncias periodísticas no dieron lugar a investigaciones judiciales.

En la actualidad, el ex presidente mexicano centra sus actividades en el Consejo InterAcción, una organización animada por mandatarios retirados de todo el mundo y que elabora informes y estudios con finalidad asesora en diversas áreas de ámbito internacional. De la Madrid presidió los grupos de expertos de alto nivel sobre Ecología y Economía Globales, y sobre Balance y Perspectivas de los Progresos y Retos en América Latina, que publicaron sus respectivas conclusiones en febrero de 1990 y febrero de 1998. Adicionalmente, es miembro del Consejo Internacional del Centro Shimon Peres por la Paz. Ya en su país, entre 1990 y 2000, fungió de director general del Fondo de Cultura Económica (FCE).

(Cobertura informativa hasta 1/3/2003)