1. Primera trayectoria en las filas del Partido Liberal
2. El cuatrienio presidencial: proceso constituyente y los desafíos narco-guerrilleros
3. Etapa en la Secretaría General de la OEA
4. Asunción del liderazgo del partido y tragedia familiar


1. Primera trayectoria en las filas del Partido Liberal
Hijo de un pequeño propietario cafetalero de Risaralda y el mayor de seis hermanos, inició el bachillerato en el liceo de Pereira, la capital departamental, y posteriormente se graduó en el Roosevelt High School de Fresno, California. En 1965 se matriculó en la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, una casa de estudios privada de Bogotá, y en 1970, con 23 años, arrancó una carrera en la política representativa como concejal de su ciudad natal en las filas del Partido Liberal Colombiano (PL), del que ya era afiliado su padre, cargo que ejerció hasta 1974.

Entre 1970 y 1971 se desempeñó como jefe de Planificación del departamento de Risaralda, y como tal se integró en el organigrama del Departamento Nacional de Planificación. En 1972 se convirtió en gerente de la compañía Transformadores TLP, S.A., a la sazón su único cometido en la empresa privada y que no se prolongó más allá de 1973. En las elecciones generales del 21 de abril de 1974, que dieron al PL la mayoría parlamentaria y la Presidencia de la República a su candidato Alfonso López Michelsen, Gaviria, con 27 años recién cumplidos, salió elegido miembro de la Cámara de Representantes del Congreso en representación de Risaralda, mandato legislativo que fue renovando cada cuatro años hasta su apuesta presidencial de 1990 y que en 1975 y 1976 simultaneó con la labor de alcalde de Pereira.

En 1978 el nuevo presidente liberal, Julio César Turbay Ayala, le reclutó para su Gobierno en calidad de viceministro de Desarrollo Económico. Como congresista, Gaviria participó en la Comisión de la Cámara para Asuntos Económicos, la cual presidió desde 1980 a 1981 previa renuncia a su cartera gubernamental, y entre 1983 y 1984 elevó esa función rectora a la propia Cámara de Representantes, ya durante la Administración de Belisario Betancur Cuartas, del Partido Conservador Colombiano (PCC, entonces llamado Partido Social Conservador, PSC).

Además de sus funciones públicas, Gaviria desarrolló una actividad periodística en los diarios La Tarde de Pereira, que dirigió en 1982, y El Tiempo de Bogotá, como columnista político y económico, hasta 1986. A comienzos de aquel año fue nombrado director adjunto del PL y director de la campaña electoral de su candidato a la Presidencia, a Ernesto Samper Pizano; en consecuencia, fue proclamado candidato a la Presidencia. El mismo día tuvieron lugar las elecciones a la Cámara de Representantes del Congreso, en las que por primera vez participó el M-19, convenientemente reconvertido en partido político con el nombre de Alianza Democrática M-19 (AD M-19)

En la jornada del 27 de mayo de 1990, al cabo de una campaña teñida de sangre por los asesinatos de los candidatos izquierdistas Carlos Pizarro León-Gómez, de la AD M-19, y Bernardo Jaramillo Ossa, de la Unión Patriótica (UP, antiguo brazo político de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC), Gaviria resultó vencedor con el 47,8% de los votos sobre el veterano político derechista Álvaro Gómez Hurtado (cuyo secuestro en mayo de 1988 por el M-19 había terminado felizmente dos meses después en parte gracias a las oportunas gestiones del entonces ministro de Gobierno), por el Movimiento de Salvación Nacional (MSN), Antonio Navarro Wolff, el sustituto de Pizarro por cuenta de AD M-19, y Rodrigo Lloreda Caicedo, del PSC, formación que por segunda vez consecutiva vio escapársele el retorno al poder.


2. El cuatrienio presidencial: proceso constituyente y los desafíos narco-guerrilleros
Con su toma de posesión el 7 de agosto de 1990 para un período de cuatro años, Gaviria, a la edad de 43, se convirtió en el más joven presidente colombiano del siglo. Su objetivo central no difería del declarado por sus predecesores y sucesores en el cargo, a saber, devolver la paz civil a una nación que llevaba dos décadas atrapada en el fuego cruzado de grupos armados de diverso signo: insurgencias guerrilleras de izquierda, tropas paramilitares de extrema derecha, cárteles de la droga provistos de auténticos ejércitos privados y la delincuencia común, a los que debían sumarse las propias Fuerzas Armadas, responsables también de groseras violaciones de los Derechos Humanos. Para atraer a las guerrillas a una mesa de negociaciones que desembocaran en el alto el fuego, la desmovilización y la integración de sus miembros en la sociedad civil, Gaviria empezó por lanzar un proceso constituyente.

El 9 de diciembre de 1990 los colombianos fueron llamados a las urnas para elegir una Asamblea Nacional Constituyente; para sorpresa general, la AD M-19 se puso a la altura de los dos partidos mayoritarios que venían turnándose en el poder desde el derrocamiento en 1957 del último dictador militar, Gustavo Rojas Pinilla, en cuya frustrada tentativa de regresar a la Presidencia vía elecciones en 1970, con el vehículo de la Alianza Nacional Popular (ANAPO), estaba la génesis de la insurgencia de los emes. La Carta Magna promulgada el 4 de julio de 1991 en sustitución de la que regía –todo un récord de longevidad jurídica- desde 1886 fue presentada por Gaviria como el instrumento legal llamado a transformar las estructuras políticas y las normas de convivencia del país en un sentido modernizador y democrático.

Llamada popularmente del revolcón por los cambios que introducía, la nueva Constitución asentaba la democracia participativa con las figuras de la consulta popular, el referéndum y la iniciativa legislativa. También, introdujo los cargos institucionales del vicepresidente de la República, el fiscal general de la Nación y el defensor del pueblo, consagró la preeminencia de los Derechos Humanos y perfiló el carácter aconfesional del Estado con la vigencia de la ley civil en relación con los derechos de los cónyuges y la posibilidad de nulidad de todos los matrimonios, incluidos los realizados por el rito religioso. Una de las primeras consecuencias de la reforma fue el nombramiento por Gaviria de Rafael Pardo Rueda como ministro de Defensa, cartera que desde 1953 había estado ocupada por un alto oficial de las Fuerzas Armadas.

Aliviado el frente guerrillero gracias a los acuerdos de paz con el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), el 26 de enero de 1991, y una facción del Ejército Popular de Liberación (EPL), el 1 de marzo siguiente, Gaviria concentró sus esfuerzos en el combate al poderoso cártel de la droga de Medellín, que había declarado la guerra al Estado y causado enormes estragos terroristas en el último tramo del mandato de Barco, pese a haber ofrecido al Gobierno, el 17 de enero de 1990, un pacto de convivencia.

El 5 de septiembre de 1990 Gaviria anunció una nueva estrategia del Gobierno según la cual, aquellos jefes del narcotráfico extraditables, esto es, reclamados por la justicia de Estados Unidos, que se entregaran voluntariamente serían procesados en Colombia al menos por un delito, se beneficiarían de reducciones de penas si colaboraban con las autoridades y no serían entregados en ningún caso a los tribunales del país norteamericano. Dicho sea de paso, la Constitución en ciernes iba a prohibir la extradición de nacionales por delitos cometidos en fecha anterior a la promulgación de la norma.

La medida encontró eco en algunos importantes capos, como los hermanos Ochoa Vásquez, y, luego de recibir del Gobierno una oferta suplementaria de reducción de penas, en el jefe máximo del citado cártel, Pablo Escobar Gaviria (nada menos que un antiguo congresista del PL, antes de ser expulsado del mismo ante las abrumadoras evidencias de su condición de delincuente), quien secundado por su hermano Roberto y otros 14 lugartenientes se entregó a las autoridades el 19 de junio de 1991 y estrenó celda en la prisión de La Catedral, en Envigado, Antioquia; calificada de "máxima seguridad", la singular cárcel había sido construida ex profeso para el hombre que había ordenado las muertes de Luis Carlos Galán y de cientos de personas más, en un antiguo terreno de su propiedad y, a mayor abundamiento, satisfaciendo sus especificaciones.

Transcurridos trece meses, el 22 de julio de 1992, Escobar y nueve de sus hombres no tuvieron problemas para fugarse del recinto mientras los soldados que teóricamente les vigilaban se dedicaban a sofocar un motín declarado ante el intento del Gobierno de trasladar al temido zar de la droga y su estado mayor a una penitenciaría bajo jurisdicción militar. La clamorosa fuga del jefe del cártel de Medellín puso en evidencia tanto el grado de penetración de estas organizaciones criminales en el aparato de la seguridad del Estado como todos los privilegios y comodidades de los que había disfrutado el mitad prisionero, mitad huésped, quien desde su celda de oro continuó dirigiendo sus negocios criminales. Gaviria tuvo que cancelar su asistencia a la II Cumbre Iberoamericana, que se celebraba en Madrid al día siguiente, y la imagen internacional de Colombia se resintió gravemente por el escándalo.

En los días posteriores, la prensa reveló las condiciones de auténtico lujo que imperaban en La Catedral para el uso y disfrute de Escobar, quien disponía de gimnasios modernamente equipados, cabañas de recreo, una bañera para hidromasaje, mesas de billar, una ruleta de juego y diversos electrodomésticos de ocio. Su espaciosa celda, llena de efectos personales, consistía en dos habitaciones, una destinada a cocina, bar y sala, y la otra a dormitorio y despacho, además del baño y el guardarropa. El reo incluso disponía de un potente telescopio con el que podía fisgar a placer desde los amplios ventanales de su suite carcelaria.

Estupefacto y airado, Gaviria ordenó destituciones en cascada en el aparato del Gobierno, las Fuerzas Armadas y la administración de prisiones, y autorizó los vuelos de reconocimiento de aparatos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Ante las protestas de la oposición conservadora, el 4 de agosto el Ministerio de Exteriores anunció el final de este polémico aspecto de la "cooperación internacional" predicada por Gaviria para asestar "verdaderos golpes" al narcotráfico.

Luego de una implacable persecución y de resurgir la campaña de salvajes atentados contra objetivos del Estado, el famoso y sanguinario narcotraficante fue abatido por la Policía el 2 de diciembre de 1993 en un barrio residencial de Medellín. Fue la culminación de una vasta operación de rastreo físico y electrónico en la que participaron la DEA y la CIA estadounidenses y, según parece, prestaron una colaboración no desdeñable los Perseguidos por Pablo Escobar (Pepes), una organización de antiguos socios y sicarios del narcotraficante vueltos en su contra, y que posteriormente nutriría las filas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la federación de bandas paramilitares. Con la desaparición de su jefe, el otrora todopoderoso cártel quedó prácticamente desmantelado y dejó de representar una amenaza para el Estado colombiano, si bien su rival, el más discreto cártel de Cali, le tomó el relevo como la principal organización delictiva del país.

Las dos organizaciones guerrilleras más marcadas ideológicamente por marxistas, las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), prosiguieron una lucha armada caracterizada por la creciente importancia de los métodos puramente mafiosos y terroristas. Pese a las sucesivas rondas de negociaciones celebradas en Venezuela y México, la Administración de Gaviria no pudo apuntarse un colofón positivo para el alivio de la violencia y la criminalidad.

El 8 de noviembre de 1992 Gaviria hubo de declarar el estado de conmoción interna durante tres meses ante la ofensiva guerrillero-terrorista lanzada por ambas insurgencias, que formaron la denominada Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSM), y en lo sucesivo instruyó al Ejército para que las combatiese activamente. El cambio de estrategia del presidente precipitó el 23 de noviembre la salida del partido de Navarro Wolff del Gobierno de concertación.

Entre las actuaciones internacionales de Gaviria en su etapa como presidente de Colombia deben citarse las organizaciones, en Cartagena de Indias en los tres casos, de la V Reunión del Grupo de Río, el 2 y 3 de septiembre de 1991, la IV Cumbre Iberoamericana, el 14 de junio de 1994, y la conferencia constitutiva de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), el 24 de julio de 1994, a la que asistieron 25 países ribereños. Otro acontecimiento digno de reseñar fue el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba en octubre de 1993, luego de 11 años de ruptura.

A Gaviria se le considera el artífice de los progresos decisivos hechos por el Grupo Andino en la primera mitad de los años noventa para la constitución, primero, de un área de libre comercio, y, segundo, de una unión aduanera, los cuales entraron en servicio respectivamente el 1 de enero de 1992 y (en este caso, sólo por cuenta de Colombia, Venezuela y Ecuador) el 1 de febrero de 1995. La organización celebró sus consejos presidenciales III en Bogotá, el 7 de agosto de 1990, y VI en Cartagena de Indias, del 3 al 5 de diciembre de 1991, cuando se firmó el Acta de Barahona.

Pero los entusiasmos integracionistas de Gaviria se extendieron también a la cooperación con los países de América Central, a toda la cuenca del Caribe -siendo la AEC su mejor expresión- y en el seno del Grupo de los Tres, integrado por Colombia, Venezuela y México, el cual adoptó el 13 de junio de 1994 un acuerdo de libre comercio en vigor desde el 1 de enero de 1995.

Por lo que respecta a la economía, el cuatrienio de Gaviria presentó un balance mayormente positivo, por lo menos en las macromagnitudes. Paradójicamente, la prolongación, ciertos períodos paroxísticos inclusive, de la situación general de violencia no desincentivó las actividades económicas.

Antes al contrario, se apreciaron una inyección de narcodólares en el sistema productivo (fundamentalmente en el sector de la construcción, que vivió un boom), un empuje en las exportaciones mineras y de algunos productos agropecuarios (que compensaron la merma de ingresos del Estado por la caída del precio del café en los mercados internacionales) y, sobre todo, la afluencia masiva de inversiones y divisas extranjeras, atraídas por los altos tipos del interés, el cambio sobrevalorado del peso con respecto al dólar y las políticas librecambistas y desreguladoras aplicadas por el Gobierno, donde destacó el nervio neoliberal del ministro de Hacienda Rudolf Hommes Rodríguez. Todo ello se tradujo en una tasa media de crecimiento anual del 4% del PIB, con una inflación, eso sí, elevada, en torno al 26%.

Además, la deuda externa se mantuvo congelada en algo más de 17.000 millones de dólares gracias al Plan Brady acordado por el Gobierno de Estados Unidos y el FMI, al que Colombia se había acogido para refinanciar aquella, y no proyectó su sombra amenazadora sobre las perspectivas de crecimiento. La otra cara de la moneda era el plano social, muy resentido por el desmoronamiento de las pequeñas economías familiares dependientes del cultivo del café. Colombia continuó exhibiendo considerables déficits de desarrollo humano. Con todo, el sentir mayoritario de la población era de satisfacción por la gestión del presidente y de esta opinión favorable se benefició el PL en las elecciones legislativas del 27 de octubre de 1991 y el 13 de marzo de 1994, ganadas con sendas mayorías absolutas de 86 y 94 representantes.


3. Etapa en la Secretaría General de la OEA
El 7 de agosto de 1994 Gaviria transmitió el mando presidencial a su correligionario Samper, vencedor frente al conservador Andrés Pastrana Arango en las elecciones presidenciales celebradas a dos vueltas el 29 de mayo y el 19 de junio.

Exonerado de sus funciones institucionales en Colombia, Gaviria se dispuso a iniciar su andadura como secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), cargo prestigioso para el que había sido elegido el 27 de marzo anterior por la Asamblea General reunida en Washington. Entonces, el colombiano se impuso con 20 votos al canciller costarricense Bernd Niehaus Quesada, quien obtuvo 14 votos. El 15 de septiembre, cinco semanas después de desocupar el Palacio de Nariño, Gaviria asumió la Secretaría General de la OEA en sustitución del brasileño João Baena Soares.

Su selección para un puesto que ya había ocupado un colombiano, también ex presidente y liberal, Alberto Lleras Camargo (desde la fundación del organismo en 1948 hasta 1954), testimonió el buen crédito que Gaviria había adquirido en todo el continente, como reformador de las estructuras de su país, defensor de la democracia en el hemisferio, promotor de la integración regional y conciliador en conflictos. Por otro lado, la defensa, decisiva en estos casos, de su candidatura a la Secretaría General hecha por Estados Unidos supuso una justa recompensa por el respaldo que el colombiano había dado al plan norteamericano de constituir, como muy pronto en 2005, la denominada Área de Libre Comercio de Las Américas (ALCA), vasto proyecto de desarme arancelario continental, desde Alaska a la Patagonia, que fue echado a andar por la I Cumbre de Las Américas, celebrada en Miami en diciembre de 1994.

Su visión de la homogeneidad comercial del hemisferio partiendo de la convergencia de todos los procesos de integración subregionales y concediendo la primacía dinamizadora al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, activado en enero de 1994 por Estados Unidos, Canadá y México), coincidía con los planteamientos de la Administración demócrata de Bill Clinton, si bien el estadista colombiano subrayaba la necesidad de otorgar a los países con un mercado nacional más débil unos plazos de adaptación flexibles.

Con Gaviria a su frente, la OEA ganó protagonismo en la monitorización de procesos electorales de estados miembros afectados por conflictos político-institucionales, como los sucedidos en Haití en 1995 y 2000, y la República Dominicana en 1994 y 1996. Por lo que respecta al Perú, Gaviria se implicó personalmente en la grave crisis política del año 2000. Así, en octubre de aquel año se reunió con el todavía presidente Alberto Fujimori para intentar convencerle de la conveniencia de consensuar con la oposición peruana un calendario de elecciones democráticas anticipadas.

Tras su reelección unánime el 8 de junio de 1999 para un segundo período de cinco años en la primera jornada del XXIX plenario de la Asamblea General reunida en Guatemala, Gaviria expresó su deseo de impulsar una segunda generación de reformas con una orientación política y social más amplia, con el objeto de arraigar los hábitos democráticos en las sociedades y para generar una mayor confianza en los mecanismos de integración regionales en un mundo globalizado.

Según él, dichas reformas debían conducir a una "economía política de la integración" que fortaleciera la dimensión social de las responsabilidades de los estados y su capacidad reguladora. En su opinión, actuaciones como la flexibilidad de los mercados laborales y la dotación de mayor autonomía a los bancos centrales debían compaginarse con el fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana en las decisiones políticas y con un equilibrio más ajustado entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.

A este esquema se adecuó la Carta Democrática Interamericana que fue adoptada por los cancilleres el 11 de septiembre de 2001 en Lima, durante el XXVIII período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, apenas unas horas después de producirse los catastróficos ataques terroristas contra Nueva York y Washington.

Gaviria ponderó la Carta como un instrumento fundamental para la defensa y la consolidación del modelo democrático en el continente, ya que añadía a los mecanismos de resolución de la OEA una cláusula que facultaba a la Asamblea General para suspender a aquellos estados miembros en los que se produjera una ruptura del sistema democrático o una alteración del orden constitucional. Ahora bien, la Carta no establecía mecanismos operativos de respuesta como la aplicación de sanciones económicas a los gobiernos suspendidos para obligarles a restituir una situación de legalidad.

Hasta el final de su segundo mandato, Gaviria prosiguió sus esfuerzos por promover la seguridad hemisférica y desarrollar un combate efectivo contra el terrorismo, el tráfico de drogas y la corrupción. Se hizo cargo de la Secretaría Técnica de las Cumbres de Las Américas y en noviembre de 2002 emprendió su misión más compleja y delicada: la mediación en el acerbo conflicto que enfrentaba en Venezuela al Gobierno del presidente Hugo Chávez y la oposición.

La crisis política venezolana, que llegó a su clímax en abril de 2002 con el fracasado golpe de Estado cívico-militar pero que continuó intacta después del movimiento inconstitucional, intentó ser reconducida por Gaviria y, con la inestimable ayuda de las diplomacias brasileña y de los países andinos, a través del llamado Grupo de Países Amigos de Venezuela, del que formaron parte Brasil, España, Chile, Estados Unidos, México y Portugal.

El Grupo, que rendía cuenta de sus gestiones a Gaviria, ofreció a las partes una salida "electoral, constitucional, democrática y pacífica". A trancas y barrancas, la facilitación desembocó el 29 de mayo de 2003 en un acuerdo entre el Gobierno y la Coordinadora Democrática sobre la celebración de un referéndum revocatorio que, con arreglo a la Constitución, podría convocarse y celebrarse una vez transcurrida la primera mitad del mandato electoral de Chávez, es decir, a partir de agosto del año en curso.

El 15 de septiembre de 2004 Gaviria terminó su segundo y definitivo mandato, y traspasó el testigo al ex presidente costarricense Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, quien había sido elegido en junio por el XXXIV plenario de la Asamblea General, reunida en Quito. Llegado el momento de la despedida, el colombiano hizo un balance personal satisfactorio, y la década de gestión mereció también los elogios del Consejo Permanente, que valoró muy positivamente las realizaciones en las materias de Derechos Humanos, lucha anticorrupción, medidas de confianza interestatales y resolución pacífica de controversias.

Para numerosas ONG y expertos, en cambio, la OEA de Gaviria no había sido capaz de hacer aportaciones sustanciales a la consolidación o la calidad del sistema democrático en países como Haití, Ecuador y Bolivia, sacudidos por periódicas crisis de legitimidad institucional que no podía descontextualizarse de unas situaciones deplorables de pobreza, subdesarrollo y exclusión social.

La propia misión en Venezuela quedó puesta en entredicho, ya que el referéndum revocatorio no pudo celebrarse hasta agosto de 2004 por la resistencia de Chávez (que, a la postre, ganó la consulta de manera inapelable) a reconocer la validez del proceso de recogidas de firmas; entre tanto, la tensión política y social en el país caribeño continuó siendo altísima, con gran riesgo de enfrentamiento civil. Otros observadores pusieron de relieve la falta de reformas internas tendentes a corregir el papel prácticamente hegemónico de Estados Unidos (que, no debe olvidarse tampoco, aportaba el 60% del presupuesto) en una organización de la que son miembros 34 estados (35, si se incluye a la suspendida Cuba).


4. Asunción del liderazgo del partido y tragedia familiar
En enero de 2005 Gaviria aún se encontraba en Washington cuando hubo de ingresar en quirófano al presentársele una repentina dolencia de próstata. En febrero, ya curado en salud, el ex presidente puso en marcha la empresa de consultoría Hemispheric Partners, pero inmediatamente después se supo que, lejos de acomodarse en el sector privado, Gaviria se disponía a regresar a Colombia para reintegrarse en la política activa y asumir el liderazgo del PL

Entonces, la histórica agrupación arrastraba una profunda crisis desde la división de candidaturas presidenciales en las elecciones de mayo de 2002, cuando el nominado por el oficialismo, Horacio Serpa Uribe, quien ya perdiera el envite por primera vez frente al conservador Pastrana en la edición de 1998, se enfrentó con el "liberal independiente" Álvaro Uribe Vélez, ex senador y gobernador antioqueño, y resultó contundentemente derrotado. Ahora, Uribe estaba consolidando su propio movimiento de partidarios, el llamado genéricamente uribismo, y, alentado por unos sondeos de popularidad altamente favorables, se disponía a formalizar su aspiración a la reelección por otros cuatro años, posibilidad abierta tras acometer el Congreso la preceptiva reforma constitucional.

En abril de 2005 Gaviria, aunque dejando amplios huecos en su agenda para los encuentros internacionales de corte académico y politológico, se instaló definitivamente en Bogotá atendiendo a los ruegos de los militantes del PL que le pedían que asumiera las riendas de un partido dividido, desorientado y despojado de la mayoría de sus nombres de peso –succionados por el uribismo-, y que retara en las urnas a Uribe; según encuestas del momento, el anterior secretario general de la OEA era el único político colombiano capaz de frenar la reelección del mandatario titular, forzando al menos la segunda vuelta.

El 11 de junio Gaviria fue elegido por aclamación director nacional del PL en el II Congreso Nacional Liberal, que discurrió entre llamamientos a la unidad interna y fuertes ataques a Uribe. Previamente, Gaviria pactó con Serpa, jefe de la principal corriente del partido y situada en el centroizquierda, dos cuestiones de peso que fueron consideradas una importante cesión del primero en pago por el liderazgo recibido: primero, la aprobación de una plataforma de signo socialdemócrata orientada al gasto social y la creación de empleo, perfilando un ideario renovado del partido con el que el ex presidente, empero, aseguró comulgar y que por otro lado era coherente con la membresía en la Internacional Socialista, obtenida en 1999; y segundo, la convocatoria de un proceso de primarias para definir al candidato presidencial en 2006, el hombre que se mediría con el en apariencia imbatible Uribe.

Serpa era el obvio aspirante a tan difícil misión, pese a sus dos fracasos anteriores; Gaviria dejó abierta la posibilidad de su propia precandidatura, tal como le reclamaban sus abundantes simpatizantes, y la duda quedó en el aire hasta escasos días antes de la elección primaria del 12 de marzo de 2006, cuando, en una nueva demostración de consenso liberal y para ahorrarle al partido otro espectáculo de lucha fratricida, descartó su postulación y prácticamente coronó a Serpa, quien ganó la candidatura sin problemas.

El mismo día tuvieron lugar las legislativas nacionales: con el 19% de los votos y 35 representantes, el PL retuvo la condición de primera fuerza de la Cámara baja, pero notablemente mermada y apenas despegada del PCC y el principal instrumento parlamentario del uribismo, el derechista Partido Social de Unidad Nacional (PSUN), usualmente llamado Partido de la U. Es más, aquel registro se tornó irrelevante al sumar las siete agrupaciones del bloque propresidencial -PSUN, PCC, Cambio Radical, Alas Equipo Colombia, Convergencia Ciudadana, Colombia Democrática y Colombia Viva- una confortable mayoría de 93 diputados y 70 senadores. Estos resultados fueron considerados ampliamente insatisfactorios por los liberales y Gaviria puso su cargo a disposición del partido, el cual no consideró la dimisión.

Incluso antes del II Congreso Nacional Liberal, Gaviria fustigó incansablemente a Uribe, al que acusó de pretender "perpetuarse en el poder por lo menos hasta el año 2010" y de fundar su ambición reeleccionista en el apoyo de las AUC en trance –al menos oficialmente- de disolución, reprochándole de paso la forma en que estaba conducido el proceso de desmovilización de estas organizaciones armadas de extrema derecha responsables de las más horribles violaciones de los Derechos Humanos cometidas en Colombia en los últimos tiempos, ya que si el paramilitarismo podía estar en retroceso, la parapolítica, su criatura civil e institucional, parecía extenderse por doquier.

El líder opositor cargó particularmente contra la Ley de Justicia y Paz, aprobada por el Congreso en junio de 2005 para proporcionar un marco jurídico al proceso de desmovilización y reinserción de miles de paramilitares, ya que, a su juicio, la previsión de generosos beneficios penales para los autores confesos de delitos graves iba a consagrar "la impunidad" y permitir a "las mafias apoderarse de Colombia". Gaviria no rehuyó los calificativos personales, y entre otras cosas tachó al presidente de "mesiánico", "caudillista", "clientelista", "politiquero", "derechista", "torpe" y "peligro para la democracia".

En las elecciones presidenciales del 28 de mayo de 2006 Serpa no sólo fue aplastado por un arrollador Uribe, sino que, con un escuálido 11,8% de los votos, recibió la mitad de papeletas que Carlos Gaviria Díaz –sin relación con el ex presidente-, cabeza del opositor Polo Democrático Alternativo.

Gaviria ya tenía a sus espaldas la amarga experiencia del rapto en 1996 de un hermano, Juan Carlos, un arquitecto al que un misterioso grupo denominado "Dignidad por Colombia" había mantenido secuestrado entre abril y mayo de aquel año bajo un plantel de exigencias políticas al Gobierno de Samper, antes de perdonarle la vida gracias a las intensas gestiones realizadas por su pariente: el entonces secretario general de la OEA satisfizo la exigencia de los captores de remitirles una petición de liberación firmada de puño y letra por el presidente cubano Fidel Castro. Diez años después, el 27 de abril de 2006, entre los dos sinsabores electorales, el jefe liberal encajó el terrible golpe del asesinato de su única hermana, Liliana, de 52 años de edad.

De acuerdo con el relato policial de los hechos, ese día Liliana Gaviria, gerente de una empresa de transporte y madre de dos hijos, fue interceptada por un grupo de hombres armados cuando llegaba a su residencia en Pereira montada en el coche que conducía su chófer-escolta; tras matar a tiros a su acompañante, los asaltantes la montaron en su vehículo y escaparon. Apenas una hora después, el cadáver de la víctima apareció abandonado en un paraje a tres kilómetros del lugar del secuestro, con una herida de bala en el abdomen y una lesión craneal.

La Policía, tras unos días de investigaciones, descartó un intento de secuestro de la delincuencia común con fines de extorsión y también un asesinato de tipo ejecución por parte de alguna organización paramilitar, en supuesta venganza por el rechazo del líder opositor a las facilidades dadas por el Gobierno a las AUC en aras de su desmovilización. Pero la Policía sí aceptó el móvil político, ya que adjudicó el crimen a las FARC, que habrían pretendido secuestrar a Liliana Gaviria para incluirla en el grupo de personas canjeables por guerrilleros presos en eventuales negociaciones con el Gobierno; en tal caso, Gaviria habría resultado mortalmente herida en el forcejeo inicial o posteriormente de una manera no deliberada, presuponiendo que sus captores tenían interés en conservarla con vida. Las circunstancias precisas del asesinato no fueron esclarecidas.

Gaviria avaló la tesis de la autoría de las FARC –que fue negada por la organización subversiva en un comunicado- y calificó el asesinato de su hermana de "acto de terrorismo" y "crimen político". Hasta finales de mayo, varios presuntos miembros de las FARC fueron detenidos en relación con el crimen y puestos a disposición de la justicia. El ex presidente aclaró que esta dolorosa atrocidad no iba a empujarle a abandonar la política o a marcharse de Colombia. En el III Congreso Nacional Liberal, celebrado en Medellín el 29 de abril de 2007, Gaviria, único aspirante al puesto, fue reelegido director único nacional del PL con el voto de 789 delegados, frente a los 276 que se pronunciaron por una dirección plural.

César Gaviria está casado con la consultora empresarial Ana Milena Muñoz, quien como primera dama del país presidió la Comisión Colombiana del V Centenario y fue la fundadora e impulsora de la Fundación Batuta (1991), centrada en la formación musical de jóvenes, y la Fundación Colombia Presente (1993), una organización sin ánimo de lucro que ha alcanzado amplia notoriedad en Antioquia como artífice del Banco del Tiempo, operado por la Caja de Compensación Familiar (COMFAMA). La pareja ha tenido dos hijos, María Paz y Simón, un economista formado en la Universidad de Pennsylvania que sigue los pasos de su padre como precoz miembro de la Cámara de Representantes, para la que fue elegido en 2006 a la edad de 26 en las listas, no del PL, sino de Por el País que Soñamos, una agrupación creada recientemente por el ex alcalde bogotano Enrique Peñalosa Londoño.

El estadista colombiano es doctor honoris causa por las universidades ICESI de Cali, Miami, Libre de Colombia, Estácio de Sá de Río de Janeiro, Northeastern de Boston. Es miembro de la Junta Directiva del Club de Madrid, un foro de reflexión animado por ex mandatarios nacionales de los cinco continentes y cuyo actual presidente es el chileno Ricardo Lagos.

Ha recogido diversos galardones personales o en nombre de la OEA, como el premio a la Democracia W. Averell Harriman concedido en septiembre de 2002 por el National Democratic Institute for International Affairs (NDI), una entidad de Estados Unidos que preside Madeleine Albright. Con motivo de la concesión del premio, la antigua secretaria de Estado alabó el recorrido hecho por la OEA desde la llegada del colombiano a su Secretaría General, período en el que la organización panamericana había sido "revitalizada, reformada y renovada de tal manera que 800 millones de americanos pueden vivir como vecinos verdaderos", y se había convertido "en un modelo para otros grupos regionales de diversas partes del mundo".

Es autor de varios estudios de dimensión institucional y ensayos de índole más personal, entre los que se citan el papel de trabajo Hacia una nueva visión del sistema InterAmericano de Derechos Humanos (1996), Senderos hacia el nuevo milenio: el camino recorrido 1994-1999 (1999) y Una década de transformaciones: del fin de la Guerra Fría a la globalización en la OEA (2004), libro en el que pasaba revista a sus diez años como secretario general. En 2004 escribió el artículo La Carta de Navegación de las Américas para el capítulo Globalización y democracia del informe-libro La Democracia en América Latina: hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos, elaborado dentro del Proyecto sobre el desarrollo de la Democracia en América Latina (PRODDAL) del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

(Cobertura informativa hasta 1/1/2008)