Los serviciosde inteligencia son una parte más de la Administración pública de los Estados y con una función similar en todos ellos: suministrar información evaluada, contrastada e integrada al decisor político para que tome decisiones con el menor nivel de incertidumbre posible; esto es, proporcionarle inteligencia. Las experiencias no democráticas de diversos países de América Latina durante las décadas de los sesenta y setenta y que supusieron que la inteligencia se dirigiera hacia sus propias poblaciones evitaron su orientación hacia los objetivos que debe tener una inteligencia democrática. Junto a esto, la serie de atentados que se inició el 11 de septiembre de 2001 han abierto un nuevo escenario que representa la variación del papel de esta importante organización para ayudar a los gobiernos a la toma de decisiones más adecuada en política exterior y de seguridad y a velar porque ésto no suponga la quiebra de los derechos y libertades ciudadanas.

Los análisis realizados por Antonio Díaz, el responsable de esta parte del proyecto, desde el año 1998 demuestran cómo estructuralmente los diferentes sistemas de inteligencia se configuran de forma mayoritaria en torno a tres grandes modelos. El primero, y más numeroso, lo denominamos modelo continental y se construye sobre dos servicios de inteligencia, uno para el interior y otro para el exterior; o bien un único servicio que aborda ambas dimensiones. Nacido durante el período de la guerra fría es un modelo consolidado que está actualizándose tras el cambio de escenario que supuso la caída del Muro y sobre todo los atentados del 11-S, 11-M y 7-J (Nueva Cork, Madrid y Londres). El segundo de los modelos hace pivotar a la inteligencia en torno a las policías y lo denominamos modelo escandinavo puesto que su núcleo lo formarían los Estados nórdicos que basan su inteligencia interior en la policía y su inteligencia exterior en los servicios militares; y, finalmente, el tercer modelo corresponde a pequeños países que residencian a la inteligencia en una única organización de proyección interior empleando bien a las policías o bien a los servicios de inteligencia. Es evidente que su pequeño tamaño y su escasa proyección exterior le dotan de una clara orientación doméstica.

Los servicios de inteligencia de los Estados latinoamericanos nacen tras sus transiciones a la democracia. Aparecen en un escenario de postguerra fría y su estructuración se justifica por este contexto, pero también por la necesidad de controlar a las antiguas estructuras de inteligencia y de diferenciar claramente funciones de policía, ejército y del propio servicio de inteligencia.  Su nacimiento en un período en el que internacionalmente ha desaparecido la dicotomía entre inteligencia interior y exterior explica, en buena medida, la creación de un único servicio de inteligencia y el establecimiento de estructuras político-administrativas conocidas como Sistemas de Inteligencia Nacional. Más que de un modelo propiamente dicho podemos hablar de una tendencia que deberá analizarse en los próximos años para ver si se consolida.

Con respecto al tipo de control a que están sometidos los servicios de inteligencia en los sistemas políticos democráticos podemos observar cómo los niveles más elevados aparecen dentro del modelo continental de inteligencia y en el caso particular de los Estados Unidos.  En este modelo continental, casi por completo, los niveles de control se han situado en el ámbito parlamentario (con la excepción de Francia y Grecia que lo ubican sólo en el estrato gubernamental).  No obstante, no ha habido apuestas por elevados niveles de control parlamentario quedando en su mayor parte en un escalón medio. Si bien, tres países (Australia, Canadá y Nueva Zelanda) han fijado por un intenso control parlamentario.  Dentro del modelo escandinavo se ha optado por controles parlamentarios de nivel bajo y en torno a la figura del Ombudsman en lógica con las estructuras policiales que lo sustentan. El tercer modelo, el configurado por países de reducido tamaño y reducido servicio, muestra una pluralidad de mecanismos de control si bien más de la mitad de los mismos lo confían al gobierno y ninguno se inclina  por intensos mecanismos de control.

Mención aparte debe hacerse de los sistemas de control en los antiguos países de la Europa del Este y América Latina. En estos sistemas, debido a su reciente pasado no democrático, se ha prestado una gran atención al control de estas poderosas estructuras hasta hace no mucho consagradas al control de sus poblaciones. En la Europa del Este se han implantado mecanismos de control parlamentarios para supervisar a los sistemas de inteligencia. En el caso de los Estados latinoamericanos, se ha querido optar por el control externo al servicio por parte del Parlamento, pero  casos como El Salvador, Costa Rica y República Dominicana han confiado el control en exclusiva a los ministros responsables y a los directores de los servicios.

Por esto, más que confiar en la capacidad de un potente comité parlamentario, para alcanzar un mejor control, los Estados latinoamericanos han desarrollado una extensa panoplia de mecanismos. Así por ejemplo, (i) se han disuelto las antiguas agencias de inteligencia y se ha profundizado en la profesionalización de los agentes a través de un estatuto de personal y una escuela de formación; (ii)  se ha decidido el alejamiento de los militares y de todos aquellos que hubieran trabajado para las agencias de seguridad durante la dictadura o estuvieran implicados en crímenes de guerra o violación de los derechos humanos; (iii) los objetivos son fijados por el presidente del gobierno; (iv) se ha eliminado la capacidad operativa a los servicios a los cuales se les prohíbe recabar los datos de forma masiva y sin justificación; (v) se produce un control estricto de los fondos reservados y del nombramiento de los directores estableciéndose en sus normas reguladoras los requisitos que deben cumplir éstos, así como procedimientos de control judicial para interceptar comunicaciones; (vi) expresamente se prohíbe que influyan en el proceso político interno, la vida de los partidos o la opinión pública o que desempeñen sus tareas en beneficio de un partido político o gobierno; (vii) no pueden revelar información sobre cualquier ciudadano, realizar tareas represivas, cumplir funciones policiales o de investigación criminal, obtener información y almacenar datos sobre actividades privadas y deberán tener un obligado respeto a los derechos de los ciudadanos y la Constitución.